la frontera

De Tabasco a Tamaulipas: la ruta de los secuestros
Enviado el Wednesday, 30 September a las 23:11:57
Tópico: Estados

La zona de Tabasco a la frontera norte de Tamaulipas se ha convertido en los últimos años en una ruta de alto riesgo para los indocumentados.

Los casos de secuestros, asaltos, agresiones y abusos a migrantes, principalmente centroamericanos, por parte del crimen organizado se han incrementado en esta región en medio de la apatía y corrupción de las autoridades, sostienen la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)y la Iglesia católica.

El Informe Especial sobre los Casos de Secuestros en contra de Migrantes de la CNDH, indica que, de diez mil indocumentados plagiados en seis meses, el 55 % de los delitos se cometió en Veracruz y Tabasco.

En algunos casos se documenta que los centroamericanos fueron trasladados a casas de seguridad o bodegas ubicadas en Reynosa, Tamaulipas, desde donde los captores exigían a los familiares un pago por su liberación.
“Se concentran en Reynosa, ya sea porque los secuestros se lleven a cabo ahí o porque son secuestrados desde el sur de la República, como en Coatzacoalcos, en Tenosique. Entonces, es en Reynosa en donde finalmente son trasladados para pedir el rescate”, asegura el quinto visitador del organismo, Mauricio Farah.
El funcionario no descarta que grupos armados como los “Zetas” estén involucrados en los secuestros, pues el organismo defensor de los derechos humanos ha documentado que este grupo delictivo está frecuentemente relacionado en la comisión de este delito en el corredor Tabasco-Tamaulipas.
En lo que va del año, el Ejército ha liberado a más de 550 indocumentados, la mayoría centroamericanos, retenidos por el crimen organizado en al menos cinco casas de seguridad, cuatro en Reynosa y una en Río Bravo, Tamaulipas.

Los sacerdotes Francisco Pellizzari, responsable de la Casa Nazareth de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Alejandro Solalinde Guerra, responsable de la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca, coinciden en que los “Zetas”, brazo armado del Cártel del Golfo tienen el control del tráfico de personas y secuestro en el Golfo de México.
“Hay una coordinación de todos estos grupos de “Zetas”, pero hay todo un aparato oficial que está al servicio de ellos, que está pagado por ellos.
“Ellos pueden desplazarse, ya sean “Zetas” o “Zetitas” (sería como la franquicia del grupo armado).Tienen capacidad para ir desde Centroamérica, todo el recorrido pueden hacerlo, hasta Estados Unidos, pasando Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas. Ellos vuelven a regresar. Si hay alguno que no está ‘registrado’ o que no paga, que no está debidamente ‘documentado’ con ellos, lo torturan, lo matan”, indicó Solalinde.
Según Pellizzari, no siempre el agente o el policía es corrupto porque quiere dinero, sino porque está amenazado. “No siempre la gente es corrupta porque quiere, sino porque a veces necesita salvar su vida y la de sus familiares.
“El acoso que usan las bandas de delincuentes es muy interesante. Es un acoso psicológico, constante, todos los días de la semana, ‘te estamos cuidando’, ‘te estamos checando’, ‘sabemos dónde estás’. Te inmovilizan. Esto, si lo vivimos nosotros, ¿cuánto más lo puede llegar a sentir un migrante, que es un don nadie en la calle?”, cuestionó Pellizzari.
En la impunidad.- Una investigación realizada por la CNDH entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 arroja que en este lapso:

9,758 indocumentados fueron secuestrados.
6,555 permanecieron en cautiverio en casas de seguridad.
2,448 estuvieron varios días en bodegas.
2,500 dólares, monto promedio del pago de rescate.
Del sueño a la pesadilla.- Relatos de migrantes que la CNDH incluye en el libro Bienvenidos al Infierno del Secuestro y donde se acusa a ‘Los Zetas’ del plagio

Describen a sicarios.- Un migrante secuestrado por “Los Zetas” describe a los integrantes de este grupo delictivo.
“La mayoría de ‘Los Zetas’, bueno, el grupo principal, lo forman los mexicanos, pero trabajan muchos centroamericanos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses.
“Caminan con muchas armas, como con 5 ó 6 armas cada sujeto. Usan botas con sus pantalones por dentro. Son de piel blanca, con muchos tatuajes en sus brazos, en sus espaldas en todo su cuerpo y la mayoría tienen cicatrices en cualquier parte de su rostro”, dice.
En su caso, un supuesto pollero lo llevó, junto con otros migrantes a una casa, les dio de comer y, posteriormente, empezó a pedir números telefónicos de sus familias.
Todos dieron sus teléfonos, menos él y dos personas más.
“Llamó a uno de ‘Los Zetas’. Nos dice: ‘¿Y quién es el que no quiere dar el número? Den esos números en una hora, y si no, vengo por ustedes. Y se fue”.
Finalmente, como la mayoría de los familiares de los migrantes secuestrados pagó rescate, dejaron ir a quienes no proporcionaron los números telefónicos.
‘Aquí no existe Dios’.- Chucho, de nacionalidad salvadoreña, cuenta la historia de unos amigos que fueron secuestrados por la Mara Salvatrucha.
“La Mara los entrega a ‘Los Zetas’ y ‘Los Zetas’ dan comisión a la Mara.
“Hay ‘zetas’ que son salvadoreños, hay ‘zetas’ que son guatemaltecos, que no les importa ver a un hombre llorar, sacarle los sesos. Cuando uno les habla de Dios, nomás se enojan. ‘Aquí no existe Dios’, me dicen, ‘aquí existimos nada más nosotros'”, relata.
Dice que uno de sus amigos logró escapar de “Los Zetas” y denunciar su secuestro a la Policía. Le dio señas de la casa donde lo tuvieron y le prometieron ayuda.
“Lo llevaron nuevamente ahí, con ‘Los Zetas’. Entonces le dijeron: ‘Para que aprendas, te vamos a cortar la mano, cabrón’, y se la cortaron.
“Lo dejaron abandonado. Llegó la Cruz Roja y lo llevó al hospital, pero no hay investigación”, agrega Chucho.
De acuerdo con el salvadoreño, el grupo armado que opera para el Cártel del Golfo recibe, vía Western Union, entre 2 mil y 5 mil dólares por 15 personas todos los días sin que la empresa haga preguntas.
“Espero en Dios que no me vuelva a topar con ‘Los Zetas’, porque cuando estás ahí estás tocando el infierno con tus propias manos”, indica.
‘La Policía nos reportó’.- Juana y su hermano iban saliendo de Tampico cuando los detuvieron agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal en una caseta. A medianoche los dejaron en una calle oscura, los subieron a unos carros y los trasladaron a una casa donde estuvieron 9 días, hasta que sus familiares pagaron el rescate.
Relatan que cuando llegaron a la casa de seguridad había 100 personas más y a una muchacha la estaban violando.
“Yo digo que eran ‘Los Zetas’ porque ellos mismos lo dijeron: ‘ustedes no saben con quién están, están con el Cártel del Golfo y ‘Los Zetas'”, cuenta Juana.
Dice que, después de que se pagó por su liberación, los plagiarios los subieron a un autobús y les cambiaron el nombre.
“A mí me pusieron Carmen Rebollosa y cuando íbamos pasando la caseta que está saliendo de Tampico, ya estábamos reportados con ‘Los Zetas’.
“Reportaron que nosotros veníamos en el asiento 25 y 26, y en la otra caseta, entrando a Reynosa, también ya estábamos reportados. La Policía y ellos trabajan juntos. Yo sé que ya estábamos reportados, porque ellos nos lo dijeron: ‘El asiento 25 y 26 ya están reportados por ellos, a ellos ya no hay que tocarlos'”,sostiene Juana.


01 de febrero de 201412:52

California.- Activistas han expresado su ira por una fotografía en la que un agente de la Patrulla Fronteriza ayuda a un menor a disparar con una pistola de paintball contra un objetivo que asemeja a una persona.

La escena parece representar como si se abriera fuego contra un inmigrante, a decir de los activistas.

Sin embargo, la Patrulla Fronteriza señaló el viernes en un comunicado que cualquier sugerencia que implique que la agencia enseña a civiles a atacar a inmigrantes es totalmente falsa.

La fotografía, en la que se ve un dispositivo que parece un arma, fue tomada durante una demostración de la Policía en un centro comercial cerca de la frontera mexicana.

El portavoz Paul D. Carr dijo que el objetivo utilizado fue una figura antropomorfa sin características particulares como las que se utilizan de manera ordinaria en los campos de tiro.

“El objetivo utilizado es el común usado por las autoridades y por aficionados en todo EU”, dijo Carr.

Para el presidente del Consorcio de Derechos de los Inmigrantes en San Diego, Pedro Ríos, la demostración fue inadmisible porque implicó a un menor y se efectuó en un lugar próximo a zonas donde han sido baleadas personas de verdad.

Las fotos fueron tomadas durante una celebración de la Fundación Roberto J. Durán, creada por varios agentes fronterizos en memoria de un agente fallecido en 2002, que se realiza desde hace 10 años en la zona fronteriza de San Ysidro, California.

El evento consiste en una carrera de 5 kilómetros, y en ninguna parte del sitio web se menciona un juego con armas, pero, según testigos citados por diario El País, la actividad se realiza al menos desde 2012.

Algunas de las fotos estaban en la página de Facebook del evento, que desde entonces ha sido borrada.

“Es una seria falta de sensibilidad que permitan a menores usar a una figura que representa a un migrante, cuando a unos 100 metros de allí agentes de la patrulla fronteriza han estado involucrados en actos donde migrantes han perdido la vida”, dijo el director del Comité de Servicios Americanos al diario El País.


Los barzonistas de Chihuahua se dicen víctimas del que consideran desgobierno de César Duarte. Incluso lo acusan del asesinato de su compañero Ismael Solorio y su esposa, todo por defender el agua de la que, dicen, se apropian los mineros y un grupo de menonitas pudientes. Y aun cuando han expuesto su problema en diversas instancias estatales y federales nadie les hace caso. Lo peor: Se enteraron de que sus cabezas tienen precio, pues algunos menonitas intentaron contratar a La Línea para que los ejecutaran. En esas tierras, las del desierto del norte del estado, los narcos imponen la ley.

CHIHUAHUA, Chih. (Proceso).- Con el rostro hinchado, morado por los golpes propinados dos días antes por empleados de la minera Mag Silver, Ismael Solorio entró al Palacio de Gobierno de Chihuahua acompañado de otros campesinos y defensores de los derechos humanos y le advirtió a Raymundo Romero, secretario de Gobierno del estado: “Si no se arregla el asunto de la mina en nuestro ejido Benito Juárez, va a haber muertos”.

Los integrantes de El Barzón que ese 15 de octubre lo acompañaban expusieron la campaña de linchamiento que enfrentan por su lucha en defensa del agua y se pronunciaron contra las extracciones ilegales por parte de la minera y de un grupo de menonitas con poder económico. De las amenazas, dijeron, se pasó a la agresión física; también aportaron información sobre el precio que, según relataron, los acaparadores ofrecieron a sicarios para que los mataran.

Una semana después, el 22 de octubre, Solorio –líder estatal del Barzón– volvió a entrar al palacio. Esta vez acompañado por su esposa, Manuela Martha Solís. Los dos iban en ataúdes color caoba. En ese recinto fueron velados.

Los barzonistas, enardecidos, indignados, adoloridos, insistieron en que se trató de un “crimen de Estado”. La policía estatal intentó desalojarlos pero no hubo manera: era mucha la rabia contenida.

Solorio Urrutia y su esposa fueron víctimas del desgobierno en esa entidad y de la inacción de las autoridades federales. Fueron asesinados por defender el agua, escasa en el desierto chihuahuense; por exigir el respeto a la veda impuesta en su región desde 1957, que prohíbe las perforaciones de nuevos pozos y las obras de retención del líquido.

El exdiputado Víctor Quintana, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado y quien estuvo presente en la reunión del 15 de octubre, dijo que dos días después de ese encuentro, Solorio, Martín Solís y Heraclio Rodríguez fueron amenazados ante el Congreso del estado por asalariados de la minera, quienes estaban acompañados por integrantes de la Confederación Nacional Campesina.

“En las videograbaciones del ‘acribillamiento verbal’ se puede apreciar a varios sicarios que actúan en el ejido Benito Juárez”, escribió el político.

En un céntrico hotel del Distrito Federal, Proceso entrevista a la abogada del Barzón, Lucha Castro, también directora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer (Cedehm). Están también los líderes estatales Rodríguez, Solís, Gabino Gómez y Joaquín Solorio, hermano de Ismael, quienes se dicen amenazados. Saben que se fijó un precio por su cabeza.

Hacen una pausa en medio de sus idas al Senado, a organizaciones de derechos humanos, a los medios, a oficinas de gobierno donde repiten el relato del asesinato anunciado y la historia de corrupción, negligencia, complicidad e irregularidades en el que está enmarcado.

Tierra de narcos

El noroeste de Chihuahua, donde se ubica el ejido Benito Juárez, es un enclave peligroso. Es una zona árida, de poca vegetación y altas montañas. Sus habitantes nutrieron los movimientos agrarios del siglo pasado y es cuna de personas como Solorio, que desde los noventa participó en cabalgatas, caravanas y marchas hacia la Ciudad de México en defensa del campo.

Hasta ahí se llega por caminos varicosos que cruzan montañas y despoblados, por los que se puede llegar a Estados Unidos. Es la ruta donde la droga se trafica por veredas. Es la ruta de pueblos fantasmas, silenciados, zona de desplazamiento por miedo (Proceso 1734).

Aunque en octubre de 2010 la PGR ofreció recompensas de 3 millones de pesos por los cabecillas de las bandas que operan en la zona, éstos siguen libres. Son Eduardo Gallegos Valdez, El Lalo; Óscar Rafael Ruiz Gallegos, El Junior; Juan Ismael Granillo Chavira, El Chorrias; Raúl Rueda Quiroga, El Pony; Guadalupe Méndez Basurto, El Gato; Ricardo Alfredo Rueda Quiroga, El Caballo; Luis Enrique Lira, El Barrica; Manuel Adrián García Rodríguez, El Balín; Lorenzo Gallegos Valdez o Rafael Chavira Rentería o Rafael Sánchez, El Borrego.

Durante este sexenio, en esa zona ocurrió la desaparición de cuatro defensas rurales y un teniente del Ejército que viajaban desde la fronteriza Ciudad Juárez a la serrana ciudad de Madera. Posteriormente desaparecieron dos maestros.

Ahí fueron asesinados Benjamín LeBarón y su cuñado, lo que dio inicio a las acciones de autodefensa de la comunidad mormona en el municipio de Galeana, aun bajo protección de policías federales (Proceso 1706). Después, José Alfredo Silly Peña, el coordinador nacional de inteligencia de la Policía Federal; les siguieron los dos agentes comisionados para investigar el crimen. Ambos fueron ejecutados en una mina de Benito Juárez, lo que propició la entrada del Ejército para “reventar” las casas de los narcos. Durante ese tiempo las tropas desaparecieron a los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes (Proceso 1842).

En este contexto los barzonistas están en una situación complicada: requieren protección pero bajo un esquema distinto. Saben que si piden la intervención del Ejército o la Policía Federal, los narcotraficantes, los verdaderos amos del territorio, no les perdonarían haber calentado la plaza.

“Nuestra pelea no es contra ellos (los narcos), nuestra intención no es interferir en sus cosas. Nuestra denuncia es contra el gobierno omiso de la aplicación de leyes porque nos están dejando sin agua; no queremos que el gobierno aproveche este conflicto para hacer su tarea sucia y que nosotros seamos afectados porque nosotros vamos a seguir viviendo en la comunidad. Sólo queremos que aplique la ley por las demandas del agua y la minería ilegal, esclarezca el móvil, dé con los autores materiales e intelectuales y se responsabilice de nuestra seguridad sin calentar los ánimos de la región”, explican los barzonistas.

Por eso, dicen, les indignó que el jueves 1 por la noche un convoy de 70 camionetas de soldados y federales paseara por el ejido y se retirara dos horas después.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1879)


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La caravana de madres de migrantes centroamericanos “Liberando la Esperanza” concluyó este sábado su recorrido de 19 días por 14 entidades del país en su búsqueda de sus seres queridos desaparecidos en su paso por México.

Las mujeres procedentes de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala iniciaron su trayecto el pasado 14 de octubre.

Durante su recorrido, las madres centroamericanas presenciaron cinco reencuentros, el primero de ellos en la casa del migrante “La 72, hogar-refugio para personas migrantes”, localizada en Tenosique, Tabasco, y el segundo en las afueras de Monterrey, Nuevo León. Los tres reencuentros restantes se realizaron, uno, en la Ciudad de México, y dos en Chiapas.

Durante su recorrido, las integrantes de la caravana le recordaron al Estado mexicano su responsabilidad por el hostigamiento, la persecución, la discriminación y la violencia hacia sus hijos cuando atraviesan este territorio con el propósito de llegar a Estados Unidos, todo ello con la complicidad de “funcionarios corruptos”.

Tras concluir su recorrido por México, la caravana emitió una declaratoria.

En el documento, leído en conferencia de prensa, señalan que buscaron la empatía de la sociedad mexicana para la causa migrante, además de “exigir a los gobiernos centroamericanos y mexicano, que de manera definitiva ejecuten acciones congruentes, a fin de detener la crisis humanitaria que afecta a los migrantes centroamericanos y sus familiares”.

Agregan que “encontramos que las organizaciones criminales amplían cada vez más su espectro de acción con estas poblaciones migrantes, donde la trata y el secuestro ya ocupan el segundo lugar de ingresos para la delincuencia organizada”.

Además, sostienen, el secuestro, la extorsión, el asesinato, la violación de mujeres y hombres, y la trata de personas son una constante que convierte a los migrantes en una mercancía más para sus gigantescas ganancias económicas, según el texto, reproducido por Notimex.

Destacaron que “los gobiernos locales sólo nos ayudaron con temas de seguridad, pero no hubo ningún compromiso verdadero, ningún gobernador de los estados tuvo ese interés por escuchar a las madres, dijo Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano a la agencia noticiosa EFE.



Dallas, Texas.- Al menos dos inmigrantes murieron y otro más resultó herido, luego de que un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) disparó desde un helicóptero contra un vehículo en el que viajaban varios indocumentados, se informó hoy.

El DPS confirmó este viernes la muerte de los dos indocumentados en el incidente registrado alrededor de las 15:00 horas del jueves (20:00 GMT) al norte de la comunidad de La Joya, en la frontera con México.

Mientras, el consulado de Guatemala en McAllen ya investiga los hechos pues las víctimas podrían ser originarias de ese país.

En un comunicado, el DPS indicó que se lleva a cabo la investigación correspondiente ya que al parecer el vehículo era seguido por las autoridades al considerarlo como sospechoso de transportar un cargamento con drogas.

El incidente ocurrió cuando un helicóptero de la DPS se sumó a la persecución de un vehículo sospechoso, que era seguido por agentes del Servicio de Parques y Vida Silvestre de Texas.

El vehículo, un pick-up rojo de modelo reciente, “parecía tener una típica carga de droga cubierta” en la parte trasera y “estaba viajando a velocidades imprudentes que ponen en peligro al público”, señaló la corporación.

El DPS admitió que uno de sus patrulleros disparó su arma desde el helicóptero para desactivar al vehículo y que una vez que el automóvil se detuvo se determinó que no transportaba droga, sino a 10 indocumentados, dos de ellos murieron y otro resultó lesionado.

Los agentes del DPS y de la Patrulla Fronteriza detuvieron a los otros siete indocumentados en el lugar y transportaron al lesionado a un hospital de la zona.

El DPS informó que la investigación está siendo conducida por los “Texas Rangers”, el grupo elite de la policía estatal. El agente que disparó el arma está bajo suspensión administrativa, mientras se concluye la averiguación.

De Tabasco a Tamaulipas: la ruta de los secuestros
Enviado el Wednesday, 30 September a las 23:11:57
Tópico: Estados

La zona de Tabasco a la frontera norte de Tamaulipas se ha convertido en los últimos años en una ruta de alto riesgo para los indocumentados.

Los casos de secuestros, asaltos, agresiones y abusos a migrantes, principalmente centroamericanos, por parte del crimen organizado se han incrementado en esta región en medio de la apatía y corrupción de las autoridades, sostienen la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)y la Iglesia católica.

El Informe Especial sobre los Casos de Secuestros en contra de Migrantes de la CNDH, indica que, de diez mil indocumentados plagiados en seis meses, el 55 % de los delitos se cometió en Veracruz y Tabasco.

En algunos casos se documenta que los centroamericanos fueron trasladados a casas de seguridad o bodegas ubicadas en Reynosa, Tamaulipas, desde donde los captores exigían a los familiares un pago por su liberación.
“Se concentran en Reynosa, ya sea porque los secuestros se lleven a cabo ahí o porque son secuestrados desde el sur de la República, como en Coatzacoalcos, en Tenosique. Entonces, es en Reynosa en donde finalmente son trasladados para pedir el rescate”, asegura el quinto visitador del organismo, Mauricio Farah.
El funcionario no descarta que grupos armados como los “Zetas” estén involucrados en los secuestros, pues el organismo defensor de los derechos humanos ha documentado que este grupo delictivo está frecuentemente relacionado en la comisión de este delito en el corredor Tabasco-Tamaulipas.
En lo que va del año, el Ejército ha liberado a más de 550 indocumentados, la mayoría centroamericanos, retenidos por el crimen organizado en al menos cinco casas de seguridad, cuatro en Reynosa y una en Río Bravo, Tamaulipas.

Los sacerdotes Francisco Pellizzari, responsable de la Casa Nazareth de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Alejandro Solalinde Guerra, responsable de la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca, coinciden en que los “Zetas”, brazo armado del Cártel del Golfo tienen el control del tráfico de personas y secuestro en el Golfo de México.
“Hay una coordinación de todos estos grupos de “Zetas”, pero hay todo un aparato oficial que está al servicio de ellos, que está pagado por ellos.
“Ellos pueden desplazarse, ya sean “Zetas” o “Zetitas” (sería como la franquicia del grupo armado).Tienen capacidad para ir desde Centroamérica, todo el recorrido pueden hacerlo, hasta Estados Unidos, pasando Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas. Ellos vuelven a regresar. Si hay alguno que no está ‘registrado’ o que no paga, que no está debidamente ‘documentado’ con ellos, lo torturan, lo matan”, indicó Solalinde.
Según Pellizzari, no siempre el agente o el policía es corrupto porque quiere dinero, sino porque está amenazado. “No siempre la gente es corrupta porque quiere, sino porque a veces necesita salvar su vida y la de sus familiares.
“El acoso que usan las bandas de delincuentes es muy interesante. Es un acoso psicológico, constante, todos los días de la semana, ‘te estamos cuidando’, ‘te estamos checando’, ‘sabemos dónde estás’. Te inmovilizan. Esto, si lo vivimos nosotros, ¿cuánto más lo puede llegar a sentir un migrante, que es un don nadie en la calle?”, cuestionó Pellizzari.
En la impunidad.- Una investigación realizada por la CNDH entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 arroja que en este lapso:

9,758 indocumentados fueron secuestrados.
6,555 permanecieron en cautiverio en casas de seguridad.
2,448 estuvieron varios días en bodegas.
2,500 dólares, monto promedio del pago de rescate.
Del sueño a la pesadilla.- Relatos de migrantes que la CNDH incluye en el libro Bienvenidos al Infierno del Secuestro y donde se acusa a ‘Los Zetas’ del plagio

Describen a sicarios.- Un migrante secuestrado por “Los Zetas” describe a los integrantes de este grupo delictivo.
“La mayoría de ‘Los Zetas’, bueno, el grupo principal, lo forman los mexicanos, pero trabajan muchos centroamericanos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses.
“Caminan con muchas armas, como con 5 ó 6 armas cada sujeto. Usan botas con sus pantalones por dentro. Son de piel blanca, con muchos tatuajes en sus brazos, en sus espaldas en todo su cuerpo y la mayoría tienen cicatrices en cualquier parte de su rostro”, dice.
En su caso, un supuesto pollero lo llevó, junto con otros migrantes a una casa, les dio de comer y, posteriormente, empezó a pedir números telefónicos de sus familias.
Todos dieron sus teléfonos, menos él y dos personas más.
“Llamó a uno de ‘Los Zetas’. Nos dice: ‘¿Y quién es el que no quiere dar el número? Den esos números en una hora, y si no, vengo por ustedes. Y se fue”.
Finalmente, como la mayoría de los familiares de los migrantes secuestrados pagó rescate, dejaron ir a quienes no proporcionaron los números telefónicos.
‘Aquí no existe Dios’.- Chucho, de nacionalidad salvadoreña, cuenta la historia de unos amigos que fueron secuestrados por la Mara Salvatrucha.
“La Mara los entrega a ‘Los Zetas’ y ‘Los Zetas’ dan comisión a la Mara.
“Hay ‘zetas’ que son salvadoreños, hay ‘zetas’ que son guatemaltecos, que no les importa ver a un hombre llorar, sacarle los sesos. Cuando uno les habla de Dios, nomás se enojan. ‘Aquí no existe Dios’, me dicen, ‘aquí existimos nada más nosotros'”, relata.
Dice que uno de sus amigos logró escapar de “Los Zetas” y denunciar su secuestro a la Policía. Le dio señas de la casa donde lo tuvieron y le prometieron ayuda.
“Lo llevaron nuevamente ahí, con ‘Los Zetas’. Entonces le dijeron: ‘Para que aprendas, te vamos a cortar la mano, cabrón’, y se la cortaron.
“Lo dejaron abandonado. Llegó la Cruz Roja y lo llevó al hospital, pero no hay investigación”, agrega Chucho.
De acuerdo con el salvadoreño, el grupo armado que opera para el Cártel del Golfo recibe, vía Western Union, entre 2 mil y 5 mil dólares por 15 personas todos los días sin que la empresa haga preguntas.
“Espero en Dios que no me vuelva a topar con ‘Los Zetas’, porque cuando estás ahí estás tocando el infierno con tus propias manos”, indica.
‘La Policía nos reportó’.- Juana y su hermano iban saliendo de Tampico cuando los detuvieron agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal en una caseta. A medianoche los dejaron en una calle oscura, los subieron a unos carros y los trasladaron a una casa donde estuvieron 9 días, hasta que sus familiares pagaron el rescate.
Relatan que cuando llegaron a la casa de seguridad había 100 personas más y a una muchacha la estaban violando.
“Yo digo que eran ‘Los Zetas’ porque ellos mismos lo dijeron: ‘ustedes no saben con quién están, están con el Cártel del Golfo y ‘Los Zetas'”, cuenta Juana.
Dice que, después de que se pagó por su liberación, los plagiarios los subieron a un autobús y les cambiaron el nombre.
“A mí me pusieron Carmen Rebollosa y cuando íbamos pasando la caseta que está saliendo de Tampico, ya estábamos reportados con ‘Los Zetas’.
“Reportaron que nosotros veníamos en el asiento 25 y 26, y en la otra caseta, entrando a Reynosa, también ya estábamos reportados. La Policía y ellos trabajan juntos. Yo sé que ya estábamos reportados, porque ellos nos lo dijeron: ‘El asiento 25 y 26 ya están reportados por ellos, a ellos ya no hay que tocarlos'”,sostiene Juana.


California.- Activistas han expresado su ira por una fotografía en la que un agente de la Patrulla Fronteriza ayuda a un menor a disparar con una pistola de paintball contra un objetivo que asemeja a una persona.

La escena parece representar como si se abriera fuego contra un inmigrante, a decir de los activistas.

Sin embargo, la Patrulla Fronteriza señaló el viernes en un comunicado que cualquier sugerencia que implique que la agencia enseña a civiles a atacar a inmigrantes es totalmente falsa.

La fotografía, en la que se ve un dispositivo que parece un arma, fue tomada durante una demostración de la Policía en un centro comercial cerca de la frontera mexicana.

El portavoz Paul D. Carr dijo que el objetivo utilizado fue una figura antropomorfa sin características particulares como las que se utilizan de manera ordinaria en los campos de tiro.

“El objetivo utilizado es el común usado por las autoridades y por aficionados en todo EU”, dijo Carr.

Para el presidente del Consorcio de Derechos de los Inmigrantes en San Diego, Pedro Ríos, la demostración fue inadmisible porque implicó a un menor y se efectuó en un lugar próximo a zonas donde han sido baleadas personas de verdad.

Las fotos fueron tomadas durante una celebración de la Fundación Roberto J. Durán, creada por varios agentes fronterizos en memoria de un agente fallecido en 2002, que se realiza desde hace 10 años en la zona fronteriza de San Ysidro, California.

El evento consiste en una carrera de 5 kilómetros, y en ninguna parte del sitio web se menciona un juego con armas, pero, según testigos citados por diario El País, la actividad se realiza al menos desde 2012.

Algunas de las fotos estaban en la página de Facebook del evento, que desde entonces ha sido borrada.

“Es una seria falta de sensibilidad que permitan a menores usar a una figura que representa a un migrante, cuando a unos 100 metros de allí agentes de la patrulla fronteriza han estado involucrados en actos donde migrantes han perdido la vida”, dijo el director del Comité de Servicios Americanos al diario El País.


Los barzonistas de Chihuahua se dicen víctimas del que consideran desgobierno de César Duarte. Incluso lo acusan del asesinato de su compañero Ismael Solorio y su esposa, todo por defender el agua de la que, dicen, se apropian los mineros y un grupo de menonitas pudientes. Y aun cuando han expuesto su problema en diversas instancias estatales y federales nadie les hace caso. Lo peor: Se enteraron de que sus cabezas tienen precio, pues algunos menonitas intentaron contratar a La Línea para que los ejecutaran. En esas tierras, las del desierto del norte del estado, los narcos imponen la ley.

CHIHUAHUA, Chih. (Proceso).- Con el rostro hinchado, morado por los golpes propinados dos días antes por empleados de la minera Mag Silver, Ismael Solorio entró al Palacio de Gobierno de Chihuahua acompañado de otros campesinos y defensores de los derechos humanos y le advirtió a Raymundo Romero, secretario de Gobierno del estado: “Si no se arregla el asunto de la mina en nuestro ejido Benito Juárez, va a haber muertos”.

Los integrantes de El Barzón que ese 15 de octubre lo acompañaban expusieron la campaña de linchamiento que enfrentan por su lucha en defensa del agua y se pronunciaron contra las extracciones ilegales por parte de la minera y de un grupo de menonitas con poder económico. De las amenazas, dijeron, se pasó a la agresión física; también aportaron información sobre el precio que, según relataron, los acaparadores ofrecieron a sicarios para que los mataran.

Una semana después, el 22 de octubre, Solorio –líder estatal del Barzón– volvió a entrar al palacio. Esta vez acompañado por su esposa, Manuela Martha Solís. Los dos iban en ataúdes color caoba. En ese recinto fueron velados.

Los barzonistas, enardecidos, indignados, adoloridos, insistieron en que se trató de un “crimen de Estado”. La policía estatal intentó desalojarlos pero no hubo manera: era mucha la rabia contenida.

Solorio Urrutia y su esposa fueron víctimas del desgobierno en esa entidad y de la inacción de las autoridades federales. Fueron asesinados por defender el agua, escasa en el desierto chihuahuense; por exigir el respeto a la veda impuesta en su región desde 1957, que prohíbe las perforaciones de nuevos pozos y las obras de retención del líquido.

El exdiputado Víctor Quintana, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado y quien estuvo presente en la reunión del 15 de octubre, dijo que dos días después de ese encuentro, Solorio, Martín Solís y Heraclio Rodríguez fueron amenazados ante el Congreso del estado por asalariados de la minera, quienes estaban acompañados por integrantes de la Confederación Nacional Campesina.

“En las videograbaciones del ‘acribillamiento verbal’ se puede apreciar a varios sicarios que actúan en el ejido Benito Juárez”, escribió el político.

En un céntrico hotel del Distrito Federal, Proceso entrevista a la abogada del Barzón, Lucha Castro, también directora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer (Cedehm). Están también los líderes estatales Rodríguez, Solís, Gabino Gómez y Joaquín Solorio, hermano de Ismael, quienes se dicen amenazados. Saben que se fijó un precio por su cabeza.

Hacen una pausa en medio de sus idas al Senado, a organizaciones de derechos humanos, a los medios, a oficinas de gobierno donde repiten el relato del asesinato anunciado y la historia de corrupción, negligencia, complicidad e irregularidades en el que está enmarcado.

Tierra de narcos

El noroeste de Chihuahua, donde se ubica el ejido Benito Juárez, es un enclave peligroso. Es una zona árida, de poca vegetación y altas montañas. Sus habitantes nutrieron los movimientos agrarios del siglo pasado y es cuna de personas como Solorio, que desde los noventa participó en cabalgatas, caravanas y marchas hacia la Ciudad de México en defensa del campo.

Hasta ahí se llega por caminos varicosos que cruzan montañas y despoblados, por los que se puede llegar a Estados Unidos. Es la ruta donde la droga se trafica por veredas. Es la ruta de pueblos fantasmas, silenciados, zona de desplazamiento por miedo (Proceso 1734).

Aunque en octubre de 2010 la PGR ofreció recompensas de 3 millones de pesos por los cabecillas de las bandas que operan en la zona, éstos siguen libres. Son Eduardo Gallegos Valdez, El Lalo; Óscar Rafael Ruiz Gallegos, El Junior; Juan Ismael Granillo Chavira, El Chorrias; Raúl Rueda Quiroga, El Pony; Guadalupe Méndez Basurto, El Gato; Ricardo Alfredo Rueda Quiroga, El Caballo; Luis Enrique Lira, El Barrica; Manuel Adrián García Rodríguez, El Balín; Lorenzo Gallegos Valdez o Rafael Chavira Rentería o Rafael Sánchez, El Borrego.

Durante este sexenio, en esa zona ocurrió la desaparición de cuatro defensas rurales y un teniente del Ejército que viajaban desde la fronteriza Ciudad Juárez a la serrana ciudad de Madera. Posteriormente desaparecieron dos maestros.

Ahí fueron asesinados Benjamín LeBarón y su cuñado, lo que dio inicio a las acciones de autodefensa de la comunidad mormona en el municipio de Galeana, aun bajo protección de policías federales (Proceso 1706). Después, José Alfredo Silly Peña, el coordinador nacional de inteligencia de la Policía Federal; les siguieron los dos agentes comisionados para investigar el crimen. Ambos fueron ejecutados en una mina de Benito Juárez, lo que propició la entrada del Ejército para “reventar” las casas de los narcos. Durante ese tiempo las tropas desaparecieron a los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes (Proceso 1842).

En este contexto los barzonistas están en una situación complicada: requieren protección pero bajo un esquema distinto. Saben que si piden la intervención del Ejército o la Policía Federal, los narcotraficantes, los verdaderos amos del territorio, no les perdonarían haber calentado la plaza.

“Nuestra pelea no es contra ellos (los narcos), nuestra intención no es interferir en sus cosas. Nuestra denuncia es contra el gobierno omiso de la aplicación de leyes porque nos están dejando sin agua; no queremos que el gobierno aproveche este conflicto para hacer su tarea sucia y que nosotros seamos afectados porque nosotros vamos a seguir viviendo en la comunidad. Sólo queremos que aplique la ley por las demandas del agua y la minería ilegal, esclarezca el móvil, dé con los autores materiales e intelectuales y se responsabilice de nuestra seguridad sin calentar los ánimos de la región”, explican los barzonistas.

Por eso, dicen, les indignó que el jueves 1 por la noche un convoy de 70 camionetas de soldados y federales paseara por el ejido y se retirara dos horas después.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1879)


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La caravana de madres de migrantes centroamericanos “Liberando la Esperanza” concluyó este sábado su recorrido de 19 días por 14 entidades del país en su búsqueda de sus seres queridos desaparecidos en su paso por México.

Las mujeres procedentes de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala iniciaron su trayecto el pasado 14 de octubre.

Durante su recorrido, las madres centroamericanas presenciaron cinco reencuentros, el primero de ellos en la casa del migrante “La 72, hogar-refugio para personas migrantes”, localizada en Tenosique, Tabasco, y el segundo en las afueras de Monterrey, Nuevo León. Los tres reencuentros restantes se realizaron, uno, en la Ciudad de México, y dos en Chiapas.

Durante su recorrido, las integrantes de la caravana le recordaron al Estado mexicano su responsabilidad por el hostigamiento, la persecución, la discriminación y la violencia hacia sus hijos cuando atraviesan este territorio con el propósito de llegar a Estados Unidos, todo ello con la complicidad de “funcionarios corruptos”.

Tras concluir su recorrido por México, la caravana emitió una declaratoria.

En el documento, leído en conferencia de prensa, señalan que buscaron la empatía de la sociedad mexicana para la causa migrante, además de “exigir a los gobiernos centroamericanos y mexicano, que de manera definitiva ejecuten acciones congruentes, a fin de detener la crisis humanitaria que afecta a los migrantes centroamericanos y sus familiares”.

Agregan que “encontramos que las organizaciones criminales amplían cada vez más su espectro de acción con estas poblaciones migrantes, donde la trata y el secuestro ya ocupan el segundo lugar de ingresos para la delincuencia organizada”.

Además, sostienen, el secuestro, la extorsión, el asesinato, la violación de mujeres y hombres, y la trata de personas son una constante que convierte a los migrantes en una mercancía más para sus gigantescas ganancias económicas, según el texto, reproducido por Notimex.

Destacaron que “los gobiernos locales sólo nos ayudaron con temas de seguridad, pero no hubo ningún compromiso verdadero, ningún gobernador de los estados tuvo ese interés por escuchar a las madres, dijo Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano a la agencia noticiosa EFE.



Dallas, Texas.- Al menos dos inmigrantes murieron y otro más resultó herido, luego de que un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) disparó desde un helicóptero contra un vehículo en el que viajaban varios indocumentados, se informó hoy.

El DPS confirmó este viernes la muerte de los dos indocumentados en el incidente registrado alrededor de las 15:00 horas del jueves (20:00 GMT) al norte de la comunidad de La Joya, en la frontera con México.

Mientras, el consulado de Guatemala en McAllen ya investiga los hechos pues las víctimas podrían ser originarias de ese país.

En un comunicado, el DPS indicó que se lleva a cabo la investigación correspondiente ya que al parecer el vehículo era seguido por las autoridades al considerarlo como sospechoso de transportar un cargamento con drogas.

El incidente ocurrió cuando un helicóptero de la DPS se sumó a la persecución de un vehículo sospechoso, que era seguido por agentes del Servicio de Parques y Vida Silvestre de Texas.

El vehículo, un pick-up rojo de modelo reciente, “parecía tener una típica carga de droga cubierta” en la parte trasera y “estaba viajando a velocidades imprudentes que ponen en peligro al público”, señaló la corporación.

El DPS admitió que uno de sus patrulleros disparó su arma desde el helicóptero para desactivar al vehículo y que una vez que el automóvil se detuvo se determinó que no transportaba droga, sino a 10 indocumentados, dos de ellos murieron y otro resultó lesionado.

Los agentes del DPS y de la Patrulla Fronteriza detuvieron a los otros siete indocumentados en el lugar y transportaron al lesionado a un hospital de la zona.

El DPS informó que la investigación está siendo conducida por los “Texas Rangers”, el grupo elite de la policía estatal. El agente que disparó el arma está bajo suspensión administrativa, mientras se concluye la averiguación.

el cártel de Sinaloa y los gobiernos

20 de abril de 2014 • 11:09 • actualizado a las 11:10

ABEL BARAJAS
Ciudad de México

En su afán por infiltrar y capturar a miembros de su organización criminal, el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) traficó cocaína del capo Ismael “El Mayo” Zambada, desde Phoenix, Arizona, hasta la ciudad de Nueva York.

El ICE se infiltró desde el 2006 en el círculo cercano de “El Mayo” y permitió que sus “topos” llevaran a cabo entregas controladas de kilogramos de cocaína para la célula que encabezaba su hombre de confianza José Lamberto Verdugo Calderón “El Verdugo”.

Una entrega controlada de 129 kilos de cocaína en la ciudad de los rascacielos proporcionó a los estadounidenses información de números telefónicos y cómplices, que resultó útil para que el Ejército ubicara y abatiera a Verdugo en Culiacán, Sinaloa, el 22 de enero de 2009.

La cuenta regresiva para el operador de “El Mayo” comenzó el 2 de Diciembre de 2006, cuando agentes especiales del ICE reclutaron en San Diego, California, a un informante muy valioso para sus pesquisas, señala un oficio del 1 de diciembre del 2008, suscrito por Louis R. García, entonces Agregado de esa agencia en México.

El documento, entregado a la PGR y después integrado a un expediente judicial, dice que el colaborador del ICE era un sujeto a quien la organización de Zambada había delegado la responsabilidad de transportar la cocaína de Arizona a la costa Este.

Tres meses antes de hablar con los estadounidenses, el “topo” había estado en Sinaloa, para reunirse con Verdugo. Conoció uno de sus ranchos, cerca de Culiacán, donde había un almacén con refrigeración que conservaba varias toneladas de cocaína empaquetada en ladrillos.

Desde su primer encuentro, el confidente señaló a los oficiales que Verdugo era el hombre que operaba para “El Mayo” las entregas de drogas y la recepción del dinero. Era un tipo de extracción rural y de bajo perfil que traficaba cocaína desde hacía más de una década.

Verdugo no era un desconocido para los estadounidenses, porque tenían registros de miembros de su grupo delictivo desde la década de los 90 y su hermano Rodrigo había sido detenido en Arizona por narcotráfico, en noviembre de 2003.

En un oficio con número MLVU: 0607: MX02BR07SY0003: tg, el ICE refiere que en diciembre de 2006 dio luz verde para iniciar una entrega controlada de 129 kilos de cocaína propiedad de Verdugo. El cargamento había entrado por Nogales, estaba en Phoenix y debían llevarlo a Nueva York.

“Agentes de la Oficina de ICE en San Isidro acompañaron al informante a Phoenix, Arizona, para iniciar la operación. El informante recibió instrucciones de recoger la cocaína en Phoenix, el 10 de Diciembre de 2006”, indica el reporte.

El teléfono del infiltrado era escuchado por el ICE. Ese día a las 10:00 horas habló con un sujeto apodado “El Güero”, quien lo citó al medio día en una tienda de juguetes “Toys R US” ubicada en la Dunlap Avenue de Phoenix.

A las 13:10 horas, agentes encubiertos fotografiaron al salir de la tienda a su informante con otras 7 personas -5 hombres y dos mujeres-, quienes se acercaron a un carro Prelude Honda rojo con placas de Arizona 756 TJW, registrado a nombre de Ossiel Sámano Loaiza.

El infiltrado se subió al carro, cuya cajuela iba cargada de cocaína, y 5 minutos después se marchó del estacionamiento; sus cómplices se quedaron junto a un vehículo Intrepid Dodge.

Los agentes del ICE mantuvieron un seguimiento encubierto del Honda, para cerciorarse que no hubiese contra vigilancia. Su informante condujo hasta el Centro Comercial Desert Ridge, en el Tatum Boulevard, en Phoenix.

Allí lo esperaban otros agentes, quienes sacaron del carro 129 kilos de cocaína y los llevaron hasta las oficinas del ICE, donde pesaron, fotografiaron y practicaron dictámenes químicos a la droga.

“Entre el 13 y 17 de Diciembre de 2006, Agentes de ICE de la Oficina de San Isidro, California, acompañaron al informante a Nueva York… El 15 de Diciembre hicieron una entrega controlada en Nueva York de 129 kilogramos de cocaína, procedentes de la organización de Verdugo Calderón”, señala el informe.

A raíz de esta entrega, se obtuvo información que llevó a la captura de José Oscar del Castillo Gallardo, el 20 de enero de 2007, cuando esquiaba en Big Bear Lake, California.

Del Castillo, quien tenía en su celular registros de llamadas recientes con “El Verdugo”, es compadre de Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, hijo de “El Mayo”, y también es yerno de Víctor Emilio Cazares Gastelum, hombre cercano a Joaquín “El Chapo” Guzmán”.

Su captura llevó a un aseguramiento de 38 mil dólares en Michigan, el 6 de febrero siguiente, y luego a la incautación de 2 millones 11 mil 956 dólares en Chicago, Illinois, el 2 de Abril de 2007. El cerco sobre Verdugo se iba cerrando desde Estados Unidos.

El 10 de septiembre de 2008 el Ejército Mexicano aseguró 26 millones 202 mil 176 dólares en una de sus casas de seguridad en Culiacán. El golpe fue el preludio final para “El Verdugo”, quien fue localizado y abatido por los militares el 22 de enero de 2009.


Jueves, 10 de abril de 2014 a las 15:45

(CNNMéxico) — El Vicentillo había insistido en declararse inocente… pero cambió de postura para reducir la condena que pudieran imponerle.

Vicente Zambada Niebla, vinculado con el cártel de Sinaloa, se declaró culpable hace un año en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y está “cooperando” con las autoridades de ese país, informaron este jueves funcionarios federales estadounidenses.

Entre otros puntos, admitió que en el lapso de 2005 a 2008 era un integrante de alto rango del cártel de Sinaloa, y que encabezó muchas operaciones de tráfico de drogas, por su cuenta y en cooperación con su padre, Ismael el Mayo Zambada.

El acuerdo con el que se declaró culpable, establecido el tres de abril de 2013, se detalló de forma pública en la Corte de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, de acuerdo con un comunicado de esa instancia de justicia.

“Bajo el acuerdo de culpabilidad, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua, una sentencia mínima obligatoria de 10 años, y una multa máxima de 4 millones de dólares”, agregó el mensaje oficial.

Pero “si el gobierno (de EU) determina en el momento de la sentencia que Zambada Niebla ha seguido prestando una cooperación plena y veraz, como lo exige el acuerdo de culpabilidad”, se reducirá la sentencia aconsejada, de cadena perpetua.

Al menos seis de ochos líderes del narcotráfico extraditados a territorio estadounidense desde 2007 establecieron acuerdos con fiscales de ese país, para declararse culpables y reducir sus condenas.

En esa lista están Eduardo Arellano Félix, el Doctor; Benjamín Arellano Félix, Osiel Cárdenas Guillén, Héctor el Güero Palma, Miguel Caro Quintero y Mario Villanueva.

El Vicentillo era el único de los capos extraditados que se había declarado inocente.

Zambada Niebla permanece bajo custodia de Estados Unidos —a donde fue extraditado desde febrero de 2010—, y hasta el momento se no ha fijado una fecha para darle una sentencia a su caso.

En otro punto del acuerdo, Zambada Niebla se comprometió a no impugnar una sentencia con la que se estableció un decomiso de 1,300 millones de dólares.

En específico, Zambada Niebla se declaró culpable de un cargo de conspiración para poseer e intentar distribuir en territorio estadounidense múltiples kilogramos de cocaína y heroína, entre 2005 y 2008.

“La declaración de culpabilidad significa que no habrá juicio para Zambada-Niebla, cuyo caso fue separado del de sus coacusados”, entre los que están su padre, Ismael Zambada (prófugo), y Joaquín el Chapo Guzmán (detenido en México), ambos presuntos líderes del cártel de Sinaloa, de acuerdo con el comunicado de la Corte de Distrito para el Distrito Norte de Illinois.

El Vicentillo fue detenido en 2009, en la capital mexicana.

Al ser extraditado a Estados Unidos, en ese país lo acusaron junto a el Mayo y el Chapo Guzmán de obtener armas, y planear usar la fuerza para defender al cártel de Sinaloa, además de conspirar para importar drogas a territorio estadounidense.

En abril de 2012 un juez federal estadounidense se negó a retirar los cargos en contra de Zambada Niebla, quien alegaba que tenía inmunidad porque trabajaba como informante de la DEA.

Las confesiones de Zambada

“Zambada Niebla confesó que entre mayo de 2005 y diciembre de 2008 él era un miembro de alto nivel del cártel de Sinaloa, y que fue responsable de muchos aspectos de sus operaciones de tráfico de drogas, ‘tanto de forma independiente y como un hombre de confianza de su padre’, para quien actuó como coordinador sustituto y logístico”, según el acuerdo de culpabilidad.

También admitió que era consciente de que su padre, el Mayo Zambada, era uno de los líderes del cártel de Sinaloa desde 1970, y que su principal medio de vida derivó de su venta de drogas en Estados Unidos.

Además dijo que el cártel de Sinaloa utilizó vuelos privados, submarinos y otros vehículos sumergibles, buques de pesca, vagones de ferrocarril, además automóviles para realizar el traslado de drogas, desde Centro y Sudamérica, para pasar por el interior de México, hasta llegar a Estados Unidos.

“Zambada Niebla también admitió que era consciente de que el cartel usó la violencia e hizo amenazas creíbles de violencia contra cárteles rivales y autoridades en México para facilitar su negocio”, agregó el documento que se dio a conocer este jueves.


26 de febrero de 2014

MÉXICO, D.F. (apro).- La convocatoria anónima surtió efecto: cientos de personas salieron a marchar a las calles de Culiacán y Guamúchil, en Sinaloa, para exigir a las autoridades federales la liberación de su “héroe”, Joaquín El Chapo Guzmán.

Ataviados con playeras y gorras blancas, y acompañados de música de banda, los manifestantes –mujeres, hombres, jóvenes y niños– alzaron pancartas con las leyendas: “Queremos libre al Chapo”, “No queremos otra guerra, liberen al Chapo” y “Chapo, hazme un hijo”.

También circularon volantes que pedían “un juicio justo” para Guzmán Loera. “Exigimos la no extradición porque todo mexicano tiene derecho a ser juzgado en su país”, decía otra manta. Una más: “Familia, amigos y pueblo exigen hagan valer los derechos humanos del señor Joaquín Guzmán”.


Dámaso López, posible sucesor de Joaquín “El Chapo” Guzmán

22 de febrero de 2014•18:28 • actualizado a las 18:36

Ciudad de México.- La detención del narcotraficante más buscado en el mundo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, es un acierto para el gobierno mexicano, pero esta captura podría incrementar la violencia en el país, advirtió la firma de inteligencia Stratfor.

Señaló que quienes se quedan al mando del Cártel de Sinaloa, tras ser capturado su máximo líder, buscarán a toda costa mantener el poder de esta organización criminal.

Según el informe, se “podría desatar una ola de violencia en todo el noroeste de México, si los cambios internos evolucionan en conflicto intracártel”.

El Cártel de Sinaloa, refirió Stratfor, ha enfrentado a una serie de arrestos desde diciembre pasado y a diversos desafíos en sus áreas de operaciones por las redes criminales regionales y transnacionales.

Stratfor agrega que “el ritmo y el éxito de las operaciones dirigidas a los principales líderes de la Federación de Sinaloa obstaculizarán seriamente la capacidad del cártel para defender sus operaciones en el noroeste de México, que posiblemente lleve a la violencia sustancial en varias áreas a medida que organizaciones criminales rivales buscan explotar nuevas vulnerabilidades del cártel”.


Ciudad de México.- Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, líder del llamado Cártel de Sinaloa es “sustituible” y ya no es “intocable”, indica un análisis de la agencia de inteligencia estadunidense Stratfor.

Según el documento, el territorio liderado por el también prófugo de la justicia desde 2011, está en riesgo ante ataques de grupos rivales que se disputan las plazas del narcotráfico.

En el texto titulado “La mitificación de ‘El Chapo’”, Stratfor explica que las organizaciones criminales Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Mazatlecos mantienen una estrategia bélica en los bastiones del “Chapo” Guzmán, es decir, Jalisco y Sinaloa.

Según la agencia de inteligencia, la presunta protección del Gobierno hacia el capo de la droga es sólo un “mito popular” y advierte que paulatinamente se incrementan los frentes en contra de su presencia criminal.

Expuso que en los primeros meses de este año, el CJNG rompió relaciones de manera definitiva con “el Chapo” tras el asesinato de uno de sus aliados, José Manuel Garibay Félix, alias “El Gordo”, y ahora pretende hacerse cargo de la producción de drogas químicas y su trasiego en el estado de Jalisco.

Asimismo, “los remanentes de lo que alguna vez fue la organización de los Beltrán Leyva conforman al grupo denominado Los Mazatlecos, que representan una potente amenaza para la organización de ‘El Chapo’ a lo largo de Sinaloa”, refiere Stratfor.

En los últimos seis años “el Chapo” perdió la alianza con Los Beltrán Leyva y han sido detenidos ocho mandos medios o altos del Cártel de Sinaloa, así como de personas cercanas a Guzmán Loera, y está latente la amenaza de grupos como Los Caballeros Templarios y Los Zetas.

Sin embargo, la eventual captura o eliminación del “Chapo” no representaría el fin de la organización delictiva que lidera, pues en este cártel existe un triunvirato conformado por Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José Esparragoza, “El Azul”, quienes en caso de esta ausencia, seguirían con sus negocios ilícitos.


Ciudad de México.- Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, presunta hija del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable ante Cathy Ann Bencivengo, jueza de Distrito de Estados Unidos.
La supuesta hija del líder del Cártel de Sinaloa fue capturada el 12 de octubre en San Diego, California, acusada de fraude, así como uso ilegal de visas, permisos y diversos documentos.

Cathy Ann Bencivengo también ordenó su liberación, pues consideró que Guzmán cumplió su sentencia, después de más de dos meses de reclusión.
El 25 de octubre se había declarado inocente, pero el lunes recibió seis cargos de inmigración ante la Corte Federal de San Diego.
La mujer, de 31 años de edad, admitió haber intentado cruzar la frontera por la garita de San Ysidro identificada con una visa legal, pero de otra persona.
Guzmán Salazar tenía siete meses de embarazo cuando fue detenida por ingresar a Estados Unidos con una visa ajena para dar a luz a su hijo en el país norteamericano.
En la audiencia a la que no se convocó a los medios de comunicación, se ordenó la deportación inmediata de Guzmán Salazar, confirmaron fuentes judiciales.
La acusada tenía programada una audiencia para el 20 de diciembre de 2012; no obstante, su defensa llegó a una negociación con las autoridades norteamericanas.
Alejandrina Giselle, hoy con nueve meses de embarazo, aún está bajo la custodia de autoridades migratorias y se desconoce cuándo será deportada.
El Departamento de Justicia descartó otros cargos relacionados con el supuesto parentesco con el narcotraficante más buscado en México.
La Oficina del Fiscal en San Diego no ha confirmado que sea hija de Guzmán Loera, y no hay ninguna mención de este supuesto parentesco en su declaración.


MÉXICO, D.F. (apro).- Una Corte federal de San Diego, California, pospuso para el próximo 20 de diciembre la comparecencia de Alejandrina Guzmán, presunta hija de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, ante la juez Cathy Ann Bencivengo.

Alejandrina enfrenta seis cargos federales relacionados con las leyes de migración de Estados Unidos –fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos–, tras su detención, el pasado 15 de octubre en el puerto internacional de San Ysidro, al sur de San Diego.

La Corte estadunidense evitó detallar su decisión de cambiar la fecha de la audiencia.

No obstante, Guadalupe Valencia, abogado de Alejandrina Guzmán, destacó que la presentación ante la Corte fue pospuesta de común acuerdo entre las partes, con el fin de recopilar más información del caso.

La supuesta hija del líder del cártel de Sinaloa fue detenida a mediados de octubre pasado en la garita de San Ysidro, California, cuando intentaba ingresar a Estados Unidos con documentación falsa.

En ese entonces, las autoridades federales informaron que la mujer tenía más de siete meses de embarazo.


¡152 disparos y no hay móvil!

Rubén Torres
19 Noviembre, 2012 – 17:03

Es mezquino aquél que pregunta, obtiene el cómo y qué ocurrió en la carretera México-Cuernavaca el pasado 26 de agosto, pero no el por qué, después que 13 policías federales rociaron con 152 disparos de metralla una camioneta blindada placas BCM-242 diplomáticas bien visibles, donde iban dos “espías’’ gringos en compañía de un capitán de SEMAR y no dicen el móvil.

Es lo único que las huestes de Genaro García Luna, flamante secretario de Seguridad Pública Federal (SSPF), tenaz productor de shows y escándalos mediáticos político-policiacos y la primera abogada de la nación, Marisela Morales Ibáñez, con las versiones de la subprocuradora Victoria Pacheco Jiménez y la Comisionada de la Policía Federal, Maribel Cervantes Guerrero, pero no precisan, porque tampoco lo saben.


Según un estudio de Viridiana Río, investigadora de la Universidad de Harvard, en los últimos ocho años, la presencia de organizaciones del narcotráfico creció más de 13 veces en los municipios mexicanos

Ciudad de México.- En los últimos 8 años, la presencia de cárteles en los municipios del País creció más de 13 veces, señala un estudio de la investigadora Viridiana Ríos.

Ríos, candidata a doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard, y su socio Michele Coscia crearon un algoritmo llamado MOGO (Making Order Using Google As an Oracle), que permite recopilar información de Google News, filtrarla y organizarla para monitorear el movimiento y acción de los cárteles de la droga en México.

“A la gente le sorprenden los resultados del estudio: sólo en el 30 por ciento de los municipios del País hay operación de los grupos del narcotráfico, pero hay que decir que en 2004 el porcentaje de municipios era muchísimo menor. De hecho, sólo operaban en 50 municipios, cuando ahora están en 713”, dijo Ríos en entrevista telefónica.

La investigación se concentra en un documento que titularon: “¿Cómo y Dónde Operan los Criminales? Usando Google para Rastrear a las Organizaciones de Tráfico de Droga en México”.

En su trabajo, los investigadores generaron mapeo sobre estrategias comerciales, áreas de operación y tendencias de crecimiento del crimen organizado.

“Le dimos a nuestro algoritmo los nombres de las organizaciones criminales que buscamos y miembros de estas organizaciones, y MOGO busca en qué momento, en qué año y en qué lugar se menciona a esas organizaciones”, añadió Ríos.

Entre las conclusiones a las que llegaron está que los cárteles de la droga imitan a las empresas, pues plantean crecimiento, intervención y control del mercado dependiendo de sus intereses financieros.


San Diego, California.- Funcionarios de Estados Unidos dijeron que la hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los capos del narcotráfico más buscados del mundo, fue arrestada en San Diego después de ser detenida en la frontera bajo sospecha de intentar ingresar a Estados Unidos con el pasaporte de otra persona.

Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar fue detenida el viernes en el puerto internacional de San Ysidro, al sur de San Diego, y fue acusada de fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos.

Guzmán Salazar le dijo a las autoridades estadounidenses que su padre es Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, en México, dijeron el lunes dos funcionarios de Estados Unidos.

Los funcionarios hablaron bajo condición de guardar el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente del arresto.


México.- Todo parece indicar que la premura para presentar a un joven como hijo de “El Chapo” Guzmán tenía tintes políticos, en pleno cierre de campañas.

Y es que de acuerdo con Juan Heriberto Rangel Méndez, defensor de los dos jóvenes detenidos por marinos en Zapopan, Jalisco, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ofreció a los hermanos Félix y Kevin Beltrán, que aceptaran ser familiares del líder del cártel de Sinaloa, luego los dejarían libres después de las elecciones.

