Ley Fayad

iniciativa de ley sobre Internet

Por: Luis García  – 28 octubre, 2015

El martes 27 de octubre, el Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Fayad, presentó una iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, redactada en colaboración con la Policía Federal.
El pasado martes 27 de octubre fue presentado ante el Senado mexicano un proyecto de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, cuyo principal impulsor es el diputado del PRI Omar Fayad. Si tienes la osadía de abrir el enlace al PDF y consigues leerlo completo sin sacarte los ojos con un tenedor, posiblemente termines un poco preocupado por el futuro del Internet en México.
La ONG mexicana R3D, dedicada a la defensa de los derechos digitales, publicó un análisis en el cual plantean que la iniciativa “prácticamente criminalizaría Internet entero”, y ciertamente, incluso a partir de una lectura superficial del texto se desprende su pésima redacción, ambigua y amplia como para dar cabida a que prácticamente cualquier conducta sea considerada ilícita.

iniciativa de ley sobre Internet

Por: Luis García  – 28 octubre, 2015

El martes 27 de octubre, el Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Fayad, presentó una iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, redactada en colaboración con la Policía Federal.
El pasado martes 27 de octubre fue presentado ante el Senado mexicano un proyecto de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, cuyo principal impulsor es el diputado del PRI Omar Fayad. Si tienes la osadía de abrir el enlace al PDF y consigues leerlo completo sin sacarte los ojos con un tenedor, posiblemente termines un poco preocupado por el futuro del Internet en México.
La ONG mexicana R3D, dedicada a la defensa de los derechos digitales, publicó un análisis en el cual plantean que la iniciativa “prácticamente criminalizaría Internet entero”, y ciertamente, incluso a partir de una lectura superficial del texto se desprende su pésima redacción, ambigua y amplia como para dar cabida a que prácticamente cualquier conducta sea considerada ilícita.

1dmx.org

23 de abril de 2014 • 23:39 • actualizado a las 23:44

BBC MUNDO.com

Las protestas empezaron cuando se conocieron detalles de la iniciativa de leyes secundarias enviadas por el gobierno al Senado y que podría votarse esta semana.

El artículo 197 del texto original establece, por ejemplo, la obligación de los proveedores del servicio a “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.

La propuesta no define cuáles son los hechos y sitios considerados como de riesgo, ni tampoco establece quién es la autoridad que puede solicitar el bloqueo de la señal de internet.

Con esa indefinición podría considerarse a una marcha o protesta ciudadana como una situación de riesgo, señalan especialistas, e incluso abre la puerta a la censura.

“Puede ser un mecanismo para impedir que en una manifestación los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad difundan información”, advierte Clara Luz Álvarez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ese párrafo -que fue el que causó más molestia entre los usuarios de internet- se eliminó del dictamen que deben discutir los senadores, pero en cambio se dejó otro también polémico.

El artículo 145 de la iniciativa advierte que los proveedores “podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario o cuando medie orden de autoridad competente”.

En los hechos, señala Luis Fernando García de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, se trata de un ataque a la neutralidad de internet que es uno de los elementos fundamentales del servicio.

El 2 de diciembre de 2013 la página 1DMX.org fue suspendida por el servidor donde se hospedaba, ubicado en Estados Unidos.

El portal divulgaba hasta esa fecha testimonios e información sobre la violencia que ocurrió un año antes, el 1 de diciembre de 2012 cuando el presidente Peña Nieto asumió el gobierno del país.

La organización que la sostiene transmitía en la página entrevistas, imágenes y videos de personas que acusaron a autoridades federales y locales de la violencia.

La Red por la Defensa de los Derechos Digitales acusó a la Comisión Nacional de Seguridad de solicitar la suspensión de su página. El gobierno de México negó haber participado en estos hechos.

Aunque el portal 1DMX se reactivó meses después, el caso demuestra el riesgo de censura que existe con la eventual legislación en telecomunicaciones, advierte Aleida Calleja.

“De eso se quejaron algunos industriales al decir que los quieren poner como policías”, señala. “Quieren que los proveedores de internet o de banda ancha asuman ese papel pero ellos dicen que no tienen por qué hacerlo, ellos nada más dan el servicio”.

23 de abril de 2014 • 23:39 • actualizado a las 23:44

BBC MUNDO.com

Las protestas empezaron cuando se conocieron detalles de la iniciativa de leyes secundarias enviadas por el gobierno al Senado y que podría votarse esta semana.

El artículo 197 del texto original establece, por ejemplo, la obligación de los proveedores del servicio a “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.

La propuesta no define cuáles son los hechos y sitios considerados como de riesgo, ni tampoco establece quién es la autoridad que puede solicitar el bloqueo de la señal de internet.

Con esa indefinición podría considerarse a una marcha o protesta ciudadana como una situación de riesgo, señalan especialistas, e incluso abre la puerta a la censura.

“Puede ser un mecanismo para impedir que en una manifestación los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad difundan información”, advierte Clara Luz Álvarez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ese párrafo -que fue el que causó más molestia entre los usuarios de internet- se eliminó del dictamen que deben discutir los senadores, pero en cambio se dejó otro también polémico.

El artículo 145 de la iniciativa advierte que los proveedores “podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario o cuando medie orden de autoridad competente”.

En los hechos, señala Luis Fernando García de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, se trata de un ataque a la neutralidad de internet que es uno de los elementos fundamentales del servicio.

El 2 de diciembre de 2013 la página 1DMX.org fue suspendida por el servidor donde se hospedaba, ubicado en Estados Unidos.

El portal divulgaba hasta esa fecha testimonios e información sobre la violencia que ocurrió un año antes, el 1 de diciembre de 2012 cuando el presidente Peña Nieto asumió el gobierno del país.

La organización que la sostiene transmitía en la página entrevistas, imágenes y videos de personas que acusaron a autoridades federales y locales de la violencia.

La Red por la Defensa de los Derechos Digitales acusó a la Comisión Nacional de Seguridad de solicitar la suspensión de su página. El gobierno de México negó haber participado en estos hechos.

Aunque el portal 1DMX se reactivó meses después, el caso demuestra el riesgo de censura que existe con la eventual legislación en telecomunicaciones, advierte Aleida Calleja.

“De eso se quejaron algunos industriales al decir que los quieren poner como policías”, señala. “Quieren que los proveedores de internet o de banda ancha asuman ese papel pero ellos dicen que no tienen por qué hacerlo, ellos nada más dan el servicio”.

CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2014

CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2014

América

INFORMACIÓN A PRUEBA DE UNA VIOLENCIA MÚLTIPLE

Han pasado más de veinte años desde que América Latina y el Caribe dejaron de vivir –o casi– bajo el yugo de las dictaduras militares o bajo el fuego de las guerras civiles. Colombia es una excepción, el conflicto armado ha durado medio siglo. Cuba también se diferencia por su régimen, heredado de la guerra fría, que no tolera ningún contrapoder independiente, pero que a su vez ve la emergencia de una sociedad civil que lo obliga a replantear su “modelo”. Formalmente ha ganado un ambiente de paz y de instituciones democráticas. Formalmente, pues queda camino por recorrer para salvar la distancia que resta entre la garantía constitucional de las libertades públicas y un verdadero Estado de Derecho. Numerosos periodistas y defensores de los derechos humanos enfrentan todos los días una situación de violencia elevada y múltiple, generada por el crimen organizado, los paramilitares y, a veces, la represión del Estado.
Ejemplo de esta sangrienta confluencia, Honduras posee una tasa de homicidios similar a la de países en guerra: se registran en promedio al año 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes (el país cuenta en total con sólo siete millones). En Honduras han sido asesinados treinta periodistas en una década; 27 de ellos perdieron la vida después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que derrocó al presidente electo, Manuel Zelaya. En nueve de estos casos se ha comprobado que el crimen estuvo relacionado con su actividad profesional. En este Estado fallido, la impunidad casi absoluta constituye la regla. Los atentados, las amenazas, las agresiones y hasta las “canonizaciones” de ciertos medios de comunicación, son obra tanto de las milicias privadas a sueldo de los terratenientes, del ejército y la policía (de estatus militar), como de los cárteles, muy presentes en la región.
Esto también sucede en América Central y en los Andes. En Perú y en Colombia la cobertura del narcotráfico, de la corrupción y de los conflictos territoriales o mineros incrementa en gran medida el riesgo de que los periodistas padezcan represalias. La esperanza –pequeña, pero real– de que pronto el gobierno de Bogotá y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) logren establecer un acuerdo de paz, no puede borrar la existencia del narco-paramilitarismo, también heredado de los años de guerra. ¿Cuántos periodistas –y junto con ellos sindicalistas, abogados y representantes de asociaciones– padecen la presión, a menudo fatal, de unidades paramilitares reconstituidas como los Urabeños o los Rastrojos?
En México estos predadores se llaman Zetas, aunque existen otras organizaciones criminales que actúan con la complicidad de las autoridades locales –y a veces federales– corruptas. El país arrastra un terrible balance: 88 periodistas asesinados y 18 desaparecidos entre 2000 y 2013; situación agravada por la llamada “ofensiva federal contra el narcotráfico”, emprendida bajo la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), que dejó como saldo más de 60 mil muertos.
Más al sur, en países como Brasil y Paraguay, el crimen organizado y su infiltración también obstaculizan la investigación y la información. En estos países, como sucede en los otros, la frágil condición de periodista se debe con frecuencia a su falta de estatus y a la poca solidaridad entre el gremio, pero también a la trágica sumisión de los medios de comunicación, sobre todo regionales, a los centros de poder. Verdadero esguince en el pluralismo y la independencia de la prensa, el “colonialismo” brasileño hace que el periodismo se convierta en instrumento de los barones locales, a la merced de los ajustes de cuentas políticos, en ocasiones mortales.
El periodista, junto con su medio de comunicación, también es un juguete político en los países que viven una fuerte polarización, en los que la oposición entre el sector privado y el público –o más bien el Estado– tiende al enfrentamiento. Venezuela lo ilustra de manera extrema. Los numerosos periodos electorales multiplicaron las ocasiones de invectivas y agresiones en el país. Este clima también se vive en Ecuador, Bolivia y, en menor medida, Argentina.

