prolongada sequía

Los líderes indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz defendieron el agua de su comunidad de las arbitrariedades de un grupo caciquil, pero se les fabricó un delito por el que estuvieron presos tres años


Ciudad de México.- José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz no sonríen, pero tampoco se quejan.

Es como si en el momento les cayeran encima los casi tres años pasados en la cárcel por un delito fabricado. Aún no asimilan estar libres, luego de que el miércoles pasado la Suprema Corte de Justicia así lo determinó.

«Yo sentía muy feo, tuve mucho sufrimiento, unos 15 días estuvimos en observación, las celdas, no pude dormir, completamente desesperado estuve yo, sentía un dolor muy fuerte, aparte de familia», expresa José Ramón.
«Yo en la cárcel sentí difícil porque nosotros, yo siento que mi familia estén tristes, se preocupan por nosotros», complementa Pascual.

Ambos hombres hablan pausado, articulando con dificultad las frases que les permiten sus limitados conocimientos del español, pues su lengua natal es el náhuatl. Esa circunstancia fue precisamente la que les impidió defenderse ante las autoridades.

A 15 horas de haber salido del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, afirman que en su corazón sólo existe disposición para perdonar a quienes los acusaron falsamente del delito de robo de vehículo.

Su historia, al igual que la de otros indígenas encarcelados tiene el denominador común de la discriminación por la pobreza y el origen étnico.

Ambos son originarios de la comunidad de Atla del municipio de Pahuatlán, Puebla, donde históricamente existe un conflicto por el acceso al agua.

Sólo algunos de los 2 mil 172 habitantes cuentan con este derecho pues el suministro es controlado por un grupo caciquil que exigen cuotas de hasta 5 mil pesos o 40 días de faenas no remuneradas.

En aras de conseguir el líquido, algunos pobladores se abastecen con cubetas o líneas de mangueras desde manantiales cercanos. Para impedirlo, el grupo caciquil contamina el agua con animales muertos y basura o corta las líneas de suministro.

Ante la ausencia de las autoridades la problemática ha escalado al punto de presentarse enfrentamientos campales y homicidios.

En mayo de 2008, los habitantes de Atla eligieron a José Ramón, de 64 años y padre de ocho hijos, como presidente auxiliar, y a Pascual, de 48 años y con seis hijos, como juez menor de paz.
Los hombres convocaron a una asamblea y renovaron el Comité del Agua, cuyos nuevos miembros hicieron suyo un proyecto auspiciado por el municipio para beneficiar gratuitamente a toda la población con el líquido.

El 22 de octubre de 2009 un incidente cambiaría la vida de los dirigentes comunitarios.

En esa fecha fueron embestidos por el vehículo que conducía Abraham Aparicio, hijo de Cristóbal Aparicio Domínguez, señalado como integrante del grupo caciquil. El responsable escapó y abandonó el vehículo con las llaves puestas.

El comandante de policía Carmelo Castillo Martínez llegó al lugar de los hechos, tomó nota del abandono y trasladó la unidad al corralón municipal. A pesar de que José Ramón y Pascual perdonaron a Cristóbal, 10 días después éste interpuso una denuncia penal por robo de vehículo con violencia.

El 13 enero de 2009 los hombres fueron detenidos por ese ilícito y en 12 de julio se les dictó una sentencia de 7 años y 22 días de prisión. El Tribunal Superior de Justicia del estado confirmó la responsabilidad, pero modificó el castigo a 6 años, 10 mes y 20 días de prisión.

Castillo fue detenido en 2011, acusándolo de cómplice, y recuperó su libertad el pasado 23 de noviembre.
El caso de los activistas fue llevado ante la Corte luego de que la defensa alegó que las acusaciones eran falsas y no existían pruebas para sostenerlas, además de que jamás se les proporcionó un intérprete. La primera sala ordenó ponerlos en libertad.

«No es tolerable que en un país como México sigamos asistiendo al uso del sistema de justicia penal para encarcelar y reprimir las demandas legítimas de la población», reprochó ayer Daniel Zapico, de Amnistía Internacional.