En entrevista con el diario La Jornada, el abogado de los jóvenes dijo que el ofrecimiento se hizo dentro de las propias instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).

“Se dio poco antes de que ambos rindieran su declaración ministerial durante la noche del jueves. Hasta ellos llegaron los agentes de la DEA cuando todavía no estábamos nosotros para defenderlos”, relató al diario.

“Primero le dicen a Félix que acepte que es el hijo de ‘El Chapo’ y que se podría aclarar su situación después de las elecciones. Querían que firmara las declaraciones que le presentaron los de la Siedo. Entonces él les respondió que no iba a firmar nada, y no lo hizo, afortunadamente”, prosiguió.

“Le insistieron: ‘tú acepta, ahorita firmas tu declaración y luego se hace la aclaración que no eras’; después, cuando se convencieron de que no aceptaría, le dijeron: ‘queremos que inculpes a las personas que nosotros te digamos y sales ahorita’”, pero tampoco quiso.

“Obviamente ya no sacaron nada de él, y Félix refiere que llegó un agente de la DEA, un pelón, que le dijo ‘a ver voltéate’, y Félix lo hizo. Le pidió también que se quitara la camisa y luego el agente agregó: ‘no éste no es, el gordo tiene una cicatriz’”, detalló.

Rangel Méndez señaló que supieron que eran agentes de la DEA porque los jóvenes “dicen que los dos agentes eran güeros, altos y hablaban en inglés. Félix dice que le decían las palabras en español mal pronunciado y que cuando él les decía que no, entonces entre ellos hablaban en inglés”.

Indicó que fue la madrugada del sábado, cuando se pudo reunir con ellos, que le contaron lo sucedido con los agentes.

“Vi que no están golpeados ni maltratados, y allí me dijeron que entraron los agentes de la DEA y les propusieron eso”, apuntó el abogado.

La Siedo informó que mantendrá bajo arraigo durante los siguientes 40 días a los hermanos Kevin y Félix Beltrán, pese a que ya descartó que en el caso del primero de ellos se trate del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Con información de La Jornada


La detención, la semana pasada, de una red de operadores de Los Zetas en Estados Unidos, entre ellos Francisco Antonio Colorado Cessa, puso al descubierto los tentáculos del cártel en Veracruz, donde se asentó durante la gestión de Fidel Herrera Beltrán y corrompió a políticos de todo signo. Las primeras indagatorias implican no sólo al exmandatario priista por su cercanía con Pancho Colorado, sino también al PAN y aun al PRD. De acuerdo con declaraciones de funcionarios federales a Proceso, Los Zetas tienen entre 2 mil y 3 mil miembros en ese estado.

La desarticulación de una red de lavado de dinero del cártel de Los Zetas en Estados Unidos vino a constatar que la delgada línea entre política y narcotráfico en Veracruz alcanza lo mismo al PRI que al PAN.

Las investigaciones de la justicia estadunidense contra el número dos de esa organización delictiva y jefe del grupo en el estado, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, afectaron en un primer momento al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, pero pronto alcanzaron al PAN y a su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota.

La justicia estadunidense tiene encausadas en diferentes cortes federales a 35 personas que han sido investigadas desde que Herrera Beltrán era gobernador por la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el Federal Bureau of Investigation (FBI) por su participación en el tráfico de drogas y lavado de dinero entre Veracruz, Tamaulipas y Estados Unidos.

La detención el martes 13, en Oklahoma, del hermano del Z40, José Treviño Morales, colocó de nueva cuenta al exgobernador en el centro de atención. Ese día, la justicia estadunidense hizo pública la acusación contra 15 personas como presuntas responsables de lavar dinero para Los Zetas mediante empresas dedicadas a la crianza de caballos pura sangre y las apuestas en carreras de caballos.

Entre los inculpados, como intermediario en la compra de caballos, está el contratista de Pemex de la zona de Tuxpan, Francisco Antonio Colorado Cessa, quien ha sido beneficiario tanto por el PRI como por las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1859, ya en circulación)


Abel Barajas

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró el rancho “Flor de María” en Tuxpan, Veracruz, propiedad de Francisco Colorado Cessa, quien el jueves se entregó en una Corte Federal de Estados Unidos para enfrentar cargos por presunto lavado de dinero de Los Zetas.

Colorado, dueño de la empresa ADT Petroservicios, es una de las 15 personas acusadas de lavar dinero del cártel por medio de la compra de caballos pura sangre para carreras parejeras.

Según información oficial, en la indagatoria iniciada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), peritos de la PGR valuaron en 34 millones 777 mil pesos esta propiedad que lleva el nombre de la esposa del empresario veracruzano.

La dependencia informó que el rancho de Pancho Colorado, como se le conoce, era utilizado por integrantes de la organización criminal como casa de seguridad y descanso, aunque no precisa si el inmueble había sido invadido o existía un acuerdo entre el dueño y los criminales.

Dentro de los límites de la propiedad, la Policía Federal sostuvo un enfrentamiento con los sicarios de la banda delictiva, en el cual resultaron 26 detenidos, siete heridos y dos muertos, el pasado 22 de marzo.

En aquella ocasión, los agentes abatieron a Enrique Delgado Fraire, “Mando Quique”, identificado por el Gobierno federal como el jefe de plaza de Los Zetas en la zona sur de Tamaulipas y quien organizó la fuga de 53 reos del penal de Cieneguillas, Zacatecas, en mayo de 2009.

Un total de 18 de los 26 detenidos laboraban en el rancho de Pancho Colorado fueron puestos a disposición de la PGR; sin embargo, nunca se informó si luego fueron liberados, consignados o arraigados como sospechosos de colaborar con el crimen organizado.

De acuerdo con informes allegados a la investigación, cuando ocurrió el enfrentamiento en su rancho, el dueño de ADT Petroservicios ya llevaba algunos días en Texas y tras enterarse de los hechos canceló su regreso a México. Se quedó en Houston hasta el día de su entrega.

La PGR indicó que la investigación penal que fundamenta las acusaciones contra Colorado, presentadas en Estados Unidos, forman parte de las indagatorias iniciadas en la SIEDO desde abril 2011, aunque el empresario nunca fue detenido.

En una tarjeta informativa, la dependencia detalló que la investigación que lleva a cabo contra Colorado es por delincuencia organizada, delito considerado como grave y, además, ha realizado varios cateos y aseguramientos de bienes, como es el caso del rancho en Tuxpan.

Agregó que Colorado cuenta con una orden de localización y presentación girada por la SIEDO.

“Existe al respecto, amplia coordinación de la PGR, por medio de la SIEDO, con autoridades de los Estados Unidos de América para detectar empresas y operaciones financieras probablemente provenientes de narcotráfico”, indicó la Procuraduría.

Detallan bitácoras vuelos de JVM

El uso del avión propiedad de Pancho Colorado por parte de Josefina Vázquez Mota quedó registrado en bitácoras de vuelo.

El 14 de mayo de 2010, los pasajeros del avión con matrícula XA-RDJ, propiedad de Aerolíneas Ejecutivas, eran Vázquez Mota — entonces coordinadora de la diputación panista– quien acudió a apoyar la campaña de Cuauhtémoc Calderón, aspirante a la gubernatura de Zacatecas y que viajó de regreso; el entonces diputado federal del PAN, Miguel Martín López, y Alejandro Meléndez, secretario de la panista.

El vuelo cubrió la ruta Toluca-Zacatecas y de regreso.

El 29 de mayo, Pancho Colorado viajó en ese avión del Aeropuerto Nacional El Lencero, en Jalapa, a Poza Rica. De ese destino fue llevado, sin pasajeros a Toluca y ahí recogió el 30 de mayo a Vázquez Mota, Martín López y al diputado federal Carlos Pérez Cuevas, quienes volaron a Jalapa.

Se deslinda Yadhira Carrillo


CHICAGO (apro).- El juez Rubén Castillo, de la Corte federal de Illinois, fijó el próximo 9 de octubre como la nueva fecha para iniciar el juicio por delitos de narcotráfico contra Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo.

En una audiencia para determinar la nueva fecha del juicio, el juez federal dijo que éste reiniciará hasta otoño, tomando en cuenta que es un proceso complicado, y tanto la defensa del acusado como el Departamento de Justicia necesitan tiempo para preparar sus argumentos.

Castillo aclaró que está en proceso de revisión de la información clasificada que le ha entregado el gobierno de Estados Unidos para acusar de narcotráfico a El Vicentillo.

El magistrado dijo a los defensores del presunto capo que estima que a finales de marzo próximo terminará de hacer la revisión de los documentos clasificados.

Y una vez que concluya la revisión de los documentos, el juez Castillo determinará cuáles son los que dejará analizar a la defensa de El Vicentillo.

También destacó que la Corte federal en Illinois dio como plazo a la defensa de Zambada Niebla hasta el 30 de marzo para que presente cualquier otro documento que respalde su pedido de inmunidad para el hijo de Ismael El Mayo Zambada.

El juez Castillo también aclaró que un mes después el Departamento de Justicia responderá a lo que los abogados de El Vicentillo entreguen a la Corte a fines de marzo.

La próxima audiencia de preparación para el juicio será el 18 de abril, fecha para la cual aseguró el juez ya se deberá tener más claro cómo proceder en el caso de Zambada Niebla.

El juzgador dijo además que se tendrá que abordar la situación de otros posibles criminales involucrados en este caso y que podrían ser extraditados de México a Estados Unidos.

En la sesión de este miércoles, Castillo advirtió al Departamento de Justicia que seguirá manteniendo en secreto la información clasificada en el caso de El Vicentillo y que él considere como riesgosa para la seguridad nacional.

Sin embargo, el juez federal enfatizó al gobierno federal que entregará a la defensa del presunto narcotraficante cualquier documento que no presente riesgo de seguridad nacional.

En la misma sesión, la defensa de El Vicentillo reiteró que el hijo de El Mayo Zambada es inocente de los delitos que se le imputan, e insistió que por lo tanto no sólo debe ser puesto en libertad, sino también regresado a México.

Y mientras el juez determina si es válida la documentación que le entregue la defensa, El Vicentillo permanecerá en la prisión federal de Milan, en el estado de Michigan.

Este miércoles, como ya es costumbre, El Vicentillo estuvo presente en la audiencia a través de una videoconferencia y, aunque no fue autorizado para hablar, se veía muy atento a lo que le narraba la traductora (vía telefónica) de lo que se desarrollaba en la sala del juez Castillo.

Tanto los fiscales federales como la defensa del presunto capo declinaron hablar con los reporteros al concluir las audiencias de este día en la ciudad de Chicago.


La defensa del narcotraficante mexicano Vicente Zambada Niebla, que será juzgado en EE.UU. a partir de febrero, alega que la autoridades estadounidenses conspiraron con el Cartel de Sinaloa y prometieron inmunidad a sus jefes.

En un documento que fue presentado a la corte por la defensa de Zambada Niebla, alias “Vicentillo”, y al que Efe tuvo acceso hoy, se responde a los argumentos de la Fiscalía y en particular al hecho de que ésta niegue la existencia de tal acuerdo.

Los abogados defensores afirman que el abogado mexicano Humberto Loya Castro negoció con “agentes autorizados del gobierno de Estados Unidos” como “agente del Cartel de Sinaloa”.

“Cuando Loya Castro se reunió con el Gobierno (de EE.UU.) le dijo a los agentes que estaba autorizado por ‘El Chapo’ Guzmán y que sólo informaría sobre los carteles rivales. Estuvo claro desde el comienzo que no era un informante tradicional”, dice el documento.

Los abogados señalan que al negociar el acuerdo de inmunidad, los agentes federales estadounidenses sabían que Loya Castro “actuaba como agente, consejero y enlace” de los líderes del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, e Israel ‘Mayo’ Zambada”, el padre de “Vicentillo” a quien también se conoce por “Mayito”.

“Muchos de los líderes de los carteles rivales y sus asociados fueron detenidos o muertos” como consecuencia de la información pasada a la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA), agregan.

“En esencia, el gobierno de Estados Unidos se involucró en una conspiración con uno de los mayores carteles de droga del mundo y sabía que la información que le pasaba Loya Castro procedía de El Chapo, Mayo y Vicente Zambada Niebla”, agrega la defensa.

La fiscalía niega la existencia de tal acuerdo, que según el documento de la defensa fue “aprobado por funcionarios del más alto nivel” del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y acusa a “Vicentillo” de haber importado toneladas de drogas a este país como coordinador logístico del Cartel de Sinaloa en Chicago.

Según los argumentos de la defensa, este tipo de acuerdo no sería nuevo y mencionan un artículo publicado en la revista Foreign Affairs por el exjefe de la DEA Robert Bonner, según el cual Estados Unidos utilizó la misma táctica en Colombia para capturar a Pablo Escobar.

“El gobierno no quiere admitir estos acuerdos porque podrían perjudicar su estrategia”, dicen los abogados, que reclaman al juez Rubén Castillo la posibilidad de realizar una audiencia con la participación de Loya Castro y los agentes involucrados en el caso.

El comienzo del juicio está programado para el 13 de febrero, con la participación de “Vicentillo” y otros involucrados en la misma causa identificados como Tomás Arévalo Rentería, Alfredo Guzmán Salazar, Alfredo Vázquez Hernández, Juan Guzmán Rocha, Germán Olivares, Manuel Fernández Navarro y Felipe LNU (que en inglés significa apellido desconocido).

También se incluye a los hermanos Pedro y Margarito Flores, traficantes de Chicago convertidos en principales testigos de cargo.

El juez Castillo convocó a todos los acusados para una audiencia pública mañana, donde se evaluará la marcha del proceso y el intercambio de pruebas entre la acusación y la defensa.

Está pendiente una decisión del magistrado sobre la presentación reservada que haría la fiscalía sobre pruebas o documentos secretos que maneja en la preparación del juicio, y a la que quieren acceder los abogados defensores.

El fiscal federal Patrick J. Fitzgerald, del Distrito Norte de Illinois, considera que la divulgación de material clasificado o secreto al público, o a la defensa del acusado, “puede amenazar la seguridad nacional”, según documentos de la corte.

“Vicentillo” fue detenido en Ciudad de México en marzo de 2009. En febrero de 2010 fue extraditado a EE.UU. y permanece en una cárcel de máxima seguridad de Chicago a la espera de juicio.


México arrestó a un presunto narcotraficante buscado por Estados Unidos y vinculado al capo de la droga más buscado en el país, Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuyo cártel ha sufrido recientes incautaciones y detenciones, dijeron el miércoles autoridades.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal arrestaron en el aeropuerto de la Ciudad de México a Luis “El Güero” Rodríguez, acusado de distribuir toneladas de cocaína en Estados Unidos.

Washington ofrecía hasta cinco millones de dólares por información que llevara a la captura de Rodríguez, quien junto con sus hermanos formó el grupo criminal “Los Güeros”, acusados de traficar droga entre 1996 y el 2008 al servicio del cártel de Sinaloa, que dirige Guzmán, dijo la SSP en un comunicado.

No obstante, según un informe en el sitio de internet del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rodríguez y sus hermanos rompieron con el cártel de Sinaloa alrededor del 2005 y después se aliaron al sanguinario cártel de Los Zetas.

Una corte federal en Nueva York libró en mayo del 2010 una orden de aprehensión contra Rodríguez, al que se le acusa de asociación delictuosa y lavado de dinero, dijo la SSP.

En los últimos meses, las autoridades han capturado varios hombres clave, realizado grandes incautaciones de drogas y detectado narcotúneles fronterizos del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de América.

El Ejército capturó la semana pasada al lugarteniente de Guzmán en el norteño estado de Durango.

Más de 45,000 personas han muerto desde que comenzaron los operativos antinarco en México en diciembre del 2006.


Ciudad de México.- Luego de defender los señalamientos del Presidente Felipe Calderón de la intromisión del crimen en el proceso electoral de Michoacán, el ex senador Diego Fernández de Cevallos calificó como inocente y engañoso decir que el narcotráfico respete el ámbito de política.

El ex candidato presidencial aseguró que es evidente el riesgo de que el narcotráfico se introduzca en un proceso electoral, pues éste, añadió, está en todas partes, por lo que no existe ninguna institución que no esté en riesgo de ser infiltrada.

“Creo que sería inocente y engañoso decir que el crimen va a respetar el ámbito de la política, más aún cuando todo lo que se sucede en la política, de alguna manera, afecta al crimen organizado.

“El crimen organizado está en todas partes, en todas las instituciones no hay ninguna institución en México que esté al margen de ese riesgo. El que diga lo contrario, estará en su derecho, pero creo que no hay ninguna institución, por sagrada que sea, que no tenga riesgos de que se infiltre, de manera perversa, los señores del crimen organizado”, indicó.

En entrevista, Fernández de Cevallos aseguró que en el caso de Michoacán, el Presidente mostró pruebas, pero el aspirante presidencial Enrique Peña Nieto está en su derecho de cuestionar los dichos del Mandatario federal.

Lavado de dinero

Ciudad de México.- Alejandra Sota, portavoz del Presidente Felipe Calderón, negó hoy que el Gobierno mexicano tuviera conocimiento de la operación de lavado de dinero de agentes de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) como parte de la lucha contra el narcotráfico.

“No, no sabía el Gobierno mexicano y es importante resaltar que hemos iniciado una investigación por parte de la Procuraduría General de la República para deslindar responsabilidades y en todo caso investigar si es que hubo este involucramiento’, dijo Sota al programa Al Punto, de la cadena Univisión.

The New York Times reportó el fin de semana pasado que la DEA ha estado lavando o contrabandeando millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Según el diario, en algunos casos, agentes de la DEA llegan a contrabandear de dos a tres cargamentos de dinero a la semana y otros agentes mexicanos acompañados por estadounidenses se hacen pasar por contrabandistas y recogen el dinero en México.

Al ser cuestionada sobre la supuesta participación de agentes mexicanos, Alejandra Sota reiteró que se tiene que investigar.

La portavoz presidencial agregó que informarán los resultados de manera puntual y transparente.

Informó que a través de la inteligencia civil mexicana se tuvo conocimiento del intento del hijo de Gadafi de ingresar a México.

Agregó que gracias a la inteligencia mexicana pudo evitarse el ingreso de Saadi Gaddafi al País, perseguido por los crímenes que se le adjudican en la Corte Penal Internacional (CPI).

Sota negó que hayan participado agentes de otros países, y reiteró que fue una operación exitosa de la inteligencia civil mexicana.

Precisó que sólo hubo cooperación con el Gobierno canadiense para intercambiar información.

Sobre la demanda ante la CPI sobre presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y las fuerzas de seguridad, Sota negó que existan en México violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

“La respuesta que hemos dado con contundencia es que es una acusación que no es válida”, recalcó.

Mencionó que la demanda a nivel internacional no procede y serán los miembros de la Corte quienes decidan.

“Se acusa al Presidente de algo que es su obligación constitucional, que es la protección de los ciudadanos”, enfatizó.

Sobre el tema de la próxima elección presidencial en México, la portavoz indicó que una de las preocupaciones principales del Presidente Felipe Calderón es que los comicios se realicen en paz.

Dijo que desde la Presidencia la obligación es que se realice un proceso y transición ordenados y con apego a la ley.

“Para él es muy importante que la democracia continúe en México”, aseveró la portavoz.
la ley.

Vicente Zambada está en la cárcel en Chicago

Hay una Ley Gringa que permite al estado terminar juicios si se pone en riesgo “Secretos de Estado”, si EUA sigue con la negativa y el juez sigue insistiendo, es posible que salga libre el Vicentillo con toda Impunidad.

El cártel de Sinaloa fue el principal destinatario de las armas de la operación estadunidense Rápido y furioso. Eso lo supieron desde el principio el Departamento de Justicia y varias agencias de inteligencia de Estados Unidos. Pese a ello, continuaron con el operativo y lo ocultaron al gobierno de México. Tal es la conclusión de un informe realizado por los congresistas estadunidenses Darrell E. Issa y Charles E. Grassley. Con base en éste y en otras fuentes y documentos, los periodistas independientes Andrew Kennis y Jason McGahan describen, en un texto para Proceso, aspectos del operativo que terminó por beneficiar al cártel del Chapo Guzmán.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 5 de noviembre de 2010 agentes de la Policía Federal (PF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron el cadáver de Mario Ángel González Rodríguez –hermano de Patricia González, que recién había terminado su gestión como procuradora de Justicia de Chihuahua– en una fosa poco profunda, en la colonia Granjas del Valle de la capital del estado.

Fue “levantado” el 21 de octubre; días después circuló en internet un video en el que aparecía esposado y a merced de cinco hombres armados que vestían uniformes de camuflaje, máscaras y chalecos antibalas. En el video, Mario González dijo que su hermana había ordenado asesinatos a petición del cártel de Juárez.

La procuradora rechazó el señalamiento. Afirmó que los plagiarios habían obligado a su hermano a declarar eso. Sostuvo que el secuestro era una represalia por la persecución que ella había encabezado contra miembros del cártel de Sinaloa y que se había realizado debido a la corrupción de agentes policiacos.

Horas antes de que las autoridades descubrieran el cadáver, agentes de la PF irrumpieron en una casa de seguridad y arrestaron a ocho presuntos miembros de la banda que había secuestrado y asesinado a Mario González. Les decomisaron 16 armas de grueso calibre.

Ese mismo 5 de noviembre, Tonya English, agente de la Oficina de Información Estratégica e Inteligencia (OSSII, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), envió un correo electrónico a David Voth, supervisor del Grupo VII de la ATF en Phoenix, Arizona, para informarle que su oficina había rastreado esas armas decomisadas a los presuntos asesinos de Mario González y que dos de ellas, un par de rifles AK-47, habían llegado a México como parte de la operación Rápido y furioso.

La noticia pronto se regó dentro de la ATF. “Empleados de la OSII contactaron a sus colegas en Phoenix para alertarlos de esta conexión. Agentes de la OSII también se lo dijeron al personal de la oficina de la ATF en México”.

Carlos Canino, agregado alterno de la oficina de la ATF en México, se preocupó. Temía que la prensa mexicana descubriera la conexión entre el asesinato de Mario González y Rápido y furioso. Pidió a sus superiores que informaran de dicha conexión a las autoridades mexicanas o que lo autorizaran a hacerlo él mismo.

Consideraba que si los funcionarios nacionales se enteraban de ese dato por la prensa, y no por las autoridades estadunidenses, les retirarían su confianza a los agentes de la ATF, lo que les impediría trabajar con ellos. En ese caso, razonó, “nosotros sólo podríamos hacer las maletas e ir a casa”. Además, se afectarían aún más las relaciones entre México y Estados Unidos, de por sí tensas a causa de lo que se había sabido de la operación Rápido y furioso.

Pero los directivos de la ATF no respondían a las peticiones de Canino. Le daban largas. Ocho meses después, en junio pasado, el agregado alterno obtuvo “un tipo de aprobación” de su superior inmediato, Daniel Kumor, jefe de Asuntos Internacionales de la ATF, y Canino se comunicó directamente con Marisela Morales, procuradora general de la República. Cuando le soltó la noticia, dice, “ella quedó en shock” y luego exclamó: “¡Híjole!”.

“Todo bajo control”

Esa información aparece en el informe Operación Rápido y furioso del Departamento de Justicia: alimentando la violencia de los cárteles, elaborado por los congresistas Darrell E. Issa, jefe del Comité de Vigilancia y Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes, y Charles E. Grassley, miembro del Comité de Justicia del Senado.

Ellos encabezan la investigación del Congreso sobre Rápido y furioso, por lo que llamaron a comparecer a agentes y funcionarios de la ATF, lo mismo que del Departamento de Justicia. Además, tuvieron acceso a documentos relativos a la operación elaborados por las dos dependencias y por otras, como la DEA y el FBI.

El informe de 60 páginas, fechado el pasado 26 de julio, describe cómo los funcionarios de la ATF en Estados Unidos ocultaron los detalles del operativo Rápido y furioso a las autoridades mexicanas y a los agentes de la ATF destacados en México, aunque éstos empezaron a notificar desde finales de 2009 un “incremento anormal” en el decomiso de armas relacionadas con “una investigación” que se llevaba a cabo en la división de la ATF en Phoenix, Arizona.

Darrell Gil, quien era el jefe de la ATF en México, dijo a los investigadores del Congreso que a finales de 2009 comunicó sus preocupaciones a los funcionarios de la ATF en Phoenix y, como no le hacían caso, lo hizo en enero de 2010 con sus superiores en Washington. En ambos casos recibió respuestas similares: “Existe una investigación en curso”, “estamos trabajando en eso” y “todo está bajo control”.

Gil contó que la división de la ATF en Phoenix bloqueó a sus agentes en México el acceso a la base de datos del sistema de rastreo de armas conocido como e-Trace. Tanto Gil como Canino comentaron que los funcionarios de la ATF en Phoenix y Washington les ocultaban información del operativo porque temían que los agentes en México pudieran compartirla con funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y éstos, a su vez –debido a la corrupción imperante en el país–, la filtraran a los cárteles de la droga, con lo cual fracasaría la investigación.

Más aún, Gil relató que cuando el director de la ATF, Kenneth Melson, y el subprocurador de Justicia de Estados Unidos, Lanny Breuer, realizaron visitas por separado a México en 2010, ambos intentaron calmar las preocupaciones de los agentes destacados en el Distrito Federal. Según Gil, Melson les comentó: “Es una investigación en curso que está proveyendo de alguna buena información de inteligencia (…) Lo vamos a checar cuando regresemos (a Washington), pero yo creo que está dando algunos buenos resultados”.

Destino: el cártel de Sinaloa

Con base en documentos del Departamento de Justicia, el informe de los congresistas señala que hasta julio pasado se habían recuperado 122 armas conectadas con la operación Rápido y furioso en 48 decomisos realizados por las autoridades mexicanas.

Sin embargo, los autores advierten: “existen indicios de que ese número podría ser mayor”. Citan como ejemplo el correo electrónico que Bill Newell, agente “en cargo” de la ATF, envió a su jefe, el subdirector adjunto William McMahon, según el cual hasta el 16 de diciembre de 2010 se habían recuperado 241 armas relacionadas con Rápido y furioso en México y 350 en Estados Unidos.

El informe de los congresistas estadunidenses y otras fuentes consultadas por los reporteros revelan que la mayoría de las armas de Rápido y furioso aparecidas en diversas “escenas del crimen” en México estaba destinada al cártel de Sinaloa.

Por ejemplo, en el informe de los congresistas aparecen extractos de la comparecencia de Steve Martin, director adjunto de la OSII, quien sostuvo que hasta el 27 de febrero de 2010 habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa un total de mil 26 armas de Rápido y furioso, con un valor total de 650 mil dólares, y que de ello eran conscientes los funcionarios de la ATF.

En su comparecencia Martin se refiere a una “sesión informativa” sobre Rápido y furioso que se llevó a cabo el 5 de marzo de 2010 y en la que participaron importantes funcionarios de la ATF:

Pregunta: Después de esa sesión informativa no hay duda que las armas en este caso estaban siendo vinculadas al cártel de Sinaloa, con base en…

Respuesta: Con base en la información presentada. Y podría decir que sí.

Pregunta: Y eso era, presumiblemente, muy claro para todos en el salón (donde se llevó la sesión informativa).

Respuesta: Con base en eso, se dice que la gente (que compra las armas) está conectada con el cártel de Sinaloa, y yo podría decir que es cierto.

El citado informe señala que “el primer gran decomiso de armas ligadas a Rápido y furioso ocurrió el 20 de noviembre de 2009 en Naco, Sonora”. Se trató de 41 rifles AK-47 y un rifle Beowulf calibre.05. Verónica Álvarez Toscano, una mujer de 21 años residente en DeLand, Florida, las transportaba en un vehículo. Las había comprado 24 horas antes en una tienda de armas en Arizona. Lorren Leadman, especialista de la OSII, dijo el 5 de julio a los investigadores del Congreso que Álvarez Toscano admitió ante la policía mexicana que todas las armas estaban destinadas al cártel de Sinaloa.

Tres semanas después, el 9 de diciembre de 2009, efectivos del Ejército Mexicano incautaron en una casa de seguridad de Mexicali, Baja California, un arsenal similar: 41 rifles AK-47, un rifle AR-15, una pistola FN 5.7 y 392 cartuchos de diversos calibres, así como 421 kilogramos de cocaína, 60 kilogramos de metanfetaminas, 2 millones de dólares y 1 millón de pesos en efectivo. Los militares detuvieron a 12 personas, varias de ellas sospechosas de pertenecer al cártel de Sinaloa. “El rastro de las armas recuperadas llevó a testaferros que estaban siendo monitoreados por la operación Rápido y furioso”, señala el informe del Congreso.

Y añade: “Con una segunda gran incautación de armas en menos de tres semanas, los agentes de la ATF que monitoreaban la operación Rápido y furioso tenían pocas dudas de lo que estaba pasando”. Y cita lo que uno de éstos, José Wall, escribió en un correo electrónico a su colega de la agencia, Hope MacAllister: “(el liderazgo del cártel de Sinaloa) se está armando para una guerra”.

El 13 de enero de 2010 la policía de El Paso, Texas, incautó 40 armas largas, cargadores y chalecos antibalas que se encontraban en un auto Volkswagen Jetta abandonado en un estacionamiento de la ciudad. La ATF rastreó los números de serie de las armas. Eran de Rápido y furioso y estaban destinadas a un importante jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez. El informe señala: “Este decomiso pudo representar un cambio en el movimiento de las armas de Rápido y furioso destinadas a la batalla del cártel de Sinaloa por el control del corredor de tráfico de drogas de Ciudad Juárez”.

Hubo otro decomiso importante de armas relacionadas con Rápido y furioso que no aparece en el informe de los congresistas pero que el diario Los Ángeles Times dio a conocer el pasado 8 de octubre con base en los registros de una Corte federal y de documentos de la ATF.

Según esa versión, en abril pasado agentes de la PF tomaron por asalto una casa ubicada en la parte norte de Ciudad Juárez. Los agentes recibieron el chivatazo de que ahí vivían pistoleros. El inmueble, se supo después, pertenecía a José Antonio Torres Marrufo, alias El Marrufo o El Jaguar, jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez

En el gimnasio que estaba en el sótano de la casa, detrás de un muro cubierto por espejos de cuerpo entero los agentes encontraron un cuarto en el que había una ametralladora antiaérea calibre 30, un lanzagranadas, dos docenas de AK-47, rifles Barrett calibre .50 (conocidos como “matapolicías”), 26 mil 708 cartuchos, 247 cargadores, lo mismo que 53 uniformes de la Policía Militar, máquinas registradoras y máscaras antigás. “Hemos confiscado el alijo de armas más importante en la historia de Ciudad Juárez”, se jactó ante la prensa el gobernador de Chihuahua, César Duarte.

Agentes de la ATF rastrearon el origen de las armas. También eran de Rápido y furioso. Un “comprador civil” las adquirió en Phoenix y, con la anuencia de la ATF, las envió a El Paso, Texas, donde miembros del cártel de Sinaloa las “cruzaron” por la frontera.

En su comparecencia ante los congresistas, el funcionario de la ATF Carlos Canino expresó su preocupación sobre los efectos de Rápido y furioso: “Se alega que más de 2 mil armas fueron traficadas en esta operación. Para ponerlo en contexto: el 75 regimiento de la armada de Estados Unidos tiene aproximadamente 2 mil 500 efectivos. Eso significa que, como resultado de esta operación (Rápido y furioso), el cártel de Sinaloa ha recib

20 de abril de 2014 • 11:09 • actualizado a las 11:10

ABEL BARAJAS
Ciudad de México

En su afán por infiltrar y capturar a miembros de su organización criminal, el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) traficó cocaína del capo Ismael “El Mayo” Zambada, desde Phoenix, Arizona, hasta la ciudad de Nueva York.

El ICE se infiltró desde el 2006 en el círculo cercano de “El Mayo” y permitió que sus “topos” llevaran a cabo entregas controladas de kilogramos de cocaína para la célula que encabezaba su hombre de confianza José Lamberto Verdugo Calderón “El Verdugo”.

Una entrega controlada de 129 kilos de cocaína en la ciudad de los rascacielos proporcionó a los estadounidenses información de números telefónicos y cómplices, que resultó útil para que el Ejército ubicara y abatiera a Verdugo en Culiacán, Sinaloa, el 22 de enero de 2009.

La cuenta regresiva para el operador de “El Mayo” comenzó el 2 de Diciembre de 2006, cuando agentes especiales del ICE reclutaron en San Diego, California, a un informante muy valioso para sus pesquisas, señala un oficio del 1 de diciembre del 2008, suscrito por Louis R. García, entonces Agregado de esa agencia en México.

El documento, entregado a la PGR y después integrado a un expediente judicial, dice que el colaborador del ICE era un sujeto a quien la organización de Zambada había delegado la responsabilidad de transportar la cocaína de Arizona a la costa Este.

Tres meses antes de hablar con los estadounidenses, el “topo” había estado en Sinaloa, para reunirse con Verdugo. Conoció uno de sus ranchos, cerca de Culiacán, donde había un almacén con refrigeración que conservaba varias toneladas de cocaína empaquetada en ladrillos.

Desde su primer encuentro, el confidente señaló a los oficiales que Verdugo era el hombre que operaba para “El Mayo” las entregas de drogas y la recepción del dinero. Era un tipo de extracción rural y de bajo perfil que traficaba cocaína desde hacía más de una década.

Verdugo no era un desconocido para los estadounidenses, porque tenían registros de miembros de su grupo delictivo desde la década de los 90 y su hermano Rodrigo había sido detenido en Arizona por narcotráfico, en noviembre de 2003.

En un oficio con número MLVU: 0607: MX02BR07SY0003: tg, el ICE refiere que en diciembre de 2006 dio luz verde para iniciar una entrega controlada de 129 kilos de cocaína propiedad de Verdugo. El cargamento había entrado por Nogales, estaba en Phoenix y debían llevarlo a Nueva York.

“Agentes de la Oficina de ICE en San Isidro acompañaron al informante a Phoenix, Arizona, para iniciar la operación. El informante recibió instrucciones de recoger la cocaína en Phoenix, el 10 de Diciembre de 2006”, indica el reporte.

El teléfono del infiltrado era escuchado por el ICE. Ese día a las 10:00 horas habló con un sujeto apodado “El Güero”, quien lo citó al medio día en una tienda de juguetes “Toys R US” ubicada en la Dunlap Avenue de Phoenix.

A las 13:10 horas, agentes encubiertos fotografiaron al salir de la tienda a su informante con otras 7 personas -5 hombres y dos mujeres-, quienes se acercaron a un carro Prelude Honda rojo con placas de Arizona 756 TJW, registrado a nombre de Ossiel Sámano Loaiza.

El infiltrado se subió al carro, cuya cajuela iba cargada de cocaína, y 5 minutos después se marchó del estacionamiento; sus cómplices se quedaron junto a un vehículo Intrepid Dodge.

Los agentes del ICE mantuvieron un seguimiento encubierto del Honda, para cerciorarse que no hubiese contra vigilancia. Su informante condujo hasta el Centro Comercial Desert Ridge, en el Tatum Boulevard, en Phoenix.

Allí lo esperaban otros agentes, quienes sacaron del carro 129 kilos de cocaína y los llevaron hasta las oficinas del ICE, donde pesaron, fotografiaron y practicaron dictámenes químicos a la droga.

“Entre el 13 y 17 de Diciembre de 2006, Agentes de ICE de la Oficina de San Isidro, California, acompañaron al informante a Nueva York… El 15 de Diciembre hicieron una entrega controlada en Nueva York de 129 kilogramos de cocaína, procedentes de la organización de Verdugo Calderón”, señala el informe.

A raíz de esta entrega, se obtuvo información que llevó a la captura de José Oscar del Castillo Gallardo, el 20 de enero de 2007, cuando esquiaba en Big Bear Lake, California.

Del Castillo, quien tenía en su celular registros de llamadas recientes con “El Verdugo”, es compadre de Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, hijo de “El Mayo”, y también es yerno de Víctor Emilio Cazares Gastelum, hombre cercano a Joaquín “El Chapo” Guzmán”.

Su captura llevó a un aseguramiento de 38 mil dólares en Michigan, el 6 de febrero siguiente, y luego a la incautación de 2 millones 11 mil 956 dólares en Chicago, Illinois, el 2 de Abril de 2007. El cerco sobre Verdugo se iba cerrando desde Estados Unidos.

El 10 de septiembre de 2008 el Ejército Mexicano aseguró 26 millones 202 mil 176 dólares en una de sus casas de seguridad en Culiacán. El golpe fue el preludio final para “El Verdugo”, quien fue localizado y abatido por los militares el 22 de enero de 2009.


Jueves, 10 de abril de 2014 a las 15:45

(CNNMéxico) — El Vicentillo había insistido en declararse inocente… pero cambió de postura para reducir la condena que pudieran imponerle.

Vicente Zambada Niebla, vinculado con el cártel de Sinaloa, se declaró culpable hace un año en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y está “cooperando” con las autoridades de ese país, informaron este jueves funcionarios federales estadounidenses.

Entre otros puntos, admitió que en el lapso de 2005 a 2008 era un integrante de alto rango del cártel de Sinaloa, y que encabezó muchas operaciones de tráfico de drogas, por su cuenta y en cooperación con su padre, Ismael el Mayo Zambada.

El acuerdo con el que se declaró culpable, establecido el tres de abril de 2013, se detalló de forma pública en la Corte de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, de acuerdo con un comunicado de esa instancia de justicia.

“Bajo el acuerdo de culpabilidad, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua, una sentencia mínima obligatoria de 10 años, y una multa máxima de 4 millones de dólares”, agregó el mensaje oficial.

Pero “si el gobierno (de EU) determina en el momento de la sentencia que Zambada Niebla ha seguido prestando una cooperación plena y veraz, como lo exige el acuerdo de culpabilidad”, se reducirá la sentencia aconsejada, de cadena perpetua.

Al menos seis de ochos líderes del narcotráfico extraditados a territorio estadounidense desde 2007 establecieron acuerdos con fiscales de ese país, para declararse culpables y reducir sus condenas.

En esa lista están Eduardo Arellano Félix, el Doctor; Benjamín Arellano Félix, Osiel Cárdenas Guillén, Héctor el Güero Palma, Miguel Caro Quintero y Mario Villanueva.

El Vicentillo era el único de los capos extraditados que se había declarado inocente.

Zambada Niebla permanece bajo custodia de Estados Unidos —a donde fue extraditado desde febrero de 2010—, y hasta el momento se no ha fijado una fecha para darle una sentencia a su caso.

En otro punto del acuerdo, Zambada Niebla se comprometió a no impugnar una sentencia con la que se estableció un decomiso de 1,300 millones de dólares.

En específico, Zambada Niebla se declaró culpable de un cargo de conspiración para poseer e intentar distribuir en territorio estadounidense múltiples kilogramos de cocaína y heroína, entre 2005 y 2008.

“La declaración de culpabilidad significa que no habrá juicio para Zambada-Niebla, cuyo caso fue separado del de sus coacusados”, entre los que están su padre, Ismael Zambada (prófugo), y Joaquín el Chapo Guzmán (detenido en México), ambos presuntos líderes del cártel de Sinaloa, de acuerdo con el comunicado de la Corte de Distrito para el Distrito Norte de Illinois.

El Vicentillo fue detenido en 2009, en la capital mexicana.

Al ser extraditado a Estados Unidos, en ese país lo acusaron junto a el Mayo y el Chapo Guzmán de obtener armas, y planear usar la fuerza para defender al cártel de Sinaloa, además de conspirar para importar drogas a territorio estadounidense.

En abril de 2012 un juez federal estadounidense se negó a retirar los cargos en contra de Zambada Niebla, quien alegaba que tenía inmunidad porque trabajaba como informante de la DEA.

Las confesiones de Zambada

“Zambada Niebla confesó que entre mayo de 2005 y diciembre de 2008 él era un miembro de alto nivel del cártel de Sinaloa, y que fue responsable de muchos aspectos de sus operaciones de tráfico de drogas, ‘tanto de forma independiente y como un hombre de confianza de su padre’, para quien actuó como coordinador sustituto y logístico”, según el acuerdo de culpabilidad.

También admitió que era consciente de que su padre, el Mayo Zambada, era uno de los líderes del cártel de Sinaloa desde 1970, y que su principal medio de vida derivó de su venta de drogas en Estados Unidos.

Además dijo que el cártel de Sinaloa utilizó vuelos privados, submarinos y otros vehículos sumergibles, buques de pesca, vagones de ferrocarril, además automóviles para realizar el traslado de drogas, desde Centro y Sudamérica, para pasar por el interior de México, hasta llegar a Estados Unidos.

“Zambada Niebla también admitió que era consciente de que el cartel usó la violencia e hizo amenazas creíbles de violencia contra cárteles rivales y autoridades en México para facilitar su negocio”, agregó el documento que se dio a conocer este jueves.


26 de febrero de 2014

MÉXICO, D.F. (apro).- La convocatoria anónima surtió efecto: cientos de personas salieron a marchar a las calles de Culiacán y Guamúchil, en Sinaloa, para exigir a las autoridades federales la liberación de su “héroe”, Joaquín El Chapo Guzmán.

Ataviados con playeras y gorras blancas, y acompañados de música de banda, los manifestantes –mujeres, hombres, jóvenes y niños– alzaron pancartas con las leyendas: “Queremos libre al Chapo”, “No queremos otra guerra, liberen al Chapo” y “Chapo, hazme un hijo”.

También circularon volantes que pedían “un juicio justo” para Guzmán Loera. “Exigimos la no extradición porque todo mexicano tiene derecho a ser juzgado en su país”, decía otra manta. Una más: “Familia, amigos y pueblo exigen hagan valer los derechos humanos del señor Joaquín Guzmán”.


Dámaso López, posible sucesor de Joaquín “El Chapo” Guzmán

22 de febrero de 2014•18:28 • actualizado a las 18:36

Ciudad de México.- La detención del narcotraficante más buscado en el mundo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, es un acierto para el gobierno mexicano, pero esta captura podría incrementar la violencia en el país, advirtió la firma de inteligencia Stratfor.

Señaló que quienes se quedan al mando del Cártel de Sinaloa, tras ser capturado su máximo líder, buscarán a toda costa mantener el poder de esta organización criminal.

Según el informe, se “podría desatar una ola de violencia en todo el noroeste de México, si los cambios internos evolucionan en conflicto intracártel”.

El Cártel de Sinaloa, refirió Stratfor, ha enfrentado a una serie de arrestos desde diciembre pasado y a diversos desafíos en sus áreas de operaciones por las redes criminales regionales y transnacionales.

Stratfor agrega que “el ritmo y el éxito de las operaciones dirigidas a los principales líderes de la Federación de Sinaloa obstaculizarán seriamente la capacidad del cártel para defender sus operaciones en el noroeste de México, que posiblemente lleve a la violencia sustancial en varias áreas a medida que organizaciones criminales rivales buscan explotar nuevas vulnerabilidades del cártel”.


Ciudad de México.- Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, líder del llamado Cártel de Sinaloa es “sustituible” y ya no es “intocable”, indica un análisis de la agencia de inteligencia estadunidense Stratfor.

Según el documento, el territorio liderado por el también prófugo de la justicia desde 2011, está en riesgo ante ataques de grupos rivales que se disputan las plazas del narcotráfico.

En el texto titulado “La mitificación de ‘El Chapo’”, Stratfor explica que las organizaciones criminales Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Mazatlecos mantienen una estrategia bélica en los bastiones del “Chapo” Guzmán, es decir, Jalisco y Sinaloa.

Según la agencia de inteligencia, la presunta protección del Gobierno hacia el capo de la droga es sólo un “mito popular” y advierte que paulatinamente se incrementan los frentes en contra de su presencia criminal.

Expuso que en los primeros meses de este año, el CJNG rompió relaciones de manera definitiva con “el Chapo” tras el asesinato de uno de sus aliados, José Manuel Garibay Félix, alias “El Gordo”, y ahora pretende hacerse cargo de la producción de drogas químicas y su trasiego en el estado de Jalisco.

Asimismo, “los remanentes de lo que alguna vez fue la organización de los Beltrán Leyva conforman al grupo denominado Los Mazatlecos, que representan una potente amenaza para la organización de ‘El Chapo’ a lo largo de Sinaloa”, refiere Stratfor.

En los últimos seis años “el Chapo” perdió la alianza con Los Beltrán Leyva y han sido detenidos ocho mandos medios o altos del Cártel de Sinaloa, así como de personas cercanas a Guzmán Loera, y está latente la amenaza de grupos como Los Caballeros Templarios y Los Zetas.

Sin embargo, la eventual captura o eliminación del “Chapo” no representaría el fin de la organización delictiva que lidera, pues en este cártel existe un triunvirato conformado por Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José Esparragoza, “El Azul”, quienes en caso de esta ausencia, seguirían con sus negocios ilícitos.


Ciudad de México.- Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, presunta hija del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable ante Cathy Ann Bencivengo, jueza de Distrito de Estados Unidos.
La supuesta hija del líder del Cártel de Sinaloa fue capturada el 12 de octubre en San Diego, California, acusada de fraude, así como uso ilegal de visas, permisos y diversos documentos.

Cathy Ann Bencivengo también ordenó su liberación, pues consideró que Guzmán cumplió su sentencia, después de más de dos meses de reclusión.
El 25 de octubre se había declarado inocente, pero el lunes recibió seis cargos de inmigración ante la Corte Federal de San Diego.
La mujer, de 31 años de edad, admitió haber intentado cruzar la frontera por la garita de San Ysidro identificada con una visa legal, pero de otra persona.
Guzmán Salazar tenía siete meses de embarazo cuando fue detenida por ingresar a Estados Unidos con una visa ajena para dar a luz a su hijo en el país norteamericano.
En la audiencia a la que no se convocó a los medios de comunicación, se ordenó la deportación inmediata de Guzmán Salazar, confirmaron fuentes judiciales.
La acusada tenía programada una audiencia para el 20 de diciembre de 2012; no obstante, su defensa llegó a una negociación con las autoridades norteamericanas.
Alejandrina Giselle, hoy con nueve meses de embarazo, aún está bajo la custodia de autoridades migratorias y se desconoce cuándo será deportada.
El Departamento de Justicia descartó otros cargos relacionados con el supuesto parentesco con el narcotraficante más buscado en México.
La Oficina del Fiscal en San Diego no ha confirmado que sea hija de Guzmán Loera, y no hay ninguna mención de este supuesto parentesco en su declaración.


MÉXICO, D.F. (apro).- Una Corte federal de San Diego, California, pospuso para el próximo 20 de diciembre la comparecencia de Alejandrina Guzmán, presunta hija de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, ante la juez Cathy Ann Bencivengo.

Alejandrina enfrenta seis cargos federales relacionados con las leyes de migración de Estados Unidos –fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos–, tras su detención, el pasado 15 de octubre en el puerto internacional de San Ysidro, al sur de San Diego.

La Corte estadunidense evitó detallar su decisión de cambiar la fecha de la audiencia.

No obstante, Guadalupe Valencia, abogado de Alejandrina Guzmán, destacó que la presentación ante la Corte fue pospuesta de común acuerdo entre las partes, con el fin de recopilar más información del caso.

La supuesta hija del líder del cártel de Sinaloa fue detenida a mediados de octubre pasado en la garita de San Ysidro, California, cuando intentaba ingresar a Estados Unidos con documentación falsa.

En ese entonces, las autoridades federales informaron que la mujer tenía más de siete meses de embarazo.


¡152 disparos y no hay móvil!

Rubén Torres
19 Noviembre, 2012 – 17:03

Es mezquino aquél que pregunta, obtiene el cómo y qué ocurrió en la carretera México-Cuernavaca el pasado 26 de agosto, pero no el por qué, después que 13 policías federales rociaron con 152 disparos de metralla una camioneta blindada placas BCM-242 diplomáticas bien visibles, donde iban dos “espías’’ gringos en compañía de un capitán de SEMAR y no dicen el móvil.

Es lo único que las huestes de Genaro García Luna, flamante secretario de Seguridad Pública Federal (SSPF), tenaz productor de shows y escándalos mediáticos político-policiacos y la primera abogada de la nación, Marisela Morales Ibáñez, con las versiones de la subprocuradora Victoria Pacheco Jiménez y la Comisionada de la Policía Federal, Maribel Cervantes Guerrero, pero no precisan, porque tampoco lo saben.


Según un estudio de Viridiana Río, investigadora de la Universidad de Harvard, en los últimos ocho años, la presencia de organizaciones del narcotráfico creció más de 13 veces en los municipios mexicanos

Ciudad de México.- En los últimos 8 años, la presencia de cárteles en los municipios del País creció más de 13 veces, señala un estudio de la investigadora Viridiana Ríos.

Ríos, candidata a doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard, y su socio Michele Coscia crearon un algoritmo llamado MOGO (Making Order Using Google As an Oracle), que permite recopilar información de Google News, filtrarla y organizarla para monitorear el movimiento y acción de los cárteles de la droga en México.

“A la gente le sorprenden los resultados del estudio: sólo en el 30 por ciento de los municipios del País hay operación de los grupos del narcotráfico, pero hay que decir que en 2004 el porcentaje de municipios era muchísimo menor. De hecho, sólo operaban en 50 municipios, cuando ahora están en 713”, dijo Ríos en entrevista telefónica.

La investigación se concentra en un documento que titularon: “¿Cómo y Dónde Operan los Criminales? Usando Google para Rastrear a las Organizaciones de Tráfico de Droga en México”.

En su trabajo, los investigadores generaron mapeo sobre estrategias comerciales, áreas de operación y tendencias de crecimiento del crimen organizado.

“Le dimos a nuestro algoritmo los nombres de las organizaciones criminales que buscamos y miembros de estas organizaciones, y MOGO busca en qué momento, en qué año y en qué lugar se menciona a esas organizaciones”, añadió Ríos.

Entre las conclusiones a las que llegaron está que los cárteles de la droga imitan a las empresas, pues plantean crecimiento, intervención y control del mercado dependiendo de sus intereses financieros.


San Diego, California.- Funcionarios de Estados Unidos dijeron que la hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los capos del narcotráfico más buscados del mundo, fue arrestada en San Diego después de ser detenida en la frontera bajo sospecha de intentar ingresar a Estados Unidos con el pasaporte de otra persona.

Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar fue detenida el viernes en el puerto internacional de San Ysidro, al sur de San Diego, y fue acusada de fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos.

Guzmán Salazar le dijo a las autoridades estadounidenses que su padre es Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, en México, dijeron el lunes dos funcionarios de Estados Unidos.

Los funcionarios hablaron bajo condición de guardar el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente del arresto.


México.- Todo parece indicar que la premura para presentar a un joven como hijo de “El Chapo” Guzmán tenía tintes políticos, en pleno cierre de campañas.

Y es que de acuerdo con Juan Heriberto Rangel Méndez, defensor de los dos jóvenes detenidos por marinos en Zapopan, Jalisco, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ofreció a los hermanos Félix y Kevin Beltrán, que aceptaran ser familiares del líder del cártel de Sinaloa, luego los dejarían libres después de las elecciones.

En entrevista con el diario La Jornada, el abogado de los jóvenes dijo que el ofrecimiento se hizo dentro de las propias instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).

“Se dio poco antes de que ambos rindieran su declaración ministerial durante la noche del jueves. Hasta ellos llegaron los agentes de la DEA cuando todavía no estábamos nosotros para defenderlos”, relató al diario.

“Primero le dicen a Félix que acepte que es el hijo de ‘El Chapo’ y que se podría aclarar su situación después de las elecciones. Querían que firmara las declaraciones que le presentaron los de la Siedo. Entonces él les respondió que no iba a firmar nada, y no lo hizo, afortunadamente”, prosiguió.

“Le insistieron: ‘tú acepta, ahorita firmas tu declaración y luego se hace la aclaración que no eras’; después, cuando se convencieron de que no aceptaría, le dijeron: ‘queremos que inculpes a las personas que nosotros te digamos y sales ahorita’”, pero tampoco quiso.

“Obviamente ya no sacaron nada de él, y Félix refiere que llegó un agente de la DEA, un pelón, que le dijo ‘a ver voltéate’, y Félix lo hizo. Le pidió también que se quitara la camisa y luego el agente agregó: ‘no éste no es, el gordo tiene una cicatriz’”, detalló.

Rangel Méndez señaló que supieron que eran agentes de la DEA porque los jóvenes “dicen que los dos agentes eran güeros, altos y hablaban en inglés. Félix dice que le decían las palabras en español mal pronunciado y que cuando él les decía que no, entonces entre ellos hablaban en inglés”.

Indicó que fue la madrugada del sábado, cuando se pudo reunir con ellos, que le contaron lo sucedido con los agentes.

“Vi que no están golpeados ni maltratados, y allí me dijeron que entraron los agentes de la DEA y les propusieron eso”, apuntó el abogado.

La Siedo informó que mantendrá bajo arraigo durante los siguientes 40 días a los hermanos Kevin y Félix Beltrán, pese a que ya descartó que en el caso del primero de ellos se trate del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Con información de La Jornada


La detención, la semana pasada, de una red de operadores de Los Zetas en Estados Unidos, entre ellos Francisco Antonio Colorado Cessa, puso al descubierto los tentáculos del cártel en Veracruz, donde se asentó durante la gestión de Fidel Herrera Beltrán y corrompió a políticos de todo signo. Las primeras indagatorias implican no sólo al exmandatario priista por su cercanía con Pancho Colorado, sino también al PAN y aun al PRD. De acuerdo con declaraciones de funcionarios federales a Proceso, Los Zetas tienen entre 2 mil y 3 mil miembros en ese estado.

La desarticulación de una red de lavado de dinero del cártel de Los Zetas en Estados Unidos vino a constatar que la delgada línea entre política y narcotráfico en Veracruz alcanza lo mismo al PRI que al PAN.

Las investigaciones de la justicia estadunidense contra el número dos de esa organización delictiva y jefe del grupo en el estado, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, afectaron en un primer momento al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, pero pronto alcanzaron al PAN y a su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota.

La justicia estadunidense tiene encausadas en diferentes cortes federales a 35 personas que han sido investigadas desde que Herrera Beltrán era gobernador por la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el Federal Bureau of Investigation (FBI) por su participación en el tráfico de drogas y lavado de dinero entre Veracruz, Tamaulipas y Estados Unidos.

La detención el martes 13, en Oklahoma, del hermano del Z40, José Treviño Morales, colocó de nueva cuenta al exgobernador en el centro de atención. Ese día, la justicia estadunidense hizo pública la acusación contra 15 personas como presuntas responsables de lavar dinero para Los Zetas mediante empresas dedicadas a la crianza de caballos pura sangre y las apuestas en carreras de caballos.

Entre los inculpados, como intermediario en la compra de caballos, está el contratista de Pemex de la zona de Tuxpan, Francisco Antonio Colorado Cessa, quien ha sido beneficiario tanto por el PRI como por las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1859, ya en circulación)


Abel Barajas

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró el rancho “Flor de María” en Tuxpan, Veracruz, propiedad de Francisco Colorado Cessa, quien el jueves se entregó en una Corte Federal de Estados Unidos para enfrentar cargos por presunto lavado de dinero de Los Zetas.

Colorado, dueño de la empresa ADT Petroservicios, es una de las 15 personas acusadas de lavar dinero del cártel por medio de la compra de caballos pura sangre para carreras parejeras.

Según información oficial, en la indagatoria iniciada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), peritos de la PGR valuaron en 34 millones 777 mil pesos esta propiedad que lleva el nombre de la esposa del empresario veracruzano.

La dependencia informó que el rancho de Pancho Colorado, como se le conoce, era utilizado por integrantes de la organización criminal como casa de seguridad y descanso, aunque no precisa si el inmueble había sido invadido o existía un acuerdo entre el dueño y los criminales.

Dentro de los límites de la propiedad, la Policía Federal sostuvo un enfrentamiento con los sicarios de la banda delictiva, en el cual resultaron 26 detenidos, siete heridos y dos muertos, el pasado 22 de marzo.

En aquella ocasión, los agentes abatieron a Enrique Delgado Fraire, “Mando Quique”, identificado por el Gobierno federal como el jefe de plaza de Los Zetas en la zona sur de Tamaulipas y quien organizó la fuga de 53 reos del penal de Cieneguillas, Zacatecas, en mayo de 2009.

Un total de 18 de los 26 detenidos laboraban en el rancho de Pancho Colorado fueron puestos a disposición de la PGR; sin embargo, nunca se informó si luego fueron liberados, consignados o arraigados como sospechosos de colaborar con el crimen organizado.

De acuerdo con informes allegados a la investigación, cuando ocurrió el enfrentamiento en su rancho, el dueño de ADT Petroservicios ya llevaba algunos días en Texas y tras enterarse de los hechos canceló su regreso a México. Se quedó en Houston hasta el día de su entrega.

La PGR indicó que la investigación penal que fundamenta las acusaciones contra Colorado, presentadas en Estados Unidos, forman parte de las indagatorias iniciadas en la SIEDO desde abril 2011, aunque el empresario nunca fue detenido.

En una tarjeta informativa, la dependencia detalló que la investigación que lleva a cabo contra Colorado es por delincuencia organizada, delito considerado como grave y, además, ha realizado varios cateos y aseguramientos de bienes, como es el caso del rancho en Tuxpan.

Agregó que Colorado cuenta con una orden de localización y presentación girada por la SIEDO.

“Existe al respecto, amplia coordinación de la PGR, por medio de la SIEDO, con autoridades de los Estados Unidos de América para detectar empresas y operaciones financieras probablemente provenientes de narcotráfico”, indicó la Procuraduría.

Detallan bitácoras vuelos de JVM

El uso del avión propiedad de Pancho Colorado por parte de Josefina Vázquez Mota quedó registrado en bitácoras de vuelo.

El 14 de mayo de 2010, los pasajeros del avión con matrícula XA-RDJ, propiedad de Aerolíneas Ejecutivas, eran Vázquez Mota — entonces coordinadora de la diputación panista– quien acudió a apoyar la campaña de Cuauhtémoc Calderón, aspirante a la gubernatura de Zacatecas y que viajó de regreso; el entonces diputado federal del PAN, Miguel Martín López, y Alejandro Meléndez, secretario de la panista.

El vuelo cubrió la ruta Toluca-Zacatecas y de regreso.

El 29 de mayo, Pancho Colorado viajó en ese avión del Aeropuerto Nacional El Lencero, en Jalapa, a Poza Rica. De ese destino fue llevado, sin pasajeros a Toluca y ahí recogió el 30 de mayo a Vázquez Mota, Martín López y al diputado federal Carlos Pérez Cuevas, quienes volaron a Jalapa.

Se deslinda Yadhira Carrillo


CHICAGO (apro).- El juez Rubén Castillo, de la Corte federal de Illinois, fijó el próximo 9 de octubre como la nueva fecha para iniciar el juicio por delitos de narcotráfico contra Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo.