ESTADOS UNIDOS, BRASIL: LOS GIGANTES DEL NUEVO MUNDO NO PONEN EL EJEMPLO

Uno es una superpotencia; el otro, una potencia emergente. Uno encarnó durante mucho tiempo la democracia consolidada, donde las libertades públicas reinan. El otro, con el apoyo de una Constitución democrática adoptada solamente tres años después del final de su dictadura (1964-1985), creó durante la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) las condiciones de desarrollo de una sociedad civil poderosa. Ricos en sus diversidades, Estados Unidos y Brasil deberían poner en lo más alto la libertad de información, como norma jurídica y como valor. Por desgracia, la realidad está muy lejos de ser así.
En Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001 generó un profundo dilema entre: los imperativos de la seguridad nacional y los principios de la primera enmienda de la Constitución, que consagra el derecho de todo individuo a informar y a ser informado. La base constitucional de 1776 se estremeció con fuerza desde sus cimientos durante el doble mandato de George W. Bush, debido a las presiones, incluso el encarcelamiento, de ciertos periodistas que se negaban a revelar la identidad de sus fuentes o sus archivos a la justicia federal.
Desde que Barack Obama asumió sus funciones, la situación no ha mejorado sobre el fondo. ¿Ya no se persigue al periodista? Se caza a su fuente, usándolo a veces como ojeador. Al menos ocho personas han sido objeto de procesos legales con base en la ley de espionaje (Espionage Act) desde que Barack Obama llegó al poder; bajo el gobierno de Bush fueron tres. El año 2012 fue en parte el de Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Con el año 2013 se recordará el nombre de Edward Snowden, informático subcontratado de la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA), quien dio a conocer los programas de vigilancia masiva desarrollados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. El “informante”, he allí el enemigo. De allí la pena de 35 años de prisión infligida al soldado Manning, acusado de ser el “topo” de WikiLeaks.
Una pena muy pequeña comparada con la que enfrenta el periodista independiente Barrett Brown, acusado de ser un hacker: 105 años de prisión. En un ambiente generalizado de rastreo de fuentes y de datos, el año 2013 quedará marcado por el escándalo de The Associated Press, provocado por la obtención, por parte del Departamento de Justicia, de los historiales de llamadas telefónicas de la agencia informativa.
En el norte, el periodismo de investigación vacila. En el sur, el periodismo diario aún es sinónimo de riesgos y peligros. Brasil, donde fueron asesinados cinco periodistas en el año 2013, se sitúa como el país más mortífero del continente para el gremio, un lugar que ocupaba hasta ahora un México mucho más sangriento.
Brasil le debe estas tragedias a su inseguridad, aún elevada. El crimen organizado se impone en algunas regiones, lo que vuelve peligroso abordar temas como la corrupción, la droga o el tráfico de materias primas. Las mafias vigilan. Las autoridades también; reprimiendo a veces con las armas, castigan muy duramente con procesos legales. Lúcio Flávio Pinto, periodista y bloguero que denunciaba el tráfico de maderas preciosas, enfrenta al menos 33 procesos judiciales. Paradoja de la revocación –en 2009– de la Ley de Prensa de 1967 heredada del régimen militar: las órdenes de censura a medios de comunicación y periodistas atiborran actualmente los tribunales, a petición de políticos que se sirven de una justicia complaciente.
Estos políticos son a menudo los llamados “coroneles”, gobernadores o parlamentarios dueños de su Estado, quienes localmente colonizan publicaciones y frecuencias audiovisuales. Mientras tanto, a escala nacional diez grandes grupos familiares se reparten el espacio de difusión. La “primavera brasileña”, duramente reprimida, también incluía la protesta contra un modelo mediático que se ha convertido en un obstáculo para el pluralismo. En perjuicio de numerosos medios de comunicación comunitarios y alternativos, el gigante tarda en reformarse en este sentido.

Brasil: una “primavera” emplomada

La fuerte represión policíaca que padeció Brasil en 2013 también afectó a los actores de la información. En el mes de junio estallaron importantes protestas por el anuncio de un aumento del precio del transporte público en São Paulo. La agitación se extendió por todo el país. La población tampoco aceptaba los gastos faraónicos hechos por el gobierno con miras a la Copa Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en 2014 y los Juegos Olímpicos, que realizarán en 2016. Esta “primavera brasileña” también dio lugar a un fuerte cuestionamiento del modelo mediático dominante. Finalmente, puso de manifiesto las siniestras costumbres que conservan las policías militares de los Estados desde la época de la dictadura. Una centena de periodistas padeció la violencia durante las manifestaciones; más de dos tercios de estas agresiones se atribuyen a las fuerzas del orden.

LA REGULACIÓN DEL PAISAJE MEDIÁTICO, NUEVA BASTILLA DE LAS IZQUIERDAS DEL CONTINENTE
¿Las frecuencias audiovisuales se redistribuyen más fácilmente que las porciones de tierra? Sabemos cuánto la reforma agraria constituye, desde hace mucho, una marca de identidad para América Latina, que durante largo tiempo ha sido la campeona de las desigualdades sociales. Esta cuestión se encuentra presente de cierta forma en los retos actuales de los gobiernos progresistas del sur de la región: la democratización de las plataformas informativas y de difusión.
Al igual que el terreno cultivable, el campo mediático latinoamericano se distingue porque se concentra en pocas manos; los medios son escaparates de las oligarquías locales y nacionales. Este statu quo prevaleció gracias a mecanismos de radiodifusión consolidados bajo las dictaduras militares de los años 1960 y 1970, cuando los medios de comunicación constituían un coto privado bajo control. Por desgracia, el fin de la censura sistemática no acabó con la excesiva concentración de los medios, que aún obstaculiza un verdadero pluralismo. Brasil, Chile y Colombia ilustran esta situación. Más grave aún, las relaciones incestuosas entre los medios de comunicación dominantes y los centros de poder todavía dictan la agenda política en algunos países. Estos mismos medios de comunicación dominantes jugaron un rol clave en el golpe de Estado de Honduras, en 2009, y el golpe parlamentario de Paraguay, en 2012.
Por otra parte, el modelo mediático experimenta un profundo cuestionamiento, impulsado por los gobiernos progresistas que llegaron al poder con la ola electoral de los años 2000. Pero, ¿se trata de regular el espacio de difusión o a los medios de comunicación y sus actores? Las respuestas que pueden dar los países a esta pregunta contrastan mucho, en un ambiente de polarización.
Tanto en Argentina como en Uruguay se realiza una estricta reforma del marco audiovisual, a favor de legislaciones llamadas –por ambas partes del Río de la Plata– Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). La LSCA argentina, aprobada en 2009, fue pionera en su género porque reserva un tercio de las frecuencias audiovisuales a organismos sin fines de lucro. Esta disposición ofrece una verdadera oportunidad a medios de comunicación comunitarios, que abundan en el continente, pero que carecen de medios de transmisión e incluso son criminalizados. Debido a sus cláusulas que buscan evitar la concentración de medios y frecuencias en pocas manos, la LSCA lógicamente contraría los intereses del grupo Clarín, en conflicto abierto con la presidenta Cristina Kirchner desde 2008. Tras cuatro años de lucha judicial, el 29 de octubre de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionales los dos artículos por los cuales el grupo había interpuesto un recurso legal. Esto le impone ceder una parte de sus frecuencias audiovisuales y le impide que pueda ser a la vez, en la misma localidad, concesionario de un canal abierto y propietario de una empresa de producción y distribución televisual por cable.

Uruguay: un modelo de legislación

Votada en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2013, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) podría convertirse en una referencia en materia de regulación de los medios de comunicación. El país fue pionero en la región con una ley ad hoc de radios comunitarias, adoptada en 2007. La LSCA contempla redistribuir las frecuencias audiovisuales en tres partes iguales entre los diferentes medios de comunicación: privados, públicos y comunitarios. Asimismo, la LSCA ofrece una garantía importante al prohibir que se otorguen licencias de difusión de forma discrecional, según la línea editorial de las estaciones y los canales. El que exista poca polarización entre los medios de comunicación de este país –en comparación con sus vecinos– favorece a la nueva ley, al igual que el amplio debate que precedió su elaboración y que reunió a los diferentes actores de la sociedad civil.