«La respuesta es muy sencilla, en una palabra: corrupción. Eso fue lo que sucedió en el caso de ellos, no se necesita tener un gran puesto de poder, sino una cifra considerable de dinero, unos 20 o 30 mil pesos para que el Ministerio Público inicie una averiguación previa por un delito inexistente y luego al juez darle otro tanto», expresó Araceli Olivo, abogada del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

El miércoles a las 18:00 horas terminó el encierro para José Ramón y Pascual. Fueron recibidos afuera del por sus esposas Brígida Cruz y Salustia Aparicio, quienes los acompañaron ayer en la rueda de prensa que ofrecieron.

Ahora volverán a su casa donde los espera una fiesta en la comunidad.

Pero el conflicto del agua continúa sin solucionarse.

«Sabemos que las personas nos echaron en la cárcel, nos difamaron, pero yo siento en mi corazón que aunque estuvimos tres años encarcelados, desesperados, pensativos, preocupadísimos por nuestras familias por mi parte siento en mi corazón que yo los perdono, no quiero venganzas, no quiero a ellos con enemigos», dice con franqueza José Ramón.

«No es bueno hacer una venganza, nosotros somos personas inocentes y por eso no vamos a hacer eso», agrega Pascual.


La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) anunció que se ampliará y acelerará el pago del programa “70 y más” en comunidades afectadas por la sequía, además de que se agilizará la entrega de recursos de Oportunidades a beneficiarios afectados en el norte del país.

El titular de la Sedesol, Heriberto Félix Guerra, explicó que la dependencia comenzó con la entrega de apoyos directos desde el 16 de enero en varias entidades afectadas y en los casos de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas se aplicó un operativo especial.
El responsable de la política social del país afirmó que con el “70 y más” se pretende incrementar en más de un millón el padrón de beneficiarios, para llegar a tres millones 500 mil antes de que finalice el año.
Adelantó que se comenzarán a censar de nuevo las comunidades más afectadas por la sequía, con el objetivo de identificar a las familias que podrían incorporarse al Programa Oportunidades y recibir apoyos en alimentación, educación y salud.

Félix Guerra abundó que estas medidas de celeridad se dan como parte de la Estrategia Integral para la Atención de la Sequía 2012, que se suman a las acciones ya emprendidas para distribuir agua potable para consumo humano y paquetes alimentarios entre la población de las comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

En este marco, detalló que a la Sedesol le corresponde abastecer de agua potable a las comunidades afectadas, de insumos alimentarios básicos, cobijas y emitir los recursos del Programa de Empleo Temporal, que se aplicará en las zonas afectadas para evitar el éxodo masivo de indígenas a las ciudades.
“Si no llueve en los próximos meses, estimamos que se ocupará el equivalente a 500,000 vueltas o viajes de pipas de 10,000 litros cada una”, expuso.

Aclaró que la Sedesol ha otorgado los apoyos con total rendición de cuentas, por ello se han conformado comités comunitarios de transparencia, los cuales se encargan de administrar el agua y los alimentos.

Chihuahua.- El indígena rarámuri Juan Antonio Remechi tuvo que caminar un día y medio los 105 kilómetros de terreno sinuoso que hay entre su comunidad, en Batopilas, y un centro nutricional de Guachochi, para avisar que su hija se estaba muriendo.

«La niña casi ni se movía, estaba enferma y me vine a Guachoci desde Chilochique (municipio de Batopilas), y los doctores fueron por mi niña y mi señora», narra en entrevista el hombre de 40 años.

Ahora, después de dos meses, en el Centro de Recuperación Nutricional y Albergue Materno dieron de alta a la pequeña María, de dos años y medio, tras presentar desnutrición severa.

Desde que internaron a la pequeña, Juan ha servido como intérprete y se incorporó además a las labores cotidianas del albergue, en donde se fomenta el aprendizaje del cultivo de hortalizas y se construyen prototipos de vivienda con paja y adobe.

«Aquí ayudo al centro en lo que se ofrezca, porque desde hace dos meses que trajeron a mija para levantarla, me he puesto a aprender a cultivar ajo, cilantro, papa y otras cosas que pueden crecer con poca agua», indica el indígena.

Aunque Juan tiene tres hijos más, todos habían podido sobrevivir a la falta de alimentos, pero el nacimiento de su pequeña coincidió con la peor sequía que se recuerde en esta zona en los últimos 70 años.

«Somos muy pobres, pero nunca nos había pasado que se nos estuviera muriendo una criatura, porque como que mi esposa no comió bien y no criaba leche, y la niña se nos empezó a morir», cuenta.