En una audiencia para determinar la nueva fecha del juicio, el juez federal dijo que éste reiniciará hasta otoño, tomando en cuenta que es un proceso complicado, y tanto la defensa del acusado como el Departamento de Justicia necesitan tiempo para preparar sus argumentos.

Castillo aclaró que está en proceso de revisión de la información clasificada que le ha entregado el gobierno de Estados Unidos para acusar de narcotráfico a El Vicentillo.

El magistrado dijo a los defensores del presunto capo que estima que a finales de marzo próximo terminará de hacer la revisión de los documentos clasificados.

Y una vez que concluya la revisión de los documentos, el juez Castillo determinará cuáles son los que dejará analizar a la defensa de El Vicentillo.

También destacó que la Corte federal en Illinois dio como plazo a la defensa de Zambada Niebla hasta el 30 de marzo para que presente cualquier otro documento que respalde su pedido de inmunidad para el hijo de Ismael El Mayo Zambada.

El juez Castillo también aclaró que un mes después el Departamento de Justicia responderá a lo que los abogados de El Vicentillo entreguen a la Corte a fines de marzo.

La próxima audiencia de preparación para el juicio será el 18 de abril, fecha para la cual aseguró el juez ya se deberá tener más claro cómo proceder en el caso de Zambada Niebla.

El juzgador dijo además que se tendrá que abordar la situación de otros posibles criminales involucrados en este caso y que podrían ser extraditados de México a Estados Unidos.

En la sesión de este miércoles, Castillo advirtió al Departamento de Justicia que seguirá manteniendo en secreto la información clasificada en el caso de El Vicentillo y que él considere como riesgosa para la seguridad nacional.

Sin embargo, el juez federal enfatizó al gobierno federal que entregará a la defensa del presunto narcotraficante cualquier documento que no presente riesgo de seguridad nacional.

En la misma sesión, la defensa de El Vicentillo reiteró que el hijo de El Mayo Zambada es inocente de los delitos que se le imputan, e insistió que por lo tanto no sólo debe ser puesto en libertad, sino también regresado a México.

Y mientras el juez determina si es válida la documentación que le entregue la defensa, El Vicentillo permanecerá en la prisión federal de Milan, en el estado de Michigan.

Este miércoles, como ya es costumbre, El Vicentillo estuvo presente en la audiencia a través de una videoconferencia y, aunque no fue autorizado para hablar, se veía muy atento a lo que le narraba la traductora (vía telefónica) de lo que se desarrollaba en la sala del juez Castillo.

Tanto los fiscales federales como la defensa del presunto capo declinaron hablar con los reporteros al concluir las audiencias de este día en la ciudad de Chicago.


La defensa del narcotraficante mexicano Vicente Zambada Niebla, que será juzgado en EE.UU. a partir de febrero, alega que la autoridades estadounidenses conspiraron con el Cartel de Sinaloa y prometieron inmunidad a sus jefes.

En un documento que fue presentado a la corte por la defensa de Zambada Niebla, alias “Vicentillo”, y al que Efe tuvo acceso hoy, se responde a los argumentos de la Fiscalía y en particular al hecho de que ésta niegue la existencia de tal acuerdo.

Los abogados defensores afirman que el abogado mexicano Humberto Loya Castro negoció con “agentes autorizados del gobierno de Estados Unidos” como “agente del Cartel de Sinaloa”.

“Cuando Loya Castro se reunió con el Gobierno (de EE.UU.) le dijo a los agentes que estaba autorizado por ‘El Chapo’ Guzmán y que sólo informaría sobre los carteles rivales. Estuvo claro desde el comienzo que no era un informante tradicional”, dice el documento.

Los abogados señalan que al negociar el acuerdo de inmunidad, los agentes federales estadounidenses sabían que Loya Castro “actuaba como agente, consejero y enlace” de los líderes del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, e Israel ‘Mayo’ Zambada”, el padre de “Vicentillo” a quien también se conoce por “Mayito”.

“Muchos de los líderes de los carteles rivales y sus asociados fueron detenidos o muertos” como consecuencia de la información pasada a la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA), agregan.

“En esencia, el gobierno de Estados Unidos se involucró en una conspiración con uno de los mayores carteles de droga del mundo y sabía que la información que le pasaba Loya Castro procedía de El Chapo, Mayo y Vicente Zambada Niebla”, agrega la defensa.

La fiscalía niega la existencia de tal acuerdo, que según el documento de la defensa fue “aprobado por funcionarios del más alto nivel” del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y acusa a “Vicentillo” de haber importado toneladas de drogas a este país como coordinador logístico del Cartel de Sinaloa en Chicago.

Según los argumentos de la defensa, este tipo de acuerdo no sería nuevo y mencionan un artículo publicado en la revista Foreign Affairs por el exjefe de la DEA Robert Bonner, según el cual Estados Unidos utilizó la misma táctica en Colombia para capturar a Pablo Escobar.

“El gobierno no quiere admitir estos acuerdos porque podrían perjudicar su estrategia”, dicen los abogados, que reclaman al juez Rubén Castillo la posibilidad de realizar una audiencia con la participación de Loya Castro y los agentes involucrados en el caso.

El comienzo del juicio está programado para el 13 de febrero, con la participación de “Vicentillo” y otros involucrados en la misma causa identificados como Tomás Arévalo Rentería, Alfredo Guzmán Salazar, Alfredo Vázquez Hernández, Juan Guzmán Rocha, Germán Olivares, Manuel Fernández Navarro y Felipe LNU (que en inglés significa apellido desconocido).

También se incluye a los hermanos Pedro y Margarito Flores, traficantes de Chicago convertidos en principales testigos de cargo.

El juez Castillo convocó a todos los acusados para una audiencia pública mañana, donde se evaluará la marcha del proceso y el intercambio de pruebas entre la acusación y la defensa.

Está pendiente una decisión del magistrado sobre la presentación reservada que haría la fiscalía sobre pruebas o documentos secretos que maneja en la preparación del juicio, y a la que quieren acceder los abogados defensores.

El fiscal federal Patrick J. Fitzgerald, del Distrito Norte de Illinois, considera que la divulgación de material clasificado o secreto al público, o a la defensa del acusado, “puede amenazar la seguridad nacional”, según documentos de la corte.

“Vicentillo” fue detenido en Ciudad de México en marzo de 2009. En febrero de 2010 fue extraditado a EE.UU. y permanece en una cárcel de máxima seguridad de Chicago a la espera de juicio.


México arrestó a un presunto narcotraficante buscado por Estados Unidos y vinculado al capo de la droga más buscado en el país, Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuyo cártel ha sufrido recientes incautaciones y detenciones, dijeron el miércoles autoridades.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal arrestaron en el aeropuerto de la Ciudad de México a Luis “El Güero” Rodríguez, acusado de distribuir toneladas de cocaína en Estados Unidos.

Washington ofrecía hasta cinco millones de dólares por información que llevara a la captura de Rodríguez, quien junto con sus hermanos formó el grupo criminal “Los Güeros”, acusados de traficar droga entre 1996 y el 2008 al servicio del cártel de Sinaloa, que dirige Guzmán, dijo la SSP en un comunicado.

No obstante, según un informe en el sitio de internet del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rodríguez y sus hermanos rompieron con el cártel de Sinaloa alrededor del 2005 y después se aliaron al sanguinario cártel de Los Zetas.

Una corte federal en Nueva York libró en mayo del 2010 una orden de aprehensión contra Rodríguez, al que se le acusa de asociación delictuosa y lavado de dinero, dijo la SSP.

En los últimos meses, las autoridades han capturado varios hombres clave, realizado grandes incautaciones de drogas y detectado narcotúneles fronterizos del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de América.

El Ejército capturó la semana pasada al lugarteniente de Guzmán en el norteño estado de Durango.

Más de 45,000 personas han muerto desde que comenzaron los operativos antinarco en México en diciembre del 2006.


Ciudad de México.- Luego de defender los señalamientos del Presidente Felipe Calderón de la intromisión del crimen en el proceso electoral de Michoacán, el ex senador Diego Fernández de Cevallos calificó como inocente y engañoso decir que el narcotráfico respete el ámbito de política.

El ex candidato presidencial aseguró que es evidente el riesgo de que el narcotráfico se introduzca en un proceso electoral, pues éste, añadió, está en todas partes, por lo que no existe ninguna institución que no esté en riesgo de ser infiltrada.

“Creo que sería inocente y engañoso decir que el crimen va a respetar el ámbito de la política, más aún cuando todo lo que se sucede en la política, de alguna manera, afecta al crimen organizado.

“El crimen organizado está en todas partes, en todas las instituciones no hay ninguna institución en México que esté al margen de ese riesgo. El que diga lo contrario, estará en su derecho, pero creo que no hay ninguna institución, por sagrada que sea, que no tenga riesgos de que se infiltre, de manera perversa, los señores del crimen organizado”, indicó.

En entrevista, Fernández de Cevallos aseguró que en el caso de Michoacán, el Presidente mostró pruebas, pero el aspirante presidencial Enrique Peña Nieto está en su derecho de cuestionar los dichos del Mandatario federal.

Lavado de dinero

Ciudad de México.- Alejandra Sota, portavoz del Presidente Felipe Calderón, negó hoy que el Gobierno mexicano tuviera conocimiento de la operación de lavado de dinero de agentes de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) como parte de la lucha contra el narcotráfico.

“No, no sabía el Gobierno mexicano y es importante resaltar que hemos iniciado una investigación por parte de la Procuraduría General de la República para deslindar responsabilidades y en todo caso investigar si es que hubo este involucramiento’, dijo Sota al programa Al Punto, de la cadena Univisión.

The New York Times reportó el fin de semana pasado que la DEA ha estado lavando o contrabandeando millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Según el diario, en algunos casos, agentes de la DEA llegan a contrabandear de dos a tres cargamentos de dinero a la semana y otros agentes mexicanos acompañados por estadounidenses se hacen pasar por contrabandistas y recogen el dinero en México.

Al ser cuestionada sobre la supuesta participación de agentes mexicanos, Alejandra Sota reiteró que se tiene que investigar.

La portavoz presidencial agregó que informarán los resultados de manera puntual y transparente.

Informó que a través de la inteligencia civil mexicana se tuvo conocimiento del intento del hijo de Gadafi de ingresar a México.

Agregó que gracias a la inteligencia mexicana pudo evitarse el ingreso de Saadi Gaddafi al País, perseguido por los crímenes que se le adjudican en la Corte Penal Internacional (CPI).

Sota negó que hayan participado agentes de otros países, y reiteró que fue una operación exitosa de la inteligencia civil mexicana.

Precisó que sólo hubo cooperación con el Gobierno canadiense para intercambiar información.

Sobre la demanda ante la CPI sobre presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y las fuerzas de seguridad, Sota negó que existan en México violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

“La respuesta que hemos dado con contundencia es que es una acusación que no es válida”, recalcó.

Mencionó que la demanda a nivel internacional no procede y serán los miembros de la Corte quienes decidan.

“Se acusa al Presidente de algo que es su obligación constitucional, que es la protección de los ciudadanos”, enfatizó.

Sobre el tema de la próxima elección presidencial en México, la portavoz indicó que una de las preocupaciones principales del Presidente Felipe Calderón es que los comicios se realicen en paz.

Dijo que desde la Presidencia la obligación es que se realice un proceso y transición ordenados y con apego a la ley.

“Para él es muy importante que la democracia continúe en México”, aseveró la portavoz.
la ley.

Vicente Zambada está en la cárcel en Chicago

Hay una Ley Gringa que permite al estado terminar juicios si se pone en riesgo “Secretos de Estado”, si EUA sigue con la negativa y el juez sigue insistiendo, es posible que salga libre el Vicentillo con toda Impunidad.

El cártel de Sinaloa fue el principal destinatario de las armas de la operación estadunidense Rápido y furioso. Eso lo supieron desde el principio el Departamento de Justicia y varias agencias de inteligencia de Estados Unidos. Pese a ello, continuaron con el operativo y lo ocultaron al gobierno de México. Tal es la conclusión de un informe realizado por los congresistas estadunidenses Darrell E. Issa y Charles E. Grassley. Con base en éste y en otras fuentes y documentos, los periodistas independientes Andrew Kennis y Jason McGahan describen, en un texto para Proceso, aspectos del operativo que terminó por beneficiar al cártel del Chapo Guzmán.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 5 de noviembre de 2010 agentes de la Policía Federal (PF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron el cadáver de Mario Ángel González Rodríguez –hermano de Patricia González, que recién había terminado su gestión como procuradora de Justicia de Chihuahua– en una fosa poco profunda, en la colonia Granjas del Valle de la capital del estado.

Fue “levantado” el 21 de octubre; días después circuló en internet un video en el que aparecía esposado y a merced de cinco hombres armados que vestían uniformes de camuflaje, máscaras y chalecos antibalas. En el video, Mario González dijo que su hermana había ordenado asesinatos a petición del cártel de Juárez.

La procuradora rechazó el señalamiento. Afirmó que los plagiarios habían obligado a su hermano a declarar eso. Sostuvo que el secuestro era una represalia por la persecución que ella había encabezado contra miembros del cártel de Sinaloa y que se había realizado debido a la corrupción de agentes policiacos.

Horas antes de que las autoridades descubrieran el cadáver, agentes de la PF irrumpieron en una casa de seguridad y arrestaron a ocho presuntos miembros de la banda que había secuestrado y asesinado a Mario González. Les decomisaron 16 armas de grueso calibre.

Ese mismo 5 de noviembre, Tonya English, agente de la Oficina de Información Estratégica e Inteligencia (OSSII, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), envió un correo electrónico a David Voth, supervisor del Grupo VII de la ATF en Phoenix, Arizona, para informarle que su oficina había rastreado esas armas decomisadas a los presuntos asesinos de Mario González y que dos de ellas, un par de rifles AK-47, habían llegado a México como parte de la operación Rápido y furioso.

La noticia pronto se regó dentro de la ATF. “Empleados de la OSII contactaron a sus colegas en Phoenix para alertarlos de esta conexión. Agentes de la OSII también se lo dijeron al personal de la oficina de la ATF en México”.

Carlos Canino, agregado alterno de la oficina de la ATF en México, se preocupó. Temía que la prensa mexicana descubriera la conexión entre el asesinato de Mario González y Rápido y furioso. Pidió a sus superiores que informaran de dicha conexión a las autoridades mexicanas o que lo autorizaran a hacerlo él mismo.

Consideraba que si los funcionarios nacionales se enteraban de ese dato por la prensa, y no por las autoridades estadunidenses, les retirarían su confianza a los agentes de la ATF, lo que les impediría trabajar con ellos. En ese caso, razonó, “nosotros sólo podríamos hacer las maletas e ir a casa”. Además, se afectarían aún más las relaciones entre México y Estados Unidos, de por sí tensas a causa de lo que se había sabido de la operación Rápido y furioso.

Pero los directivos de la ATF no respondían a las peticiones de Canino. Le daban largas. Ocho meses después, en junio pasado, el agregado alterno obtuvo “un tipo de aprobación” de su superior inmediato, Daniel Kumor, jefe de Asuntos Internacionales de la ATF, y Canino se comunicó directamente con Marisela Morales, procuradora general de la República. Cuando le soltó la noticia, dice, “ella quedó en shock” y luego exclamó: “¡Híjole!”.

“Todo bajo control”

Esa información aparece en el informe Operación Rápido y furioso del Departamento de Justicia: alimentando la violencia de los cárteles, elaborado por los congresistas Darrell E. Issa, jefe del Comité de Vigilancia y Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes, y Charles E. Grassley, miembro del Comité de Justicia del Senado.

Ellos encabezan la investigación del Congreso sobre Rápido y furioso, por lo que llamaron a comparecer a agentes y funcionarios de la ATF, lo mismo que del Departamento de Justicia. Además, tuvieron acceso a documentos relativos a la operación elaborados por las dos dependencias y por otras, como la DEA y el FBI.

El informe de 60 páginas, fechado el pasado 26 de julio, describe cómo los funcionarios de la ATF en Estados Unidos ocultaron los detalles del operativo Rápido y furioso a las autoridades mexicanas y a los agentes de la ATF destacados en México, aunque éstos empezaron a notificar desde finales de 2009 un “incremento anormal” en el decomiso de armas relacionadas con “una investigación” que se llevaba a cabo en la división de la ATF en Phoenix, Arizona.

Darrell Gil, quien era el jefe de la ATF en México, dijo a los investigadores del Congreso que a finales de 2009 comunicó sus preocupaciones a los funcionarios de la ATF en Phoenix y, como no le hacían caso, lo hizo en enero de 2010 con sus superiores en Washington. En ambos casos recibió respuestas similares: “Existe una investigación en curso”, “estamos trabajando en eso” y “todo está bajo control”.

Gil contó que la división de la ATF en Phoenix bloqueó a sus agentes en México el acceso a la base de datos del sistema de rastreo de armas conocido como e-Trace. Tanto Gil como Canino comentaron que los funcionarios de la ATF en Phoenix y Washington les ocultaban información del operativo porque temían que los agentes en México pudieran compartirla con funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y éstos, a su vez –debido a la corrupción imperante en el país–, la filtraran a los cárteles de la droga, con lo cual fracasaría la investigación.

Más aún, Gil relató que cuando el director de la ATF, Kenneth Melson, y el subprocurador de Justicia de Estados Unidos, Lanny Breuer, realizaron visitas por separado a México en 2010, ambos intentaron calmar las preocupaciones de los agentes destacados en el Distrito Federal. Según Gil, Melson les comentó: “Es una investigación en curso que está proveyendo de alguna buena información de inteligencia (…) Lo vamos a checar cuando regresemos (a Washington), pero yo creo que está dando algunos buenos resultados”.

Destino: el cártel de Sinaloa

Con base en documentos del Departamento de Justicia, el informe de los congresistas señala que hasta julio pasado se habían recuperado 122 armas conectadas con la operación Rápido y furioso en 48 decomisos realizados por las autoridades mexicanas.

Sin embargo, los autores advierten: “existen indicios de que ese número podría ser mayor”. Citan como ejemplo el correo electrónico que Bill Newell, agente “en cargo” de la ATF, envió a su jefe, el subdirector adjunto William McMahon, según el cual hasta el 16 de diciembre de 2010 se habían recuperado 241 armas relacionadas con Rápido y furioso en México y 350 en Estados Unidos.

El informe de los congresistas estadunidenses y otras fuentes consultadas por los reporteros revelan que la mayoría de las armas de Rápido y furioso aparecidas en diversas “escenas del crimen” en México estaba destinada al cártel de Sinaloa.

Por ejemplo, en el informe de los congresistas aparecen extractos de la comparecencia de Steve Martin, director adjunto de la OSII, quien sostuvo que hasta el 27 de febrero de 2010 habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa un total de mil 26 armas de Rápido y furioso, con un valor total de 650 mil dólares, y que de ello eran conscientes los funcionarios de la ATF.

En su comparecencia Martin se refiere a una “sesión informativa” sobre Rápido y furioso que se llevó a cabo el 5 de marzo de 2010 y en la que participaron importantes funcionarios de la ATF:

Pregunta: Después de esa sesión informativa no hay duda que las armas en este caso estaban siendo vinculadas al cártel de Sinaloa, con base en…

Respuesta: Con base en la información presentada. Y podría decir que sí.

Pregunta: Y eso era, presumiblemente, muy claro para todos en el salón (donde se llevó la sesión informativa).

Respuesta: Con base en eso, se dice que la gente (que compra las armas) está conectada con el cártel de Sinaloa, y yo podría decir que es cierto.

El citado informe señala que “el primer gran decomiso de armas ligadas a Rápido y furioso ocurrió el 20 de noviembre de 2009 en Naco, Sonora”. Se trató de 41 rifles AK-47 y un rifle Beowulf calibre.05. Verónica Álvarez Toscano, una mujer de 21 años residente en DeLand, Florida, las transportaba en un vehículo. Las había comprado 24 horas antes en una tienda de armas en Arizona. Lorren Leadman, especialista de la OSII, dijo el 5 de julio a los investigadores del Congreso que Álvarez Toscano admitió ante la policía mexicana que todas las armas estaban destinadas al cártel de Sinaloa.

Tres semanas después, el 9 de diciembre de 2009, efectivos del Ejército Mexicano incautaron en una casa de seguridad de Mexicali, Baja California, un arsenal similar: 41 rifles AK-47, un rifle AR-15, una pistola FN 5.7 y 392 cartuchos de diversos calibres, así como 421 kilogramos de cocaína, 60 kilogramos de metanfetaminas, 2 millones de dólares y 1 millón de pesos en efectivo. Los militares detuvieron a 12 personas, varias de ellas sospechosas de pertenecer al cártel de Sinaloa. “El rastro de las armas recuperadas llevó a testaferros que estaban siendo monitoreados por la operación Rápido y furioso”, señala el informe del Congreso.

Y añade: “Con una segunda gran incautación de armas en menos de tres semanas, los agentes de la ATF que monitoreaban la operación Rápido y furioso tenían pocas dudas de lo que estaba pasando”. Y cita lo que uno de éstos, José Wall, escribió en un correo electrónico a su colega de la agencia, Hope MacAllister: “(el liderazgo del cártel de Sinaloa) se está armando para una guerra”.

El 13 de enero de 2010 la policía de El Paso, Texas, incautó 40 armas largas, cargadores y chalecos antibalas que se encontraban en un auto Volkswagen Jetta abandonado en un estacionamiento de la ciudad. La ATF rastreó los números de serie de las armas. Eran de Rápido y furioso y estaban destinadas a un importante jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez. El informe señala: “Este decomiso pudo representar un cambio en el movimiento de las armas de Rápido y furioso destinadas a la batalla del cártel de Sinaloa por el control del corredor de tráfico de drogas de Ciudad Juárez”.

Hubo otro decomiso importante de armas relacionadas con Rápido y furioso que no aparece en el informe de los congresistas pero que el diario Los Ángeles Times dio a conocer el pasado 8 de octubre con base en los registros de una Corte federal y de documentos de la ATF.

Según esa versión, en abril pasado agentes de la PF tomaron por asalto una casa ubicada en la parte norte de Ciudad Juárez. Los agentes recibieron el chivatazo de que ahí vivían pistoleros. El inmueble, se supo después, pertenecía a José Antonio Torres Marrufo, alias El Marrufo o El Jaguar, jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez

En el gimnasio que estaba en el sótano de la casa, detrás de un muro cubierto por espejos de cuerpo entero los agentes encontraron un cuarto en el que había una ametralladora antiaérea calibre 30, un lanzagranadas, dos docenas de AK-47, rifles Barrett calibre .50 (conocidos como “matapolicías”), 26 mil 708 cartuchos, 247 cargadores, lo mismo que 53 uniformes de la Policía Militar, máquinas registradoras y máscaras antigás. “Hemos confiscado el alijo de armas más importante en la historia de Ciudad Juárez”, se jactó ante la prensa el gobernador de Chihuahua, César Duarte.

Agentes de la ATF rastrearon el origen de las armas. También eran de Rápido y furioso. Un “comprador civil” las adquirió en Phoenix y, con la anuencia de la ATF, las envió a El Paso, Texas, donde miembros del cártel de Sinaloa las “cruzaron” por la frontera.

En su comparecencia ante los congresistas, el funcionario de la ATF Carlos Canino expresó su preocupación sobre los efectos de Rápido y furioso: “Se alega que más de 2 mil armas fueron traficadas en esta operación. Para ponerlo en contexto: el 75 regimiento de la armada de Estados Unidos tiene aproximadamente 2 mil 500 efectivos. Eso significa que, como resultado de esta operación (Rápido y furioso), el cártel de Sinaloa ha recibido tantas armas como las que se necesitan para equipar a un regimiento entero”.

Y puso énfasis en los 34 rifles Barrett calibre .50 que habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa. Señaló que el poder de destrucción de estas armas es tal que podría cambiar el desenlace de cualquier combate.

*Andrew Kennis es un periodista independiente que trabaja en Chicago y en la Ciudad de México y ha colaborado en The Christian Science Monitor y Al- Jazeera. Jason McGahan es maestro de literatura británica y estadunidense; formó parte del equipo editorial de The Washington Post.

El caso del Vicentillo, cuyo juicio se inicia el 13 de febrero de 2012 en Estados Unidos, se le complica cada vez más al Departamento de Justicia. Su respuesta a la solicitud de la defensa de que esa instancia entregue toda la información en que se aluda a la presunta protección del gobierno de Estados Unidos al cártel de Sinaloa y a sus principales capos –El Chapo y El Mayo, padre del inculpado– no satisfizo al juez Rubén Castillo, quien preside las diligencias preparatorias en la Corte Federal del Distrito Norte del estado de Illinois. En el juicio está de por medio información sensible que compromete al gobierno de Estados Unidos.

CHICAGO.– Arrinconado por los argumentos de Jesús Vicente Zambada Niebla según los cuales la DEA protege al cártel de Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos se negó a desclasificar documentos que aluden a su relación con organizaciones de narcotraficantes mexicanos, pero ofreció entregar declaraciones juramentadas por escrito del abogado Humberto Loya Castro, su presunto enlace con Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

El miércoles 16, la Corte Federal del Distrito Norte del estado de Illinois, con sede en Chicago, recibió del Departamento de Justicia la siguiente notificación: “Se entregarán por escrito declaraciones juramentadas de Humberto Loya Castro, quien bajo este compromiso podría ser justificado para no presentarse como testigo durante el juicio de Zambada Niebla”.

Técnicamente, el documento firmado por el fiscal federal Patrick Fitzgerald es una aceptación indirecta de que Loya Castro es el representante legal del Chapo (Proceso 1826), enlace entre el cártel de Sinaloa y la Drug Enforcement Administration (DEA), así como un presunto criminal que colabora con el gobierno de Estados Unidos.

El juez federal Rubén Castillo, quien a partir del 13 febrero del próximo año presidirá el juicio contra El Vicentillo por delitos relacionados con el narcotráfico, aceptó parcialmente la propuesta de Fitzgerald: “Tienen hasta el 1 de diciembre de este año para presentar las declaraciones juramentadas y por escrito de Loya Castro”, respondió a los fiscales.

En la sesión de la corte de la semana pasada, el juez Castillo aclaró que, con base en el contenido de las declaraciones por escrito de Loya Castro, podrá determinar si éste será requerido o se le excusará como testigo en el juicio.

Castillo aún tiene en su mano la prerrogativa de pedir la desclasificación de los documentos que el gobierno insiste en mantener en secreto y se niega a entregar a la defensa del Vicentillo, quien es hijo de Ismael El Mayo Zambada García, lugarteniente del Chapo y número dos en el mando del cártel de Sinaloa. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la edición 1830 de la revista Proceso, que ya está en circulación)

MÉXICO, D. F. (apro).- La Fiscalía estadunidense que lleva el caso de Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo¸ deberá responder mañana a los alegatos de la defensa del capo sobre la supuesta inmunidad judicial que le proporcionó la DEA a cambio de información de cárteles rivales.

De acuerdo con la defensa, las actividades de narcotráfico de Zambada Niebla estaban protegidas por un acuerdo de inmunidad con la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). El documento fue presentado por la defensa a la corte federal el pasado 29 de julio.

El Vicentillo reveló a sus abogados que él y otros líderes del cártel de Sinaloa dieron a los agentes de la DEA información de grupos rivales y que el acuerdo le daba a su organización “carta blanca” para llevar cocaína de contrabando a Estados Unidos.

Los fiscales han desestimado estas afirmaciones del hijo de El Mayo Zambada, uno de los lugartenientes del cártel del narcotráfico más grande de México, pero tendrán que dar una respuesta detallada este viernes.

El Vicentillo enfrenta acusaciones de confabulación para traficar y distribuir drogas en Estados Unidos para el cártel de Sinaloa que, de comprobarse en el juicio que está programado para febrero del próximo año, podría hacerle acreedor a una sentencia máxima de cadena perpetua.

Se queja el capo por aislamiento en penal de Chicago

En tanto, Rubén Castillo, juez del Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois, dio un plazo de siete días a la Fiscalía que lleva el caso de El Vicentillo para responder a la queja presentada por su defensa por el confinamiento en que se encuentra, “sin respirar al aire libre” desde marzo del año pasado.

En una audiencia extraordinaria, el juez escuchó hoy a la defensa del hijo de El Mayo Zambada, quien demanda tener derechos iguales al resto de la población del Centro Metropolitano de Detención de Chicago, como tener recreos al aire libre pues las condiciones de aislamiento en las que vive, dice, “atentan contra la dignidad humana”.

La defensa del presunto capo del narcotráfico, afirma que Zambada Niebla sufre de malestares por el “castigo injustificado” que sufre desde hace más de un año, pues tiene prohibido el acceso a las áreas donde se encuentra la población general.

Por su parte, la directora del Centro de Detención de Chicago, Katheryn Linaweavey, rechazó las quejas de El Vicentillo y de Tomás Arévalo Rentería, quien es procesado por el mismo caso.

Afirmó que Zambada Niebla habla con los guardias, puede recibir correo y también tiene derecho a llamadas telefónicas semanales, además de que recibe atención médica y es observado diariamente por un psicólogo.

Castillo expresó su preocupación por la situación de Zambada Niebla y preguntó al equipo de fiscales qué podía hacer el gobierno y éste contestó que la responsabilidad es del Buró de Prisiones, por lo que el juez emplazó al Departamento de Justicia a responder a su petición en siete días.

Chicago, Estados Unidos.- Líderes del cártel de Sinaloa, frustrados luego que policías estadounidenses interfirieron con su lucrativo negocio, planearon un ataque al estilo militar contra algún edificio gubernamental estadounidense o mexicano para “enviarle a los gringos un mensaje”, dijeron fiscales federales de EU en documentos presentados esta semana.

El cártel de Sinaloa intentó conseguir decenas de armas hechas en Estados Unidos para un ataque en la Ciudad de México, contra posibles blancos que incluían edificios gubernamentales, una embajada o consulado o algún medio de comunicación, de acuerdo con los documentos del caso que involucra a Vicente Zambada.

Sin embargo, no hay nada en los documentos que pruebe que el plan se llevaría a cabo.

Chicago.- Narcotraficantes mexicanos, encabezados por el Cártel de Sinaloa, dominan el mercado de la marihuana en el área de Chicago, Estados Unidos, y lo protegen con una violencia feroz, según el jefe de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) en Chicago, Jack Riley.

“Si creen que la mafia italiana es lo peor de lo peor en materia de crimen organizado, piensen nuevamente. El Chapo Guzmán se los come crudo”, dijo Riley en una entrevista que publica hoy el Chicago Sun-Times.

Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, jefe del Cartel de Sinaloa, “es en mi opinión el criminal más peligroso del mundo y probablemente el más rico. Nunca vimos una organización criminal tan bien enfocada, con tan buen sentido para los negocios y también tan feroz y violenta”, agregó.

El mexicano Vicente Zambada Niebla, “Vicentillo”, será juzgado a partir del 13 de febrero próximo en Chicago como jefe de logística del cártel y su presunta responsabilidad por la importación de más de una tonelada de drogas y el lavado de unos 500 millones de dólares.

“Vicentillo”, quien fue extraditado en marzo de 2010, arriesga una condena de prisión perpetua, mientras que “El Chapo” está prófugo y, según la revista Forbes, es una de las 100 personas más ricas del mundo.

Riley dijo al diario que la marihuana introducida en Estados Unidos por el Cartel de Sinaloa procede en su mayoría de México, pero también “hay mucha alarma” porque se produce en los bosques del norte del vecino estado de Wisconsin y en el norte de Illinois.

“Aunque Chicago se encuentra en el centro de los Estados Unidos, para el comercio de marihuana es como si fuéramos fronterizos con México”, afirmó.

Según el director de la DEA en Chicago, las ganancias obtenidas con el comercio de marihuana “posibilitan al cartel la realización de otras actividades criminales como el tráfico de heroína, cocaína y metanfetaminas”.

Riley dijo que agentes federales descubrieron diez lugares en áreas remotas de Wisconsin donde sospechosos de trabajar para el Cartel de Sinaloa cuidaban unas 10.000 plantas de marihuana, armados con fusiles AK-47.

En el área de Chicago, y en menor escala, el cartel también cultiva la droga para asegurarse una cadena de suministros a sus mejores mercados sin interrupciones.

Riley señaló que las ciudades de Chicago y Atlanta se han convertido en los principales centros de distribución de marihuana y están “protegidos por el Cartel de Sinaloa con una violencia inconcebible”.

El diario atribuye a una fuente policial la información de que miembros del cartel, incluyendo un escuadrón de sicarios llamado “Escorpión”, han cometido asesinatos de rivales en Chicago.

La temporada alta para el transporte de la marihuana a Chicago va de enero a marzo, cuando se realiza la cosecha en México, a menudo oculta en camiones y debajo de frutas y otros alimentos.

Aunque el proceso de Zambada Niebla y otros integrantes del cartel se enfoca en el tráfico de cocaína y heroína, Riley dijo que las autoridades creen que esa organización es responsable de toneladas de marihuana decomisada en años recientes.

Como ejemplos mencionó que entre 2005 y 2009, la policía de Chicago interceptó 29 toneladas de marihuana mexicana, y otras 19 toneladas en 2010.

Agentes de la DEA confiscaron el año pasado 11 toneladas de marihuana empacadas en seis vagones ferroviarios procedentes de México.

La defensa de Zambada Niebla ha argumentado ante el juez federal de la causa, Rubén Castillo, que su cliente tenía inmunidad para realizar sus negocios en Estados Unidos a cambio de información sobre los carteles mexicanos rivales.

Para ello ha citado el testimonio del abogado mexicano Humberto Loya Castro, quien habría negociado la inmunidad para los miembros del Cártel de Sinaloa, incluyendo a “El Chapo” Guzmán y “Vicentillo”.

El Gobierno niega la existencia del acuerdo y sostiene que aunque existieran promesas de agentes federales, solamente el Departamento de Justicia podría autorizarlo.

Chicago.- Narcotraficantes mexicanos, encabezados por el Cártel de Sinaloa, dominan el mercado de la marihuana en el área de Chicago, Estados Unidos, y lo protegen con una violencia feroz, según el jefe de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) en Chicago, Jack Riley.
“Si creen que la mafia italiana es lo peor de lo peor en materia de crimen organizado, piensen nuevamente. El Chapo Guzmán se los come crudo”, dijo Riley en una entrevista que publica hoy el Chicago Sun-Times.
Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, jefe del Cartel de Sinaloa, “es en mi opinión el criminal más peligroso del mundo y probablemente el más rico. Nunca vimos una organización criminal tan bien enfocada, con tan buen sentido para los negocios y también tan feroz y violenta”, agregó.
El mexicano Vicente Zambada Niebla, “Vicentillo”, será juzgado a partir del 13 de febrero próximo en Chicago como jefe de logística del cártel y su presunta responsabilidad por la importación de más de una tonelada de drogas y el lavado de unos 500 millones de dólares.
“Vicentillo”, quien fue extraditado en marzo de 2010, arriesga una condena de prisión perpetua, mientras que “El Chapo” está prófugo y, según la revista Forbes, es una de las 100 personas más ricas del mundo.
Riley dijo al diario que la marihuana introducida en Estados Unidos por el Cartel de Sinaloa procede en su mayoría de México, pero también “hay mucha alarma” porque se produce en los bosques del norte del vecino estado de Wisconsin y en el norte de Illinois.
“Aunque Chicago se encuentra en el centro de los Estados Unidos, para el comercio de marihuana es como si fuéramos fronterizos con México”, afirmó.
Según el director de la DEA en Chicago, las ganancias obtenidas con el comercio de marihuana “posibilitan al cartel la realización de otras actividades criminales como el tráfico de heroína, cocaína y metanfetaminas”.
Riley dijo que agentes federales descubrieron diez lugares en áreas remotas de Wisconsin donde sospechosos de trabajar para el Cartel de Sinaloa cuidaban unas 10.000 plantas de marihuana, armados con fusiles AK-47.
En el área de Chicago, y en menor escala, el cartel también cultiva la droga para asegurarse una cadena de suministros a sus mejores mercados sin interrupciones.
Riley señaló que las ciudades de Chicago y Atlanta se han convertido en los principales centros de distribución de marihuana y están “protegidos por el Cartel de Sinaloa con una violencia inconcebible”.
El diario atribuye a una fuente policial la información de que miembros del cartel, incluyendo un escuadrón de sicarios llamado “Escorpión”, han cometido asesinatos de rivales en Chicago.
La temporada alta para el transporte de la marihuana a Chicago va de enero a marzo, cuando se realiza la cosecha en México, a menudo oculta en camiones y debajo de frutas y otros alimentos.
Aunque el proceso de Zambada Niebla y otros integrantes del cartel se enfoca en el tráfico de cocaína y heroína, Riley dijo que las autoridades creen que esa organización es responsable de toneladas de marihuana decomisada en años recientes.
Como ejemplos mencionó que entre 2005 y 2009, la policía de Chicago interceptó 29 toneladas de marihuana mexicana, y otras 19 toneladas en 2010.
Agentes de la DEA confiscaron el año pasado 11 toneladas de marihuana empacadas en seis vagones ferroviarios procedentes de México.
La defensa de Zambada Niebla ha argumentado ante el juez federal de la causa, Rubén Castillo, que su cliente tenía inmunidad para realizar sus negocios en Estados Unidos a cambio de información sobre los carteles mexicanos rivales.
Para ello ha citado el testimonio del abogado mexicano Humberto Loya Castro, quien habría negociado la inmunidad para los miembros del Cártel de Sinaloa, incluyendo a “El Chapo” Guzmán y “Vicentillo”.
El Gobierno niega la existencia del acuerdo y sostiene que aunque existieran promesas de agentes federales, solamente el Departamento de Justicia podría autorizarlo.

Vicente Zambada está en la cárcel en Chicago en espera de un juicio, dentro de una investigación internacional, y se ha declarado inocente de los cargos de haber conspirado para importar y vender grandes cantidades de cocaína y heroína en Estados Unidos.

Las autoridades dicen que su padre, Ismael Zambada, dirige el cártel junto con el hombre más buscado de México, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los abogados de Vicente Zambada alegan que a él y a otros líderes del cártel se les otorgó inmunidad por parte de agentes estadounidenses, y la libertad de pasar cocaína por la frontera, a cambio de información sobre los cárteles rivales que están enfrascados en una sangrienta guerra por territorio mexicano. Los fiscales han negado la existencia de dichos acuerdos.

Pero los arreglos con personajes importantes en el cártel han permitido a los fiscales debilitar sus operaciones. Pedro y Margarito Flores, mellizos que compraron y distribuyeron drogas del cártel en Chicago, están entre los que cooperan con el Gobierno.

Margarito Flores ha dicho que el plan para atacar un edificio del Gobierno o de algún medio de comunicación se gestó durante una reunión en un complejo en la cima de una montaña en México.

Los líderes del cártel, molestos por el reciente arresto del hermano de Ismael Zambada, se quejaron de que el Gobierno mexicano permite a los policías estadounidenses “hacer lo que quieran”, dijo Flores a los fiscales.

Cuando Guzmán preguntó qué harían los líderes respecto a ese problema, Ismael Zambada presuntamente respondió: “sería bueno enviar un mensaje a los gringos. Lo que sea que hagamos, lo tenemos que hacer en el territorio de alguien más”, de acuerdo con un reporte en el que los fiscales resumen su evidencia en contra de Vicente Zambada.

Durante la conversación, dicen los documentos, Guzmán sugirió que se enfocaran en un edificio gubernamental mexicano o estadounidense en la capital.

Vicente Zambada dijo entonces a Margarito Flores que encontrara a un soldado estadounidense que regresara del extranjero para darle 20 o 30 “armas de alto poder”, especificando que tenían que ser fabricadas por Estados Unidos.

Durante una conversación telefónica grabada después, los fiscales dijeron que Vicente Zambada le reiteró a Flores que el cártel compraría las armas.

http://www.proceso.com.mx/?p=289357

http://www.proceso.com.mx/?p=288696

Mexican Drug War

Nov 22nd 2012, 16:34 by Economist.com

Mexican states compared with entire countries’ body counts, murder rates and populations

MEXICO’S murder rate has doubled over the past five years, to nearly 19 per 100,000 people per year. But what does that really mean? To give an idea of how safe or dangerous the country’s various states are, we have compared their crime statistics with those of whole countries. Visitors can relax in Yucatán, the safest state, which has about the same murder rate as Finland. Tlaxcala, not far from Mexico City, is about as safe as the United States. At the other end of the spectrum Chihuahua, the most violent state, has a murder rate equivalent to El Salvador, one of the most violent countries in the world. Another way of looking at the data is to compare the gross totals. The state of San Luis Potosí, for instance, has seen as many murders in the past year as all of Spain, despite having a population of just 2.6m.


BY NICHOLAS CASEY

MEXICO CITY — Mexico’s president-elect Enrique Peña Nieto, fresh off his weekend election victory, said Tuesday he plans to continue President Felipe Calderón’s fight against the country’s drug gangs, but outlined a long-term strategy to place more of the battle in the hands of civilians rather than the military.

In a wide-ranging interview in the capital, Mr. Peña Nieto, of the Institutional Revolutionary Party, praised much of Mr. Calderón’s strategy against organized crime, including the creation of a federal police force and growing cooperation with the U.S.


President Barack Obama telephoned Mexican President-elect Enrique Peña Nieto to congratulate him on his victory in last weekend’s elections, the White House said in a statement Monday. While the release listed several topics that the two men discussed, it made no explicit mention of the two countries’ fitful efforts to combat ultra-violent drug cartels.

Obama “reiterated his commitment to working in partnership with Mexico, and looks forward to advancing common goals, including promoting democracy, economic prosperity, and security in the region and around the globe, in the coming years,” according to the White House statement.

Peña Nieto’s victory brought the Institutional Revolutionary Party, which governed Mexico for decades, back to power. He has pledged to overhaul his country’s energy, labor and tax systems, Reuters reported..

“The two leaders reaffirmed the close bilateral partnership the United States and Mexico enjoy based on mutual respect, shared responsibility, and the deep connections between our people,” according to the statement. Obama also “congratulated the Mexican people who have once again demonstrated their commitment to democratic values through a free, fair, and transparent election process.”

Peña Nieto won Sunday’s election with 38 percent of the vote, according to early returns. That gave him a lead of roughly 7 percentage points over his nearest rival, leftist candidate Andres Manuel Lopez Obrador,  according to the Associated Press.

Obama has faced sharp Republican criticism over the government’s Fast and Furious operation, which aimed to track the flow of firearms from American gun sellers, through straw buyers, into the hands of the cartels. The Republican-led House of Representatives voted last week to hold Attorney General Eric Holder in contempt of Congress for refusing to hand over Justice Department documents tied to the operation.


MEXICO CITY (Reuters) – Mexican opposition candidate Enrique Pena Nieto’s campaign team claimed victory in the country’s presidential election on Sunday after exit polls showed him winning by a comfortable margin.

Pena Nieto, 45, of the Institutional Revolutionary Party (PRI), led by between 8 and 11 percentage points in exit polls published by three of Mexico’s main television networks after voting ended on Sunday night.
Shortly afterward his campaign manager, Luis Videgaray, declared victory.

“It is a resounding triumph,” Videgaray told Milenio television, adding that he was hopeful the PRI would have a majority in the Senate and possibly in the lower house of Congress, too.

The PRI, which governed Mexico for 71 years until losing power in 2000, has staged a comeback behind the handsome Pena Nieto, who has pledged to open state-owned oil monopoly Pemex to foreign investors, raise tax revenue and liberalize the labor market.

The exit polls showed him winning around 40 percent of the vote. Leftist rival Andres Manuel Lopez Obrador was in second place with Josefina Vazquez Mota of the ruling National Action Party, or PAN, trailing in third.

“I recognize that the trend up to this point is not in my favor,” said Vazquez Mota, whose campaign was dragged down by a brutal war with drug cartels and the government’s patchy economic record.
Preliminary official results were due in the next few hours.

“It’s time for the PRI to return. They’re the only ones who know how to govern,” said Candelaria Puc, 70, as she voted in the beach resort of Cancun. “The PRI is tough, but they won’t let the drug violence get out of control.”

Others feared a return to the worst years of PRI rule and put Pena Nieto’s big lead down to his cozy relationship with Televisa, Mexico’s top broadcaster.

“It’s the same party as ever and the people who vote for him (Pena Nieto) believe they are going to live happily ever after like in the soap operas,” Humberto Parra, a systems engineer, said as he went to vote in Mexico City.

By the time it lost to the PAN in 2000, the PRI had a reputation for widespread corruption, electoral fraud and authoritarianism.

The PRI was in disarray by 2006, when its presidential candidate came in a distant third, but it has rebounded since then and Pena Nieto gave it a new face.

He is promising to restore security to cities and towns ravaged by the drug war and also plans to reform Pemex, a proposal once considered political suicide.

Mexicans are fiercely protective of Pemex, but the PRI, which nationalized oil production in 1938, could be the one party able to liberalize the energy industry.

The PRI laid the foundations of the modern state with a nimble blend of politics and patronage that allowed it to appeal to labor unions and captains of industry at the same time.
Mexicans eventually tired of heavy-handedness that stifled dissent, rewarded loyalists and allowed widespread corruption.

(Additional reporting by Miguel Angel Gutierrez, Ana Isabel Martinez, Pablo Garibian; Editing by Dave Graham and Kieran Murray and Christopher Wilson)


Mexico’s Next President Won’t Slow The Drug War

By Robert Beckhusen

At this point, there’s little doubt who is likely to win Mexico’s presidential election on Sunday. That would be Enrique Peña Nieto, who polls show leading with double-digits over his rival candidates. He’s also calling for a (subtle) shift in the fight against the cartels: don’t bother as much with stopping drugs and taking down drug lords, but focus on stopping violence and kidnapping. But as far as big changes go, don’t expect much if Peña Nieto wins, at least not soon.

First, the little things. Last week, Pieña Nieto recruited Colombian General Oscar Naranjo — a veteran of the war against the notorious drug lord Pablo Escobar — as his top security adviser. Peña Nieto wants to boost Mexico’s Federal Police, and he’s for creating a new national paramilitary police force to fight the cartels.  His campaign has also been “highly solicitous” of the United States, notes Patrick Corcoran ofInSight, an organized crime monitoring group. This could mean a bigger U.S. role. Naranjo is also reportedly close to U.S. officials.
This is while the cartels still exercise draconian rule over cities throughout many parts of the country, especially along the border. Ciudad Juárez, which came to define Mexico’s drug violence when viewed from outside the country, has seen a drop in murders to 2007 levels, Corcoran adds. But other cities, like Nuevo Laredo, experienced lower and lower levels of violence only for gangland killings to spark anew. The cartels have also spread to new areas.
“If you noticed, none of the presidential candidates broke openly with [outgoing President Felipe Calderón’s] strategy — the farthest they went was to criticize the level of violence,” César Martinez Espinosa, a doctoral candidate at the University of Texas and a specialist in Mexican national security issues, writes in an e-mail. ”This is because they recognized that a majority of people (outside of Mexico City) approves Calderón’s fight against the cartels (some polls have tracked that), especially the participation of the military in it and because they might not have that much room to maneuver once they are in power.”
Reducing violence by legalizing drugs? Not likely in the least. A darker suggestion floated as a possibility in press reports is some kind of deal with the cartels, but Pieña Nieto has ruled out negotiating a truce.
The reason why a truce is brought up: Peña Nieto’s political party, the Institutional Revolutionary Party (or PRI), formerly maintained uninterrupted single-party rule for most of the 20th century. But when it lost power 12 years ago, it also lost a patronage system between regional party bosses and the cartels. This system meant drugs were allowed to flow relatively freely, provided physical disputes between the cartels didn’t get out of hand. But losing a (note: corrupt) system of checks and balances, beef between cartels escalated.
Nor is it likely that such a deal could be made today. In some states that maintained PRI rule, these networks were maintained but still failed to stop the surge in violence. Some of the state-level politicians with ties to the cartels are now being purged. In any case, the PRI will be governing a different Mexico: one in which corruption is still a major problem, but in which a single party is not able to maintain control over the entire governing apparatus. Another problem is that today’s cartels are smaller, a lot more numerous and increasingly decentralized. With so many cartels operating in Mexico today, who do you cut a deal with?
“Should he win, Peña Nieto will surely seek some cosmetic changes, and he may push the philosophy underlying Mexico’s crime strategy in a new direction. But the obstacles to a different approach are enormous; as a result, for better or worse, the shifts are likely to be marginal,” notes Corcoran.
Another option is to eliminate some local police forces and “consolidate them into stronger state forces,” says Martinez. Elsewhere, the new president will have to keep up economic growth and push reforms through the courts and a chaotic, badly-run prison system. But for the time being, and for whoever wins, the war with the cartels will continue.


Joaquín Archivaldo Guzmán Loera (born April 4, 1957)[2] is a fugitive Mexican drug lord who heads the world’s largest and most powerful drug trafficking organization, the Sinaloa Cartel,[5] an organization named after the Mexican Pacific coast state of Sinaloa where it was initially formed. Known as “El Chapo Guzmán” (“Shorty Guzmán“) for his 1.68 m (5 ft 6 in) stature, he became Mexico’s top drug kingpin in 2003 after the arrest of his rival Osiel Cárdenas of the Gulf Cartel, and is now considered “The most powerful drug trafficker in the world,” by the United States Department of the Treasury.[6][7]
Guzmán Loera has been ranked by Forbes magazine as one of the most powerful people in the world every year since 2009; ranking 41st, 60th and 55th respectively.[8][9] He was also listed by Forbes as the 10th richest man in Mexico (1,140th in the world) in 2011.[10][11] Forbes also calls him the “biggest druglord of all time”,[12] and the DEA strongly believes he has surpassed the influence and reach of Pablo Escobar, and now considers him “the godfather of the drug world.”[13]
Guzman Loera’s Sinaloa Cartel smuggles multi-ton cocaine shipments from Colombia through Mexico to the United States,[1] and has distribution cells throughout the U.S.[1] The organization has also been involved in the production, smuggling and distribution of Mexican methamphetamine,marijuana, and heroin. The U.S. offers a $5 million USD reward for information leading to his capture. The Mexican government offers a reward of 30 million pesos for such information.


Cocaine Incorporated

 
 
By PATRICK RADDEN KEEFE

Published: June 15, 2012
One afternoon last August, at a hospital on the outskirts of Los Angeles, a former beauty queen named Emma Coronel gave birth to a pair of heiresses. The twins, who were delivered at 3:50 and 3:51, respectively, stand to inherit some share of a fortune that Forbes estimates is worth a billion dollars. Coronel’s husband, who was not present for the birth, is a legendary tycoon who overcame a penurious rural childhood to establish a wildly successful multinational business. If Coronel elected to leave the entry for “Father” on the birth certificates blank, it was not because of any dispute over patrimony. More likely, she was just skittish about the fact that her husband, Joaquín Guzmán, is the C.E.O. of Mexico’s Sinaloa cartel, a man the Treasury Department recently described as the world’s most powerful drug trafficker. Guzmán’s organization is responsible for as much as half of the illegal narcotics imported into the United States from Mexico each year; he may well be the most-wanted criminal in this post-Bin Laden world. But his bride is a U.S. citizen with no charges against her. So authorities could only watch as she bundled up her daughters and slipped back across the border to introduce them to their dad.
How the Sinaloa Cartel Smuggles Drugs Across Borders

