Canoa

San Miguel Canoa es un pueblo del estado mexicano de Puebla, ubicado a una distancia de 12 kilómetros al noreste de la ciudad de Puebla de Zaragoza, capital del estado, forma parte del propio municipio de
Puebla y en las faldas del Volcán Malintzin. Sus coordenadas geográficas son 19°09′07″N 98°06′11″O y según el Conteo de Población y Vivienda de 2005 llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tiene una población total de 14,158 habitantes. Hasta el 30 de octubre de 1962 tuvo el carácter de cabecera del Municipio del mismo nombre, pero el decreto de dicha fecha suprimió dicho municipio y lo incorporó al de Puebla.2

San Miguel Canoa es conocido por un hecho ocurrido el 14 de septiembre de 1968, cuando cinco jóvenes trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que realizaban una excursión para escalar el Volcán Malintzin, se refugian en el pueblo para pasar la noche, debido al mal clima que les impedía el ascenso; en ese momento México vivía la agitación del Movimiento estudiantil de 1968, entonces el párroco del pueblo acusó, sin fundamento, a los trabajadores de ser comunistas. ante esto, la población, sin tener entendimiento de la situación, resolvió lincharlos. En el acto también murieron otras personas, de los 5 trabajadores solo 2 sobrevivieron.3 Estos hechos fueron relatados en la película Canoa del año de 1975.


Published on Sep 14, 2011

Habitantes de Canoa quieren borrar de su historia la trágica noche del 14 de septiembre de 1968. Los más viejos evitan contar el negro capítulo del linchamiento a sus hijos, las autoridades buscan cómo atraer visitantes mediante el ecoturismo y ruegan al gobierno de Puebla y al federal por recursos para una universidad y fuentes de empleo.


Uploaded on Nov 13, 2011
Más Información sobre el Caso de CANOA http://www.izquierdamexicana.com/inde…

Realizada en 1975 y dirigida por Felipe Cazals.
Canoa está basada en una tragedia ocurrida el 14 de septiembre de 1968 en el poblado de San Miguel Canoa en el estado de Puebla.
Cinco jóvenes empleados de la Universidad Autónoma de Puebla intentan escalar el volcán La Malinche pero debido al mal tiempo no tienen éxito y tienen que refugiarse en un pueblo cercano llamado San Miguel Canoa (de allí el nombre de la película). Debido a la paranoia religiosa vivida en el pueblo en gran medida incitada por el párroco local, el pueblo los confunde con comunistas y deciden lincharlos.
Hasta la fecha los verdaderos responsables siguen libres y nunca pisaron la cárcel.
Mas informacion http://www.segen.buap.mx/au/tiempo/pa…


Fernando Pérez Corona

Sábado, Septiembre 14, 2013 – 08:42

El 14 de septiembre de 1968, empleados de la entonces Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Ramón Calvario Gutiérrez, Miguel Flores Cruz, Julián Gonzlez Báez, Jesúss Carrillo Sánchez y Roberto Rojano Aguirre, salieron rumbo a La Malinche y tuvieron que quedarse en este pueblo, debido a un aguacero.

Trataron de conseguir morada en la Presidencia y en el templo, pero se las negaron. En una tienda, Odilón García García les propuso quedarse con su hermano Lucas. Para entonces, el rumor sobre que eran comunistas, había sido propagado por el sacerdote Enrique Meza Pérez.

Los jóvenes entraron a la casa 9 de la calle Benito Juárez y minutos después empezaron a sonar las campanas del templo. Cuando empezaban a cenar, una turba con pistolas, machetes, palos y piedras llegó a la vivienda. Lucas abrió la puerta y un golpe de pala en el cuello cortó su vida. Jesús y Ramón también fueron asesinados.

Al ver tendido a su esposo, Tomasa tomó a sus tres hijos y huyó. La gente con antorchas en mano, ató y arrastró a Julián, Miguel, Roberto y Odilón, quien pereció de un disparo a quemarropa en la cara. Julián recibió un machetazo en su mano izquierda que le amputó cuatro dedos. Roberto y él fueron abandonados en la calle. Perdieron el sentido. Creyeron que estaban muertos. Miguel casi muere; pero llegaron soldados y policías, evitaron el crimen y rescataron a los sobrevivientes.

Para entonces, Alberta Guadalupe García Arce tenía sólo siete meses de edad. No recuerda nada. Sin embargo, a casi un lustro de distancia, no ha olvidado ni uno solo de los 17 nombres de los asesinos de su padre, esos nombres que le enlistaba su madre cada vez que el pulque le hacia recordar.

La mujer de 45 años recuerda que cuando tenía 15 años, la película Canoa de Felipe Cazals fue exhibida en la comunidad, en una vivienda. El lugar estaba lleno. Su prometido, la llevó. Cuando empezaron el linchamiento entró en crisis. Nadie sabía que era la hija de Lucas. La proyección quedó trunca. Después de casi 30 años, hace unos meses compró un DVD pirata y terminó de ver la producción. Sin remedio, volvió a sentir sed de venganza; pero, igual que en otras ocasiones, dejó el futuro a Dios.

Alberto vive en Canoa, a dos calles del templo dedicado a San Miguel Arcángel. Es la única de los tres hermanos que vivieron la tragedia, que regresó a Canoa, en cuyo panteón descansa su padre, a quien le irá a dejar flores este sábado.

En tanto, cerca de esta casa de la privada Emiliano Zapata, la iglesia con dos torres de tres niveles, flamea una bandera mexicana. En su interior, una placa de mármol destaca por su inscripción dedicada al sacerdote Enrique Meza Pérez y fechada en 1969.

«Gratitud del pueblo de Canoa. La Divina Providencia nos trajo al sacerdote don Enrique Meza P. el 17 de agosto de 1961. Gracias, mil veces gracias a Dios (…)
Y no sólo subraya eso, también establece:

«Con la venia del Señor, su celo sacerdotal, bondad, generosidad y sencillez que le caracterizan, ha sido siempre grande y supo conquistar muy pronto al rico para ayudar al pobre, al letrado para enseñar al ignorante. Su lema: unión, pureza, fuerza, progreso, felicidad».

El remate deja en claro el punto de vista del pueblo o, al menos, de los mayordomos:
«Este sacerdote conoció, sintió y convivió con nuestra miseria y supo remediarla. Nos dio carretera, luz, agua potable, casa cural, colegio de artes y oficio. Las espinas de la ingratitud, calumnia, mentira y traición siempre perdonó».
A 45 años de distancia, el linchamiento en Canoa no ha sido olvidado, aunque la gente de este pueblo trata de borrarlo con el olvido.

San Miguel Canoa es un pueblo del estado mexicano de Puebla, ubicado a una distancia de 12 kilómetros al noreste de la ciudad de Puebla de Zaragoza, capital del estado, forma parte del propio municipio de
Puebla y en las faldas del Volcán Malintzin. Sus coordenadas geográficas son 19°09?07?N 98°06?11?O y según el Conteo de Población y Vivienda de 2005 llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tiene una población total de 14,158 habitantes. Hasta el 30 de octubre de 1962 tuvo el carácter de cabecera del Municipio del mismo nombre, pero el decreto de dicha fecha suprimió dicho municipio y lo incorporó al de Puebla.2

San Miguel Canoa es conocido por un hecho ocurrido el 14 de septiembre de 1968, cuando cinco jóvenes trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que realizaban una excursión para escalar el Volcán Malintzin, se refugian en el pueblo para pasar la noche, debido al mal clima que les impedía el ascenso; en ese momento México vivía la agitación del Movimiento estudiantil de 1968, entonces el párroco del pueblo acusó, sin fundamento, a los trabajadores de ser comunistas. ante esto, la población, sin tener entendimiento de la situación, resolvió lincharlos. En el acto también murieron otras personas, de los 5 trabajadores solo 2 sobrevivieron.3 Estos hechos fueron relatados en la película Canoa del año de 1975.





Published on Sep 14, 2011

Habitantes de Canoa quieren borrar de su historia la trágica noche del 14 de septiembre de 1968. Los más viejos evitan contar el negro capítulo del linchamiento a sus hijos, las autoridades buscan cómo atraer visitantes mediante el ecoturismo y ruegan al gobierno de Puebla y al federal por recursos para una universidad y fuentes de empleo.





Uploaded on Nov 13, 2011
Más Información sobre el Caso de CANOA http://www.izquierdamexicana.com/inde...

