Como me salve de un SECUESTRO

Afortunadamente tengo la gran oportunidad de contar mi historia y no como las de otras personas que no la pudieron hacer, sobre todo no me convertí en un problema de ir a recuperar cuerpo y/o pedir suma por rescate y tristeza para mi familia, por el simple hecho de haber tomado la decisión correcta en el momento correcto… aquí les cuento como me logre salvar de que unos POLICÍAS me llevaran con

Afortunadamente tengo la gran oportunidad de contar mi historia y no como las de otras personas que no la pudieron hacer, sobre todo no me convertí en un problema de ir a recuperar cuerpo y/o pedir suma por rescate y tristeza para mi familia, por el simple hecho de haber tomado la decisión correcta en el momento correcto… aquí les cuento como me logre salvar de que unos POLICÍAS me llevaran con

datos relacionados con la delincuencia

18 de noviembre de 2013

MÉXICO, D.F. (apro).- En cinco años el consumo de alcohol, tabaco, mariguana y cocaína se ha triplicado entre los adolescentes, en las mujeres principalmente, alertó el director general adjunto de Operación y Patronatos de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), José Ángel Prado García.

En 2008, dijo, por cada 10 adictos hombres que había en México una era mujer, y en la actualidad la proporción es una adicta por cada tres varones, de acuerdo con cifras retomadas de la más reciente Encuesta Nacional de Adicciones.


México, DF.- Durante el mes de abril se registraron mil 47 homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada, con lo que suman 5 mil 296 muertes de este tipo en los primeros cinco meses del sexenio, informó el gobierno federal.

Mediante una presentación difundida por la Secretaría de Gobernación, PGR, Sedena, Semar y la Comisión Nacional de Seguridad, el gobierno de Peña Nieto destaca que la cifra de homicidios es menor a la de los últimos cinco meses del gobierno de Felipe Calderón y también a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

De diciembre de 2011 a abril de 2012 se contabilizaron 6 mil 187 muertes presuntamente relacionadas con el crimen organizado, 14.4% más que de diciembre de 2012 a abril pasado.

Sobre el perdiodo de julio a noviembre de 2012 se tuvo registro de 6 mil 432 asesinatos, 18% más que en los primeros cinco meses del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las instancias encargadas de seguridad reportaron que de los homicidios de abril, 991 son personas que presuntamente están vinculadas con algún ilícito relacionado con el crimen organizado, 39 fueron servidores públicos y 17 no tenían nexos con la delincuencia.

En un comunicado el gobierno federal explica que “estos datos preliminares son elaborados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la Procuraduría General de la República, en coordinación con el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, a partir de la información que proporcionan la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, sobre sus actividades en atención a delitos federales”.

Por otra parte se informa que durante abril las autoridades federales incautaron 45 mil 236 kilogramos de drogas, entre las que destacan marihuana y cocaína.

“Asimismo, se aseguraron 360 litros de precursores químicos, así como 350 kilogramos de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas y 13 laboratorios para el procesamiento de éstas”.


COMPARATIVO NACIONAL sistema nacional de seguridad publica

Incidencia delictiva en el periodo enero-abril de 2012*

Rango Fuero federal Fuero común
1 Distrito Federal 8,372 México 85,554
2 Jalisco 5,037 Distrito Federal 59,693
3 Baja California 5,000 Baja California 36,537
4 Guanajuato 3,318 Puebla 32,366
5 Sonora 2,010 Jalisco 28,501
6 Tamaulipas 1,762 Guanajuato 25,595
7 Veracruz 1,650 Tabasco 22,386
8 México 1,536 Chihuahua 20,590
9 Chihuahua 1,399 Veracruz 17,233
10 Nuevo León 1,177 Tamaulipas 15,722


De acuerdo con las estimaciones realizadas por Leticia Ramírez de Alba, quien elaboró el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI) de delitos graves divulgado hace unos meses por la organización México Evalúa, los datos duros indican hoy una realidad igualmente dura: 88 mil 361 homicidios dolosos en el país durante el gobierno de Felipe Calderón y su fracasada guerra contra el narcotráfico; casos en los cuales, aclara la investigadora, no se incluye a las “víctimas invisibles”…

A unos meses de que deje Los Pinos, las cifras cada vez más crecientes de víctimas de la guerra emprendida por Felipe Calderón Hinojosa contra el narcotráfico desde el arranque se su gestión, así como las estimaciones sobre el impacto de este problema en amplios sectores de la población, fundamentalmente en el entono familiar de los afectados, muestran el fracaso de su política de seguridad nacional.

Con base en las denuncias registradas en las agencias del Ministerio Público federal y enviadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), indica la investigadora, entre diciembre de 2006 y marzo del presente año 120 mil 692 personas fueron víctimas de tres delitos: secuestro, extorsión y homicidio doloso. Este último es el más oprobioso, pues se registraron 88 mil 361 casos en el periodo referido.

Si se considera que en promedio cada hogar está conformado por tres o cuatro habitantes, de acuerdo con las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por cada víctima han sido afectadas aproximadamente 366 mil 478 personas cercanas a ella.

“Si nos atenemos a las cifras oficiales, podemos hablar de un fracaso en la política de seguridad pública de la actual administración”, comenta a Proceso Leticia Ramírez de Alba, responsable del Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI) de delitos graves publicado por México Evalúa en agosto de 2011.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1857, ya en circulación)


Cuatro de las 10 ciudades más violentas del mundo son mexicanas, revela un estudio dado a conocer por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

José Antonio Ortega, quien encabeza el Consejo, mostró en conferencia de prensa un ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2010 de acuerdo con la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

La lista la encabeza Ciudad Juárez, Chihuahua, con una tasa de 229 homicidios por cada 100 mil habitantes, por arriba de ciudades como Kandahar, Afganistán, con 169; San Pedro Sula, Honduras, con 125, y Caracas, Venezuela, con 118.

En el quinto lugar de la clasificación está la capital de Chihuahua, con una tasa de 113 homicidios por cada 100 mil habitantes, seguida de Distrito Central, Honduras, con 109, y la capital de Guatemala, con 106.

Luego siguen las ciudades mexicanas de Mazatlán, con una tasa de 88, y Culiacán, con 87.81, y al último Medellín, Colombia, con 87.42.


Expertos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) alertaron ayer que la tendencia criminal en el Distrito Federal y Estado de México es cada vez más violenta desde el 2008 a la fecha, según arrojaron los resultados de la Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional Informe Anual 2010.

Elena Azaola, José Antonio Caballero y Juan Salgado expresaron que la encuesta levantada en 3,000 hogares, entre mayores de 17 años, estimó que “aproximadamente una de cada tres personas ha sido víctima de un delito que involucró la amenaza o el uso de la fuerza”.

Agregaron que el aumento más drástico en la incidencia de delitos violentos entre el 2009 y el 2010 ocurrió en el Distrito Federal, donde se registró un incremento de 39 por ciento. Sin embargo, afirmaron, es importante destacar que en el Estado de México los delitos violentos también aumentaron, casi 7%, en el mismo periodo.

Durante los primeros tres años de la Encuesta de Victimización, a partir de índices agregados, las tasas de delitos específicos se mantenían en un “rango razonable” de varianza. Sin embargo, detallaron los especialistas, desde el 2008 se registró un aumento muy importante de la victimización.

Este incremento se detectó tanto en general, como en algunos delitos particulares, en los cuales las tasas se dispararon, expresaron los investigadores del CIDE.

“Esto puede significar que dentro de un entorno general de exacerbación del fenómeno delictivo, el crecimiento en el delito captado por la encuesta ha sido más pronunciado en el 2010 que en el 2009 y el 2008.

“Asimismo, tal aumento ha sido particularmente importante en algunos delitos como el robo personal, la agresión y el robo de autopartes”.

En el documento de 59 páginas, que consigna los datos de la encuesta, se establece que “los índices y tasas de victimización permiten establecer tendencias, particularmente si se cuenta con varias mediciones sucesivas, como en este caso. En esta línea de razonamiento, las políticas del control del delito, tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, no han tenido resultados favorables”.

Elena Azaola manifestó que las autoridades capitalinas y mexiquenses sostienen que el índice delictivo ha descendido, “cuando esto no es así y no hay un cambio sustancial en la percepción del ciudadano”.

La encuesta, que también se ocupó de calificar a corporaciones policiacas y de impartición de justicia, arrojó resultados reprobatorios en este rubro, coincidieron Azaola, Salgado y Caballero, porque apenas si se acercan a un 4 o 4.5 en un rango del 1 al 10, que se utilizó para la calificación.


INEGI


México.- Han pasado 5 años desde que Felipe Calderón instrumentó la estrategia contra el crimen organizado y desde estonces suman más de 48 mil personas asesinadas presuntamente por integrantes de la delincuencia organizada.

Tan sólo de enero a agosto de este 2011, van 8 mil muertos.

En el sexenio de Vicente Fox la cifra de muertes relacionadas con el crimen organizado terminó con 2 mil ejecutados, pero en lo que va de la actual administración cada año esos homicidios se han multiplicado.

De acuerdo con el diario La Jornada, las estadísticas oficiales superan los recuentos “y una muestra de descoordinación gubernamental ocurrió en julio de 2010: los titulares de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional dieron cifras diferentes y sus datos variaron en relación con más de 3 mil casos”.

Con 15 mil 273, el 2010 fue el año más violento de esta administración, según una base de datos de homicidios cometidos por el crimen organizado presentada por el gobierno federal en enero de este año.

Pero el rotativo contabilizó 13 mil 397 en ese año.

Destaca que la llamada Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial supuestamente fue elaborada a partir de averiguaciones previas iniciadas por las procuradurías del país, no obstante las instancias encargadas de compilar y validar la información no han querido divulgar los documentos en que se sustenta la estadística.

El gobierno federal desplegó más de 50 mil efectivos del Ejército, 6 mil de la Secretaría de Marina y más de 25 mil de la Policía Federal (corporación que pasó de 9 mil a más de 35 mil agentes en los últimos cinco años) ante la ola de violencia generada por las bandas criminales.

Y en Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Guerrero, Sonora, Veracruz, Tabasco, Nuevo León y Colima se pusieron en marcha los llamados operativos conjuntos


12 Enero, 2011 – 13:34
Credito:
Notimex

Foto: EE Archivo 

El secretario técnico de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré Romero, informó que a partir de hoy se hizo pública la base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, donde permanece con acceso público la información de 2006 a 2010.

El funcionario señaló durante la sesión de Diálogos por la Seguridad que encabeza el presidente Felipe Calderón, que de acuerdo con las estadísticas el año pasado, la mitad de los homicidios tuvieron lugar en solamente tres entidades del país, ya que en Chihuahua se registraron 30% de ellos, 12% en Sinaloa y 8 por ciento en Tamaulipas.

Ante los miembros de la sociedad civil congregados en el Campo Marte, Poiré sostuvo que durante 2010 el total de homicidios vinculados a la delincuencia organizada fue de 15,273.

Sostuvo que después de cinco trimestres de crecimiento en el número de homicidios de este tipo, el cuarto trimestre de 2010 se observó una reducción de 10.95 por ciento, en tanto que el tercer trimestre fue considerado como el de la estabilización.

Alejando Pioré advirtió que estas cifras de reducción en el número de homicidios podrían no ser estables en los próximos meses; sin embargo, ya se cuenta con una base de datos reales en la materia.

Explicó que se trata de una plataforma de consulta que suma la sinergia entre gobierno federal y la ciudadanía que está asociada a la ley y que cuenta con una metodología diseñada por expertos en materia de seguridad y académicos.

Dijo que esta herramienta permite legalizar análisis estadísticos a nivel estatal y municipal de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, donde cualquier ciudadano puede obtener la información y exportar los datos a hojas de cálculo para su análisis.

Alejandro Poiré dijo que los datos contenidos en esta base no sustituyen a otras estadísticas oficiales pero aclaró que solamente incluyen los homicidios que están relacionados con la acción del crimen organizado y no se incluyen otros homicidas dolosos.

Por otro lado, dijo que la violencia medida por los homicidios relacionados con la delincuencia organizada está concentrada en 85 municipios del país donde se registra el 70% de todas estas muertes desde diciembre de 2006 a diciembre de 2010.

Así mismo, dijo que en 2007 esta violencia se concentró en 90 municipios; en 2008, en 59; en 2009, en 70, y en 2010, en 73.

Esta base de datos se encuentra en la dirección electrónica de internet www.presidencia.gob.mx/voceria_seguridad/ a la que cualquier ciudadano tiene acceso.

Clasificación de los fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial.
Ejecuciones: fallecimientos con extrema violencia, que por sus características se presume que víctima, victimario o ambos pertenecen a una organización criminal.
Características descriptivas de las ejecuciones:
Lugar de hallazgo: clasifica el lugar en el que fueron encontradas las personas ejecutadas.
Sexo: clasifica el sexo de la persona ejecutada.
Edad: clasifica la persona ejecutada de acuerdo al grupo de edad aproximado.
Mensaje: define si la persona ejecutada tenía o no un mensaje de sus victimarios.
En todos los atributos, la categoría sin determinar responde a que no se contaba con información suficiente para clasificar el caso, debido ,entre otras cosas, al estado físico del cuerpo u otra condición desfavorable. 
Agresiones y enfrentamientos: fallecimientos producto de ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada en contra de autoridades de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, con o sin respuesta armada. También incluye los enfrentamientos entre grupos armados que no forman parte de autoridad alguna.


El calendario no entiende de sangre. A pesar de que febrero es el mes con menos días del año, la estadística de asesinatos en México no sólo se mantiene, sino que supera a otros meses. Tanto que sumadas las ejecuciones de enero y febrero, 2011 deja ya el bimestre más sangriento de la era de Felipe Calderón.

Las cifras, calculadas por el diario ‘Milenio’, acumulan en estos últimos 28 días 1.054 cadáveres, frente a los 799 del año pasado en las mismas fechas. Sumado enero, son más de 2.000 los asesinatos cometidos en los dos primeros meses del año.

Sobre el mapa de México, el 76,9% de las muertes relacionadas con el crimen organizado en febrero se registraron en los estados en los que el presidente Calderón tiene desplegados operativos militares (Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas).