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Known as El Chapo for his short, stocky frame, Guzmán is 55, which in narco-years is about 150. He is a quasi-mythical figure in Mexico, the subject of countless ballads, who has outlived enemies and accomplices alike, defying the implicit bargain of a life in the drug trade: that careers are glittering but brief and always terminate in prison or the grave. When Pablo Escobar was Chapo’s age, he had been dead for more than a decade. In fact, according to the Drug Enforcement Administration, Chapo sells more drugs today than Escobar did at the height of his career. To some extent, this success is easily explained: as Hillary Clinton acknowledged several years ago, America’s “insatiable demand for illegal drugs” is what drives the clandestine industry. It’s no accident that the world’s biggest supplier of narcotics and the world’s biggest consumer of narcotics just happen to be neighbors. “Poor Mexico,” its former president Porfirio Díaz is said to have remarked. “So far from God and so close to the United States.”
The Sinaloa cartel can buy a kilo of cocaine in the highlands of Colombia or Peru for around $2,000, then watch it accrue value as it makes its way to market. In Mexico, that kilo fetches more than $10,000. Jump the border to the United States, and it could sell wholesale for $30,000. Break it down into grams to distribute retail, and that same kilo sells for upward of $100,000 — more than its weight in gold. And that’s just cocaine. Alone among the Mexican cartels, Sinaloa is both diversified and vertically integrated, producing and exporting marijuana, heroin and methamphetamine as well.
Estimating the precise scale of Chapo’s empire is tricky, however. Statistics on underground economies are inherently speculative: cartels don’t make annual disclosures, and no auditor examines their books. Instead, we’re left with back-of-the-envelope extrapolations based on conjectural data, much of it supplied by government agencies that may have bureaucratic incentives to overplay the problem.
So in a spirit of empirical humility, we shouldn’t accept as gospel the estimate, from the Justice Department, that Colombian and Mexican cartels reap $18 billion to $39 billion from drug sales in the United States each year. (That range alone should give you pause.) Still, even if you take the lowest available numbers, Sinaloa emerges as a titanic player in the global black market. In the sober reckoning of the RAND Corporation, for instance, the gross revenue that all Mexican cartels derive from exporting drugs to the United States amounts to only $6.6 billion. By most estimates, though, Sinaloa has achieved a market share of at least 40 percent and perhaps as much as 60 percent, which means that Chapo Guzmán’s organization would appear to enjoy annual revenues of some $3 billion — comparable in terms of earnings to Netflix or, for that matter, to Facebook.
The drug war in Mexico has claimed more than 50,000 lives since 2006. But what tends to get lost amid coverage of this epic bloodletting is just how effective the drug business has become. A close study of the Sinaloa cartel, based on thousands of pages of trial records and dozens of interviews with convicted drug traffickers and current and former officials in Mexico and the United States, reveals an operation that is global (it is active in more than a dozen countries) yet also very nimble and, above all, staggeringly complex. Sinaloa didn’t merely survive the recession — it has thrived in recent years. And after prevailing in some recent mass-casualty clashes, it now controls more territory along the border than ever.
“Chapo always talks about the drug business, wherever he is,” one erstwhile confidant told a jury several years ago, describing a driven, even obsessive entrepreneur with a proclivity for micromanagement. From the remote mountain redoubt where he is believed to be hiding, surrounded at all times by a battery of gunmen, Chapo oversees a logistical network that is as sophisticated, in some ways, as that of Amazon or U.P.S. — doubly sophisticated, when you think about it, because traffickers must move both their product and their profits in secret, and constantly maneuver to avoid death or arrest. As a mirror image of a legal commodities business, the Sinaloa cartel brings to mind that old line about Ginger Rogers doing all the same moves as Fred Astaire, only backward and in heels. In its longevity, profitability and scope, it might be the most successful criminal enterprise in history.
The state of Sinaloa, from which the cartel derives its name, lies wedged between the Sierra Madre Occidental and Mexico’s west coast. Sun-blasted and remote, Sinaloa is the Sicily of Mexico, both cradle and refuge of violent men, and the ancestral land of many of the country’s most notorious traffickers. Chapo was born in a village called La Tuna, in the foothills of the Sierra, in 1957. His formal education ended in third grade, and as an adult, he has reportedly struggled to read and write, prevailing upon a ghostwriter, at one point, to compose letters to his mistress. Little is known about Chapo’s early years, but by the 1980s, he joined the Guadalajara cartel, which was run by a former policeman known as El Padrino — the Godfather.
For decades, Mexican smugglers had exported homegrown marijuana and heroin to the United States. But as the Colombian cocaine boom gathered momentum in the 1980s and U.S. law enforcement began patrolling the Caribbean, the Colombians went in search of an alternate route to the United States and discovered one in Mexico. Initially, Mexican traffickers, like a pudgy 25-year-old airplane pilot named Miguel Angel Martínez, acted as independent contractors who were paid a fee by the Colombians to move their cargo. In 1986, the Guadalajara cartel dispatched Martínez to the Colombian port of Barranquilla, in the hope that someone might commission him to fly drugs up to Mexico. But Martínez couldn’t find any takers and ended up languishing in Colombia for months, worrying that he had blown his big opportunity with the cartel. Eventually, he caught a commercial flight back to Mexico, and shortly thereafter, he was summoned to a meeting with Chapo, who was by then an underboss in the cartel. “You were very well behaved in Colombia,” Chapo told him, according to subsequent testimony. He seemed impressed by Martínez’s patience in waiting for an assignment.
Having passed this test, Martínez started working for Chapo as a kind of air traffic controller, negotiating directly with the Cali and Medellín cartels, then guiding their cocaine flights from South America to secret runways in barren stretches of Mexico. Martínez knew U.S. agents were monitoring his radio communications, so rather than say a word, he would whistle — a signal to the pilots that they were cleared for takeoff.
With the decline of the Caribbean route, the Colombians started paying Mexican smugglers not in cash but in cocaine. More than any other factor, it was this transition that realigned the power dynamics along the narcotics supply chain in the Americas, because it allowed the Mexicans to stop serving as logistical middlemen and invest in their own drugs instead. In 1986, Martínez couldn’t land a gig as a lowly courier in Barranquilla. Not five years later, he was marshaling hundreds of flights laden with cocaine for Chapo. “Sometimes we would get five planes a night,” he remembered. “Sometimes 16.” Now it was the Colombians who went hat in hand to Chapo, looking not to hire him to move their product but to sell it to him outright. They would tip Martínez $25,000 just to get an audience with the man.
The young pilot became a gatekeeper to the ascendant kingpin, fielding his phone calls and accompanying him on foreign trips. There’s a vaudevillian goofiness to nicknames in Mexico, and the stout Martínez was known in the cartel as El Gordo. He and Chapo — Fatty and Shorty — made quite a pair. “Japan, Hong Kong, India, all of Europe,” Martínez recalled in testimony. Chapo owned a fleet of Learjets, and together, they saw “the whole world.” They both used cocaine as well, a habit that Chapo would eventually give up. When a lawyer inquired, years later, whether he had been Chapo’s right-hand man, Martínez replied that he might have been, but that Guzmán had five left hands and five right hands. “He’s an octopus, Chapo Guzmán,” he said. For his efforts, Martínez was paid a million dollars a year, in a single annual installment: “In cash, in a suitcase, each December.” When Martínez’s son was born, Chapo asked to serve as godfather.
In 1989, Chapo’s mentor, El Padrino, was captured by Mexican authorities, and the remaining members of the Guadalajara cartel assembled in Acapulco to determine which smuggling route each capo would inherit. According to Ioan Grillo’s book, “El Narco,” the meeting was ostensibly a gathering of friends. But the shards of El Padrino’s organization would become the basis for the Tijuana, Juárez and Sinaloa cartels, and these onetime colleagues would soon become antagonists in a cycle of bloody turf wars that continues to this day.
“Drug cartel,” it turns out, is a whopper of a misnomer; neither the Mexicans nor the Colombians ever colluded to fix prices or supply. “I wish they were cartels,” Arturo Sarukhán, Mexico’s ambassador in Washington, told me. “If they were, they wouldn’t be fighting and driving up the violence.”
At first, Chapo’s organization controlled a single smuggling route, through western Mexico into Arizona. But by 1990, it was moving three tons of cocaine each month over the border, and from there, to Los Angeles. The Sinaloa has always distinguished itself by the eclectic means it uses to transport drugs. Working with Colombian suppliers, cartel operatives moved cocaine into Mexico in small private aircraft and in baggage smuggled on commercial flights and eventually on their own 747s, which they could load with as much as 13 tons of cocaine. They used container ships and fishing vessels and go-fast boats and submarines — crude semi-submersibles at first, then fully submersible subs, conceived by engineers and constructed under the canopy of the Amazon, then floated downriver in pieces and assembled at the coastline. These vessels can cost more than a million dollars, but to the smugglers, they are effectively disposable. In the event of an interception by the Coast Guard, someone onboard pulls a lever that floods the interior so that the evidence sinks; only the crew is left bobbing in the water, waiting to be picked up by the authorities.
Moving cocaine is a capital-intensive business, but the cartel subsidizes these investments with a ready source of easy income: marijuana. Cannabis is often described as the “cash crop” of Mexican cartels because it grows abundantly in the Sierras and requires no processing. But it’s bulkier than cocaine, and smellier, which makes it difficult to conceal. So marijuana tends to cross the border far from official ports of entry. The cartel makes sandbag bridges to ford the Colorado River and sends buggies loaded with weed bouncing over the Imperial Sand Dunes into California. Michael Braun, the former chief of operations for the D.E.A., told me a story about the construction of a high-tech fence along a stretch of border in Arizona. “They erect this fence,” he said, “only to go out there a few days later and discover that these guys have a catapult, and they’re flinging hundred-pound bales of marijuana over to the other side.” He paused and looked at me for a second. “A catapult,” he repeated. “We’ve got the best fence money can buy, and they counter us with a 2,500-year-old technology.”
Improvisation is a trafficker’s greatest asset, and in recent years, Sinaloa has devised an even more efficient solution to the perennial challenge of getting marijuana across the border. Grow it here. Several years ago, a hunter was trekking through the remote North Woods of Wisconsin when he stumbled upon a vast irrigated grow site, tended by a dozen Mexican farmers armed with AK-47’s. According to the D.E.A., it was a Sinaloa pot farm, established on U.S. National Forest land to supply the market in Chicago.
Heroin is easier to smuggle but difficult to produce, and as detailed in court documents, Chapo is particularly proud of his organization’s work with the drug. He personally negotiates shipments to the United States and stands by its quality, which is normally 94 percent pure. “The value-to-weight ratio of heroin is better than any other drug,” says Alejandro Hope, who until recently was a senior officer at Cisen, Mexico’s equivalent to the C.I.A.
But the future of the business may be methamphetamine. During the 1990s, when the market for meth exploded in the United States, new regulations made it more difficult to manufacture large quantities of the drug in this country. This presented an opportunity that the Sinaloa quickly exploited. According to Anabel Hernández, author of “Los Señores del Narco,” a book about the cartel, it was one of Chapo’s deputies, a trafficker named Ignacio (Nacho) Coronel, who first spotted the massive potential of methamphetamine. “Nacho was like Steve Jobs,” Hernández told me. “He saw the future.”
Here was a drug that was ragingly addictive and could be produced cheaply and smuggled with relative ease. When they first started manufacturing meth, the Sinaloa would provide free samples to their existing wholesale clients in the Midwest. “They’d send five hundred pounds of marijuana, and secreted in that would be two kilos of meth,” Jack Riley, the D.E.A.’s special agent in charge of the Chicago office, told me. “They’d give it away for free. They wanted the market.” As demand grew, the cartel constructed superlabs, capable of churning out industrial volumes of meth. Container ships from India and China unloaded precursor chemicals — largely ephedrine — in the Pacific ports Lázaro Cárdenas and Manzanillo. To grasp the scale of production, consider the volume of some recent precursor seizures at these ports: 22 tons in October 2009; 88 tons in May 2010; 252 tons last December. When Mexico banned the importation of ephedrine, the cartel adapted, tweaking its recipe to use unregulated precursors. Recently they have started outsourcing production to new labs in Guatemala.
But Chapo’s greatest contribution to the evolving tradecraft of drug trafficking was one of those innovations that seem so logical in hindsight it’s a wonder nobody thought of it before: a tunnel. In the late 1980s, Chapo hired an architect to design an underground passageway from Mexico to the United States. What appeared to be a water faucet outside the home of a cartel attorney in the border town of Agua Prieta was in fact a secret lever that, when twisted, activated a hydraulic system that opened a hidden trapdoor underneath a pool table inside the house. The passage ran more than 200 feet, directly beneath the fortifications along the border, and emerged inside a warehouse the cartel owned in Douglas, Ariz. Chapo pronounced it “cool.”
When this new route was complete, Chapo instructed Martínez to call the Colombians. “Tell them to send all the drugs they can,” he said. As the deliveries multiplied, Sinaloa acquired a reputation for the miraculous speed with which it could push inventory across the border. “Before the planes were arriving back in Colombia on the return, the cocaine was already in Los Angeles,” Martínez marveled.
Eventually the tunnel was discovered, so Chapo shifted tactics once again, this time by going into the chili-pepper business. He opened a cannery in Guadalajara and began producing thousands of cans stamped “Comadre Jalapeños,” stuffing them with cocaine, then vacuum-sealing them and shipping them to Mexican-owned grocery stores in California. He sent drugs in the refrigeration units of tractor-trailers, in custom-made cavities in the bodies of cars and in truckloads of fish (which inspectors at a sweltering checkpoint might not want to detain for long). He sent drugs across the border on freight trains, to cartel warehouses in Los Angeles and Chicago, where rail spurs let the cars roll directly inside to unload. He sent drugs via FedEx.
But that tunnel into Douglas remains Chapo’s masterpiece, an emblem of his creative ingenuity. Twenty years on, the cartels are still burrowing under the border — more than a hundred tunnels have been discovered in the years since Chapo’s first. They are often ventilated and air-conditioned, and some feature trolley lines stretching up to a half-mile to accommodate the tonnage in transit.
You might suppose that a certain recklessness would be a prerequisite for anyone contemplating a career in the drug trade. But in reality, blue-chip traffickers tend to fixate, with neurotic intensity, on the concept of risk. “The goal of these folks is not to sell drugs,” Tony Placido, who was the top intelligence official at the D.E.A. until he retired last year, told me. “It’s to earn a spendable profit and live to enjoy it.” So the smart narcos are preoccupied with what Peter Reuter and Mark Kleiman once referred to, in a classic essay on the drug business, as “the marginal imprisonment risk.” In 2010, Chapo’s old friend Ismael (El Mayo) Zambada, the No. 2 man in the Sinaloa cartel, granted an interview to the Mexican magazine Proceso. Now in his 60s and a grandfather, El Mayo has been in the drug business for nearly half a century and has amassed a fortune. But you can’t buy peace of mind. “I’m terrified they’ll incarcerate me,” he acknowledged. “I’m full of fear. Always.”
There’s a reason coke and heroin cost so much more on the street than at the farm gate: you’re not paying for the drugs; you’re compensating everyone along the distribution chain for the risks they assumed in getting them to you. Smugglers often negotiate, in actuarial detail, about who will be held liable in the event of lost inventory. After a bust, arrested traffickers have been known to demand a receipt from authorities, so that they can prove the loss was not because of their own negligence (which would mean they might have to pay for it) or their own thievery (which would mean they might have to die). Some Colombian cartels have actually offered insurance policies on narcotics, as a safeguard against loss or seizure.
To prevent catastrophic losses, cartels tend to distribute their risk as much as possible. Before sending a 100-kilo shipment across the border, traffickers might disaggregate it into five carloads of 20 kilos each. Chapo and his associates further reduce their personal exposure by going in together on shipments, so each of those smaller carloads might hold 10 kilos belonging to Chapo and 10 belonging to Mayo Zambada. The Sinaloa is occasionally called the Federation because senior figures and their subsidiaries operate semiautonomously while still employing a common smuggling apparatus.
The organizational structure of the cartel also seems fashioned to protect the leadership. No one knows how many people work for Sinaloa, and the range of estimates is comically broad. Malcolm Beith, the author of a recent book about Chapo, posits that at any given moment, the drug lord may have 150,000 people working for him. John Bailey, a Georgetown professor who has studied the cartel, says that the number of actual employees could be as low as 150. The way to account for this disparity is to distinguish between salaried employees and subcontractors. A labor force of thousands may be required to plow all that contraband up the continent, but a lot of the work can be delegated to independent contractors, people the Mexican political scientist and security consultant Eduardo Guerrero describes as working “for the cartel but outside it.”
Even those who do work directly for the cartel are limited to carefully compartmentalized roles. At a recent trial, a regional cartel lieutenant, José Esparza, testified about his experience working for the Sinaloa along the border. On one occasion, he attended a meeting outside Culiacán with many of the cartel’s top leaders. But there was no sign of Chapo. Once the discussion concluded, an emissary left the group and approached a Hummer that was parked in the distance and surrounded by men with bulletproof vests and machine guns, to report on the proceedings. Chapo never stepped out of the vehicle.
It’s not just the federales that the narcos fear; it’s also one another. The brutal opportunism of the underworld economy means that most partnerships are temporary, and treachery abounds. For decades, Chapo worked closely with his childhood friend Arturo Beltrán Leyva, a fearsome trafficker who ran a profitable subsidiary of Sinaloa. But in 2008, the two men split, then went to war, and Beltrán Leyva’s assassins were later blamed for murdering one of Chapo’s sons. To reduce the likelihood of clashes like these, the cartel has revived an unlikely custom: the ancient art of dynastic marriage. Chapo’s organization is occasionally referred to as an alianza de sangre (“alliance of blood”), because so many of its prominent members are cousins by marriage or brothers-in-law. Emma Coronel, who gave birth to Chapo’s twins, is the niece of Nacho Coronel, the Steve Jobs of meth (who died in a shootout with the Mexican Army in 2010). All of this intermarriage, one U.S. official in Mexico suggested to me, functions as “a hedge against distrust.” An associate may be less likely to cheat you, or to murder you, if there’ll be hell to pay with his wife. It’s a cynical strategy, certainly, but in a vocation where one of Chapo’s rivals went by the nickname Mata Amigos, or “Friend Killer,” it may also be quite sound.
The surest way to stay out of trouble in the drug business is to dole out bribes, and promiscuously. Drug cartels don’t pay corporate taxes, but a colossus like Sinaloa makes regular payments to the federal, state and municipal authorities that may well rival the effective tax rate in Mexico. When the D.E.A. conducted an internal survey of its top 50 operatives and informants several years ago and asked them to name the most important factor for running a drug business, they replied, overwhelmingly, corruption. At a trial in 2010, a former police official from Juárez, Jesús Fierro Méndez, acknowledged that he had worked for Sinaloa. “Did the drug cartels have the police on the payroll?” an attorney asked.
“All of it,” Fierro Méndez replied.
The cartel bribes mayors and prosecutors and governors, state police and federal police, the army, the navy and a host of senior officials at the national level. After an arrest for drug trafficking in the 1990s, Chapo was sentenced to 20 years and shipped to Puente Grande, a fortified prison in Jalisco that was Mexico’s answer to a supermax. But during the five years he spent there, Chapo enjoyed prerogatives that make the prison sequence in “Goodfellas” look positively austere. With most of the facility on his payroll, he is said to have ordered his meals from a menu, conducted business by cellphone and orchestrated periodic visits by prostitutes, who would arrive aboard a prison truck driven by a guard. I spoke with one drug producer who negotiated a joint venture deal with Chapo while he was behind bars. Eventually, as the story goes, Chapo was smuggled out in a laundry cart. According to Martínez’s testimony, he paid more than $3 million to secure his release. Today, Chapo is a free man, Puente Grande’s warden only recently completed a jail sentence for letting him go and Mexicans call the prison Puerta Grande — the Big Door.
The tacit but unwavering tolerance that Mexican authorities have shown for the drug trade over the years has muddled the boundaries between outlaws and officials. When Miguel Angel Martínez was working for Chapo, he says, “everyone” in the organization had military and police identification. Daylight killings are sometimes carried out by men dressed in police uniforms, and it is not always clear, after the fact, whether the perpetrators were thugs masquerading as policemen or actual policemen providing paid assistance to the thugs. On those occasions when the government scores a big arrest, meanwhile, police and military officials pose for photos at the valedictory news conference brandishing assault weapons, their faces shrouded in ski masks, to shield their identities. In the trippy semiotics of the drug war, the cops dress like bandits, and the bandits dress like cops.
When you tally it all up, bribery may be the single largest line item on a cartel’s balance sheet. In 2008, President Felipe Calderón’s own drug czar, Noe Ramirez, was charged with accepting $450,000 each month. Presumably, such gargantuan bribes to senior officials cascade down, securing the allegiance of their subordinates. “You have to recruit the high commands, so they can issue the information to lower ranks and order whatever they want,” the corrupt cop, Fierro Méndez, testified. But in key jurisdictions, the cartel most likely makes payments up and down the chain of command. In a 2010 speech, Genaro García Luna, Mexico’s secretary of public security, speculated that together, the cartels spend more than a billion dollars each year just to bribe the municipal police.
It’s not only officials who must be bribed, either. There are also the “falcons,” an army of civilian lookouts who might receive $100 a month just to keep their eyes open and make a phone call if they notice an uptick in border inspections or a convoy of police. “There are cities in Mexico where virtually every cabdriver is on the payroll,” Michael Braun, formerly of the D.E.A., said. “They have eyes and ears everywhere.”
And then there are the Americans. Guards at the U.S. border have been known to wave a car through their checkpoints for a few thousand dollars, and since 2004, there have been 138 convictions or indictments in corruption investigations involving members of the United States Customs and Border Protection. Paradoxically, one explanation for this state of affairs is the rapid expansion of border forces following the creation of the Department of Homeland Security. In their hurry to fortify the U.S.-Mexico boundary with uniformed personnel, it seems, officials may have made allowances on background checks and screenings. In some instances, job offers have been extended to the immediate relatives of known traffickers.
When corruption fails, there is always violence. During the 12 years that he worked for the cartel, Martínez claims that he did not carry a gun. But Sinaloa has risen to pre-eminence as much through savagery as through savvy. “In illegal markets, the natural tendency is toward monopoly, so they fight each other,” Antonio Mazzitelli, an official with the United Nations Office on Drugs and Crime in Mexico City, told me. “How do they fight: Go to court? Offer better prices? No. They use violence.” The primal horror of Mexico’s murder epidemic makes it difficult, perhaps even distasteful, to construe the cartel’s butchery as a rational advancement of coherent business aims. But the reality is that in a multibillion-dollar industry in which there is no recourse to legally enforceable contracts, some degree of violence may be inevitable.
“It’s like geopolitics,” Tony Placido said. “You need to use violence frequently enough that the threat is believable. But overuse it, and it’s bad for business.”
The most gratuitous practitioners of violence right now would be the Zetas, a rampaging league of sociopaths with a notable devotion to physical cruelty. The Zetas are a new kind of cartel, in that they came somewhat late to the actual business of smuggling drugs. They started out as bodyguards for the Gulf Cartel before going into business for themselves, and they specialize in messaging through bloodshed. It’s the Zetas who are charged with dumping 49 mutilated bodies by the side of a highway near Monterrey last month. Sinaloa is responsible for a great deal of carnage as well, but its approach to killing has traditionally been more discreet. Whereas a Sinaloa subsidiary allied with a Tijuana farmer known as the Stewmaker, who dissolved hundreds of bodies in barrels of lye, the Zetas have pioneered a multimedia approach to violence, touting their killings on YouTube. One strategic choice facing any cartel is deciding when to intimidate the civilian population and when to cultivate it. Sinaloa can be exceedingly brutal, but the cartel is more pragmatic than the Zetas in its deployment of violence. It may simply be, as one Obama administration official suggested, that the Sinaloa leadership is “more conscious of their brand.”
It’s a curious rivalry between these two organizations, because their business models are really very different. The Zetas have diversified beyond drugs to extortion, kidnapping and human trafficking, blossoming into what officials call a “polycriminal organization.” Sinaloa, by contrast, has mostly tended to stick to its core competence of trafficking. According to one captured cartel member, Chapo specifically instructed his subordinates not to dabble in protection rackets and insisted that Sinaloa territory remain “calm” and “controlled.”
“Sinaloa does not do extortion directly,” Eduardo Guerrero said. “It’s so risky, and the profits are so small. They want the big business — and the big business is in the United States.”
Just how active the cartel is north of the border is a divisive question. According to the Department of Justice, by 2009, Mexican-based criminal organizations were operating in “more than a thousand U.S. cities.” When you consider the huge jump in the price of narcotics between bulk importation and retail sales, it might seem that Chapo would want to expand into street-level distribution. In 2005, the D.E.A. began intercepting large shipments of cocaine in which each kilo brick was heat-sealed in a distinctive Mylar foil. They spotted the foil in Los Angeles first, then in Oklahoma, Chicago, Atlanta and New Jersey. “This was Sinaloa coke,” Michael Wardrop, who led two of the agency’s most ambitious operations against the domestic networks of the cartel, told me. As the telltale wrapping popped up across the country, Wardrop and his colleagues marveled at the sheer expanse of Sinaloa’s market. “It was like watching a virus in a Petri dish,” he said. “It was constantly growing.”
Wardrop’s investigations netted more than a thousand arrests. But some observers question the extent to which the perpetrators in these cases were actually working for the cartel. “If you’re telling me there’s a straight chain of command back to El Chapo in Sinaloa — come on, that’s absurd,” the Mexican ambassador, Arturo Sarukhán, protested. Often, the gatekeepers and logistics men that the D.E.A. arrested were indeed connected to handlers in Mexico. But this was more true of high-level importers dealing in kilos than run-of-the-mill retailers pushing grams. When The Associated Press tracked down Otis Rich, a Baltimore dealer who was ensnared in one of the operations, he answered the obvious question with a telling reply: “Sina-who?”
“The fully integrated model would indeed maximize profits,” John Bailey observes in a coming book about the cartels, but “it also maximizes risk of exposure.” A big reason for the markup at the retail level is that the sales force is so exposed — out on the corner, a magnet for undercover cops, obliged to negotiate with a needy, unpredictable clientele. When you adjust for all that added risk, the windfall starts to seem less alluring. Like a liquor wholesaler who opts not to open a bar, Chapo appears to have decided that the profits associated with retail sales just aren’t worth the hassle.
What Sinaloa does do inside this country is ferry drugs along highways to regional distribution hubs, where they are turned over to trusted wholesalers, like the Flores twins of Chicago. Pedro and Margarito Flores grew up in a Mexican-American enclave of the city during the 1990s. Their father and an older brother had moved drugs for Sinaloa, and by the time the twins were in their 20s, they had gone into business as distributors, purchasing cocaine and heroin directly from Mexican cartels, then selling to dealers throughout the United States. Chicago, home of the Mercantile Exchange, has always been a hub from which legitimate goods fan out across the country, and it’s no different for black-market commodities. Chapo has used the city as a clearinghouse since the early 1990s; he once described it as his “home port.”
In 2005, the Flores twins were flown to a mountaintop compound in Sinaloa to meet with Chapo Guzmán. The kingpin is an intimidating interlocutor; one criminal who has negotiated with him face to face told me that Chapo tends to dominate a conversation, asking a lot of questions and compensating for his short stature by bouncing on the balls of his feet. But the meeting went well, and before long, the brothers were distributing around two tons of Sinaloa product each month. As preferred customers, they often took Chapo’s drugs without putting any money down, then paid the cartel only after they sold the product. This might seem unlikely, given the pervasive distrust in the underworld, but the narcotics trade is based on a robust and surprisingly reliable system of credit. In a sense, a cartel like Sinaloa has no choice but to offer a financing option, because few wholesale buyers have the liquidity to pay cash upfront for a ton of cocaine. “They have to offer lines of credit,” Wardrop told me, “no different from Walmart or Sears.”
This credit system, known as “fronting,” rests on an ironclad assumption that in the American marketplace, even an idiot salesman should have no trouble selling drugs. One convicted Sinaloa trafficker told me that it often took him more time to count the money he collected from his customers than it did to actually move the product. It may also help that the penalty for defaulting could involve dismemberment.
As wholesale buyers, the Flores brothers occupied a crucial bottleneck between the cartel and its consumers. They grew so indispensable, in fact, that after taking delivery of a shipment of drugs, they could retroactively bargain down the price. One day in 2008, Pedro Flores telephoned Guzmán in Mexico to ask for a discount on heroin.
“What did we agree on?” Chapo asked him, according to a government transcript of the call.
They had negotiated a price of $55,000 per kilo, Flores explained. But if Chapo would consider lowering that to $50,000, the twins could pay immediately.
“That price is fine,” Chapo agreed, without argument. Then he added something significant: “Do you have a way to bring that money over here?”
For the Sinaloa cartel, pushing product north into the United States is only half the logistical equation. The drug trade is a cash business — you can’t buy kilos with your credit card. So while politicians tend to focus on cartels primarily as importers of drugs, the narcos also devote an enormous amount of energy to the export of money. Cash is collected in small denominations from individual buyers and then bundled in great stacks of broken-in bills that are used to pay wholesalers, like the Flores brothers. These bills are counted, hidden in the same vehicle compartments that were used to smuggle drugs in the opposite direction and then sent to stash houses in Los Angeles, San Diego and Phoenix. From there, they move across the border into Mexico.
What happens to the money when it gets there? The cartel employs professional money launderers who specialize in drug proceeds, and according to Robert Mazur, a former D.E.A. agent who infiltrated the Colombian cartels, the fee for fully scrubbing and banking illicit proceeds may run Sinaloa more than 15 cents on the dollar. But a great deal of the cartel’s money remains in cash. In the early 1990s, a Sinaloa accountant sent planeloads of U.S. currency to Mexico City in suitcases holding $1 million each. When Miguel Angel Martínez worked for Chapo, the kingpin would test his loyalty, adding an extra $200,000 to one of the suitcases to see if Martínez would pocket it. “Eight suitcases, compadre, so that is $8 million,” he would say. (Martínez never fell for the trick.) A sizable share of the cash is devoted to paying bribes, and some is sent to Colombia to purchase more product, because drugs offer a strong return on investment. “Where would you put your money?” the former Cisen officer Alejandro Hope asked me with a chuckle. “T-bills? Real estate? I would put a large portion of my portfolio in cocaine.”
Even so, the business generates such volumes of currency that there is only so much you can launder or reinvest, which means that money can start to pile up around the house. The most that Martínez ever saw at one time was $30 million, which just sat there, having accumulated in his living room. In 2007, Mexican authorities raided the home of Zhenli Ye Gon, a Chinese-Mexican businessman who is believed to have supplied meth-precursor chemicals to the cartel, and discovered $206 million, the largest cash seizure in history. And that was the money Zhenli held onto — he was an inveterate gambler, who once blew so much cash in Las Vegas that one of the casinos presented him, in consolation, with a Rolls-Royce. “How much money do you have to lose in the casino for them to give you a Rolls-Royce?” Tony Placido, the D.E.A. intelligence official, asked. (The astonishing answer, in Zhenli’s case, is $72 million at a single casino in a single year.) Placido also pointed out that, as a precursor guy, Zhenli was on the low end of the value chain for meth. It makes you wonder about the net worth of the guy who runs the whole show.
In 2008, the Flores twins were indicted in Chicago and began secretly cooperating with law enforcement. The following year, one of their Sinaloa contacts — a debonair young trafficker named Jesús Vicente Zambada Niebla, or Vicentillo — was arrested in Mexico and later extradited to Chicago. He will be the highest-ranking member of the cartel ever to face trial in the United States, and his favorite wholesale customers will be the star witnesses against him. In a surprise twist, Vicentillo (who is the son of Chapo’s partner, Mayo Zambada) has argued that he can’t be prosecuted — because even as he worked for Sinaloa, he was also a secret informant for the D.E.A.
There has been speculation in Mexico that the Calderón regime favors Sinaloa over the unhinged Zetas and has made a devil’s pact to lay off the cartel. It might be impossible to eradicate all the cartels in Mexico, this theory goes, so the government has picked a favorite in the conflict in the hope that when the smoke clears, a Sinaloa monopoly might usher in a sort of pax narcotica. A 2010 National Public Radio investigation of Mexican arrest statistics found that Sinaloa had suffered conspicuously fewer arrests than had its peers, though this could simply be evidence of triage on the government’s part rather than p

Nov 22nd 2012, 16:34 by Economist.com

Mexican states compared with entire countries’ body counts, murder rates and populations

MEXICO’S murder rate has doubled over the past five years, to nearly 19 per 100,000 people per year. But what does that really mean? To give an idea of how safe or dangerous the country’s various states are, we have compared their crime statistics with those of whole countries. Visitors can relax in Yucatán, the safest state, which has about the same murder rate as Finland. Tlaxcala, not far from Mexico City, is about as safe as the United States. At the other end of the spectrum Chihuahua, the most violent state, has a murder rate equivalent to El Salvador, one of the most violent countries in the world. Another way of looking at the data is to compare the gross totals. The state of San Luis Potosí, for instance, has seen as many murders in the past year as all of Spain, despite having a population of just 2.6m.


BY NICHOLAS CASEY

MEXICO CITY — Mexico’s president-elect Enrique Peña Nieto, fresh off his weekend election victory, said Tuesday he plans to continue President Felipe Calderón’s fight against the country’s drug gangs, but outlined a long-term strategy to place more of the battle in the hands of civilians rather than the military.

In a wide-ranging interview in the capital, Mr. Peña Nieto, of the Institutional Revolutionary Party, praised much of Mr. Calderón’s strategy against organized crime, including the creation of a federal police force and growing cooperation with the U.S.


President Barack Obama telephoned Mexican President-elect Enrique Peña Nieto to congratulate him on his victory in last weekend’s elections, the White House said in a statement Monday. While the release listed several topics that the two men discussed, it made no explicit mention of the two countries’ fitful efforts to combat ultra-violent drug cartels.

Obama “reiterated his commitment to working in partnership with Mexico, and looks forward to advancing common goals, including promoting democracy, economic prosperity, and security in the region and around the globe, in the coming years,” according to the White House statement.

Peña Nieto’s victory brought the Institutional Revolutionary Party, which governed Mexico for decades, back to power. He has pledged to overhaul his country’s energy, labor and tax systems, Reuters reported..

“The two leaders reaffirmed the close bilateral partnership the United States and Mexico enjoy based on mutual respect, shared responsibility, and the deep connections between our people,” according to the statement. Obama also “congratulated the Mexican people who have once again demonstrated their commitment to democratic values through a free, fair, and transparent election process.”

Peña Nieto won Sunday’s election with 38 percent of the vote, according to early returns. That gave him a lead of roughly 7 percentage points over his nearest rival, leftist candidate Andres Manuel Lopez Obrador,  according to the Associated Press.

Obama has faced sharp Republican criticism over the government’s Fast and Furious operation, which aimed to track the flow of firearms from American gun sellers, through straw buyers, into the hands of the cartels. The Republican-led House of Representatives voted last week to hold Attorney General Eric Holder in contempt of Congress for refusing to hand over Justice Department documents tied to the operation.


MEXICO CITY (Reuters) – Mexican opposition candidate Enrique Pena Nieto’s campaign team claimed victory in the country’s presidential election on Sunday after exit polls showed him winning by a comfortable margin.

Pena Nieto, 45, of the Institutional Revolutionary Party (PRI), led by between 8 and 11 percentage points in exit polls published by three of Mexico’s main television networks after voting ended on Sunday night.
Shortly afterward his campaign manager, Luis Videgaray, declared victory.

“It is a resounding triumph,” Videgaray told Milenio television, adding that he was hopeful the PRI would have a majority in the Senate and possibly in the lower house of Congress, too.

The PRI, which governed Mexico for 71 years until losing power in 2000, has staged a comeback behind the handsome Pena Nieto, who has pledged to open state-owned oil monopoly Pemex to foreign investors, raise tax revenue and liberalize the labor market.

The exit polls showed him winning around 40 percent of the vote. Leftist rival Andres Manuel Lopez Obrador was in second place with Josefina Vazquez Mota of the ruling National Action Party, or PAN, trailing in third.

“I recognize that the trend up to this point is not in my favor,” said Vazquez Mota, whose campaign was dragged down by a brutal war with drug cartels and the government’s patchy economic record.
Preliminary official results were due in the next few hours.

“It’s time for the PRI to return. They’re the only ones who know how to govern,” said Candelaria Puc, 70, as she voted in the beach resort of Cancun. “The PRI is tough, but they won’t let the drug violence get out of control.”

Others feared a return to the worst years of PRI rule and put Pena Nieto’s big lead down to his cozy relationship with Televisa, Mexico’s top broadcaster.

“It’s the same party as ever and the people who vote for him (Pena Nieto) believe they are going to live happily ever after like in the soap operas,” Humberto Parra, a systems engineer, said as he went to vote in Mexico City.

By the time it lost to the PAN in 2000, the PRI had a reputation for widespread corruption, electoral fraud and authoritarianism.

The PRI was in disarray by 2006, when its presidential candidate came in a distant third, but it has rebounded since then and Pena Nieto gave it a new face.

He is promising to restore security to cities and towns ravaged by the drug war and also plans to reform Pemex, a proposal once considered political suicide.

Mexicans are fiercely protective of Pemex, but the PRI, which nationalized oil production in 1938, could be the one party able to liberalize the energy industry.

The PRI laid the foundations of the modern state with a nimble blend of politics and patronage that allowed it to appeal to labor unions and captains of industry at the same time.
Mexicans eventually tired of heavy-handedness that stifled dissent, rewarded loyalists and allowed widespread corruption.

(Additional reporting by Miguel Angel Gutierrez, Ana Isabel Martinez, Pablo Garibian; Editing by Dave Graham and Kieran Murray and Christopher Wilson)


Mexico’s Next President Won’t Slow The Drug War

By Robert Beckhusen

At this point, there’s little doubt who is likely to win Mexico’s presidential election on Sunday. That would be Enrique Peña Nieto, who polls show leading with double-digits over his rival candidates. He’s also calling for a (subtle) shift in the fight against the cartels: don’t bother as much with stopping drugs and taking down drug lords, but focus on stopping violence and kidnapping. But as far as big changes go, don’t expect much if Peña Nieto wins, at least not soon.

First, the little things. Last week, Pieña Nieto recruited Colombian General Oscar Naranjo — a veteran of the war against the notorious drug lord Pablo Escobar — as his top security adviser. Peña Nieto wants to boost Mexico’s Federal Police, and he’s for creating a new national paramilitary police force to fight the cartels.  His campaign has also been “highly solicitous” of the United States, notes Patrick Corcoran ofInSight, an organized crime monitoring group. This could mean a bigger U.S. role. Naranjo is also reportedly close to U.S. officials.
This is while the cartels still exercise draconian rule over cities throughout many parts of the country, especially along the border. Ciudad Juárez, which came to define Mexico’s drug violence when viewed from outside the country, has seen a drop in murders to 2007 levels, Corcoran adds. But other cities, like Nuevo Laredo, experienced lower and lower levels of violence only for gangland killings to spark anew. The cartels have also spread to new areas.
“If you noticed, none of the presidential candidates broke openly with [outgoing President Felipe Calderón’s] strategy — the farthest they went was to criticize the level of violence,” César Martinez Espinosa, a doctoral candidate at the University of Texas and a specialist in Mexican national security issues, writes in an e-mail. ”This is because they recognized that a majority of people (outside of Mexico City) approves Calderón’s fight against the cartels (some polls have tracked that), especially the participation of the military in it and because they might not have that much room to maneuver once they are in power.”
Reducing violence by legalizing drugs? Not likely in the least. A darker suggestion floated as a possibility in press reports is some kind of deal with the cartels, but Pieña Nieto has ruled out negotiating a truce.
The reason why a truce is brought up: Peña Nieto’s political party, the Institutional Revolutionary Party (or PRI), formerly maintained uninterrupted single-party rule for most of the 20th century. But when it lost power 12 years ago, it also lost a patronage system between regional party bosses and the cartels. This system meant drugs were allowed to flow relatively freely, provided physical disputes between the cartels didn’t get out of hand. But losing a (note: corrupt) system of checks and balances, beef between cartels escalated.
Nor is it likely that such a deal could be made today. In some states that maintained PRI rule, these networks were maintained but still failed to stop the surge in violence. Some of the state-level politicians with ties to the cartels are now being purged. In any case, the PRI will be governing a different Mexico: one in which corruption is still a major problem, but in which a single party is not able to maintain control over the entire governing apparatus. Another problem is that today’s cartels are smaller, a lot more numerous and increasingly decentralized. With so many cartels operating in Mexico today, who do you cut a deal with?
“Should he win, Peña Nieto will surely seek some cosmetic changes, and he may push the philosophy underlying Mexico’s crime strategy in a new direction. But the obstacles to a different approach are enormous; as a result, for better or worse, the shifts are likely to be marginal,” notes Corcoran.
Another option is to eliminate some local police forces and “consolidate them into stronger state forces,” says Martinez. Elsewhere, the new president will have to keep up economic growth and push reforms through the courts and a chaotic, badly-run prison system. But for the time being, and for whoever wins, the war with the cartels will continue.


Joaquín Archivaldo Guzmán Loera (born April 4, 1957)[2] is a fugitive Mexican drug lord who heads the world’s largest and most powerful drug trafficking organization, the Sinaloa Cartel,[5] an organization named after the Mexican Pacific coast state of Sinaloa where it was initially formed. Known as “El Chapo Guzmán” (“Shorty Guzmán“) for his 1.68 m (5 ft 6 in) stature, he became Mexico’s top drug kingpin in 2003 after the arrest of his rival Osiel Cárdenas of the Gulf Cartel, and is now considered “The most powerful drug trafficker in the world,” by the United States Department of the Treasury.[6][7]
Guzmán Loera has been ranked by Forbes magazine as one of the most powerful people in the world every year since 2009; ranking 41st, 60th and 55th respectively.[8][9] He was also listed by Forbes as the 10th richest man in Mexico (1,140th in the world) in 2011.[10][11] Forbes also calls him the “biggest druglord of all time”,[12] and the DEA strongly believes he has surpassed the influence and reach of Pablo Escobar, and now considers him “the godfather of the drug world.”[13]
Guzman Loera’s Sinaloa Cartel smuggles multi-ton cocaine shipments from Colombia through Mexico to the United States,[1] and has distribution cells throughout the U.S.[1] The organization has also been involved in the production, smuggling and distribution of Mexican methamphetamine,marijuana, and heroin. The U.S. offers a $5 million USD reward for information leading to his capture. The Mexican government offers a reward of 30 million pesos for such information.


Cocaine Incorporated

One afternoon last August, at a hospital on the outskirts of Los Angeles, a former beauty queen named Emma Coronel gave birth to a pair of heiresses. The twins, who were delivered at 3:50 and 3:51, respectively, stand to inherit some share of a fortune that Forbes estimates is worth a billion dollars. Coronel’s husband, who was not present for the birth, is a legendary tycoon who overcame a penurious rural childhood to establish a wildly successful multinational business. If Coronel elected to leave the entry for “Father” on the birth certificates blank, it was not because of any dispute over patrimony. More likely, she was just skittish about the fact that her husband, Joaquín Guzmán, is the C.E.O. of Mexico’s Sinaloa cartel, a man the Treasury Department recently described as the world’s most powerful drug trafficker. Guzmán’s organization is responsible for as much as half of the illegal narcotics imported into the United States from Mexico each year; he may well be the most-wanted criminal in this post-Bin Laden world. But his bride is a U.S. citizen with no charges against her. So authorities could only watch as she bundled up her daughters and slipped back across the border to introduce them to their dad.
How the Sinaloa Cartel Smuggles Drugs Across Borders

Readers’ Comments

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Known as El Chapo for his short, stocky frame, Guzmán is 55, which in narco-years is about 150. He is a quasi-mythical figure in Mexico, the subject of countless ballads, who has outlived enemies and accomplices alike, defying the implicit bargain of a life in the drug trade: that careers are glittering but brief and always terminate in prison or the grave. When Pablo Escobar was Chapo’s age, he had been dead for more than a decade. In fact, according to the Drug Enforcement Administration, Chapo sells more drugs today than Escobar did at the height of his career. To some extent, this success is easily explained: as Hillary Clinton acknowledged several years ago, America’s “insatiable demand for illegal drugs” is what drives the clandestine industry. It’s no accident that the world’s biggest supplier of narcotics and the world’s biggest consumer of narcotics just happen to be neighbors. “Poor Mexico,” its former president Porfirio Díaz is said to have remarked. “So far from God and so close to the United States.”
The Sinaloa cartel can buy a kilo of cocaine in the highlands of Colombia or Peru for around $2,000, then watch it accrue value as it makes its way to market. In Mexico, that kilo fetches more than $10,000. Jump the border to the United States, and it could sell wholesale for $30,000. Break it down into grams to distribute retail, and that same kilo sells for upward of $100,000 — more than its weight in gold. And that’s just cocaine. Alone among the Mexican cartels, Sinaloa is both diversified and vertically integrated, producing and exporting marijuana, heroin and methamphetamine as well.
Estimating the precise scale of Chapo’s empire is tricky, however. Statistics on underground economies are inherently speculative: cartels don’t make annual disclosures, and no auditor examines their books. Instead, we’re left with back-of-the-envelope extrapolations based on conjectural data, much of it supplied by government agencies that may have bureaucratic incentives to overplay the problem.
So in a spirit of empirical humility, we shouldn’t accept as gospel the estimate, from the Justice Department, that Colombian and Mexican cartels reap $18 billion to $39 billion from drug sales in the United States each year. (That range alone should give you pause.) Still, even if you take the lowest available numbers, Sinaloa emerges as a titanic player in the global black market. In the sober reckoning of the RAND Corporation, for instance, the gross revenue that all Mexican cartels derive from exporting drugs to the United States amounts to only $6.6 billion. By most estimates, though, Sinaloa has achieved a market share of at least 40 percent and perhaps as much as 60 percent, which means that Chapo Guzmán’s organization would appear to enjoy annual revenues of some $3 billion — comparable in terms of earnings to Netflix or, for that matter, to Facebook.
The drug war in Mexico has claimed more than 50,000 lives since 2006. But what tends to get lost amid coverage of this epic bloodletting is just how effective the drug business has become. A close study of the Sinaloa cartel, based on thousands of pages of trial records and dozens of interviews with convicted drug traffickers and current and former officials in Mexico and the United States, reveals an operation that is global (it is active in more than a dozen countries) yet also very nimble and, above all, staggeringly complex. Sinaloa didn’t merely survive the recession — it has thrived in recent years. And after prevailing in some recent mass-casualty clashes, it now controls more territory along the border than ever.
“Chapo always talks about the drug business, wherever he is,” one erstwhile confidant told a jury several years ago, describing a driven, even obsessive entrepreneur with a proclivity for micromanagement. From the remote mountain redoubt where he is believed to be hiding, surrounded at all times by a battery of gunmen, Chapo oversees a logistical network that is as sophisticated, in some ways, as that of Amazon or U.P.S. — doubly sophisticated, when you think about it, because traffickers must move both their product and their profits in secret, and constantly maneuver to avoid death or arrest. As a mirror image of a legal commodities business, the Sinaloa cartel brings to mind that old line about Ginger Rogers doing all the same moves as Fred Astaire, only backward and in heels. In its longevity, profitability and scope, it might be the most successful criminal enterprise in history.
The state of Sinaloa, from which the cartel derives its name, lies wedged between the Sierra Madre Occidental and Mexico’s west coast. Sun-blasted and remote, Sinaloa is the Sicily of Mexico, both cradle and refuge of violent men, and the ancestral land of many of the country’s most notorious traffickers. Chapo was born in a village called La Tuna, in the foothills of the Sierra, in 1957. His formal education ended in third grade, and as an adult, he has reportedly struggled to read and write, prevailing upon a ghostwriter, at one point, to compose letters to his mistress. Little is known about Chapo’s early years, but by the 1980s, he joined the Guadalajara cartel, which was run by a former policeman known as El Padrino — the Godfather.
For decades, Mexican smugglers had exported homegrown marijuana and heroin to the United States. But as the Colombian cocaine boom gathered momentum in the 1980s and U.S. law enforcement began patrolling the Caribbean, the Colombians went in search of an alternate route to the United States and discovered one in Mexico. Initially, Mexican traffickers, like a pudgy 25-year-old airplane pilot named Miguel Angel Martínez, acted as independent contractors who were paid a fee by the Colombians to move their cargo. In 1986, the Guadalajara cartel dispatched Martínez to the Colombian port of Barranquilla, in the hope that someone might commission him to fly drugs up to Mexico. But Martínez couldn’t find any takers and ended up languishing in Colombia for months, worrying that he had blown his big opportunity with the cartel. Eventually, he caught a commercial flight back to Mexico, and shortly thereafter, he was summoned to a meeting with Chapo, who was by then an underboss in the cartel. “You were very well behaved in Colombia,” Chapo told him, according to subsequent testimony. He seemed impressed by Martínez’s patience in waiting for an assignment.
Having passed this test, Martínez started working for Chapo as a kind of air traffic controller, negotiating directly with the Cali and Medellín cartels, then guiding their cocaine flights from South America to secret runways in barren stretches of Mexico. Martínez knew U.S. agents were monitoring his radio communications, so rather than say a word, he would whistle — a signal to the pilots that they were cleared for takeoff.
With the decline of the Caribbean route, the Colombians started paying Mexican smugglers not in cash but in cocaine. More than any other factor, it was this transition that realigned the power dynamics along the narcotics supply chain in the Americas, because it allowed the Mexicans to stop serving as logistical middlemen and invest in their own drugs instead. In 1986, Martínez couldn’t land a gig as a lowly courier in Barranquilla. Not five years later, he was marshaling hundreds of flights laden with cocaine for Chapo. “Sometimes we would get five planes a night,” he remembered. “Sometimes 16.” Now it was the Colombians who went hat in hand to Chapo, looking not to hire him to move their product but to sell it to him outright. They would tip Martínez $25,000 just to get an audience with the man.
The young pilot became a gatekeeper to the ascendant kingpin, fielding his phone calls and accompanying him on foreign trips. There’s a vaudevillian goofiness to nicknames in Mexico, and the stout Martínez was known in the cartel as El Gordo. He and Chapo — Fatty and Shorty — made quite a pair. “Japan, Hong Kong, India, all of Europe,” Martínez recalled in testimony. Chapo owned a fleet of Learjets, and together, they saw “the whole world.” They both used cocaine as well, a habit that Chapo would eventually give up. When a lawyer inquired, years later, whether he had been Chapo’s right-hand man, Martínez replied that he might have been, but that Guzmán had five left hands and five right hands. “He’s an octopus, Chapo Guzmán,” he said. For his efforts, Martínez was paid a million dollars a year, in a single annual installment: “In cash, in a suitcase, each December.” When Martínez’s son was born, Chapo asked to serve as godfather.
In 1989, Chapo’s mentor, El Padrino, was captured by Mexican authorities, and the remaining members of the Guadalajara cartel assembled in Acapulco to determine which smuggling route each capo would inherit. According to Ioan Grillo’s book, “El Narco,” the meeting was ostensibly a gathering of friends. But the shards of El Padrino’s organization would become the basis for the Tijuana, Juárez and Sinaloa cartels, and these onetime colleagues would soon become antagonists in a cycle of bloody turf wars that continues to this day.
“Drug cartel,” it turns out, is a whopper of a misnomer; neither the Mexicans nor the Colombians ever colluded to fix prices or supply. “I wish they were cartels,” Arturo Sarukhán, Mexico’s ambassador in Washington, told me. “If they were, they wouldn’t be fighting and driving up the violence.”
At first, Chapo’s organization controlled a single smuggling route, through western Mexico into Arizona. But by 1990, it was moving three tons of cocaine each month over the border, and from there, to Los Angeles. The Sinaloa has always distinguished itself by the eclectic means it uses to transport drugs. Working with Colombian suppliers, cartel operatives moved cocaine into Mexico in small private aircraft and in baggage smuggled on commercial flights and eventually on their own 747s, which they could load with as much as 13 tons of cocaine. They used container ships and fishing vessels and go-fast boats and submarines — crude semi-submersibles at first, then fully submersible subs, conceived by engineers and constructed under the canopy of the Amazon, then floated downriver in pieces and assembled at the coastline. These vessels can cost more than a million dollars, but to the smugglers, they are effectively disposable. In the event of an interception by the Coast Guard, someone onboard pulls a lever that floods the interior so that the evidence sinks; only the crew is left bobbing in the water, waiting to be picked up by the authorities.
Moving cocaine is a capital-intensive business, but the cartel subsidizes these investments with a ready source of easy income: marijuana. Cannabis is often described as the “cash crop” of Mexican cartels because it grows abundantly in the Sierras and requires no processing. But it’s bulkier than cocaine, and smellier, which makes it difficult to conceal. So marijuana tends to cross the border far from official ports of entry. The cartel makes sandbag bridges to ford the Colorado River and sends buggies loaded with weed bouncing over the Imperial Sand Dunes into California. Michael Braun, the former chief of operations for the D.E.A., told me a story about the construction of a high-tech fence along a stretch of border in Arizona. “They erect this fence,” he said, “only to go out there a few days later and discover that these guys have a catapult, and they’re flinging hundred-pound bales of marijuana over to the other side.” He paused and looked at me for a second. “A catapult,” he repeated. “We’ve got the best fence money can buy, and they counter us with a 2,500-year-old technology.”
Improvisation is a trafficker’s greatest asset, and in recent years, Sinaloa has devised an even more efficient solution to the perennial challenge of getting marijuana across the border. Grow it here. Several years ago, a hunter was trekking through the remote North Woods of Wisconsin when he stumbled upon a vast irrigated grow site, tended by a dozen Mexican farmers armed with AK-47’s. According to the D.E.A., it was a Sinaloa pot farm, established on U.S. National Forest land to supply the market in Chicago.
Heroin is easier to smuggle but difficult to produce, and as detailed in court documents, Chapo is particularly proud of his organization’s work with the drug. He personally negotiates shipments to the United States and stands by its quality, which is normally 94 percent pure. “The value-to-weight ratio of heroin is better than any other drug,” says Alejandro Hope, who until recently was a senior officer at Cisen, Mexico’s equivalent to the C.I.A.
But the future of the business may be methamphetamine. During the 1990s, when the market for meth exploded in the United States, new regulations made it more difficult to manufacture large quantities of the drug in this country. This presented an opportunity that the Sinaloa quickly exploited. According to Anabel Hernández, author of “Los Señores del Narco,” a book about the cartel, it was one of Chapo’s deputies, a trafficker named Ignacio (Nacho) Coronel, who first spotted the massive potential of methamphetamine. “Nacho was like Steve Jobs,” Hernández told me. “He saw the future.”
Here was a drug that was ragingly addictive and could be produced cheaply and smuggled with relative ease. When they first started manufacturing meth, the Sinaloa would provide free samples to their existing wholesale clients in the Midwest. “They’d send five hundred pounds of marijuana, and secreted in that would be two kilos of meth,” Jack Riley, the D.E.A.’s special agent in charge of the Chicago office, told me. “They’d give it away for free. They wanted the market.” As demand grew, the cartel constructed superlabs, capable of churning out industrial volumes of meth. Container ships from India and China unloaded precursor chemicals — largely ephedrine — in the Pacific ports Lázaro Cárdenas and Manzanillo. To grasp the scale of production, consider the volume of some recent precursor seizures at these ports: 22 tons in October 2009; 88 tons in May 2010; 252 tons last December. When Mexico banned the importation of ephedrine, the cartel adapted, tweaking its recipe to use unregulated precursors. Recently they have started outsourcing production to new labs in Guatemala.
But Chapo’s greatest contribution to the evolving tradecraft of drug trafficking was one of those innovations that seem so logical in hindsight it’s a wonder nobody thought of it before: a tunnel. In the late 1980s, Chapo hired an architect to design an underground passageway from Mexico to the United States. What appeared to be a water faucet outside the home of a cartel attorney in the border town of Agua Prieta was in fact a secret lever that, when twisted, activated a hydraulic system that opened a hidden trapdoor underneath a pool table inside the house. The passage ran more than 200 feet, directly beneath the fortifications along the border, and emerged inside a warehouse the cartel owned in Douglas, Ariz. Chapo pronounced it “cool.”
When this new route was complete, Chapo instructed Martínez to call the Colombians. “Tell them to send all the drugs they can,” he said. As the deliveries multiplied, Sinaloa acquired a reputation for the miraculous speed with which it could push inventory across the border. “Before the planes were arriving back in Colombia on the return, the cocaine was already in Los Angeles,” Martínez marveled.
Eventually the tunnel was discovered, so Chapo shifted tactics once again, this time by going into the chili-pepper business. He opened a cannery in Guadalajara and began producing thousands of cans stamped “Comadre Jalapeños,” stuffing them with cocaine, then vacuum-sealing them and shipping them to Mexican-owned grocery stores in California. He sent drugs in the refrigeration units of tractor-trailers, in custom-made cavities in the bodies of cars and in truckloads of fish (which inspectors at a sweltering checkpoint might not want to detain for long). He sent drugs across the border on freight trains, to cartel warehouses in Los Angeles and Chicago, where rail spurs let the cars roll directly inside to unload. He sent drugs via FedEx.
But that tunnel into Douglas remains Chapo’s masterpiece, an emblem of his creative ingenuity. Twenty years on, the cartels are still burrowing under the border — more than a hundred tunnels have been discovered in the years since Chapo’s first. They are often ventilated and air-conditioned, and some feature trolley lines stretching up to a half-mile to accommodate the tonnage in transit.
You might suppose that a certain recklessness would be a prerequisite for anyone contemplating a career in the drug trade. But in reality, blue-chip traffickers tend to fixate, with neurotic intensity, on the concept of risk. “The goal of these folks is not to sell drugs,” Tony Placido, who was the top intelligence official at the D.E.A. until he retired last year, told me. “It’s to earn a spendable profit and live to enjoy it.” So the smart narcos are preoccupied with what Peter Reuter and Mark Kleiman once referred to, in a classic essay on the drug business, as “the marginal imprisonment risk.” In 2010, Chapo’s old friend Ismael (El Mayo) Zambada, the No. 2 man in the Sinaloa cartel, granted an interview to the Mexican magazine Proceso. Now in his 60s and a grandfather, El Mayo has been in the drug business for nearly half a century and has amassed a fortune. But you can’t buy peace of mind. “I’m terrified they’ll incarcerate me,” he acknowledged. “I’m full of fear. Always.”
There’s a reason coke and heroin cost so much more on the street than at the farm gate: you’re not paying for the drugs; you’re compensating everyone along the distribution chain for the risks they assumed in getting them to you. Smugglers often negotiate, in actuarial detail, about who will be held liable in the event of lost inventory. After a bust, arrested traffickers have been known to demand a receipt from authorities, so that they can prove the loss was not because of their own negligence (which would mean they might have to pay for it) or their own thievery (which would mean they might have to die). Some Colombian cartels have actually offered insurance policies on narcotics, as a safeguard against loss or seizure.
To prevent catastrophic losses, cartels tend to distribute their risk as much as possible. Before sending a 100-kilo shipment across the border, traffickers might disaggregate it into five carloads of 20 kilos each. Chapo and his associates further reduce their personal exposure by going in together on shipments, so each of those smaller carloads might hold 10 kilos belonging to Chapo and 10 belonging to Mayo Zambada. The Sinaloa is occasionally called the Federation because senior figures and their subsidiaries operate semiautonomously while still employing a common smuggling apparatus.
The organizational structure of the cartel also seems fashioned to protect the leadership. No one knows how many people work for Sinaloa, and the range of estimates is comically broad. Malcolm Beith, the author of a recent book about Chapo, posits that at any given moment, the drug lord may have 150,000 people working for him. John Bailey, a Georgetown professor who has studied the cartel, says that the number of actual employees could be as low as 150. The way to account for this disparity is to distinguish between salaried employees and subcontractors. A labor force of thousands may be required to plow all that contraband up the continent, but a lot of the work can be delegated to independent contractors, people the Mexican political scientist and security consultant Eduardo Guerrero describes as working “for the cartel but outside it.”
Even those who do work directly for the cartel are limited to carefully compartmentalized roles. At a recent trial, a regional cartel lieutenant, José Esparza, testified about his experience working for the Sinaloa along the border. On one occasion, he attended a meeting outside Culiacán with many of the cartel’s top leaders. But there was no sign of Chapo. Once the discussion concluded, an emissary left the group and approached a Hummer that was parked in the distance and surrounded by men with bulletproof vests and machine guns, to report on the proceedings. Chapo never stepped out of the vehicle.
It’s not just the federales that the narcos fear; it’s also one another. The brutal opportunism of the underworld economy means that most partnerships are temporary, and treachery abounds. For decades, Chapo worked closely with his childhood friend Arturo Beltrán Leyva, a fearsome trafficker who ran a profitable subsidiary of Sinaloa. But in 2008, the two men split, then went to war, and Beltrán Leyva’s assassins were later blamed for murdering one of Chapo’s sons. To reduce the likelihood of clashes like these, the cartel has revived an unlikely custom: the ancient art of dynastic marriage. Chapo’s organization is occasionally referred to as an alianza de sangre (“alliance of blood”), because so many of its prominent members are cousins by marriage or brothers-in-law. Emma Coronel, who gave birth to Chapo’s twins, is the niece of Nacho Coronel, the Steve Jobs of meth (who died in a shootout with the Mexican Army in 2010). All of this intermarriage, one U.S. official in Mexico suggested to me, functions as “a hedge against distrust.” An associate may be less likely to cheat you, or to murder you, if there’ll be hell to pay with his wife. It’s a cynical strategy, certainly, but in a vocation where one of Chapo’s rivals went by the nickname Mata Amigos, or “Friend Killer,” it may also be quite sound.
The surest way to stay out of trouble in the drug business is to dole out bribes, and promiscuously. Drug cartels don’t pay corporate taxes, but a colossus like Sinaloa makes regular payments to the federal, state and municipal authorities that may well rival the effective tax rate in Mexico. When the D.E.A. conducted an internal survey of its top 50 operatives and informants several years ago and asked them to name the most important factor for running a drug business, they replied, overwhelmingly, corruption. At a trial in 2010, a former police official from Juárez, Jesús Fierro Méndez, acknowledged that he had worked for Sinaloa. “Did the drug cartels have the police on the payroll?” an attorney asked.
“All of it,” Fierro Méndez replied.
The cartel bribes mayors and prosecutors and governors, state police and federal police, the army, the navy and a host of senior officials at the national level. After an arrest for drug trafficking in the 1990s, Chapo was sentenced to 20 years and shipped to Puente Grande, a fortified prison in Jalisco that was Mexico’s answer to a supermax. But during the five years he spent there, Chapo enjoyed prerogatives that make the prison sequence in “Goodfellas” look positively austere. With most of the facility on his payroll, he is said to have ordered his meals from a menu, conducted business by cellphone and orchestrated periodic visits by prostitutes, who would arrive aboard a prison truck driven by a guard. I spoke with one drug producer who negotiated a joint venture deal with Chapo while he was behind bars. Eventually, as the story goes, Chapo was smuggled out in a laundry cart. According to Martínez’s testimony, he paid more than $3 million to secure his release. Today, Chapo is a free man, Puente Grande’s warden only recently completed a jail sentence for letting him go and Mexicans call the prison Puerta Grande — the Big Door.
The tacit but unwavering tolerance that Mexican authorities have shown for the drug trade over the years has muddled the boundaries between outlaws and officials. When Miguel Angel Martínez was working for Chapo, he says, “everyone” in the organization had military and police identification. Daylight killings are sometimes carried out by men dressed in police uniforms, and it is not always clear, after the fact, whether the perpetrators were thugs masquerading as policemen or actual policemen providing paid assistance to the thugs. On those occasions when the government scores a big arrest, meanwhile, police and military officials pose for photos at the valedictory news conference brandishing assault weapons, their faces shrouded in ski masks, to shield their identities. In the trippy semiotics of the drug war, the cops dress like bandits, and the bandits dress like cops.
When you tally it all up, bribery may be the single largest line item on a cartel’s balance sheet. In 2008, President Felipe Calderón’s own drug czar, Noe Ramirez, was charged with accepting $450,000 each month. Presumably, such gargantuan bribes to senior officials cascade down, securing the allegiance of their subordinates. “You have to recruit the high commands, so they can issue the information to lower ranks and order whatever they want,” the corrupt cop, Fierro Méndez, testified. But in key jurisdictions, the cartel most likely makes payments up and down the chain of command. In a 2010 speech, Genaro García Luna, Mexico’s secretary of public security, speculated that together, the cartels spend more than a billion dollars each year just to bribe the municipal police.
It’s not only officials who must be bribed, either. There are also the “falcons,” an army of civilian lookouts who might receive $100 a month just to keep their eyes open and make a phone call if they notice an uptick in border inspections or a convoy of police. “There are cities in Mexico where virtually every cabdriver is on the payroll,” Michael Braun, formerly of the D.E.A., said. “They have eyes and ears everywhere.”
And then there are the Americans. Guards at the U.S. border have been known to wave a car through their checkpoints for a few thousand dollars, and since 2004, there have been 138 convictions or indictments in corruption investigations involving members of the United States Customs and Border Protection. Paradoxically, one explanation for this state of affairs is the rapid expansion of border forces following the creation of the Department of Homeland Security. In their hurry to fortify the U.S.-Mexico boundary with uniformed personnel, it seems, officials may have made allowances on background checks and screenings. In some instances, job offers have been extended to the immediate relatives of known traffickers.
When corruption fails, there is always violence. During the 12 years that he worked for the cartel, Martínez claims that he did not carry a gun. But Sinaloa has risen to pre-eminence as much through savagery as through savvy. “In illegal markets, the natural tendency is toward monopoly, so they fight each other,” Antonio Mazzitelli, an official with the United Nations Office on Drugs and Crime in Mexico City, told me. “How do they fight: Go to court? Offer better prices? No. They use violence.” The primal horror of Mexico’s murder epidemic makes it difficult, perhaps even distasteful, to construe the cartel’s butchery as a rational advancement of coherent business aims. But the reality is that in a multibillion-dollar industry in which there is no recourse to legally enforceable contracts, some degree of violence may be inevitable.
“It’s like geopolitics,” Tony Placido said. “You need to use violence frequently enough that the threat is believable. But overuse it, and it’s bad for business.”
The most gratuitous practitioners of violence right now would be the Zetas, a rampaging league of sociopaths with a notable devotion to physical cruelty. The Zetas are a new kind of cartel, in that they came somewhat late to the actual business of smuggling drugs. They started out as bodyguards for the Gulf Cartel before going into business for themselves, and they specialize in messaging through bloodshed. It’s the Zetas who are charged with dumping 49 mutilated bodies by the side of a highway near Monterrey last month. Sinaloa is responsible for a great deal of carnage as well, but its approach to killing has traditionally been more discreet. Whereas a Sinaloa subsidiary allied with a Tijuana farmer known as the Stewmaker, who dissolved hundreds of bodies in barrels of lye, the Zetas have pioneered a multimedia approach to violence, touting their killings on YouTube. One strategic choice facing any cartel is deciding when to intimidate the civilian population and when to cultivate it. Sinaloa can be exceedingly brutal, but the cartel is more pragmatic than the Zetas in its deployment of violence. It may simply be, as one Obama administration official suggested, that the Sinaloa leadership is “more conscious of their brand.”
It’s a curious rivalry between these two organizations, because their business models are really very different. The Zetas have diversified beyond drugs to extortion, kidnapping and human trafficking, blossoming into what officials call a “polycriminal organization.” Sinaloa, by contrast, has mostly tended to stick to its core competence of trafficking. According to one captured cartel member, Chapo specifically instructed his subordinates not to dabble in protection rackets and insisted that Sinaloa territory remain “calm” and “controlled.”
“Sinaloa does not do extortion directly,” Eduardo Guerrero said. “It’s so risky, and the profits are so small. They want the big business — and the big business is in the United States.”
Just how active the cartel is north of the border is a divisive question. According to the Department of Justice, by 2009, Mexican-based criminal organizations were operating in “more than a thousand U.S. cities.” When you consider the huge jump in the price of narcotics between bulk importation and retail sales, it might seem that Chapo would want to expand into street-level distribution. In 2005, the D.E.A. began intercepting large shipments of cocaine in which each kilo brick was heat-sealed in a distinctive Mylar foil. They spotted the foil in Los Angeles first, then in Oklahoma, Chicago, Atlanta and New Jersey. “This was Sinaloa coke,” Michael Wardrop, who led two of the agency’s most ambitious operations against the domestic networks of the cartel, told me. As the telltale wrapping popped up across the country, Wardrop and his colleagues marveled at the sheer expanse of Sinaloa’s market. “It was like watching a virus in a Petri dish,” he said. “It was constantly growing.”
Wardrop’s investigations netted more than a thousand arrests. But some observers question the extent to which the perpetrators in these cases were actually working for the cartel. “If you’re telling me there’s a straight chain of command back to El Chapo in Sinaloa — come on, that’s absurd,” the Mexican ambassador, Arturo Sarukhán, protested. Often, the gatekeepers and logistics men that the D.E.A. arrested were indeed connected to handlers in Mexico. But this was more true of high-level importers dealing in kilos than run-of-the-mill retailers pushing grams. When The Associated Press tracked down Otis Rich, a Baltimore dealer who was ensnared in one of the operations, he answered the obvious question with a telling reply: “Sina-who?”
“The fully integrated model would indeed maximize profits,” John Bailey observes in a coming book about the cartels, but “it also maximizes risk of exposure.” A big reason for the markup at the retail level is that the sales force is so exposed — out on the corner, a magnet for undercover cops, obliged to negotiate with a needy, unpredictable clientele. When you adjust for all that added risk, the windfall starts to seem less alluring. Like a liquor wholesaler who opts not to open a bar, Chapo appears to have decided that the profits associated with retail sales just aren’t worth the hassle.
What Sinaloa does do inside this country is ferry drugs along highways to regional distribution hubs, where they are turned over to trusted wholesalers, like the Flores twins of Chicago. Pedro and Margarito Flores grew up in a Mexican-American enclave of the city during the 1990s. Their father and an older brother had moved drugs for Sinaloa, and by the time the twins were in their 20s, they had gone into business as distributors, purchasing cocaine and heroin directly from Mexican cartels, then selling to dealers throughout the United States. Chicago, home of the Mercantile Exchange, has always been a hub from which legitimate goods fan out across the country, and it’s no different for black-market commodities. Chapo has used the city as a clearinghouse since the early 1990s; he once described it as his “home port.”
In 2005, the Flores twins were flown to a mountaintop compound in Sinaloa to meet with Chapo Guzmán. The kingpin is an intimidating interlocutor; one criminal who has negotiated with him face to face told me that Chapo tends to dominate a conversation, asking a lot of questions and compensating for his short stature by bouncing on the balls of his feet. But the meeting went well, and before long, the brothers were distributing around two tons of Sinaloa product each month. As preferred customers, they often took Chapo’s drugs without putting any money down, then paid the cartel only after they sold the product. This might seem unlikely, given the pervasive distrust in the underworld, but the narcotics trade is based on a robust and surprisingly reliable system of credit. In a sense, a cartel like Sinaloa has no choice but to offer a financing option, because few wholesale buyers have the liquidity to pay cash upfront for a ton of cocaine. “They have to offer lines of credit,” Wardrop told me, “no different from Walmart or Sears.”
This credit system, known as “fronting,” rests on an ironclad assumption that in the American marketplace, even an idiot salesman should have no trouble selling drugs. One convicted Sinaloa trafficker told me that it often took him more time to count the money he collected from his customers than it did to actually move the product. It may also help that the penalty for defaulting could involve dismemberment.
As wholesale buyers, the Flores brothers occupied a crucial bottleneck between the cartel and its consumers. They grew so indispensable, in fact, that after taking delivery of a shipment of drugs, they could retroactively bargain down the price. One day in 2008, Pedro Flores telephoned Guzmán in Mexico to ask for a discount on heroin.
“What did we agree on?” Chapo asked him, according to a government transcript of the call.
They had negotiated a price of $55,000 per kilo, Flores explained. But if Chapo would consider lowering that to $50,000, the twins could pay immediately.
“That price is fine,” Chapo agreed, without argument. Then he added something significant: “Do you have a way to bring that money over here?”
For the Sinaloa cartel, pushing product north into the United States is only half the logistical equation. The drug trade is a cash business — you can’t buy kilos with your credit card. So while politicians tend to focus on cartels primarily as importers of drugs, the narcos also devote an enormous amount of energy to the export of money. Cash is collected in small denominations from individual buyers and then bundled in great stacks of broken-in bills that are used to pay wholesalers, like the Flores brothers. These bills are counted, hidden in the same vehicle compartments that were used to smuggle drugs in the opposite direction and then sent to stash houses in Los Angeles, San Diego and Phoenix. From there, they move across the border into Mexico.
What happens to the money when it gets there? The cartel employs professional money launderers who specialize in drug proceeds, and according to Robert Mazur, a former D.E.A. agent who infiltrated the Colombian cartels, the fee for fully scrubbing and banking illicit proceeds may run Sinaloa more than 15 cents on the dollar. But a great deal of the cartel’s money remains in cash. In the early 1990s, a Sinaloa accountant sent planeloads of U.S. currency to Mexico City in suitcases holding $1 million each. When Miguel Angel Martínez worked for Chapo, the kingpin would test his loyalty, adding an extra $200,000 to one of the suitcases to see if Martínez would pocket it. “Eight suitcases, compadre, so that is $8 million,” he would say. (Martínez never fell for the trick.) A sizable share of the cash is devoted to paying bribes, and some is sent to Colombia to purchase more product, because drugs offer a strong return on investment. “Where would you put your money?” the former Cisen officer Alejandro Hope asked me with a chuckle. “T-bills? Real estate? I would put a large portion of my portfolio in cocaine.”
Even so, the business generates such volumes of currency that there is only so much you can launder or reinvest, which means that money can start to pile up around the house. The most that Martínez ever saw at one time was $30 million, which just sat there, having accumulated in his living room. In 2007, Mexican authorities raided the home of Zhenli Ye Gon, a Chinese-Mexican businessman who is believed to have supplied meth-precursor chemicals to the cartel, and discovered $206 million, the largest cash seizure in history. And that was the money Zhenli held onto — he was an inveterate gambler, who once blew so much cash in Las Vegas that one of the casinos presented him, in consolation, with a Rolls-Royce. “How much money do you have to lose in the casino for them to give you a Rolls-Royce?” Tony Placido, the D.E.A. intelligence official, asked. (The astonishing answer, in Zhenli’s case, is $72 million at a single casino in a single year.) Placido also pointed out that, as a precursor guy, Zhenli was on the low end of the value chain for meth. It makes you wonder about the net worth of the guy who runs the whole show.
In 2008, the Flores twins were indicted in Chicago and began secretly cooperating with law enforcement. The following year, one of their Sinaloa contacts — a debonair young trafficker named Jesús Vicente Zambada Niebla, or Vicentillo — was arrested in Mexico and later extradited to Chicago. He will be the highest-ranking member of the cartel ever to face trial in the United States, and his favorite wholesale customers will be the star witnesses against him. In a surprise twist, Vicentillo (who is the son of Chapo’s partner, Mayo Zambada) has argued that he can’t be prosecuted — because even as he worked for Sinaloa, he was also a secret informant for the D.E.A.
There has been speculation in Mexico that the Calderón regime favors Sinaloa over the unhinged Zetas and has made a devil’s pact to lay off the cartel. It might be impossible to eradicate all the cartels in Mexico, this theory goes, so the government has picked a favorite in the conflict in the hope that when the smoke clears, a Sinaloa monopoly might usher in a sort of pax narcotica. A 2010 National Public Radio investigation of Mexican arrest statistics found that Sinaloa had suffered conspicuously fewer arrests than had its peers, though this could simply be evidence of triage on the government’s part rather than proof of a conspiracy. Calderón vehemently denies any charges of favoritism, and his administration has arrested or killed several of Chapo’s key deputies in the last few years. (My repeated requests for interviews with relevant officials in Mexico were denied.)
The suggestion that the D.E.A. might have made a deal with a high-ranking Sinaloa figure is new, however. In the past, Chapo has occasionally authorized employees to provide information to American law enforcement. Fierro Méndez, the Juárez cop, described a system in which junior traffickers would walk into U.S. Immigration and Customs Enforcement and announce their willingness to become informers — then feed the Americans intelligence about rival cartels, thereby using law enforcement to eliminate their competitors. U.S. officials allow that there were discussions between the D.E.A. and Vicentillo, but they deny that any quid pro quo was in place.
The trial, which is scheduled for October, should shed significant light on Sinaloa’s logistical apparatus — provided the witnesses can stay alive until then. Recently, a career criminal named Saul Rodriguez testified that Vicentillo solicited his help at the Metropolitan Correctional Center in downtown Chicago, where they were both being held, in an effort to have the Flores twins assassinated. Authorities have expressed concern that the cartel might undertake a daring jailbreak to get Vicentillo out. They have also voiced the opposite worry — that Vicentillo will himself be killed. A request by the trafficker’s attorneys that he be permitted to exercise outdoors raised concerns from prison officials, because the only open space at the prison is a fenced-in recreation area on top of the building, where Vicentillo could be picked off by a sniper. (He has since been moved to a more secure facility.)
It might seem far-fetched that the cartel would try to assassinate one of its own, the son of Mayo Zambada, no less. But Sinaloa guards its secrets ruthlessly. After Chapo’s friend Miguel Angel Martínez was arrested in 1998, four men came to kill him in prison, stabbing him repeatedly. In that assault, and another that followed, he sustained more than a dozen stab wounds, which punctured his lungs, pancreas and intestines. After the second attack, he was moved to another facility and kept in a segregated unit. This time, an assassin managed to get as far as the gate outside Martínez’s cell and chucked two grenades at the bars. Locked in with nowhere to run, Martínez could only cower by the toilet to shield himself from the blast. The roof caved in, and he barely survived. Asked later who it was that tried to have him killed, Martínez said that it was his compadre, Chapo Guzmán. “Because of what I knew,” he explained. (Today he is living in witness protection in the United States.)
Between the coming trial and the increased political drumbeat on both sides of the border for his capture, Chapo may be more embattled today than at any time in his career. In February, he escaped a raid by Mexican authorities in the resort area of Los Cabos. President Calderón’s party is trailing in the polls, and some have theorized that the only way it might manage to retain power after next month’s presidential election would be if Chapo is killed or captured. U.S. authorities, meanwhile, are uncertain about who might succeed Calderón — Vice President Joe Biden met with all of the leading candidates on a visit to Mexico in March — and whether that successor will have any appetite to continue battling the cartels. With so many dead and so little progress, the Mexican populace has grown war-weary. Several U.S. officials told me that the critical window for capturing Chapo is between now and when Calderón leaves office.
In addition to the threat of capture, there is the threat of competition. By some estimates, the Zetas now control more Mexican territory than Chapo does, even if they don’t move nearly as many drugs. Zeta gunmen have made bloody incursions on Chapo’s turf, going so far as to penetrate the previously inviolable stronghold of his own home state, Sinaloa. In 2008, Chapo’s lover, Zulema Hernández, was discovered dead in the trunk of a car, her body carved with the letter “Z.” “It’s like the evolution of the dinosaurs, and the coming of the T. Rex,” Antonio Mazzitelli told me. “The T. Rex is the Zetas.”
Chapo and his colleagues were never peaceful types; in the last few years, they have waged vicious wars of acquisition to seize the lucrative smuggling routes through Juárez and Tijuana. But to fend off the Zetas, Sinaloa is resorting to new levels of barbarism. In March, the cartel dumped a collection of dismembered bodies in Zeta territory and posted a series of open letters on the walls around them, deriding the Zetas as “a bunch of drunks and car-washers.” Each message was signed, “Sincerely, El Chapo.”
One thing Chapo has always done is innovate. Even as he engages in violent brinkmanship along the border, the cartel is expanding to new markets in Europe, where a kilo of cocaine can sell for three times what it does in the U.S., and in Australia, where authorities believe that Chapo is now a major cocaine supplier. There are also indications that the cartel is exploring opportunities in Southeast Asia, China and Japan — places Chapo and Martínez first visited as younger men. And Chapo’s great comparative advantage still lies along that fraught boundary between Mexico and the United States. Even if the kingpin is killed or captured, one of his associates will quite likely take his place, and the smuggling infrastructure that Chapo created will endure, channeling the product, reaping the profits and feeding, with barely a blip in service, the enduring demand on this side of the border — what the historian Héctor Aguilar Camín once referred to as “the insatiable North American nose.”
Patrick Radden Keefe is a staff writer for The New Yorker and a fellow at the Century Foundation. From 2010 to 2011, he was a policy adviser in the Office of the Secretary of Defense.
Editor: Greg Veis