La condiciones históricas de pobreza aunado a la peor sequía que se vive en la Sierra Tarahumara, ha hecho que cada año el sector Salud reporte un promedio de 15 muertes a causa de la desnutrición severa.

«Tenemos en los últimos 10 años cifras muy similares en los casos de mortandad de niños por desnutrición, sólo que en la década pasada éstos ocurrían por las fuertes nevadas y ahora se dan por la sequía», lamentó Joel David Lomelí, coordinador de Epidemiología del Sector Salud de la Subsede Guachochi.

Informó que hasta el momento han arribado 231 infantes con desnutrición leve, 43 con moderada y 30 con desnutrición severa.


Ciudad ed México.- Unos 50 indígenas rarámuris se suicidaron en diciembre de 2011 en la Sierra Tarahumara de México por la desesperación de no poder alimentar a sus hijos, denunció el domingo a la prensa Ramón Gardea, integrante del sindicato Frente Organizado de Campesinos.

«Las mujeres indígenas cuando llevan cuatro o cinco días sin poder darle de comer a sus hijos, se ponen tristes; y es tanta su tristeza que hasta el 10 de diciembre (2011) 50 hombres y mujeres, pensando que no tienen que darle a sus hijos, se arrojaron al barranco», dijo Gardea a una televisora del estado de Chihuahua (norte), donde se ubica la sierra Tarahumara.

Ante la falta de alimentos los indígenas «se avientan al barranco, otros se ahorcan», insistió Gardea.

Chihuahua es uno de los estados más afectados por una prolongada sequía, cuyos efectos se han recrudecido por el invierno boreal en México.

La sequía, considerada por las autoridades como la peor en la historia moderna de México, provocó la pérdida en la Sierra Tarahumara de 20.000 toneladas de maíz para autoconsumo, según datos del gobierno de Chihuahua.

El líder campesino no precisó cuándo se registró el primer suicidio de los indígenas, que tienen como principales actividades económicas la agricultura, la caza, manufactura de cestos y cobijas, además de la explotación forestal.

Una colecta ciudadana de alimentos para los indígenas de la Sierra Tarahumara se desarrolla este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza principal del país.

Los líderes indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz defendieron el agua de su comunidad de las arbitrariedades de un grupo caciquil, pero se les fabricó un delito por el que estuvieron presos tres años


Ciudad de México.- José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz no sonríen, pero tampoco se quejan.

Es como si en el momento les cayeran encima los casi tres años pasados en la cárcel por un delito fabricado. Aún no asimilan estar libres, luego de que el miércoles pasado la Suprema Corte de Justicia así lo determinó.
"Yo sentía muy feo, tuve mucho sufrimiento, unos 15 días estuvimos en observación, las celdas, no pude dormir, completamente desesperado estuve yo, sentía un dolor muy fuerte, aparte de familia", expresa José Ramón.
"Yo en la cárcel sentí difícil porque nosotros, yo siento que mi familia estén tristes, se preocupan por nosotros", complementa Pascual.
Ambos hombres hablan pausado, articulando con dificultad las frases que les permiten sus limitados conocimientos del español, pues su lengua natal es el náhuatl. Esa circunstancia fue precisamente la que les impidió defenderse ante las autoridades.

A 15 horas de haber salido del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, afirman que en su corazón sólo existe disposición para perdonar a quienes los acusaron falsamente del delito de robo de vehículo.

Su historia, al igual que la de otros indígenas encarcelados tiene el denominador común de la discriminación por la pobreza y el origen étnico.

Ambos son originarios de la comunidad de Atla del municipio de Pahuatlán, Puebla, donde históricamente existe un conflicto por el acceso al agua.

Sólo algunos de los 2 mil 172 habitantes cuentan con este derecho pues el suministro es controlado por un grupo caciquil que exigen cuotas de hasta 5 mil pesos o 40 días de faenas no remuneradas.

En aras de conseguir el líquido, algunos pobladores se abastecen con cubetas o líneas de mangueras desde manantiales cercanos. Para impedirlo, el grupo caciquil contamina el agua con animales muertos y basura o corta las líneas de suministro.

Ante la ausencia de las autoridades la problemática ha escalado al punto de presentarse enfrentamientos campales y homicidios.