La otra cara de la moneda, la de los estados donde no se ha producido una sola ejecución en febrero, se localiza en Baja California, Tlaxcala, Campeche y Veracruz, según el mismo diario.

Chihuahua, el estado donde se encuentra Ciudad Juárez, continúa siendo el que más sufre la ola de violenci al registrar 341 muertes en el mes y sumar 659 casos en lo que va del año.

De los más de 1.000 asesinados el último mes, 26 eran policías estatales, 18 agentes municipales, siete que pertenecían a la Policía Federal y dos eran militares, además de los dos agentes estadunidenses acribillados a tiros en San Luís Potosí.

Solo el último fin de semana, el recuento de ELMUNDO.es ha sumado al menos 53 ejecuciones. Y ayer, sin ir más lejos, se produjeron otras 40, 17 de ellas en Chihuahua.

Raúl Ortiz Amaya, comandante de la Policía Ministerial de Guachochi y tres civiles fueron ejecutados en el interior de un bar; mientras que en las avenidas Ejército Nacional y Plutarco Elías Calles de Ciudad Juárez fue acribillada una familia, entre ellos un niño de 10 años, cuando viajaba en su vehículo.

También, una funeraria fue rafagueada e incendiada por integrantes de un comando, cuando se realizaba el velatorio de un hombre cuyo ataúd quedó destrozado por el fuego.

En Guerrero fueron asesinados seis policías, cuatro en la carretera México-Acapulco, en lo que se presume fue una emboscada. El atentado iba dirigido hacia un jefe de policía, que resultó herido, mientras sobre el asfalto quedaron los cuerpos de cuatro escoltas.

Por otra parte, cinco hombres aparecieron ahorcados en diferentes puntos de Mazatlán, Sinaloa.

Entre las entidades que registraron homicidios destacan el Estado de México, Sinaloa y Michoacán, donde la Fiscalía General informó que un comando ejecutó al ex candidato perredista a la presidencia municipal de El Saucillo, Enrique Chávez Gómez.

Todo ello se suma al balance récord de 2010, durante el que se superaron los 15.000 muertos. Desde que Calderón comenzó la guerra al ‘narco’ en diciembre de 2006, ya se han contabilizado más de 34.000 muertos.

18 de noviembre de 2013

MÉXICO, D.F. (apro).- En cinco años el consumo de alcohol, tabaco, mariguana y cocaína se ha triplicado entre los adolescentes, en las mujeres principalmente, alertó el director general adjunto de Operación y Patronatos de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), José Ángel Prado García.

En 2008, dijo, por cada 10 adictos hombres que había en México una era mujer, y en la actualidad la proporción es una adicta por cada tres varones, de acuerdo con cifras retomadas de la más reciente Encuesta Nacional de Adicciones.


México, DF.- Durante el mes de abril se registraron mil 47 homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada, con lo que suman 5 mil 296 muertes de este tipo en los primeros cinco meses del sexenio, informó el gobierno federal.

Mediante una presentación difundida por la Secretaría de Gobernación, PGR, Sedena, Semar y la Comisión Nacional de Seguridad, el gobierno de Peña Nieto destaca que la cifra de homicidios es menor a la de los últimos cinco meses del gobierno de Felipe Calderón y también a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

De diciembre de 2011 a abril de 2012 se contabilizaron 6 mil 187 muertes presuntamente relacionadas con el crimen organizado, 14.4% más que de diciembre de 2012 a abril pasado.

Sobre el perdiodo de julio a noviembre de 2012 se tuvo registro de 6 mil 432 asesinatos, 18% más que en los primeros cinco meses del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las instancias encargadas de seguridad reportaron que de los homicidios de abril, 991 son personas que presuntamente están vinculadas con algún ilícito relacionado con el crimen organizado, 39 fueron servidores públicos y 17 no tenían nexos con la delincuencia.

En un comunicado el gobierno federal explica que “estos datos preliminares son elaborados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la Procuraduría General de la República, en coordinación con el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, a partir de la información que proporcionan la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, sobre sus actividades en atención a delitos federales”.

Por otra parte se informa que durante abril las autoridades federales incautaron 45 mil 236 kilogramos de drogas, entre las que destacan marihuana y cocaína.

“Asimismo, se aseguraron 360 litros de precursores químicos, así como 350 kilogramos de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas y 13 laboratorios para el procesamiento de éstas”.


COMPARATIVO NACIONAL sistema nacional de seguridad publica

Incidencia delictiva en el periodo enero-abril de 2012*

Rango Fuero federal Fuero común
1 Distrito Federal 8,372 México 85,554
2 Jalisco 5,037 Distrito Federal 59,693
3 Baja California 5,000 Baja California 36,537
4 Guanajuato 3,318 Puebla 32,366
5 Sonora 2,010 Jalisco 28,501
6 Tamaulipas 1,762 Guanajuato 25,595
7 Veracruz 1,650 Tabasco 22,386
8 México 1,536 Chihuahua 20,590
9 Chihuahua 1,399 Veracruz 17,233
10 Nuevo León 1,177 Tamaulipas 15,722


De acuerdo con las estimaciones realizadas por Leticia Ramírez de Alba, quien elaboró el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI) de delitos graves divulgado hace unos meses por la organización México Evalúa, los datos duros indican hoy una realidad igualmente dura: 88 mil 361 homicidios dolosos en el país durante el gobierno de Felipe Calderón y su fracasada guerra contra el narcotráfico; casos en los cuales, aclara la investigadora, no se incluye a las “víctimas invisibles”…

A unos meses de que deje Los Pinos, las cifras cada vez más crecientes de víctimas de la guerra emprendida por Felipe Calderón Hinojosa contra el narcotráfico desde el arranque se su gestión, así como las estimaciones sobre el impacto de este problema en amplios sectores de la población, fundamentalmente en el entono familiar de los afectados, muestran el fracaso de su política de seguridad nacional.

Con base en las denuncias registradas en las agencias del Ministerio Público federal y enviadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), indica la investigadora, entre diciembre de 2006 y marzo del presente año 120 mil 692 personas fueron víctimas de tres delitos: secuestro, extorsión y homicidio doloso. Este último es el más oprobioso, pues se registraron 88 mil 361 casos en el periodo referido.

Si se considera que en promedio cada hogar está conformado por tres o cuatro habitantes, de acuerdo con las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por cada víctima han sido afectadas aproximadamente 366 mil 478 personas cercanas a ella.

“Si nos atenemos a las cifras oficiales, podemos hablar de un fracaso en la política de seguridad pública de la actual administración”, comenta a Proceso Leticia Ramírez de Alba, responsable del Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI) de delitos graves publicado por México Evalúa en agosto de 2011.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1857, ya en circulación)


Cuatro de las 10 ciudades más violentas del mundo son mexicanas, revela un estudio dado a conocer por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

José Antonio Ortega, quien encabeza el Consejo, mostró en conferencia de prensa un ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2010 de acuerdo con la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

La lista la encabeza Ciudad Juárez, Chihuahua, con una tasa de 229 homicidios por cada 100 mil habitantes, por arriba de ciudades como Kandahar, Afganistán, con 169; San Pedro Sula, Honduras, con 125, y Caracas, Venezuela, con 118.

En el quinto lugar de la clasificación está la capital de Chihuahua, con una tasa de 113 homicidios por cada 100 mil habitantes, seguida de Distrito Central, Honduras, con 109, y la capital de Guatemala, con 106.

Luego siguen las ciudades mexicanas de Mazatlán, con una tasa de 88, y Culiacán, con 87.81, y al último Medellín, Colombia, con 87.42.


Expertos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) alertaron ayer que la tendencia criminal en el Distrito Federal y Estado de México es cada vez más violenta desde el 2008 a la fecha, según arrojaron los resultados de la Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional Informe Anual 2010.

Elena Azaola, José Antonio Caballero y Juan Salgado expresaron que la encuesta levantada en 3,000 hogares, entre mayores de 17 años, estimó que “aproximadamente una de cada tres personas ha sido víctima de un delito que involucró la amenaza o el uso de la fuerza”.

Agregaron que el aumento más drástico en la incidencia de delitos violentos entre el 2009 y el 2010 ocurrió en el Distrito Federal, donde se registró un incremento de 39 por ciento. Sin embargo, afirmaron, es importante destacar que en el Estado de México los delitos violentos también aumentaron, casi 7%, en el mismo periodo.

Durante los primeros tres años de la Encuesta de Victimización, a partir de índices agregados, las tasas de delitos específicos se mantenían en un “rango razonable” de varianza. Sin embargo, detallaron los especialistas, desde el 2008 se registró un aumento muy importante de la victimización.

Este incremento se detectó tanto en general, como en algunos delitos particulares, en los cuales las tasas se dispararon, expresaron los investigadores del CIDE.

“Esto puede significar que dentro de un entorno general de exacerbación del fenómeno delictivo, el crecimiento en el delito captado por la encuesta ha sido más pronunciado en el 2010 que en el 2009 y el 2008.

“Asimismo, tal aumento ha sido particularmente importante en algunos delitos como el robo personal, la agresión y el robo de autopartes”.

En el documento de 59 páginas, que consigna los datos de la encuesta, se establece que “los índices y tasas de victimización permiten establecer tendencias, particularmente si se cuenta con varias mediciones sucesivas, como en este caso. En esta línea de razonamiento, las políticas del control del delito, tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, no han tenido resultados favorables”.

Elena Azaola manifestó que las autoridades capitalinas y mexiquenses sostienen que el índice delictivo ha descendido, “cuando esto no es así y no hay un cambio sustancial en la percepción del ciudadano”.

La encuesta, que también se ocupó de calificar a corporaciones policiacas y de impartición de justicia, arrojó resultados reprobatorios en este rubro, coincidieron Azaola, Salgado y Caballero, porque apenas si se acercan a un 4 o 4.5 en un rango del 1 al 10, que se utilizó para la calificación.


INEGI


México.- Han pasado 5 años desde que Felipe Calderón instrumentó la estrategia contra el crimen organizado y desde estonces suman más de 48 mil personas asesinadas presuntamente por integrantes de la delincuencia organizada.

Tan sólo de enero a agosto de este 2011, van 8 mil muertos.

En el sexenio de Vicente Fox la cifra de muertes relacionadas con el crimen organizado terminó con 2 mil ejecutados, pero en lo que va de la actual administración cada año esos homicidios se han multiplicado.

De acuerdo con el diario La Jornada, las estadísticas oficiales superan los recuentos “y una muestra de descoordinación gubernamental ocurrió en julio de 2010: los titulares de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional dieron cifras diferentes y sus datos variaron en relación con más de 3 mil casos”.

Con 15 mil 273, el 2010 fue el año más violento de esta administración, según una base de datos de homicidios cometidos por el crimen organizado presentada por el gobierno federal en enero de este año.

Pero el rotativo contabilizó 13 mil 397 en ese año.

Destaca que la llamada Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial supuestamente fue elaborada a partir de averiguaciones previas iniciadas por las procuradurías del país, no obstante las instancias encargadas de compilar y validar la información no han querido divulgar los documentos en que se sustenta la estadística.

El gobierno federal desplegó más de 50 mil efectivos del Ejército, 6 mil de la Secretaría de Marina y más de 25 mil de la Policía Federal (corporación que pasó de 9 mil a más de 35 mil agentes en los últimos cinco años) ante la ola de violencia generada por las bandas criminales.

Y en Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Guerrero, Sonora, Veracruz, Tabasco, Nuevo León y Colima se pusieron en marcha los llamados operativos conjuntos


Credito:
Notimex

Foto: EE Archivo 

El secretario técnico de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré Romero, informó que a partir de hoy se hizo pública la base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, donde permanece con acceso público la información de 2006 a 2010.

El funcionario señaló durante la sesión de Diálogos por la Seguridad que encabeza el presidente Felipe Calderón, que de acuerdo con las estadísticas el año pasado, la mitad de los homicidios tuvieron lugar en solamente tres entidades del país, ya que en Chihuahua se registraron 30% de ellos, 12% en Sinaloa y 8 por ciento en Tamaulipas.

Ante los miembros de la sociedad civil congregados en el Campo Marte, Poiré sostuvo que durante 2010 el total de homicidios vinculados a la delincuencia organizada fue de 15,273.

Sostuvo que después de cinco trimestres de crecimiento en el número de homicidios de este tipo, el cuarto trimestre de 2010 se observó una reducción de 10.95 por ciento, en tanto que el tercer trimestre fue considerado como el de la estabilización.

Alejando Pioré advirtió que estas cifras de reducción en el número de homicidios podrían no ser estables en los próximos meses; sin embargo, ya se cuenta con una base de datos reales en la materia.

Explicó que se trata de una plataforma de consulta que suma la sinergia entre gobierno federal y la ciudadanía que está asociada a la ley y que cuenta con una metodología diseñada por expertos en materia de seguridad y académicos.

Dijo que esta herramienta permite legalizar análisis estadísticos a nivel estatal y municipal de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, donde cualquier ciudadano puede obtener la información y exportar los datos a hojas de cálculo para su análisis.

Alejandro Poiré dijo que los datos contenidos en esta base no sustituyen a otras estadísticas oficiales pero aclaró que solamente incluyen los homicidios que están relacionados con la acción del crimen organizado y no se incluyen otros homicidas dolosos.

Por otro lado, dijo que la violencia medida por los homicidios relacionados con la delincuencia organizada está concentrada en 85 municipios del país donde se registra el 70% de todas estas muertes desde diciembre de 2006 a diciembre de 2010.

Así mismo, dijo que en 2007 esta violencia se concentró en 90 municipios; en 2008, en 59; en 2009, en 70, y en 2010, en 73.

Esta base de datos se encuentra en la dirección electrónica de internet www.presidencia.gob.mx/voceria_seguridad/ a la que cualquier ciudadano tiene acceso.