It’s been a big week for reporting on Mexican drug cartels in The New York Times, where reporters on two stories kept themselves safe by replacing direct danger with lots of hard work.

On Tuesday, Ginger Thompson broke the story of Zetas cartel leaders allegedly laundering money through a massive U.S.-based horse-racing operation. Then on Friday, a lengthy Times Magazine feature by Patrick Radden Keefe went live, exploring the structure, business, and leadership of the Sinaloa cartel, which dominates the drug trade along the U.S.-Mexico border.

Keefe, author of Snakehead, told The Atlantic Wire on Friday that he’d started reporting his piece in January, using U.S. court documents and trial transcripts to track down three people involved with the Sinaloa cartel, who would speak as sources: A pilot, a drug manufacturer, and a mid-level trafficker. “In a bunch of these cases the people were either doing prison time or had gotten out of prison, so I started tracking people down. A lot of them don’t want to talk. It’s kind of a low-yield form of reporting.”
But through it, Keefe has put together a fascinating profile of an organization that rivals in scale the corporate giants of our time: “By most estimates, Sinaloa has achieved a market share of at least 40 percent and perhaps as much as 60 percent, which means that Chapo Guzmán’s organization would appear to enjoy annual revenues of some $3 billion — comparable in terms of earnings to Netflix or, for that matter, to Facebook.” And we meet the Sinaloas’ infamous leader, Chapo, who sounds like a cross between CEO and Bond villain: “From the remote mountain redoubt where he is believed to be hiding, surrounded at all times by a battery of gunmen, Chapo oversees a logistical network that is as sophisticated, in some ways, as that of Amazon or U.P.S.”
Keefe opted not to go to Sinaloa itself, the seat of the cartel’s massive operation. He knew he wasn’t going to meet Chapo, so what would he achieve? “There was a cost-benefit analysis. Looking at the reporting from people who have gone to Sinaloa, generally what people come back with — and this is gringo reporters who go up there and ask around — they come back with color. You can describe Culiacon, the capital there … And you might get some guy sitting in front of a restaurant saying ‘we do not speak of the Choppo.’ ” But you’re not going to get an interview with the man himself. “I decided against that for a number of reasons, primarily that a lot of journalists have been killed in mexico, most of them Mexican journalists.” On Thursday, reporter Baez Chino was found dead in Veracruz  the country’s 81st journalist killed since 2000.
So Keefe opted for a week in Mexico City, speaking with academics who follow the drug trade, and lots of time leafing through court documents. Eventually, he found a record of a 2006 trial in Arizona, at which Chapo’s right-hand man, Miguel Angel Martínez, had testified. He tracked down the court reporter, who sent him a copy of the transcript. Amazingly, it had been untouched by reporters. “People have been writing about Chapo for years and years and they’ve poured over his biography,” Keefe said. But here was a document that had never made it into the hands of a journalist or biographer. It included revelations such as Chapo’s own use of cocaine, and what Keefe called “trival details,” like the fact that he had his own private zoo in Guadalajara that contained tigers and bears. “It was gobsmacking for me to get my hands on this transcript, which has been out in the world and available if you’d found it, since 2006. And to realize nobody had found it.”
Thompson, meanwhile, was reporting a much more sensitive story. As she explains in her report, she found out about the Zetas cartel’s alleged involvement in U.S. horse racing in December 2011, and in the course of her reporting discovered that the U.S. Department of Justice was also investigating Zetas leader Miguel Ángel Treviño and his ranch-owning brother, José Treviño, which led to arrests this week. “The Times learned of the government’s investigation last month and agreed to hold back this article until Tuesday morning’s arrests,” she wrote. But she worked on the story for a lot longer than a month, so how did she keep herself and her sources safe? She hid behind her own reporting, she told PRI’s The World:
“I was never threatened. I think a lot of the reason for that is that I didn’t make it known that I was looking specifically at Jose Trevino. I did a lot of reporting that made it appear I was looking at something other than him directly. It was complicated and it took us a lot longer to finish this story because of that. But, yes, we thought about safety at every turn and not just for my safety but really for the safety of the people who spoke to me which is why so many people in my story are unidentified. It was mostly for the sake of their safety.”
Thanks to the two reports’ legwork, we know a lot more about the cartel situation on both sides of the border on Friday than we did on Monday.

Source-Atlantic Wire


Mexican Drug Cartels

Police arrested 52 suspected employees of the notoriously violent Los Zetas drug cartel in the northern Mexican state of Nuevo Leon, officials said Wednesday.

The detainees include two municipal police officers and two ex-cops, state Attorney General Adrian de la Garza told a press conference here.

He said those four individuals are believed to be the leaders of a Zetas cell.

The 39 men, eight women and five minors were arrested over a four-day period in the towns of Linares, Allende, Galeana, Iturbide and Montemorelos.

The five underage suspects are accused of acting as lookouts to alert the Zetas to movements of the security forces, the attorney general said.

Police seized assault rifles and torture devices during the raids, state government security spokesman Jorge Domene said.

Nuevo Leon, which borders Texas, and other states in northern Mexico, have been battered in recent years as the upstart Zetas battle the more-established drug cartels for control of territory and smuggling routes.

To earn extra cash, some cartel “sicarios” (hit men) engage in kidnapping, extortion and armed robbery.

Conflict among rival cartels and between criminals and the Mexican security forces have claimed more than 50,000 lives since December 2006, when newly inaugurated President Felipe Calderon militarized the struggle against organized crime.

the Mexican Dirty War

January 16, 2008by Daniel HopsickerTwo American-registered drug planes busted  in Mexico carrying four and 5.5 tons of cocaine are just the “tip of the iceberg”  in a blockbuster aviation deal which sold 50 American-regist…

January 16, 2008
by Daniel Hopsicker
Two American-registered drug planes busted  in Mexico carrying four and 5.5 tons of cocaine are just the “tip of the iceberg”  in a blockbuster aviation deal which sold 50 American-registered aircraft to the Sinaloa Cartel, the MadCowMorningNews has learned.
According to an indictment released over the holidays by Mexico’s Atty.General, Pedro Alfonso Alatorre, already indicted as the cartel’s chief financier, purchased the DC9 (N900SA) airliner, the Gulfstream II business jet (N987SA), and 48 other planes not yet identified for Mexico’s Sinaloa Cartel with laundered drug money, using a company he controls which owns currency exchanges at major airports in Mexico.
Now we know who bought the airplanes. The trickier question is: who sold them?  The answer, normally, would be, “Their local counterparts in international organized crime.”
But these aren’t normal circumstances. Why? Because the U.S. doesn’t even have any Drug Lords. Ask anybody at the DEA. Apparently, we don’t even bother to field a team.

Elusive seldom-photographed American Drug Lords

News of a 50-plane fleet of drug smuggling aircraft being sold to a Mexican Cartel by mysteriously unnamed American owners confirms rumors of a mushrooming scandal, one which may eventually implicate top officials in the U.S., Mexico, and Colombia. 
The reason was left unspoken in the Mexican Atty. General’s statement,  because it lies on the American side of the equation, in the identity of the sellers of the planes…  
The DC9 and the Gulfstream II, the two American jets now known to be part of a 50-plane sale, share interlocking ownership. The stock of two corporations which owned the planes was used in the massive recent Adnan Khashoggi-led stock fraud.
Khashoggi, currently a fugitive from justice in the case, engineered the biggest brokerage bankruptcy in America since the Great Depression, costing investors and taxpayers over $300 million.
With gas prices over $3 a gallon, you wouldn’t think the Saudi billionaire needed the money. So, what did ‘they’ do with the money? 
 

Upcoming Presidential elections, perhaps?

The operation was manned by “retired” CIA and military intelligence personnel, had close ties to major Bush backers and the national Republican Party, (Sen. Mel Martinez, until recently the Chairman of the GOP, flew free on Skyway’s Cocaine One DC9 during the crucial final two weeks of his campaign in Florida for the Senate.)
And with seeming impunity the operationengaged in multi-ton load drug trafficking, as well asmassive financial fraud.
What began as a minor scandal without fanfare in April of 2006 with the bust of an American-registered DC-9 airliner carrying 5.5 tons of cocaine on Mexico’s Yucatan Peninsula gathered momentum when a Gulfstream business jet flying out of the same airport was busted in the Yucatan 18 months later carrying 4 tons of cocaine. 
The level of citizen outrage increased with the crash-landing of the second American plane. With the news that the number of American planes sold to Mexican drug traffickers was not just one or two planes—but 50—the scandal is now threatening to mushroom into something much larger.

Kingpin Airlines welcomes you aboard

The brazen fleet-sized sale of American planes to Mexican drug traffickers has huge implications. 
“The extraordinary similarity,” to use the phrase used by Mexican newspaper Por Esto, between the DC9 airliner and the Gulfstream II…
The American owners of the drug planes have suffered no adverse consequences whatsoever to date.
If you own an airliner or business jet discovered hauling pure cocaine into the U.S., literally by the ton,  authorities are sympathetic. They know the hazards unauthorized charter flights pose to innocent business owners, and the confusion that can result when you’ve inadvertently purchased an airplane from someone known to be involved with international organized crime.

“Our Story Thus Far”

As this amazing information begins to sink inthat owning a drug plane may have little downside and be a terrific hedge against coming hard timesa brief recap of “Our Story Thus Far” may be in order.
Two American-registered airplanes with clear ties to the U.S. Government—a DC9 airliner (N900SA) painted to resemble an airplane from the U.S. Dept of Homeland Security, and a Gulfstream business jet (N987SA) formerly used by the CIA for renditions—were busted in Mexico 18 months apart carrying multi-ton loads of cocaine . 
Both planes flew from St. Petersburg-Clearwater International Airport to Mexico, then on to Colombia, where they loaded the cocaine, before being caught on their return journey to (supposedly) Fort Lauderdale,  stopping to refuel on Mexico’s Yucatan Peninsula.  
Just before both plane’s ill-fated final flights, the “ownership” papers were  shuffled around like peas being moved underneath shells on a card table in a billion dollar game of three-card monte by people known as “aircraft brokers.

Bush Rangers, cardboard-thin cutouts

However, the MadCowMorningNewslearned from an FAA official that neither of the two “aircraft brokers”  bought or sold any other planes during the entire year.
They aren’t really “aircraft brokers.” Aircraft brokers buy and sell planes. 
They’re “cut-outs,” a spy trade term for the layers of insulation relied on to provide plausible deniability.  They play a critical role in the cover story, shielding the plane’s true owners from scrutiny.  
Both busted airplanes give every indication of having been involved in a “protected” drug trafficking operation. Imagine the surprise and shock back in the Home Office.  No wonder the cover story is, in many places, exceedingly thin.
A shameless plug:
Almost two weeks before the Mexico’s Atty. General’s announcement in early November that both planes had been used in the same drug smuggling operation,  readers of the MadCowMorningNews already knew of connections between the two downed American drug planes, and their interlocking ownership.

The “W” Connection

Stephen Adams, a secretive Midwestern media baron and Republican fund-raiser, owned the Gulfstream II at the same time he was personally purchasing one million dollars of billboard advertising for George W. Bush during the 2000 Presidential Campaign. 
Adams was also in business, in two separate companies, with Michael Farkas, the man who founded SkyWay Aircraft, which owned the DC9. Both men control companies used in Adnan Khashoggi’s $300 million stock fraud rip-off.   
The multi-ton drug busts, as well as the numerous murders already surrounding the case,  are part of a continuing “Mexican stand-off”between rival Mexican drug cartels allied with dueling factions contesting Mexico’s unsettled political landscape.
The contest has so far resulted in more than 2500 murders in Mexico last year.  Mexico’s internecine drug war is a hotter theater of operations than Iraq. 

Bank robbers for Equal Justice Under Law

When a bank robber steals a few thousand dollars before holing up with a hostage, does the FBI take more than eighteen months before divulging the name of the suspect?
Certain cases involving politically-connected Americans suspected of involvement in drug smuggling, through ownership of drug smuggling aircraft,  seem to be being treated, not as crimes, but as urgent matters of national security.  
But the American owners of the two airplanes busted in Mexico do not look like innocent victims of mean and nasty Mexican drug traffickers, but their  American counterparts... the elusive and almost never-photographedAmerican Drug Lords.
The Gulfstream, for example, picked up its multi-load of cocaine at the international airport in Rio Negro, just outside of Medellin. Although the city became famous as Pablo Escobar’s hometown, today Medellin is known for being current Colombian President Alvaro Uribe’s home turf…
So it wasn’t FARC dope.
And there is no way the shipment can be blamed on the guerrillas, which may yet prove inconvenient if—after all the pieces are fitted into the puzzle—government-to-government drug connections are visible between the U.S. and Colombian governments.  

An official issue get-out-of-jail-free card

The first plane to go down was a DC9 airliner (N900SA) which left Colombia carrying 5.5 tons of cocaine
The DC9’s owner regularly engaged in illegal, and as yet unpunished, activity, as if he had an official issue get-out-of-jail-free card.
One example: Forgetting legal niceties–like “don’t sell a plane you don’t own, dude”– the DC9 was passed from “Skyway Aircraft” to a company controlled by a company insider, “Royal Sons LLC.
But the real owner of the plane at the time was the U.S. Bankruptcy Court in Tampa. And they weren’t even told of the sale.
Maybe it helped their legal cause that Skyway’s Chairman, Glenn Kovar, had been a U.S. Forest Service employee who boasted of long-standing ties to the CIA.
And several of the firm’s top executives, including its President, have backgrounds in U.S. military intelligence.  That probably didn’t hurt either.

Paint your car like a police car! Comes with own siren!

Skyway’s DC9 was painted with the distinctive blue-and-white with gold trim used by  official U.S. Government planes, and an official-looking U.S. Seal, featuring the familiar Federal eagle clutching an olive brand, had been painted alongside the door. 
If you look closely, however,  the legend wrapping around the outer edge of the Seal says “SkyWay Aircraft: Protection of America’s Skies.” 
Still, most who saw the DC9 sitting on the apron of the St-Petersburg Clearwater International Airport figured the aircraft belonged to the U.S. Dept. of Homeland Security.
The DC9 was clearly impersonating an aircraft from the Dept of Homeland Security. Yet it sat unmolested by authorities at the St Pete-Clearwater Intl’ Airport, parked less than a hundred yards from the US Coast Guard’s major Caribbean Basin Air Facility.
Skyway’s SUV’s, by contrast, were painted with a bogus U.S. Government Seal were pulled over by local police, and ordered to remove the seals.
 

Pretty lucky? Or pretty well-connected?

Another intriguing fact is that several years ago Skyway’s listed address in plane ads was a hanger at Huffman Aviation at the Venice Fl. Airport.  Huffman trained both pilots who took down the World Trade Center, Mohamed Atta and Marwan Al-Shehhi, to fly.
The Gulfstream II (N987SA) 
The biggest clue to date to the true identity of the individuals or organization operating behind the scenes is in the name of the dummy front company which was the last registered owner of the Gulfstream business jet that crash-landed with 4 tons of cocaine may lie in the firm’s initials.
Donna Blue Aircraft”  is “DBA,” for “doing business as,” the kind of clever nomenclature “the boys” are fond of.
When we visited the company’s listed address, it was in an empty office suite with a blank sign out front.

What This is Really All About

Mankind’s knowledge about who owns large commercial and business jets which get busted carrying narcotics appears severely limited for several reasons.
1. It is completely governed, like the movement of subatomic quarks, byHeisenberg’s Uncertainty Principle, with one teensy change.
2. Ownership Uncertainty fluctuates with the level of influence the plane’s owner is able to exert. 
3. Prospects are especially poor of ever identifying the owners of planes associated with national Republican figures.
The whole business, suggested a story from the Associated Press, ratherquickly moves beyond the realm of human ken.
“How the U.S.-registered Gulfstream ended up in the hands of suspected drug traffickers remains a mystery,” the AP reported.
And not by accident, either. 


On April 23, two patrol cars were ambushed by armed gunman in downtown Ciudad Juarez. In the ensuing firefight, seven policemen were killed as well as a 17-year old boy who was caught in the crossfire. All of the assailants escaped uninjured fleeing the crime-scene in three SUVs. The bold attack was executed in broad daylight in one of the busiest areas of the city. According to the Associated Press:

“Hours after the attack, a painted message directed to top federal police commanders and claiming responsibility for the attack appeared on a wall in downtown Ciudad Juarez. It was apparently signed by La Linea gang, the enforcement arm of the Juarez drug cartel. The Juarez cartel has been locked in a bloody turf battle with the Sinaloa cartel, led by Joaquin “El Chapo” Guzman.

“This will happen to you … for being with El Chapo Guzman and to all the dirtbags who support him. Sincerely, La Linea,” the message read.” (“7 Mexican police officers killed in Ciudad Juarez”, Olivia Torres, AP)

The massacre in downtown Juarez is just the latest incident in Mexico’s bloody drug war. Between 5 to 6 more people will be killed on Saturday, and on every day thereafter with no end in sight. It’s a war that cannot be won, but that hasn’t stopped the Mexican government from sticking to its basic game-plan.

The experts and politicians disagree about the origins of the violence in Juarez, but no one disputes that 23,000 people have been killed since 2006 in a largely futile military operation initiated by Mexican president Felipe Calderon. Whether the killing is the result of the ongoing turf-war between the rival drug cartels or not, is irrelevant. The present policy is failing and needs to be changed. The militarization of the war on drugs has been a colossal disaster which has accelerated the pace of social disintegration. Mexico is quickly becoming a failed state, and Washington’s deeply-flawed Merida Initiative, which provides $1.4 billion in aid to the Calderon administration to intensify military operations, is largely to blame.

The surge in narcotics trafficking and drug addiction go hand-in-hand with destructive free trade policies which have fueled their growth. NAFTA, in particular, has triggered a massive migration of people who have been pushed off the land because they couldn’t compete with heavily-subsidized agricultural products from the US. Many of these people drifted north to towns like Juarez which became a manufacturing hub in the 1990s. But Juarez’s fortunes took a turn for the worse a few years later when competition from the Far East grew fiercer. Now most of the plants and factories have been boarded up and the work has been outsourced to China where subsistence wages are the norm. Naturally, young men have turned to the cartels as the only visible means of employment and upward mobility. That means that free trade has not only had a ruinous effect on the economy, but has also created an inexhaustible pool of recruits for the drug trade.

Washington’s Merida Initiative–which provides $1.4 billion in aid to the Calderon administration to intensify military operations–has only made matters worse. The public’s demand for jobs, security and social programs, has been answered with check-points, crackdowns and state repression. The response from Washington hasn’t been much better. Obama hasn’t veered from the policies of the prior administration. He is as committed to a military solution as his predecessor, George W. Bush.

But the need for change is urgent. Mexico is unraveling and, as the oil wells run dry, the prospect of a failed state run by drug kingpins and paramilitaries on US’s southern border becomes more and more probable. The drug war is merely a symptom of deeper social problems; widespread political corruption, grinding poverty, soaring unemployment, and the erosion of confidence in public institutions. But these issues are brushed aside, so the government can pursue its one-size-fits-all military strategy without second-guessing or remorse. Meanwhile, the country continues to fall apart.

THE CLASHING CARTELS

The big cartels are engaged in a ferocious battle for the drug corridors around Juarez. The Sinaloa, Gulf and La Familia cartels have formed an alliance against the upstart Los Zetas gang. Critics allege that the Calderon administration has close ties with the Sinaloa cartel and refuses to arrest its members. Here’s an excerpt from an Al Jazeera video which points to collusion between Sinaloa and the government.

“The US Treasury identifies at least 20 front companies that are laundering drug money for the Sinaloa cartel…There are allegations that the Mexican government is “favoring” the cartel. According to Diego Enrique Osorno, investigative journalist and author of the “The Sinaloa Cartel”:

“There are no important detentions of Sinaloa cartel members. But the government is hunting down adversary groups, new players in the world of drug trafficking.”

International Security Expert, Edgardo Buscaglia, says that “of over 50,000 drug related arrests, only a very small percentage have been Sinaloa cartel members, and no cartel leaders. Dating back to 2003, law enforcement data shows objectively that the government has been hitting the weakest organized crime groups in Mexico, but they have not been hitting the main crime group, the Sinaloa Federation, that’s responsible for 45% of the drug trade in this country.” (Al Jazeera)

There’s no way to verify whether the Calderon administration is in bed with the Sinaloa cartel, but Al Jazeera’s report is pretty damning. A similar report appeared in the Los Angeles Times which revealed that the government had diverted funds that were earmarked for struggling farmers (who’d been hurt by NAFTA) “to the families of notorious drug traffickers and several senior government officials, including the agriculture minister.” Here’s an excerpt from the Los Angeles Times:

“According to several academic studies, as much as 80% of the money went to just 20% of the registered farmers…Among the most eyebrow-raising recipients were three siblings of billionaire drug lord Joaquin “El Chapo” Guzman, head of the powerful Sinaloa cartel, and the brother of Guzman’s onetime partner, Arturo Beltran Leyva”. (“Mexico farm subsidies are going astray”, Tracy Wilkinson, Los Angeles Times)

There’s no doubt that if the LA Times knows about the circular flow of state money to drug traffickers, than the Obama administration knows too. So why does the administration persist with the same policy and continue to support the people they pretend to be fighting?

In forty years, US drug policy has never changed. The same “hunt them down, bust them, and lock them up” philosophy continues to this day. That’s why many critics believe that the drug war is really about control, not eradication. It’s a matter of who’s in line to rake in the profits; small-time pushers who run their own operations or politically-connected kingfish who have agents in the banks, the intelligence agencies, the military and the government. Currently, in Juarez, the small fries’ are getting wiped out while the big-players are getting stronger. In a year or so, the Sinaloa cartel will control the streets, the drug corridors, and the border. The violence will die down and the government will proclaim “victory”, but the flow of drugs into the US will increase while the situation for ordinary Mexicans will continue to deteriorate.

Here’s a clip from an article in the Independent by veteran journalist Hugh O’Shaughnessy:

“The outlawing and criminalizing of drugs and consequent surge in prices has produced a bonanza for producers everywhere, from Kabul to Bogota, but, at the Mexican border, where an estimated $39,000m in narcotics enter the rich US market every year, a veritable tsunami of cash has been created. The narcotraficantes, or drug dealers, can buy the murder of many, and the loyalty of nearly everyone. They can acquire whatever weapons they need from the free market in firearms north of the border and bring them into Mexico with appropriate payment to any official who holds his hand out.” (“The US-Mexico border: where the drugs war has soaked the ground blood red”, Hugh O’Shaughnessy The Independent)

It’s no coincidence that Kabul and Bogota are the the de facto capitals of the drug universe. US political support is strong in both places, as is the involvement of US intelligence agencies. But does that suggest that the CIA is at work in Mexico, too? Or, to put it differently: Why is the US supporting a client that appears to be allied to the most powerful drug cartel in Mexico? That’s the question.

THE CHECKERED HISTORY OF THE CIA

In August 1996, investigative journalist Gary Webb released the first installment of Dark Alliance in the San Jose Mercury exposing the CIA’s involvement in the drug trade. The article blew the lid off the murky dealings of the agency’s covert operations. Webb’s words are as riveting today as they were when they first appeared 14 years ago:

“For the better part of a decade, a San Francisco Bay Area drug ring sold tons of cocaine to the Crips and Bloods street gangs of Los Angeles and funneled millions in drug profits to a Latin American guerrilla army run by the U.S. Central Intelligence Agency, a Mercury News investigation has found.

This drug network opened the first pipeline between Colombia’s cocaine cartels and the black neighborhoods of Los Angeles, a city now known as the “crack” capital of the world. The cocaine that flooded in helped spark a crack explosion in urban America

and provided the cash and connections needed for L.A.’s gangs to buy automatic weapons.

It is one of the most bizarre alliances in modern history: the union of a U.S.-backed army attempting to overthrow a revolutionary socialist government and the Uzi-toting “gangstas” of Compton and South-Central Los Angeles.” (“America’s ‘crack’ plague has roots in Nicaragua war”, Gary Webb, San Jose Mercury News)

Counterpunch editor Alexander Cockburn has also done extensive research on the CIA/drug connection. Here’s an excerpt from an article titled “The Government’s Dirty Little Secrets”, which ran in the Los Angeles Times.

“CIA Inspector General Frederick Hitz finally conceded to a U.S. congressional committee that the agency had worked with drug traffickers and had obtained a waiver from the Justice Department in 1982 (the beginning of the Contra funding crisis) allowing it not to report drug trafficking by agency contractors. Was the lethal arsenal deployed at Roodeplaat assembled with the advice from the CIA and other U.S. agencies? There were certainly close contacts over the years. It was a CIA tip that led the South African secret police to arrest Nelson Mandela.” (The Government’s Dirty Little Secrets, Los Angeles Times, commentary, 1998)

And then there’s this from independent journalist Zafar Bangash:

“The CIA, as Cockburn and (Jeffrey) St Clair reveal, had been in this business right from the beginning. In fact, even before it came into existence, its predecessors, the OSS and the Office of Naval Intelligence, were involved with criminals. One such criminal was Lucky Luciano, the most notorious gangster and drug trafficker in America in the forties.”

The CIA’s involvement in drug trafficking closely dovetails America’s adventures overseas – from Indo-China in the sixties to Afghanistan in the eighties….As Alfred McCoy states in his book: Politics of Heroin: CIA complicity in the Global Drug Trade, beginning with CIA raids from Burma into China in the early fifties, the agency found that ‘ruthless drug lords made effective anti-communists.” (“CIA peddles drugs while US Media act as cheerleaders”, Zafar Bangash, Muslimedia, January 16-31, 1999)

And, this from author William Blum:

“ClA-supported Mujahedeen rebels … engaged heavily in drug trafficking while fighting against the Soviet-supported government,” writes historian William Blum. “The Agency’s principal client was Gulbuddin Hekmatyar, one of the leading druglords and a leading heroin refiner. CIA-supplied trucks and mules, which had carried arms into Afghanistan, were used to transport opium to laboratories along the Afghan/Pakistan border. The output provided up to one half of the heroin used annually in the United States and three-quarters of that used in Western Europe….”

And, this from Portland Independent Media:

“Before 1980, Afghanistan produced 0% of the world’s opium. But then the CIA moved in, and by 1986 they were producing 40% of the world’s heroin supply. By 1999, they were churning out 3,200 TONS of heroin a year–nearly 80% of the total market supply. But then something unexpected happened. The Taliban rose to power, and by 2000 they had destroyed nearly all of the opium fields. Production dropped from 3,000+ tons to only 185 tons, a 94% reduction! This drop in revenue hurt not only the CIA’s Black Budget projects, but also the free-flow of laundered money in and out of the Controller’s banks.” (Portland Independent Media)

The evidence of CIA involvement in the drug trade is vast, documented and compelling. Still, does that mean that there is some nefarious 3-way connection between the Sinaloa Cartel, the Calderon administration and the CIA? Isn’t it more likely that US policymakers are simply stuck in an ideological rut and are unable to break free from the culture of militarism that has swallowed Washington whole? Author John Ross answers these questions and more in a speech he delivered at the Institute for Policy Studies in Washington D.C. in April 2009. Here’s an excerpt:

“What does Washington want from Mexico? On the security side, the U.S. seeks total control of Mexico’s security apparatus. With the creation of NORTHCOM (Northern Command) designed to protect the U.S. landmass from terrorist attack, Mexico is designated North America’s southern security perimeter and U.S. military aircraft now has carte blanche to penetrate Mexican airspace. Moreover, the North American Security and Prosperity Agreement (ASPAN in its Mexican initials) seeks to integrate the security apparatuses of the three NAFTA nations under Washington’s command. Now the Merida Initiative signed by Bush II and Calderon in early 2007 allows for the emplacement of armed U.S. security agents – the FBI, the DEA, the CIA, and ICE – on Mexican soil and contractors like the former Blackwater cannot be far behind. Wars are fought for juicy government contracts and $1.3 billion in Merida moneys are going directly to U.S. defense contractors – forget about the Mexican middleman.

On the energy side, the designated target is, of course, the privatization of PEMEX, Mexico’s nationalized oil industry, with a particular eye out for risk contracts on deep sea drilling in the Gulf of Mexico utilizing technology only the EXXONs of this world possess.” (John Ross, “The Big Scam : How and Why Washington Hooked Mexico on the Drug War)

The drug war is the mask behind which the real policy is concealed. The United States is using all the implements in its national security toolbox to integrate Mexico into a North America Uberstate, a hemispheric free trade zone that removes sovereign obstacles to corporate looting and guarantees rich rewards for defense contractors. As Ross notes, all of the usual suspects are involved, including the FBI and CIA. That means the killing in Juarez will continue until Washington’s objectives are achieved.

Mike Whitney is a frequent contributor to Global Research. Global Research Articles by Mike Whitney



Richard Cain, Mexico City, Bill K. Harvey and Staff D

« on: July 19, 2011, 06:45:44 PM »

“Arguments for exclusivity go only so far. The better question is how explain the Kurt Vonnegut Cat’s Cradle line turned to song:

Nice, nice, very nice
so many people in the same device”

~Phil Dragoo

The Mexican Security Police, known as the Dirección Federal de Seguridad, or DFS was a government security agency created in 1947 during the presidency of Miguel Alemán. Organizationally part of the Secretaria de Gobernación, the DFS was assigned the official duty of preserving the internal stability of Mexico against all forms subversion and terrorist threats. Following a drug scandal that concluded with criminal prosecution of its top executives, the DFS was abolished, with operational elements restructured and merged into the Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) in 1985.

Professor Peter Dale Scott has written that the DFS was in part a CIA creation, and “the CIA’s closest government allies were for years in the DFS.” DFS badges, “handed out to top-level Mexican drug-traffickers, have been labelled by DEA agents a virtual ‘license to traffic.'” Scott says that “The Guadalajara Cartel, Mexico’s most powerful drug-trafficking network in the early 1980s, prospered largely because it enjoyed the protection of the DFS, under its chief Miguel Nassar (or Nazar) Haro, a CIA asset.

What is relevant to our interests is the fact that the DFS, in addition to being deeply involved with illicit drug related organized crime, and a corrupt tool of enforcement for the state, staffed and monitored the CIA’s Mexico City telephone intercept program LI/ENVOY, the source of the infamous “Oswald” tapes which were transcribed by husband and wife team, Boris and Anna Tarasoff.

http://www.history-matters.com/essays/frameup/MoreMexicoMysteries/MoreMexicoMysteries_2.htm

What this means is that the LI/ENVOY operation which produced the original reports (subsequently transcribed) of an Oswald speaking with Soviet and Cuban diplomatic officers was not only technically insecure, it was manned, apparently, by Mexican State Police whose activities were well documented as being open to manipulation by criminal elements.

Which leads to…

Richard Cain

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Cain

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/JFKcainR.ht

Richard Cain (alias Scalzetti) can properly be described as a notorious Chicago mob figure, a veteran who served in the US Army stationed in both Japan and the Virgin Islands, an allegedly crooked Security Officer for UPS, an allegedly corrupt Chicago Police Department detective and employee of the Cook County Sheriff’s Office, a lie-detector operator, a Spanish speaking associate of pro-Batista, anti-Castro Cubans, a close personal friend of Chicago mob boss, Sam Giancana (at whose request was allegedly brought into the CIA’s Castro assassination plans), a business operator (Accurate Detective Laboratories), a recruiter for Spanish speaking volunteers sent to South Florida and Central American CIA training camps specializing in guerrilla warfare/commando tactics, an FBI informant, an electronic surveillance expert who specialized in telephone tapping, and, among many other things including being shot in the mouth at point blank range with a shotgun on 20 Dec., 1973, the person identified in official CIA files as having visited the CIA’s Mexico City Station in April of ’62, at which time “he stated he had an investigative agency in Mexico…for the purpose of training Mexican government agents in police methods, in investigative techniques, and in the use of the lie detector.”

During the period of 1950 – 52, Cain had tapped the telephones of Cuban revolutionary leaders on behalf of the US supported Batista regime. In 1960 he was approached to install phone taps on behalf of former Cuban President (and exiled resident of Mexico), Carlos Prio. The Chicago Tribune reported that the CIA had engaged Cain in 1960 because of his Havana mob contacts, and also to wiretap the Czech embassy in Havana.

It seems plausible that “technical assistance” referred to in official CIA reports confirming that the CIA Mexico City Station provided support to the DFS on the LI/ENVOY operation was in the form of a man who was deeply and personally connected with Sam Giancana, Giancana’s anti-Castro CIA intrigues, and the Chicago underworld milieu of Jack Ruby.

A detailed examination of Richard Cain suggests that from 1960 through ’63, he was close to, or possibly deep inside, the connection between the CIA and the Mafia’s recruitment to assassinate Fidel Castro. An HSCA report presents credible arguments that Cain was not only involved (by Giancana) in the plots against Castro, but that he himself may have been the “assassin-to-be” mentioned by his boss, Giancana, on 18 Oct., 1960.

Which leads to…

Bill K. Harvey and Staff D

The most sensitive and restricted operation by the CIA against Castro was run out of CIA’s Staff D (FI/D), headed by William King Harvey. Officially, Staff D was “a small Agency component responsible for communications intercepts.” Quoted from Inspectors General Report, 37. In fact and in practice, the very stringent restrictions on clearances for COMINT (communications intelligence) made FI/D especially well suited to house sensitive operations that CIA officials (such as Agent In Charge, Harvey) wished to conceal from the rest of the Agency. The most notorious of these projects was ZR/RIFLE, Harvey’s program for “Executive Action Capability.”

FI/D was responsible for the LI/ENVOY program in Mexico City. LI/ENVOY reports were filed regularly from Mexico City Station to Harvey at CIA HQS. It is important to know that Ann Goodpasture, Mexico City Station officer responsible for bringing DFS intercept product into the station and who supplied mistaken and misleading identification of Oswald as being “age 35 and balding,” was an FI/D employee.

Harvey’s Staff D controlled the CIA-Mafia assassination plots, and it controlled the LI/ENVOY intercept intake inside the Mexico City Station. If Richard Cain trained and possibly supervised the recruitment of Mexican (DFS) monitors, the CIA-DFS LI/ENVOY collaboration represents a pre-assassination matrix connecting three possible conspirators in operations which would be seen post-assassination to have very great significance in the implication of Lee Harvey Oswald.

This is a model of an ultra-secretive compartment of CIA, elements of the Mafia already associated with the CIA in their Castro assassination plots, and the infiltration of an officially recognized Mexican agency which would have been thought to have acted in the service of the CIA in its reporting of electronic listening posts, working with each other in ways not apparent to any who would have been uninvolved.

For us to truly recognize what this may mean in terms relevant to the hypothesis that LHO was set up to take the blame for an act he did not commit, it’s essential that we fully understand that all of the above should not result in a rush to judgement that these elements at work through the actions and associations of Richard Cain, Sam Giancana, Ann Goodpasture, and Bill K. Harvey represent proof of their collaboration on the incrimination of Oswald as part of a sinister plot to kill President Kennedy.

While exploring the possibility that the incrimination of Oswald was piggy-backed upon authorized counterintelligence operations which employed these resources and was possibly directed by these authorities, we raise more questions than we answer. I’m hopeful that even a modest introduction such as this will be encouragement — especially to those of you whose minds seem to have already been made up — to continue the search for new answers.

My thanks to Phil Dragoo whose contributions here should be required reading for all.

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The Mexican Drug War is an ongoing armed conflict between rival drug cartels fighting each other for regional control, and Mexican government forces. The government’s principal goal has been to put down the drug-related violence that was raging between different drug cartels before any military intervention was made.[27] In addition, the Mexican government has claimed that their primary focus is on dismantling the powerful drug cartels, rather than on drug trafficking prevention, which is left to U.S. functionaries.[28][29][30]
Although Mexican drug cartels, or drug trafficking organizations, have existed for several decades, they have become more powerful since the demise of Colombia‘s Cali and Medellín cartels in the 1990s. Mexican drug cartels now dominate the wholesale illicit drug market by controlling 90% of the drugs that enter the United States.[31][32] Arrests of key cartel leaders, particularly in the Tijuana and Gulf cartels, have led to increasing drug violence as cartels fight for control of the trafficking routes into the United States.[33][34][35]
Analysts estimate that wholesale earnings from illicit drug sales range from $13.6 billion[31] to $49.4 billion annually.[31][36][37]


Some sources say that the United States Central Intelligence Agency (CIA) has been involved in several drug trafficking operations. Some of these reports claim that congressional evidence indicates that the CIA worked with groups which it knew were involved in drug trafficking, so that these groups would provide them with useful intelligence and material support, in exchange for allowing their criminal activities to continue,[1] and impeding or preventing their arrest, indictment, and imprisonment by U.S. law enforcement agencies.[2]

According to Peter Dale Scott, the Dirección Federal de Seguridad was in part a CIA creation, and “the CIA’s closest government allies were for years in the DFS”. DFS badges, “handed out to top-level Mexican drug-traffickers, have been labelled by DEA agents a virtual ‘license to traffic.'”[21] Scott says that “The Guadalajara Cartel, Mexico’s most powerful drug-trafficking network in the early 1980s, prospered largely because it enjoyed the protection of the DFS, under its chief Miguel Nazar Haro, a CIA asset.”[21]
Vicente Zambada Niebla, the son of Ismael Zambada García one of the top druglords in Mexico, claimed after his arrest to his attorneys that he and other top Sinaloa cartel members had received immunity by U.S. agents and a virtual licence to smuggle cocaine over the United States border, in exchange for intelligence about rival cartels engaged in the Mexican Drug War.[22][23]

The Dirección Federal de Seguridad (Federal Security Directorate, DFS) was a Mexican intelligence agency. Created in 1947 under Miguel Alemán Valdés with “the duty of preserving the internal stability of Mexico against all forms subversion and terrorist threats”,[1] it was merged into the Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) in 1985.
According to Peter Dale Scott, the DFS was in part a CIA creation, and “the CIA’s closest government allies were for years in the DFS”. DFS badges, “handed out to top-level Mexican drug-traffickers, have been labelled by DEA agents a virtual ‘license to traffic.'”[2] Scott says that “The Guadalajara Cartel, Mexico’s most powerful drug-trafficking network in the early 1980s, prospered largely because it enjoyed the protection of the DFS, under its chief Miguel Nazar Haro, a CIA asset.”[2]


  1. ^ Dirección Federal de Seguridad (Mexico) Security Reports, Nettie Lee Benson Latin American Collection, University of Texas Libraries, the University of Texas at Austin,Dirección Federal de Seguridad (Mexico) Security Reports, 1970-1977
  2. ^ a b Peter Dale Scott (2000), Washington and the politics of drugs, Variant, 2(11)

Mexican Miguel Nazar Haro was protected by the CIA

By Víctor Hugo Michel (Mexico City) and Dora Irene Rivera (Monterrey)

EDITED TRANSLATION OF A FEBRUARY 23, 2004, PIECE FROM MILENIO, MEXICO CITY

Miguel Nassar Haro* (aka Nazar Haro; or Nasar Haro), Mexico’s ex-director of the Federal Security Directorate (DFS), received help from the Central Intelligence Agency (CIA) and the U.S. Justice Department to avoid incarceration in the U.S. when he was under investigation for participating in a car theft ring, revealed Peter K. Nuñez, the former U.S. Attorney in charge of the case in San Diego, California.

In an interview with Milenio, Nuñez said that when he tried to arrest and prosecute Nassar Haro in the early 1980s, the “intelligence agencies” in Washington began to meddle in the case and they even pressured him not to pursue the investigations.

“It was a very complicated circumstance. We [in San Diego] had spent considerable time trying to charge him, and the Justice Department in Washington and some of the U.S. intelligence agencies did not want us to go ahead,” Nuñez said.

Asked if he believes the CIA got involved to influence the escape of Nassar Haro from the U.S. — after (he) spent a few hours in a San Diego jail, Nuñez dryly responded “yes.”

The CIA considered Nassar Haro, according to different reports, “the most important source in Mexico and Central America” for the U.S. espionage services.

From the beginning of the call, upon hearing the reporter’s nationality, Nuñez guessed the subject of the interview. “You want to talk about Miguel Nassar Haro,” he anticipated. “Let me tell you: I am not surprised that he has been arrested in Mexico.”

Nuñez, a favorite of Ronald Reagan who was famous for having detained the ex-director of the DFS for a few hours in a San Diego jail, affirmed that he and his team of attorneys had gathered “sufficient information” to link Nassar Haro with car theft in Southern California.

(Reporter:) How was the connection between Nassar Haro and this gang of car thieves discovered, was it through an informant?

(Nuñez:) In part, yes. Many people had already been arrested, and many of them had cooperated with the U.S. government. And among other things, they revealed the role of Nassar Haro in the case.

(The reporter continued with several questions about extradition, then and now. In a concluding comment Nuñez said that) the arrest warrants against Miguel Nassar Haro, for car theft in California, “are still open and they have not expired.” As such, “an eventual extradition request” cannot be dismissed.

Nuñez said, that according to the U.S. justice (system), two decades after being indicted in a federal court for his alleged participation in an organization dedicated to stealing vehicles in San Diego Nassar Haro is still a “fugitive.”

“The statute of limitations would not apply because Nassar Haro had already been processed,” said the ex-U.S. Attorney who was the prosecutor in the case that culminated with the Mexican agent fleeing to Tijuana, from the U.S., after he paid his bail.

Nuñez explained, that in spite of the more than 22 years that have passed, the crimes committed in the U.S. are not yet resolved. “Arrest warrants do not expire,” he said. “He paid his bail but he never returned to face the charges.”

Nuñez said that even without a U.S. extradition proceeding, the Mexican justice (system) could try Nassar Haro for crimes committed in the U.S., according to Article 4 of the Federal Penal Code of Mexico. Article 4 states that crimes committed abroad by a Mexican will be punishable in Mexico, in accordance with federal laws, if the accused is in the country and (if the accused) has yet to be tried abroad.

Nuñez revealed, that as a result of what happened with Nassar Haro, there were political damages in Washington — mostly from friction caused by the involvement of intelligence agencies and the Justice Department in a case that took place on the other side of the country, in California.

According to memory, there was a leak in Washington about the investigations of the U.S. Attorney in San Diego. “Someone leaked the information and made it public, that we were considering the indictment of Nassar Haro,” he recalled. “That was not authorized.”

The leak, that put the name of Nassar Haro in the headlines of the main newspapers in the U.S., brought down a Justice Department official, Bill Kennedy, who the Reagan administration blamed for revealing the “sensitive information.”

“Nassar Haro then came to the U.S., to file suit against the newspapers for printing his name. It was not the best choice he ever made. While he was here we charged and arrested him,” Nuñez said, remembering the moment the ex-director of the DFS was taken into custody.
__________

* Miguel Nazar Haro was recently detained, in Mexico, on an arrest warrant issued by a Monterrey, Nuevo León, judge. The ex-director of the infamous DFS, a now defunct domestic intelligence and security agency, is charged with authorizing the 1975 kidnapping of a youthful leftist — one of Mexico’s “disappeared” who were never to be heard from again. MexiData.info
__________

— MexiData.info translation


The Guadalajara Cartel (Spanish: Cártel de Guadalajara) was a Mexican drug cartel which was formed in the 1980s by Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo and Ernesto Fonseca Carrillo in order to ship heroin and marijuana to the United States. Among the first of the Mexican drug trafficking groups to work with the Colombian cocaine mafias, the Guadalajara cartel prospered from the cocaine trade.

After the arrest of Rafael Caro Quintero and Ernesto Fonseca Carrillo, Félix Gallardo kept a low profile and in 1987 he moved with his familyGuadalajara city. Félix Gallardo (“The Godfather”) then decided to divide up the trade he controlled as it would be more efficient and less likely to be brought down in one law enforcement swoop.[1]In a way, he was privatizing the Mexican drug business while sending it back underground, to be run by bosses who were less well known or not yet known by the DEA. Félix Gallardo convened the nation’s top drug narcos at a house in the resort of Acapulco where he designated the plazas or territories. The Tijuana route would go to the Arellano Felix brothers. The Ciudad Juárez routewould go to the Carrillo Fuentes family. Miguel Caro Quintero would run the Sonora corridor. The control of the Matamoros, Tamaulipas corridor – then becoming the Gulf Cartel– would be left undisturbed to Juan García Abrego. Meanwhile, Joaquín Guzmán Loera and Ismael Zambada García would take over Pacific coast operations, becoming the Sinaloa Cartel. Guzmán and Zambada brought veteran Héctor Luis Palma Salazar back into the fold. Félix Gallardo still planned to oversee national operations, he had the contacts so he was still the top man, but he would no longer control all details of the business; he was arrested on April 8, 1989.[2]
According to Peter Dale Scott, the Guadalajara Cartel, Mexico’s most powerful drug-trafficking network in the early 1980s, prospered largely because it enjoyed the protection of the Dirección Federal de Seguridad, under its chief Miguel Nazar Haro, a CIA asset.”[3]


Miguel Ángel Félix Gallardo (born January 8, 1946) is a convicted Mexican drug lord known as “El Padrino” (Spanish: “The Godfather”) who in the 1980s formed the Guadalajara Cartel and became the first drug czar in Mexico to control all illegal drug traffic in Mexico and the corridors along the Mexico-U.S.A. border


The Mexican Drug War is an ongoing armed conflict between rival drug cartels fighting each other for regional control, and Mexican government forces. The government’s principal goal has been to put down the drug-related violence that was raging between different drug cartels before any military intervention was made.[27] In addition, the Mexican government has claimed that their primary focus is on dismantling the powerful drug cartels, rather than on drug trafficking prevention, which is left to U.S. functionaries.[28][29][30]
Although Mexican drug cartels, or drug trafficking organizations, have existed for several decades, they have become more powerful since the demise of Colombia‘s Cali and Medellín cartels in the 1990s. Mexican drug cartels now dominate the wholesale illicit drug market by controlling 90% of the drugs that enter the United States.[31][32] Arrests of key cartel leaders, particularly in the Tijuana and Gulf cartels, have led to increasing drug violence as cartels fight for control of the trafficking routes into the United States.[33][34][35]
Analysts estimate that wholesale earnings from illicit drug sales range from $13.6 billion[31] to $49.4 billion annually.