En mayo de 2008, los habitantes de Atla eligieron a José Ramón, de 64 años y padre de ocho hijos, como presidente auxiliar, y a Pascual, de 48 años y con seis hijos, como juez menor de paz.
Los hombres convocaron a una asamblea y renovaron el Comité del Agua, cuyos nuevos miembros hicieron suyo un proyecto auspiciado por el municipio para beneficiar gratuitamente a toda la población con el líquido.

El 22 de octubre de 2009 un incidente cambiaría la vida de los dirigentes comunitarios.

En esa fecha fueron embestidos por el vehículo que conducía Abraham Aparicio, hijo de Cristóbal Aparicio Domínguez, señalado como integrante del grupo caciquil. El responsable escapó y abandonó el vehículo con las llaves puestas.

El comandante de policía Carmelo Castillo Martínez llegó al lugar de los hechos, tomó nota del abandono y trasladó la unidad al corralón municipal. A pesar de que José Ramón y Pascual perdonaron a Cristóbal, 10 días después éste interpuso una denuncia penal por robo de vehículo con violencia.

El 13 enero de 2009 los hombres fueron detenidos por ese ilícito y en 12 de julio se les dictó una sentencia de 7 años y 22 días de prisión. El Tribunal Superior de Justicia del estado confirmó la responsabilidad, pero modificó el castigo a 6 años, 10 mes y 20 días de prisión.

Castillo fue detenido en 2011, acusándolo de cómplice, y recuperó su libertad el pasado 23 de noviembre.
El caso de los activistas fue llevado ante la Corte luego de que la defensa alegó que las acusaciones eran falsas y no existían pruebas para sostenerlas, además de que jamás se les proporcionó un intérprete. La primera sala ordenó ponerlos en libertad.
"No es tolerable que en un país como México sigamos asistiendo al uso del sistema de justicia penal para encarcelar y reprimir las demandas legítimas de la población", reprochó ayer Daniel Zapico, de Amnistía Internacional.
"La respuesta es muy sencilla, en una palabra: corrupción. Eso fue lo que sucedió en el caso de ellos, no se necesita tener un gran puesto de poder, sino una cifra considerable de dinero, unos 20 o 30 mil pesos para que el Ministerio Público inicie una averiguación previa por un delito inexistente y luego al juez darle otro tanto", expresó Araceli Olivo, abogada del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

El miércoles a las 18:00 horas terminó el encierro para José Ramón y Pascual. Fueron recibidos afuera del por sus esposas Brígida Cruz y Salustia Aparicio, quienes los acompañaron ayer en la rueda de prensa que ofrecieron.

Ahora volverán a su casa donde los espera una fiesta en la comunidad.

Pero el conflicto del agua continúa sin solucionarse.

"Sabemos que las personas nos echaron en la cárcel, nos difamaron, pero yo siento en mi corazón que aunque estuvimos tres años encarcelados, desesperados, pensativos, preocupadísimos por nuestras familias por mi parte siento en mi corazón que yo los perdono, no quiero venganzas, no quiero a ellos con enemigos", dice con franqueza José Ramón.
"No es bueno hacer una venganza, nosotros somos personas inocentes y por eso no vamos a hacer eso", agrega Pascual.



La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) anunció que se ampliará y acelerará el pago del programa “70 y más” en comunidades afectadas por la sequía, además de que se agilizará la entrega de recursos de Oportunidades a beneficiarios afectados en el norte del país.

El titular de la Sedesol, Heriberto Félix Guerra, explicó que la dependencia comenzó con la entrega de apoyos directos desde el 16 de enero en varias entidades afectadas y en los casos de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas se aplicó un operativo especial.
El responsable de la política social del país afirmó que con el “70 y más” se pretende incrementar en más de un millón el padrón de beneficiarios, para llegar a tres millones 500 mil antes de que finalice el año.
Adelantó que se comenzarán a censar de nuevo las comunidades más afectadas por la sequía, con el objetivo de identificar a las familias que podrían incorporarse al Programa Oportunidades y recibir apoyos en alimentación, educación y salud.