Clasificación de los fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial.
Ejecuciones: fallecimientos con extrema violencia, que por sus características se presume que víctima, victimario o ambos pertenecen a una organización criminal.
Características descriptivas de las ejecuciones:
Lugar de hallazgo: clasifica el lugar en el que fueron encontradas las personas ejecutadas.
Sexo: clasifica el sexo de la persona ejecutada.
Edad: clasifica la persona ejecutada de acuerdo al grupo de edad aproximado.
Mensaje: define si la persona ejecutada tenía o no un mensaje de sus victimarios.
En todos los atributos, la categoría sin determinar responde a que no se contaba con información suficiente para clasificar el caso, debido ,entre otras cosas, al estado físico del cuerpo u otra condición desfavorable. 
Agresiones y enfrentamientos: fallecimientos producto de ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada en contra de autoridades de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, con o sin respuesta armada. También incluye los enfrentamientos entre grupos armados que no forman parte de autoridad alguna.


El calendario no entiende de sangre. A pesar de que febrero es el mes con menos días del año, la estadística de asesinatos en México no sólo se mantiene, sino que supera a otros meses. Tanto que sumadas las ejecuciones de enero y febrero, 2011 deja ya el bimestre más sangriento de la era de Felipe Calderón.

Las cifras, calculadas por el diario ‘Milenio’, acumulan en estos últimos 28 días 1.054 cadáveres, frente a los 799 del año pasado en las mismas fechas. Sumado enero, son más de 2.000 los asesinatos cometidos en los dos primeros meses del año.

Sobre el mapa de México, el 76,9% de las muertes relacionadas con el crimen organizado en febrero se registraron en los estados en los que el presidente Calderón tiene desplegados operativos militares (Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas).

La otra cara de la moneda, la de los estados donde no se ha producido una sola ejecución en febrero, se localiza en Baja California, Tlaxcala, Campeche y Veracruz, según el mismo diario.

Chihuahua, el estado donde se encuentra Ciudad Juárez, continúa siendo el que más sufre la ola de violenci al registrar 341 muertes en el mes y sumar 659 casos en lo que va del año.

De los más de 1.000 asesinados el último mes, 26 eran policías estatales, 18 agentes municipales, siete que pertenecían a la Policía Federal y dos eran militares, además de los dos agentes estadunidenses acribillados a tiros en San Luís Potosí.

Solo el último fin de semana, el recuento de ELMUNDO.es ha sumado al menos 53 ejecuciones. Y ayer, sin ir más lejos, se produjeron otras 40, 17 de ellas en Chihuahua.

Raúl Ortiz Amaya, comandante de la Policía Ministerial de Guachochi y tres civiles fueron ejecutados en el interior de un bar; mientras que en las avenidas Ejército Nacional y Plutarco Elías Calles de Ciudad Juárez fue acribillada una familia, entre ellos un niño de 10 años, cuando viajaba en su vehículo.

También, una funeraria fue rafagueada e incendiada por integrantes de un comando, cuando se realizaba el velatorio de un hombre cuyo ataúd quedó destrozado por el fuego.

En Guerrero fueron asesinados seis policías, cuatro en la carretera México-Acapulco, en lo que se presume fue una emboscada. El atentado iba dirigido hacia un jefe de policía, que resultó herido, mientras sobre el asfalto quedaron los cuerpos de cuatro escoltas.

Por otra parte, cinco hombres aparecieron ahorcados en diferentes puntos de Mazatlán, Sinaloa.

Entre las entidades que registraron homicidios destacan el Estado de México, Sinaloa y Michoacán, donde la Fiscalía General informó que un comando ejecutó al ex candidato perredista a la presidencia municipal de El Saucillo, Enrique Chávez Gómez.

Todo ello se suma al balance récord de 2010, durante el que se superaron los 15.000 muertos. Desde que Calderón comenzó la guerra al ‘narco’ en diciembre de 2006, ya se han contabilizado más de 34.000 muertos.

retenes

De acuerdo con testimonios de empresarios transportistas, desde hace unos tres meses, grupos armados colocan retenes a diferentes horas del día en carreteras de Tamaulipas para realizar el cobro de cuotas, robos y secuestros de choferes que transportan mercancía.

En la imagen se muestran los puntos donde el crimen organizado está cometiendo robos y secuestros.

De acuerdo con testimonios de empresarios transportistas, desde hace unos tres meses, grupos armados colocan retenes a diferentes horas del día en carreteras de Tamaulipas para realizar el cobro de cuotas, robos y secuestros de choferes que transportan mercancía.

En la imagen se muestran los puntos donde el crimen organizado está cometiendo robos y secuestros.

24 hours at a time with no overtime pay

According to a recent front-page article in Bloomberg Magazine, Wal-Mart hired a defense contractor, Lockheed Martin, to use military-grade cybersecurity techniques to monitor the social media accounts of labor organizers and Wal-Mart employees. Worse, on at least one occasion, the company’s global security team “began working with the FBI Joint Terrorism Task Forces” to counter worker protests.1
Giant corporations shouldn’t be able to enlist the FBI’s help to crack down on workers simply asking for dignity and respect. So we are joining our friends at OUR Walmart to demand that the Department of Justice investigate the FBI’s relationship with Wal-Mart and whether the agency or company broke any laws.
Wal-Mart jobs pay so little that some workers go hungry. Most face irregular hours that make it impossible to raise parents or plan ahead, and have few benefits or health care coverage. All Wal-Mart employees are asking for is higher pay, safe working conditions, dependable schedules, and respect in the workplace.2 This is not terrorism, and there is no way the FBI should be involved.
The Bloomberg report reveals an intentional and long-running effort on the part of Wal-Mart executives to monitor current and former employees who are involved with OUR Walmart. Wal-Mart organized a “Delta team” of executives tasked with cracking down, staffed up its labor hotline, and hired Lockheed Martin, one of the biggest defense contractors in the world.3 Many of the employees monitored were later fired, potentially violating the law.4
In 2014, the National Labor Relations Board (NLRB) issued a complaint against Wal-Mart, claiming that the company violated labor law in 14 states by engaging in retaliation against workers who organized for better pay and better lives.5 The NLRB investigation turned up thousands of documents, some of which detail Wal-Mart’s hiring of Lockheed Martin – and its unacceptable coordination with the FBI.6
OUR Walmart has submitted a letter to the Department of Justice demanding an investigation, and we need to show that hundreds of thousands of Americans stand with them.7
We do not know how often the FBI and Wal-Mart have teamed up. The documents unearthed by the NLRB also do not reveal the extent of FBI involvement in monitoring protesters who traveled by bus across the country to the retail behemoth’s Arkansas headquarters. It is also possible that Wal-Mart used information turned over by the FBI to illegally retaliate against employees.8
OUR Walmart and Wal-Mart workers have been at the forefront of the “Fight for $15” and their courageous stand has yielded results providing momentum for higher wages across the country. If the FBI’s anti-terrorism team is partnering with Wal-Mart, it may be working with other companies as well. We need to make sure the Justice Department doesn’t turn a blind eye any outrageous and dangerous abuse of authority targeting Wal-Mart workers.
Tell the Justice Department: Investigate reported FBI spying on Wal-Mart employees. Click below to sign the petition:
Thank you for speaking out,
Murshed Zaheed, Deputy Political Director
CREDO Action from Working Assets
Add your name:
Sign the petition ►
  1. Susan Berfield, “How Walmart Keeps an Eye on Its Massive Workforce,” Bloomberg, November 24, 2015.
  2. Ibid.
  3. Ibid.
  4. OUR Walmart, “Letters to the Department of Justice,” United4Respect.org, January 14, 2016.
  5. Amanda Becker, “U.S. labor board alleges Wal-Mart violated labor law in 14 states,” Reuters, January 15, 2014.
  6. Berfield, “How Walmart Keeps an Eye on Its Massive Workforce.”
  7. OUR Walmart, “Letters to the Department of Justice,” United4Respect.org, January 14, 2016.
  8. Berfield, “How Walmart Keeps an Eye on Its Massive Workforce.”

Started by: Ana Rosa Diaz, Breaux Bridge, Louisiana.
My name is Ana Rosa Diaz. I’m 40 years old and I have four children. I came to the United States on an H-2B guestworker visa from my home in Tamaulipas, Mexico. I work in a small town in Louisiana with other guestworkers, peeling crawfish for a company called C.J.’s Seafood, which sells 85% of its products to Walmart.
Our boss forces us to work up to 24 hours at a time with no overtime pay. No matter how fast we work, they scream and curse at us to make us work faster. Our supervisor threatens to beat us with a shovel to stop us from taking breaks.
We live in trailers across from the boss’s house, and we’re under surveillance all the time. The supervisors come into our trailers without warning, and they threaten to fire us if we leave after 9 p.m.
The supervisor also locked us in the plant so we couldn’t take breaks. One worker called 911. After that the boss rounded us up at 2:30 a.m., closed the door to keep the American employees out, and threatened our families.
He said, “As a friend I can be very good, but you don’t want to know me as an enemy. I have contacts with good people and bad people, and I know where all your families live. I can find you no matter where you hide.” We were terrified. 
We want to work. We need to support our families. But we also want to be treated like human beings.
We joined the National Guestworker Alliance and decided to go on strike. The boss refused to take back his threats against our families, so now we’re taking our demands to Walmart.
Walmart says it doesn’t allow forced labor by any of its suppliers. But Walmart is profiting from the forced labor we lived through right here in Louisiana. And now they’re trying to cover up what happened to us — while refusing even to speak with us.
Walmart needs to meet with us immediately, and to show its suppliers that it won’t tolerate forced labor. We’re demanding that Walmart:
1. Cancel its contract with C.J.’s Seafood to show that it won’t profit from forced labor in Louisiana.
2. Sit down with us, the striking workers, immediately as a first step toward a real investigation — rather than a cover-up.
3. Sign the NGA’s Guestworker Dignity Standards to prevent forced labor and guarantee civil and labor rights for guestworkers across the Walmart supply chain. 
Please sign and stand with us!
According to a recent front-page article in Bloomberg Magazine, Wal-Mart hired a defense contractor, Lockheed Martin, to use military-grade cybersecurity techniques to monitor the social media accounts of labor organizers and Wal-Mart employees. Worse, on at least one occasion, the company’s global security team “began working with the FBI Joint Terrorism Task Forces” to counter worker protests.1
Giant corporations shouldn’t be able to enlist the FBI’s help to crack down on workers simply asking for dignity and respect. So we are joining our friends at OUR Walmart to demand that the Department of Justice investigate the FBI’s relationship with Wal-Mart and whether the agency or company broke any laws.
Wal-Mart jobs pay so little that some workers go hungry. Most face irregular hours that make it impossible to raise parents or plan ahead, and have few benefits or health care coverage. All Wal-Mart employees are asking for is higher pay, safe working conditions, dependable schedules, and respect in the workplace.2 This is not terrorism, and there is no way the FBI should be involved.
The Bloomberg report reveals an intentional and long-running effort on the part of Wal-Mart executives to monitor current and former employees who are involved with OUR Walmart. Wal-Mart organized a “Delta team” of executives tasked with cracking down, staffed up its labor hotline, and hired Lockheed Martin, one of the biggest defense contractors in the world.3 Many of the employees monitored were later fired, potentially violating the law.4
In 2014, the National Labor Relations Board (NLRB) issued a complaint against Wal-Mart, claiming that the company violated labor law in 14 states by engaging in retaliation against workers who organized for better pay and better lives.5 The NLRB investigation turned up thousands of documents, some of which detail Wal-Mart’s hiring of Lockheed Martin – and its unacceptable coordination with the FBI.6
OUR Walmart has submitted a letter to the Department of Justice demanding an investigation, and we need to show that hundreds of thousands of Americans stand with them.7
We do not know how often the FBI and Wal-Mart have teamed up. The documents unearthed by the NLRB also do not reveal the extent of FBI involvement in monitoring protesters who traveled by bus across the country to the retail behemoth’s Arkansas headquarters. It is also possible that Wal-Mart used information turned over by the FBI to illegally retaliate against employees.8
OUR Walmart and Wal-Mart workers have been at the forefront of the “Fight for $15” and their courageous stand has yielded results providing momentum for higher wages across the country. If the FBI’s anti-terrorism team is partnering with Wal-Mart, it may be working with other companies as well. We need to make sure the Justice Department doesn’t turn a blind eye any outrageous and dangerous abuse of authority targeting Wal-Mart workers.
Tell the Justice Department: Investigate reported FBI spying on Wal-Mart employees. Click below to sign the petition:
Thank you for speaking out,
Murshed Zaheed, Deputy Political Director
CREDO Action from Working Assets
Add your name:
Sign the petition ?
  1. Susan Berfield, “How Walmart Keeps an Eye on Its Massive Workforce,” Bloomberg, November 24, 2015.
  2. Ibid.
  3. Ibid.
  4. OUR Walmart, “Letters to the Department of Justice,” United4Respect.org, January 14, 2016.
  5. Amanda Becker, “U.S. labor board alleges Wal-Mart violated labor law in 14 states,” Reuters, January 15, 2014.
  6. Berfield, “How Walmart Keeps an Eye on Its Massive Workforce.”
  7. OUR Walmart, “Letters to the Department of Justice,” United4Respect.org, January 14, 2016.
  8. Berfield, “How Walmart Keeps an Eye on Its Massive Workforce.”

Started by: Ana Rosa Diaz, Breaux Bridge, Louisiana.
My name is Ana Rosa Diaz. I’m 40 years old and I have four children. I came to the United States on an H-2B guestworker visa from my home in Tamaulipas, Mexico. I work in a small town in Louisiana with other guestworkers, peeling crawfish for a company called C.J.’s Seafood, which sells 85% of its products to Walmart.
Our boss forces us to work up to 24 hours at a time with no overtime pay. No matter how fast we work, they scream and curse at us to make us work faster. Our supervisor threatens to beat us with a shovel to stop us from taking breaks.
We live in trailers across from the boss’s house, and we’re under surveillance all the time. The supervisors come into our trailers without warning, and they threaten to fire us if we leave after 9 p.m.
The supervisor also locked us in the plant so we couldn’t take breaks. One worker called 911. After that the boss rounded us up at 2:30 a.m., closed the door to keep the American employees out, and threatened our families.
He said, “As a friend I can be very good, but you don’t want to know me as an enemy. I have contacts with good people and bad people, and I know where all your families live. I can find you no matter where you hide.” We were terrified. 
We want to work. We need to support our families. But we also want to be treated like human beings.
We joined the National Guestworker Alliance and decided to go on strike. The boss refused to take back his threats against our families, so now we’re taking our demands to Walmart.
Walmart says it doesn’t allow forced labor by any of its suppliers. But Walmart is profiting from the forced labor we lived through right here in Louisiana. And now they’re trying to cover up what happened to us — while refusing even to speak with us.
Walmart needs to meet with us immediately, and to show its suppliers that it won’t tolerate forced labor. We’re demanding that Walmart:
1. Cancel its contract with C.J.’s Seafood to show that it won’t profit from forced labor in Louisiana.
2. Sit down with us, the striking workers, immediately as a first step toward a real investigation — rather than a cover-up.
3. Sign the NGA’s Guestworker Dignity Standards to prevent forced labor and guarantee civil and labor rights for guestworkers across the Walmart supply chain. 
Please sign and stand with us!