Las disposiciones generales de la LSCA tuvieron una influencia directa en otras legislaciones de la región encaminadas a una distribución equitativa de las frecuencias audiovisuales entre los diferentes tipos de medios de comunicación (públicos, privados y comunitarios). La reforma de la Ley de Telecomunicaciones de Bolivia (2011) contempló este principio, al igual que la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, adoptada el 14 de junio de 2013. Sin embargo, esta última sigue siendo criticada, pues establece que la información “de relevancia pública” de los medios de comunicación sea “verificada, contrastada, contextualizada y oportuna”.
Frente a los medios de comunicación privados –que con frecuencia son agresivos y desprestigian entre ellos mismos– el gobierno ecuatoriano cuenta ahora con el arma legal. También con un conjunto de medios de comunicación públicos o bajo su tutela (incautados), que ahora predominan entre las frecuencias nacionales. Finalmente puede valerse del gran maná que representa la publicidad oficial, indispensable para la supervivencia de numerosos medios de comunicación regionales. En Venezuela, la lógica de “guerra mediática” –que nació con el golpe de Estado de 2002– ha llevado al gobierno a buscar toda forma de regulación. El espacio audiovisual nacional está sometido casi por completo al Poder Ejecutivo y a sus cadenas (mensajes oficiales que se transmiten en cadena nacional y cuya difusión es obligatoria).

CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2014

América

INFORMACIÓN A PRUEBA DE UNA VIOLENCIA MÚLTIPLE

Han pasado más de veinte años desde que América Latina y el Caribe dejaron de vivir –o casi– bajo el yugo de las dictaduras militares o bajo el fuego de las guerras civiles. Colombia es una excepción, el conflicto armado ha durado medio siglo. Cuba también se diferencia por su régimen, heredado de la guerra fría, que no tolera ningún contrapoder independiente, pero que a su vez ve la emergencia de una sociedad civil que lo obliga a replantear su “modelo”. Formalmente ha ganado un ambiente de paz y de instituciones democráticas. Formalmente, pues queda camino por recorrer para salvar la distancia que resta entre la garantía constitucional de las libertades públicas y un verdadero Estado de Derecho. Numerosos periodistas y defensores de los derechos humanos enfrentan todos los días una situación de violencia elevada y múltiple, generada por el crimen organizado, los paramilitares y, a veces, la represión del Estado.
Ejemplo de esta sangrienta confluencia, Honduras posee una tasa de homicidios similar a la de países en guerra: se registran en promedio al año 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes (el país cuenta en total con sólo siete millones). En Honduras han sido asesinados treinta periodistas en una década; 27 de ellos perdieron la vida después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que derrocó al presidente electo, Manuel Zelaya. En nueve de estos casos se ha comprobado que el crimen estuvo relacionado con su actividad profesional. En este Estado fallido, la impunidad casi absoluta constituye la regla. Los atentados, las amenazas, las agresiones y hasta las “canonizaciones” de ciertos medios de comunicación, son obra tanto de las milicias privadas a sueldo de los terratenientes, del ejército y la policía (de estatus militar), como de los cárteles, muy presentes en la región.
Esto también sucede en América Central y en los Andes. En Perú y en Colombia la cobertura del narcotráfico, de la corrupción y de los conflictos territoriales o mineros incrementa en gran medida el riesgo de que los periodistas padezcan represalias. La esperanza –pequeña, pero real– de que pronto el gobierno de Bogotá y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) logren establecer un acuerdo de paz, no puede borrar la existencia del narco-paramilitarismo, también heredado de los años de guerra. ¿Cuántos periodistas –y junto con ellos sindicalistas, abogados y representantes de asociaciones– padecen la presión, a menudo fatal, de unidades paramilitares reconstituidas como los Urabeños o los Rastrojos?
En México estos predadores se llaman Zetas, aunque existen otras organizaciones criminales que actúan con la complicidad de las autoridades locales –y a veces federales– corruptas. El país arrastra un terrible balance: 88 periodistas asesinados y 18 desaparecidos entre 2000 y 2013; situación agravada por la llamada “ofensiva federal contra el narcotráfico”, emprendida bajo la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), que dejó como saldo más de 60 mil muertos.
Más al sur, en países como Brasil y Paraguay, el crimen organizado y su infiltración también obstaculizan la investigación y la información. En estos países, como sucede en los otros, la frágil condición de periodista se debe con frecuencia a su falta de estatus y a la poca solidaridad entre el gremio, pero también a la trágica sumisión de los medios de comunicación, sobre todo regionales, a los centros de poder. Verdadero esguince en el pluralismo y la independencia de la prensa, el “colonialismo” brasileño hace que el periodismo se convierta en instrumento de los barones locales, a la merced de los ajustes de cuentas políticos, en ocasiones mortales.
El periodista, junto con su medio de comunicación, también es un juguete político en los países que viven una fuerte polarización, en los que la oposición entre el sector privado y el público –o más bien el Estado– tiende al enfrentamiento. Venezuela lo ilustra de manera extrema. Los numerosos periodos electorales multiplicaron las ocasiones de invectivas y agresiones en el país. Este clima también se vive en Ecuador, Bolivia y, en menor medida, Argentina.

ESTADOS UNIDOS, BRASIL: LOS GIGANTES DEL NUEVO MUNDO NO PONEN EL EJEMPLO

Uno es una superpotencia; el otro, una potencia emergente. Uno encarnó durante mucho tiempo la democracia consolidada, donde las libertades públicas reinan. El otro, con el apoyo de una Constitución democrática adoptada solamente tres años después del final de su dictadura (1964-1985), creó durante la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) las condiciones de desarrollo de una sociedad civil poderosa. Ricos en sus diversidades, Estados Unidos y Brasil deberían poner en lo más alto la libertad de información, como norma jurídica y como valor. Por desgracia, la realidad está muy lejos de ser así.
En Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001 generó un profundo dilema entre: los imperativos de la seguridad nacional y los principios de la primera enmienda de la Constitución, que consagra el derecho de todo individuo a informar y a ser informado. La base constitucional de 1776 se estremeció con fuerza desde sus cimientos durante el doble mandato de George W. Bush, debido a las presiones, incluso el encarcelamiento, de ciertos periodistas que se negaban a revelar la identidad de sus fuentes o sus archivos a la justicia federal.
Desde que Barack Obama asumió sus funciones, la situación no ha mejorado sobre el fondo. ¿Ya no se persigue al periodista? Se caza a su fuente, usándolo a veces como ojeador. Al menos ocho personas han sido objeto de procesos legales con base en la ley de espionaje (Espionage Act) desde que Barack Obama llegó al poder; bajo el gobierno de Bush fueron tres. El año 2012 fue en parte el de Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Con el año 2013 se recordará el nombre de Edward Snowden, informático subcontratado de la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA), quien dio a conocer los programas de vigilancia masiva desarrollados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. El “informante”, he allí el enemigo. De allí la pena de 35 años de prisión infligida al soldado Manning, acusado de ser el “topo” de WikiLeaks.
Una pena muy pequeña comparada con la que enfrenta el periodista independiente Barrett Brown, acusado de ser un hacker: 105 años de prisión. En un ambiente generalizado de rastreo de fuentes y de datos, el año 2013 quedará marcado por el escándalo de The Associated Press, provocado por la obtención, por parte del Departamento de Justicia, de los historiales de llamadas telefónicas de la agencia informativa.
En el norte, el periodismo de investigación vacila. En el sur, el periodismo diario aún es sinónimo de riesgos y peligros. Brasil, donde fueron asesinados cinco periodistas en el año 2013, se sitúa como el país más mortífero del continente para el gremio, un lugar que ocupaba hasta ahora un México mucho más sangriento.
Brasil le debe estas tragedias a su inseguridad, aún elevada. El crimen organizado se impone en algunas regiones, lo que vuelve peligroso abordar temas como la corrupción, la droga o el tráfico de materias primas. Las mafias vigilan. Las autoridades también; reprimiendo a veces con las armas, castigan muy duramente con procesos legales. Lúcio Flávio Pinto, periodista y bloguero que denunciaba el tráfico de maderas preciosas, enfrenta al menos 33 procesos judiciales. Paradoja de la revocación –en 2009– de la Ley de Prensa de 1967 heredada del régimen militar: las órdenes de censura a medios de comunicación y periodistas atiborran actualmente los tribunales, a petición de políticos que se sirven de una justicia complaciente.
Estos políticos son a menudo los llamados “coroneles”, gobernadores o parlamentarios dueños de su Estado, quienes localmente colonizan publicaciones y frecuencias audiovisuales. Mientras tanto, a escala nacional diez grandes grupos familiares se reparten el espacio de difusión. La “primavera brasileña”, duramente reprimida, también incluía la protesta contra un modelo mediático que se ha convertido en un obstáculo para el pluralismo. En perjuicio de numerosos medios de comunicación comunitarios y alternativos, el gigante tarda en reformarse en este sentido.

Brasil: una “primavera” emplomada

La fuerte represión policíaca que padeció Brasil en 2013 también afectó a los actores de la información. En el mes de junio estallaron importantes protestas por el anuncio de un aumento del precio del transporte público en São Paulo. La agitación se extendió por todo el país. La población tampoco aceptaba los gastos faraónicos hechos por el gobierno con miras a la Copa Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en 2014 y los Juegos Olímpicos, que realizarán en 2016. Esta “primavera brasileña” también dio lugar a un fuerte cuestionamiento del modelo mediático dominante. Finalmente, puso de manifiesto las siniestras costumbres que conservan las policías militares de los Estados desde la época de la dictadura. Una centena de periodistas padeció la violencia durante las manifestaciones; más de dos tercios de estas agresiones se atribuyen a las fuerzas del orden.