The timeline of the most relevant events in the Mexican Drug War

Although violence between drug cartels had been occurring for three decades, the Mexican government held a generally passive stance regarding cartel violence through the 1980s and early 2000s. That changed on December 11, 2006, when the newly elected President Felipe Calderón sent 6,500 Mexican Army soldiers to the state of Michoacán to end drug violence there. This action is regarded as the first major retaliation made against the cartel violence, and is generally viewed as the starting point of the Mexican Drug War between the government and the drug cartels.[1] As time passed, Calderón continued to escalate his anti-drug campaign, in which there are now about 45,000 troops involved along with state and federal police forces.


Arturo Guzmán Decena, a.k.a. Z-1 (January 13, 1976 ? November 21, 2002) was a Mexican Army soldier who defected to become a mercenary and commander of the mercenary gang called Los Zetas at the service of Osiel Cárdenas Guillen, the Gulf Cartel‘s drug lord.[1] Los Zetas are considered by the Drug Enforcement Administration (DEA) as the most technologically advanced, sophisticated and violent drug cartel in Mexico


A federal judge in Chicago refused Thursday to dismiss charges against a reputed Mexican drug kingpin who claimed he was working as an informant for the government.  Vicente Zambada-Niebla failed to provide evidence to rebut the government’s contention that he was never granted immunity from prosecution on drug-trafficking charges, U.S. District Judge Ruben Castillo found.
Zambada-Niebla is the highest-ranking reputed member of the Sinaloa cartel in U.S. custody in a case being tried in Chicago against members of the drug-trafficking organization which authorities say is headed by Joaquin “Chapo” Guzman, described by the U.S. Treasury Department as the “world’s most powerful drug trafficker.”
Castillo’s written ruling offers a glimpse into the secret workings of the U.S. Drug Enforcement Administration in Mexico.
According to the judge’s ruling, Sinaloa cartel lawyer Humberto Loya-Castro was a confidant to Guzman and right-hand man Ismael Zambada-Garcia, who is Zambada-Niebla’s father.
After Loya-Castro was charged in a narcotics case in California in 1995, he started providing information to DEA agents about Mexican drug trafficking. The case against Loya-Castro was dismissed in 2008 at the request of prosecutors.
In 2008, he proposed a meeting between his DEA contact and Zambada-Niebla. On March 17, 2009, they met with DEA agents at a hotel in Mexico City. Hours later, Zambada-Niebla was arrested by Mexican officials.
Prosecutors say Loya-Castro brought Zambada-Niebla to meet DEA agents at the hotel against the agents’ instructions.
“According to the government, [Zambada-Niebla] conveyed his interest and willingness to cooperate with the U.S. government, but the DEA agents told him they ‘were not authorized to meet with him, much less have substantive discussions with him,’ ” the judge wrote.
Zambada-Niebla argued that Loya-Castro had negotiated an immunity deal for him; that he provided information to Loya-Castro about rival cartels that was then passed on to the U.S. government; and that he traveled to Mexico City at great risk to himself for the meeting with DEA agents because he was assured he had immunity from prosecution.
The judge said Zambada-Niebla didn’t present enough evidence to refute the government’s position that he was never granted immunity.
Last year, Zambada-Niebla was moved from the federal lockup in Chicago to a prison in Michigan after complaining about conditions in the Chicago lockup. Federal authorities were concerned he was an escape risk and potential assassination target.
In an unrelated drug-trafficking case in Chicago last year, a defendant testified that he met Zambada-Niebla in the federal lockup here and that Zambada-Niebla sought information to have two co-defendants killed. Those defendants — Chicago natives Pedro and Margarito Flores — are cooperating with prosecutors in the case against Zambada-Niebla, court records show.
Guzman and Zambada-Niebla’s father remain fugitives in the case
For Backstory Information read my Borderland Beat Post….Paz, Chivis   link here


The son of a heavy hitter in a powerful Mexican drug trafficking organization has filed explosive legal pleadings in federal court in Chicago accusing the US government of cutting a deal with the the “Sinaloa Cartel” that gave its leadership “carte blanche to continue to smuggle tons of illicit drugs into Chicago and the rest of the United States.”
The source of that allegation is Jesus Vicente Zambada Niebla, the son of Ismael “El Mayo” Zambada Garcia, one of the purported top leaders of the Sinaloa drug-trafficking organization — a major Mexican-based importer of weapons and exporter of drugs.
The top capo of the Sinaloa drug organization, named after the Pacific Coast Mexican state where it is based, is Joaquin Guzman Loera (El Chapo) — who escaped from a maximum security prison in Mexico in 2001, only days before he was slated to be extradited to the United States. Chapo has since gone on to build one of the most powerful drug “cartels” in Mexico. With the death of Osama Bin Laden in May, Chapo (a Spanish nickname meaning “shorty”) jumped to the top of the FBI’s “Most Wanted” persons list. He also made Forbes Magazine’s 2010 list of “The World’s Most Powerful People.”


Drug War Zone : Frontline Dispatches from the Streets of el Paso and Juárez
Campbell, Howard
Pages: 337
Publisher: University of Texas Press
Location: Austin, TX, USA
Date Published: 10/2009
Language: en


 http://fromthewilderness.com/free/ciadrugs/W_plane.html

(CBS News)
WASHINGTON – Federal agent John Dodson says what he was asked to do was beyond belief.
He was intentionally letting guns go to Mexico?
“Yes ma’am,” Dodson told CBS News. “The agency was.”
An Alcohol, Tobacco and Firearms senior agent assigned to the Phoenix office in 2010, Dodson’s job is to stop gun trafficking across the border. Instead, he says he was ordered to sit by and watch it happen.
Investigators call the tactic letting guns “walk.” In this case, walking into the hands of criminals who would use them in Mexico and the United States.

[Blowback] 

Stephen Downing, a retired deputy chief of the Los Angeles Police Department and board member of Law Enforcement Against Prohibition, responds to The Times’ Oct. 5 Op-Ed article, “Prohibition’s real lessons for drug policy.” If you would like to respond to a recent Times article, editorial or Op-Ed in our Blowback forum, here are our FAQs and submission policy.

Drug prohibitionists like former White House drug czar staffer Kevin A. Sabet seem to be in a panic over Ken Burns’ PBS documentary broadcast “Prohibition” because of its clear and convincing parallel to today’s equally disastrous war on drugs. The earlier experiment lasted less than 14 years, but today’s failed prohibition was declared by President Nixon 40 years ago and has cost our country more than $1 trillion  in cash and much more in immeasurable social harm. As a student of history and a retired deputy chief of police with the Los Angeles Police Department, I can attest that the damage that came from the prohibition of alcohol pales in comparison to the harm wrought by drug prohibition. In the last 40 years drug money has fueled the growth of violent street gangs in Los Angeles, from two (Bloods and Crips) with a membership of less than 50 people before the drug war to 20,000 gangs with a membership of about 1 million across the U.S., according to the U.S. Department of Justice. These gangs serve as the distributors, collection agents and enforcers for the Mexican cartels that the Justice Department says occupy more than 1,000 U.S. cities.

Sabet, a former advisor to the White House drug policy advisor, ignores these prohibition-created harms, making no mention of the nearly 50,000 people killed in Mexico over the last five years as cartels have battled it out to control drug routes, territories and enforce collections. When one cartel leader is arrested or killed, it makes no impact on the drug trade and only serves to create more violence, as lower-level traffickers fight for the newly open top spot. U.S. law enforcement officials report that as much as 70% of cartel profits come from marijuana alone.  There’s no question that ending today’s prohibition on drugs — starting with marijuana — would do more to hurt the cartels than any level of law enforcement skill or dedication ever can. Worse than being ineffective, though, the war on drugs creates dangerous distractions for police officers who would rather focus on improving public safety. For example, the LAPD announced this week that it will take 150 police officers off the streets to accommodate the state’s shuffling of prisoners to the county level. The state must do this to comply with the U.S. Supreme Court’s order to cut our drug-war-induced overcrowded prison population by 30,000 — and our state has already laid off thousands of teachers thanks in part to funding diverted to building more prisons and hiring more guards. This follows on the heels of another reallocation of police resources in Los Angeles when the LAPD and the L.A. Sheriff’s Department woke up to a three-year backlog of rape kits. Police labs have only a finite amount of resources, and drug testing often takes priority over other cases that demand attention. Detectives (and victims) waiting for lab results related to rape and other serious crimes stood in line for months while tests for custody-related possession of pot and other drugs took precedence. There’s no doubt that the violence, the growth of cartels and gangs, the overpopulation of our prisons and the squandering of our police resources would not occur if we eliminated illegal drug profits and implemented a non-criminal approach to regulating drugs. We did this once with alcohol, and there’s no reason we can’t do it with other drugs today. 
— Stephen Downing http://opinion.latimes.com/opinionla/2011/10/end-drug-prohibition-most-commented.html

Prohibition is not the solution
I am totally against the Drug Prohibition Regime and can’t wait to see it thrown away into the dustbin of history greatest inequities humankind has inflicted on itself. I would have thought that any rational, responsible and caring individual could see that drug abuse and its profoundly disruptive consequences calls for enlightened policies where education, health and regulation would play central roles; that it calls for policies where no room is left for the Victorian values Prohibitionists seem so keen on: abstinence or punishment.
One can only assume that something deeply ideological, prejudicial or irrational prevents people from understanding that the problem is prohibition, and not the drugs themselves; that no matter what drug one is considering, prohibition is not the solution … far from it. If anything, what decades of pursuing and enforcing the prohibition regime and its dastardly offshoot, the so-called War on Drugs, have taught us is that it can only make things worse! […]
–GartValenc
The government’s hypocrisy 
It is a stretch to assume that the social and health problems associated with alcohol abuse can in any way be compared to those caused by the use of cannabis.  Alcohol destroys the internal organs of abusers.  Marijuana has no known long-term effects.  Alcohol is highly addictive.  Alcohol withdrawal can be fatal.  Cannabis is less addictive than caffeine and withdrawal, at worst, amounts to a few restless nights and a few days of low appetite.  Alcohol is the fuel of all kinds of violence.  Marijuana users tend to be quiet and communal.
What is amazing to me is that our government supports and collects taxes on the two deadliest drugs in our society, alcohol and tobacco, but wants to send people to jail for making the much more rational choice to use marijuana recreationally instead.
 herbalmagick
What would Thomas Jefferson do?
The cruelest irony of this issue is that many far right goons, the so called champions of getting the government out of our lives and expanding freedom, have always been the biggest advocates of this outdated, morally wrong,  government intrusion into our lives and denying us our “right to happiness”, which Thomas Jefferson, the hard drug alcohol drinker, so correctly protected us with.  George Washington gave his troops rum every day to keep them happy.
shndlr
My life, my decision
The overriding question that the Mr Sabet clearly misses is this: Should the government be in the business of telling responsible adults what they can and cannot ingest? Many of us say “no” to that, while many folks who call themselves conservative and say they want less government in their lives nonetheless accept that nanny-state role. What I believe government should do is offer factual education regarding what drugs of all kinds can do to people, regulate the purity of drugs, continue to punish irresponsible behavior that endangers innocent people (such as driving under the influence, etc), and then trust the rest of us grown ups to enjoy life responsibly in whatever way we choose.
–Username99
Nothing will change
This article is a laugher for many reasons:
1. Part of the human condition is to seek mood-altering substances, aka get “buzzed.” Been going on for about 100,000 years or so, live with it.
2. In spite of all the laws that prohibit it, Americans continue to pursue an artificial high, regardless of the consequences. Laws DO NOT have a deterrent effect on consumption.
3. The cost of drug laws on society has been astounding.  We have incarcerated generations of minorities, forced the status of “convicted felon” on hundreds of thousands of people with the attendant impact on society – with no impact on drug consumption.
4. The war on drugs has been an epic failure in every measurable category except one: a growth industry for the criminal justice system.
5. The public is already saturated with the harmful effects of drugs and alcohol.  A change of legalization will not change consumption patterns that much.  Those inclined to use will continue to, those that do not want the risk will refuse.
6. The odds of getting busted for drug possession, unless you are a minority in a gang neighborhood, is virtually non-existent.  Therefore, in practical terms, it’s already available on demand.
7. The impact of alcohol and tobacco dwarfs the impact of drugs, legal or not.  We lose over 400,000 to nicotine addiction, and another 50,000 or so to booze EVERY YEAR.
Secret: nothing will change.
–zgonina1

killing for peace is like fucking for virginity A group of masked men are threatening Mexico’s powerful (and notorious) Zetas drug cartel on the Internet. The Mexican site Blog del Narco posted this video of the group, that appears well-armed and says it’s committed to fighting against the Zetas cartel. Videos with a similar message and style have been posted earlier this year. While no group has formally taken credit for the videos, they are thought to be the work of the Sinaloa-based group called the “Mata Zetas,” or “Zeta Killers.” In their videos they call themselves “anonymous warriors” speaking for the people of Mexico. Authorities say they are investigating the video threats and the Mexican government has condemned vigilante justice. The Mata Zetas claim to adhere to a moral code that prevents them from engaging in kidnappings or extortion—tactics often used by drug cartels, particularly the Zetas. While the Mata Zetas claim to respect law enforcement, they admit they are working beyond the reach of the law to eliminate organised crime. “Armed forces should be aware that our only objective is to get rid of the Zeta cartel,” they said in one recent video. Despite such overtures, Mexican authorities are speculating the group may be responsible for dumping 35 bodies in the middle of rush-hour traffic in Veracruz last week. The murders, which appear to have involved torture, were initially blamed on the Zetas cartel until authorities identified the victims, including 12 women and two minors, as Zetas-affiliated. The bodies were dumped near a building where some of Mexico’s top prosecutors were convening, and the gesture was apparently intended to goad lawyers into pursuing cases more aggressively against drug cartels and narco leaders. The Mata Zetas then issued a sort of apology for their tactics, saying “[i]f society, Mexican populace, and federal authorities feel offended by what we’ve done, on behalf of the group, we apologize. Our intention was to let Veracruz know that this social scourge is not invincible.” Mexico’s drug trade currently represents a multi-billion dollar industry (some estimates claim the total economy of the illicit drug trade in Mexico alone is approaching $50 billion annually), and the reach of drug gangs has been rapidly expanding in recent years, according to U.S. Department of Justice reports.

http://stream.aljazeera.com/story/mexican-group-takes-drug-cartels

(CBS News)
WASHINGTON – Federal agent John Dodson says what he was asked to do was beyond belief.
He was intentionally letting guns go to Mexico?
“Yes ma’am,” Dodson told CBS News. “The agency was.”
An Alcohol, Tobacco and Firearms senior agent assigned to the Phoenix office in 2010, Dodson’s job is to stop gun trafficking across the border. Instead, he says he was ordered to sit by and watch it happen.
Investigators call the tactic letting guns “walk.” In this case, walking into the hands of criminals who would use them in Mexico and the United States.

  legal pleadings in federal court in Chicago accusing the US government of cutting a deal with the the “Sinaloa Cartel” that gave its leadership “carte blanche to continue to smuggle tons of illicit drugs into Chicago and the rest of the United States.” The source of that allegation is Jesus Vicente Zambada Niebla, the son of Ismael “El Mayo” Zambada Garcia, one of the purported top leaders of the Sinaloa drug-trafficking organization.  Joaquin Guzman Loera (El Chapo) — who escaped from a maximum security prison in Mexico in 2001, only days before he was slated to be extradited to the United States.  With the death of Osama Bin Laden in May, Chapo  jumped to the top of the FBI’s “Most Wanted” persons list. Zambada Niebla, himself a key player in the Sinaloa organization, was arrested in Mexico City in March 2009 and in February 2010 extradited to the United States to stand trial on narco-trafficking-related charges. The indictment pending against Zambada Niebla claims he served as the “logistical coordinator” for the “cartel,” helping to oversee an operation that imported into the US “multi-ton quantities of cocaine … using various means, including but not limited to, Boeing 747 cargo aircraft, private aircraft … buses, rail cars, tractor-trailers, and automobiles.” Zambada Niebla also claims to be an asset of the US government. His allegation was laid out originally in a two-page court pleading filed in late March with the US District Court for the Northern District of Illinois in Chicago. The latest allegations being advanced by Zambada Niebla, who is now being held in solitary confinement in a jail cell in Chicago, are laid out in motions filed late this week in federal court. Those pleadings spell out the supposed cooperative relationship between the US Department of Justice and its various agencies, including DEA and the FBI, and the leaders of the “Sinaloa Cartel” — including Zambada Niebla. That alleged relationship was cultivated through a Mexican attorney, Humberto Loya Castro, whom Zambada Niebla claims is a Sinaloa Cartel member and “a close confidante of Joaquin Guzman Loera (Chapo).” From Zambada Niebla’s court pleadings, filed on July 29: [Humberto] Loya was indicted along with Chapo and Mayo [Zambada Niebla’s father] in 1995 in the Southern District of California and charged with participation in a massive narcotics trafficking conspiracy (Case No. 95CR0973). That case was dismissed on the prosecution’s own motion in 2008 after Loya became an informant for the United States government and had provided information for a period of over ten years. Sometime prior to 2004 [when George W. Bush was president], and continuing through the time period covered in the indictment, the United States government entered into an agreement with Loya and the leadership of the Sinaloa Cartel, including Mayo and Chapo. Under that agreement, the Sinaloa Cartel, through Loya, was to provide information accumulated by Mayo, Chapo, and others, against rival Mexican Drug Trafficking Organizations to the United States government. In return, the United States government agreed to dismiss the prosecution of the pending case against Loya, not to interfere with his drug trafficking activities and those of the Sinaloa Cartel, to not actively prosecute him, Chapo, Mayo, and the leadership of the Sinaloa Cartel, and to not apprehend them. The protection extended to the Sinaloa leadership, according to the court filings, included being “informed by agents of the DEA through Loya that United States government agents and/or Mexican authorities were conducting investigations near the home territories of cartel leaders so that the cartel leaders could take appropriate actions to evade investigators.” In addition, the pleadings allege, the US government agreed not to “share any of the information they had about the Sinaloa Cartel and/or the leadership of the Sinaloa Cartel with the Mexican government in order to better assure that they would not be apprehended and so that their operations would not be interfered with.” More from the July 29 pleadings: Zambada Niebla was a party to the agreement between the United States government and the Sinaloa Cartel and provided information to the United States government through Loya pursuant to the agreement. … Loya arranged for Mr. Zambada Niebla to meet with United States government agents at the Sheraton Hotel in Mexico City in March [17th] of 2009 [after the Obama administration took power] for the purpose of introducing Mr. Zambada Niebla to the agents and for the purpose of his continuing to provide information to the DEA and the United States government personally, rather than through Loya. Loya’s federal case had been dismissed in 2008 [while Bush was still in the White House] and the DEA representative told Mr. Loya-Castro that they wanted to establish a more personal relationship with Mr. Zambada Niebla so that they could deal with him directly under the agreement. Mr. Zambada Niebla believed that under the prior agreement, any activities of the Sinaloa Cartel, including the kind described in the indictment, were covered by the agreement, and that he was immune from arrest or prosecution. Zambada Niebla claims, in the court pleadings, that he attended the meeting in March 2009 at the hotel in Mexico City as scheduled, with Loya present, and while there, even though he was then under indictment in the US, was told by US federal agents that he would not be arrested and that arrangements had been made “at the highest levels of the United States government” to assure his immunity from prosecution in exchange for his cooperation in providing information on rival narco-trafficking groups. However, Zambada Niebla contends he was double-crossed, despite the assurance of the US agents. He alleges in his pleadings that government agents “were satisfied with the information he had provided to them” at the meeting at the Sheraton Hotel on March 17, 2009, and that “arrangements would be made to meet with him again.” “Mr. Zambada Niebla then left the meeting,” the court pleadings assert. “Approximately five hours after the [hotel] meeting, Mr. Zambada-Niebla was arrested by Mexican authorities.”
Fast, Furious and the House of Death
Zambada Niebla’s pleadings also reference the controversial U.S Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) weapons-trafficking interdiction program Fast and Furious — an operation, now the subject of Congressional hearings, that allegedly allowed some 2,000 guns to be smuggled across the US/Mexican border under ATF’s watch. Zambada Niebla contends that Fast and Furious is yet another example of the US government’s complicity in the carnage of the drug war. From Zambada Niebla’s pleadings: The United States government considered the arrangements with the Sinaloa Cartel an acceptable price to pay, because the principal objective was the destruction and dismantling of rival cartels by using the assistance of the Sinaloa Cartel — without regard for the fact that tons of illicit drugs continued to be smuggled into Chicago and other parts of the United States and consumption continued virtually unabated. Essentially, the theory of the United States government in waging its “war on drugs” has been and continues to be that the “end justifies the means” and that it is more important to receive information about rival drug cartels’ activities from the Sinaloa Cartel in return for being allowed to continue their criminal activities, including and not limited to their smuggling of tons of illegal narcotics into the United States. This is confirmed by recent disclosures by the Congressional Committee’s investigation of the latest Department of Justice, DEA, FBI, and ATF’s “war on drugs” operation known as “Fast & Furious.” As a result of Operation Fast and Furious, the pleadings assert, about “three thousand people” in Mexico were killed, “including law enforcement officers in the sate of Sinaloa, Mexico, headquarters of the Sinaloa Cartel.” Among those receiving weapons through the ATF operation, the pleadings continue, were DEA and FBI informants working for drug organizations, including the leadership of those groups. “The evidence seems to indicate that the Justice Department not only allowed criminals to smuggle weapons, but that tax payers’ dollars in the form of informant payments, may have financed those engaging in such activities,” the pleadings allege. “… It is clear that some of the weapons were deliberately allowed by the FBI and other government representatives to end up in the hands of the Sinaloa Cartel and that among the people killed by those weapons were law enforcement officers. “… Mr. Zambada Niebla believes that the documentation that he requests [from the US government] will confirm that the weapons received by Sinaloa Cartel members and its leaders in Operation ‘Fast & Furious’ were provided under the agreement entered into between the United States government and [Chapo Guzman confidante] Mr. Loya Castro on behalf of the Sinaloa Cartel that is the subject of his [Zambada Niebla’s] defense [regarding] public authority.” The Zambada Niebla pleadings even reference the infamous House of Death case, so named by Narco News, which has published an exhaustive series of investigative stories on the mass-murder case dating back to 2004. From the pleadings: Mr. Zambada Niebla also requests … that the United States government produce material relating to the … “House of Death” murders, which took place in Juarez, Mexico, and were committed by United States government informants. As confirmed in the Joint Assessment Report [JAT] prepared by government authorities investigating those murders, agents of the United States government had prior knowledge that murders were going to be committed by their informants but did not take any measures to either inform the Mexican government or the intended victims, because government representatives determined it was moreimportant to protect the identity of their informants. The informants were assisting the United States government in the investigations of major drug traffickers and the government determined that the killings of over a hundred Mexican citizens was an acceptable price to pay for enabling them to continue their narcotics investigations. The Great Pretense Unmasked In its response to Zambada Niebla’s claim that he was working under “public authority” as an informant or confidential source, US federal prosecutors don’t claim outright that he was not a US government asset. They argue, instead, only that “the government denies that defendant [Zambada Niebla] exercised public authority when he committed the serious crimes charged in the indictment.” In other words, even if Zambada Niebla was offered some type of deal in exchange for his cooperation, that deal did not extend to the specific acts he is accused of in the indictment against him. Federal prosecutors also ask that the court order Zambada Niebla to produce, prior to trial, “evidence that a specific American official or officials with actual or apparent authority expressly authorized [him] to import multi-kilogram quantities of cocaine and heroin into the United States, as charged in the indictment, or expressly assured [him] that these acts were not criminal, and that [he] reasonably relied on these communications.” Narco News spoke with several former DEA and FBI agents about Zambada Niebla’s contention that he worked, in essence, as an informant for the US government. Not one of those former agents, who asked that their names not be revealed, considered it out of the realm of possibility that Zambada Niebla might have cut a deal with the US government. In fact, one former DEA agent said that by making such a claim, Zambada Niebla was essentially putting his life in jeopardy by outing himself as an informant, an extreme move that would seem to indicate that at least he believes he had a deal in place. But, in the end, all of the former federal agents agree that unless Zambada Niebla has proof of his allegations that passes legal muster, he has little chance of prevailing — and at least one of those former agents said prosecutors would not likely have challenged him to produce such proof if they did not have a high degree of confidence that it does not exist. A former FBI agent explained it this way: The U. S. Attorney General Guidelines for Informants requires that there be a written document called an “otherwise criminal activities memo” signed by both parties. This document spells out exactly what the informant is authorized to do and tells him that he may be prosecuted for any other illegal activities. This should be provided to the defense in discovery; however, it does not always happen. Some attorneys are not aware of this and do not ask for it in discovery and the government does not willingly give it up. I suspect that the government did not provide this document to the defense and that is why they are demanding that he provide proof of his status. … It would be very easy to prove what he was authorized to do by having the memo. [So] this may be a case of where the memo was never done…. The former DEA agent, who has extensive overseas experience, added: My instincts say he was an informant. It’s [Zambada Niebla’s pleadings are] an effort to “scare” or “frighten” the government to dismiss or reduce charges. Posturing, as it were. But there is a substantial risk for him. It’s pretty much a last ditch effort. Were it otherwise, the defendant would not want to be exposed as having cooperated with the government agents. However, he will have an enormous challenge proving his allegations. … An agent [or US government agency would approve such a cooperative relationship with a narco-trafficker] … so the agent can snag a higher-level trafficker and garner the resulting awards, commendations and promotions. Sometimes, there is outright bribery or gifts of value. It’s a win for the criminal informant because he may earn more money from trafficking and at the same time receive cash payments from the government for arrests he orchestrates. And that isn’t all: the informant’s own fear of arrest is reduced and he has a unique opportunity to effectively destroy his unwanted competition or archenemies. And yet another DEA agent points out that “there is such an animal called an Attorney General-exempt operation, where the Attorney General of the United States [in the Zambada Niebla case, which allegedly dates back to at least 2004, it would have been the Bush administration’s Attorney General] could authorize that laws be violated [by an informant to advance a case].” “This is usually done in money laundering investigations, however,” the DEA source said. The other possibility, the former DEA agent adds, is that Zambada Niebla was tricked on an even deeper level, and was, in fact, not dealing with US law enforcement agencies, but rather a CIA intelligence operation. “This would not be the first time CIA has used an informant and led them to believe it was an FBI, ICE or DEA operation,” the DEA source said. If that is the case, the former DEA agent adds, Zambada Niebla’s case is sunk, since even if documents and other evidence exist to prove his allegations of US government complicity, that evidence would almost certainly be deep-sixed under claims of national security that would be invoked by that very same US government.

TRÁFICO DE ARMAS MÉXICO-USA

TRÁFICO DE ARMAS MÉXICO-USA

http://mexico.cnn.com/nacional/2011/03/04/eu-permitio-el-trafico-de-miles-de-armas-a-mexico-dice-un-agente-federal

(CNNMéxico) — Un agente federal de Estados Unidos aseguró querecibió órdenes para permitir el tráfico de armas a México, como parte de un operativo para detectar y detener bandas de contrabandistas en la frontera.
El agente, indentificado como John Dodson, de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), fue entrevistado por la cadena de televisión estadounidense CBS, que este viernes ofrece un adelanto de la conversación en su página web.
Ante las cámaras de CBS, Dodson dijo que él y sus compañeros recibieron la instrucción de dejar pasar armas a territorio mexicano para identificar a grandes traficantes de armamento.
“Las razones que nos dieron, los supervisores en la agencia nos dijeron que ya no sólo querían capturar a pequeños traficantes (…) querían los grandes casos”, declaró el agente.
“Para hacerlo, teníamos que identificarlos, localizarlos e investigarlos, y esa fue la respuesta que dieron”, agregó.
La CBS señala que el operativo recibió el nombre Letting Guns Walk(Dejando que las armas caminen) y, según el testimonio de Dodson, tenía la aprobación de la ATF y del Departamento de Justicia.
Ambas dependencias, sin embargo, negaron que tal operación haya existido, indicó la cadena estadounidense.
Dodson, mientras tanto, criticó los argumentos que fueron empleados para justificar el operativo.
“Mucha gente resultará herida con estas armas entre el tiempo que las dejamos ir y el tiempo en que las recuperemos”, dijo.
El tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México es una constante en la relación bilateral. Volvió a cobrar fuerza luego de que las autoridades estadounidenses confirmaran que una de las armas usadas en el ataque contra dos agentes estadounidenses en territorio mexicanoprovenía de Texas.
La agresión ocurrió el 15 de febrero y causó la muerte de uno de los funcionarios y heridas a otro.
Durante la reunión que el jueves sostuvieron en el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo mexicano, Felipe Calderón, el asunto surgió nuevamente.
Obama dijo que detener el flujo ilegal de armamento a México es una“tarea desafiante”, pero creyó posible alcanzarla.
México exige que el tráfico de armas y dinero a su territorio sea frenado, ya que de él se nutren los grupos del crimen organizado.
En diciembre de 2006, el gobierno de Calderón inició una serie de operativos contra la delincuencia, en particular contra el narcotráfico. Hasta la fecha, más de 34,000 personas han muerto en acciones de grupos delictivos.
México y Estados Unidos consideran que el crimen organizado es un problema común.

TRÁFICO DE ARMAS MÉXICO-USA

http://mexico.cnn.com/nacional/2011/03/04/eu-permitio-el-trafico-de-miles-de-armas-a-mexico-dice-un-agente-federal

(CNNMéxico) — Un agente federal de Estados Unidos aseguró querecibió órdenes para permitir el tráfico de armas a México, como parte de un operativo para detectar y detener bandas de contrabandistas en la frontera.
El agente, indentificado como John Dodson, de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), fue entrevistado por la cadena de televisión estadounidense CBS, que este viernes ofrece un adelanto de la conversación en su página web.
Ante las cámaras de CBS, Dodson dijo que él y sus compañeros recibieron la instrucción de dejar pasar armas a territorio mexicano para identificar a grandes traficantes de armamento.
“Las razones que nos dieron, los supervisores en la agencia nos dijeron que ya no sólo querían capturar a pequeños traficantes (…) querían los grandes casos”, declaró el agente.
“Para hacerlo, teníamos que identificarlos, localizarlos e investigarlos, y esa fue la respuesta que dieron”, agregó.
La CBS señala que el operativo recibió el nombre Letting Guns Walk(Dejando que las armas caminen) y, según el testimonio de Dodson, tenía la aprobación de la ATF y del Departamento de Justicia.
Ambas dependencias, sin embargo, negaron que tal operación haya existido, indicó la cadena estadounidense.
Dodson, mientras tanto, criticó los argumentos que fueron empleados para justificar el operativo.
“Mucha gente resultará herida con estas armas entre el tiempo que las dejamos ir y el tiempo en que las recuperemos”, dijo.
El tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México es una constante en la relación bilateral. Volvió a cobrar fuerza luego de que las autoridades estadounidenses confirmaran que una de las armas usadas en el ataque contra dos agentes estadounidenses en territorio mexicanoprovenía de Texas.
La agresión ocurrió el 15 de febrero y causó la muerte de uno de los funcionarios y heridas a otro.
Durante la reunión que el jueves sostuvieron en el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo mexicano, Felipe Calderón, el asunto surgió nuevamente.
Obama dijo que detener el flujo ilegal de armamento a México es una“tarea desafiante”, pero creyó posible alcanzarla.
México exige que el tráfico de armas y dinero a su territorio sea frenado, ya que de él se nutren los grupos del crimen organizado.
En diciembre de 2006, el gobierno de Calderón inició una serie de operativos contra la delincuencia, en particular contra el narcotráfico. Hasta la fecha, más de 34,000 personas han muerto en acciones de grupos delictivos.
México y Estados Unidos consideran que el crimen organizado es un problema común.

pandillas en los Estados Unidos

México, DF.- Según un reporte del Buró Federal de Investigaciones (FBI), los cárteles de la droga de México tienen el control de cuatro de 10 pandillas en los Estados Unidos, o el 40 por ciento de alianzas con esas organizaciones delictivas.

El beneficio de estas alianzas entre pandilleros de EU y el crimen organizado nacional es económico principalmente, sin embargo, también se refleja en el control de zonas estratégicas para el trasiego de droga a los Estados Unidos.

Grupos como la “Mafia Mexicana” o el “Sindicato de Texas”, se han asociado con el Cártel del Golfo o Los Zetas, para ingresar armas o protección durante los envíos de droga a EU.

El informe asegura que a la fecha más de 20 mil miembros de las principales pandillas de Texas tiene relación con el crimen organizado.

México, DF.- Según un reporte del Buró Federal de Investigaciones (FBI), los cárteles de la droga de México tienen el control de cuatro de 10 pandillas en los Estados Unidos, o el 40 por ciento de alianzas con esas organizaciones delictivas.

El beneficio de estas alianzas entre pandilleros de EU y el crimen organizado nacional es económico principalmente, sin embargo, también se refleja en el control de zonas estratégicas para el trasiego de droga a los Estados Unidos.

Grupos como la “Mafia Mexicana” o el “Sindicato de Texas”, se han asociado con el Cártel del Golfo o Los Zetas, para ingresar armas o protección durante los envíos de droga a EU.

El informe asegura que a la fecha más de 20 mil miembros de las principales pandillas de Texas tiene relación con el crimen organizado.

comercio mundial de la cocaína

4 Enero, 2013 – 01:05
Credito:

Ana Langner / El Economista

Hoy por hoy, los cárteles mexicanos son los principales actores del comercio mundial de la cocaína y trabajan para tomar control del mercado que no está bajo su jurisdicción, refirió la consultora en geopolítica Stratfor, citando a fuentes estadounidenses antinarco.

La firma detalló que los esfuerzos de los cárteles en México no se limita a incrementar la producción de cocaína, sino a intervenir en el contrabando de Sudamérica a Europa y Australia, y han establecido presencia en África, Asia y Europa.

Además, han intensificado sus actividades en lugares como República Dominicana y Haití, en un intento por aumentar la participación en el contrabando a través del Caribe para EU.

Con las recientes operaciones estadounidenses, como la Operación Xcellerator, Chokehold y Operación Emperador Imperial, los cárteles mexicanos también han aumentado su presencia en los puntos de distribución dentro de la Unión Americana, como en Chicago, Atlanta y Dallas, en un esfuerzo por aumentar su participación en la cadena de beneficios de la cocaína en EU.

Mientras que las ventas de marihuana siempre han sido una importante fuente financiera, los grandes beneficios del comercio de la cocaína son los que han permitido que los cárteles sean tan poderosos. Los miles de millones de dólares de ganancias que se obtienen de tráfico de cocaína han motivado a la expansión de los cárteles mexicanos a nivel global, lo han financiado, pues las ganancias de la cocaína permiten que puedan comprar barcos, aviones, contrabandistas y asesinos de alquiler (sicarios), así como sobornar a funcionarios.

ana.langner@eleconomista.mx


MÉXICO, D.F. (apro).- Un tribunal de Guatemala condenó a 36 integrantes de Los Zetas con penas que van de los dos a los 158 años de cárcel, luego de hallarlos culpables de los delitos de asesinato, secuestro, tráfico y tenencia de armas de fuego y municiones.

De todos los sentenciados por el Tribunal Primero de Mayor Riesgo, solo uno, Salvador Argüelles Briones, es mexicano y el resto de nacionalidad guatemalteca, según informó la agencia Europa Press.

Argüelles fue condenado a 97 años de cárcel, junto a otros dos guatemaltecos, al ser encontrados culpables del asesinato del fiscal Allan Stowlinski Vidaurre, perpetrado el 24 de mayo de 2011 en el departamento (estado) de Alta Verapaz.

El fiscal –quien había participado en un operativo para decomisar 500 kilogramos de droga que pertenecía al grupo criminal– fue desmembrado por sus victimarios, que dejaron sus restos esparcidos frente al edificio de la Gobernación Departamental.

Las mayores condenas, de 158 años, fueron impuestas a los guatemaltecos Hugo Álvaro Gómez Vásquez, El Comandante Bruja, y Élder Estuardo Morales Madrid, El Comandante Fresa, de acuerdo con la resolución judicial.

Los dos fueron hallados culpables de un secuestro y tres asesinatos perpetrados en mayo de 2011 en el departamento norteño de Petén.

Otro miembro de Los Zetas, el guatemalteco Carlos Martínez, fue condenado a 58 años por asesinato y asociación ilícita.

Según el Tribunal, dos guatemaltecos cumplirán una condena de 47 años por tenencia ilegal de armas, comercio y tráfico de drogas, y uno más cumplirá 45 años por conspiración para el asesinato y posesión de drogas, entre otros delitos.

Por su parte, José Arístides Xol recibió una sentencia de 44 años de prisión por asociación ilícita, conspiración y tenencia ilegal de municiones, mientras que Luswin Alberto Zelada, Comandante Lombriz, fue condenado a 43 años por homicidio en grado de tentativa y atentado contra las fuerzas de seguridad en junio de 2011.

Otros cinco guatemaltecos deberán cumplir 23 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y porte ilegal de explosivos, y el resto entre ocho y 58 años de cárcel por diferentes delitos

Los 36 miembros de Los Zetas condenados –entre los que figuran dos mujeres que cumplirán dos y 16 años de cárcel por porte ilegal de armas de fuego, asociación ilícita y encubrimiento propio– fueron detenidos durante 2011 en diferentes regiones del interior del país.


Monterrey.- El Ejército Mexicano desarticuló una banda de narcomenudistas que operaba para el grupo delictivo de los Zetas en el Municipio de Cadereyta, entre los que destaca la presencia de dos hondureños, quienes confesaron haber pertenecido a la milicia en su país.

En presentación en las instalaciones de la Policía Ministerial, el vocero castrense informó que durante un patrullaje de rutina en la colonia Privada de San Juan, elementos del Ejército Mexicano detuvieron en flagrancia a nueve individuos, cinco de ellos menores de edad, en posesión de 225 envoltorios de marihuana y 225 envoltorios de cocaína, además de tres equipos de comunicación.

Los detenidos responden a los nombres de Alex Alan Rodríguez Loredo, Liliana Juanita Guerrero Moreno, y cinco menores que por ley no fueron identificados ni presentados.

Además, fueron detenidos Roger Ivan López Dávila y Carlos Alfredo Herrera Gómez, ambos de nacionalidad hondureña, quienes reconocieron haber sido elementos activos del Ejército en el país centroamericano.

En las primeras indagatorias, ambos refieren haber llegado a la entidad con la consigna de adiestrar a los integrantes de una célula delictiva de los Zetas en el uso de armas de fuego y tácticas de la milicia, por lo que su detención supone un importante logro de las autoridades.

Los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras los originarios de Honduras serán puestos además a disposición del servicio migratorio y sus fichas giradas a la justicia internacional, para descartar su posible participación en otros delitos fuera del país.

4 Enero, 2013 – 01:05
Credito:

Ana Langner / El Economista

Hoy por hoy, los cárteles mexicanos son los principales actores del comercio mundial de la cocaína y trabajan para tomar control del mercado que no está bajo su jurisdicción, refirió la consultora en geopolítica Stratfor, citando a fuentes estadounidenses antinarco.

La firma detalló que los esfuerzos de los cárteles en México no se limita a incrementar la producción de cocaína, sino a intervenir en el contrabando de Sudamérica a Europa y Australia, y han establecido presencia en África, Asia y Europa.

Además, han intensificado sus actividades en lugares como República Dominicana y Haití, en un intento por aumentar la participación en el contrabando a través del Caribe para EU.

Con las recientes operaciones estadounidenses, como la Operación Xcellerator, Chokehold y Operación Emperador Imperial, los cárteles mexicanos también han aumentado su presencia en los puntos de distribución dentro de la Unión Americana, como en Chicago, Atlanta y Dallas, en un esfuerzo por aumentar su participación en la cadena de beneficios de la cocaína en EU.

Mientras que las ventas de marihuana siempre han sido una importante fuente financiera, los grandes beneficios del comercio de la cocaína son los que han permitido que los cárteles sean tan poderosos. Los miles de millones de dólares de ganancias que se obtienen de tráfico de cocaína han motivado a la expansión de los cárteles mexicanos a nivel global, lo han financiado, pues las ganancias de la cocaína permiten que puedan comprar barcos, aviones, contrabandistas y asesinos de alquiler (sicarios), así como sobornar a funcionarios.

ana.langner@eleconomista.mx


MÉXICO, D.F. (apro).- Un tribunal de Guatemala condenó a 36 integrantes de Los Zetas con penas que van de los dos a los 158 años de cárcel, luego de hallarlos culpables de los delitos de asesinato, secuestro, tráfico y tenencia de armas de fuego y municiones.

De todos los sentenciados por el Tribunal Primero de Mayor Riesgo, solo uno, Salvador Argüelles Briones, es mexicano y el resto de nacionalidad guatemalteca, según informó la agencia Europa Press.

Argüelles fue condenado a 97 años de cárcel, junto a otros dos guatemaltecos, al ser encontrados culpables del asesinato del fiscal Allan Stowlinski Vidaurre, perpetrado el 24 de mayo de 2011 en el departamento (estado) de Alta Verapaz.

El fiscal –quien había participado en un operativo para decomisar 500 kilogramos de droga que pertenecía al grupo criminal– fue desmembrado por sus victimarios, que dejaron sus restos esparcidos frente al edificio de la Gobernación Departamental.

Las mayores condenas, de 158 años, fueron impuestas a los guatemaltecos Hugo Álvaro Gómez Vásquez, El Comandante Bruja, y Élder Estuardo Morales Madrid, El Comandante Fresa, de acuerdo con la resolución judicial.

Los dos fueron hallados culpables de un secuestro y tres asesinatos perpetrados en mayo de 2011 en el departamento norteño de Petén.

Otro miembro de Los Zetas, el guatemalteco Carlos Martínez, fue condenado a 58 años por asesinato y asociación ilícita.

Según el Tribunal, dos guatemaltecos cumplirán una condena de 47 años por tenencia ilegal de armas, comercio y tráfico de drogas, y uno más cumplirá 45 años por conspiración para el asesinato y posesión de drogas, entre otros delitos.

Por su parte, José Arístides Xol recibió una sentencia de 44 años de prisión por asociación ilícita, conspiración y tenencia ilegal de municiones, mientras que Luswin Alberto Zelada, Comandante Lombriz, fue condenado a 43 años por homicidio en grado de tentativa y atentado contra las fuerzas de seguridad en junio de 2011.

Otros cinco guatemaltecos deberán cumplir 23 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y porte ilegal de explosivos, y el resto entre ocho y 58 años de cárcel por diferentes delitos

Los 36 miembros de Los Zetas condenados –entre los que figuran dos mujeres que cumplirán dos y 16 años de cárcel por porte ilegal de armas de fuego, asociación ilícita y encubrimiento propio– fueron detenidos durante 2011 en diferentes regiones del interior del país.


Monterrey.- El Ejército Mexicano desarticuló una banda de narcomenudistas que operaba para el grupo delictivo de los Zetas en el Municipio de Cadereyta, entre los que destaca la presencia de dos hondureños, quienes confesaron haber pertenecido a la milicia en su país.

En presentación en las instalaciones de la Policía Ministerial, el vocero castrense informó que durante un patrullaje de rutina en la colonia Privada de San Juan, elementos del Ejército Mexicano detuvieron en flagrancia a nueve individuos, cinco de ellos menores de edad, en posesión de 225 envoltorios de marihuana y 225 envoltorios de cocaína, además de tres equipos de comunicación.

Los detenidos responden a los nombres de Alex Alan Rodríguez Loredo, Liliana Juanita Guerrero Moreno, y cinco menores que por ley no fueron identificados ni presentados.

Además, fueron detenidos Roger Ivan López Dávila y Carlos Alfredo Herrera Gómez, ambos de nacionalidad hondureña, quienes reconocieron haber sido elementos activos del Ejército en el país centroamericano.

En las primeras indagatorias, ambos refieren haber llegado a la entidad con la consigna de adiestrar a los integrantes de una célula delictiva de los Zetas en el uso de armas de fuego y tácticas de la milicia, por lo que su detención supone un importante logro de las autoridades.

Los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras los originarios de Honduras serán puestos además a disposición del servicio migratorio y sus fichas giradas a la justicia internacional, para descartar su posible participación en otros delitos fuera del país.

Gobernabilidad en Nuevo León

28 de enero de 2013 18:56 actualizado a las 21:21 

Monterrey, Nuevo León.- El Gobierno de Nuevo León confirmó las identidades de las primeras cuatro víctimas localizadas en un paraje del municipio de Mina, correspondientes a los 18 integrantes de la organización musical Kombo Kolombia, quienes fueron secuestrados y posteriormente 17 de ellos ejecutados la madrugada del pasado viernes.

En conferencia de prensa, el jefe de la Oficina de Gobierno Jorge Domene Zambrano, reveló detalles sobre el secuestro, muerte y localización de 12 cuerpos en el interior de una noria dentro del predio La Estaca, ubicado a la altura del kilómetro 92 de la carretera Monterrey – Monclova, donde aún permanecen elementos resguardando el sitio, ante la presunción de que en el interior existan otros cinco cuerpos correspondientes al mismo hecho.

El funcionario estatal identificó a las primeras cuatro víctimas con los nombres de José Antonio Villarreal, de 39 años, corista del grupo, Heiner Iván Cuéllar Pérez, originario de Colombia, tecladista, José Baudelio Santos López, saxofonista, y Víctor Ángel Santamaría Cruz, este último integrante del staff, quienes fueron secuestrados junto al resto de la banda.

Los restos mortales fueron identificados por familiares en las instalaciones del Servicio Médico Forense, gracias a características físicas, tatuajes e indumentarias que portaban al momento del hallazgo.

Manifestó que desde el pasado viernes por la madrugada, el Kombo Kolombia acudió a una presentación al bar La Carreta en el municipio de Hidalgo. Al término de la misma fueron abordados por un convoy de individuos fuertemente armados, quienes irrumpieron en el estacionamiento del lugar para plagiarlos.

Fue el viernes por la tarde que familiares de los miembros del grupo reportaron su desaparición, por lo que la Agencia Estatal de Investigaciones procedió al rastreo en la zona, encontrando los vehículos de los desaparecidos, así como parte de su equipo técnico.

El sábado 26 uno de los integrantes, identificado como trompetista de la banda, fue localizado con vida a la altura del kilómetro 102 del tramo carretero.

Detalló cómo fueron plagiados y torturados durante cuatro horas, tiempo que les tomó a sus captores para ingresar al predio La Estaca, donde fueron descendidos para ser interrogados en grupos de tres, para luego ser ejecutados a sangre fría y arrojados al pozo, que tiene un diámetro de 70 centímetros y una profundidad de 15 metros.

El sobreviviente logró evadir a sus captores adentrándose en la vegetación, para ser detectado por un vigilante de un predio vecino, quien lo llevó a la carretera para que solicitara auxilio.

Debido a la complejidad de los hechos, esta persona recibió la protección de las autoridades federales, mientras Domene Zambrano afirmó que ya no se encuentra en la ciudad.

El también Vocero de Seguridad de Nuevo León aseguró que se trató de un ataque directo contra los integrantes y staff del grupo (18 personas en total), ya que no se tiene reporte de que los agresores hayan atentado contra los asistentes del evento.

Sin embargo, la Procuraduría de Justicia ya realiza las indagatorias correspondientes con los contratantes del evento, ante la posibilidad de un contubernio con los delincuentes.

El funcionario desestimó atribuir el atentado a un grupo particular de la delincuencia, y dijo que aún es prematuro hablar sobre el móvil del plagio y múltiple homicidio, información que será revelada en la medida que lo permita el avance de las indagatorias.

Señaló que los trabajos en el lugar para el rescate de víctimas se reanudarán este martes, una vez que haya sido drenada el agua de la noria, y ante la presunción de que en el lugar se encuentran otros cinco cuerpos, por lo que sumarían 17 víctimas fatales y sólo un sobreviviente de la tragedia.

se espera que en las próximas horas la autoridad inicie el proceso de entrega de los cuerpos a sus familiares, así como la conclusión de los exámenes científicos correspondientes a la identificación de los mismos.

Respecto a la situación de Heiner Iván Cuéllar Pérez, oriundo de Colombia, agregó que ya han sostenido acercamientos con las autoridades consulares del país sudamericano, para facilitar la entrega del cadáver y la documentación en caso de que se solicite el traslado vía aérea.


MONTERREY, N.L. (apro).- Una empresaria fue secuestrada esta tarde por hombres armados, quienes irrumpieron en un salón de fiestas donde María Guadalupe Hernández, de 58 años, convivía con otras mujeres, en Guadalupe, municipio vecino al oriente de la capital.

La víctima, propietaria de una cadena de tortillerías, fue “levantada” por los sicarios en el interior del establecimiento denominado Little Wonder, ubicado sobre la calle del Lindero, en la colonia Valle de San Miguel.

La mujer departía con otras 40 damas en una celebración privada cuando cinco hombres armados irrumpieron en el lugar y se la llevaron por la fuerza.

Hernández fue obligada a subir a una camioneta en la que escaparon sus captores.

Paramédicos de la Cruz Verde de Guadalupe debieron atender a unas 28 mujeres, quienes presentaron cuadros de histeria.

Trascendió que el año pasado, el hijo de Hernández fue secuestrado y la familia debió pagar un rescate por su liberación, aunque se desconoce la suerte del hombre.

Capturan a cinco con droga

La Policía de Caminos estatal detuvo a cinco personas, entre ellas un menor de edad, en posesión de droga lista para su comercialización, en el municipio de Pesquería, 28 kilómetros al norte de Monterrey.

Al mediodía de este miércoles, los agentes estatales detuvieron a los ocupantes de un Chevy plateado en el cruce de las calles Loma Lisa y Sierra Madre, en la colonia Colinas del Aeropuerto.

Durante la inspección a la unidad de los sospechosos, los uniformados encontraron 2 mil 333 envoltorios de mariguana.

Los detenidos fueron identificados como Antonio Guajardo Molina, El Tony, de 46 años; Juan Pedro Ramírez Romero, El Perico, de 22; Erik Manuel Ramírez Rodríguez, El Muletas, de 28; Edwin Alejandro Guadalupe Salazar, El Greñas, de 20, y Alexis Enrique, El Viejo, de 17 años.


MONTERREY, N.L. (proceso.com.mx).- Ladrones sustrajeron anoche vigas enteras de acero de dos puentes vehiculares de Apodaca, que ahora deberán ser demolidos ante el daño irreparable que sufrieron, informó el alcalde Raymundo Flores Elizondo.

Las estructuras metálicas de los dos pasos que cruzan sobre el arroyo Topo Chico, en ese municipio vecino de la capital, fueron cortadas con soplete durante esta madrugada por personas que, aparentemente, querían el material para venderlo por kilo.

Los puentes sobre el Topo Chico son los que lo cruzan por las avenidas Prolongación Reforma y, a un kilómetro de distancia, la Rubén García.

Protección Civil del Municipio y Obras Públicas del estado inspeccionaron las estructuras y determinaron que fueron objeto de un daño severo que podría provocar su colapso si se mantienen en uso, por lo que fueron cerradas a la circulación.

Los especialistas evaluarán la magnitud de la afectación, aunque parece que los dos puentes deberán ser derruidos.

Algunos pedazos, con un peso de hasta un cuarto de tonelada, fueron cortados de las vigas que cruzan transversalmente el puente, de unos 20 metros de largo por dos de alto. Los huecos provocaron que el paso se debilitara y que el pavimento y las banquetas se cuartearan, provocando una evidente deformación de la joroba.

Los ladrones también se llevaron unos tirantes transversales que soportaban el esqueleto de la construcción.

El alcalde se dijo desconcertado por la manera en que fue efectuado el robo, pues el material en conjunto es pesado y para sustraerlo fue necesario hacer maniobras complicadas de las que no se percató, al parecer, ninguna autoridad.

El edil consideró urgente efectuar las reparaciones, pues los dos puentes conectan la zona metropolitana de Monterrey con los parques industriales de Apodaca, de los que entran y salen diariamente decenas de unidades de carga.

No hay antecedentes de un robo de este tipo en la zona metropolitana de Nuevo León.


MONTERREY, N.L. (apro).- Al menos nueve personas fueron asesinadas durante este viernes violento en Nuevo León.

Cinco hombres fueron acribillados en un domicilio de la colonia América Obrera, en Guadalupe, en sus límites con San Nicolás.

En el domicilio de la calle río Rosas fueron asesinadas de bala tres personas en el porche y otras dos en el interior.

Al mediodía, en el interior de un negocio en la colonia Topo Chico, al norte de esta capital, fueron ultimados a tiros dos hombres que quedaron tirados en el cruce de Treviño y Almazán.

Otro hombre fue asesinado a las siete de la noche en las escalinatas de la estación del Golfo de la línea 1 del Metro, de la avenida Colón, en el centro de Monterrey.

La víctima escapaba de sus perseguidores cuando fue acribillada justo en el momento en que subía por las escaleras.

A la misma hora, en el bar El Kantón, de la calle Juan Méndez, del primer cuadro de la ciudad, fue asesinado un hombre por pistoleros que entraron al lugar.


Carlos Salomón Cámara hace una reflexión sobre las condiciones de Nuevo León, Monterrey y de cómo poco a poco la aspiración de ser regio ha ido disminuyendo, Monterrey era ciudad hermosa que se distinguía por su seguridad, pero de repente todo cambio ahora es común ver como huyen de la ciudad miles de familias por la inseguridad que se vive ahí, donde es normal ver cadáveres en las calles y sonido de metralletas a cualquier hora del día, es lamentable para los regios ver que su gobierno no hace nada, así como se ha ganado el desprecio de los ciudadanos, Rodrigo Medina, ha terminado con el orgullo de ser regio, que pena por la gente y por este estado que era tan prosperó, ahora sufra día a día por el desgobierno de Rodrigo Medina que en lugar de ayudar vive aislado de la ciudad y acompañado por guardaespaldas, se esperan las elecciones para pasar la factura.


MONTERREY, N.L. (apro).- El candidato panista a la alcaldía de Anáhuac, Eduardo Campos Espinoza, fue víctima de un atentado en su residencia el pasado fin de semana. En conferencia de prensa, la dirigente estatal del PAN, Sandra Pámanes Ortiz, confirmó el ataque contra su correligionario, quien resultó ileso. Pámanes Ortiz informó que este martes 24 sostendrá una reunión con los integrantes de su partido para analizar las acciones legales que emprenderán. La presidenta estatal panista dijo que espera que el incidente no vaya a incidir para que Campos Espinoza decida abandonar el proyecto y continuar con la candidatura. De acuerdo con la dirigente estatal panista, previo a las elecciones los candidatos en serio riesgo, pero las autoridades en la entidad, añadió, han querido solapar la situación. “El viernes tuvimos conocimiento de esta situación que se da, que la consideramos como parte de lo que hemos venido denunciando, de este clima de inseguridad que priva en todo el estado de Nuevo León y del que de alguna manera nosotros mismos habíamos señalado que había que tener una alerta, una luz amarilla”, puntualizó. Añadió:

“Es increíble que trate de evadirse este problema de la inseguridad en Nuevo León por parte de las autoridades formales, tanto de la Comisión Estatal Electoral como del gobierno acerca de que no hay riesgos. Claro que los hay, y los hay en este caso tanto para quienes tratan o están tratando de competir por una posición política, pero también los hay para los ciudadanos, y eso es algo que nos preocupa mucho”.

De acuerdo con fuentes de la Policía Ministerial, el pasado viernes 20, Campos salía de su casa en el municipio de Anáhuac, ubicado a 220 kilómetros al norte de esta capital, cuando fue abordado por varios hombres que le pidieron hablar con él. No obstante, al percatarse de que sus interlocutores estaban armados, el candidato panista se introdujo a su domicilio y escapó por el patio trasero. Tras ello, su secretario particular fue privado de su libertad durante dos horas aproximadamente. Según las fuentes, la casa de Campos Espinoza –cuyo registro aún está pendiente ante la Comisión Estatal Electoral– fue baleada e incendiada, aunque al momento de los hechos el domicilio se encontraba vacío, por lo que no hubo lesionados ni víctimas. Sin embargo, el vocero de seguridad del estado, Jorge Domene, desmintió esa versión y aclaró que la casa incendiada no es la del candidato panista, aunque no pudo precisar quién es su legítimo propietario. Asimismo, admitió que hasta ahora no hay una denuncia formal en torno de los hechos ocurridos el pasado viernes 20. Antes del ataque, el candidato escribió en facebook: “Lo único que me importa es que mi gente de Anáhuac, Nuevo León, tenga mejores oportunidades de trabajo y de vivir mejor, que alcancen un desarrollo adecuado, que sus hijos se superen y logren sus carreras, profesionales o técnicas, para que su familia salga adelante, y los negocios crezcan y tengan a quien venderle, que Anáhuac, no se vuelva un pueblo fantasma”. Y este lunes a las 16:00 horas, escribió: “Estoy bien, gracias a Dios”.


Monterrey, México (3 abril 2012).- Nuevo León tomó dos nuevos liderazgos a nivel nacional el año pasado: tuvo la mayor alza en homicidios dolosos con un incremento de hasta el 617 por ciento, del 2009 al 2011, además de ser la entidad con la mayor cantidad de incidentes en penales.

De acuerdo con un estudio de “México Evalúa”, un centro de análisis de políticas públicas que dirige la investigadora Edna Jaime, la Entidad ocupa el primer lugar en el País en el incremento de homicidios intencionales, respecto a los dos últimos años anteriores.

Según el reporte, en el 2009, el estado reportaba una tasa de 6 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, según se expresa en el documento publicado el pasado mes de marzo.

Sin embargo, al cierre del 2011 esta cifra se disparó a 43 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; es decir, un incremento del 617 por ciento.