Maestra del CBTis 103

Published on Sep 6, 2013

Maestra del CBTis 103 de Cd Madero expuso frente a todo el salón de clases (de una manera cuestionable) a dos alumnos menores de edad por haberla insultado en twitter

*Alumnos de la institución afirman que Marina ha sido expulsada y enfrenta una demanda.
*De Grimaldo aun no se tiene información.
*Se desconoce el tuit que escribió la alumna así como las cuentas de

Published on Sep 6, 2013

Maestra del CBTis 103 de Cd Madero expuso frente a todo el salón de clases (de una manera cuestionable) a dos alumnos menores de edad por haberla insultado en twitter

*Alumnos de la institución afirman que Marina ha sido expulsada y enfrenta una demanda.
*De Grimaldo aun no se tiene información.
*Se desconoce el tuit que escribió la alumna así como las cuentas de

México consumido por la ingobernabilidad

¿Todos eran Zetas? “Así es”: Jaime Rodríguez sobre los muertos en Topo Chico

Redacción AN
febrero 12, 2016 11:41 am

Miguel Sarre, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México quien ha estudiado durante años el sistema penitenciario mexicano, opinó que el gobernador aceptó “una realidad que en sí mismo es gravísima, decir que no se tiene el gobierno en un área donde el estado debe tener el control total, es gravísimo. Es una crisis de gobernabilidad pero no sólo es en Nuevo León, en general es una crisis de gobernabilidad en las prisiones en el país y esto tiene mucho que ver una falta de un marco normativo adecuado, tenemos un atraso tremendo en materia de legislación, y ahorita está en camino una legislación nacional de ejecución penal, esta puede ayudar para crear las bases para tener gobernabilidad en las prisiones, y escapar en el dilema que tenemos ahorita: o tienes por un lado autogobierno, crisis y situaciones como las de Nuevo León, o tienes centros de alta seguridad que son un verdadero holocausto a fuego lento”.

Por ello sostuvo que “necesitamos gobernabilidad, sí, pero con respeto a los derechos humanos, y no es trasladando internos locales a cárceles federales como vamos a arreglar el problema, sino teniendo cárceles locales que verdaderamente estén controladas por la autoridad”.
Sobre la ley nacional de ejecución penal, dijo que “lleva mucho tiempo cocinándose, está en sus semanas finales, lo que plantea es… establecer controles sobre las autoridades, transparencia sobre la forma en que está organizada la prisión”, pero la Secretaría de Gobernación “no quiere”.
“Se trata de que exista la posibilidad de que los medios de comunicación y organizaciones puedan ingresar a las prisiones; Gobernación no quiere”, refirió.
Sarre preguntó “por qué va a haber un enfrentamiento de este calibre, que no sabemos si por armas, incendio… pero cómo puede ocurrir eso en horas de la noche, cuando deben de estar en sus celdas cada uno, eso implica algo tan sencillo: que no tienen las llaves de las celdas el gobierno del estado… lo más grave es que no sabemos si la autoridad tiene un plan para salir de esto”.

Gómez Palacio, Durango.- Seis vigilantes y 11 internos del Cereso de Gómez Palacio murieron durante el intento de fuga que se suscitó la tarde de este lunes, cuando los reos desarmaron a un grupo de custodios y dispararon contra el resto de vigilantes que al final frustraron el escape aunque la balacera duró casi 40 minutos.

Aún con vida una mujer custodio, cuya identidad se ignora, fue trasladada junto con tres vigilantes más, a diversos nosocomios, aunque la dama murió cuando le proporcionaban la atención médica; tampoco se conoce la identidad de los otros cinco custodios y los 11 reclusos que murieron.

Los hechos iniciaron alrededor de las cuatro de la tarde, hora en que se activó el código rojo y se prolongaron hasta poco antes de las 17:00 horas, y en los mismos intervinieron elementos policiacos del Estado y Federales, además del personal del Ejército Mexicano.
Voceros policiacos informaron que a la hora que se mencionó, un grupo de reos desarmó a varios custodios y dispararon contra los vigilantes de las torres para tratar de darse a la fuga por los túneles y la barda posterior.
Los elementos policiacos con apoyo de los militares ingresaron al penal donde se generalizó la balacera, aunque al final se contuvo a la turba de reos, pero para esos momentos ya se contabilizaban seis vigilantes, uno de ellos del sexo femenino; así como once reclusos fallecidos.
Socorristas de la Cruz Roja a bordo de siete ambulancias acudieron al penal y custodiados por los soldados ingresaron para auxiliar a los heridos, a los que llevaron a diversos nosocomios del sector salud.
Los informantes indicaron que la mujer custodio que murió se encontraba desnuda al momento del traslado al hospital donde falleció a los pocos minutos.
El personal de la agencia del Ministerio Público de Homicidios acudió al centro carcelario para tomar conocimiento de lo ocurrido y confirmó la muerte de once personas, aunque no se dio a conocer la identidad, cuyos cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia.


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Las cuatro mujeres que se encontraban desaparecidas en la Sierra Tarahumara fueron torturadas y asesinadas con armas de fuego, informó la Fiscalía Zona Sur.

Los cuerpos fueron hallados anoche en una brecha en el rancho La Casita de Samachique, municipio de Guachochi, agregó la dependencia.

Josefina Díaz Martínez, de 57 años; Elisa Díaz Martínez, de 55; Marisa Díaz Peinado, de 32 y Mayra Lorena, de 39, partieron de Ciudad Cuauhtémoc el 12 de diciembre para asistir a un funeral en Guachochi.

Ellas viajaban a bordo de un automóvil Jetta color blanco, modelo 2012.

De acuerdo con los primero reportes, durante el trayecto al parecer fueron interceptadas en un punto de revisión o retén de los que frecuentemente instala el crimen organizado en la zona serrana.

El narco retén, situado a la altura del kilómetro 35, fue reportado por otras personas a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guachochi.

La Fiscalía Zona Occidente también había recibido denuncias constantes al respecto, pero hizo caso omiso.

Los reportes indican que hombres armados se encontraban sobre la carretera y apuntaban a los conductores para después obligarlos a detenerse.

Los delincuentes los agredían física y verbalmente, bajaban a los pasajeros y los despojaban de sus pertenencias.

Los agentes policiacos actuaron hasta que se reportó la desaparición de las cuatro mujeres, quienes eran de la capital del estado.

La investigación indica que las víctimas fueron privadas de su libertad en el punto de revisión de narcos y el móvil fue, presuntamente, el robo de su vehículo.

La última vez que los familiares tuvieron contacto con las mujeres fue el miércoles a las 16:00 horas, cuando se encontraban en Creel.

De acuerdo con la Fiscalía, la búsqueda de las víctimas se realizó por tierra y aire, siendo localizadas a 40 kilómetros de donde se encontraba el retén, en el rancho La Casita. El auto no ha sido hallado.

Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4).

Debido a que fueron encontrados en territorio de la Fiscalía Zona Sur, ésta se hace cargo de recabar evidencias para la investigación.


Ciudad de México.- Al menos 131 personas fueron asesinadas en México desde la asunción, el 1 de diciembre, del presidente Enrique Peña Nieto, según un recuento del diario Milenio.
“Autoridades locales de ocho entidades informaron de 21 ejecutados, con lo que al cierre de la primer semana del sexenio hubo 131 ultimados”, dice el estudio, que incluye a cuatro hombres que aparecieron el viernes colgados de un puente en Coahuila.
Con 24 asesinatos, esa localidad se ubicó al frente de la lista de homicidios probablemente ligados al crimen organizado en los primeros siete días de gobierno de Peña Nieto, según el recuento del diario.
Le siguen Zacatecas con 15 ejecutados, Chihuahua con 14, Nuevo León con 10, Guerrero con 10 y San Luis Potosí con nueve, señala el estudio, que reportó a 13 entidades sin homicidios, entre ellas Ciudad de México y varios estados del sureste.
Estas cifras suponen un promedio diario de 17 asesinatos en el país, mientras que el gobierno de Felipe Calderón concluyó con una media diaria de 27, añadió el diario.
Este sábado, el gobierno de Morelos, que según el recuento de Milenio cuenta con cuatro homicidios en la última semana, pidió a Estados Unidos que retire la nueva recomendación a sus ciudadanos de no viajar o estudiar en su territorio, emitida en noviembre.
Más de 60.000 personas murieron en México en el sexenio de Calderón, quien emprendió una lucha militarizada contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Peña Nieto mantendrá por el momento a las fuerzas armadas en las calles, mientras se aplica una nueva política contra la inseguridad.


México, DF.- México podría entrar en una nueva fase de “entendimientos” entre autoridades locales y la delincuencia después de la fallida “guerra” contra los grupos criminales lanzada por el expresidente Felipe Calderón, declaró hoy a Efe Alan Arias Marín, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“No va a haber una negociación por todo lo alto, obvio que no, es impensable, pero sí ententes prácticas”, dijo a Efe Arias, profesor de Filosofía Política de la UNAM.
El también colaborador del diario Milenio acaba de publicar el libro “Felipe Calderón. Debilidades y fortalezas de un gobierno” (Gernika, 2012), un análisis crítico de las políticas del último Gobierno que dejó el poder el 30 de noviembre pasado.
Arias explica que en el último sexenio fueron más las debilidades que las fortalezas detectadas, y que uno de la estrategia de seguridad de Calderón, una de sus grandes prioridades políticas, fue equivocada y dejó “un drama” en México.
El expresidente conservador lanzó una estrategia de combate frontal a la criminalidad con el Ejército y la Policía Federal a la vanguardia desde “imperativos éticos estrictos”, que dejó un saldo de más de 50 mil muertos en el país, según datos extraoficiales.
“La estrategia del Gobierno catalizó ese conflicto: lo escaló, lo extendió y generó las condiciones para que la parte más violenta y armada del crimen organizado se desparramara hacia otro tipo de delitos” como el secuestro y la extorsión, apuntó.
Con Enrique Peña Nieto en el poder Arias Marín cree que la prioridad del mandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) será “la seguridad ciudadana, (…) ya “no tanto la persecución de los cabecillas de los cárteles”.
“Eso, en términos muy generales, puede a mediano plazo comenzar a dibujar una disminución de la violencia”, apuntó.
Cree que abiertamente no habrá pactos ni negociaciones pero explica que la atención se va a desplazar a los niveles de gobierno locales.
“Ahí es donde se van a distender las cosas. Si los cárteles saben que Ejército no está tras ellos sino combatiendo los delitos que complementariamente hacen ellos o sus gentes, entonces ahí, aunque no haya negociación hay un entendimiento”, apuntó.
En el libro sostiene que “la guerra contra el narcotráfico es imposible de ganar” pero que al mismo tiempo “resulta imposible de eludir”.
“Esta imposibilidad de ganar la guerra va a tener que evolucionar a ese tipo de cosas: reconocer que representan intereses no legales, intereses muy importantes para la economía formal por la simbiosis entre el dinero ‘negro’, del crimen, el ‘gris’, del contrabando y la informalidad, y el ‘blanco’, de los circuitos financieros”, explica.
“Eso a lo mejor no es moral desde una perspectiva valorativa abstracta pero sí es ética de la responsabilidad”, apuntó.
Arias Marín cree que la situación no es privativa de México, sino que otros países latinoamericanos han transitado por tesituras parecidas en las que grupos armados se han integrado o participado en la vida política.
Entre ellos citó a Colombia, donde grupos como los paramilitares llegaron a participar en los procesos de reforma agraria y tuvieron “interlocución política” en la resolución de determinados problemas.
“Si en América Latina, particularmente en Colombia o México pero en muchos otros países que están más metidos en el problema de lo que parece, no pensamos así, entonces no hay esperanza”, concluyó.
Otros libros del mismo autor son “Terrorismo y derechos humanos: Diez años de reflexión teórica” (2012), “EZLN: violencia, derechos culturales y democracia” y “Debate cultural y derechos humanos” (2006).


MÉXICO, D.F. (apro).- El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, reabrió el debate sobre la pena de muerte al proponer que la reforma para contar con códigos Penal y de Procedimientos Penales únicos para todo el país, incluya dicho castigo a los delincuentes acusados de secuestro y delitos graves.

En entrevista, el gobernador chihuahuense consideró que el hecho de sancionar con cadena perpetua, como propuso y se aprobó en Chihuahua, no es suficiente para inhibir el delito. Se debe replantear que los delitos de alto impacto, como el secuestro, sean castigados de manera severa, sobre todo los plagiarios que asesinan a sus víctimas.

El mandatario se pronunció a favor de la iniciativa anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto sobre la homologación en todo el país del Código Penal y el de Procedimientos Penales.

A juicio de Duarte Jáquez, la propuesta del mandatario unificará criterios en los códigos Penal y de Procedimientos Penales de todo el país para evitar que los delincuentes se beneficien de las contradicciones jurídicas y queden en libertad.

Asimismo, consideró que se establecerán criterios para beneficiar con la justicia a las víctimas y no a los criminales.

“Yo me iría más allá, creo que el secuestro agravado debe plantearse con pena de muerte”, subrayó el mandatario chihuahuense.


CIUDAD VICTORIA, Tamps., (apro).- Los ciudadanos de Tamaulipas acudieron a votar en medio de policías cuidando casillas, convoys de vehículos militares patrullando la ciudad y retenes de soldados vigilando las principales carreteras.

Maestros, estudiantes, jubilados y amas de casas confesaron que la principal consideración que tuvieron al emitir su voto fue la inseguridad.