LA REGULACIÓN DEL PAISAJE MEDIÁTICO, NUEVA BASTILLA DE LAS IZQUIERDAS DEL CONTINENTE
¿Las frecuencias audiovisuales se redistribuyen más fácilmente que las porciones de tierra? Sabemos cuánto la reforma agraria constituye, desde hace mucho, una marca de identidad para América Latina, que durante largo tiempo ha sido la campeona de las desigualdades sociales. Esta cuestión se encuentra presente de cierta forma en los retos actuales de los gobiernos progresistas del sur de la región: la democratización de las plataformas informativas y de difusión.
Al igual que el terreno cultivable, el campo mediático latinoamericano se distingue porque se concentra en pocas manos; los medios son escaparates de las oligarquías locales y nacionales. Este statu quo prevaleció gracias a mecanismos de radiodifusión consolidados bajo las dictaduras militares de los años 1960 y 1970, cuando los medios de comunicación constituían un coto privado bajo control. Por desgracia, el fin de la censura sistemática no acabó con la excesiva concentración de los medios, que aún obstaculiza un verdadero pluralismo. Brasil, Chile y Colombia ilustran esta situación. Más grave aún, las relaciones incestuosas entre los medios de comunicación dominantes y los centros de poder todavía dictan la agenda política en algunos países. Estos mismos medios de comunicación dominantes jugaron un rol clave en el golpe de Estado de Honduras, en 2009, y el golpe parlamentario de Paraguay, en 2012.
Por otra parte, el modelo mediático experimenta un profundo cuestionamiento, impulsado por los gobiernos progresistas que llegaron al poder con la ola electoral de los años 2000. Pero, ¿se trata de regular el espacio de difusión o a los medios de comunicación y sus actores? Las respuestas que pueden dar los países a esta pregunta contrastan mucho, en un ambiente de polarización.
Tanto en Argentina como en Uruguay se realiza una estricta reforma del marco audiovisual, a favor de legislaciones llamadas –por ambas partes del Río de la Plata– Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). La LSCA argentina, aprobada en 2009, fue pionera en su género porque reserva un tercio de las frecuencias audiovisuales a organismos sin fines de lucro. Esta disposición ofrece una verdadera oportunidad a medios de comunicación comunitarios, que abundan en el continente, pero que carecen de medios de transmisión e incluso son criminalizados. Debido a sus cláusulas que buscan evitar la concentración de medios y frecuencias en pocas manos, la LSCA lógicamente contraría los intereses del grupo Clarín, en conflicto abierto con la presidenta Cristina Kirchner desde 2008. Tras cuatro años de lucha judicial, el 29 de octubre de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionales los dos artículos por los cuales el grupo había interpuesto un recurso legal. Esto le impone ceder una parte de sus frecuencias audiovisuales y le impide que pueda ser a la vez, en la misma localidad, concesionario de un canal abierto y propietario de una empresa de producción y distribución televisual por cable.

Uruguay: un modelo de legislación

Votada en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2013, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) podría convertirse en una referencia en materia de regulación de los medios de comunicación. El país fue pionero en la región con una ley ad hoc de radios comunitarias, adoptada en 2007. La LSCA contempla redistribuir las frecuencias audiovisuales en tres partes iguales entre los diferentes medios de comunicación: privados, públicos y comunitarios. Asimismo, la LSCA ofrece una garantía importante al prohibir que se otorguen licencias de difusión de forma discrecional, según la línea editorial de las estaciones y los canales. El que exista poca polarización entre los medios de comunicación de este país –en comparación con sus vecinos– favorece a la nueva ley, al igual que el amplio debate que precedió su elaboración y que reunió a los diferentes actores de la sociedad civil.

Las disposiciones generales de la LSCA tuvieron una influencia directa en otras legislaciones de la región encaminadas a una distribución equitativa de las frecuencias audiovisuales entre los diferentes tipos de medios de comunicación (públicos, privados y comunitarios). La reforma de la Ley de Telecomunicaciones de Bolivia (2011) contempló este principio, al igual que la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, adoptada el 14 de junio de 2013. Sin embargo, esta última sigue siendo criticada, pues establece que la información “de relevancia pública” de los medios de comunicación sea “verificada, contrastada, contextualizada y oportuna”.
Frente a los medios de comunicación privados –que con frecuencia son agresivos y desprestigian entre ellos mismos– el gobierno ecuatoriano cuenta ahora con el arma legal. También con un conjunto de medios de comunicación públicos o bajo su tutela (incautados), que ahora predominan entre las frecuencias nacionales. Finalmente puede valerse del gran maná que representa la publicidad oficial, indispensable para la supervivencia de numerosos medios de comunicación regionales. En Venezuela, la lógica de “guerra mediática” –que nació con el golpe de Estado de 2002– ha llevado al gobierno a buscar toda forma de regulación. El espacio audiovisual nacional está sometido casi por completo al Poder Ejecutivo y a sus cadenas (mensajes oficiales que se transmiten en cadena nacional y cuya difusión es obligatoria).

la virtualidad social

¿CREES QUE NADIE SABE DE TI?

La verdad del Facebook: Escalofriante
LASTIMOSAMENTE LAS COSAS BUENAS QUE UNOS HACEN, OTROS LA APROVECHAN PARA HACER EL MAL…

En dias pasados, en la televisión hubo reportaje todos los días con Joaquín López Dóriga (periodista mexicano) sobre Facebook, Hi5, Myspace, Sonico, etc. y lo peligroso que son. Vino un reportaje diario en el periódico MILENIO, sobre como los secuestradores tienen como fuente de información directa y confiable los blogs, el Facebook y el Hi5.

Entrevistaron a unos secuestradores y dicen que entran a la red y ven los ROSTROS, la casa, los carros, las fotos de viaje y saben el nivel social y económico que tienen quienes ahí aparecen. Ya en televisión uno de ellos había declarado que antes batallaban mucho para reconocer a los candidatos a secuestros, pero que ahora con el Facebook y la información que ponemos voluntariamente en la red, ya no se confunden ni tienen que investigar en donde viven o en que escuela estudian y a donde viajan y quienes son sus papas, hermanos y amigos. Eso pasó con Alejandro Marti, (Joven mexicano muerto por sus secuestradores) que de todo ponía. La familia acaba de cerrar su blog después de darse cuenta de la cantidad de información potencialmente peligrosa que el joven había puesto ahí con alegría y sin sospechar que estaba armando a quienes lo mataron. Protejan a sus hijos y protéjanse ustedes; ya no pongan información peligrosa en la red.

LA VERDAD SOBRE ‘FACEBOOK’
Facebook está vendiendo la información de sus usuarios al mejor postor. Cito textualmente: ‘Lo que muchos usuarios no saben es que de acuerdo a las condiciones del contrato que virtualmente asumen al hacer clic en el cuadro ‘acepto’, los usuarios le otorgan a Facebook la propiedad exclusiva y perpetua de toda la información e imágenes que publican.’

De hecho, resalta el experto, los afiliados ‘automáticamente autorizan a Facebook el uso perpetuo y transferible, junto con los derechos de distribución o despliegue público de todo lo que cuelgan en su página Web.’ Los términos de uso le reserva a Facebook el derecho a conceder y sub-licenciar todo ‘el contenido del usuario’ a otros negocios.

Sin su consentimiento, a muchos usuarios les convirtieron sus fotografías en publicidad, transformando un comercio privado en endosos públicos.

De repente todo lo que sus afiliados publicaron, incluyendo sus fotografías personales, su inclinación política, el estado de sus relaciones afectivas, intereses individuales y hasta la dirección de la casa, se envió sin su autorización expresa a millares de usuarios.

Hay que creerle a Mr. Melber cuando asegura que muchos empleadores gringos al evaluar hojas de vida revisan Facebook para conocer intimidades de los solicitantes. La prueba que una página en Facebook no es para nada privada se evidenció en un sonado caso donde la Universidad Brown expulsó a un estudiante cuando descubrió una foto que colgó en Facebook vestido de travesti. Otra evidencia sucedió cuando un agente del Servicio Secreto visitó en la Universidad de Oklahoma al estudiante de segundo año Saúl Martínez por un comentario que publicó en contra del presidente. Y para colmo de males, el asunto no termina si el usuario se decide retirar, Aun cuando los usuarios cancelan la membresía, sus fotos e información permanecen abordo, según Facebook, por si deciden reactivar su cuenta. Es más, el usuario no es retirado inclusive cuando fallece. De acuerdo a las ‘condiciones de uso’, los dolientes no pueden obligar que Facebook descuelgue los datos e imágenes de sus deudos, ya que cuando el finado aceptó el contrato virtual le otorgó a Facebook el derecho de ‘mantenerlo activo bajo un status especial de conmemoración por un período de tiempo determinado por nosotros para permitir que otros usuarios puedan publicar y observar comentarios sobre el difunto.’

Sepan los usuarios de Facebook que son partícipes indefensos de un escenario y los académicos califican como el caso de espionaje más grande en la historia de la humanidad. De paso se convierten de manera inconsciente en los precursores del fenómeno de ‘Big Brother’ te está observando. Alusión directa a la intromisión abusiva del estado en los asuntos privados del ciudadano común para controlar su comportamiento social, tema de una novela profundamente premonitoria escrita en 1932 por el británico Aldous Huxley: ‘Un Mundo Feliz.’