Realizada en 1975 y dirigida por Felipe Cazals.
Canoa está basada en una tragedia ocurrida el 14 de septiembre de 1968 en el poblado de San Miguel Canoa en el estado de Puebla.
Cinco jóvenes empleados de la Universidad Autónoma de Puebla intentan escalar el volcán La Malinche pero debido al mal tiempo no tienen éxito y tienen que refugiarse en un pueblo cercano llamado San Miguel Canoa (de allí el nombre de la película). Debido a la paranoia religiosa vivida en el pueblo en gran medida incitada por el párroco local, el pueblo los confunde con comunistas y deciden lincharlos.
Hasta la fecha los verdaderos responsables siguen libres y nunca pisaron la cárcel.
Mas informacion http://www.segen.buap.mx/au/tiempo/pa...


Fernando Pérez Corona

El 14 de septiembre de 1968, empleados de la entonces Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Ramón Calvario Gutiérrez, Miguel Flores Cruz, Julián Gonzlez Báez, Jesúss Carrillo Sánchez y Roberto Rojano Aguirre, salieron rumbo a La Malinche y tuvieron que quedarse en este pueblo, debido a un aguacero.

Trataron de conseguir morada en la Presidencia y en el templo, pero se las negaron. En una tienda, Odilón García García les propuso quedarse con su hermano Lucas. Para entonces, el rumor sobre que eran comunistas, había sido propagado por el sacerdote Enrique Meza Pérez.

Los jóvenes entraron a la casa 9 de la calle Benito Juárez y minutos después empezaron a sonar las campanas del templo. Cuando empezaban a cenar, una turba con pistolas, machetes, palos y piedras llegó a la vivienda. Lucas abrió la puerta y un golpe de pala en el cuello cortó su vida. Jesús y Ramón también fueron asesinados.

Al ver tendido a su esposo, Tomasa tomó a sus tres hijos y huyó. La gente con antorchas en mano, ató y arrastró a Julián, Miguel, Roberto y Odilón, quien pereció de un disparo a quemarropa en la cara. Julián recibió un machetazo en su mano izquierda que le amputó cuatro dedos. Roberto y él fueron abandonados en la calle. Perdieron el sentido. Creyeron que estaban muertos. Miguel casi muere; pero llegaron soldados y policías, evitaron el crimen y rescataron a los sobrevivientes.

Para entonces, Alberta Guadalupe García Arce tenía sólo siete meses de edad. No recuerda nada. Sin embargo, a casi un lustro de distancia, no ha olvidado ni uno solo de los 17 nombres de los asesinos de su padre, esos nombres que le enlistaba su madre cada vez que el pulque le hacia recordar.

La mujer de 45 años recuerda que cuando tenía 15 años, la película Canoa de Felipe Cazals fue exhibida en la comunidad, en una vivienda. El lugar estaba lleno. Su prometido, la llevó. Cuando empezaron el linchamiento entró en crisis. Nadie sabía que era la hija de Lucas. La proyección quedó trunca. Después de casi 30 años, hace unos meses compró un DVD pirata y terminó de ver la producción. Sin remedio, volvió a sentir sed de venganza; pero, igual que en otras ocasiones, dejó el futuro a Dios.

Alberto vive en Canoa, a dos calles del templo dedicado a San Miguel Arcángel. Es la única de los tres hermanos que vivieron la tragedia, que regresó a Canoa, en cuyo panteón descansa su padre, a quien le irá a dejar flores este sábado.

En tanto, cerca de esta casa de la privada Emiliano Zapata, la iglesia con dos torres de tres niveles, flamea una bandera mexicana. En su interior, una placa de mármol destaca por su inscripción dedicada al sacerdote Enrique Meza Pérez y fechada en 1969.

"Gratitud del pueblo de Canoa. La Divina Providencia nos trajo al sacerdote don Enrique Meza P. el 17 de agosto de 1961. Gracias, mil veces gracias a Dios (...)
Y no sólo subraya eso, también establece:

"Con la venia del Señor, su celo sacerdotal, bondad, generosidad y sencillez que le caracterizan, ha sido siempre grande y supo conquistar muy pronto al rico para ayudar al pobre, al letrado para enseñar al ignorante. Su lema: unión, pureza, fuerza, progreso, felicidad".

El remate deja en claro el punto de vista del pueblo o, al menos, de los mayordomos:
"Este sacerdote conoció, sintió y convivió con nuestra miseria y supo remediarla. Nos dio carretera, luz, agua potable, casa cural, colegio de artes y oficio. Las espinas de la ingratitud, calumnia, mentira y traición siempre perdonó".
A 45 años de distancia, el linchamiento en Canoa no ha sido olvidado, aunque la gente de este pueblo trata de borrarlo con el olvido.

datos relacionados con la delincuencia

18 de noviembre de 2013

MÉXICO, D.F. (apro).- En cinco años el consumo de alcohol, tabaco, mariguana y cocaína se ha triplicado entre los adolescentes, en las mujeres principalmente, alertó el director general adjunto de Operación y Patronatos de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), José Ángel Prado García.

En 2008, dijo, por cada 10 adictos hombres que había en México una era mujer, y en la actualidad la proporción es una adicta por cada tres varones, de acuerdo con cifras retomadas de la más reciente Encuesta Nacional de Adicciones.


México, DF.- Durante el mes de abril se registraron mil 47 homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada, con lo que suman 5 mil 296 muertes de este tipo en los primeros cinco meses del sexenio, informó el gobierno federal.

Mediante una presentación difundida por la Secretaría de Gobernación, PGR, Sedena, Semar y la Comisión Nacional de Seguridad, el gobierno de Peña Nieto destaca que la cifra de homicidios es menor a la de los últimos cinco meses del gobierno de Felipe Calderón y también a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

De diciembre de 2011 a abril de 2012 se contabilizaron 6 mil 187 muertes presuntamente relacionadas con el crimen organizado, 14.4% más que de diciembre de 2012 a abril pasado.

Sobre el perdiodo de julio a noviembre de 2012 se tuvo registro de 6 mil 432 asesinatos, 18% más que en los primeros cinco meses del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las instancias encargadas de seguridad reportaron que de los homicidios de abril, 991 son personas que presuntamente están vinculadas con algún ilícito relacionado con el crimen organizado, 39 fueron servidores públicos y 17 no tenían nexos con la delincuencia.

En un comunicado el gobierno federal explica que «estos datos preliminares son elaborados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la Procuraduría General de la República, en coordinación con el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, a partir de la información que proporcionan la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, sobre sus actividades en atención a delitos federales».

Por otra parte se informa que durante abril las autoridades federales incautaron 45 mil 236 kilogramos de drogas, entre las que destacan marihuana y cocaína.

«Asimismo, se aseguraron 360 litros de precursores químicos, así como 350 kilogramos de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas y 13 laboratorios para el procesamiento de éstas».


COMPARATIVO NACIONAL sistema nacional de seguridad publica

Incidencia delictiva en el periodo enero-abril de 2012*

Rango Fuero federal Fuero común
1 Distrito Federal 8,372 México 85,554
2 Jalisco 5,037 Distrito Federal 59,693
3 Baja California 5,000 Baja California 36,537
4 Guanajuato 3,318 Puebla 32,366
5 Sonora 2,010 Jalisco 28,501
6 Tamaulipas 1,762 Guanajuato 25,595
7 Veracruz 1,650 Tabasco 22,386
8 México 1,536 Chihuahua 20,590
9 Chihuahua 1,399 Veracruz 17,233
10 Nuevo León 1,177 Tamaulipas 15,722


De acuerdo con las estimaciones realizadas por Leticia Ramírez de Alba, quien elaboró el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI) de delitos graves divulgado hace unos meses por la organización México Evalúa, los datos duros indican hoy una realidad igualmente dura: 88 mil 361 homicidios dolosos en el país durante el gobierno de Felipe Calderón y su fracasada guerra contra el narcotráfico; casos en los cuales, aclara la investigadora, no se incluye a las “víctimas invisibles”…

A unos meses de que deje Los Pinos, las cifras cada vez más crecientes de víctimas de la guerra emprendida por Felipe Calderón Hinojosa contra el narcotráfico desde el arranque se su gestión, así como las estimaciones sobre el impacto de este problema en amplios sectores de la población, fundamentalmente en el entono familiar de los afectados, muestran el fracaso de su política de seguridad nacional.