Esta cifra, se detalla en el estudio, está por encima del promedio nacional de tasa de homicidios dolosos que se sitúa en 19 por cada 100 mil habitantes.

En un recuento hecho por EL NORTE, sólo en el 2011 se registraron mil 789 ejecuciones vinculadas con el crimen organizado, casi el triple de las 611 registradas el año anterior.

Otro de los indicadores en que Nuevo León ostenta el primer lugar es en el apartado de incidentes en los centros penitenciarios de la localidad, donde reportan 8.7 incidentes por cada mil reclusos, de acuerdo con cifras reportadas entre agosto del 2010 y octubre del 2011.

Esta cifra, se indica en el documento, es cuatro veces mayor a la media nacional que se sitúa en 1.9 incidentes por cada mil reclusos.

En el recuento periodístico hecho por este medio, al menos 50 reos de los Ceresos de Apodaca, Cadereyta y del Topo Chico resultaron muertos en ejecuciones, riñas y supuestos suicidios registrados al interior de éstos el año pasado.

Eso sin contar que el 19 de febrero pasado, 44 reos fueron masacrados y 37 más se fugaron del Cereso de Apodaca; sin embargo, el múltiple homicidio continúa impune, pues las autoridades no han podido identificar ni acusar a los internos responsables de las muertes.

Además, también tiene el liderazgo en la tasa de reincidencia de personas que fueron sancionadas con prisión por la comisión de un delito del fuero común con un promedio del 27.4 por ciento.

La media nacional de reincidencia ronda el 13.7 por ciento, según las cifras del estudio.


Cuestionan en Nuevo León Gobernabilidad. Advierten líderes descontrol e incompetencia en autoridades. En 2 años y medio ejecuciones superan en 8 veces las de todo el sexenio anterior.

Óscar Lomelín Blanco, coordinador de Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Monterrey, dijo que la ingobernabilidad es evidente y que la renuncia del Gobernador debe ser analizada.

“Creo que no (hay gobernabilidad)”, dijo, “porque si lo comparas con una familia donde hay hijos, y los hijos hacen lo que quieren y no hay consecuencias y sobrepasan la autoridad de los papás, pues en esa familia no hay gobernabilidad.

“Si las autoridades penitenciarias no tienen el control, pues entonces no hay gobernabilidad.

“Podría ser (la renuncia) un elemento que causara un buen precedente, decir ‘estoy rebasado, no sé para dónde, pues renuncio’, como por dignidad, creo que sí generaría ánimo y una esperanza el que (Medina) reconociera que está rebasado”.

Monterrey.- Jorge Domene, vocero de Seguridad de Nuevo León, confirmó la fuga de 10 reos más del Cereso de Apodaca en el mismo día que ocurrió la matanza de 44 internos de ese reclusorio, con lo que suman 37 los evadidos.

En rueda de prensa, el funcionario dio a conocer los nombres y los delitos por los que estaban recluidos.

Precisó que uno de estos 10 fugados fue recapturado por la Fuerza Civil y lo identificó como Agustín Manuel Olvera Pérez, quien estaba internado por homicidio.

Hoy REFORMA publicó que según una fuente relacionada con las investigaciones, los internos que escaparon del penal de Apodaca sumaban 37.

En la conferencia señaló que de los 10 millones de pesos que se ofrecieron por los 29 reos que se habían fugado en un principio, la bolsa subiría a 12 millones 400 mil pesos, incluyendo estos nuevos reos.

Domene aseguró que esta información se comparte casi a un mes de la fuga masiva porque fue el tiempo que tardaron en la investigación para confirmar los datos que entregó el entonces director del penal, Gerónimo Miguel Andrés Martínez, a las autoridades después de la fuga.

En punto de las 19:40 horas las autoridades presentaron al recapturado por la Fuerza Civil en una casa de la Colonia Unidad Modelo.

El funcionario también señaló que dos de los reos que habían sido incluidos en la lista inicial de los 29 reos fugados resultó que no habían salido del penal y continuaban internados.


Partidos políticos, la clase empresarial de Nuevo León, activistas locales y y la propia ómbudsman estatal, Minerva Margarita Martínez, reprueban al gobernador Rodrigo Medina por su torpeza política, su frivolidad y su falta de previsión y de eficacia para enfrentar a la delincuencia en el estado. Una prueba de esta incapacidad es la matanza y fuga multitudinaria de sicarios de Los Zetas del penal de Apodaca, donde son los grupos criminales los que imponen su ley. Medina culpa de estos hechos a la federación, y el PAN le pide que renuncie

MONTERREY, NL.- El lunes 20, al día siguiente de la masacre en la que murieron 44 reos y una treintena más se fugó, un grupo de visitadores de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León visitó el penal de Apodaca para comprobar las condiciones de los internos.

Un funcionario del gobierno estatal que presenció la visita asegura que los celadores advirtieron a los visitantes que no podían ingresar a todas las áreas debido al alto grado de peligrosidad prevaleciente, sobre todo en las que el autogobierno impuesto por Los Zetas y por los internos del Cártel del Golfo (CDG) anula toda autoridad, aun la del gobierno estatal.

Luego del ataque al Casino Royale el 25 de agosto último, a raíz del cual perecieron 52 personas, la ejecución tumultuaria en Apodaca es el segundo ataque más oprobioso del crimen organizado.

El mismo lunes 20, pasmado aún por los acontecimientos, el gobernador Rodrigo Medina declaró a los medios que la culpa era de las autoridades federales “por retacar los reclusorios estatales”, si bien es cierto que su administración ha hecho muy poco parar remediar el hacinamiento y el autogobierno en ese centro penitenciario y en el de Topo Chico.

Y aun cuando el vocero de seguridad del estado, Jorge Domene Zambrano, intentó limpiar la imagen del gobierno de Nuevo León, las declaraciones de Medina detonaron las inconformidades. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Margarita Martínez, aliada del gobernador, pidió a las autoridades locales trabajar en serio para “tener el verdadero control de las penitenciarías”.

El alcalde de García, Jaime Rodríguez, fue más allá. Dijo que los penales son centros de consumo de droga; incluso comentó que a Medina le ha faltado carácter para enfrentar al presidente Felipe Calderón y solicitarle que sea el gobierno federal el que se encargue de los reos federales. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en Proceso 1843, ya en circulación)


MÉXICO, D.F. (apro).- Los sangrientos sucesos ocurridos en el penal de Apodaca, donde perdieron la vida 44 internos y 30 más se fugaron con la aparente complicidad de custodios y autoridades penitenciarias, llegaron hasta la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), cuya titular, Navi Pillay, exigió al gobierno mexicano que realice una exhaustiva investigación para deslindar responsabilidades.

“Los responsables, incluidas las autoridades penitenciarias correspondientes, deben ser llevados ante la justicia y todas las medidas necesarias adoptadas para prevenir que este tipo de ataques se repitan”, declaró la portavoz del organismo, Ravina Shamdasani.

Además, indicó que tras la declaración sobre la pérdida de vidas en los penales, existe alarma porque 44 detenidos en el estado de Nuevo León fueron asesinados el 19 de febrero por presuntos miembros del crimen organizado.

Shamdasani refirió también que al menos 30 de los detenidos, la mayoría acusados de delitos graves, escaparon, señaló.

Apenas hace unos días, la ACNUDH dio a conocer un informe que alertaba sobre las lamentables condiciones en que se encuentran actualmente la mayoría de las prisiones en América Latina.

Por tal razón, el organismo de la ONU pidió al gobierno mexicano “garantizar que se observen estándares mínimos en las condiciones de las cárceles federales y estatales, garantizando que la seguridad y la integridad de los detenidos sea respetada”.

“También hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para seguir de cerca las condiciones de detención en todo México”, concluyó Shamdasani.


Carlos Tamayo

Apodaca.- Portando armas de diversos calibres, un comando rompió la tranquilidad de esta mañana en el populoso fraccionamiento La Enramada de Apodaca, para ejecutar a cinco jóvenes en el interior de un domicilio.

Alrededor de las 11:40 horas, el bullicio de un mercado sobre ruedas se estremeció, cuando a 100 metros de distancia, los rifles de asalto y las pistolas escuadra rugieron en el interior de una vivienda marcada con el número 450 de la calle Ansar, casi en su cruce con la calle Golondrinas del citado fraccionamiento.

Vecinos del lugar reportaron a las autoridades municipales sobre la ejecución perpetrada por un grupo de individuos, quienes llegaron a la escena a bordo de una camioneta Nissan Murano, para cometer la quíntuple ejecución y darse a la fuga.

Minutos después, unidades de la Policía de Apodaca se dieron cita en el lugar para confirmar el múltiple homicidio, dando aviso a la Policía Ministerial, Federal y al Ejército Mexicano, quienes precintaron el área y montaron un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del domicilio.

Testigos que pidieron mantenerse en el anonimato relataron que desde hace algunos meses un grupo de jóvenes, de aspecto pandillero, utilizaban la casa para la compraventa de drogas, incluso era utilizada para el consumo de sustancias, conocido en el argot como “picadero”.

De acuerdo a la versión proporcionada por las autoridades, dos cuerpos fueron encontrados en el comedor de la vivienda, mientras otros tres se encontraban en la recámara principal, por lo que se presume fueron sorprendidos durmiendo por el comando armado.

De acuerdo a las indagatorias, el domicilio lucía en abandono, por lo que posiblemente los ahora occisos hayan aprovechado para apoderarse del lugar y desde ahí cometer los ilícitos.


Mensaje íntegro de la narcomanta colgada el día 24 de febrero del 2012  y quitada inmediatamente por la Policía Regia:

“COMUNICADO AL PUEBLO DE MÉXICO A LA OPINIÓN PÚBLICA.

NUEVO LEÓN ES TERRITORIO DE LOS ZETAS Y EL PODER LO DEMOSTRAMOS CON HECHOS, Y AUNQUE NO LE GUSTE, RODRIGO MEDINA ME OBEDECE PORQUE LO APOYAMOS PARA LLEGAR A LA GUBERNATURA, O QUÉ PENSABAN, QUE LOS 20 MILLONES DE DÓLARES QUE ENTREGÓ EL LIC MANUEL QUIÑONES (A) LIC MANY CUÑADO O CONCUÑO DE ALDO FACSI ZUAZUA PARA LA CAMPAÑA DE MEDINA ERAN GRATIS?.

O TODO LO QUE PAGAMOS PARA LOS GASTOS DE RODRIGO A TRAVÉS DE AGUSTÍN SERNA DE LA CROC NO LO IBAMOS A COBRAR? POR ESO, HAGO LO QUE QUIERO EN NUEVO LEÓN PORQUE ME PERTENECE Y LIBERO A QUIEN YO QUIERO DE LOS PENALES Y MATO DE IGUAL MANERA A LOS CONTRAS DEL CDG.

ACEPTENLO LO ÚNICO QUE QUEDA AL GOBIERNO DE CALDERÓN Y AL QUE VENGA ES PACTAR CON NOSOTROS PORQUE SI NO LOS TENDREMOS QUE DERROCAR Y TOMAR EL PODER A LA FUERZA COMO HASTA AHORA, YA SE HAN DADO CUENTA QUE NI CON EL APOYO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS (ICE, ATF, FBI, DEA) MUCHO MENOS CON LA MARINA, EJERCITO, AFI, SIEDO, PGR, VAN A PODER CON NOSOTROS PORQUE AQUÍ MANDAMOS LOS ZETAS.

ATENTAMENTE

HERIBERTO LAZCANO Y MIGUEL TREVIÑO MORALES Z40“.


Monterrey, México (24 febrero 2012).- En su discurso del Día de la Bandera, el Gobernador Rodrigo Medina reclamó hoy a quienes, según dijo, pretenden lucrar políticamente con el problema de la inseguridad que padece Nuevo León.

Un día después de que Caintra, Coparmex y Ccinlac lanzaron un últimatum a Medina para que solucione la situación, y que el empresario Lorenzo Zambrano acusó que la seguridad es mediocre en el estado, el Ejecutivo estatal respondió que hay quienes quieren provocar división porque sólo atienden a sus propios intereses.

“En estas horas de dificultades, todos, autoridades y ciudadanos, tenemos el imperativo ético de apoyar a las instituciones, no de socavarlas”,

“Por ello, en el marco de este día tan importante en la vida de todos los mexicanos”, agregó, “quiero hacer un llamado a la sociedad para cerrar filas contra el verdadero enemigo de todos nosotros, que son los criminales, para ignorar a quienes nos quieren ver divididos, porque sólo atienden a sus propios intereses y no a los de la sociedad”.

Agregó que son una minoría quienes pretenden sembrar el caos, y recalcó que no es legítimo lucrar con el sufrimiento de las familias.

“La lucha contra la violencia criminal es la lucha de México por la sobrevivencia”, planteó.

“No es legítimo lucrar políticamente con el dolor de millones de familias. El país vive momentos de prueba y es irresponsable que se capitalice la tragedia de miles para medrar electoralmente”.

Pese a que la inseguridad ha crecido durante el sexenio como nunca antes en la historia reciente de Nuevo León, Medina afirmó resuelto que desde el inicio del sexenio se ha conservado la gobernabilidad democrática, con un rumbo definido.

Dijo que el problema de la inseguridad fue originado por la lucha de cárteles, y pidió unidad entre ciudadanos y Gobierno para combatir a los criminales, que son los verdaderos enemigos.

Defiende a Fuerza Civil
Ante la revelación en un video de que elementos de Fuerza Civil ingresaron a un domicilio donde desaparecieron pertenencias y dinero en efectivo, el Gobernador aseguró que la nueva policía estatal es la más confiable.

“Como Estado hemos avanzado, creamos la Fuerza Civil, la policía más confiable, capacitada y efectiva”, afirmó, “construimos el primer campo policial y pusimos en marcha la Universidad de Ciencias de la Seguridad”.

Precisamente, el Mandatario abanderó a la nueva corporación en la Explanada de los Héroes.

Hora de publicación: 09:14 hrs.


Claudia Guerrero

Ciudad de México  (22 febrero 2012).- Enrique Peña Nieto, precandidato presidencial del PRI, rechazó la posibilidad de que el Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, deje el cargo, luego de la crisis penitenciaria y de inseguridad que vive la entidad.

Entrevistado luego de comer en privado con un grupo de empresarios, el político mexiquense pidió no repartir culpas por los hechos registrados en Nuevo León, que dejaron un saldo de 44 muertos y 30 reos evadidos.

“Siempre que hay un hecho como este, lo primero que dicen es que hay que quitar al Gobernador, pero no se trata de echar culpas, sino de asumir responsabilidades y corresponsabilidades porque hay reos que están enfrentando ahí procesos federales.

“Deben ocuparse en prestarle atención a este tema, asignar recursos y definir políticas claras”, dijo.

Peña Nieto consideró que lo ocurrido exhibe con claridad la insuficiencia y la poca atención que ha habido en este tema.


Monterrey, Nuevo León.- Elementos de la Policía Federal, del ejército mexicano y de las corporaciones policíacas de Nuevo León, rodearon nuevamente el penal de Apodaca, en Nuevo León, debido a un incendio registrado al interior del mismo.

De acuerdo a los primeros reportes, el incidente comenzó a registrarse alrededor de las 18:40 horas.

Algunas versiones señalan que antes de que iniciara el fuego, al interior del penal se escuchó la ráfaga de un arma de fuego, acto seguido comenzaron a crecer las llamas.

En estos momentos las fuerzas del orden mantienen un cordón alrededor del penal, además de una intensa movilización de ambulancias y cuerpos de rescate para atender la situación.

Familiares de los internos se mantienen en las inmediaciones del penal a la espera de informes sobre la situación al interior del centro penitenciario.

Hasta el momento no se ha dado información sobre lo que pasa al interior del penal, sin embargo ya se habla de varias personas heridas, entre ellas familiares de los reos.


Reporta hoy la columna M.A.KIAVELO del Periódico EL NORTE: el sábado sicarios y sus capos organizaban su fuga del Penal de Apodaca, el Gobernador Rodrigo “El Sonrisas” Medina y su “foursome” -integrado por amigos y ex funcionarios- no planeaban cómo mejorar la seguridad estatal, sino cómo mejorar el swing de golf en el Club Las Misiones. No se sabe si el Gober y sus huestes se aventaron una vuelta de 9 hoyos o la de 18, pero posiblemente quedaron muuuy agotados. Y es que, pese a que la matanza de 44 reos y la fuga de 4 líderes del narco con 26 peligrosos internos se dio la madrugada del domingo, fue hasta ayer por la mañana cuando Medina salió a dar la cara.


La telenovela de Rodrigo

Por Ximena Peredo

“¿Cómo se imagina a Rodrigo Medina pensando en una telenovela: como el protagonista bueno, como el protagonista malo, en un papel secundario, o como un espectador más de la telenovela?”. Ésta es una de las preguntas de la encuesta telefónica pagada con nuestro dinero por el grupo que se ostenta como Gobierno del Estado de Nuevo León.

El único problema que preocupa a los políticos es la pérdida de popularidad porque los sostiene en el poder tomando decisiones personales sobre el patrimonio público.

La sociedad no puede indignarse si no comprende la dimensión del atraco. Si los impostores de la representación siguen gobernando, no es porque usted y yo no estamos plantados con una pancarta frente al Palacio de Cantera, sino porque a la inmensa mayoría “le vale” quién esté en el poder. No advierte ni imagina que, así como se nota que tenemos a delincuentes uniformados conduciendo patrullas, se notaría un cambio si quienes gobernaran estuvieran, al menos, un poco preparados para hacerlo.

El viernes pasado asistí a la protesta organizada por familiares de desaparecidos y por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. El llamado fue en la Explanada de los Héroes, pero los organizadores se preguntaban si debíamos estar de espaldas o de frente al Palacio de Gobierno. Nunca como entonces, rodeada de personas tan tristes y tan desesperadas, me pareció más evidente que aquel edificio era un cascarón, un recuerdo de algo, una escenografía para arrojar nuestros lamentos, nada más.

La publicidad hace enormes las diferencias mínimas. Luego, la elección del consumidor depende de la destreza del publicista. Nike no fabrica tenis, éstos los compra a las maquilas que le ofrecen mayor margen de ganancia. Nike es una agencia de publicidad que se encarga de posicionar su marca.

Existen muy interesantes paralelismos entre el mundo de la publicidad y el de la política. La permanencia de los gobiernos más negligentes recae cada vez más en su capacidad para construirse una imagen de éxito, fortaleza y sensibilidad.

La democracia funciona bien con mayorías ignorantes, dice el Dr. Iain Couzin, de la Universidad de Princeton. Si todos aprendiéramos a representar nuestra opinión el sistema colapsaría. Estudiando el comportamiento de un banco de peces (carpas doradas), el biólogo y ecólogo descubrió que la influencia de los líderes depende de la desinformación o de la indiferencia del grueso de la población. Basta con que parezca que unos pocos integrantes del grupo saben qué hacer, para que el resto de ellos los siga, como borregos al pastor.

¿Quién en sus cabales se autoproclamaría miembro del rebaño de Medina, o de Larrazabal o de Ivonne? Preferimos adjudicar la culpa del desastre a los políticos. Los tachamos de perversos para sentirnos injustamente cautivos, pero en realidad ellos son frívolos, y nosotros crédulos.

La ignorancia es la única razón comprensible de que tantos, tantísimos ciudadanos, permitamos a un grupo de personas hacer uso de lo nuestro, arruinar nuestras ciudades y restarles futuro a las siguientes generaciones.

Ellos cuentan con nuestro dinero. Rodrigo Medina gastó 1.7 millones de pesos diarios en publicidad durante el 2010 y durante el 2011 gastó cuatro veces más de lo aprobado en spots, es decir, 622 millones. Por favor, no olvidemos el escándalo del banner fantasma que nos costó 1.2 millones de pesos (y una triste carcajada cuando el Gobierno del Estado emitió un comunicado señalando que EL NORTE se había inventado la nota).

Para salir airoso del escándalo de corrupción y extorsión de casinos, Larrazabal simplemente elevó el gasto en publicidad en un 81 por ciento durante los tres meses más críticos de su Administración. Así vimos a Brozo prostituirse echándole flores cuando aquí llorábamos la tragedia del Casino Royale.

Los puestos de elección popular están secuestrados por las mafias que conocemos como partidos políticos. Sólo así se entiende que alguien como Ivonne o como Larrazabal hagan públicas sus pretensiones de seguir viviendo de nuestro dinero, usurpando lugares estratégicos para mejorar las condiciones de vida de millones de personas.

Los ciudadanos somos los protagonistas en la novela de Rodri, no sus espectadores. Despertemos al rebaño.

ximenaperedo@gmail.com

Hora de publicación: 04:20 hrs.

28 de enero de 2013 18:56 actualizado a las 21:21 

Monterrey, Nuevo León.- El Gobierno de Nuevo León confirmó las identidades de las primeras cuatro víctimas localizadas en un paraje del municipio de Mina, correspondientes a los 18 integrantes de la organización musical Kombo Kolombia, quienes fueron secuestrados y posteriormente 17 de ellos ejecutados la madrugada del pasado viernes.

En conferencia de prensa, el jefe de la Oficina de Gobierno Jorge Domene Zambrano, reveló detalles sobre el secuestro, muerte y localización de 12 cuerpos en el interior de una noria dentro del predio La Estaca, ubicado a la altura del kilómetro 92 de la carretera Monterrey – Monclova, donde aún permanecen elementos resguardando el sitio, ante la presunción de que en el interior existan otros cinco cuerpos correspondientes al mismo hecho.

El funcionario estatal identificó a las primeras cuatro víctimas con los nombres de José Antonio Villarreal, de 39 años, corista del grupo, Heiner Iván Cuéllar Pérez, originario de Colombia, tecladista, José Baudelio Santos López, saxofonista, y Víctor Ángel Santamaría Cruz, este último integrante del staff, quienes fueron secuestrados junto al resto de la banda.

Los restos mortales fueron identificados por familiares en las instalaciones del Servicio Médico Forense, gracias a características físicas, tatuajes e indumentarias que portaban al momento del hallazgo.

Manifestó que desde el pasado viernes por la madrugada, el Kombo Kolombia acudió a una presentación al bar La Carreta en el municipio de Hidalgo. Al término de la misma fueron abordados por un convoy de individuos fuertemente armados, quienes irrumpieron en el estacionamiento del lugar para plagiarlos.

Fue el viernes por la tarde que familiares de los miembros del grupo reportaron su desaparición, por lo que la Agencia Estatal de Investigaciones procedió al rastreo en la zona, encontrando los vehículos de los desaparecidos, así como parte de su equipo técnico.

El sábado 26 uno de los integrantes, identificado como trompetista de la banda, fue localizado con vida a la altura del kilómetro 102 del tramo carretero.

Detalló cómo fueron plagiados y torturados durante cuatro horas, tiempo que les tomó a sus captores para ingresar al predio La Estaca, donde fueron descendidos para ser interrogados en grupos de tres, para luego ser ejecutados a sangre fría y arrojados al pozo, que tiene un diámetro de 70 centímetros y una profundidad de 15 metros.

El sobreviviente logró evadir a sus captores adentrándose en la vegetación, para ser detectado por un vigilante de un predio vecino, quien lo llevó a la carretera para que solicitara auxilio.

Debido a la complejidad de los hechos, esta persona recibió la protección de las autoridades federales, mientras Domene Zambrano afirmó que ya no se encuentra en la ciudad.

El también Vocero de Seguridad de Nuevo León aseguró que se trató de un ataque directo contra los integrantes y staff del grupo (18 personas en total), ya que no se tiene reporte de que los agresores hayan atentado contra los asistentes del evento.

Sin embargo, la Procuraduría de Justicia ya realiza las indagatorias correspondientes con los contratantes del evento, ante la posibilidad de un contubernio con los delincuentes.

El funcionario desestimó atribuir el atentado a un grupo particular de la delincuencia, y dijo que aún es prematuro hablar sobre el móvil del plagio y múltiple homicidio, información que será revelada en la medida que lo permita el avance de las indagatorias.

Señaló que los trabajos en el lugar para el rescate de víctimas se reanudarán este martes, una vez que haya sido drenada el agua de la noria, y ante la presunción de que en el lugar se encuentran otros cinco cuerpos, por lo que sumarían 17 víctimas fatales y sólo un sobreviviente de la tragedia.

se espera que en las próximas horas la autoridad inicie el proceso de entrega de los cuerpos a sus familiares, así como la conclusión de los exámenes científicos correspondientes a la identificación de los mismos.

Respecto a la situación de Heiner Iván Cuéllar Pérez, oriundo de Colombia, agregó que ya han sostenido acercamientos con las autoridades consulares del país sudamericano, para facilitar la entrega del cadáver y la documentación en caso de que se solicite el traslado vía aérea.


MONTERREY, N.L. (apro).- Una empresaria fue secuestrada esta tarde por hombres armados, quienes irrumpieron en un salón de fiestas donde María Guadalupe Hernández, de 58 años, convivía con otras mujeres, en Guadalupe, municipio vecino al oriente de la capital.

La víctima, propietaria de una cadena de tortillerías, fue “levantada” por los sicarios en el interior del establecimiento denominado Little Wonder, ubicado sobre la calle del Lindero, en la colonia Valle de San Miguel.

La mujer departía con otras 40 damas en una celebración privada cuando cinco hombres armados irrumpieron en el lugar y se la llevaron por la fuerza.

Hernández fue obligada a subir a una camioneta en la que escaparon sus captores.

Paramédicos de la Cruz Verde de Guadalupe debieron atender a unas 28 mujeres, quienes presentaron cuadros de histeria.

Trascendió que el año pasado, el hijo de Hernández fue secuestrado y la familia debió pagar un rescate por su liberación, aunque se desconoce la suerte del hombre.

Capturan a cinco con droga

La Policía de Caminos estatal detuvo a cinco personas, entre ellas un menor de edad, en posesión de droga lista para su comercialización, en el municipio de Pesquería, 28 kilómetros al norte de Monterrey.

Al mediodía de este miércoles, los agentes estatales detuvieron a los ocupantes de un Chevy plateado en el cruce de las calles Loma Lisa y Sierra Madre, en la colonia Colinas del Aeropuerto.

Durante la inspección a la unidad de los sospechosos, los uniformados encontraron 2 mil 333 envoltorios de mariguana.

Los detenidos fueron identificados como Antonio Guajardo Molina, El Tony, de 46 años; Juan Pedro Ramírez Romero, El Perico, de 22; Erik Manuel Ramírez Rodríguez, El Muletas, de 28; Edwin Alejandro Guadalupe Salazar, El Greñas, de 20, y Alexis Enrique, El Viejo, de 17 años.


MONTERREY, N.L. (proceso.com.mx).- Ladrones sustrajeron anoche vigas enteras de acero de dos puentes vehiculares de Apodaca, que ahora deberán ser demolidos ante el daño irreparable que sufrieron, informó el alcalde Raymundo Flores Elizondo.

Las estructuras metálicas de los dos pasos que cruzan sobre el arroyo Topo Chico, en ese municipio vecino de la capital, fueron cortadas con soplete durante esta madrugada por personas que, aparentemente, querían el material para venderlo por kilo.

Los puentes sobre el Topo Chico son los que lo cruzan por las avenidas Prolongación Reforma y, a un kilómetro de distancia, la Rubén García.

Protección Civil del Municipio y Obras Públicas del estado inspeccionaron las estructuras y determinaron que fueron objeto de un daño severo que podría provocar su colapso si se mantienen en uso, por lo que fueron cerradas a la circulación.

Los especialistas evaluarán la magnitud de la afectación, aunque parece que los dos puentes deberán ser derruidos.

Algunos pedazos, con un peso de hasta un cuarto de tonelada, fueron cortados de las vigas que cruzan transversalmente el puente, de unos 20 metros de largo por dos de alto. Los huecos provocaron que el paso se debilitara y que el pavimento y las banquetas se cuartearan, provocando una evidente deformación de la joroba.

Los ladrones también se llevaron unos tirantes transversales que soportaban el esqueleto de la construcción.

El alcalde se dijo desconcertado por la manera en que fue efectuado el robo, pues el material en conjunto es pesado y para sustraerlo fue necesario hacer maniobras complicadas de las que no se percató, al parecer, ninguna autoridad.

El edil consideró urgente efectuar las reparaciones, pues los dos puentes conectan la zona metropolitana de Monterrey con los parques industriales de Apodaca, de los que entran y salen diariamente decenas de unidades de carga.

No hay antecedentes de un robo de este tipo en la zona metropolitana de Nuevo León.


MONTERREY, N.L. (apro).- Al menos nueve personas fueron asesinadas durante este viernes violento en Nuevo León.

Cinco hombres fueron acribillados en un domicilio de la colonia América Obrera, en Guadalupe, en sus límites con San Nicolás.

En el domicilio de la calle río Rosas fueron asesinadas de bala tres personas en el porche y otras dos en el interior.

Al mediodía, en el interior de un negocio en la colonia Topo Chico, al norte de esta capital, fueron ultimados a tiros dos hombres que quedaron tirados en el cruce de Treviño y Almazán.

Otro hombre fue asesinado a las siete de la noche en las escalinatas de la estación del Golfo de la línea 1 del Metro, de la avenida Colón, en el centro de Monterrey.

La víctima escapaba de sus perseguidores cuando fue acribillada justo en el momento en que subía por las escaleras.

A la misma hora, en el bar El Kantón, de la calle Juan Méndez, del primer cuadro de la ciudad, fue asesinado un hombre por pistoleros que entraron al lugar.


Carlos Salomón Cámara hace una reflexión sobre las condiciones de Nuevo León, Monterrey y de cómo poco a poco la aspiración de ser regio ha ido disminuyendo, Monterrey era ciudad hermosa que se distinguía por su seguridad, pero de repente todo cambio ahora es común ver como huyen de la ciudad miles de familias por la inseguridad que se vive ahí, donde es normal ver cadáveres en las calles y sonido de metralletas a cualquier hora del día, es lamentable para los regios ver que su gobierno no hace nada, así como se ha ganado el desprecio de los ciudadanos, Rodrigo Medina, ha terminado con el orgullo de ser regio, que pena por la gente y por este estado que era tan prosperó, ahora sufra día a día por el desgobierno de Rodrigo Medina que en lugar de ayudar vive aislado de la ciudad y acompañado por guardaespaldas, se esperan las elecciones para pasar la factura.


MONTERREY, N.L. (apro).- El candidato panista a la alcaldía de Anáhuac, Eduardo Campos Espinoza, fue víctima de un atentado en su residencia el pasado fin de semana. En conferencia de prensa, la dirigente estatal del PAN, Sandra Pámanes Ortiz, confirmó el ataque contra su correligionario, quien resultó ileso. Pámanes Ortiz informó que este martes 24 sostendrá una reunión con los integrantes de su partido para analizar las acciones legales que emprenderán. La presidenta estatal panista dijo que espera que el incidente no vaya a incidir para que Campos Espinoza decida abandonar el proyecto y continuar con la candidatura. De acuerdo con la dirigente estatal panista, previo a las elecciones los candidatos en serio riesgo, pero las autoridades en la entidad, añadió, han querido solapar la situación. “El viernes tuvimos conocimiento de esta situación que se da, que la consideramos como parte de lo que hemos venido denunciando, de este clima de inseguridad que priva en todo el estado de Nuevo León y del que de alguna manera nosotros mismos habíamos señalado que había que tener una alerta, una luz amarilla”, puntualizó. Añadió:

“Es increíble que trate de evadirse este problema de la inseguridad en Nuevo León por parte de las autoridades formales, tanto de la Comisión Estatal Electoral como del gobierno acerca de que no hay riesgos. Claro que los hay, y los hay en este caso tanto para quienes tratan o están tratando de competir por una posición política, pero también los hay para los ciudadanos, y eso es algo que nos preocupa mucho”.

De acuerdo con fuentes de la Policía Ministerial, el pasado viernes 20, Campos salía de su casa en el municipio de Anáhuac, ubicado a 220 kilómetros al norte de esta capital, cuando fue abordado por varios hombres que le pidieron hablar con él. No obstante, al percatarse de que sus interlocutores estaban armados, el candidato panista se introdujo a su domicilio y escapó por el patio trasero. Tras ello, su secretario particular fue privado de su libertad durante dos horas aproximadamente. Según las fuentes, la casa de Campos Espinoza –cuyo registro aún está pendiente ante la Comisión Estatal Electoral– fue baleada e incendiada, aunque al momento de los hechos el domicilio se encontraba vacío, por lo que no hubo lesionados ni víctimas. Sin embargo, el vocero de seguridad del estado, Jorge Domene, desmintió esa versión y aclaró que la casa incendiada no es la del candidato panista, aunque no pudo precisar quién es su legítimo propietario. Asimismo, admitió que hasta ahora no hay una denuncia formal en torno de los hechos ocurridos el pasado viernes 20. Antes del ataque, el candidato escribió en facebook: “Lo único que me importa es que mi gente de Anáhuac, Nuevo León, tenga mejores oportunidades de trabajo y de vivir mejor, que alcancen un desarrollo adecuado, que sus hijos se superen y logren sus carreras, profesionales o técnicas, para que su familia salga adelante, y los negocios crezcan y tengan a quien venderle, que Anáhuac, no se vuelva un pueblo fantasma”. Y este lunes a las 16:00 horas, escribió: “Estoy bien, gracias a Dios”.


Monterrey, México (3 abril 2012).- Nuevo León tomó dos nuevos liderazgos a nivel nacional el año pasado: tuvo la mayor alza en homicidios dolosos con un incremento de hasta el 617 por ciento, del 2009 al 2011, además de ser la entidad con la mayor cantidad de incidentes en penales.

De acuerdo con un estudio de “México Evalúa”, un centro de análisis de políticas públicas que dirige la investigadora Edna Jaime, la Entidad ocupa el primer lugar en el País en el incremento de homicidios intencionales, respecto a los dos últimos años anteriores.

Según el reporte, en el 2009, el estado reportaba una tasa de 6 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, según se expresa en el documento publicado el pasado mes de marzo.

Sin embargo, al cierre del 2011 esta cifra se disparó a 43 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; es decir, un incremento del 617 por ciento.

Esta cifra, se detalla en el estudio, está por encima del promedio nacional de tasa de homicidios dolosos que se sitúa en 19 por cada 100 mil habitantes.

En un recuento hecho por EL NORTE, sólo en el 2011 se registraron mil 789 ejecuciones vinculadas con el crimen organizado, casi el triple de las 611 registradas el año anterior.

Otro de los indicadores en que Nuevo León ostenta el primer lugar es en el apartado de incidentes en los centros penitenciarios de la localidad, donde reportan 8.7 incidentes por cada mil reclusos, de acuerdo con cifras reportadas entre agosto del 2010 y octubre del 2011.

Esta cifra, se indica en el documento, es cuatro veces mayor a la media nacional que se sitúa en 1.9 incidentes por cada mil reclusos.

En el recuento periodístico hecho por este medio, al menos 50 reos de los Ceresos de Apodaca, Cadereyta y del Topo Chico resultaron muertos en ejecuciones, riñas y supuestos suicidios registrados al interior de éstos el año pasado.

Eso sin contar que el 19 de febrero pasado, 44 reos fueron masacrados y 37 más se fugaron del Cereso de Apodaca; sin embargo, el múltiple homicidio continúa impune, pues las autoridades no han podido identificar ni acusar a los internos responsables de las muertes.

Además, también tiene el liderazgo en la tasa de reincidencia de personas que fueron sancionadas con prisión por la comisión de un delito del fuero común con un promedio del 27.4 por ciento.

La media nacional de reincidencia ronda el 13.7 por ciento, según las cifras del estudio.


Cuestionan en Nuevo León Gobernabilidad. Advierten líderes descontrol e incompetencia en autoridades. En 2 años y medio ejecuciones superan en 8 veces las de todo el sexenio anterior.

Óscar Lomelín Blanco, coordinador de Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Monterrey, dijo que la ingobernabilidad es evidente y que la renuncia del Gobernador debe ser analizada.

“Creo que no (hay gobernabilidad)”, dijo, “porque si lo comparas con una familia donde hay hijos, y los hijos hacen lo que quieren y no hay consecuencias y sobrepasan la autoridad de los papás, pues en esa familia no hay gobernabilidad.

“Si las autoridades penitenciarias no tienen el control, pues entonces no hay gobernabilidad.

“Podría ser (la renuncia) un elemento que causara un buen precedente, decir ‘estoy rebasado, no sé para dónde, pues renuncio’, como por dignidad, creo que sí generaría ánimo y una esperanza el que (Medina) reconociera que está rebasado”.

Monterrey.- Jorge Domene, vocero de Seguridad de Nuevo León, confirmó la fuga de 10 reos más del Cereso de Apodaca en el mismo día que ocurrió la matanza de 44 internos de ese reclusorio, con lo que suman 37 los evadidos.

En rueda de prensa, el funcionario dio a conocer los nombres y los delitos por los que estaban recluidos.

Precisó que uno de estos 10 fugados fue recapturado por la Fuerza Civil y lo identificó como Agustín Manuel Olvera Pérez, quien estaba internado por homicidio.

Hoy REFORMA publicó que según una fuente relacionada con las investigaciones, los internos que escaparon del penal de Apodaca sumaban 37.

En la conferencia señaló que de los 10 millones de pesos que se ofrecieron por los 29 reos que se habían fugado en un principio, la bolsa subiría a 12 millones 400 mil pesos, incluyendo estos nuevos reos.

Domene aseguró que esta información se comparte casi a un mes de la fuga masiva porque fue el tiempo que tardaron en la investigación para confirmar los datos que entregó el entonces director del penal, Gerónimo Miguel Andrés Martínez, a las autoridades después de la fuga.

En punto de las 19:40 horas las autoridades presentaron al recapturado por la Fuerza Civil en una casa de la Colonia Unidad Modelo.

El funcionario también señaló que dos de los reos que habían sido incluidos en la lista inicial de los 29 reos fugados resultó que no habían salido del penal y continuaban internados.


Partidos políticos, la clase empresarial de Nuevo León, activistas locales y y la propia ómbudsman estatal, Minerva Margarita Martínez, reprueban al gobernador Rodrigo Medina por su torpeza política, su frivolidad y su falta de previsión y de eficacia para enfrentar a la delincuencia en el estado. Una prueba de esta incapacidad es la matanza y fuga multitudinaria de sicarios de Los Zetas del penal de Apodaca, donde son los grupos criminales los que imponen su ley. Medina culpa de estos hechos a la federación, y el PAN le pide que renuncie

MONTERREY, NL.- El lunes 20, al día siguiente de la masacre en la que murieron 44 reos y una treintena más se fugó, un grupo de visitadores de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León visitó el penal de Apodaca para comprobar las condiciones de los internos.

Un funcionario del gobierno estatal que presenció la visita asegura que los celadores advirtieron a los visitantes que no podían ingresar a todas las áreas debido al alto grado de peligrosidad prevaleciente, sobre todo en las que el autogobierno impuesto por Los Zetas y por los internos del Cártel del Golfo (CDG) anula toda autoridad, aun la del gobierno estatal.

Luego del ataque al Casino Royale el 25 de agosto último, a raíz del cual perecieron 52 personas, la ejecución tumultuaria en Apodaca es el segundo ataque más oprobioso del crimen organizado.

El mismo lunes 20, pasmado aún por los acontecimientos, el gobernador Rodrigo Medina declaró a los medios que la culpa era de las autoridades federales “por retacar los reclusorios estatales”, si bien es cierto que su administración ha hecho muy poco parar remediar el hacinamiento y el autogobierno en ese centro penitenciario y en el de Topo Chico.

Y aun cuando el vocero de seguridad del estado, Jorge Domene Zambrano, intentó limpiar la imagen del gobierno de Nuevo León, las declaraciones de Medina detonaron las inconformidades. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Margarita Martínez, aliada del gobernador, pidió a las autoridades locales trabajar en serio para “tener el verdadero control de las penitenciarías”.

El alcalde de García, Jaime Rodríguez, fue más allá. Dijo que los penales son centros de consumo de droga; incluso comentó que a Medina le ha faltado carácter para enfrentar al presidente Felipe Calderón y solicitarle que sea el gobierno federal el que se encargue de los reos federales. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en Proceso 1843, ya en circulación)


MÉXICO, D.F. (apro).- Los sangrientos sucesos ocurridos en el penal de Apodaca, donde perdieron la vida 44 internos y 30 más se fugaron con la aparente complicidad de custodios y autoridades penitenciarias, llegaron hasta la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), cuya titular, Navi Pillay, exigió al gobierno mexicano que realice una exhaustiva investigación para deslindar responsabilidades.

“Los responsables, incluidas las autoridades penitenciarias correspondientes, deben ser llevados ante la justicia y todas las medidas necesarias adoptadas para prevenir que este tipo de ataques se repitan”, declaró la portavoz del organismo, Ravina Shamdasani.

Además, indicó que tras la declaración sobre la pérdida de vidas en los penales, existe alarma porque 44 detenidos en el estado de Nuevo León fueron asesinados el 19 de febrero por presuntos miembros del crimen organizado.

Shamdasani refirió también que al menos 30 de los detenidos, la mayoría acusados de delitos graves, escaparon, señaló.

Apenas hace unos días, la ACNUDH dio a conocer un informe que alertaba sobre las lamentables condiciones en que se encuentran actualmente la mayoría de las prisiones en América Latina.

Por tal razón, el organismo de la ONU pidió al gobierno mexicano “garantizar que se observen estándares mínimos en las condiciones de las cárceles federales y estatales, garantizando que la seguridad y la integridad de los detenidos sea respetada”.

“También hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para seguir de cerca las condiciones de detención en todo México”, concluyó Shamdasani.


Carlos Tamayo

Apodaca.- Portando armas de diversos calibres, un comando rompió la tranquilidad de esta mañana en el populoso fraccionamiento La Enramada de Apodaca, para ejecutar a cinco jóvenes en el interior de un domicilio.

Alrededor de las 11:40 horas, el bullicio de un mercado sobre ruedas se estremeció, cuando a 100 metros de distancia, los rifles de asalto y las pistolas escuadra rugieron en el interior de una vivienda marcada con el número 450 de la calle Ansar, casi en su cruce con la calle Golondrinas del citado fraccionamiento.

Vecinos del lugar reportaron a las autoridades municipales sobre la ejecución perpetrada por un grupo de individuos, quienes llegaron a la escena a bordo de una camioneta Nissan Murano, para cometer la quíntuple ejecución y darse a la fuga.

Minutos después, unidades de la Policía de Apodaca se dieron cita en el lugar para confirmar el múltiple homicidio, dando aviso a la Policía Ministerial, Federal y al Ejército Mexicano, quienes precintaron el área y montaron un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del domicilio.

Testigos que pidieron mantenerse en el anonimato relataron que desde hace algunos meses un grupo de jóvenes, de aspecto pandillero, utilizaban la casa para la compraventa de drogas, incluso era utilizada para el consumo de sustancias, conocido en el argot como “picadero”.

De acuerdo a la versión proporcionada por las autoridades, dos cuerpos fueron encontrados en el comedor de la vivienda, mientras otros tres se encontraban en la recámara principal, por lo que se presume fueron sorprendidos durmiendo por el comando armado.

De acuerdo a las indagatorias, el domicilio lucía en abandono, por lo que posiblemente los ahora occisos hayan aprovechado para apoderarse del lugar y desde ahí cometer los ilícitos.


Mensaje íntegro de la narcomanta colgada el día 24 de febrero del 2012  y quitada inmediatamente por la Policía Regia:

“COMUNICADO AL PUEBLO DE MÉXICO A LA OPINIÓN PÚBLICA.

NUEVO LEÓN ES TERRITORIO DE LOS ZETAS Y EL PODER LO DEMOSTRAMOS CON HECHOS, Y AUNQUE NO LE GUSTE, RODRIGO MEDINA ME OBEDECE PORQUE LO APOYAMOS PARA LLEGAR A LA GUBERNATURA, O QUÉ PENSABAN, QUE LOS 20 MILLONES DE DÓLARES QUE ENTREGÓ EL LIC MANUEL QUIÑONES (A) LIC MANY CUÑADO O CONCUÑO DE ALDO FACSI ZUAZUA PARA LA CAMPAÑA DE MEDINA ERAN GRATIS?.

O TODO LO QUE PAGAMOS PARA LOS GASTOS DE RODRIGO A TRAVÉS DE AGUSTÍN SERNA DE LA CROC NO LO IBAMOS A COBRAR? POR ESO, HAGO LO QUE QUIERO EN NUEVO LEÓN PORQUE ME PERTENECE Y LIBERO A QUIEN YO QUIERO DE LOS PENALES Y MATO DE IGUAL MANERA A LOS CONTRAS DEL CDG.

ACEPTENLO LO ÚNICO QUE QUEDA AL GOBIERNO DE CALDERÓN Y AL QUE VENGA ES PACTAR CON NOSOTROS PORQUE SI NO LOS TENDREMOS QUE DERROCAR Y TOMAR EL PODER A LA FUERZA COMO HASTA AHORA, YA SE HAN DADO CUENTA QUE NI CON EL APOYO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS (ICE, ATF, FBI, DEA) MUCHO MENOS CON LA MARINA, EJERCITO, AFI, SIEDO, PGR, VAN A PODER CON NOSOTROS PORQUE AQUÍ MANDAMOS LOS ZETAS.

ATENTAMENTE

HERIBERTO LAZCANO Y MIGUEL TREVIÑO MORALES Z40“.


Monterrey, México (24 febrero 2012).- En su discurso del Día de la Bandera, el Gobernador Rodrigo Medina reclamó hoy a quienes, según dijo, pretenden lucrar políticamente con el problema de la inseguridad que padece Nuevo León.

Un día después de que Caintra, Coparmex y Ccinlac lanzaron un últimatum a Medina para que solucione la situación, y que el empresario Lorenzo Zambrano acusó que la seguridad es mediocre en el estado, el Ejecutivo estatal respondió que hay quienes quieren provocar división porque sólo atienden a sus propios intereses.

“En estas horas de dificultades, todos, autoridades y ciudadanos, tenemos el imperativo ético de apoyar a las instituciones, no de socavarlas”,

“Por ello, en el marco de este día tan importante en la vida de todos los mexicanos”, agregó, “quiero hacer un llamado a la sociedad para cerrar filas contra el verdadero enemigo de todos nosotros, que son los criminales, para ignorar a quienes nos quieren ver divididos, porque sólo atienden a sus propios intereses y no a los de la sociedad”.

Agregó que son una minoría quienes pretenden sembrar el caos, y recalcó que no es legítimo lucrar con el sufrimiento de las familias.

“La lucha contra la violencia criminal es la lucha de México por la sobrevivencia”, planteó.

“No es legítimo lucrar políticamente con el dolor de millones de familias. El país vive momentos de prueba y es irresponsable que se capitalice la tragedia de miles para medrar electoralmente”.

Pese a que la inseguridad ha crecido durante el sexenio como nunca antes en la historia reciente de Nuevo León, Medina afirmó resuelto que desde el inicio del sexenio se ha conservado la gobernabilidad democrática, con un rumbo definido.

Dijo que el problema de la inseguridad fue originado por la lucha de cárteles, y pidió unidad entre ciudadanos y Gobierno para combatir a los criminales, que son los verdaderos enemigos.

Defiende a Fuerza Civil
Ante la revelación en un video de que elementos de Fuerza Civil ingresaron a un domicilio donde desaparecieron pertenencias y dinero en efectivo, el Gobernador aseguró que la nueva policía estatal es la más confiable.

“Como Estado hemos avanzado, creamos la Fuerza Civil, la policía más confiable, capacitada y efectiva”, afirmó, “construimos el primer campo policial y pusimos en marcha la Universidad de Ciencias de la Seguridad”.

Precisamente, el Mandatario abanderó a la nueva corporación en la Explanada de los Héroes.

Hora de publicación: 09:14 hrs.


Claudia Guerrero

Ciudad de México  (22 febrero 2012).- Enrique Peña Nieto, precandidato presidencial del PRI, rechazó la posibilidad de que el Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, deje el cargo, luego de la crisis penitenciaria y de inseguridad que vive la entidad.

Entrevistado luego de comer en privado con un grupo de empresarios, el político mexiquense pidió no repartir culpas por los hechos registrados en Nuevo León, que dejaron un saldo de 44 muertos y 30 reos evadidos.

“Siempre que hay un hecho como este, lo primero que dicen es que hay que quitar al Gobernador, pero no se trata de echar culpas, sino de asumir responsabilidades y corresponsabilidades porque hay reos que están enfrentando ahí procesos federales.

“Deben ocuparse en prestarle atención a este tema, asignar recursos y definir políticas claras”, dijo.

Peña Nieto consideró que lo ocurrido exhibe con claridad la insuficiencia y la poca atención que ha habido en este tema.


Monterrey, Nuevo León.- Elementos de la Policía Federal, del ejército mexicano y de las corporaciones policíacas de Nuevo León, rodearon nuevamente el penal de Apodaca, en Nuevo León, debido a un incendio registrado al interior del mismo.

De acuerdo a los primeros reportes, el incidente comenzó a registrarse alrededor de las 18:40 horas.

Algunas versiones señalan que antes de que iniciara el fuego, al interior del penal se escuchó la ráfaga de un arma de fuego, acto seguido comenzaron a crecer las llamas.

En estos momentos las fuerzas del orden mantienen un cordón alrededor del penal, además de una intensa movilización de ambulancias y cuerpos de rescate para atender la situación.

Familiares de los internos se mantienen en las inmediaciones del penal a la espera de informes sobre la situación al interior del centro penitenciario.

Hasta el momento no se ha dado información sobre lo que pasa al interior del penal, sin embargo ya se habla de varias personas heridas, entre ellas familiares de los reos.


Reporta hoy la columna M.A.KIAVELO del Periódico EL NORTE: el sábado sicarios y sus capos organizaban su fuga del Penal de Apodaca, el Gobernador Rodrigo “El Sonrisas” Medina y su “foursome” -integrado por amigos y ex funcionarios- no planeaban cómo mejorar la seguridad estatal, sino cómo mejorar el swing de golf en el Club Las Misiones. No se sabe si el Gober y sus huestes se aventaron una vuelta de 9 hoyos o la de 18, pero posiblemente quedaron muuuy agotados. Y es que, pese a que la matanza de 44 reos y la fuga de 4 líderes del narco con 26 peligrosos internos se dio la madrugada del domingo, fue hasta ayer por la mañana cuando Medina salió a dar la cara.


La telenovela de Rodrigo

Por Ximena Peredo

“¿Cómo se imagina a Rodrigo Medina pensando en una telenovela: como el protagonista bueno, como el protagonista malo, en un papel secundario, o como un espectador más de la telenovela?”. Ésta es una de las preguntas de la encuesta telefónica pagada con nuestro dinero por el grupo que se ostenta como Gobierno del Estado de Nuevo León.

El único problema que preocupa a los políticos es la pérdida de popularidad porque los sostiene en el poder tomando decisiones personales sobre el patrimonio público.

La sociedad no puede indignarse si no comprende la dimensión del atraco. Si los impostores de la representación siguen gobernando, no es porque usted y yo no estamos plantados con una pancarta frente al Palacio de Cantera, sino porque a la inmensa mayoría “le vale” quién esté en el poder. No advierte ni imagina que, así como se nota que tenemos a delincuentes uniformados conduciendo patrullas, se notaría un cambio si quienes gobernaran estuvieran, al menos, un poco preparados para hacerlo.

El viernes pasado asistí a la protesta organizada por familiares de desaparecidos y por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. El llamado fue en la Explanada de los Héroes, pero los organizadores se preguntaban si debíamos estar de espaldas o de frente al Palacio de Gobierno. Nunca como entonces, rodeada de personas tan tristes y tan desesperadas, me pareció más evidente que aquel edificio era un cascarón, un recuerdo de algo, una escenografía para arrojar nuestros lamentos, nada más.

La publicidad hace enormes las diferencias mínimas. Luego, la elección del consumidor depende de la destreza del publicista. Nike no fabrica tenis, éstos los compra a las maquilas que le ofrecen mayor margen de ganancia. Nike es una agencia de publicidad que se encarga de posicionar su marca.

Existen muy interesantes paralelismos entre el mundo de la publicidad y el de la política. La permanencia de los gobiernos más negligentes recae cada vez más en su capacidad para construirse una imagen de éxito, fortaleza y sensibilidad.

La democracia funciona bien con mayorías ignorantes, dice el Dr. Iain Couzin, de la Universidad de Princeton. Si todos aprendiéramos a representar nuestra opinión el sistema colapsaría. Estudiando el comportamiento de un banco de peces (carpas doradas), el biólogo y ecólogo descubrió que la influencia de los líderes depende de la desinformación o de la indiferencia del grueso de la población. Basta con que parezca que unos pocos integrantes del grupo saben qué hacer, para que el resto de ellos los siga, como borregos al pastor.

¿Quién en sus cabales se autoproclamaría miembro del rebaño de Medina, o de Larrazabal o de Ivonne? Preferimos adjudicar la culpa del desastre a los políticos. Los tachamos de perversos para sentirnos injustamente cautivos, pero en realidad ellos son frívolos, y nosotros crédulos.

La ignorancia es la única razón comprensible de que tantos, tantísimos ciudadanos, permitamos a un grupo de personas hacer uso de lo nuestro, arruinar nuestras ciudades y restarles futuro a las siguientes generaciones.

Ellos cuentan con nuestro dinero. Rodrigo Medina gastó 1.7 millones de pesos diarios en publicidad durante el 2010 y durante el 2011 gastó cuatro veces más de lo aprobado en spots, es decir, 622 millones. Por favor, no olvidemos el escándalo del banner fantasma que nos costó 1.2 millones de pesos (y una triste carcajada cuando el Gobierno del Estado emitió un comunicado señalando que EL NORTE se había inventado la nota).

Para salir airoso del escándalo de corrupción y extorsión de casinos, Larrazabal simplemente elevó el gasto en publicidad en un 81 por ciento durante los tres meses más críticos de su Administración. Así vimos a Brozo prostituirse echándole flores cuando aquí llorábamos la tragedia del Casino Royale.

Los puestos de elección popular están secuestrados por las mafias que conocemos como partidos políticos. Sólo así se entiende que alguien como Ivonne o como Larrazabal hagan públicas sus pretensiones de seguir viviendo de nuestro dinero, usurpando lugares estratégicos para mejorar las condiciones de vida de millones de personas.

Los ciudadanos somos los protagonistas en la novela de Rodri, no sus espectadores. Despertemos al rebaño.

ximenaperedo@gmail.com

Hora de publicación: 04:20 hrs.

Humberto Moreira y minas de carbón clandestinas

El secretario del trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, anunció que realizarán más de 200 inspecciones en los estados de Coahuila y Durango, a partir de este mes y hasta febrero, con el fin de detectar las minas de carbón clandestinas y que en muchos casos son operadas por el crimen organizado.

En entrevista, Navarrete Prida sostuvo que las inspecciones que se realizarán en esa entidades no sólo las realizará gente de la dependencia, sino estarán acompañados por elementos de la fuerza pública.

“No se vale que sucedan accidentes en la minería; entonces, vamos a tener, entre diciembre, enero y febrero, 200 visitas de inspección, incluso con apoyo de la fuerza pública, porque la zona carbonífera tiene el problema que la delincuencia se ha empezado a meter a esta zona”, detalló.

Algunas fuentes sindicales consultadas comentaron que en la entidad, el negocio de la minería ilegal reditúa por lo menos 6 millones de pesos por semana al crimen organizado.

El titular del Trabajo comentó: “Habrá que ponerse a trabajar en eso, sobre todo en Coahuila con apoyo de fuerza pública y coordinación de las autoridades locales y federales en la materia de seguidas”.

Navarrete Prida comentó que si bien la Secretaría de Economía tiene injerencia en el tema, pues es la que otorga la concesión; actualmente, con la reforma laboral, se dieron facultades, en materia de seguridad e higiene a la Secretaría del Trabajo: “Eso nos permite meternos en el tema, y por ello se iniciarán las inspecciones”.

Destacó que se tiene conocimiento de que son dos grupos delictivos los que operan en la zona carbonífera, sobre todo en “los pozos a cielo abierto, los llamados tiros verticales, no tenemos los datos de dónde es, pero sí tenemos la evidencia y los datos que me da el gobierno estatal de qué está ocurriendo; entonces, habría que realizar las inspecciones”.

Agregaron que la Procuraduría General de la República investiga a tres empresas: Impulsora JBN, Perforaciones Técnicas Industriales y Minera La Misión por su presunta participación en estos negocios ilícitos.

BASE PARA NEGOCIAR INCREMENTOS SALARIALES
Cierran con revisiones de 9% en minería

En promedio, los 23 contratos colectivos establecidos con empresas como Frisco, Peñoles y Minera Excellon de México, Fresnillo PLC, lograron un incremento de 9% en salario y en prestaciones durante el 2012, por lo que no se debe establecer como piso de negociaciones salariales el incremento a los salarios mínimos, que para el 2013 será de 3.9%, declaró Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico don Napoleón Gómez Sada.

En conferencia de prensa, detalló que así como el 2012 fue un buen año en materia de incrementos salariales, bonos de productividad y utilidades, se espera que en el 2013 prevalezcan los buenos precios de los metales, lo que permitirá mayor desarrollo de la minería nacional con inversiones importantes y fuentes de empleo.

Las revisiones del 2013 iniciarán el 9 de enero con la empresa Peñoles en la sección de Naica, en el estado de Chihuahua.

Sostuvo que, como organización sindical, trabajarán en afiliar a los trabajadores para lograr un una mejor representación frente a los patrones, con el fin de garantizar la seguridad laboral que en los últimos años se ha incrementado.

“Se han reportado accidentes fatales en los últimos años lo que nos ha llevado a reforzar la vigilancia en materia de seguridad, no sólo con los trabajadores, sino con los patrones” indicó.

Pavón Campos aseguró que la minería en México se ha convertido en un importante generador de divisas para el país, por lo que hizo un llamado a poner atención en la forma en que están operado las concesiones que ha otorgado el gobierno, “y no sólo incluir en la le Ley Federal del Trabajo, recientemente aprobada, a las minas de carbón, sino a todas, pues representan un importante riesgo para los trabajadores”.

pmartinez@eleconomista.com.mx


Saltillo, México.- Al criticar la dirección que han tomado las investigaciones por el asesinato de su hijo, el ex Gobernador Humberto Moreira arremetió contra la Administración estatal de su hermano, Rubén Moreira.
Tras el bautizo de su nieto, Eduardo Humberto Moreira Davis, hijo de José Eduardo Moreira Rodríguez, muerto en Acuña el pasado 3 de octubre, el también ex líder nacional del PRI externó su inconformidad por la forma en que la Procuraduría del Estado ha investigado el crimen.
Incluso hizo alusión a la frase “De la seguridad me encargo yo” que constantemente repite su hermano, Rubén Moreira, para criticar el actuar de las autoridades estatales.
“Si van a emprender una guerra (contra el crimen organizado) y si dicen que de la seguridad se encargan ellos, que se encarguen realmente”, dijo.