30 Julio, 2013 – 09:47
Credito:

El presidente de la Fundación de Software Libre de Europa (FSFE), Karsten Gerloff, ha denunciado que “para Google y Facebook somos productos, no clientes” y ha alertado de que esas mismas compañías, “sin ningún aviso previo, están nutriendo a los servicios secretos”.


Asimismo, ha considerado que “Microsoft desaparecerá en cinco o diez años” y Facebook, en tres.

En su ponencia, pronunciada en la Euskal Encounter que se celebra hasta este domingo en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), Karsten Gerloff ha criticado duramente a las multinacionales del sector y ha dicho que “algunas corporaciones roban nuestra información. Nosotros no solo les damos datos, sino también nuestra confianza, pues pensamos que van a proteger nuestra privacidad”.

Sin embargo, ha denunciado que esas mismas compañías, “sin ningún aviso previo, están nutriendo a los servicios secretos”. “Para ellas somos productos, no clientes. Tus datos son el producto que vende Google”, ha advertido.
El experto internacional ha añadido que estas multinacionales “han cogido nuestras computadoras, nuestras redes, y encima han erigido unas estructuras de control”, y ha explicado que en este reparto de tareas “Facebook define quiénes somos. Amazon establece lo que queremos y Google determina lo que pensamos“.

El presidente de FSFE ha calificado la situación actual de “traición”, y ha puesto como ejemplo “la entrega por parte de Yahoo! de información confidencial de sus clientes al Gobierno chino”. “Ahora lo hacen todos”, ha lamentado.

También ha arremetido contra los dirigentes políticos, a los que censura su “ausencia total de conciencia” en cuestiones relacionadas con los derechos humanos básicos. “Una vez que han entendido cómo funciona Internet, lo han convertido en una herramienta de opresión. Ahora mismo sabemos que nos escuchan, que no somos libres”, ha denunciado.

Pese a todo, no ve tan claro el futuro de dichas compañías. “Si Google quiere sobrevivir a largo plazo, tendrá que reinventarse. Microsoft todavía no lo ha hecho. Por eso, creo que va a desaparecer dentro de cinco o diez años”, ha dicho.

Por otro lado, ha considerado que cuando Facebook “vaya cuesta abajo, será muy rápido”. “A Facebook le doy tres años. Es una ley matemática. Pasó con MySpace y sé que volverá a pasar”, ha augurado.
El objetivo de su fundación es que “la gente sea consciente de que puede decidir cuál va a ser la tecnología de mañana y en qué tipo de mundo vamos a vivir”. Por ello, el experto alemán ha señalado que “siempre hay que estar alerta y observar los nuevos sistemas”.

“Tienes que preguntarte: ¿Quién lo controla?”. Asimismo, planteó que “se pueden hacer cosas muy sencillas” para evitar dicho control, tales como construir sistemas “que no tienen punto central de control, en los que cada uno de nosotros habla con el otro. Eso ya no es una utopía”, ha señañado.

Por tanto, Gerloff anima a todo el mundo “a poner un servidor en cada casa. Los routers, por ejemplo, pueden funcionar como pequeños servidores”. De esta forma, ha dicho, “sería posible dar otros pasos, como salir de Facebook, o cambiar el correo electrónico a una compañía pequeña”. “El software libre nos da todas las herramientas para hacerlo”, ha asegurado.
En alianza informativa con
MFH


Si el público asistente a La Ciudad de las Ideas es representativo de la población mexicana en torno del tema de si están a favor o en contra de las redes sociales, entonces, tras un debate informado e inteligente, la gente prefirió a quienes se manifestaron en contra de las redes sociales, en particular, Facebook.

Así es, el segundo país con más usuarios de Facebook en el mundo, según nos informó Randi Zuckerberg (hermana de Mark –creador de la red social-, productora de realities y una de las participantes en el debate) aplaudió más al equipo que defendió la posición en contra de Facebook. Sin embargo, de ésos que aplaudieron casi ninguno, salvo dos o tres personas, está dispuesto a dejar de usar Facebook o a no usarlo jamás. Es decir, en realidad no están en contra.


La vocación fundamental del lenguaje no es la comunicación, sino la manipulación simbólica, la manipulación de modelos. Por eso las palabras son SIEMPRE fuente de malos entendidos y el 90% de la comunicación entre personas es no verbal.

¿Cuál es entonces la función del facebook, por ejemplo, sino alienarnos con la ilusión de pertenecer y compartir? Pareciera entonces que las redes sociales virtuales son relevantes como instrumento de interacción solo como componentes de redes sociales físicamente activas.

¿Porqué la palabra siendo tan estéril es temida y reprimida con tanto vigor? El miedo a la obscuro y la conciencia de los poderosos y los violentos de la fragilidad real de su posición.

¿CREES QUE NADIE SABE DE TI?

La verdad del Facebook: Escalofriante
LASTIMOSAMENTE LAS COSAS BUENAS QUE UNOS HACEN, OTROS LA APROVECHAN PARA HACER EL MAL…

En dias pasados, en la televisión hubo reportaje todos los días con Joaquín López Dóriga (periodista mexicano) sobre Facebook, Hi5, Myspace, Sonico, etc. y lo peligroso que son. Vino un reportaje diario en el periódico MILENIO, sobre como los secuestradores tienen como fuente de información directa y confiable los blogs, el Facebook y el Hi5.

Entrevistaron a unos secuestradores y dicen que entran a la red y ven los ROSTROS, la casa, los carros, las fotos de viaje y saben el nivel social y económico que tienen quienes ahí aparecen. Ya en televisión uno de ellos había declarado que antes batallaban mucho para reconocer a los candidatos a secuestros, pero que ahora con el Facebook y la información que ponemos voluntariamente en la red, ya no se confunden ni tienen que investigar en donde viven o en que escuela estudian y a donde viajan y quienes son sus papas, hermanos y amigos. Eso pasó con Alejandro Marti, (Joven mexicano muerto por sus secuestradores) que de todo ponía. La familia acaba de cerrar su blog después de darse cuenta de la cantidad de información potencialmente peligrosa que el joven había puesto ahí con alegría y sin sospechar que estaba armando a quienes lo mataron. Protejan a sus hijos y protéjanse ustedes; ya no pongan información peligrosa en la red.

LA VERDAD SOBRE ‘FACEBOOK’
Facebook está vendiendo la información de sus usuarios al mejor postor. Cito textualmente: ‘Lo que muchos usuarios no saben es que de acuerdo a las condiciones del contrato que virtualmente asumen al hacer clic en el cuadro ‘acepto’, los usuarios le otorgan a Facebook la propiedad exclusiva y perpetua de toda la información e imágenes que publican.’

De hecho, resalta el experto, los afiliados ‘automáticamente autorizan a Facebook el uso perpetuo y transferible, junto con los derechos de distribución o despliegue público de todo lo que cuelgan en su página Web.’ Los términos de uso le reserva a Facebook el derecho a conceder y sub-licenciar todo ‘el contenido del usuario’ a otros negocios.

Sin su consentimiento, a muchos usuarios les convirtieron sus fotografías en publicidad, transformando un comercio privado en endosos públicos.

De repente todo lo que sus afiliados publicaron, incluyendo sus fotografías personales, su inclinación política, el estado de sus relaciones afectivas, intereses individuales y hasta la dirección de la casa, se envió sin su autorización expresa a millares de usuarios.

Hay que creerle a Mr. Melber cuando asegura que muchos empleadores gringos al evaluar hojas de vida revisan Facebook para conocer intimidades de los solicitantes. La prueba que una página en Facebook no es para nada privada se evidenció en un sonado caso donde la Universidad Brown expulsó a un estudiante cuando descubrió una foto que colgó en Facebook vestido de travesti. Otra evidencia sucedió cuando un agente del Servicio Secreto visitó en la Universidad de Oklahoma al estudiante de segundo año Saúl Martínez por un comentario que publicó en contra del presidente. Y para colmo de males, el asunto no termina si el usuario se decide retirar, Aun cuando los usuarios cancelan la membresía, sus fotos e información permanecen abordo, según Facebook, por si deciden reactivar su cuenta. Es más, el usuario no es retirado inclusive cuando fallece. De acuerdo a las ‘condiciones de uso’, los dolientes no pueden obligar que Facebook descuelgue los datos e imágenes de sus deudos, ya que cuando el finado aceptó el contrato virtual le otorgó a Facebook el derecho de ‘mantenerlo activo bajo un status especial de conmemoración por un período de tiempo determinado por nosotros para permitir que otros usuarios puedan publicar y observar comentarios sobre el difunto.’

Sepan los usuarios de Facebook que son partícipes indefensos de un escenario y los académicos califican como el caso de espionaje más grande en la historia de la humanidad. De paso se convierten de manera inconsciente en los precursores del fenómeno de ‘Big Brother’ te está observando. Alusión directa a la intromisión abusiva del estado en los asuntos privados del ciudadano común para controlar su comportamiento social, tema de una novela profundamente premonitoria escrita en 1932 por el británico Aldous Huxley: ‘Un Mundo Feliz.’


Credito:

El presidente de la Fundación de Software Libre de Europa (FSFE), Karsten Gerloff, ha denunciado que “para Google y Facebook somos productos, no clientes” y ha alertado de que esas mismas compañías, “sin ningún aviso previo, están nutriendo a los servicios secretos”.


Asimismo, ha considerado que “Microsoft desaparecerá en cinco o diez años” y Facebook, en tres.