Con base en las denuncias registradas en las agencias del Ministerio Público federal y enviadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), indica la investigadora, entre diciembre de 2006 y marzo del presente año 120 mil 692 personas fueron víctimas de tres delitos: secuestro, extorsión y homicidio doloso. Este último es el más oprobioso, pues se registraron 88 mil 361 casos en el periodo referido.

Si se considera que en promedio cada hogar está conformado por tres o cuatro habitantes, de acuerdo con las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por cada víctima han sido afectadas aproximadamente 366 mil 478 personas cercanas a ella.

“Si nos atenemos a las cifras oficiales, podemos hablar de un fracaso en la política de seguridad pública de la actual administración”, comenta a Proceso Leticia Ramírez de Alba, responsable del Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI) de delitos graves publicado por México Evalúa en agosto de 2011.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1857, ya en circulación)


Cuatro de las 10 ciudades más violentas del mundo son mexicanas, revela un estudio dado a conocer por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

José Antonio Ortega, quien encabeza el Consejo, mostró en conferencia de prensa un ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2010 de acuerdo con la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

La lista la encabeza Ciudad Juárez, Chihuahua, con una tasa de 229 homicidios por cada 100 mil habitantes, por arriba de ciudades como Kandahar, Afganistán, con 169; San Pedro Sula, Honduras, con 125, y Caracas, Venezuela, con 118.

En el quinto lugar de la clasificación está la capital de Chihuahua, con una tasa de 113 homicidios por cada 100 mil habitantes, seguida de Distrito Central, Honduras, con 109, y la capital de Guatemala, con 106.

Luego siguen las ciudades mexicanas de Mazatlán, con una tasa de 88, y Culiacán, con 87.81, y al último Medellín, Colombia, con 87.42.


Expertos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) alertaron ayer que la tendencia criminal en el Distrito Federal y Estado de México es cada vez más violenta desde el 2008 a la fecha, según arrojaron los resultados de la Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional Informe Anual 2010.

Elena Azaola, José Antonio Caballero y Juan Salgado expresaron que la encuesta levantada en 3,000 hogares, entre mayores de 17 años, estimó que “aproximadamente una de cada tres personas ha sido víctima de un delito que involucró la amenaza o el uso de la fuerza”.

Agregaron que el aumento más drástico en la incidencia de delitos violentos entre el 2009 y el 2010 ocurrió en el Distrito Federal, donde se registró un incremento de 39 por ciento. Sin embargo, afirmaron, es importante destacar que en el Estado de México los delitos violentos también aumentaron, casi 7%, en el mismo periodo.

Durante los primeros tres años de la Encuesta de Victimización, a partir de índices agregados, las tasas de delitos específicos se mantenían en un “rango razonable” de varianza. Sin embargo, detallaron los especialistas, desde el 2008 se registró un aumento muy importante de la victimización.

Este incremento se detectó tanto en general, como en algunos delitos particulares, en los cuales las tasas se dispararon, expresaron los investigadores del CIDE.

“Esto puede significar que dentro de un entorno general de exacerbación del fenómeno delictivo, el crecimiento en el delito captado por la encuesta ha sido más pronunciado en el 2010 que en el 2009 y el 2008.

“Asimismo, tal aumento ha sido particularmente importante en algunos delitos como el robo personal, la agresión y el robo de autopartes”.

En el documento de 59 páginas, que consigna los datos de la encuesta, se establece que “los índices y tasas de victimización permiten establecer tendencias, particularmente si se cuenta con varias mediciones sucesivas, como en este caso. En esta línea de razonamiento, las políticas del control del delito, tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, no han tenido resultados favorables”.

Elena Azaola manifestó que las autoridades capitalinas y mexiquenses sostienen que el índice delictivo ha descendido, “cuando esto no es así y no hay un cambio sustancial en la percepción del ciudadano”.

La encuesta, que también se ocupó de calificar a corporaciones policiacas y de impartición de justicia, arrojó resultados reprobatorios en este rubro, coincidieron Azaola, Salgado y Caballero, porque apenas si se acercan a un 4 o 4.5 en un rango del 1 al 10, que se utilizó para la calificación.


INEGI


México.- Han pasado 5 años desde que Felipe Calderón instrumentó la estrategia contra el crimen organizado y desde estonces suman más de 48 mil personas asesinadas presuntamente por integrantes de la delincuencia organizada.

Tan sólo de enero a agosto de este 2011, van 8 mil muertos.

En el sexenio de Vicente Fox la cifra de muertes relacionadas con el crimen organizado terminó con 2 mil ejecutados, pero en lo que va de la actual administración cada año esos homicidios se han multiplicado.

De acuerdo con el diario La Jornada, las estadísticas oficiales superan los recuentos “y una muestra de descoordinación gubernamental ocurrió en julio de 2010: los titulares de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional dieron cifras diferentes y sus datos variaron en relación con más de 3 mil casos”.

Con 15 mil 273, el 2010 fue el año más violento de esta administración, según una base de datos de homicidios cometidos por el crimen organizado presentada por el gobierno federal en enero de este año.

Pero el rotativo contabilizó 13 mil 397 en ese año.

Destaca que la llamada Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial supuestamente fue elaborada a partir de averiguaciones previas iniciadas por las procuradurías del país, no obstante las instancias encargadas de compilar y validar la información no han querido divulgar los documentos en que se sustenta la estadística.

El gobierno federal desplegó más de 50 mil efectivos del Ejército, 6 mil de la Secretaría de Marina y más de 25 mil de la Policía Federal (corporación que pasó de 9 mil a más de 35 mil agentes en los últimos cinco años) ante la ola de violencia generada por las bandas criminales.

Y en Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Guerrero, Sonora, Veracruz, Tabasco, Nuevo León y Colima se pusieron en marcha los llamados operativos conjuntos


12 Enero, 2011 – 13:34
Credito:
Notimex

Foto: EE Archivo 

El secretario técnico de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré Romero, informó que a partir de hoy se hizo pública la base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, donde permanece con acceso público la información de 2006 a 2010.

El funcionario señaló durante la sesión de Diálogos por la Seguridad que encabeza el presidente Felipe Calderón, que de acuerdo con las estadísticas el año pasado, la mitad de los homicidios tuvieron lugar en solamente tres entidades del país, ya que en Chihuahua se registraron 30% de ellos, 12% en Sinaloa y 8 por ciento en Tamaulipas.

Ante los miembros de la sociedad civil congregados en el Campo Marte, Poiré sostuvo que durante 2010 el total de homicidios vinculados a la delincuencia organizada fue de 15,273.

Sostuvo que después de cinco trimestres de crecimiento en el número de homicidios de este tipo, el cuarto trimestre de 2010 se observó una reducción de 10.95 por ciento, en tanto que el tercer trimestre fue considerado como el de la estabilización.

Alejando Pioré advirtió que estas cifras de reducción en el número de homicidios podrían no ser estables en los próximos meses; sin embargo, ya se cuenta con una base de datos reales en la materia.

Explicó que se trata de una plataforma de consulta que suma la sinergia entre gobierno federal y la ciudadanía que está asociada a la ley y que cuenta con una metodología diseñada por expertos en materia de seguridad y académicos.

Dijo que esta herramienta permite legalizar análisis estadísticos a nivel estatal y municipal de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, donde cualquier ciudadano puede obtener la información y exportar los datos a hojas de cálculo para su análisis.

Alejandro Poiré dijo que los datos contenidos en esta base no sustituyen a otras estadísticas oficiales pero aclaró que solamente incluyen los homicidios que están relacionados con la acción del crimen organizado y no se incluyen otros homicidas dolosos.

Por otro lado, dijo que la violencia medida por los homicidios relacionados con la delincuencia organizada está concentrada en 85 municipios del país donde se registra el 70% de todas estas muertes desde diciembre de 2006 a diciembre de 2010.

Así mismo, dijo que en 2007 esta violencia se concentró en 90 municipios; en 2008, en 59; en 2009, en 70, y en 2010, en 73.

Esta base de datos se encuentra en la dirección electrónica de internet www.presidencia.gob.mx/voceria_seguridad/ a la que cualquier ciudadano tiene acceso.