Félix Guerra abundó que estas medidas de celeridad se dan como parte de la Estrategia Integral para la Atención de la Sequía 2012, que se suman a las acciones ya emprendidas para distribuir agua potable para consumo humano y paquetes alimentarios entre la población de las comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

En este marco, detalló que a la Sedesol le corresponde abastecer de agua potable a las comunidades afectadas, de insumos alimentarios básicos, cobijas y emitir los recursos del Programa de Empleo Temporal, que se aplicará en las zonas afectadas para evitar el éxodo masivo de indígenas a las ciudades.
“Si no llueve en los próximos meses, estimamos que se ocupará el equivalente a 500,000 vueltas o viajes de pipas de 10,000 litros cada una”, expuso.

Aclaró que la Sedesol ha otorgado los apoyos con total rendición de cuentas, por ello se han conformado comités comunitarios de transparencia, los cuales se encargan de administrar el agua y los alimentos.


Chihuahua.- El indígena rarámuri Juan Antonio Remechi tuvo que caminar un día y medio los 105 kilómetros de terreno sinuoso que hay entre su comunidad, en Batopilas, y un centro nutricional de Guachochi, para avisar que su hija se estaba muriendo.

"La niña casi ni se movía, estaba enferma y me vine a Guachoci desde Chilochique (municipio de Batopilas), y los doctores fueron por mi niña y mi señora", narra en entrevista el hombre de 40 años.

Ahora, después de dos meses, en el Centro de Recuperación Nutricional y Albergue Materno dieron de alta a la pequeña María, de dos años y medio, tras presentar desnutrición severa.

Desde que internaron a la pequeña, Juan ha servido como intérprete y se incorporó además a las labores cotidianas del albergue, en donde se fomenta el aprendizaje del cultivo de hortalizas y se construyen prototipos de vivienda con paja y adobe.

"Aquí ayudo al centro en lo que se ofrezca, porque desde hace dos meses que trajeron a mija para levantarla, me he puesto a aprender a cultivar ajo, cilantro, papa y otras cosas que pueden crecer con poca agua", indica el indígena.

Aunque Juan tiene tres hijos más, todos habían podido sobrevivir a la falta de alimentos, pero el nacimiento de su pequeña coincidió con la peor sequía que se recuerde en esta zona en los últimos 70 años.

"Somos muy pobres, pero nunca nos había pasado que se nos estuviera muriendo una criatura, porque como que mi esposa no comió bien y no criaba leche, y la niña se nos empezó a morir", cuenta.

La condiciones históricas de pobreza aunado a la peor sequía que se vive en la Sierra Tarahumara, ha hecho que cada año el sector Salud reporte un promedio de 15 muertes a causa de la desnutrición severa.

"Tenemos en los últimos 10 años cifras muy similares en los casos de mortandad de niños por desnutrición, sólo que en la década pasada éstos ocurrían por las fuertes nevadas y ahora se dan por la sequía", lamentó Joel David Lomelí, coordinador de Epidemiología del Sector Salud de la Subsede Guachochi.

Informó que hasta el momento han arribado 231 infantes con desnutrición leve, 43 con moderada y 30 con desnutrición severa.



Ciudad ed México.- Unos 50 indígenas rarámuris se suicidaron en diciembre de 2011 en la Sierra Tarahumara de México por la desesperación de no poder alimentar a sus hijos, denunció el domingo a la prensa Ramón Gardea, integrante del sindicato Frente Organizado de Campesinos.

"Las mujeres indígenas cuando llevan cuatro o cinco días sin poder darle de comer a sus hijos, se ponen tristes; y es tanta su tristeza que hasta el 10 de diciembre (2011) 50 hombres y mujeres, pensando que no tienen que darle a sus hijos, se arrojaron al barranco", dijo Gardea a una televisora del estado de Chihuahua (norte), donde se ubica la sierra Tarahumara.

Ante la falta de alimentos los indígenas "se avientan al barranco, otros se ahorcan", insistió Gardea.

Chihuahua es uno de los estados más afectados por una prolongada sequía, cuyos efectos se han recrudecido por el invierno boreal en México.

La sequía, considerada por las autoridades como la peor en la historia moderna de México, provocó la pérdida en la Sierra Tarahumara de 20.000 toneladas de maíz para autoconsumo, según datos del gobierno de Chihuahua.

El líder campesino no precisó cuándo se registró el primer suicidio de los indígenas, que tienen como principales actividades económicas la agricultura, la caza, manufactura de cestos y cobijas, además de la explotación forestal.

Una colecta ciudadana de alimentos para los indígenas de la Sierra Tarahumara se desarrolla este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza principal del país.