La violencia que registra Tamaulipas parece endémica, sólo basta recordar que en el pasado proceso electoral fue asesinado Rodolfo Torre Cantú, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura.

El candidato asesinado tuvo que ser sustituido unos días antes de que fueran las elecciones por su hermano, Egidio Torre, actual mandatario estatal.

Apenas el viernes pasado un coche bomba explotó frente a la alcaldía de Nuevo Laredo, provocando siete heridos, daños en once vehículos, en la fachada del inmueble y sumergiendo a la población de esa ciudad fronteriza en un clima de zozobra.

Días antes, por segunda ocasión en menos de un mes, aparecían 14 cuerpos descuartizados en el vecino municipio de Ciudad Mante, la región cañera de Tamaulipas dominada por la delincuencia organizada.

La inseguridad “que impide salir a cualquier parte” y la falta de trabajo fueron los dos temas que consideró una ama de casa que votó en la misma casilla adonde acudió el gobernador Egidio Torre Cantú.

“Ya ve cómo está la situación ahorita. Se ven tantas cosas en la actualidad que no se veían antes. Espero que con este voto que hice, que ya se vea algo mejor”, dijo la mujer de 35 años de edad.

Tamaulipas es el único estado de la República que tiene dos exgobernadores, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, acusados en México y Estados Unidos de estar relacionados con los cárteles del narcotráfico.

Amigos cercanos de esos exmandatarios ubican a Yarrington en San Antonio y a Eugenio Hernández en España.

El exmandatario Manuel Cavazos Lerma, quien compite por un escaño en el Senado de la República por el PRI, también es señalado de tener nexos con la delincuencia organizada.

Quizá por esa razón los tamaulipecos votaron por la fórmula del PAN al senado, la cual lleva 10 puntos porcentuales de ventaja sobre la del PRI en el contero del IFE.

“La cuestión de la seguridad fue la primera razón que pensé al emitir mi voto”, dijo un jubilado que votó en la casilla ubicada en la escuela primaria José Vasconcelos.

“Es lo más importante que ocurre en Tamaulipas. Es un estado que tiene frontera con Estados Unidos y eso hace muy difícil la situación”, agregó.

Una estudiante de doctorado contó que antes de emitir su sufragio analizó las propuestas de todos los candidatos.

“Lo que espero de la persona que próximamente no esté representando es nuestra seguridad, que mejore nuestra economía. Principalmente la inseguridad, porque en Tamaulipas está a todo lo que da. Entonces yo busco seguridad primero y después la cuestión económica”, concluyó.

Las principales ciudades del estado, como Matamoros, Tampico, Ciudad Victoria y Laredo, sufren los constantes combates que protagonizan el cártel del Golfo y los Zetas.

Cuando un grupo domina una de esas plazas, el rival se la “calienta”, con atentados con granadas de fragmentación, ejecuciones múltiples de presuntos rivales, que dejan junto con narcomensajes, o enfrentamientos directos.

Un trabajador de la colonia Azteca consideró la “difícil situación” que vive el estado al momento de emitir su voto. “Sobre todo la inseguridad que es lo que más nos urge en este momento en el estado y en el país. Por ahora parece que está calmado, pero de repente suben las cosas. La situación es bastante, bastante difícil”, concluyó el trabajador.

Durante el proceso electoral, la violencia no cesó, y en dos municipios aledaños a la capital registraron hechos relacionados con la delincuencia organizada.

En el municipio de Padilla fue arrojada en la plaza principal el cuerpo descuartizado de una mujer.

Además, en el poblado de Guemez se reportó que hombres armados robaron las urnas para candidatos a la presidencia y al senado.


TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que tres presuntos militantes priistas perdieron la vida y tres más resultaron gravemente heridos este domingo en la comunidad de Rincón Chamula.

Según la dependencia, un grupo armado vinculado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) les disparó a quemarropa con cuernos de chivo.

En comunicado oficial, la procuraduría estatal refirió que, de acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos se suscitaron alrededor de las cuatro de la tarde en la comunidad ubicada en la zona norte de la entidad, cuando las víctimas hacían fila para emitir su voto.

Además, explicó que, según testimonios recabados hasta ahora, el incidente fue provocado por los candidatos municipales de ambos partidos.

La PGJE añadió que los priistas que perdieron la vida respondían a los nombres de Dionisio Sánchez Gómez, Jorge López Pérez y Santiago Sánchez Hernández y que los heridos son Manuel Hernández Bautista y Romeo Sánchez Gómez.

En su huida, los agresores atropellaron a Rosalina Sánchez Gómez, quien fue trasladada de emergencia a un hospital de la región donde fue reportada como estable.

El incidente provocó la movilización de elementos de la PGJE, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), la Policía Federal y efectivos del 31 Batallón del Ejército Mexicano.

Las autoridades resguardan la zona para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias de Rincón Chamula.

Los lugareños denunciaron por la tarde que los agresores armados pertenecen al grupo del alcalde en funciones Pedro Bautista, quien apoya a su sobrino, candidato del PVEM a la alcaldía, Mateo Bautista, originario ambos de esa comunidad donde se registro la balacera.

Sobre el particular, el Secretario General de Gobierno, Noe Castañón León, comentó:

“Efectivamente estaban en plena votación cuando llego un grupo de personas a incitar a otros a que quemaran las urnas, hubo golpes y disparos de armas de fuego. La policía no pudo intervenir porque estaba desarmada”.

El funcionario recordó que el alcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pedro Bautista, era del PRD y que en febrero pasado se afilió al PVEM, ya estuvo acusado por portar armas de fuego de alto poder y de transportar droga pero fue liberado.

“No sabemos porque lo respaldan. Los del Verde sacan las armas porque querían rellenar las urnas, y porque no lo permitieron es que sacaron las armas (…) Ahora no podemos entrar. Iban con cuernos de chivo. No quieren que saquen a los que mataron, los tienen adentro y por eso no dejan entrar ni salir a nadie”, afirmó.

José Guadarrama Márquez, senador del PRD, lamentó los hechos ocurridos en Rincón Chamula, y aunque tampoco precisó el número de muertos y heridos, dijo que el incidente violento empaña el proceso electoral.

El también vocero de la coalición Movimiento Progresista integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, denunció que además de los hechos de violencia perpetrados en Rincón Chamula, se registraron varias irregularidades en el estado tales como: compra y coacción del voto, acarreo de votantes, reparto de despensas y materiales de construcción, así como inducción del voto en muchas comunidades indígenas y rurales.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían confirmado el número oficial de víctimas.


En nueve años, 20,000 establecimientos independientes han cerrado

El sector farmacéutico enfrenta una grave crisis por la delincuencia en México, y es que en los últimos nueve años 20,000 farmacias independientes desaparecieron de los 38,000 negocios que existían en el 2003, acusó Oscar Zavala Martínez, presidente de Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm).

En el último año (2011 y lo que va del 2012), 2,000 farmacias se vieron afectadas por la inseguridad. De éstas, 1,000 casos fueron sujetos de extorsión telefónica o directa, mientras que las entidades identificadas con el mayor índice delictivo son Guerrero, Morelos, Estado de México y el Distrito Federal.

El empresario precisó que 710 farmacias independientes se vieron afectadas por robo de mercancía, ya sea a mano armada en el negocio, o bien, durante la llegada de productos químicos a los camiones, con mayor frecuencia en el Estado de México y el Distrito Federal.

En tanto, reportó que hubo 180 secuestros a los empresarios con 10 decesos y 110 casos de extorsión de seudoverificadores en materia de regulación sanitaria o de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“La delincuencia es el factor que más ha impactado, pues de 5,000 farmacias independientes que pertenecen a la Unefarm, 2,000 fueron víctimas de este fenómeno”, aseveró Zavala Martínez en conferencia de prensa.

Los agremiados de la Unefarm invierten 40,000 pesos la resguardar su seguridad cada año, en aparatos como videocámaras, alarmas, vigilancia y barrotes.

Programa de equipamiento

Ricardo Navarro, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de la ciudad de México, informó que para mejorar el entorno de las farmacias independientes se realizará un programa piloto de capacitación con 300 farmacias, dotándolas de un punto de venta con computadora, el software necesario y el lector de código de barras, que les permitirá conocer la rotación de su inventario y hacer compras de manera adecuada, con el fin de hacerlas competitivas.

Y es que el giro de las farmacias se enfrenta también a la competencia desleal que encabezan los grandes centros comerciales sobre los pequeños negocios, los cuales no respetan el marco jurídico, dijo.

Previo al arranque del congreso de los farmacéuticos, el empresario pugnó por romper con la cadena de distribución, ya que los centros comerciales compran directamente a los laboratorios, sin necesidad del intermediario y, en cambio, logran un margen de utilidad doble, lo que rompe con la estructura económica de la dispensación de los medicamentos, expresó Zavala.

lgonzalez@eleconomista.com.mx

CRÉDITO:

Lilia González, El Economista


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Hombres armados atacaron a tiros al vehículo donde viajaba el candidato a la alcaldía de Venustiano Carranza por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ludwing Constantino González, sin que se reportaran personas lesionadas.

La Policía Municipal informó que la agresión ocurrió la víspera, cuando el candidato había terminado un mitin en la colonia 31 de Diciembre y se dirigía a la cabecera municipal, pero a la altura del lugar conocido como El Mangal, hombres armados abrieron fuego contra del vehículo donde viajaba.

El reporte de la Policía de Venustiano Carranza indicó que Constantino González se desplazaba en una camioneta color blanco Chevrolet, tipo Cheyenne, cuando fue atacado; uno de los disparos de arma de fuego se incrustó en el lado izquierdo de la camioneta pero el conductor resultó ileso.

Seguidores de Constantino González se han concentrado desde anoche en la casa de campaña del PVEM, para manifestarle su respaldo, mientras que Mariano Constantino Peña, padre del candidato, pide justicia, pues él fue hace siete años alcalde de este lugar por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Derivado de la agresión armada en su contra el candidato interpuso demanda ante la Fiscalía de Distrito de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para demandar se investigue hasta sus últimas consecuencias.

El municipio de Venustiano Carranza libra desde hace más de 40 años una lucha por la tenencia de la tierra entre miembros de organizaciones sociales, principalmente entre la Casa del Pueblo y Alianza San Bartolomé de los Llanos, que ha dejado una decenas de indígenas muertos, presos, invasiones y desalojos.


REFORMA Ciudad de México.- El Ejército y la Marina reforzaron su presencia en Nuevo León ante el temor de que el Estado se contagie de los hechos violentos que están sacudiendo a Nuevo Laredo, donde la narcoguerra ha dejado masacres, constantes balaceras, negocios incendiados y el estallido de un coche bomba.

Según fuentes de la Sedena, unos 2 mil 700 efectivos ampliaron la cobertura de los operativos militares en el Estado, así como en la frontera de Tamaulipas y Coahuila. Además del área metropolitana de Monterrey y municipios rurales del norte de Nuevo León, ahondaron los informantes, Nuevo Laredo y Piedras Negras son prioridades. La llegada de los soldados, explicaron los informantes, es adicional a la llamada “Operación Rastrillo”, que el Ejército lanzó para identificar y capturar a los responsables de arrojar 49 torsos en el municipio de Cadereyta, el pasado 13 de mayo.

“Son acciones aparte”, dijo un mando militar. “Una implica realizar tareas de inteligencia y la otra pretende una presencia para evitar más hechos violentos como los de Nuevo Laredo. “Los patrullajes en esas ciudades van dirigidos a prevenir”, agregó, “y a localizar gente armada y en delitos flagrantes”. Desde el lunes, en medio de una ola de balaceras, cuyo saldo se desconoce, Nuevo Laredo registra dos discotecas y un casino incendiados, así como la detonación de un coche bomba en un hotel donde se hospedaban policías estatales. El estallido del vehículo dejó ocho uniformados y dos civiles hospitalizados. De acuerdo con las fuentes militares, la violencia es producto de la rivalidad entre el Cártel del Golfo y los Zetas, que pelean el control de plazas y de las vías de tránsito que llevan a la frontera con Estados Unidos. En Nuevo León, detallaron, los nuevos militares ampliarán los patrullajes en el área metropolitana de Monterrey. Los mandos indicaron que Apodaca, Guadalupe, San Pedro y San Nicolás están entre los municipios a apoyar. Además, destacaron las fuentes, Anáhuac y China son de especial importancia, pues son puntos clave para el tráfico de armas y droga, por lo que no descartan que la violencia afecte a esas poblaciones. En tanto, Juárez y Cadereyta verán un reforzamiento de los despliegues terrestres de reconocimiento. Las acciones implican vigilancia aérea, por ejemplo, en localidades rurales como Cerralvo, Agualeguas y Sabinas Hidalgo. Sobre Tamaulipas, los mandos revelaron que los refuerzos serán concentrados en Nuevo Laredo. Unidades de la Policía Militar, del 39 y 105 batallones de Infantería, ya patrullan las carreteras que unen a esta ciudad fronteriza con Sabinas Hidalgo y Anáhuac, así como con Reynosa y Piedras Negras. En Reynosa se dispuso de diversos puestos de control vehicular y puentes aéreos a los municipios de la llamada frontera chica -Camargo, Díaz Ordaz y Miguel Alemán- en apoyo a las tropas ahí destacamentadas. La mayor parte de los refuerzos fueron movilizados de áreas que dependen de la Cuarta Región Militar, con sede en Monterrey y que abarca Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. También participan batallones de Infantería, Fusileros Paracaidistas y Fuerzas Especiales enviados de la Ciudad de México. Efectivos de la Armada apoyan estos despliegues de seguridad en Piedras Negras, donde apenas el 21 de mayo reventaron un taller donde se confeccionaban uniformes y chalecos apócrifos de la Secretaría de Marina.


CAPAZ DE violar y MATAR A SU PROPIA MADRE SI SE LO MANDA EL CHARLE O EL BUITRE.