Clasificación de los fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial.
Ejecuciones: fallecimientos con extrema violencia, que por sus características se presume que víctima, victimario o ambos pertenecen a una organización criminal.
Características descriptivas de las ejecuciones:
Lugar de hallazgo: clasifica el lugar en el que fueron encontradas las personas ejecutadas.
Sexo: clasifica el sexo de la persona ejecutada.
Edad: clasifica la persona ejecutada de acuerdo al grupo de edad aproximado.
Mensaje: define si la persona ejecutada tenía o no un mensaje de sus victimarios.
En todos los atributos, la categoría sin determinar responde a que no se contaba con información suficiente para clasificar el caso, debido ,entre otras cosas, al estado físico del cuerpo u otra condición desfavorable. 
Agresiones y enfrentamientos: fallecimientos producto de ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada en contra de autoridades de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, con o sin respuesta armada. También incluye los enfrentamientos entre grupos armados que no forman parte de autoridad alguna.


El calendario no entiende de sangre. A pesar de que febrero es el mes con menos días del año, la estadística de asesinatos en México no sólo se mantiene, sino que supera a otros meses. Tanto que sumadas las ejecuciones de enero y febrero, 2011 deja ya el bimestre más sangriento de la era de Felipe Calderón.

Las cifras, calculadas por el diario ‘Milenio’, acumulan en estos últimos 28 días 1.054 cadáveres, frente a los 799 del año pasado en las mismas fechas. Sumado enero, son más de 2.000 los asesinatos cometidos en los dos primeros meses del año.

Sobre el mapa de México, el 76,9% de las muertes relacionadas con el crimen organizado en febrero se registraron en los estados en los que el presidente Calderón tiene desplegados operativos militares (Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas).

La otra cara de la moneda, la de los estados donde no se ha producido una sola ejecución en febrero, se localiza en Baja California, Tlaxcala, Campeche y Veracruz, según el mismo diario.

Chihuahua, el estado donde se encuentra Ciudad Juárez, continúa siendo el que más sufre la ola de violenci al registrar 341 muertes en el mes y sumar 659 casos en lo que va del año.

De los más de 1.000 asesinados el último mes, 26 eran policías estatales, 18 agentes municipales, siete que pertenecían a la Policía Federal y dos eran militares, además de los dos agentes estadunidenses acribillados a tiros en San Luís Potosí.

Solo el último fin de semana, el recuento de ELMUNDO.es ha sumado al menos 53 ejecuciones. Y ayer, sin ir más lejos, se produjeron otras 40, 17 de ellas en Chihuahua.

Raúl Ortiz Amaya, comandante de la Policía Ministerial de Guachochi y tres civiles fueron ejecutados en el interior de un bar; mientras que en las avenidas Ejército Nacional y Plutarco Elías Calles de Ciudad Juárez fue acribillada una familia, entre ellos un niño de 10 años, cuando viajaba en su vehículo.

También, una funeraria fue rafagueada e incendiada por integrantes de un comando, cuando se realizaba el velatorio de un hombre cuyo ataúd quedó destrozado por el fuego.

En Guerrero fueron asesinados seis policías, cuatro en la carretera México-Acapulco, en lo que se presume fue una emboscada. El atentado iba dirigido hacia un jefe de policía, que resultó herido, mientras sobre el asfalto quedaron los cuerpos de cuatro escoltas.

Por otra parte, cinco hombres aparecieron ahorcados en diferentes puntos de Mazatlán, Sinaloa.

Entre las entidades que registraron homicidios destacan el Estado de México, Sinaloa y Michoacán, donde la Fiscalía General informó que un comando ejecutó al ex candidato perredista a la presidencia municipal de El Saucillo, Enrique Chávez Gómez.

Todo ello se suma al balance récord de 2010, durante el que se superaron los 15.000 muertos. Desde que Calderón comenzó la guerra al ‘narco’ en diciembre de 2006, ya se han contabilizado más de 34.000 muertos.

18 de noviembre de 2013

MÉXICO, D.F. (apro).- En cinco años el consumo de alcohol, tabaco, mariguana y cocaína se ha triplicado entre los adolescentes, en las mujeres principalmente, alertó el director general adjunto de Operación y Patronatos de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), José Ángel Prado García.

En 2008, dijo, por cada 10 adictos hombres que había en México una era mujer, y en la actualidad la proporción es una adicta por cada tres varones, de acuerdo con cifras retomadas de la más reciente Encuesta Nacional de Adicciones.





México, DF.- Durante el mes de abril se registraron mil 47 homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada, con lo que suman 5 mil 296 muertes de este tipo en los primeros cinco meses del sexenio, informó el gobierno federal.

Mediante una presentación difundida por la Secretaría de Gobernación, PGR, Sedena, Semar y la Comisión Nacional de Seguridad, el gobierno de Peña Nieto destaca que la cifra de homicidios es menor a la de los últimos cinco meses del gobierno de Felipe Calderón y también a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

De diciembre de 2011 a abril de 2012 se contabilizaron 6 mil 187 muertes presuntamente relacionadas con el crimen organizado, 14.4% más que de diciembre de 2012 a abril pasado.

Sobre el perdiodo de julio a noviembre de 2012 se tuvo registro de 6 mil 432 asesinatos, 18% más que en los primeros cinco meses del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las instancias encargadas de seguridad reportaron que de los homicidios de abril, 991 son personas que presuntamente están vinculadas con algún ilícito relacionado con el crimen organizado, 39 fueron servidores públicos y 17 no tenían nexos con la delincuencia.

En un comunicado el gobierno federal explica que "estos datos preliminares son elaborados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la Procuraduría General de la República, en coordinación con el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, a partir de la información que proporcionan la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, sobre sus actividades en atención a delitos federales".

Por otra parte se informa que durante abril las autoridades federales incautaron 45 mil 236 kilogramos de drogas, entre las que destacan marihuana y cocaína.

"Asimismo, se aseguraron 360 litros de precursores químicos, así como 350 kilogramos de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas y 13 laboratorios para el procesamiento de éstas".



COMPARATIVO NACIONAL sistema nacional de seguridad publica

Incidencia delictiva en el periodo enero-abril de 2012*

Rango Fuero federal Fuero común
1 Distrito Federal 8,372 México 85,554
2 Jalisco 5,037 Distrito Federal 59,693
3 Baja California 5,000 Baja California 36,537
4 Guanajuato 3,318 Puebla 32,366
5 Sonora 2,010 Jalisco 28,501
6 Tamaulipas 1,762 Guanajuato 25,595
7 Veracruz 1,650 Tabasco 22,386
8 México 1,536 Chihuahua 20,590
9 Chihuahua 1,399 Veracruz 17,233
10 Nuevo León 1,177 Tamaulipas 15,722







De acuerdo con las estimaciones realizadas por Leticia Ramírez de Alba, quien elaboró el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI) de delitos graves divulgado hace unos meses por la organización México Evalúa, los datos duros indican hoy una realidad igualmente dura: 88 mil 361 homicidios dolosos en el país durante el gobierno de Felipe Calderón y su fracasada guerra contra el narcotráfico; casos en los cuales, aclara la investigadora, no se incluye a las “víctimas invisibles”…

A unos meses de que deje Los Pinos, las cifras cada vez más crecientes de víctimas de la guerra emprendida por Felipe Calderón Hinojosa contra el narcotráfico desde el arranque se su gestión, así como las estimaciones sobre el impacto de este problema en amplios sectores de la población, fundamentalmente en el entono familiar de los afectados, muestran el fracaso de su política de seguridad nacional.

Con base en las denuncias registradas en las agencias del Ministerio Público federal y enviadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), indica la investigadora, entre diciembre de 2006 y marzo del presente año 120 mil 692 personas fueron víctimas de tres delitos: secuestro, extorsión y homicidio doloso. Este último es el más oprobioso, pues se registraron 88 mil 361 casos en el periodo referido.

Si se considera que en promedio cada hogar está conformado por tres o cuatro habitantes, de acuerdo con las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por cada víctima han sido afectadas aproximadamente 366 mil 478 personas cercanas a ella.

“Si nos atenemos a las cifras oficiales, podemos hablar de un fracaso en la política de seguridad pública de la actual administración”, comenta a Proceso Leticia Ramírez de Alba, responsable del Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI) de delitos graves publicado por México Evalúa en agosto de 2011.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1857, ya en circulación)

Cuatro de las 10 ciudades más violentas del mundo son mexicanas, revela un estudio dado a conocer por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

José Antonio Ortega, quien encabeza el Consejo, mostró en conferencia de prensa un ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2010 de acuerdo con la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

La lista la encabeza Ciudad Juárez, Chihuahua, con una tasa de 229 homicidios por cada 100 mil habitantes, por arriba de ciudades como Kandahar, Afganistán, con 169; San Pedro Sula, Honduras, con 125, y Caracas, Venezuela, con 118.