En su ponencia, pronunciada en la Euskal Encounter que se celebra hasta este domingo en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), Karsten Gerloff ha criticado duramente a las multinacionales del sector y ha dicho que “algunas corporaciones roban nuestra información. Nosotros no solo les damos datos, sino también nuestra confianza, pues pensamos que van a proteger nuestra privacidad”.

Sin embargo, ha denunciado que esas mismas compañías, “sin ningún aviso previo, están nutriendo a los servicios secretos”. “Para ellas somos productos, no clientes. Tus datos son el producto que vende Google”, ha advertido.
El experto internacional ha añadido que estas multinacionales “han cogido nuestras computadoras, nuestras redes, y encima han erigido unas estructuras de control”, y ha explicado que en este reparto de tareas “Facebook define quiénes somos. Amazon establece lo que queremos y Google determina lo que pensamos“.

El presidente de FSFE ha calificado la situación actual de “traición”, y ha puesto como ejemplo “la entrega por parte de Yahoo! de información confidencial de sus clientes al Gobierno chino”. “Ahora lo hacen todos”, ha lamentado.

También ha arremetido contra los dirigentes políticos, a los que censura su “ausencia total de conciencia” en cuestiones relacionadas con los derechos humanos básicos. “Una vez que han entendido cómo funciona Internet, lo han convertido en una herramienta de opresión. Ahora mismo sabemos que nos escuchan, que no somos libres”, ha denunciado.

Pese a todo, no ve tan claro el futuro de dichas compañías. “Si Google quiere sobrevivir a largo plazo, tendrá que reinventarse. Microsoft todavía no lo ha hecho. Por eso, creo que va a desaparecer dentro de cinco o diez años”, ha dicho.

Por otro lado, ha considerado que cuando Facebook “vaya cuesta abajo, será muy rápido”. “A Facebook le doy tres años. Es una ley matemática. Pasó con MySpace y sé que volverá a pasar”, ha augurado.
El objetivo de su fundación es que “la gente sea consciente de que puede decidir cuál va a ser la tecnología de mañana y en qué tipo de mundo vamos a vivir”. Por ello, el experto alemán ha señalado que “siempre hay que estar alerta y observar los nuevos sistemas”.

“Tienes que preguntarte: ¿Quién lo controla?”. Asimismo, planteó que “se pueden hacer cosas muy sencillas” para evitar dicho control, tales como construir sistemas “que no tienen punto central de control, en los que cada uno de nosotros habla con el otro. Eso ya no es una utopía”, ha señañado.

Por tanto, Gerloff anima a todo el mundo “a poner un servidor en cada casa. Los routers, por ejemplo, pueden funcionar como pequeños servidores”. De esta forma, ha dicho, “sería posible dar otros pasos, como salir de Facebook, o cambiar el correo electrónico a una compañía pequeña”. “El software libre nos da todas las herramientas para hacerlo”, ha asegurado.
En alianza informativa con
MFH


Si el público asistente a La Ciudad de las Ideas es representativo de la población mexicana en torno del tema de si están a favor o en contra de las redes sociales, entonces, tras un debate informado e inteligente, la gente prefirió a quienes se manifestaron en contra de las redes sociales, en particular, Facebook.

Así es, el segundo país con más usuarios de Facebook en el mundo, según nos informó Randi Zuckerberg (hermana de Mark –creador de la red social-, productora de realities y una de las participantes en el debate) aplaudió más al equipo que defendió la posición en contra de Facebook. Sin embargo, de ésos que aplaudieron casi ninguno, salvo dos o tres personas, está dispuesto a dejar de usar Facebook o a no usarlo jamás. Es decir, en realidad no están en contra.


La vocación fundamental del lenguaje no es la comunicación, sino la manipulación simbólica, la manipulación de modelos. Por eso las palabras son SIEMPRE fuente de malos entendidos y el 90% de la comunicación entre personas es no verbal.

¿Cuál es entonces la función del facebook, por ejemplo, sino alienarnos con la ilusión de pertenecer y compartir? Pareciera entonces que las redes sociales virtuales son relevantes como instrumento de interacción solo como componentes de redes sociales físicamente activas.

¿Porqué la palabra siendo tan estéril es temida y reprimida con tanto vigor? El miedo a la obscuro y la conciencia de los poderosos y los violentos de la fragilidad real de su posición.

Guy Hawkes

Todos hemos visto estas máscaras.

¿Pero qué representan?

Esta máscara es producto del caricaturista británico David Lloyd, para la serie “V de Vendetta” escrita por Alan Moore.

La historia “V de Vendetta”, creada en los años 80, “está ambientada en Gran Bretaña durante un futuro cercano y tras una guerra nuclear parcial, con gran parte del mundo destruido. En este futuro, un partido fascista ostenta el poder en el Reino Unido. Un misterioso revolucionario apodado “V”, oculto tras una ‘máscara de Guy Fawkes’, empieza una elaborada y violenta campaña con el fin de derrocar el gobierno e incitar a la población a adoptar un modelo político-social diferente”.

A su vez el Guy Hawkes ‘real’, es un conspiracionista Inglés que planeó la llamada “Conspiración de la pólvora” y por la cual fue atrapado el 5 de Noviembre de 1605 y ejecutado en la horca el 31 de Enero de 1606. Por cierto, el motivo de dicha conspiración era acabar con las persecuciones religiosas (de católicos) por parte del Parlamento Inglés.

Posteriormente la serie “V de Vendeta” fue llevada al cine, en 2008.

Y a partir de dicha fecha fue que la máscara de Guy Fawkes fue empezada a ser usada por diversos grupos de protesta.

El primero de ellos fue el grupo de hackactivistas conocido como “Anonymus” que el en 2008 protestó c ontra la Iglesia de la Cienciología. Más adelante en el 2011 lo suo el grupo de ptotesta “Ocuppy Wall Street”. También la ha usado Julian Assagne y muchos movimientos de protesta más por todo el mundo.

Todos hemos visto estas máscaras.

¿Pero qué representan?

Esta máscara es producto del caricaturista británico David Lloyd, para la serie “V de Vendetta” escrita por Alan Moore.

La historia “V de Vendetta”, creada en los años 80, “está ambientada en Gran Bretaña durante un futuro cercano y tras una guerra nuclear parcial, con gran parte del mundo destruido. En este futuro, un partido fascista ostenta el poder en el Reino Unido. Un misterioso revolucionario apodado “V”, oculto tras una ‘máscara de Guy Fawkes’, empieza una elaborada y violenta campaña con el fin de derrocar el gobierno e incitar a la población a adoptar un modelo político-social diferente”.

A su vez el Guy Hawkes ‘real’, es un conspiracionista Inglés que planeó la llamada “Conspiración de la pólvora” y por la cual fue atrapado el 5 de Noviembre de 1605 y ejecutado en la horca el 31 de Enero de 1606. Por cierto, el motivo de dicha conspiración era acabar con las persecuciones religiosas (de católicos) por parte del Parlamento Inglés.

Posteriormente la serie “V de Vendeta” fue llevada al cine, en 2008.

Y a partir de dicha fecha fue que la máscara de Guy Fawkes fue empezada a ser usada por diversos grupos de protesta.

El primero de ellos fue el grupo de hackactivistas conocido como “Anonymus” que el en 2008 protestó c ontra la Iglesia de la Cienciología. Más adelante en el 2011 lo suo el grupo de ptotesta “Ocuppy Wall Street”. También la ha usado Julian Assagne y muchos movimientos de protesta más por todo el mundo.

la Cumbre de Negocios en Guadalajara

Bianca Patricia Treviño reclamó a los líderes de México que no permitan el crecimiento del país y se negó a pronunciar un discurso ‘a modo’ en el cierre de la Cumbre de Negocios en Guadalajara, Jalisco, la cual concluyó ayer, evento en el cual participó el presidente Enrique Peña Nieto.

Antes de que Miguel Alemán Velasco, presidente de México Cumbre de Negocios, ofreciera su discurso final se programó la intervención de dos jóvenes que no estaban en el programa: primero habló Javier Ballesteros, estudiante de postgrado de la Universidad Panamericana, y después fue el turno de Bianca.

De acuerdo con Mural Negocios, aunque originalmente tenía un discurso escrito, por un momento la emprendedora titubeó en sus palabras, se quedó callada por segundos y se salió del “guión”.

Bianca Patricia Treviño reclamó a los líderes de México que no permitan el crecimiento del país y se negó a pronunciar un discurso ‘a modo’ en el cierre de la Cumbre de Negocios en Guadalajara, Jalisco, la cual concluyó ayer, evento en el cual participó el presidente Enrique Peña Nieto.

Antes de que Miguel Alemán Velasco, presidente de México Cumbre de Negocios, ofreciera su discurso final se programó la intervención de dos jóvenes que no estaban en el programa: primero habló Javier Ballesteros, estudiante de postgrado de la Universidad Panamericana, y después fue el turno de Bianca.

De acuerdo con Mural Negocios, aunque originalmente tenía un discurso escrito, por un momento la emprendedora titubeó en sus palabras, se quedó callada por segundos y se salió del “guión”.

libertad de expresión en los tiempos virtuales

Viernes 06 de julio del 2012 | 13:15 Política

Embajador Namm asegura que pedido de asilo de Assange solo incumbe a Ecuador, Gran Bretaña y Suecia

AFP | QUITO

El caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en Gran Bretaña para evitar una extradición a Suecia, es un asunto que incumbe exclusivamente a esos países, dijo este viernes el embajador de Estados Unidos en Quito, Adam Namm.