VISITA EL SITIO WEB: http://www.eluniversal.com.mx El hermano de la ex procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González, fue secuestrado por ser el encargado de hacer tratos con la organización “La Línea” a nombre de la ex funcionaria, aseguró uno de los presuntos sicarios que participó en el secuestro y homicidio de Mario González. En un video que difundió ayer la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), Luis Miguel Ibarra Castellanos “El Cora” detalló que se utilizaron dos discos para grabar el interrogatorio del abogado, divulgado por Internet; en el primero contestó libremente y en el segundo fue presionado para leer unas cartulinas. “Todas la preguntas del primer disco las contestó como él sabía, nunca le pusimos algo… En el segundo disco ya salen otras preguntas, pero al parecer para incriminar, o no sé cuál sería el motivo”, refirió. El presunto sicario, de 21 años, no precisa qué preguntas respondió libremente el abogado. Detalla que lo torturaron “tan sólo en las plantas de los pies y en las piernas” y que lo asesinaron al día siguiente. El grupo recibió instrucciones de cavar una fosa en un lote baldío. “A las seis de la tarde se nos ordena que lo llevemos a enterrar. Lo privamos de la vida en ese instante, como 5 y media… lo ejecutamos en la misma casa entre todos”, relató. La grabación difundida ayer por la SSP contiene imágenes de los otros siete detenidos, que dicen pertenecer al Cártel de Sinaloa. En tanto, en Chihuahua, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa para pedir a la PGR y a la Fiscalía General del Estado que inicien una “profunda investigación” en torno a los videos que circularon a través de la Internet en semanas anteriores. La iniciativa de los legisladores panistas no menciona por su nombre al abogado Mario Ángel González, cuya imagen fue vista en Internet a través de un blog denominado “El Puma Original”, donde hacía una serie de acusaciones a funcionarios de la anterior administración estatal, incluida su propia hermana, la ex procuradora Patricia González, y al entonces gobernador, José Reyes Baeza. La autoridad debe investigar los señalamientos sobre la participación de servidores públicos en presuntos hechos que pudieran ser considerados delictivos, dice el documento presentado por los panistas. (Con información de Alejandro Salmón/El Diario)


TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El presidente del PRI estatal, Roberto Albores Gleason, condenó la violencia suscitada en el municipio de Villaflores, que cobró la vida del militante panista Edgardo Hernández Corzo, al tiempo que demandó se investigue a fondo el caso. “Los priistas repudiamos los hechos violentos suscitados en Villaflores y exigimos la aplicación irrestricta de la ley a quien resulte responsable”, sostuvo el dirigente priista. Luego de admitir que las autoridades judiciales vinculan en los hechos al aspirante priista a la alcaldía, Ulises Grajales Niño, destacó que la directiva nacional del PRI, a propuesta del Comité Directivo Estatal (CDE), decidió cancelar esa candidatura. La dirigencia nacional priista, añadió Albores Gleason, también hizo un llamado a Grajales Niño para que coadyuve con las autoridades en las indagatorias que lleven a esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. “Nuestro papel como instituto político es, sin duda, no incriminar a nadie, pero no estaremos omisos a los actos de violencia; en este sentido, pedimos a las autoridades que de forma expedita aclaren la situación jurídica de Ulises Grajales”, planteó Roberto Albores. Condena panista La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), así como su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, condenaron el asesinato de Edgardo Hernández, sobrino de Roger de Coss Corzo, candidato panista a diputado federal en Chiapas. En su cuenta de Twitter, Vázquez Mota resaltó: “El asesinato de Édgar Hernández Corzo, joven brigadista de nuestro partido, me entristece e indigna. No debe quedar impune”. Por su lado, la directiva panista lamentó el homicidio y expresó sus condolencias a la familia de la víctima. En un comunicado, la dirigencia panista detalló que Edgardo Hernández regresaba de realizar diferentes actividades propagandísticas, tales como pintar bardas y repartir propaganda en el ejido Nuevo México, cuando hombres armados a bordo de un vehículo empezaron a seguirlo y lo atacaron en el tramo carretero Villaflores-Chanona. Los hechos ocurrieron a la altura del rancho El Sinaloense, donde el activista murió acribillado. “El PAN exige a las autoridades locales que investiguen los testimonios y hechos ocurridos en el tramo carretero Villaflores-Chanona, ya que un acto de esta naturaleza no puede quedar impune, y pedimos que de manera expedita se finquen sanciones a quienes resulten responsables”, se advierte en el comunicado emitido esta noche. Según diferentes reportes, Hernández Corzo, de 25 años, hacía activismo político en el municipio de Villaflores, donde colaboraba en la campaña del candidato panista a la alcaldía, Mariano Rosales.


CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).- La tarde de este jueves fueron abandonados 15 cadáveres en el interior de una camioneta estacionada frente a la presidencia municipal de Ciudad Mante, Tamaulipas, junto con un mensaje dirigido a Los Zetas, informó hoy una fuente de la Fiscalía estatal. De acuerdo con la misma fuente, aproximadamente a las 14:30 horas un grupo de desconocidos estacionó el vehículo en las calles aledañas a la alcaldía, ubicada entre las avenidas Hidalgo y Guerrero, en el centro de esa localidad. La información comenzó a circular inicialmente por las redes sociales y luego fue confirmada por las autoridades locales. Al lugar acudieron los militares que realizan funciones de policías municipales, quienes acordonaron el área y sus alrededores. Además, el edificio de la Presidencia fue desalojado y se cerró el tráfico de vehículos sobre la avenida Hidalgo. También acudieron peritos de la Fiscalía para recoger evidencias del multihomicidio, mismo que se atribuye un grupo rival a Los Zetas. Hasta el momento, las autoridades estatales no han solicitado la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR). Ciudad Mante se localiza al sur del estado, a 137 kilómetros de Ciudad Victoria y a 168 de Tampico.


ZACATECAS, Zac. (apro).- Cuatro cabezas humanas fueron abandonadas dentro de una hielera en la caja de una camioneta pick-up que fue escoltada por un convoy en pleno mediodía hasta la entrada del Mercado de Abastos en esta capital, con mensajes de amenaza al grupo delictivo Los Zetas. El convoy ingresó por una zona de tráfico vehicular lento debido a las obras de construcción de un distribuidor vial, en un perímetro en el que se localizan las instalaciones de la Presidencia Municipal, la Policía Ministerial del Estado, la Policía Municipal y la Dirección de Tránsito. Sin ningún impedimento, el convoy llegó hasta el acceso principal de las bodegas del Mercado de Abastos aproximadamente a las 11:20 horas, cuando esta zona se encontraba atestada de gente efectuando sus compras. De ese punto, los hombres fuertemente armados que viajaban en varios vehículos se retiraron y dejaron estacionada una vieja camioneta Nissan pick-up, en cuya caja posterior había una hielera. En los asientos fueron colocados varios mensajes en los cuales se hacen advertencias a Los Zetas, a quienes se les hace saber que se terminaron sus días en el territorio zacatecano. Hasta el momento se ignora quiénes son los responsables de estos hechos o qué grupo se adjudica las amenazas a Los Zetas. Usuarios de la Central de Abastos llamaron a las corporaciones de seguridad. Elementos de la Policía Federal y del estado acudieron y abrieron la hielera, encontrando las cuatro cabezas humanas. En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que dio inicio a una investigación y trabaja en la identificación de las víctimas que fueron decapitadas. Hasta el momento sólo dio a conocer que se trata de cuatro hombres. (Con información de Verónica Espinosa)

¿Todos eran Zetas? “Así es”: Jaime Rodríguez sobre los muertos en Topo Chico

Redacción AN
febrero 12, 2016 11:41 am

Miguel Sarre, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México quien ha estudiado durante años el sistema penitenciario mexicano, opinó que el gobernador aceptó “una realidad que en sí mismo es gravísima, decir que no se tiene el gobierno en un área donde el estado debe tener el control total, es gravísimo. Es una crisis de gobernabilidad pero no sólo es en Nuevo León, en general es una crisis de gobernabilidad en las prisiones en el país y esto tiene mucho que ver una falta de un marco normativo adecuado, tenemos un atraso tremendo en materia de legislación, y ahorita está en camino una legislación nacional de ejecución penal, esta puede ayudar para crear las bases para tener gobernabilidad en las prisiones, y escapar en el dilema que tenemos ahorita: o tienes por un lado autogobierno, crisis y situaciones como las de Nuevo León, o tienes centros de alta seguridad que son un verdadero holocausto a fuego lento”.

Por ello sostuvo que “necesitamos gobernabilidad, sí, pero con respeto a los derechos humanos, y no es trasladando internos locales a cárceles federales como vamos a arreglar el problema, sino teniendo cárceles locales que verdaderamente estén controladas por la autoridad”.
Sobre la ley nacional de ejecución penal, dijo que “lleva mucho tiempo cocinándose, está en sus semanas finales, lo que plantea es… establecer controles sobre las autoridades, transparencia sobre la forma en que está organizada la prisión”, pero la Secretaría de Gobernación “no quiere”.
“Se trata de que exista la posibilidad de que los medios de comunicación y organizaciones puedan ingresar a las prisiones; Gobernación no quiere”, refirió.
Sarre preguntó “por qué va a haber un enfrentamiento de este calibre, que no sabemos si por armas, incendio… pero cómo puede ocurrir eso en horas de la noche, cuando deben de estar en sus celdas cada uno, eso implica algo tan sencillo: que no tienen las llaves de las celdas el gobierno del estado… lo más grave es que no sabemos si la autoridad tiene un plan para salir de esto”.

Gómez Palacio, Durango.- Seis vigilantes y 11 internos del Cereso de Gómez Palacio murieron durante el intento de fuga que se suscitó la tarde de este lunes, cuando los reos desarmaron a un grupo de custodios y dispararon contra el resto de vigilantes que al final frustraron el escape aunque la balacera duró casi 40 minutos.

Aún con vida una mujer custodio, cuya identidad se ignora, fue trasladada junto con tres vigilantes más, a diversos nosocomios, aunque la dama murió cuando le proporcionaban la atención médica; tampoco se conoce la identidad de los otros cinco custodios y los 11 reclusos que murieron.

Los hechos iniciaron alrededor de las cuatro de la tarde, hora en que se activó el código rojo y se prolongaron hasta poco antes de las 17:00 horas, y en los mismos intervinieron elementos policiacos del Estado y Federales, además del personal del Ejército Mexicano.
Voceros policiacos informaron que a la hora que se mencionó, un grupo de reos desarmó a varios custodios y dispararon contra los vigilantes de las torres para tratar de darse a la fuga por los túneles y la barda posterior.
Los elementos policiacos con apoyo de los militares ingresaron al penal donde se generalizó la balacera, aunque al final se contuvo a la turba de reos, pero para esos momentos ya se contabilizaban seis vigilantes, uno de ellos del sexo femenino; así como once reclusos fallecidos.
Socorristas de la Cruz Roja a bordo de siete ambulancias acudieron al penal y custodiados por los soldados ingresaron para auxiliar a los heridos, a los que llevaron a diversos nosocomios del sector salud.
Los informantes indicaron que la mujer custodio que murió se encontraba desnuda al momento del traslado al hospital donde falleció a los pocos minutos.
El personal de la agencia del Ministerio Público de Homicidios acudió al centro carcelario para tomar conocimiento de lo ocurrido y confirmó la muerte de once personas, aunque no se dio a conocer la identidad, cuyos cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia.


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Las cuatro mujeres que se encontraban desaparecidas en la Sierra Tarahumara fueron torturadas y asesinadas con armas de fuego, informó la Fiscalía Zona Sur.

Los cuerpos fueron hallados anoche en una brecha en el rancho La Casita de Samachique, municipio de Guachochi, agregó la dependencia.

Josefina Díaz Martínez, de 57 años; Elisa Díaz Martínez, de 55; Marisa Díaz Peinado, de 32 y Mayra Lorena, de 39, partieron de Ciudad Cuauhtémoc el 12 de diciembre para asistir a un funeral en Guachochi.

Ellas viajaban a bordo de un automóvil Jetta color blanco, modelo 2012.

De acuerdo con los primero reportes, durante el trayecto al parecer fueron interceptadas en un punto de revisión o retén de los que frecuentemente instala el crimen organizado en la zona serrana.

El narco retén, situado a la altura del kilómetro 35, fue reportado por otras personas a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guachochi.

La Fiscalía Zona Occidente también había recibido denuncias constantes al respecto, pero hizo caso omiso.

Los reportes indican que hombres armados se encontraban sobre la carretera y apuntaban a los conductores para después obligarlos a detenerse.

Los delincuentes los agredían física y verbalmente, bajaban a los pasajeros y los despojaban de sus pertenencias.

Los agentes policiacos actuaron hasta que se reportó la desaparición de las cuatro mujeres, quienes eran de la capital del estado.

La investigación indica que las víctimas fueron privadas de su libertad en el punto de revisión de narcos y el móvil fue, presuntamente, el robo de su vehículo.

La última vez que los familiares tuvieron contacto con las mujeres fue el miércoles a las 16:00 horas, cuando se encontraban en Creel.

De acuerdo con la Fiscalía, la búsqueda de las víctimas se realizó por tierra y aire, siendo localizadas a 40 kilómetros de donde se encontraba el retén, en el rancho La Casita. El auto no ha sido hallado.

Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4).

Debido a que fueron encontrados en territorio de la Fiscalía Zona Sur, ésta se hace cargo de recabar evidencias para la investigación.


Ciudad de México.- Al menos 131 personas fueron asesinadas en México desde la asunción, el 1 de diciembre, del presidente Enrique Peña Nieto, según un recuento del diario Milenio.
“Autoridades locales de ocho entidades informaron de 21 ejecutados, con lo que al cierre de la primer semana del sexenio hubo 131 ultimados”, dice el estudio, que incluye a cuatro hombres que aparecieron el viernes colgados de un puente en Coahuila.
Con 24 asesinatos, esa localidad se ubicó al frente de la lista de homicidios probablemente ligados al crimen organizado en los primeros siete días de gobierno de Peña Nieto, según el recuento del diario.
Le siguen Zacatecas con 15 ejecutados, Chihuahua con 14, Nuevo León con 10, Guerrero con 10 y San Luis Potosí con nueve, señala el estudio, que reportó a 13 entidades sin homicidios, entre ellas Ciudad de México y varios estados del sureste.
Estas cifras suponen un promedio diario de 17 asesinatos en el país, mientras que el gobierno de Felipe Calderón concluyó con una media diaria de 27, añadió el diario.
Este sábado, el gobierno de Morelos, que según el recuento de Milenio cuenta con cuatro homicidios en la última semana, pidió a Estados Unidos que retire la nueva recomendación a sus ciudadanos de no viajar o estudiar en su territorio, emitida en noviembre.
Más de 60.000 personas murieron en México en el sexenio de Calderón, quien emprendió una lucha militarizada contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Peña Nieto mantendrá por el momento a las fuerzas armadas en las calles, mientras se aplica una nueva política contra la inseguridad.