En el quinto lugar de la clasificación está la capital de Chihuahua, con una tasa de 113 homicidios por cada 100 mil habitantes, seguida de Distrito Central, Honduras, con 109, y la capital de Guatemala, con 106.

Luego siguen las ciudades mexicanas de Mazatlán, con una tasa de 88, y Culiacán, con 87.81, y al último Medellín, Colombia, con 87.42.


Expertos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) alertaron ayer que la tendencia criminal en el Distrito Federal y Estado de México es cada vez más violenta desde el 2008 a la fecha, según arrojaron los resultados de la Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional Informe Anual 2010.

Elena Azaola, José Antonio Caballero y Juan Salgado expresaron que la encuesta levantada en 3,000 hogares, entre mayores de 17 años, estimó que “aproximadamente una de cada tres personas ha sido víctima de un delito que involucró la amenaza o el uso de la fuerza”.

Agregaron que el aumento más drástico en la incidencia de delitos violentos entre el 2009 y el 2010 ocurrió en el Distrito Federal, donde se registró un incremento de 39 por ciento. Sin embargo, afirmaron, es importante destacar que en el Estado de México los delitos violentos también aumentaron, casi 7%, en el mismo periodo.

Durante los primeros tres años de la Encuesta de Victimización, a partir de índices agregados, las tasas de delitos específicos se mantenían en un “rango razonable” de varianza. Sin embargo, detallaron los especialistas, desde el 2008 se registró un aumento muy importante de la victimización.

Este incremento se detectó tanto en general, como en algunos delitos particulares, en los cuales las tasas se dispararon, expresaron los investigadores del CIDE.

“Esto puede significar que dentro de un entorno general de exacerbación del fenómeno delictivo, el crecimiento en el delito captado por la encuesta ha sido más pronunciado en el 2010 que en el 2009 y el 2008.

“Asimismo, tal aumento ha sido particularmente importante en algunos delitos como el robo personal, la agresión y el robo de autopartes”.

En el documento de 59 páginas, que consigna los datos de la encuesta, se establece que “los índices y tasas de victimización permiten establecer tendencias, particularmente si se cuenta con varias mediciones sucesivas, como en este caso. En esta línea de razonamiento, las políticas del control del delito, tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, no han tenido resultados favorables”.

Elena Azaola manifestó que las autoridades capitalinas y mexiquenses sostienen que el índice delictivo ha descendido, “cuando esto no es así y no hay un cambio sustancial en la percepción del ciudadano”.

La encuesta, que también se ocupó de calificar a corporaciones policiacas y de impartición de justicia, arrojó resultados reprobatorios en este rubro, coincidieron Azaola, Salgado y Caballero, porque apenas si se acercan a un 4 o 4.5 en un rango del 1 al 10, que se utilizó para la calificación.

INEGI



México.- Han pasado 5 años desde que Felipe Calderón instrumentó la estrategia contra el crimen organizado y desde estonces suman más de 48 mil personas asesinadas presuntamente por integrantes de la delincuencia organizada.




Tan sólo de enero a agosto de este 2011, van 8 mil muertos.

En el sexenio de Vicente Fox la cifra de muertes relacionadas con el crimen organizado terminó con 2 mil ejecutados, pero en lo que va de la actual administración cada año esos homicidios se han multiplicado.

De acuerdo con el diario La Jornada, las estadísticas oficiales superan los recuentos “y una muestra de descoordinación gubernamental ocurrió en julio de 2010: los titulares de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional dieron cifras diferentes y sus datos variaron en relación con más de 3 mil casos”.

Con 15 mil 273, el 2010 fue el año más violento de esta administración, según una base de datos de homicidios cometidos por el crimen organizado presentada por el gobierno federal en enero de este año.

Pero el rotativo contabilizó 13 mil 397 en ese año.

Destaca que la llamada Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial supuestamente fue elaborada a partir de averiguaciones previas iniciadas por las procuradurías del país, no obstante las instancias encargadas de compilar y validar la información no han querido divulgar los documentos en que se sustenta la estadística.

El gobierno federal desplegó más de 50 mil efectivos del Ejército, 6 mil de la Secretaría de Marina y más de 25 mil de la Policía Federal (corporación que pasó de 9 mil a más de 35 mil agentes en los últimos cinco años) ante la ola de violencia generada por las bandas criminales.

Y en Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Guerrero, Sonora, Veracruz, Tabasco, Nuevo León y Colima se pusieron en marcha los llamados operativos conjuntos


Credito:
Notimex

Foto: EE Archivo 
El secretario técnico de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré Romero, informó que a partir de hoy se hizo pública la base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, donde permanece con acceso público la información de 2006 a 2010.

El funcionario señaló durante la sesión de Diálogos por la Seguridad que encabeza el presidente Felipe Calderón, que de acuerdo con las estadísticas el año pasado, la mitad de los homicidios tuvieron lugar en solamente tres entidades del país, ya que en Chihuahua se registraron 30% de ellos, 12% en Sinaloa y 8 por ciento en Tamaulipas.

Ante los miembros de la sociedad civil congregados en el Campo Marte, Poiré sostuvo que durante 2010 el total de homicidios vinculados a la delincuencia organizada fue de 15,273.

Sostuvo que después de cinco trimestres de crecimiento en el número de homicidios de este tipo, el cuarto trimestre de 2010 se observó una reducción de 10.95 por ciento, en tanto que el tercer trimestre fue considerado como el de la estabilización.

Alejando Pioré advirtió que estas cifras de reducción en el número de homicidios podrían no ser estables en los próximos meses; sin embargo, ya se cuenta con una base de datos reales en la materia.

Explicó que se trata de una plataforma de consulta que suma la sinergia entre gobierno federal y la ciudadanía que está asociada a la ley y que cuenta con una metodología diseñada por expertos en materia de seguridad y académicos.

Dijo que esta herramienta permite legalizar análisis estadísticos a nivel estatal y municipal de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, donde cualquier ciudadano puede obtener la información y exportar los datos a hojas de cálculo para su análisis.

Alejandro Poiré dijo que los datos contenidos en esta base no sustituyen a otras estadísticas oficiales pero aclaró que solamente incluyen los homicidios que están relacionados con la acción del crimen organizado y no se incluyen otros homicidas dolosos.

Por otro lado, dijo que la violencia medida por los homicidios relacionados con la delincuencia organizada está concentrada en 85 municipios del país donde se registra el 70% de todas estas muertes desde diciembre de 2006 a diciembre de 2010.

Así mismo, dijo que en 2007 esta violencia se concentró en 90 municipios; en 2008, en 59; en 2009, en 70, y en 2010, en 73.

Esta base de datos se encuentra en la dirección electrónica de internet www.presidencia.gob.mx/voceria_seguridad/ a la que cualquier ciudadano tiene acceso.

Clasificación de los fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial.

Ejecuciones: fallecimientos con extrema violencia, que por sus características se presume que víctima, victimario o ambos pertenecen a una organización criminal.

Características descriptivas de las ejecuciones:
Lugar de hallazgo: clasifica el lugar en el que fueron encontradas las personas ejecutadas.
Sexo: clasifica el sexo de la persona ejecutada.
Edad: clasifica la persona ejecutada de acuerdo al grupo de edad aproximado.
Mensaje: define si la persona ejecutada tenía o no un mensaje de sus victimarios.
En todos los atributos, la categoría sin determinar responde a que no se contaba con información suficiente para clasificar el caso, debido ,entre otras cosas, al estado físico del cuerpo u otra condición desfavorable. 

Agresiones y enfrentamientos: fallecimientos producto de ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada en contra de autoridades de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, con o sin respuesta armada. También incluye los enfrentamientos entre grupos armados que no forman parte de autoridad alguna.



El calendario no entiende de sangre. A pesar de que febrero es el mes con menos días del año, la estadística de asesinatos en México no sólo se mantiene, sino que supera a otros meses. Tanto que sumadas las ejecuciones de enero y febrero, 2011 deja ya el bimestre más sangriento de la era de Felipe Calderón.

Las cifras, calculadas por el diario 'Milenio', acumulan en estos últimos 28 días 1.054 cadáveres, frente a los 799 del año pasado en las mismas fechas. Sumado enero, son más de 2.000 los asesinatos cometidos en los dos primeros meses del año.

Sobre el mapa de México, el 76,9% de las muertes relacionadas con el crimen organizado en febrero se registraron en los estados en los que el presidente Calderón tiene desplegados operativos militares (Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas).