Moreira se dijo insatisfecho por el curso que han tomado las investigaciones y acusó al Procurador Homero Ramos Gloria de ser omiso ante los señalamientos que ha hecho para dar con otro de los autores materiales del homicidio de su hijo.
“Estoy insatisfecho con la investigaciones del asesinato de mi hijo”, expresó, “finalmente el 90 por ciento de la participación para esta investigación la hice yo personalmente, por una participación muy elemental y muy limitada por parte de las autoridades.
“Sin embargo, le he estado diciendo al señor Procurador donde se encuentra ‘El Shaggy’ ¿Por qué no lo ha detenido? Me cansé de decirle al Procurador donde se encuentra, en qué carro se mueve, donde está. Desconozco por qué no (lo detiene)”.
Rubén Sifuentes Cadena, alias “El Shaggy”, es señalado como uno de los presuntos autores materiales del asesinato de Eduardo Moreira y permanece prófugo.
Moreira aseguró que viajará a Estados Unidos donde estudiará una maestría y el doctorado, además de que aprovechará para escribir un libro en el que dará a conocer presuntos hechos alarmantes sobre el ex Presidente Felipe Calderón.
“Voy a hacer un libro que se va a llamar ‘El odio del águila’ que va a tener pasajes muy interesantes que van a ser hasta alarmantes de las tropelías que hacía el desequilibrado mental de Felipe Calderón”, dijo Moreira.


México.- Humberto Moreira, ex presidente nacional del PRI, demandó al empresario Armando Guadiana Tijerina por presunto daño moral y adelantó que interpondrá una nueva queja para que se investiguen supuestos vínculos con el crimen organizado.
En un comunicado fechado en Saltillo, el también ex gobernador de Coahuila explicó que como parte de las investigaciones del asesinato de su hijo José Eduardo, pidió a las autoridades investigar a quienes presuntamente financiaron el crimen, de manera especial en el área del carbón.
“De inmediato salió a la luz el ex habitante del penal del Topo Chico, Armando Guadiana Tijerina a pedir nombres, apareció en un medio nacional la vinculación de su hermano José Luis con quien hace semanas fue detenido por la Secretaría de la Marina, el señor Reynold Bermea”, recuerda.
“De ahí se desprendió una entrevista en la que señalé y señalo que deben ser investigados los hermanos Armando y José Luis Guadiana”, refirió el ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Moreira Valdés consideró que Armando Guadiana “trata una vez más de burlarse de la justicia, como lo ha hecho desde hace años con la suspensión de pagos”.
“Y ahora con el mayor descaro solicita al Ministerio Público me citen a explicar ante la autoridad lo que en medios ha salido. Hace la denuncia junto con el señor Reyes Hurtado Flores, quien por cierto tenía o aún tiene en la cárcel por delincuente a uno de sus hermanos”, añadió.
Por tal motivo, el priista consideró que quien debe aclarar esa situación es el señor GuadianaTijerina, a quien confió las autoridades citarán a declarar.
Aclaró que independientemente de que sea llamado para entregar las pruebas al respecto, en fechas próximas presentará una denuncia acompañada de datos, que servirán para que “la justicia llegue a quienes amparados en el poder del dinero y ambicionados por él, han sido capaces de infringir la ley”.
Por otra parte, Humberto Moreira informó que el 10 de octubre pasado presentó ante el Poder Judicial de Coahuila una demanda de daño moral contra Armando Guadiana Tijerina.


Saltillo, Coahuila.- El empresario Armando Guadiana Tijerina denunció penalmente al ex Gobernador Humberto Moreira, por las acusaciones que el priista ha hecho en su contra vinculándolo con el crimen organizado.

A través de un comunicado, la Asociación Claridad y Participación Ciudadana, fundada por el propio Guadiana, informó que ayer se presentó la denuncia ante la subdelegación de la PGR en Saltillo.

“Armando Guadiana puntualizó no estar dispuesto a esperar que Humberto Moreira cumpla su amenaza de denunciarlo ante la PGR por supuestas actividades ilícitas, ya que el ex Gobernador está acostumbrado a difamar sin consecuencia alguna.

“Por tal razón dijo que formalizó su denuncia ante la autoridad competente a fin de que se cite al ex presidente nacional del PRI para que de manera oficial aporte las pruebas que sustenten su dicho o en su caso se retracte de sus señalamientos”, señala el boletín.

El empresario aseveró que si Humberto Moreira no fue a la cárcel por la deuda que se generó durante su gestión como Gobernador de Coahuila, que supera los 35 mil millones de pesos, sí irá por las acusaciones irresponsables que ha hecho en su contra.

Militares detuvieron en Monclova, Coahuila a “El Flaco”, presunto autor material de la ejecución del hijo del ex gobernador coahuilense Humberto Moreira

México, DF.- Elementos del Ejército capturaron a Carlos Arnulfo Flores Flores alias “El Flaco” y/o “Fantasma”, considerado uno de los presuntos ejecutores de José Eduardo Moreira Rodríguez.

Mediante un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el pasado 31 de octubre, militares detuvieron en Monclova, Coahuila a Flores Flores, presunto autor material de la ejecución del hijo del ex gobernador coahuilense Humberto Moreira, quien fue asesinado el pasado 3 de octubre.

La Sedena recordó que José Eduardo fue ejecutado por instrucciones de Miguel Ángel Treviño Morales alias “Z-40”, como represalia por la muerte de su sobrino Alejandro Treviño Chávez.

La dependencia explicó que el ex subdirector operativo de la policía municipal de Acuña, Rodolfo Castillo Montes, citó con engaños a Moreira Rodríguez, para ser entregado a tres individuos apodados “Flaco”, “Shaggy” y “Pelón”, quienes presuntamente lo ejecutaron.

También el ex policía Víctor Landeros Sifuentes alias “La Iguana”, refirió en su momento que junto con su jefe Castillo Montes, entregaron al ahora occiso Moreira Rodríguez al jefe de la plaza de Acuña por parte de “Los Zetas”.

Al ser detenido, “El Flaco” se encontraba con tres integrantes de su célula criminal, quienes agredieron al personal militar con disparos de arma de fuego, resultando herido levemente el detenido, por lo que se le proporcionó de inmediato los servicios médicos para su atención.

Los otros detenidos son César Zapata Riojas alias “El Nejo”; José Gumaro Esquivel Flores alias “Gumaro” y Carlos Emanuel Espinoza Sifuentes alias “El Gordo”.

Se les aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, dos vehículos y diverso equipo de comunicación, mismo que quedó a disposición de las autoridades correspondientes.


Humberto Moreira habló en entrevista sobre su relación con Peña Nieto, la carta de Javier Sicilia, la actuación de su hermano como gobernador de Coahuila y el reclamo de la viuda de su hijo asesinado

México.- Han pasado varios días desde el sepelio de su hijo José Eduardo, y Humberto Moreira dice que no hay distanciamiento con su hermano, el Gobernador, pero pide que las razones sobre las que no asistió al funeral se le pregunten a Rubén.

Tampoco puede responder sobre la acusación que hizo su nuera al Mandatario estatal. El exlíder nacional del PRI asegura a VANGUARDIA que no está buscando “chamba” con Enrique Peña Nieto, a quien admira, ni tiene aspiraciones electorales para el 2013. Eso sí, agradece la carta que le envió Javier Sicilia y acepta unirse a la lucha de quienes han perdido a sus familiares durante la guerra contra el crimen organizado.

¿Ha recibido alguna invitación por parte de Enrique Peña Nieto?

El licenciado Peña Nieto y yo somos amigos. Yo quiero mucho al licenciado Peña Nieto como ser humano, me da mucho gusto que sea el Presidente. Yo colaboré en lo que pude para ese proyecto político, pero yo a él lo veo como Presidente con mucho respeto, y lo quiero mucho como ser humano.

Cuando la gente lo conozca aún más como ser humano, la persona que es, estoy seguro que lo van a querer más aún de lo que lo quieren ahora. Es un hombre muy bueno y yo hacia él me referiré siempre como el ser humano bueno que yo conozco.

Cada quien habla de la gente cómo la conoce, y hay mucha gente que habla sin saber. Yo conozco al Presidente Peña Nieto como persona, me prestó su hombro para llorar en este problema tan serio, y me lo ha prestado en varias ocasiones. Además en él hay algo que no tengo con qué pagarle, y es que nunca dudó de mí, y voy a demostrar muy pronto que tenía razón el Presidente en no dudar de mi. Siempre lo voy a respetar. Yo le deseo que le vaya muy bien en su gobierno, no estoy pensando yo en chambas y esas cosas; o sea, a ver, un hombre como yo que viene de abajo…

Yo no estoy buscando chambas, ni tampoco estoy buscando venganza. No, no, que se haga justicia, que se acabe esta guerra que no nos ha dejado nada más que muertos.

Oiga, entonces usted pensaría que debería seguir el narcotráfico… No, claro que no.

¿Cuándo va a dejar de vender armas Estados Unidos a México?, porque las armas no se fabrican aquí, salvo las del Ejército, las demás vienen de fuera. ¿Cómo es posible que los detengan con lanzamisiles? ¿qué es esto, por dónde pasa? pasa por las fronteras.

¿Quién cuida las fronteras? ¿o vamos a seguirle echando la culpa a las Policías locales? Las fronteras no las cuidan ellos ¿quién revisa la parte financiera?

¿Considera que con Enrique Peña Nieto cambie la estrategia de lucha anticrimen?

Yo tengo no solamente un gran aprecio personal por el licenciado Peña Nieto, tengo muy claro que él conoce que es a través de la educación, a través del empleo, del combate a la pobreza, por esta segunda vía, como se debe transitar.

Es un hombre muy centrado, con una visión muy clara de hacia dónde quiere llevar al País y yo confío en que cambie la estrategia. La estrategia hasta el día de hoy vemos que lo que ha dejado es muerte y ha dejado a muchas viudas y viudos de hijos, como bien lo decía el gran periodista Carlos Marín.

El señor Javier Sicilia le envió una carta, le hizo una invitación y se puso a sus órdenes, ¿qué le puede decir usted?

Primero, me conmovió mucho su carta, decir también que tengo una enorme gratitud por las palabras que expresa en su carta, hay una total coincidencia. Cuando matan a mi hijo, esa misma noche yo pensé en todos los padres que sus hijos han sido desaparecidos y lo único que dentro del gran dolor me consolaba, es que al menos yo podía ver el cuerpo de mi hijo, darle sepultura.

¿Cuántos padres no han podido ver siquiera a sus hijos? Hay grados en esto, yo creo que el grado que supera el dolor del señor Sicilia y el mío, es el de los desaparecidos, porque no saben sus familias qué pasó con ellos.

Es un llamado que hace el señor Sicilia de paz, de amor, de trabajar para que no suceda esto en México. Yo me sumo a ese llamado; me sumo como uno más, insisto, porque a veces se puede pensar que había un trato especial en atrapar a los responsables de la muerte de mi hijo: no han atrapado hasta el día de hoy a ninguno, eh.

Los que vemos en televisión, en medios escritos y escuchamos en radio, son los policías corruptos que participaron entregándole a sus verdaderos jefes -ha quedado demostrado que son de esta mafia- entregándoles a mi hijo, pero no han atrapado a ningún asesino, ni al intelectual ni a los materiales, entonces yo me sumo a lo que dice el señor Sicilia.

Le agradezco profundamente. Describe él de manera exacta cuál es el sentimiento de un padre que ha perdido a un hijo así, no acaba uno de preguntarse todos los días por qué, por qué pasó esto. Cada día que pasa es más difícil; pareciera como que el día de la sepultura, los dos o tres días siguiente son los difíciles, y creo yo que cuando más pasan los días es más grave, es más fuerte el dolor que uno siente, los recuerdos…

Acabo de ver una foto de mi hijo en la camioneta muerto… y eso es sin duda lo que me ha impactado más de todo, porque rompe con el recuerdo de lo que tienes, ya estás viendo cómo lo dejaron muerto en su camioneta.

¿Se uniría con las familias de los desaparecidos?

Todos estamos unidos con el corazón… Creo que estamos unidos por el mismo sufrimiento y yo creo que tenemos que estar unidos en el sentido de exigir que se haga justicia, no que haya venganza, eh, porque el País no puede seguir en esta violenta guerra, no debe seguir en esta violenta guerra. No quiero decir con esto que haya impunidad y que los maleantes anden en las calles. No. Tiene que haber inteligencia para resolver esto, y tiene que haber una solución a la pobreza, nunca el País ha tenido tanta cantidad de pobres como ahora.

Hay un distanciamiento con el Gobierno Estatal o con el Gobernador?

Lo quiero como hermano. Tenemos… todos los dedos son distintos, todos… (muestra su mano). Mi idea era que los militares se hicieran cargo; mi idea era trabajar con los pobres; mi idea era generar empleos; mi idea era transformar como nunca nadie ha transformado a este estado. Yo respeto las políticas de Rubén.
Distanciamiento no, cada quien lleva su política, él sabe cómo la lleva, y yo sí supe cómo llevé mi política.

¿Por qué Rubén no fue al funeral?

Se queda él, entiendo, en Saltillo, recibiendo al señor (Luis) Cárdenas Palomino, al señor (Alejandro) Poiré, a las gentes que llegaron de México, con el Ejército, con la Marina, trabajando en el diseño, pues, de lo que sería el tema de seguridad en toda la región norte del Estado. No asiste.

Me preguntas ¿por qué no fue?… es una pregunta que hay que hacerle a él, más que a mí.
Obviamente lo que yo vi, en las imágenes, es que estaba en esas reuniones de seguridad.

Pero Lucero, su nuera, acusó públicamente a Rubén…

Mi nuera… una joven que está aquí conmigo ahora. Ese día del tuit estaba en Del Rio (Texas) Del Rio y Acuña están pegados, de Del Rio a Acuña uno nomás cruza el puente… y está aquí mi nieto también, me voy a hacer cargo de Lucero y de mi nieto; como yo soy un hombre de muchos hijos, pues entonces hago la adopción de mi nuera y de mi nieto, tiene casi la edad de mi hija la menor.

Lucero, obviamente con un gran dolor por la pérdida de Lalo, Lalo era muy buen marido con ella, no se metía con nadie… era el que cuando yo tengo a veces sobresaltos políticos, él era el que me calmaba, Lalo: ‘No papá, hay que ser tranquilos’… y pues ella estaba muy muy dolida, no podría hablar yo por ella. Puedo hablar en cuanto a la responsabilidad que tengo de ahora en adelante de velar por ella y por su hijo.

Como Gobernador traté de hacer el bien, me retiré con 95 por ciento de aprobación. Roy Campos me entrega una placa que es la más alta calificación que un gobernante ha tenido, mientras en el DF el Gobierno local estaba evaluado con 4.9 aquí era con 95.
Traté de hacer el bien a todos, a pesar de la paliza que me dieron, injusta y que en su momento aclararé, y muy pronto aclararé todo, a partir de esa ola de lodo que se vino en contra mía; a pesar de eso, en las encuestas que me dan (actualmente) sigo siendo el mejor evaluado de este estado, a pesar de eso, mucho mejor evaluado que el Presidente (Calderón); con todo respeto, que el actual Gobernador, que cualquier otra figura política sigo siendo el mejor evaluado a pesar de todo.

Porque no pueden engañar al pueblo… a todo el pueblo no, pueden engañar a una parte del pueblo nada más, pero no a todo el pueblo. Traté de hacer el bien siempre. Dejé el tema de seguridad en los militares; creo yo que hicieron bien su trabajo, yo confié en ellos, esa fue mi política y mi decisión.

Actué dejándoles toda la libertad para que ellos, sin recomendación alguna de “oye, no detengan a Juanito ni a Panchito. Ustedes actúen y a mí ni me avisen, nada más que sea con respeto a los derechos humanos”, que creo que lo hicieron así, y estoy seguro, y que no haya violencia en las calles.

Se arrepiente de algo en su Gobierno?

De la parte de seguridad, no me arrepiento, porque los resultados desde mi punto de vista fueron buenos, entregué el poder y el mando de los policías estatales y municipales; fuimos el único estado con Policía Única prácticamente, a los militares en quien, insisto, yo confío.

Si alguien no confía en ellos, pues es un asunto de ellos, yo sí confío en ellos y creo que funcionó bien; ellos tenían medidas de inteligencia, se juntaban con las tres condiciones que yo les puse: “Una, a mí no me digan nada, porque yo no tengo nexos con nadie pueden ustedes con toda con toda la libertad hacer lo que quieran”. De ese tamaño era mi seguridad, eh, de traer gente extraña, militares, y darles el control de la seguridad.

Dos, que no haya balaceras en las calles, procuren que no haya eso.

Tres, procuren los derechos humanos, ya que no fue autorizada la pena de muerte, cuiden totalmente que sean detenidos y juzgados y que se integren bien las averiguaciones, y todo para que puedan realmente ir, porque luego por fallas de ese tipo andan fuera los malandrines.

Entonces en el tema de seguridad no… En otros temas sí me arrepiento de otras cosas. en la seguridad no, hice lo que tenía que hacer.

Me arrepiento de haber confiado mucho en algunos colaboradores, ciegamente. Yo, por estar siempre con la gente, por estar transformando, entregué la confianza en colaboradores como alguien que ustedes han sido el único medio que lo ha señalado, que ha escapado de la vista de todos como Sergio Fuentes, que (VANGUARDIA) ha sido el único en el País que lo han señalado (como presunto responsable de la deuda ilícita y enriquecimiento inexplicable).

Hay quien piensa que usted se enriqueció durante el tiempo que estuvo al frente del Gobierno.

Son mis opositores los que han estado haciendo críticas, no solamente no es cierto eso, sino que en su momento mostraré las pruebas claras, muy claras, de que no ha sido así.

Yo sigo viviendo en la misma colonia que, por cierto, respetuosamente le pido al señor Presidente Municipal (Jericó Abramo Masso) con quien guardo un gran aprecio, si es tan amable ya ahora de ponernos el drenaje, no tenemos drenaje sanitario.

Nunca se pudo poner el drenaje porque primero yo era Alcalde, luego Gobernador y entonces yo no quería que se viera como un beneficio… la única calle que no está repavimentada o el único sector que no está repavimentado en la colonia es esta parte, todo lo demás lo repavimenté; aprovecho, porque seguramente el Alcalde va a leer esta nota, a quien quiero mucho, pedirle que ya es momento de que nos pongan el drenaje y repavimenten las calles de la colonia.

Hablando de lo que se espera para las ciudades… el próximo año es un proceso electoral, yo sé que es difícil hablar en estos momentos de esos temas ¿Cómo ve a su partido para las próximas elecciones a su partido?, ¿cómo ve al líder estatal, David Aguillón?

¿David?… David va a tener un examen el próximo año ¿no? en la parte electoral, él tendrá que responder ese examen, yo no tengo aspiración de andar participando en las elecciones del próximo año.

Después de lo que me pasa yo tengo que reorganizar mi vida y tener acercamientos… he comentado que estamos unidos ya con las víctimas, los padres, las viudas de esta guerra, pero después del llamado del señor Sicilia a tener acercamiento con ellos y sumarme como uno más, yo soy un ciudadano más que además tuve la oportunidad de ser Gobernador y de promover siempre la segunda vía, no la vía que están llevando.

Yo no tengo aspiración (política)… será un tema de ellos, de partido.

Yo ya fui Gobernador, sin la ayuda de nadie, más que de Dios y de la gente.

A mí nadie me impuso, nadie me promovió, nadie me ayudó más que Dios y la gente, y ahí están las obras, soy el Gobernador que más obras ha hecho en Coahuila.

Cuando usted arrancó su Gobierno hablaba de una nueva casta, de una nueva clase política en Coahuila. De todos ellos, si tuviera que comandar nuevamente un cargo público, ¿a quién incluiría usted, de su equipo cercano, como parte de un nuevo proyecto?

De los que vienen a mi mente ahora, obviamente a Marco Flores; a Lupita que es gente cercana, a (Francisco) Tobías, a Raúl López, al equipo que estaba ahí en el staff conmigo trabajando, al doctor (Raymundo) Verduzco, que fue un gran Secretario de Salud, se triplicaron las camas de hospital en Coahuila; obviamente al profesor Andrés Mendoza, al profe Samuel (Rodríguez)… hicieron muy buen trabajo en el área educativa, Jaime (Castillo).

En la parte de Fomento Agropecuario, don Héctor (Fernández) y Román Alberto (Cepeda) fueron muy buenos secretarios, yo los incluiría si pudiera repetir; a Armando Luna, fue un muy buen Secretario de Gobierno, yo volvería a pedirle que me ayudara… son los que vienen a mi mente en este momento que yo invitaría.

Obviamente a los coordinadores regionales de Programas Sociales que todos han sido grandes colaboradores del Gobierno, la estructura social que armamos, obviamente a ellos, a “Yayo” (Luis Gerardo Martínez), a Hugo (Martínez) también; Isabel Arvide fue una colaboradora que nos ayudó mucho para mantener la seguridad en Coahuila; (Sergio Guadalupe) Reséndiz Boone, Carlos López…

Hay ciudadanos que lo quieren, ciudadanos que no lo quieren…como una figura pública, en medio de un dolor, ¿qué puede decir a todos ellos?

A los que han hablado de mí sin saber del tema, ese financiero, Dios los perdone, porque están equivocados y se los voy a demostrar. Dios los perdone, y también premia.

También dejo en manos de Dios que cobre las cuentas de quienes, sin saberlo, me han lastimado. Los que creen en mí, allí están las encuestas, que creen más gracias a Dios, no me critican sino al contrario, pues que Dios los bendiga.

Voy a seguir trabajando, y que su confianza que me dieron la voy a demostrar muy pronto, que no se equivocaron con esa campaña de lodo que hubo hacia mi persona en la parte de lo que fue mi gobierno, en la parte financiera, pero los que critican, pues siempre van a criticar ¿no?, hoy me pasó esto a mí… también igual me la pasé tratando de hacer el bien a todos.

Y a los que me criticaron con mucha fuerza, los que me atacaron, pues, Dios premia y castiga no, ya vendrá su castigo divino.

Con información de Kowanin Silva


-Me llega un mensaje y me dicen “señor, ¿Cómo está?” bien, “¿Cómo están las cosas” bien, un periodista de aquí, de radio, a las 9:21 de la noche. Y me dice, “no es que me llegó una información pero ¿todo bien?” sí, todo bien. ¿De qué era su información? “de su hijo Lalo”, pero acabo de mensajearme hace ratito con él y me dice, “lo voy a checar”, le digo sí, mejor.
Entro a la habitación y hay una pequeña oficina adentro a lado del closet, y le mando un mensaje a mi hijo y sale la palomita pero no de recibido, nada más de que se envió y entonces me preocupo y le mando un mensaje al periodista que me dijo y le digo, ¿qué te dijeron exactamente?, “que lo levantaron”, ahí pensé que lo habían matado.
– En ese momento.
-Lo mataron, hay una sensación ahí y dije lo mataron.
Luego camino ya de la oficinita ésta al cuarto. Estaba mi esposa con el teléfono y me dice, sí pero ¿cuál Rubén?, Rubén su hijo y le dije a ver préstame el teléfono, dijo es mi hermano. Tomo la llamada y me dice, “nos mataron a Lalo”.
Me enojo yo y dejo el teléfono a un lado, no podía creerlo. Salgo corriendo aquí a la puerta de la casa, hay una persona que colabora aquí, y que atrancara la puerta, mando por mi otro hijo, le busco a Rubencito mi hijo para que tenga cuidado, se sale de la universidad él. Le digo a mi hija que no salga en México.
Un asunto, una locura. Empiezo a recibir información, a pedir información a dar información, lo peor que le puede pasar a alguien, lo peor que te puede pasar.
Yo todavía estaba con la esperanza de que me dijeran, no nada más lo levantaron y lo soltaron como hay los levantones en todos lados en el país y no.
Desafortunadamente me confirmaron, el gobernador y luego un comandante a parte del gobernador para darme los detalles, medio lo escuché ahí, en ese momento no te improta el detalle hasta después.
Pero esa misma noche, Ramón, mi hijo Rubencito se pone a buscar a Lalo, lo fuimos a buscar los dos, él por su lado y yo por el mío y un muchacho le dice, conmigo habló antes de las 6 de la tarde y dijo que le había hablado el esposo de una líder de una colonia, Maria Agüero, con un policía de nombre Rodolfo Castillo que le entregó la invitación:
-”Es una invitación de mi esposa para un evento en la colonia”,
-”Es que no puedo porque voy a un evento de la Presidencia Municipal”
-”N’ombre te quito 10 minutos, te lo entrego en tal Oxxo”
-Lo que no contó este desgraciado es que mi hijo, Lalo, le iba a hablar a un amigo para disculparse que no iba a pasar por él, “oye discúlpame no voy a poder pasar por tí porque me habló el esposo de la líder fulana de tal, María Agüero, el policía Rodolfo Castillo me entregó la invitación”. Si no fuera por eso estaríamos hechos bolas.


Ciudad de México.- El ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, aseguró que, de manera oficial, le informaron que el asesinato de su hijo José Eduardo se debió a una venganza del crimen organizado luego que autoridades estatales abatieran a un sobrino de “El Z-40”, miembro del grupo criminal de Los Zetas.

“De manera oficial el Procurador del Estado me ha hecho saber que esto se debe a una venganza por haber matado la Policía estatal al sobrino de ‘El Z-40′”, dijo en entrevista para Radio Fórmula.

“Yo tengo el derecho de que me estén informando, como todos los padres de las víctimas, y que nos estén informando qué es lo que pasó, y de manera oficial el Procurador y el subprocurador del Estado me dieron la información de que se debe a la venganza porque al mediodía matan al sobrino de ‘El Z-40’ y se da la orden de que maten al sobrino del Gobernador y buscan a un hijo de una hermana mía y al mismo tiempo buscan a mi hijo y al que matan es a mi hijo”, detalló.

Moreira insistió en que ha sido muy difícil sobrellevar la muerte de su hijo porque no puede borrar la imagen de éste asesinado en el asiento de su camioneta, por lo que seguirá pidiendo justicia por el crimen.

Por otro lado, el ex Gobernador coahuilense acusó que desde hace meses los narcotraficantes se dedican a la extracción de carbón debido a que es un negocio altamente lucrativo, incluso, señaló que el propio Heriberto Lazcano “El Lazca”, abatido recientemente, se hacía pasar por minero.

“Desde hace unos meses es un secreto a voces en la región carbonífera del Estado que los narcotraficantes empezaron a cambiar su giro de secuestros, de matones o cuotas de los giros negros y les dio por extraer carbón, entonces el señor Lazcano, que muere en Progreso y que dicen ¿cómo pudo estar en un pueblo pequeño viviendo tan tranquilo?, me dicen los habitantes que se han atrevido a hablar conmigo de este tema que dentro del pueblo era el señor el minero que extraía tajos de carbón”, explicó.

“El carbón no es posible que se lo vendiera el señor Lazcano a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, tenía que haber intermediarios para poder comprar ese carbón con el cual se da energía eléctrica, entonces encontraron ese modus vivendi por eso es que el señor estaba ahí refugiado”.

Ante esto, Humberto Moreira pidió a las autoridades que investiguen a empresas carboníferas que podrían estar relacionadas con el narco.

“Esto se agrava porque hay empresarios que les compran el carbón a ellos y esto se agrava porque con ese dinero compran las armas y con una de esas armas mataron a mi hijo y con muchas armas han matado a miles de personas”, señaló.

El secretario del trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, anunció que realizarán más de 200 inspecciones en los estados de Coahuila y Durango, a partir de este mes y hasta febrero, con el fin de detectar las minas de carbón clandestinas y que en muchos casos son operadas por el crimen organizado.

En entrevista, Navarrete Prida sostuvo que las inspecciones que se realizarán en esa entidades no sólo las realizará gente de la dependencia, sino estarán acompañados por elementos de la fuerza pública.

“No se vale que sucedan accidentes en la minería; entonces, vamos a tener, entre diciembre, enero y febrero, 200 visitas de inspección, incluso con apoyo de la fuerza pública, porque la zona carbonífera tiene el problema que la delincuencia se ha empezado a meter a esta zona”, detalló.

Algunas fuentes sindicales consultadas comentaron que en la entidad, el negocio de la minería ilegal reditúa por lo menos 6 millones de pesos por semana al crimen organizado.

El titular del Trabajo comentó: “Habrá que ponerse a trabajar en eso, sobre todo en Coahuila con apoyo de fuerza pública y coordinación de las autoridades locales y federales en la materia de seguidas”.

Navarrete Prida comentó que si bien la Secretaría de Economía tiene injerencia en el tema, pues es la que otorga la concesión; actualmente, con la reforma laboral, se dieron facultades, en materia de seguridad e higiene a la Secretaría del Trabajo: “Eso nos permite meternos en el tema, y por ello se iniciarán las inspecciones”.

Destacó que se tiene conocimiento de que son dos grupos delictivos los que operan en la zona carbonífera, sobre todo en “los pozos a cielo abierto, los llamados tiros verticales, no tenemos los datos de dónde es, pero sí tenemos la evidencia y los datos que me da el gobierno estatal de qué está ocurriendo; entonces, habría que realizar las inspecciones”.

Agregaron que la Procuraduría General de la República investiga a tres empresas: Impulsora JBN, Perforaciones Técnicas Industriales y Minera La Misión por su presunta participación en estos negocios ilícitos.

BASE PARA NEGOCIAR INCREMENTOS SALARIALES
Cierran con revisiones de 9% en minería

En promedio, los 23 contratos colectivos establecidos con empresas como Frisco, Peñoles y Minera Excellon de México, Fresnillo PLC, lograron un incremento de 9% en salario y en prestaciones durante el 2012, por lo que no se debe establecer como piso de negociaciones salariales el incremento a los salarios mínimos, que para el 2013 será de 3.9%, declaró Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico don Napoleón Gómez Sada.

En conferencia de prensa, detalló que así como el 2012 fue un buen año en materia de incrementos salariales, bonos de productividad y utilidades, se espera que en el 2013 prevalezcan los buenos precios de los metales, lo que permitirá mayor desarrollo de la minería nacional con inversiones importantes y fuentes de empleo.

Las revisiones del 2013 iniciarán el 9 de enero con la empresa Peñoles en la sección de Naica, en el estado de Chihuahua.

Sostuvo que, como organización sindical, trabajarán en afiliar a los trabajadores para lograr un una mejor representación frente a los patrones, con el fin de garantizar la seguridad laboral que en los últimos años se ha incrementado.

“Se han reportado accidentes fatales en los últimos años lo que nos ha llevado a reforzar la vigilancia en materia de seguridad, no sólo con los trabajadores, sino con los patrones” indicó.

Pavón Campos aseguró que la minería en México se ha convertido en un importante generador de divisas para el país, por lo que hizo un llamado a poner atención en la forma en que están operado las concesiones que ha otorgado el gobierno, “y no sólo incluir en la le Ley Federal del Trabajo, recientemente aprobada, a las minas de carbón, sino a todas, pues representan un importante riesgo para los trabajadores”.

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Saltillo, México.- Al criticar la dirección que han tomado las investigaciones por el asesinato de su hijo, el ex Gobernador Humberto Moreira arremetió contra la Administración estatal de su hermano, Rubén Moreira.
Tras el bautizo de su nieto, Eduardo Humberto Moreira Davis, hijo de José Eduardo Moreira Rodríguez, muerto en Acuña el pasado 3 de octubre, el también ex líder nacional del PRI externó su inconformidad por la forma en que la Procuraduría del Estado ha investigado el crimen.
Incluso hizo alusión a la frase “De la seguridad me encargo yo” que constantemente repite su hermano, Rubén Moreira, para criticar el actuar de las autoridades estatales.
“Si van a emprender una guerra (contra el crimen organizado) y si dicen que de la seguridad se encargan ellos, que se encarguen realmente”, dijo.

Moreira se dijo insatisfecho por el curso que han tomado las investigaciones y acusó al Procurador Homero Ramos Gloria de ser omiso ante los señalamientos que ha hecho para dar con otro de los autores materiales del homicidio de su hijo.
“Estoy insatisfecho con la investigaciones del asesinato de mi hijo”, expresó, “finalmente el 90 por ciento de la participación para esta investigación la hice yo personalmente, por una participación muy elemental y muy limitada por parte de las autoridades.
“Sin embargo, le he estado diciendo al señor Procurador donde se encuentra ‘El Shaggy’ ¿Por qué no lo ha detenido? Me cansé de decirle al Procurador donde se encuentra, en qué carro se mueve, donde está. Desconozco por qué no (lo detiene)”.
Rubén Sifuentes Cadena, alias “El Shaggy”, es señalado como uno de los presuntos autores materiales del asesinato de Eduardo Moreira y permanece prófugo.
Moreira aseguró que viajará a Estados Unidos donde estudiará una maestría y el doctorado, además de que aprovechará para escribir un libro en el que dará a conocer presuntos hechos alarmantes sobre el ex Presidente Felipe Calderón.
“Voy a hacer un libro que se va a llamar ‘El odio del águila’ que va a tener pasajes muy interesantes que van a ser hasta alarmantes de las tropelías que hacía el desequilibrado mental de Felipe Calderón”, dijo Moreira.


México.- Humberto Moreira, ex presidente nacional del PRI, demandó al empresario Armando Guadiana Tijerina por presunto daño moral y adelantó que interpondrá una nueva queja para que se investiguen supuestos vínculos con el crimen organizado.
En un comunicado fechado en Saltillo, el también ex gobernador de Coahuila explicó que como parte de las investigaciones del asesinato de su hijo José Eduardo, pidió a las autoridades investigar a quienes presuntamente financiaron el crimen, de manera especial en el área del carbón.
“De inmediato salió a la luz el ex habitante del penal del Topo Chico, Armando Guadiana Tijerina a pedir nombres, apareció en un medio nacional la vinculación de su hermano José Luis con quien hace semanas fue detenido por la Secretaría de la Marina, el señor Reynold Bermea”, recuerda.
“De ahí se desprendió una entrevista en la que señalé y señalo que deben ser investigados los hermanos Armando y José Luis Guadiana”, refirió el ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Moreira Valdés consideró que Armando Guadiana “trata una vez más de burlarse de la justicia, como lo ha hecho desde hace años con la suspensión de pagos”.
“Y ahora con el mayor descaro solicita al Ministerio Público me citen a explicar ante la autoridad lo que en medios ha salido. Hace la denuncia junto con el señor Reyes Hurtado Flores, quien por cierto tenía o aún tiene en la cárcel por delincuente a uno de sus hermanos”, añadió.
Por tal motivo, el priista consideró que quien debe aclarar esa situación es el señor GuadianaTijerina, a quien confió las autoridades citarán a declarar.
Aclaró que independientemente de que sea llamado para entregar las pruebas al respecto, en fechas próximas presentará una denuncia acompañada de datos, que servirán para que “la justicia llegue a quienes amparados en el poder del dinero y ambicionados por él, han sido capaces de infringir la ley”.
Por otra parte, Humberto Moreira informó que el 10 de octubre pasado presentó ante el Poder Judicial de Coahuila una demanda de daño moral contra Armando Guadiana Tijerina.


Saltillo, Coahuila.- El empresario Armando Guadiana Tijerina denunció penalmente al ex Gobernador Humberto Moreira, por las acusaciones que el priista ha hecho en su contra vinculándolo con el crimen organizado.

A través de un comunicado, la Asociación Claridad y Participación Ciudadana, fundada por el propio Guadiana, informó que ayer se presentó la denuncia ante la subdelegación de la PGR en Saltillo.

“Armando Guadiana puntualizó no estar dispuesto a esperar que Humberto Moreira cumpla su amenaza de denunciarlo ante la PGR por supuestas actividades ilícitas, ya que el ex Gobernador está acostumbrado a difamar sin consecuencia alguna.

“Por tal razón dijo que formalizó su denuncia ante la autoridad competente a fin de que se cite al ex presidente nacional del PRI para que de manera oficial aporte las pruebas que sustenten su dicho o en su caso se retracte de sus señalamientos”, señala el boletín.

El empresario aseveró que si Humberto Moreira no fue a la cárcel por la deuda que se generó durante su gestión como Gobernador de Coahuila, que supera los 35 mil millones de pesos, sí irá por las acusaciones irresponsables que ha hecho en su contra.

Militares detuvieron en Monclova, Coahuila a “El Flaco”, presunto autor material de la ejecución del hijo del ex gobernador coahuilense Humberto Moreira

México, DF.- Elementos del Ejército capturaron a Carlos Arnulfo Flores Flores alias “El Flaco” y/o “Fantasma”, considerado uno de los presuntos ejecutores de José Eduardo Moreira Rodríguez.

Mediante un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el pasado 31 de octubre, militares detuvieron en Monclova, Coahuila a Flores Flores, presunto autor material de la ejecución del hijo del ex gobernador coahuilense Humberto Moreira, quien fue asesinado el pasado 3 de octubre.

La Sedena recordó que José Eduardo fue ejecutado por instrucciones de Miguel Ángel Treviño Morales alias “Z-40”, como represalia por la muerte de su sobrino Alejandro Treviño Chávez.

La dependencia explicó que el ex subdirector operativo de la policía municipal de Acuña, Rodolfo Castillo Montes, citó con engaños a Moreira Rodríguez, para ser entregado a tres individuos apodados “Flaco”, “Shaggy” y “Pelón”, quienes presuntamente lo ejecutaron.

También el ex policía Víctor Landeros Sifuentes alias “La Iguana”, refirió en su momento que junto con su jefe Castillo Montes, entregaron al ahora occiso Moreira Rodríguez al jefe de la plaza de Acuña por parte de “Los Zetas”.

Al ser detenido, “El Flaco” se encontraba con tres integrantes de su célula criminal, quienes agredieron al personal militar con disparos de arma de fuego, resultando herido levemente el detenido, por lo que se le proporcionó de inmediato los servicios médicos para su atención.

Los otros detenidos son César Zapata Riojas alias “El Nejo”; José Gumaro Esquivel Flores alias “Gumaro” y Carlos Emanuel Espinoza Sifuentes alias “El Gordo”.

Se les aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, dos vehículos y diverso equipo de comunicación, mismo que quedó a disposición de las autoridades correspondientes.


Humberto Moreira habló en entrevista sobre su relación con Peña Nieto, la carta de Javier Sicilia, la actuación de su hermano como gobernador de Coahuila y el reclamo de la viuda de su hijo asesinado

México.- Han pasado varios días desde el sepelio de su hijo José Eduardo, y Humberto Moreira dice que no hay distanciamiento con su hermano, el Gobernador, pero pide que las razones sobre las que no asistió al funeral se le pregunten a Rubén.

Tampoco puede responder sobre la acusación que hizo su nuera al Mandatario estatal. El exlíder nacional del PRI asegura a VANGUARDIA que no está buscando “chamba” con Enrique Peña Nieto, a quien admira, ni tiene aspiraciones electorales para el 2013. Eso sí, agradece la carta que le envió Javier Sicilia y acepta unirse a la lucha de quienes han perdido a sus familiares durante la guerra contra el crimen organizado.

¿Ha recibido alguna invitación por parte de Enrique Peña Nieto?

El licenciado Peña Nieto y yo somos amigos. Yo quiero mucho al licenciado Peña Nieto como ser humano, me da mucho gusto que sea el Presidente. Yo colaboré en lo que pude para ese proyecto político, pero yo a él lo veo como Presidente con mucho respeto, y lo quiero mucho como ser humano.

Cuando la gente lo conozca aún más como ser humano, la persona que es, estoy seguro que lo van a querer más aún de lo que lo quieren ahora. Es un hombre muy bueno y yo hacia él me referiré siempre como el ser humano bueno que yo conozco.

Cada quien habla de la gente cómo la conoce, y hay mucha gente que habla sin saber. Yo conozco al Presidente Peña Nieto como persona, me prestó su hombro para llorar en este problema tan serio, y me lo ha prestado en varias ocasiones. Además en él hay algo que no tengo con qué pagarle, y es que nunca dudó de mí, y voy a demostrar muy pronto que tenía razón el Presidente en no dudar de mi. Siempre lo voy a respetar. Yo le deseo que le vaya muy bien en su gobierno, no estoy pensando yo en chambas y esas cosas; o sea, a ver, un hombre como yo que viene de abajo…

Yo no estoy buscando chambas, ni tampoco estoy buscando venganza. No, no, que se haga justicia, que se acabe esta guerra que no nos ha dejado nada más que muertos.

Oiga, entonces usted pensaría que debería seguir el narcotráfico… No, claro que no.

¿Cuándo va a dejar de vender armas Estados Unidos a México?, porque las armas no se fabrican aquí, salvo las del Ejército, las demás vienen de fuera. ¿Cómo es posible que los detengan con lanzamisiles? ¿qué es esto, por dónde pasa? pasa por las fronteras.

¿Quién cuida las fronteras? ¿o vamos a seguirle echando la culpa a las Policías locales? Las fronteras no las cuidan ellos ¿quién revisa la parte financiera?

¿Considera que con Enrique Peña Nieto cambie la estrategia de lucha anticrimen?

Yo tengo no solamente un gran aprecio personal por el licenciado Peña Nieto, tengo muy claro que él conoce que es a través de la educación, a través del empleo, del combate a la pobreza, por esta segunda vía, como se debe transitar.

Es un hombre muy centrado, con una visión muy clara de hacia dónde quiere llevar al País y yo confío en que cambie la estrategia. La estrategia hasta el día de hoy vemos que lo que ha dejado es muerte y ha dejado a muchas viudas y viudos de hijos, como bien lo decía el gran periodista Carlos Marín.

El señor Javier Sicilia le envió una carta, le hizo una invitación y se puso a sus órdenes, ¿qué le puede decir usted?

Primero, me conmovió mucho su carta, decir también que tengo una enorme gratitud por las palabras que expresa en su carta, hay una total coincidencia. Cuando matan a mi hijo, esa misma noche yo pensé en todos los padres que sus hijos han sido desaparecidos y lo único que dentro del gran dolor me consolaba, es que al menos yo podía ver el cuerpo de mi hijo, darle sepultura.

¿Cuántos padres no han podido ver siquiera a sus hijos? Hay grados en esto, yo creo que el grado que supera el dolor del señor Sicilia y el mío, es el de los desaparecidos, porque no saben sus familias qué pasó con ellos.

Es un llamado que hace el señor Sicilia de paz, de amor, de trabajar para que no suceda esto en México. Yo me sumo a ese llamado; me sumo como uno más, insisto, porque a veces se puede pensar que había un trato especial en atrapar a los responsables de la muerte de mi hijo: no han atrapado hasta el día de hoy a ninguno, eh.

Los que vemos en televisión, en medios escritos y escuchamos en radio, son los policías corruptos que participaron entregándole a sus verdaderos jefes -ha quedado demostrado que son de esta mafia- entregándoles a mi hijo, pero no han atrapado a ningún asesino, ni al intelectual ni a los materiales, entonces yo me sumo a lo que dice el señor Sicilia.

Le agradezco profundamente. Describe él de manera exacta cuál es el sentimiento de un padre que ha perdido a un hijo así, no acaba uno de preguntarse todos los días por qué, por qué pasó esto. Cada día que pasa es más difícil; pareciera como que el día de la sepultura, los dos o tres días siguiente son los difíciles, y creo yo que cuando más pasan los días es más grave, es más fuerte el dolor que uno siente, los recuerdos…

Acabo de ver una foto de mi hijo en la camioneta muerto… y eso es sin duda lo que me ha impactado más de todo, porque rompe con el recuerdo de lo que tienes, ya estás viendo cómo lo dejaron muerto en su camioneta.

¿Se uniría con las familias de los desaparecidos?

Todos estamos unidos con el corazón… Creo que estamos unidos por el mismo sufrimiento y yo creo que tenemos que estar unidos en el sentido de exigir que se haga justicia, no que haya venganza, eh, porque el País no puede seguir en esta violenta guerra, no debe seguir en esta violenta guerra. No quiero decir con esto que haya impunidad y que los maleantes anden en las calles. No. Tiene que haber inteligencia para resolver esto, y tiene que haber una solución a la pobreza, nunca el País ha tenido tanta cantidad de pobres como ahora.

Hay un distanciamiento con el Gobierno Estatal o con el Gobernador?

Lo quiero como hermano. Tenemos… todos los dedos son distintos, todos… (muestra su mano). Mi idea era que los militares se hicieran cargo; mi idea era trabajar con los pobres; mi idea era generar empleos; mi idea era transformar como nunca nadie ha transformado a este estado. Yo respeto las políticas de Rubén.
Distanciamiento no, cada quien lleva su política, él sabe cómo la lleva, y yo sí supe cómo llevé mi política.

¿Por qué Rubén no fue al funeral?

Se queda él, entiendo, en Saltillo, recibiendo al señor (Luis) Cárdenas Palomino, al señor (Alejandro) Poiré, a las gentes que llegaron de México, con el Ejército, con la Marina, trabajando en el diseño, pues, de lo que sería el tema de seguridad en toda la región norte del Estado. No asiste.

Me preguntas ¿por qué no fue?… es una pregunta que hay que hacerle a él, más que a mí.
Obviamente lo que yo vi, en las imágenes, es que estaba en esas reuniones de seguridad.

Pero Lucero, su nuera, acusó públicamente a Rubén…

Mi nuera… una joven que está aquí conmigo ahora. Ese día del tuit estaba en Del Rio (Texas) Del Rio y Acuña están pegados, de Del Rio a Acuña uno nomás cruza el puente… y está aquí mi nieto también, me voy a hacer cargo de Lucero y de mi nieto; como yo soy un hombre de muchos hijos, pues entonces hago la adopción de mi nuera y de mi nieto, tiene casi la edad de mi hija la menor.

Lucero, obviamente con un gran dolor por la pérdida de Lalo, Lalo era muy buen marido con ella, no se metía con nadie… era el que cuando yo tengo a veces sobresaltos políticos, él era el que me calmaba, Lalo: ‘No papá, hay que ser tranquilos’… y pues ella estaba muy muy dolida, no podría hablar yo por ella. Puedo hablar en cuanto a la responsabilidad que tengo de ahora en adelante de velar por ella y por su hijo.

Como Gobernador traté de hacer el bien, me retiré con 95 por ciento de aprobación. Roy Campos me entrega una placa que es la más alta calificación que un gobernante ha tenido, mientras en el DF el Gobierno local estaba evaluado con 4.9 aquí era con 95.
Traté de hacer el bien a todos, a pesar de la paliza que me dieron, injusta y que en su momento aclararé, y muy pronto aclararé todo, a partir de esa ola de lodo que se vino en contra mía; a pesar de eso, en las encuestas que me dan (actualmente) sigo siendo el mejor evaluado de este estado, a pesar de eso, mucho mejor evaluado que el Presidente (Calderón); con todo respeto, que el actual Gobernador, que cualquier otra figura política sigo siendo el mejor evaluado a pesar de todo.

Porque no pueden engañar al pueblo… a todo el pueblo no, pueden engañar a una parte del pueblo nada más, pero no a todo el pueblo. Traté de hacer el bien siempre. Dejé el tema de seguridad en los militares; creo yo que hicieron bien su trabajo, yo confié en ellos, esa fue mi política y mi decisión.

Actué dejándoles toda la libertad para que ellos, sin recomendación alguna de “oye, no detengan a Juanito ni a Panchito. Ustedes actúen y a mí ni me avisen, nada más que sea con respeto a los derechos humanos”, que creo que lo hicieron así, y estoy seguro, y que no haya violencia en las calles.

Se arrepiente de algo en su Gobierno?

De la parte de seguridad, no me arrepiento, porque los resultados desde mi punto de vista fueron buenos, entregué el poder y el mando de los policías estatales y municipales; fuimos el único estado con Policía Única prácticamente, a los militares en quien, insisto, yo confío.

Si alguien no confía en ellos, pues es un asunto de ellos, yo sí confío en ellos y creo que funcionó bien; ellos tenían medidas de inteligencia, se juntaban con las tres condiciones que yo les puse: “Una, a mí no me digan nada, porque yo no tengo nexos con nadie pueden ustedes con toda con toda la libertad hacer lo que quieran”. De ese tamaño era mi seguridad, eh, de traer gente extraña, militares, y darles el control de la seguridad.

Dos, que no haya balaceras en las calles, procuren que no haya eso.

Tres, procuren los derechos humanos, ya que no fue autorizada la pena de muerte, cuiden totalmente que sean detenidos y juzgados y que se integren bien las averiguaciones, y todo para que puedan realmente ir, porque luego por fallas de ese tipo andan fuera los malandrines.

Entonces en el tema de seguridad no… En otros temas sí me arrepiento de otras cosas. en la seguridad no, hice lo que tenía que hacer.

Me arrepiento de haber confiado mucho en algunos colaboradores, ciegamente. Yo, por estar siempre con la gente, por estar transformando, entregué la confianza en colaboradores como alguien que ustedes han sido el único medio que lo ha señalado, que ha escapado de la vista de todos como Sergio Fuentes, que (VANGUARDIA) ha sido el único en el País que lo han señalado (como presunto responsable de la deuda ilícita y enriquecimiento inexplicable).

Hay quien piensa que usted se enriqueció durante el tiempo que estuvo al frente del Gobierno.

Son mis opositores los que han estado haciendo críticas, no solamente no es cierto eso, sino que en su momento mostraré las pruebas claras, muy claras, de que no ha sido así.

Yo sigo viviendo en la misma colonia que, por cierto, respetuosamente le pido al señor Presidente Municipal (Jericó Abramo Masso) con quien guardo un gran aprecio, si es tan amable ya ahora de ponernos el drenaje, no tenemos drenaje sanitario.

Nunca se pudo poner el drenaje porque primero yo era Alcalde, luego Gobernador y entonces yo no quería que se viera como un beneficio… la única calle que no está repavimentada o el único sector que no está repavimentado en la colonia es esta parte, todo lo demás lo repavimenté; aprovecho, porque seguramente el Alcalde va a leer esta nota, a quien quiero mucho, pedirle que ya es momento de que nos pongan el drenaje y repavimenten las calles de la colonia.

Hablando de lo que se espera para las ciudades… el próximo año es un proceso electoral, yo sé que es difícil hablar en estos momentos de esos temas ¿Cómo ve a su partido para las próximas elecciones a su partido?, ¿cómo ve al líder estatal, David Aguillón?

¿David?… David va a tener un examen el próximo año ¿no? en la parte electoral, él tendrá que responder ese examen, yo no tengo aspiración de andar participando en las elecciones del próximo año.

Después de lo que me pasa yo tengo que reorganizar mi vida y tener acercamientos… he comentado que estamos unidos ya con las víctimas, los padres, las viudas de esta guerra, pero después del llamado del señor Sicilia a tener acercamiento con ellos y sumarme como uno más, yo soy un ciudadano más que además tuve la oportunidad de ser Gobernador y de promover siempre la segunda vía, no la vía que están llevando.

Yo no tengo aspiración (política)… será un tema de ellos, de partido.

Yo ya fui Gobernador, sin la ayuda de nadie, más que de Dios y de la gente.

A mí nadie me impuso, nadie me promovió, nadie me ayudó más que Dios y la gente, y ahí están las obras, soy el Gobernador que más obras ha hecho en Coahuila.

Cuando usted arrancó su Gobierno hablaba de una nueva casta, de una nueva clase política en Coahuila. De todos ellos, si tuviera que comandar nuevamente un cargo público, ¿a quién incluiría usted, de su equipo cercano, como parte de un nuevo proyecto?

De los que vienen a mi mente ahora, obviamente a Marco Flores; a Lupita que es gente cercana, a (Francisco) Tobías, a Raúl López, al equipo que estaba ahí en el staff conmigo trabajando, al doctor (Raymundo) Verduzco, que fue un gran Secretario de Salud, se triplicaron las camas de hospital en Coahuila; obviamente al profesor Andrés Mendoza, al profe Samuel (Rodríguez)… hicieron muy buen trabajo en el área educativa, Jaime (Castillo).

En la parte de Fomento Agropecuario, don Héctor (Fernández) y Román Alberto (Cepeda) fueron muy buenos secretarios, yo los incluiría si pudiera repetir; a Armando Luna, fue un muy buen Secretario de Gobierno, yo volvería a pedirle que me ayudara… son los que vienen a mi mente en este momento que yo invitaría.

Obviamente a los coordinadores regionales de Programas Sociales que todos han sido grandes colaboradores del Gobierno, la estructura social que armamos, obviamente a ellos, a “Yayo” (Luis Gerardo Martínez), a Hugo (Martínez) también; Isabel Arvide fue una colaboradora que nos ayudó mucho para mantener la seguridad en Coahuila; (Sergio Guadalupe) Reséndiz Boone, Carlos López…

Hay ciudadanos que lo quieren, ciudadanos que no lo quieren…como una figura pública, en medio de un dolor, ¿qué puede decir a todos ellos?

A los que han hablado de mí sin saber del tema, ese financiero, Dios los perdone, porque están equivocados y se los voy a demostrar. Dios los perdone, y también premia.

También dejo en manos de Dios que cobre las cuentas de quienes, sin saberlo, me han lastimado. Los que creen en mí, allí están las encuestas, que creen más gracias a Dios, no me critican sino al contrario, pues que Dios los bendiga.

Voy a seguir trabajando, y que su confianza que me dieron la voy a demostrar muy pronto, que no se equivocaron con esa campaña de lodo que hubo hacia mi persona en la parte de lo que fue mi gobierno, en la parte financiera, pero los que critican, pues siempre van a criticar ¿no?, hoy me pasó esto a mí… también igual me la pasé tratando de hacer el bien a todos.

Y a los que me criticaron con mucha fuerza, los que me atacaron, pues, Dios premia y castiga no, ya vendrá su castigo divino.

Con información de Kowanin Silva


-Me llega un mensaje y me dicen “señor, ¿Cómo está?” bien, “¿Cómo están las cosas” bien, un periodista de aquí, de radio, a las 9:21 de la noche. Y me dice, “no es que me llegó una información pero ¿todo bien?” sí, todo bien. ¿De qué era su información? “de su hijo Lalo”, pero acabo de mensajearme hace ratito con él y me dice, “lo voy a checar”, le digo sí, mejor.
Entro a la habitación y hay una pequeña oficina adentro a lado del closet, y le mando un mensaje a mi hijo y sale la palomita pero no de recibido, nada más de que se envió y entonces me preocupo y le mando un mensaje al periodista que me dijo y le digo, ¿qué te dijeron exactamente?, “que lo levantaron”, ahí pensé que lo habían matado.
– En ese momento.
-Lo mataron, hay una sensación ahí y dije lo mataron.
Luego camino ya de la oficinita ésta al cuarto. Estaba mi esposa con el teléfono y me dice, sí pero ¿cuál Rubén?, Rubén su hijo y le dije a ver préstame el teléfono, dijo es mi hermano. Tomo la llamada y me dice, “nos mataron a Lalo”.
Me enojo yo y dejo el teléfono a un lado, no podía creerlo. Salgo corriendo aquí a la puerta de la casa, hay una persona que colabora aquí, y que atrancara la puerta, mando por mi otro hijo, le busco a Rubencito mi hijo para que tenga cuidado, se sale de la universidad él. Le digo a mi hija que no salga en México.
Un asunto, una locura. Empiezo a recibir información, a pedir información a dar información, lo peor que le puede pasar a alguien, lo peor que te puede pasar.
Yo todavía estaba con la esperanza de que me dijeran, no nada más lo levantaron y lo soltaron como hay los levantones en todos lados en el país y no.
Desafortunadamente me confirmaron, el gobernador y luego un comandante a parte del gobernador para darme los detalles, medio lo escuché ahí, en ese momento no te improta el detalle hasta después.
Pero esa misma noche, Ramón, mi hijo Rubencito se pone a buscar a Lalo, lo fuimos a buscar los dos, él por su lado y yo por el mío y un muchacho le dice, conmigo habló antes de las 6 de la tarde y dijo que le había hablado el esposo de una líder de una colonia, Maria Agüero, con un policía de nombre Rodolfo Castillo que le entregó la invitación:
-”Es una invitación de mi esposa para un evento en la colonia”,
-”Es que no puedo porque voy a un evento de la Presidencia Municipal”
-”N’ombre te quito 10 minutos, te lo entrego en tal Oxxo”
-Lo que no contó este desgraciado es que mi hijo, Lalo, le iba a hablar a un amigo para disculparse que no iba a pasar por él, “oye discúlpame no voy a poder pasar por tí porque me habló el esposo de la líder fulana de tal, María Agüero, el policía Rodolfo Castillo me entregó la invitación”. Si no fuera por eso estaríamos hechos bolas.


Ciudad de México.- El ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, aseguró que, de manera oficial, le informaron que el asesinato de su hijo José Eduardo se debió a una venganza del crimen organizado luego que autoridades estatales abatieran a un sobrino de “El Z-40”, miembro del grupo criminal de Los Zetas.

“De manera oficial el Procurador del Estado me ha hecho saber que esto se debe a una venganza por haber matado la Policía estatal al sobrino de ‘El Z-40′”, dijo en entrevista para Radio Fórmula.

“Yo tengo el derecho de que me estén informando, como todos los padres de las víctimas, y que nos estén informando qué es lo que pasó, y de manera oficial el Procurador y el subprocurador del Estado me dieron la información de que se debe a la venganza porque al mediodía matan al sobrino de ‘El Z-40’ y se da la orden de que maten al sobrino del Gobernador y buscan a un hijo de una hermana mía y al mismo tiempo buscan a mi hijo y al que matan es a mi hijo”, detalló.

Moreira insistió en que ha sido muy difícil sobrellevar la muerte de su hijo porque no puede borrar la imagen de éste asesinado en el asiento de su camioneta, por lo que seguirá pidiendo justicia por el crimen.

Por otro lado, el ex Gobernador coahuilense acusó que desde hace meses los narcotraficantes se dedican a la extracción de carbón debido a que es un negocio altamente lucrativo, incluso, señaló que el propio Heriberto Lazcano “El Lazca”, abatido recientemente, se hacía pasar por minero.

“Desde hace unos meses es un secreto a voces en la región carbonífera del Estado que los narcotraficantes empezaron a cambiar su giro de secuestros, de matones o cuotas de los giros negros y les dio por extraer carbón, entonces el señor Lazcano, que muere en Progreso y que dicen ¿cómo pudo estar en un pueblo pequeño viviendo tan tranquilo?, me dicen los habitantes que se han atrevido a hablar conmigo de este tema que dentro del pueblo era el señor el minero que extraía tajos de carbón”, explicó.

“El carbón no es posible que se lo vendiera el señor Lazcano a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, tenía que haber intermediarios para poder comprar ese carbón con el cual se da energía eléctrica, entonces encontraron ese modus vivendi por eso es que el señor estaba ahí refugiado”.

Ante esto, Humberto Moreira pidió a las autoridades que investiguen a empresas carboníferas que podrían estar relacionadas con el narco.

“Esto se agrava porque hay empresarios que les compran el carbón a ellos y esto se agrava porque con ese dinero compran las armas y con una de esas armas mataron a mi hijo y con muchas armas han matado a miles de personas”, señaló.