México, DF.- México podría entrar en una nueva fase de “entendimientos” entre autoridades locales y la delincuencia después de la fallida “guerra” contra los grupos criminales lanzada por el expresidente Felipe Calderón, declaró hoy a Efe Alan Arias Marín, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“No va a haber una negociación por todo lo alto, obvio que no, es impensable, pero sí ententes prácticas”, dijo a Efe Arias, profesor de Filosofía Política de la UNAM.
El también colaborador del diario Milenio acaba de publicar el libro “Felipe Calderón. Debilidades y fortalezas de un gobierno” (Gernika, 2012), un análisis crítico de las políticas del último Gobierno que dejó el poder el 30 de noviembre pasado.
Arias explica que en el último sexenio fueron más las debilidades que las fortalezas detectadas, y que uno de la estrategia de seguridad de Calderón, una de sus grandes prioridades políticas, fue equivocada y dejó “un drama” en México.
El expresidente conservador lanzó una estrategia de combate frontal a la criminalidad con el Ejército y la Policía Federal a la vanguardia desde “imperativos éticos estrictos”, que dejó un saldo de más de 50 mil muertos en el país, según datos extraoficiales.
“La estrategia del Gobierno catalizó ese conflicto: lo escaló, lo extendió y generó las condiciones para que la parte más violenta y armada del crimen organizado se desparramara hacia otro tipo de delitos” como el secuestro y la extorsión, apuntó.
Con Enrique Peña Nieto en el poder Arias Marín cree que la prioridad del mandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) será “la seguridad ciudadana, (…) ya “no tanto la persecución de los cabecillas de los cárteles”.
“Eso, en términos muy generales, puede a mediano plazo comenzar a dibujar una disminución de la violencia”, apuntó.
Cree que abiertamente no habrá pactos ni negociaciones pero explica que la atención se va a desplazar a los niveles de gobierno locales.
“Ahí es donde se van a distender las cosas. Si los cárteles saben que Ejército no está tras ellos sino combatiendo los delitos que complementariamente hacen ellos o sus gentes, entonces ahí, aunque no haya negociación hay un entendimiento”, apuntó.
En el libro sostiene que “la guerra contra el narcotráfico es imposible de ganar” pero que al mismo tiempo “resulta imposible de eludir”.
“Esta imposibilidad de ganar la guerra va a tener que evolucionar a ese tipo de cosas: reconocer que representan intereses no legales, intereses muy importantes para la economía formal por la simbiosis entre el dinero ‘negro’, del crimen, el ‘gris’, del contrabando y la informalidad, y el ‘blanco’, de los circuitos financieros”, explica.
“Eso a lo mejor no es moral desde una perspectiva valorativa abstracta pero sí es ética de la responsabilidad”, apuntó.
Arias Marín cree que la situación no es privativa de México, sino que otros países latinoamericanos han transitado por tesituras parecidas en las que grupos armados se han integrado o participado en la vida política.
Entre ellos citó a Colombia, donde grupos como los paramilitares llegaron a participar en los procesos de reforma agraria y tuvieron “interlocución política” en la resolución de determinados problemas.
“Si en América Latina, particularmente en Colombia o México pero en muchos otros países que están más metidos en el problema de lo que parece, no pensamos así, entonces no hay esperanza”, concluyó.
Otros libros del mismo autor son “Terrorismo y derechos humanos: Diez años de reflexión teórica” (2012), “EZLN: violencia, derechos culturales y democracia” y “Debate cultural y derechos humanos” (2006).


MÉXICO, D.F. (apro).- El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, reabrió el debate sobre la pena de muerte al proponer que la reforma para contar con códigos Penal y de Procedimientos Penales únicos para todo el país, incluya dicho castigo a los delincuentes acusados de secuestro y delitos graves.

En entrevista, el gobernador chihuahuense consideró que el hecho de sancionar con cadena perpetua, como propuso y se aprobó en Chihuahua, no es suficiente para inhibir el delito. Se debe replantear que los delitos de alto impacto, como el secuestro, sean castigados de manera severa, sobre todo los plagiarios que asesinan a sus víctimas.

El mandatario se pronunció a favor de la iniciativa anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto sobre la homologación en todo el país del Código Penal y el de Procedimientos Penales.

A juicio de Duarte Jáquez, la propuesta del mandatario unificará criterios en los códigos Penal y de Procedimientos Penales de todo el país para evitar que los delincuentes se beneficien de las contradicciones jurídicas y queden en libertad.

Asimismo, consideró que se establecerán criterios para beneficiar con la justicia a las víctimas y no a los criminales.

“Yo me iría más allá, creo que el secuestro agravado debe plantearse con pena de muerte”, subrayó el mandatario chihuahuense.


CIUDAD VICTORIA, Tamps., (apro).- Los ciudadanos de Tamaulipas acudieron a votar en medio de policías cuidando casillas, convoys de vehículos militares patrullando la ciudad y retenes de soldados vigilando las principales carreteras.

Maestros, estudiantes, jubilados y amas de casas confesaron que la principal consideración que tuvieron al emitir su voto fue la inseguridad.

La violencia que registra Tamaulipas parece endémica, sólo basta recordar que en el pasado proceso electoral fue asesinado Rodolfo Torre Cantú, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura.

El candidato asesinado tuvo que ser sustituido unos días antes de que fueran las elecciones por su hermano, Egidio Torre, actual mandatario estatal.

Apenas el viernes pasado un coche bomba explotó frente a la alcaldía de Nuevo Laredo, provocando siete heridos, daños en once vehículos, en la fachada del inmueble y sumergiendo a la población de esa ciudad fronteriza en un clima de zozobra.

Días antes, por segunda ocasión en menos de un mes, aparecían 14 cuerpos descuartizados en el vecino municipio de Ciudad Mante, la región cañera de Tamaulipas dominada por la delincuencia organizada.

La inseguridad “que impide salir a cualquier parte” y la falta de trabajo fueron los dos temas que consideró una ama de casa que votó en la misma casilla adonde acudió el gobernador Egidio Torre Cantú.

“Ya ve cómo está la situación ahorita. Se ven tantas cosas en la actualidad que no se veían antes. Espero que con este voto que hice, que ya se vea algo mejor”, dijo la mujer de 35 años de edad.

Tamaulipas es el único estado de la República que tiene dos exgobernadores, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, acusados en México y Estados Unidos de estar relacionados con los cárteles del narcotráfico.

Amigos cercanos de esos exmandatarios ubican a Yarrington en San Antonio y a Eugenio Hernández en España.

El exmandatario Manuel Cavazos Lerma, quien compite por un escaño en el Senado de la República por el PRI, también es señalado de tener nexos con la delincuencia organizada.

Quizá por esa razón los tamaulipecos votaron por la fórmula del PAN al senado, la cual lleva 10 puntos porcentuales de ventaja sobre la del PRI en el contero del IFE.

“La cuestión de la seguridad fue la primera razón que pensé al emitir mi voto”, dijo un jubilado que votó en la casilla ubicada en la escuela primaria José Vasconcelos.

“Es lo más importante que ocurre en Tamaulipas. Es un estado que tiene frontera con Estados Unidos y eso hace muy difícil la situación”, agregó.

Una estudiante de doctorado contó que antes de emitir su sufragio analizó las propuestas de todos los candidatos.

“Lo que espero de la persona que próximamente no esté representando es nuestra seguridad, que mejore nuestra economía. Principalmente la inseguridad, porque en Tamaulipas está a todo lo que da. Entonces yo busco seguridad primero y después la cuestión económica”, concluyó.

Las principales ciudades del estado, como Matamoros, Tampico, Ciudad Victoria y Laredo, sufren los constantes combates que protagonizan el cártel del Golfo y los Zetas.

Cuando un grupo domina una de esas plazas, el rival se la “calienta”, con atentados con granadas de fragmentación, ejecuciones múltiples de presuntos rivales, que dejan junto con narcomensajes, o enfrentamientos directos.

Un trabajador de la colonia Azteca consideró la “difícil situación” que vive el estado al momento de emitir su voto. “Sobre todo la inseguridad que es lo que más nos urge en este momento en el estado y en el país. Por ahora parece que está calmado, pero de repente suben las cosas. La situación es bastante, bastante difícil”, concluyó el trabajador.

Durante el proceso electoral, la violencia no cesó, y en dos municipios aledaños a la capital registraron hechos relacionados con la delincuencia organizada.

En el municipio de Padilla fue arrojada en la plaza principal el cuerpo descuartizado de una mujer.

Además, en el poblado de Guemez se reportó que hombres armados robaron las urnas para candidatos a la presidencia y al senado.


TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que tres presuntos militantes priistas perdieron la vida y tres más resultaron gravemente heridos este domingo en la comunidad de Rincón Chamula.

Según la dependencia, un grupo armado vinculado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) les disparó a quemarropa con cuernos de chivo.

En comunicado oficial, la procuraduría estatal refirió que, de acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos se suscitaron alrededor de las cuatro de la tarde en la comunidad ubicada en la zona norte de la entidad, cuando las víctimas hacían fila para emitir su voto.

Además, explicó que, según testimonios recabados hasta ahora, el incidente fue provocado por los candidatos municipales de ambos partidos.

La PGJE añadió que los priistas que perdieron la vida respondían a los nombres de Dionisio Sánchez Gómez, Jorge López Pérez y Santiago Sánchez Hernández y que los heridos son Manuel Hernández Bautista y Romeo Sánchez Gómez.

En su huida, los agresores atropellaron a Rosalina Sánchez Gómez, quien fue trasladada de emergencia a un hospital de la región donde fue reportada como estable.

El incidente provocó la movilización de elementos de la PGJE, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), la Policía Federal y efectivos del 31 Batallón del Ejército Mexicano.

Las autoridades resguardan la zona para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias de Rincón Chamula.

Los lugareños denunciaron por la tarde que los agresores armados pertenecen al grupo del alcalde en funciones Pedro Bautista, quien apoya a su sobrino, candidato del PVEM a la alcaldía, Mateo Bautista, originario ambos de esa comunidad donde se registro la balacera.

Sobre el particular, el Secretario General de Gobierno, Noe Castañón León, comentó:

“Efectivamente estaban en plena votación cuando llego un grupo de personas a incitar a otros a que quemaran las urnas, hubo golpes y disparos de armas de fuego. La policía no pudo intervenir porque estaba desarmada”.

El funcionario recordó que el alcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pedro Bautista, era del PRD y que en febrero pasado se afilió al PVEM, ya estuvo acusado por portar armas de fuego de alto poder y de transportar droga pero fue liberado.

“No sabemos porque lo respaldan. Los del Verde sacan las armas porque querían rellenar las urnas, y porque no lo permitieron es que sacaron las armas (…) Ahora no podemos entrar. Iban con cuernos de chivo. No quieren que saquen a los que mataron, los tienen adentro y por eso no dejan entrar ni salir a nadie”, afirmó.

José Guadarrama Márquez, senador del PRD, lamentó los hechos ocurridos en Rincón Chamula, y aunque tampoco precisó el número de muertos y heridos, dijo que el incidente violento empaña el proceso electoral.

El también vocero de la coalición Movimiento Progresista integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, denunció que además de los hechos de violencia perpetrados en Rincón Chamula, se registraron varias irregularidades en el estado tales como: compra y coacción del voto, acarreo de votantes, reparto de despensas y materiales de construcción, así como inducción del voto en muchas comunidades indígenas y rurales.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían confirmado el número oficial de víctimas.


En nueve años, 20,000 establecimientos independientes han cerrado

El sector farmacéutico enfrenta una grave crisis por la delincuencia en México, y es que en los últimos nueve años 20,000 farmacias independientes desaparecieron de los 38,000 negocios que existían en el 2003, acusó Oscar Zavala Martínez, presidente de Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm).

En el último año (2011 y lo que va del 2012), 2,000 farmacias se vieron afectadas por la inseguridad. De éstas, 1,000 casos fueron sujetos de extorsión telefónica o directa, mientras que las entidades identificadas con el mayor índice delictivo son Guerrero, Morelos, Estado de México y el Distrito Federal.

El empresario precisó que 710 farmacias independientes se vieron afectadas por robo de mercancía, ya sea a mano armada en el negocio, o bien, durante la llegada de productos químicos a los camiones, con mayor frecuencia en el Estado de México y el Distrito Federal.

En tanto, reportó que hubo 180 secuestros a los empresarios con 10 decesos y 110 casos de extorsión de seudoverificadores en materia de regulación sanitaria o de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“La delincuencia es el factor que más ha impactado, pues de 5,000 farmacias independientes que pertenecen a la Unefarm, 2,000 fueron víctimas de este fenómeno”, aseveró Zavala Martínez en conferencia de prensa.

Los agremiados de la Unefarm invierten 40,000 pesos la resguardar su seguridad cada año, en aparatos como videocámaras, alarmas, vigilancia y barrotes.

Programa de equipamiento

Ricardo Navarro, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de la ciudad de México, informó que para mejorar el entorno de las farmacias independientes se realizará un programa piloto de capacitación con 300 farmacias, dotándolas de un punto de venta con computadora, el software necesario y el lector de código de barras, que les permitirá conocer la rotación de su inventario y hacer compras de manera adecuada, con el fin de hacerlas competitivas.

Y es que el giro de las farmacias se enfrenta también a la competencia desleal que encabezan los grandes centros comerciales sobre los pequeños negocios, los cuales no respetan el marco jurídico, dijo.

Previo al arranque del congreso de los farmacéuticos, el empresario pugnó por romper con la cadena de distribución, ya que los centros comerciales compran directamente a los laboratorios, sin necesidad del intermediario y, en cambio, logran un margen de utilidad doble, lo que rompe con la estructura económica de la dispensación de los medicamentos, expresó Zavala.

lgonzalez@eleconomista.com.mx

CRÉDITO:

Lilia González, El Economista


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Hombres armados atacaron a tiros al vehículo donde viajaba el candidato a la alcaldía de Venustiano Carranza por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ludwing Constantino González, sin que se reportaran personas lesionadas.