La otra cara de la moneda, la de los estados donde no se ha producido una sola ejecución en febrero, se localiza en Baja California, Tlaxcala, Campeche y Veracruz, según el mismo diario.

Chihuahua, el estado donde se encuentra Ciudad Juárez, continúa siendo el que más sufre la ola de violenci al registrar 341 muertes en el mes y sumar 659 casos en lo que va del año.

De los más de 1.000 asesinados el último mes, 26 eran policías estatales, 18 agentes municipales, siete que pertenecían a la Policía Federal y dos eran militares, además de los dos agentes estadunidenses acribillados a tiros en San Luís Potosí.

Solo el último fin de semana, el recuento de ELMUNDO.es ha sumado al menos 53 ejecuciones. Y ayer, sin ir más lejos, se produjeron otras 40, 17 de ellas en Chihuahua.

Raúl Ortiz Amaya, comandante de la Policía Ministerial de Guachochi y tres civiles fueron ejecutados en el interior de un bar; mientras que en las avenidas Ejército Nacional y Plutarco Elías Calles de Ciudad Juárez fue acribillada una familia, entre ellos un niño de 10 años, cuando viajaba en su vehículo.

También, una funeraria fue rafagueada e incendiada por integrantes de un comando, cuando se realizaba el velatorio de un hombre cuyo ataúd quedó destrozado por el fuego.

En Guerrero fueron asesinados seis policías, cuatro en la carretera México-Acapulco, en lo que se presume fue una emboscada. El atentado iba dirigido hacia un jefe de policía, que resultó herido, mientras sobre el asfalto quedaron los cuerpos de cuatro escoltas.

Por otra parte, cinco hombres aparecieron ahorcados en diferentes puntos de Mazatlán, Sinaloa.

Entre las entidades que registraron homicidios destacan el Estado de México, Sinaloa y Michoacán, donde la Fiscalía General informó que un comando ejecutó al ex candidato perredista a la presidencia municipal de El Saucillo, Enrique Chávez Gómez.

Todo ello se suma al balance récord de 2010, durante el que se superaron los 15.000 muertos. Desde que Calderón comenzó la guerra al 'narco' en diciembre de 2006, ya se han contabilizado más de 34.000 muertos.

Burma

Aung San Suu Kyi fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional en 1991 y con el apoyo de miembros, activistas, simpatizantes y personalidades como Bono de U2, exigieron justicia y trabajaron sin pausa para su liberación. Fue liberada en 2010 y hace unas semanas pudo recibir el premio que Amnistía Internacional le concedió en 2009, como «Embajadora de conciencia».
El caso de Aung San Suu Kyi es una prueba más de que si luchamos todas y todos, podemos hacer un verdadero cambio. Al igual que ella, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, defensores de derechos humanos de la comunidad indígena náhuatl de Atla, en Puebla, México han sido declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional este año.
Ellos trabajaron defendiendo el derecho al agua de su comunidad y su trabajo los enfrentó a un grupo poderoso que controlaba el agua para su propio beneficio. Como represalia fueron acusados de un delito que no cometieron y condenados a 6 años de cárcel tras un juicio plagado de irregularidades. Puedes firmar aquí nuestra petición exigiendo su libertad.
Aung San Suu Kyi fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional en 1991 y con el apoyo de miembros, activistas, simpatizantes y personalidades como Bono de U2, exigieron justicia y trabajaron sin pausa para su liberación. Fue liberada en 2010 y hace unas semanas pudo recibir el premio que Amnistía Internacional le concedió en 2009, como "Embajadora de conciencia".

El caso de Aung San Suu Kyi es una prueba más de que si luchamos todas y todos, podemos hacer un verdadero cambio. Al igual que ella, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, defensores de derechos humanos de la comunidad indígena náhuatl de Atla, en Puebla, México han sido declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional este año.

Ellos trabajaron defendiendo el derecho al agua de su comunidad y su trabajo los enfrentó a un grupo poderoso que controlaba el agua para su propio beneficio. Como represalia fueron acusados de un delito que no cometieron y condenados a 6 años de cárcel tras un juicio plagado de irregularidades. Puedes firmar aquí nuestra petición exigiendo su libertad.

prolongada sequía

Los líderes indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz defendieron el agua de su comunidad de las arbitrariedades de un grupo caciquil, pero se les fabricó un delito por el que estuvieron presos tres años


Ciudad de México.- José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz no sonríen, pero tampoco se quejan.

Es como si en el momento les cayeran encima los casi tres años pasados en la cárcel por un delito fabricado. Aún no asimilan estar libres, luego de que el miércoles pasado la Suprema Corte de Justicia así lo determinó.

«Yo sentía muy feo, tuve mucho sufrimiento, unos 15 días estuvimos en observación, las celdas, no pude dormir, completamente desesperado estuve yo, sentía un dolor muy fuerte, aparte de familia», expresa José Ramón.
«Yo en la cárcel sentí difícil porque nosotros, yo siento que mi familia estén tristes, se preocupan por nosotros», complementa Pascual.

Ambos hombres hablan pausado, articulando con dificultad las frases que les permiten sus limitados conocimientos del español, pues su lengua natal es el náhuatl. Esa circunstancia fue precisamente la que les impidió defenderse ante las autoridades.

A 15 horas de haber salido del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, afirman que en su corazón sólo existe disposición para perdonar a quienes los acusaron falsamente del delito de robo de vehículo.

Su historia, al igual que la de otros indígenas encarcelados tiene el denominador común de la discriminación por la pobreza y el origen étnico.

Ambos son originarios de la comunidad de Atla del municipio de Pahuatlán, Puebla, donde históricamente existe un conflicto por el acceso al agua.

Sólo algunos de los 2 mil 172 habitantes cuentan con este derecho pues el suministro es controlado por un grupo caciquil que exigen cuotas de hasta 5 mil pesos o 40 días de faenas no remuneradas.

En aras de conseguir el líquido, algunos pobladores se abastecen con cubetas o líneas de mangueras desde manantiales cercanos. Para impedirlo, el grupo caciquil contamina el agua con animales muertos y basura o corta las líneas de suministro.

Ante la ausencia de las autoridades la problemática ha escalado al punto de presentarse enfrentamientos campales y homicidios.

En mayo de 2008, los habitantes de Atla eligieron a José Ramón, de 64 años y padre de ocho hijos, como presidente auxiliar, y a Pascual, de 48 años y con seis hijos, como juez menor de paz.
Los hombres convocaron a una asamblea y renovaron el Comité del Agua, cuyos nuevos miembros hicieron suyo un proyecto auspiciado por el municipio para beneficiar gratuitamente a toda la población con el líquido.

El 22 de octubre de 2009 un incidente cambiaría la vida de los dirigentes comunitarios.

En esa fecha fueron embestidos por el vehículo que conducía Abraham Aparicio, hijo de Cristóbal Aparicio Domínguez, señalado como integrante del grupo caciquil. El responsable escapó y abandonó el vehículo con las llaves puestas.

El comandante de policía Carmelo Castillo Martínez llegó al lugar de los hechos, tomó nota del abandono y trasladó la unidad al corralón municipal. A pesar de que José Ramón y Pascual perdonaron a Cristóbal, 10 días después éste interpuso una denuncia penal por robo de vehículo con violencia.

El 13 enero de 2009 los hombres fueron detenidos por ese ilícito y en 12 de julio se les dictó una sentencia de 7 años y 22 días de prisión. El Tribunal Superior de Justicia del estado confirmó la responsabilidad, pero modificó el castigo a 6 años, 10 mes y 20 días de prisión.

Castillo fue detenido en 2011, acusándolo de cómplice, y recuperó su libertad el pasado 23 de noviembre.
El caso de los activistas fue llevado ante la Corte luego de que la defensa alegó que las acusaciones eran falsas y no existían pruebas para sostenerlas, además de que jamás se les proporcionó un intérprete. La primera sala ordenó ponerlos en libertad.

«No es tolerable que en un país como México sigamos asistiendo al uso del sistema de justicia penal para encarcelar y reprimir las demandas legítimas de la población», reprochó ayer Daniel Zapico, de Amnistía Internacional.

«La respuesta es muy sencilla, en una palabra: corrupción. Eso fue lo que sucedió en el caso de ellos, no se necesita tener un gran puesto de poder, sino una cifra considerable de dinero, unos 20 o 30 mil pesos para que el Ministerio Público inicie una averiguación previa por un delito inexistente y luego al juez darle otro tanto», expresó Araceli Olivo, abogada del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

El miércoles a las 18:00 horas terminó el encierro para José Ramón y Pascual. Fueron recibidos afuera del por sus esposas Brígida Cruz y Salustia Aparicio, quienes los acompañaron ayer en la rueda de prensa que ofrecieron.