“La posición del gobierno de los Estados Unidos es que este asunto del señor Assange, que está pidiendo asilo al gobierno de Ecuador, es un asunto entre Ecuador, el Reino Unido y Suecia”, señaló el embajador en una entrevista con Radio Quito.

“Los Estados Unidos no tienen nada que ver con ese proceso”, subrayó Namm, reiterando lo expuesto por la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, el pasado 20 de junio.

Assange, de 41 años, se refugió el 19 de junio en la embajada de Ecuador, país al que solicitó asilo político ante el temor de ser extraditado a Suecia, donde es sospechoso de cuatro supuestos delitos de agresión sexual.

El exhacker teme que Suecia sea sólo una etapa antes de su entrega a Estados Unidos, país que lo ha investigado por presunto espionaje tras la difusión en WikiLeaks de cientos de miles de cables diplomáticos estadounidenses confidenciales y documentos secretos de las guerras de Irak y de Afganistán.

Nuland también había dicho que la Casa Blanca solo aspiraba a que hubiese justicia en este caso. Pero “no estamos involucrados en ninguna de estas discusiones”, aseveró.

Un cable diplomático filtrado por WikiLeaks, que acusaba al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de tolerar la corrupción policial, motivó que Quito y Washington expulsaran a sus respectivos embajadores en abril de 2011.

El bloqueo diplomático duró cinco meses, hasta que en septiembre ambos países anunciaron que nombrarían nuevos embajadores para recomponer las relaciones. En enero pasado la representante ecuatoriana en Estados Unidos, Nathalie Cely, inició sus funciones.

“Veo que hemos superado este lamentable hecho de WikiLeaks. La expulsión de la embajadora (Heather) Hodges fue un momento difícil para nuestra relación, pero cada relación tiene sus dificultades, los Estados Unidos y Ecuador tenemos muchos vínculos”, destacó Namm, quien llegó a Quito el 30 de mayo.


Aunque pocos pudiéramos esperar que se entrara a valorar la impugnación de la Asociación de Internautas contra la Ley Sinde/Wert, el recurso acaba de ser admitido a trámite por el Tribunal Supremo, una pequeña luz al final del túnel con la que se valorará su suspensión en un plazo de diez días.

Según el comunicado mostrado por la Asociación de Internautas, el escrito remitido por el Tribunal Supremo dice así:

Se admite a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto y requiérase a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo en los términos que establece el Art. 48, ordenándole que practique los emplazamientos previstos en el Art. 49, ambos de la Ley de esta Jurisdicción.

Para el trámite de la suspensión cautelar solicitada por el recurrente, fórmese la correspondiente pieza separada de suspensión con el testimonio del escrito de interposición de recurso, de la diligencia de 20 de enero de 2012 y de la presente diligencia y dése traslado al Abogado del Estado para que, en el término de DIEZ DIAS manifieste lo que a su derecho convenga.

La noticia es la respuesta a la impugnación que hace unos días lanzaba al Asociación, un comunicado que venía acompañado de un formulario para que sitios webs, usuarios/ciudadanos u organizaciones se adhieran a la demanda remitida al Tribunal Supremo solicitando la suspensión cautelar de la normativa.

Básicamente la acción volvió a incidir sobre su redacción y el dañino alcance de la regulación sobre el mapa digital y los derechos fundamentales. Lo primero que habría que decir es que se trata de un primer paso a considerar. No significan ni mucho menos que la petición vaya a ser aceptada, pero la admisión a trámite supone que se valorará la demanda interpuesta (y por tanto su posible suspensión).

Se pide que se suspenda su puesta en práctica hasta que exista una opinión judicial que la avale. Al mismo tiempo, la Asociación de Internautas pide el apoyo de cuántas personas o compañías se quieran unir, principalmente ayuda económica para sufragar los gastos de la demanda, y en segundo término, para apoyar la iniciativa desde la web.

La pelota está en el tejado del Supremo, quién deberá discernir si el poder judicial es independiente del legislativo, y sobre todo, si el Supremo decide de manera ejemplar apoyar las sentencias judiciales frente al poder político que promueve esta ley que buscan censurar la red.


La Ley Sinde es el nombre informal con el cual se conoce a un apartado particular de la Ley de Economía Sostenible llamado “Disposición Final Segunda”, en que el Gobierno de Rodríguez-Zapatero intenta enfrentar la crisis que atraviesa España actualmente. Fue propuesta en mayo de 2009.

Dicha Disposición Final Segunda consiste en una serie de cambios que afectan a:

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (más conocida como LSSI).
La Ley de Propiedad Intelectual.
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, (que se centra en la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico).

El objetivo de modificar estas leyes es permitir que un grupo de personas dependientes del Ministerio de Cultura (una comisión cultural o comisión de propiedad intelectual), tengan la potestad de cerrar páginas web que, de acuerdo a su propio criterio, vulnere los derechos propiedad intelectual previa autorización de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo

Los cambios, como es de suponerse, vienen propuestos por la Ministra de Cultura, Ángeles Gonzales-Sinde, motivo por el cual se ganó el nombre de Ley Sinde.

Con las modificaciones hechas para lograr el acuerdo pactado entre los partidos PP, PSOE y CIU para hacer pasar la ley, la Ley Sinde es y funcionan de la siguiente manera:

Para que la Comisión de Propiedad Intelectual actue, debe recibir una denuncia (puede ser de particulares, cantantes, bandas, directores, como de una discográfica, estudio de cine, televisión, o sus respectivos representantes) ellos tendrán la potestad de determinar si hay falta o no; cuando determinan que sí, hay dos vías a recorrer:

El responsable de los contenidos que supuestamente vulneran la propiedad intelectual o aquellos que hospedan el contenido o aquel proveedor de acceso al que está conectado un servidor que hospeda los contenidos, inclusive quien los publicó tiene 48 horas para que, voluntariamente, retire el contenido en cuestión. Esto se hace por medio de una petición en la que no intercede ningún organismo jurídico. En caso de no retirarse ocurre lo siguiente:
Plazo de 2 días para que se presenten las pruebas del lado de quien demanda y del lado de quien es demandado, que se niega a retirar el contenido.
Plazo de 5 días para presentar las conclusiones de las pruebas introducidas por las partes.
La Comisión de Propiedad Intelectual tiene un plazo de 3 días para dictar resolución.

Tal resolución se presenta nuevamente a un juez quien la autoriza o no. Pero este juez no participa en el proceso mismo de determinación de culpabilidad (o no), simplemente ratifica o niega la conclusión.

Acudir a un juez para obtener una orden judicial por medio de la cual se piden los datos de aquel o aquellos que cometen la infracción al proveedor de servicios (generalmente será una empresa de hosting que opere dentro de España) y para que se retire el contenido que vulnera los derechos de propiedad intelectual (el Copyright, pues). Los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo tienen apenas 24 horas para autorizar o no. (como se explica en el inciso 7 del documento de acuerdo entre los partidos). El juez puede negarse si afecta al Artículo 18 apartados 1 y 3 de la Constitución Española. (No olvidemos que la primera versión de la Ley Sinde que se dio a conocer a finales de 2009 permitía este proceso sin la necesidad de intervención de un juez)

Los problemas de la Ley Sinde

Aunque un juez intervienga en varios puntos del proceso de actuación de la Comisión de Propiedad Intelectual, es justamente ese el primer y mayor problema: la denuncia y el propio hecho de determinar si hay falta se hace por una vía administrativa (es decir, un organismo del gobierno) y no por la vía judicial (es decir, una decisión hecha en juzgado, por jueces). ¿Por qué es este el mayor problema?:

Porque se vulnera un derecho y liberatad fundamental en España: la libertad de expresión. Que un organismo administrativo designado por un Ministerio (en este caso, el de Cultura) formado por personas que no conocemos, con facultades que desconocemos, se les otorgue tal poder y tal responsabilidad no solo es una falta de respeto a la ciudadanía, es darle una bofetada al sistema jurídico español.

Porque la actuación del juez en todo el proceso se limita al derecho de autorizar o no aquello que la comisión determinó. El juez no se ve involucrado ni tiene voz durante el desarrollo del proceso mismo. Por definición, la ausencia judicial en el proceso no garantiza que las decisiones de la comisión sean justas.

El segundo gran problema de la Ley Sinde es su origen. En diciembre se reveló por medio de las filtraciones de Wikileaks que la Disposición Final Segunda se gestó y redactó a partir de fuertes presiones de lobbys estadounidenses representantes de las industrias audiovisuales (es decir, los estudios y las discográficas). Toda la ley está “manchada” de las intervenciones de estas grandes empresas, al defender a toda costa sus intereses y arrastrar los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles.

El tercer gran problema de la Ley Sinde es su tremenda falta de claridad con respecto a sus límites. Gran parte de la discusión (para bien y para mal) se ha centrado en la necesidad de regulaciones que impidan que, por medio del internet, algunas personas se lucren con el trabajo ajeno. El problema es que no es claro qué se penalizará y qué no. Aún más grave es que no necesariamente se tiene que probar el daño, sino que hay una posibilidad de causar daño (la existencia de enlaces a contenido con Copyright, por ejemplo).

El cuarto gran problema es la existencia de un blacklist o una lista negra controlada por la Comisión de la Propiedad Intelectual. En caso que los contenidos “infractores” no se encuentren dentro de España (ya sea que la empresa de hosting sea extranjera, o los servidores están en otro país o la persona en cuestión no viva en España) entonces podrán pedir que el IP o el dominio en cuestión sea bloqueado.