La Policía Municipal informó que la agresión ocurrió la víspera, cuando el candidato había terminado un mitin en la colonia 31 de Diciembre y se dirigía a la cabecera municipal, pero a la altura del lugar conocido como El Mangal, hombres armados abrieron fuego contra del vehículo donde viajaba.

El reporte de la Policía de Venustiano Carranza indicó que Constantino González se desplazaba en una camioneta color blanco Chevrolet, tipo Cheyenne, cuando fue atacado; uno de los disparos de arma de fuego se incrustó en el lado izquierdo de la camioneta pero el conductor resultó ileso.

Seguidores de Constantino González se han concentrado desde anoche en la casa de campaña del PVEM, para manifestarle su respaldo, mientras que Mariano Constantino Peña, padre del candidato, pide justicia, pues él fue hace siete años alcalde de este lugar por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Derivado de la agresión armada en su contra el candidato interpuso demanda ante la Fiscalía de Distrito de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para demandar se investigue hasta sus últimas consecuencias.

El municipio de Venustiano Carranza libra desde hace más de 40 años una lucha por la tenencia de la tierra entre miembros de organizaciones sociales, principalmente entre la Casa del Pueblo y Alianza San Bartolomé de los Llanos, que ha dejado una decenas de indígenas muertos, presos, invasiones y desalojos.


REFORMA Ciudad de México.- El Ejército y la Marina reforzaron su presencia en Nuevo León ante el temor de que el Estado se contagie de los hechos violentos que están sacudiendo a Nuevo Laredo, donde la narcoguerra ha dejado masacres, constantes balaceras, negocios incendiados y el estallido de un coche bomba.

Según fuentes de la Sedena, unos 2 mil 700 efectivos ampliaron la cobertura de los operativos militares en el Estado, así como en la frontera de Tamaulipas y Coahuila. Además del área metropolitana de Monterrey y municipios rurales del norte de Nuevo León, ahondaron los informantes, Nuevo Laredo y Piedras Negras son prioridades. La llegada de los soldados, explicaron los informantes, es adicional a la llamada “Operación Rastrillo”, que el Ejército lanzó para identificar y capturar a los responsables de arrojar 49 torsos en el municipio de Cadereyta, el pasado 13 de mayo.

“Son acciones aparte”, dijo un mando militar. “Una implica realizar tareas de inteligencia y la otra pretende una presencia para evitar más hechos violentos como los de Nuevo Laredo. “Los patrullajes en esas ciudades van dirigidos a prevenir”, agregó, “y a localizar gente armada y en delitos flagrantes”. Desde el lunes, en medio de una ola de balaceras, cuyo saldo se desconoce, Nuevo Laredo registra dos discotecas y un casino incendiados, así como la detonación de un coche bomba en un hotel donde se hospedaban policías estatales. El estallido del vehículo dejó ocho uniformados y dos civiles hospitalizados. De acuerdo con las fuentes militares, la violencia es producto de la rivalidad entre el Cártel del Golfo y los Zetas, que pelean el control de plazas y de las vías de tránsito que llevan a la frontera con Estados Unidos. En Nuevo León, detallaron, los nuevos militares ampliarán los patrullajes en el área metropolitana de Monterrey. Los mandos indicaron que Apodaca, Guadalupe, San Pedro y San Nicolás están entre los municipios a apoyar. Además, destacaron las fuentes, Anáhuac y China son de especial importancia, pues son puntos clave para el tráfico de armas y droga, por lo que no descartan que la violencia afecte a esas poblaciones. En tanto, Juárez y Cadereyta verán un reforzamiento de los despliegues terrestres de reconocimiento. Las acciones implican vigilancia aérea, por ejemplo, en localidades rurales como Cerralvo, Agualeguas y Sabinas Hidalgo. Sobre Tamaulipas, los mandos revelaron que los refuerzos serán concentrados en Nuevo Laredo. Unidades de la Policía Militar, del 39 y 105 batallones de Infantería, ya patrullan las carreteras que unen a esta ciudad fronteriza con Sabinas Hidalgo y Anáhuac, así como con Reynosa y Piedras Negras. En Reynosa se dispuso de diversos puestos de control vehicular y puentes aéreos a los municipios de la llamada frontera chica -Camargo, Díaz Ordaz y Miguel Alemán- en apoyo a las tropas ahí destacamentadas. La mayor parte de los refuerzos fueron movilizados de áreas que dependen de la Cuarta Región Militar, con sede en Monterrey y que abarca Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. También participan batallones de Infantería, Fusileros Paracaidistas y Fuerzas Especiales enviados de la Ciudad de México. Efectivos de la Armada apoyan estos despliegues de seguridad en Piedras Negras, donde apenas el 21 de mayo reventaron un taller donde se confeccionaban uniformes y chalecos apócrifos de la Secretaría de Marina.


CAPAZ DE violar y MATAR A SU PROPIA? MADRE SI SE LO MANDA EL CHARLE O EL BUITRE.

VISITA EL SITIO WEB: http://www.eluniversal.com.mx El hermano de la ex procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González, fue secuestrado por ser el encargado de hacer tratos con la organización “La Línea” a nombre de la ex funcionaria, aseguró uno de los presuntos sicarios que participó en el secuestro y homicidio de Mario González. En un video que difundió ayer la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), Luis Miguel Ibarra Castellanos “El Cora” detalló que se utilizaron dos discos para grabar el interrogatorio del abogado, divulgado por Internet; en el primero contestó libremente y en el segundo fue presionado para leer unas cartulinas. “Todas la preguntas del primer disco las contestó como él sabía, nunca le pusimos algo… En el segundo disco ya salen otras preguntas, pero al parecer para incriminar, o no sé cuál sería el motivo”, refirió. El presunto sicario, de 21 años, no precisa qué preguntas respondió libremente el abogado. Detalla que lo torturaron “tan sólo en las plantas de los pies y en las piernas” y que lo asesinaron al día siguiente. El grupo recibió instrucciones de cavar una fosa en un lote baldío. “A las seis de la tarde se nos ordena que lo llevemos a enterrar. Lo privamos de la vida en ese instante, como 5 y media… lo ejecutamos en la misma casa entre todos”, relató. La grabación difundida ayer por la SSP contiene imágenes de los otros siete detenidos, que dicen pertenecer al Cártel de Sinaloa. En tanto, en Chihuahua, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa para pedir a la PGR y a la Fiscalía General del Estado que inicien una “profunda investigación” en torno a los videos que circularon a través de la Internet en semanas anteriores. La iniciativa de los legisladores panistas no menciona por su nombre al abogado Mario Ángel González, cuya imagen fue vista en Internet a través de un blog denominado “El Puma Original”, donde hacía una serie de acusaciones a funcionarios de la anterior administración estatal, incluida su propia hermana, la ex procuradora Patricia González, y al entonces gobernador, José Reyes Baeza. La autoridad debe investigar los señalamientos sobre la participación de servidores públicos en presuntos hechos que pudieran ser considerados delictivos, dice el documento presentado por los panistas. (Con información de Alejandro Salmón/El Diario)


TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El presidente del PRI estatal, Roberto Albores Gleason, condenó la violencia suscitada en el municipio de Villaflores, que cobró la vida del militante panista Edgardo Hernández Corzo, al tiempo que demandó se investigue a fondo el caso. “Los priistas repudiamos los hechos violentos suscitados en Villaflores y exigimos la aplicación irrestricta de la ley a quien resulte responsable”, sostuvo el dirigente priista. Luego de admitir que las autoridades judiciales vinculan en los hechos al aspirante priista a la alcaldía, Ulises Grajales Niño, destacó que la directiva nacional del PRI, a propuesta del Comité Directivo Estatal (CDE), decidió cancelar esa candidatura. La dirigencia nacional priista, añadió Albores Gleason, también hizo un llamado a Grajales Niño para que coadyuve con las autoridades en las indagatorias que lleven a esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. “Nuestro papel como instituto político es, sin duda, no incriminar a nadie, pero no estaremos omisos a los actos de violencia; en este sentido, pedimos a las autoridades que de forma expedita aclaren la situación jurídica de Ulises Grajales”, planteó Roberto Albores. Condena panista La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), así como su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, condenaron el asesinato de Edgardo Hernández, sobrino de Roger de Coss Corzo, candidato panista a diputado federal en Chiapas. En su cuenta de Twitter, Vázquez Mota resaltó: “El asesinato de Édgar Hernández Corzo, joven brigadista de nuestro partido, me entristece e indigna. No debe quedar impune”. Por su lado, la directiva panista lamentó el homicidio y expresó sus condolencias a la familia de la víctima. En un comunicado, la dirigencia panista detalló que Edgardo Hernández regresaba de realizar diferentes actividades propagandísticas, tales como pintar bardas y repartir propaganda en el ejido Nuevo México, cuando hombres armados a bordo de un vehículo empezaron a seguirlo y lo atacaron en el tramo carretero Villaflores-Chanona. Los hechos ocurrieron a la altura del rancho El Sinaloense, donde el activista murió acribillado. “El PAN exige a las autoridades locales que investiguen los testimonios y hechos ocurridos en el tramo carretero Villaflores-Chanona, ya que un acto de esta naturaleza no puede quedar impune, y pedimos que de manera expedita se finquen sanciones a quienes resulten responsables”, se advierte en el comunicado emitido esta noche. Según diferentes reportes, Hernández Corzo, de 25 años, hacía activismo político en el municipio de Villaflores, donde colaboraba en la campaña del candidato panista a la alcaldía, Mariano Rosales.


CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).- La tarde de este jueves fueron abandonados 15 cadáveres en el interior de una camioneta estacionada frente a la presidencia municipal de Ciudad Mante, Tamaulipas, junto con un mensaje dirigido a Los Zetas, informó hoy una fuente de la Fiscalía estatal. De acuerdo con la misma fuente, aproximadamente a las 14:30 horas un grupo de desconocidos estacionó el vehículo en las calles aledañas a la alcaldía, ubicada entre las avenidas Hidalgo y Guerrero, en el centro de esa localidad. La información comenzó a circular inicialmente por las redes sociales y luego fue confirmada por las autoridades locales. Al lugar acudieron los militares que realizan funciones de policías municipales, quienes acordonaron el área y sus alrededores. Además, el edificio de la Presidencia fue desalojado y se cerró el tráfico de vehículos sobre la avenida Hidalgo. También acudieron peritos de la Fiscalía para recoger evidencias del multihomicidio, mismo que se atribuye un grupo rival a Los Zetas. Hasta el momento, las autoridades estatales no han solicitado la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR). Ciudad Mante se localiza al sur del estado, a 137 kilómetros de Ciudad Victoria y a 168 de Tampico.


ZACATECAS, Zac. (apro).- Cuatro cabezas humanas fueron abandonadas dentro de una hielera en la caja de una camioneta pick-up que fue escoltada por un convoy en pleno mediodía hasta la entrada del Mercado de Abastos en esta capital, con mensajes de amenaza al grupo delictivo Los Zetas. El convoy ingresó por una zona de tráfico vehicular lento debido a las obras de construcción de un distribuidor vial, en un perímetro en el que se localizan las instalaciones de la Presidencia Municipal, la Policía Ministerial del Estado, la Policía Municipal y la Dirección de Tránsito. Sin ningún impedimento, el convoy llegó hasta el acceso principal de las bodegas del Mercado de Abastos aproximadamente a las 11:20 horas, cuando esta zona se encontraba atestada de gente efectuando sus compras. De ese punto, los hombres fuertemente armados que viajaban en varios vehículos se retiraron y dejaron estacionada una vieja camioneta Nissan pick-up, en cuya caja posterior había una hielera. En los asientos fueron colocados varios mensajes en los cuales se hacen advertencias a Los Zetas, a quienes se les hace saber que se terminaron sus días en el territorio zacatecano. Hasta el momento se ignora quiénes son los responsables de estos hechos o qué grupo se adjudica las amenazas a Los Zetas. Usuarios de la Central de Abastos llamaron a las corporaciones de seguridad. Elementos de la Policía Federal y del estado acudieron y abrieron la hielera, encontrando las cuatro cabezas humanas. En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que dio inicio a una investigación y trabaja en la identificación de las víctimas que fueron decapitadas. Hasta el momento sólo dio a conocer que se trata de cuatro hombres. (Con información de Verónica Espinosa)

rabia paralítica bovina

Autoridades de Tamaulipas advirtieron que la presencia de rabia paralítica bovina en algunas regiones del sur de la entidad representa una amenaza para la poblaciónCiudad Victoria, Tamps.- Autoridades de Tamaulipas advirtieron que la presencia de rab…

Autoridades de Tamaulipas advirtieron que la presencia de rabia paralítica bovina en algunas regiones del sur de la entidad representa una amenaza para la población

Ciudad Victoria, Tamps.- Autoridades de Tamaulipas advirtieron que la presencia de rabia paralítica bovina en algunas regiones de la entidad representa una amenaza para la población, debido a que la manipulación de animales contagiados puede trasmitirse a los humanos.

El director de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Jorge Luis Zertuche Rodríguez afirmó que los casos de rabia paralitica bovina que existe en municipios del sur del estado, incluso en San Fernando, mantiene preocupadas a las autoridades agropecuarias y de Salud.

Explicó que existe el riesgo de que una persona que manipule a un animal infectado adquiera el virus a través de pequeñas heridas o por medio de la mucosa ocular, al introducir las manos en el hocico de un animal enfermo que este salivando.

También podría producir contagio el hecho de que una persona manipule un animal que haya muerto por a causa del virus, y le corte la cabeza u otras extremidades, en virtud de que aún después de varios días, la enfermedad permanece en el tejido.

Comentó que hasta hace poco tiempo los murciélagos que trasmiten la rabia paralítica bovina se localizaban básicamente en municipios del sur del estado, sin embargo ahora se han extendido a un municipio del norte de la entidad, donde podría resultar más peligroso porque los productores desconocen el manejo de la enfermedad.