Ahora volverán a su casa donde los espera una fiesta en la comunidad.

Pero el conflicto del agua continúa sin solucionarse.

«Sabemos que las personas nos echaron en la cárcel, nos difamaron, pero yo siento en mi corazón que aunque estuvimos tres años encarcelados, desesperados, pensativos, preocupadísimos por nuestras familias por mi parte siento en mi corazón que yo los perdono, no quiero venganzas, no quiero a ellos con enemigos», dice con franqueza José Ramón.

«No es bueno hacer una venganza, nosotros somos personas inocentes y por eso no vamos a hacer eso», agrega Pascual.


La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) anunció que se ampliará y acelerará el pago del programa “70 y más” en comunidades afectadas por la sequía, además de que se agilizará la entrega de recursos de Oportunidades a beneficiarios afectados en el norte del país.

El titular de la Sedesol, Heriberto Félix Guerra, explicó que la dependencia comenzó con la entrega de apoyos directos desde el 16 de enero en varias entidades afectadas y en los casos de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas se aplicó un operativo especial.
El responsable de la política social del país afirmó que con el “70 y más” se pretende incrementar en más de un millón el padrón de beneficiarios, para llegar a tres millones 500 mil antes de que finalice el año.
Adelantó que se comenzarán a censar de nuevo las comunidades más afectadas por la sequía, con el objetivo de identificar a las familias que podrían incorporarse al Programa Oportunidades y recibir apoyos en alimentación, educación y salud.

Félix Guerra abundó que estas medidas de celeridad se dan como parte de la Estrategia Integral para la Atención de la Sequía 2012, que se suman a las acciones ya emprendidas para distribuir agua potable para consumo humano y paquetes alimentarios entre la población de las comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

En este marco, detalló que a la Sedesol le corresponde abastecer de agua potable a las comunidades afectadas, de insumos alimentarios básicos, cobijas y emitir los recursos del Programa de Empleo Temporal, que se aplicará en las zonas afectadas para evitar el éxodo masivo de indígenas a las ciudades.
“Si no llueve en los próximos meses, estimamos que se ocupará el equivalente a 500,000 vueltas o viajes de pipas de 10,000 litros cada una”, expuso.

Aclaró que la Sedesol ha otorgado los apoyos con total rendición de cuentas, por ello se han conformado comités comunitarios de transparencia, los cuales se encargan de administrar el agua y los alimentos.

Chihuahua.- El indígena rarámuri Juan Antonio Remechi tuvo que caminar un día y medio los 105 kilómetros de terreno sinuoso que hay entre su comunidad, en Batopilas, y un centro nutricional de Guachochi, para avisar que su hija se estaba muriendo.

«La niña casi ni se movía, estaba enferma y me vine a Guachoci desde Chilochique (municipio de Batopilas), y los doctores fueron por mi niña y mi señora», narra en entrevista el hombre de 40 años.

Ahora, después de dos meses, en el Centro de Recuperación Nutricional y Albergue Materno dieron de alta a la pequeña María, de dos años y medio, tras presentar desnutrición severa.

Desde que internaron a la pequeña, Juan ha servido como intérprete y se incorporó además a las labores cotidianas del albergue, en donde se fomenta el aprendizaje del cultivo de hortalizas y se construyen prototipos de vivienda con paja y adobe.

«Aquí ayudo al centro en lo que se ofrezca, porque desde hace dos meses que trajeron a mija para levantarla, me he puesto a aprender a cultivar ajo, cilantro, papa y otras cosas que pueden crecer con poca agua», indica el indígena.

Aunque Juan tiene tres hijos más, todos habían podido sobrevivir a la falta de alimentos, pero el nacimiento de su pequeña coincidió con la peor sequía que se recuerde en esta zona en los últimos 70 años.

«Somos muy pobres, pero nunca nos había pasado que se nos estuviera muriendo una criatura, porque como que mi esposa no comió bien y no criaba leche, y la niña se nos empezó a morir», cuenta.

La condiciones históricas de pobreza aunado a la peor sequía que se vive en la Sierra Tarahumara, ha hecho que cada año el sector Salud reporte un promedio de 15 muertes a causa de la desnutrición severa.

«Tenemos en los últimos 10 años cifras muy similares en los casos de mortandad de niños por desnutrición, sólo que en la década pasada éstos ocurrían por las fuertes nevadas y ahora se dan por la sequía», lamentó Joel David Lomelí, coordinador de Epidemiología del Sector Salud de la Subsede Guachochi.

Informó que hasta el momento han arribado 231 infantes con desnutrición leve, 43 con moderada y 30 con desnutrición severa.


Ciudad ed México.- Unos 50 indígenas rarámuris se suicidaron en diciembre de 2011 en la Sierra Tarahumara de México por la desesperación de no poder alimentar a sus hijos, denunció el domingo a la prensa Ramón Gardea, integrante del sindicato Frente Organizado de Campesinos.

«Las mujeres indígenas cuando llevan cuatro o cinco días sin poder darle de comer a sus hijos, se ponen tristes; y es tanta su tristeza que hasta el 10 de diciembre (2011) 50 hombres y mujeres, pensando que no tienen que darle a sus hijos, se arrojaron al barranco», dijo Gardea a una televisora del estado de Chihuahua (norte), donde se ubica la sierra Tarahumara.

Ante la falta de alimentos los indígenas «se avientan al barranco, otros se ahorcan», insistió Gardea.

Chihuahua es uno de los estados más afectados por una prolongada sequía, cuyos efectos se han recrudecido por el invierno boreal en México.

La sequía, considerada por las autoridades como la peor en la historia moderna de México, provocó la pérdida en la Sierra Tarahumara de 20.000 toneladas de maíz para autoconsumo, según datos del gobierno de Chihuahua.

El líder campesino no precisó cuándo se registró el primer suicidio de los indígenas, que tienen como principales actividades económicas la agricultura, la caza, manufactura de cestos y cobijas, además de la explotación forestal.

Una colecta ciudadana de alimentos para los indígenas de la Sierra Tarahumara se desarrolla este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza principal del país.

Los líderes indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz defendieron el agua de su comunidad de las arbitrariedades de un grupo caciquil, pero se les fabricó un delito por el que estuvieron presos tres años


Ciudad de México.- José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz no sonríen, pero tampoco se quejan.

Es como si en el momento les cayeran encima los casi tres años pasados en la cárcel por un delito fabricado. Aún no asimilan estar libres, luego de que el miércoles pasado la Suprema Corte de Justicia así lo determinó.
"Yo sentía muy feo, tuve mucho sufrimiento, unos 15 días estuvimos en observación, las celdas, no pude dormir, completamente desesperado estuve yo, sentía un dolor muy fuerte, aparte de familia", expresa José Ramón.
"Yo en la cárcel sentí difícil porque nosotros, yo siento que mi familia estén tristes, se preocupan por nosotros", complementa Pascual.
Ambos hombres hablan pausado, articulando con dificultad las frases que les permiten sus limitados conocimientos del español, pues su lengua natal es el náhuatl. Esa circunstancia fue precisamente la que les impidió defenderse ante las autoridades.

A 15 horas de haber salido del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, afirman que en su corazón sólo existe disposición para perdonar a quienes los acusaron falsamente del delito de robo de vehículo.

Su historia, al igual que la de otros indígenas encarcelados tiene el denominador común de la discriminación por la pobreza y el origen étnico.

Ambos son originarios de la comunidad de Atla del municipio de Pahuatlán, Puebla, donde históricamente existe un conflicto por el acceso al agua.

Sólo algunos de los 2 mil 172 habitantes cuentan con este derecho pues el suministro es controlado por un grupo caciquil que exigen cuotas de hasta 5 mil pesos o 40 días de faenas no remuneradas.

En aras de conseguir el líquido, algunos pobladores se abastecen con cubetas o líneas de mangueras desde manantiales cercanos. Para impedirlo, el grupo caciquil contamina el agua con animales muertos y basura o corta las líneas de suministro.

Ante la ausencia de las autoridades la problemática ha escalado al punto de presentarse enfrentamientos campales y homicidios.

En mayo de 2008, los habitantes de Atla eligieron a José Ramón, de 64 años y padre de ocho hijos, como presidente auxiliar, y a Pascual, de 48 años y con seis hijos, como juez menor de paz.
Los hombres convocaron a una asamblea y renovaron el Comité del Agua, cuyos nuevos miembros hicieron suyo un proyecto auspiciado por el municipio para beneficiar gratuitamente a toda la población con el líquido.

El 22 de octubre de 2009 un incidente cambiaría la vida de los dirigentes comunitarios.

En esa fecha fueron embestidos por el vehículo que conducía Abraham Aparicio, hijo de Cristóbal Aparicio Domínguez, señalado como integrante del grupo caciquil. El responsable escapó y abandonó el vehículo con las llaves puestas.

El comandante de policía Carmelo Castillo Martínez llegó al lugar de los hechos, tomó nota del abandono y trasladó la unidad al corralón municipal. A pesar de que José Ramón y Pascual perdonaron a Cristóbal, 10 días después éste interpuso una denuncia penal por robo de vehículo con violencia.

El 13 enero de 2009 los hombres fueron detenidos por ese ilícito y en 12 de julio se les dictó una sentencia de 7 años y 22 días de prisión. El Tribunal Superior de Justicia del estado confirmó la responsabilidad, pero modificó el castigo a 6 años, 10 mes y 20 días de prisión.

Castillo fue detenido en 2011, acusándolo de cómplice, y recuperó su libertad el pasado 23 de noviembre.
El caso de los activistas fue llevado ante la Corte luego de que la defensa alegó que las acusaciones eran falsas y no existían pruebas para sostenerlas, además de que jamás se les proporcionó un intérprete. La primera sala ordenó ponerlos en libertad.
"No es tolerable que en un país como México sigamos asistiendo al uso del sistema de justicia penal para encarcelar y reprimir las demandas legítimas de la población", reprochó ayer Daniel Zapico, de Amnistía Internacional.
"La respuesta es muy sencilla, en una palabra: corrupción. Eso fue lo que sucedió en el caso de ellos, no se necesita tener un gran puesto de poder, sino una cifra considerable de dinero, unos 20 o 30 mil pesos para que el Ministerio Público inicie una averiguación previa por un delito inexistente y luego al juez darle otro tanto", expresó Araceli Olivo, abogada del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

El miércoles a las 18:00 horas terminó el encierro para José Ramón y Pascual. Fueron recibidos afuera del por sus esposas Brígida Cruz y Salustia Aparicio, quienes los acompañaron ayer en la rueda de prensa que ofrecieron.

Ahora volverán a su casa donde los espera una fiesta en la comunidad.

Pero el conflicto del agua continúa sin solucionarse.

"Sabemos que las personas nos echaron en la cárcel, nos difamaron, pero yo siento en mi corazón que aunque estuvimos tres años encarcelados, desesperados, pensativos, preocupadísimos por nuestras familias por mi parte siento en mi corazón que yo los perdono, no quiero venganzas, no quiero a ellos con enemigos", dice con franqueza José Ramón.
"No es bueno hacer una venganza, nosotros somos personas inocentes y por eso no vamos a hacer eso", agrega Pascual.



La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) anunció que se ampliará y acelerará el pago del programa “70 y más” en comunidades afectadas por la sequía, además de que se agilizará la entrega de recursos de Oportunidades a beneficiarios afectados en el norte del país.

El titular de la Sedesol, Heriberto Félix Guerra, explicó que la dependencia comenzó con la entrega de apoyos directos desde el 16 de enero en varias entidades afectadas y en los casos de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas se aplicó un operativo especial.
El responsable de la política social del país afirmó que con el “70 y más” se pretende incrementar en más de un millón el padrón de beneficiarios, para llegar a tres millones 500 mil antes de que finalice el año.
Adelantó que se comenzarán a censar de nuevo las comunidades más afectadas por la sequía, con el objetivo de identificar a las familias que podrían incorporarse al Programa Oportunidades y recibir apoyos en alimentación, educación y salud.

Félix Guerra abundó que estas medidas de celeridad se dan como parte de la Estrategia Integral para la Atención de la Sequía 2012, que se suman a las acciones ya emprendidas para distribuir agua potable para consumo humano y paquetes alimentarios entre la población de las comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

En este marco, detalló que a la Sedesol le corresponde abastecer de agua potable a las comunidades afectadas, de insumos alimentarios básicos, cobijas y emitir los recursos del Programa de Empleo Temporal, que se aplicará en las zonas afectadas para evitar el éxodo masivo de indígenas a las ciudades.
“Si no llueve en los próximos meses, estimamos que se ocupará el equivalente a 500,000 vueltas o viajes de pipas de 10,000 litros cada una”, expuso.

Aclaró que la Sedesol ha otorgado los apoyos con total rendición de cuentas, por ello se han conformado comités comunitarios de transparencia, los cuales se encargan de administrar el agua y los alimentos.


Chihuahua.- El indígena rarámuri Juan Antonio Remechi tuvo que caminar un día y medio los 105 kilómetros de terreno sinuoso que hay entre su comunidad, en Batopilas, y un centro nutricional de Guachochi, para avisar que su hija se estaba muriendo.

"La niña casi ni se movía, estaba enferma y me vine a Guachoci desde Chilochique (municipio de Batopilas), y los doctores fueron por mi niña y mi señora", narra en entrevista el hombre de 40 años.

Ahora, después de dos meses, en el Centro de Recuperación Nutricional y Albergue Materno dieron de alta a la pequeña María, de dos años y medio, tras presentar desnutrición severa.

Desde que internaron a la pequeña, Juan ha servido como intérprete y se incorporó además a las labores cotidianas del albergue, en donde se fomenta el aprendizaje del cultivo de hortalizas y se construyen prototipos de vivienda con paja y adobe.

"Aquí ayudo al centro en lo que se ofrezca, porque desde hace dos meses que trajeron a mija para levantarla, me he puesto a aprender a cultivar ajo, cilantro, papa y otras cosas que pueden crecer con poca agua", indica el indígena.

Aunque Juan tiene tres hijos más, todos habían podido sobrevivir a la falta de alimentos, pero el nacimiento de su pequeña coincidió con la peor sequía que se recuerde en esta zona en los últimos 70 años.

"Somos muy pobres, pero nunca nos había pasado que se nos estuviera muriendo una criatura, porque como que mi esposa no comió bien y no criaba leche, y la niña se nos empezó a morir", cuenta.

La condiciones históricas de pobreza aunado a la peor sequía que se vive en la Sierra Tarahumara, ha hecho que cada año el sector Salud reporte un promedio de 15 muertes a causa de la desnutrición severa.

"Tenemos en los últimos 10 años cifras muy similares en los casos de mortandad de niños por desnutrición, sólo que en la década pasada éstos ocurrían por las fuertes nevadas y ahora se dan por la sequía", lamentó Joel David Lomelí, coordinador de Epidemiología del Sector Salud de la Subsede Guachochi.

Informó que hasta el momento han arribado 231 infantes con desnutrición leve, 43 con moderada y 30 con desnutrición severa.



Ciudad ed México.- Unos 50 indígenas rarámuris se suicidaron en diciembre de 2011 en la Sierra Tarahumara de México por la desesperación de no poder alimentar a sus hijos, denunció el domingo a la prensa Ramón Gardea, integrante del sindicato Frente Organizado de Campesinos.

"Las mujeres indígenas cuando llevan cuatro o cinco días sin poder darle de comer a sus hijos, se ponen tristes; y es tanta su tristeza que hasta el 10 de diciembre (2011) 50 hombres y mujeres, pensando que no tienen que darle a sus hijos, se arrojaron al barranco", dijo Gardea a una televisora del estado de Chihuahua (norte), donde se ubica la sierra Tarahumara.

Ante la falta de alimentos los indígenas "se avientan al barranco, otros se ahorcan", insistió Gardea.

Chihuahua es uno de los estados más afectados por una prolongada sequía, cuyos efectos se han recrudecido por el invierno boreal en México.

La sequía, considerada por las autoridades como la peor en la historia moderna de México, provocó la pérdida en la Sierra Tarahumara de 20.000 toneladas de maíz para autoconsumo, según datos del gobierno de Chihuahua.

El líder campesino no precisó cuándo se registró el primer suicidio de los indígenas, que tienen como principales actividades económicas la agricultura, la caza, manufactura de cestos y cobijas, además de la explotación forestal.

Una colecta ciudadana de alimentos para los indígenas de la Sierra Tarahumara se desarrolla este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza principal del país.