No creo que sea necesario explicar los peligros que la lista negra de sitios y direcciones IP que no pueden ser accedidos mientras estás dentro de España esté en control de unas cuantas personas. Esto es una muralla digital China en potencia.
Las acciones, las protestas

Al conocerse la existencia de la Disposición Final Segunda y sus intenciones por parte del Ministerio de Cultura y su ministra Ángeles González-Sinde, un gran grupo de personas nos pusimos de acuerdo y lanzamos, el 2 de diciembre de 2009, a las 9 de la mañana un Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet. Aquel manifiesto fue publicada en miles de webs y fue leída por millones de personas. Causando un impacto real en la sociedad de entendimiento de los peligros de la aprobación de estas medidas.

A partir de esa fecha y hasta el día de hoy se ha mantenido una larguísima discusión de todo tipo de temas relacionados con la propiedad intelectual, con las medidas que se deben tomar o no. Una cosa es clara: la Ley Sinde existe porque el proceso judicial español simplemente no ha dado la razón a la industria audiovisual cuando intentan demandar a personas por simplemente enlazar contenido. ¿Solución? saltarse por completo el proceso y entregárselo a una comisión designada por un ministerio presidido por una persona que tiene fuertes lazos con la industria.

El pasado 21 de diciembre el gobierno español intentó pasar la ley por un proceso express que al final falló. Ayer, después de intensas negociaciones entre el PP y el PSOE, unas ligeras modificaciones a la Disposición Final Segunda, se comunicó que votarán a favor de su aprobación en el senado. Así estamos hoy.

Algunos pedimos la dimisión de la Ministra de Cultura, otros renuncian a su cargo, otros lo apoyan, pero lo más importante, hoy, es hacerle saber a quienes nos gobiernan que no estamos de acuerdo con lo que nos están haciendo. ¿Cómo? en las urnas. La perdida de voto es como realmente los políticos se sienten afectados y es donde debemos de actuar como sociedad responsable que somos.


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Viernes 06 de julio del 2012 | 13:15 Política

Embajador Namm asegura que pedido de asilo de Assange solo incumbe a Ecuador, Gran Bretaña y Suecia

AFP | QUITO

El caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en Gran Bretaña para evitar una extradición a Suecia, es un asunto que incumbe exclusivamente a esos países, dijo este viernes el embajador de Estados Unidos en Quito, Adam Namm.

“La posición del gobierno de los Estados Unidos es que este asunto del señor Assange, que está pidiendo asilo al gobierno de Ecuador, es un asunto entre Ecuador, el Reino Unido y Suecia”, señaló el embajador en una entrevista con Radio Quito.

“Los Estados Unidos no tienen nada que ver con ese proceso”, subrayó Namm, reiterando lo expuesto por la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, el pasado 20 de junio.

Assange, de 41 años, se refugió el 19 de junio en la embajada de Ecuador, país al que solicitó asilo político ante el temor de ser extraditado a Suecia, donde es sospechoso de cuatro supuestos delitos de agresión sexual.

El exhacker teme que Suecia sea sólo una etapa antes de su entrega a Estados Unidos, país que lo ha investigado por presunto espionaje tras la difusión en WikiLeaks de cientos de miles de cables diplomáticos estadounidenses confidenciales y documentos secretos de las guerras de Irak y de Afganistán.

Nuland también había dicho que la Casa Blanca solo aspiraba a que hubiese justicia en este caso. Pero “no estamos involucrados en ninguna de estas discusiones”, aseveró.

Un cable diplomático filtrado por WikiLeaks, que acusaba al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de tolerar la corrupción policial, motivó que Quito y Washington expulsaran a sus respectivos embajadores en abril de 2011.

El bloqueo diplomático duró cinco meses, hasta que en septiembre ambos países anunciaron que nombrarían nuevos embajadores para recomponer las relaciones. En enero pasado la representante ecuatoriana en Estados Unidos, Nathalie Cely, inició sus funciones.

“Veo que hemos superado este lamentable hecho de WikiLeaks. La expulsión de la embajadora (Heather) Hodges fue un momento difícil para nuestra relación, pero cada relación tiene sus dificultades, los Estados Unidos y Ecuador tenemos muchos vínculos”, destacó Namm, quien llegó a Quito el 30 de mayo.


Aunque pocos pudiéramos esperar que se entrara a valorar la impugnación de la Asociación de Internautas contra la Ley Sinde/Wert, el recurso acaba de ser admitido a trámite por el Tribunal Supremo, una pequeña luz al final del túnel con la que se valorará su suspensión en un plazo de diez días.

Según el comunicado mostrado por la Asociación de Internautas, el escrito remitido por el Tribunal Supremo dice así:

Se admite a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto y requiérase a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo en los términos que establece el Art. 48, ordenándole que practique los emplazamientos previstos en el Art. 49, ambos de la Ley de esta Jurisdicción.

Para el trámite de la suspensión cautelar solicitada por el recurrente, fórmese la correspondiente pieza separada de suspensión con el testimonio del escrito de interposición de recurso, de la diligencia de 20 de enero de 2012 y de la presente diligencia y dése traslado al Abogado del Estado para que, en el término de DIEZ DIAS manifieste lo que a su derecho convenga.

La noticia es la respuesta a la impugnación que hace unos días lanzaba al Asociación, un comunicado que venía acompañado de un formulario para que sitios webs, usuarios/ciudadanos u organizaciones se adhieran a la demanda remitida al Tribunal Supremo solicitando la suspensión cautelar de la normativa.

Básicamente la acción volvió a incidir sobre su redacción y el dañino alcance de la regulación sobre el mapa digital y los derechos fundamentales. Lo primero que habría que decir es que se trata de un primer paso a considerar. No significan ni mucho menos que la petición vaya a ser aceptada, pero la admisión a trámite supone que se valorará la demanda interpuesta (y por tanto su posible suspensión).

Se pide que se suspenda su puesta en práctica hasta que exista una opinión judicial que la avale. Al mismo tiempo, la Asociación de Internautas pide el apoyo de cuántas personas o compañías se quieran unir, principalmente ayuda económica para sufragar los gastos de la demanda, y en segundo término, para apoyar la iniciativa desde la web.

La pelota está en el tejado del Supremo, quién deberá discernir si el poder judicial es independiente del legislativo, y sobre todo, si el Supremo decide de manera ejemplar apoyar las sentencias judiciales frente al poder político que promueve esta ley que buscan censurar la red.


La Ley Sinde es el nombre informal con el cual se conoce a un apartado particular de la Ley de Economía Sostenible llamado “Disposición Final Segunda”, en que el Gobierno de Rodríguez-Zapatero intenta enfrentar la crisis que atraviesa España actualmente. Fue propuesta en mayo de 2009.

Dicha Disposición Final Segunda consiste en una serie de cambios que afectan a:

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (más conocida como LSSI).
La Ley de Propiedad Intelectual.
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, (que se centra en la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico).

El objetivo de modificar estas leyes es permitir que un grupo de personas dependientes del Ministerio de Cultura (una comisión cultural o comisión de propiedad intelectual), tengan la potestad de cerrar páginas web que, de acuerdo a su propio criterio, vulnere los derechos propiedad intelectual previa autorización de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo

Los cambios, como es de suponerse, vienen propuestos por la Ministra de Cultura, Ángeles Gonzales-Sinde, motivo por el cual se ganó el nombre de Ley Sinde.

Con las modificaciones hechas para lograr el acuerdo pactado entre los partidos PP, PSOE y CIU para hacer pasar la ley, la Ley Sinde es y funcionan de la siguiente manera:

Para que la Comisión de Propiedad Intelectual actue, debe recibir una denuncia (puede ser de particulares, cantantes, bandas, directores, como de una discográfica, estudio de cine, televisión, o sus respectivos representantes) ellos tendrán la potestad de determinar si hay falta o no; cuando determinan que sí, hay dos vías a recorrer:

El responsable de los contenidos que supuestamente vulneran la propiedad intelectual o aquellos que hospedan el contenido o aquel proveedor de acceso al que está conectado un servidor que hospeda los contenidos, inclusive quien los publicó tiene 48 horas para que, voluntariamente, retire el contenido en cuestión. Esto se hace por medio de una petición en la que no intercede ningún organismo jurídico. En caso de no retirarse ocurre lo siguiente:
Plazo de 2 días para que se presenten las pruebas del lado de quien demanda y del lado de quien es demandado, que se niega a retirar el contenido.
Plazo de 5 días para presentar las conclusiones de las pruebas introducidas por las partes.
La Comisión de Propiedad Intelectual tiene un plazo de 3 días para dictar resolución.

Tal resolución se presenta nuevamente a un juez quien la autoriza o no. Pero este juez no participa en el proceso mismo de determinación de culpabilidad (o no), simplemente ratifica o niega la conclusión.

Acudir a un juez para obtener una orden judicial por medio de la cual se piden los datos de aquel o aquellos que cometen la infracción al proveedor de servicios (generalmente será una empresa de hosting que opere dentro de España) y para que se retire el contenido que vulnera los derechos de propiedad intelectual (el Copyright, pues). Los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo tienen apenas 24 horas para autorizar o no. (como se explica en el inciso 7 del documento de acuerdo entre los partidos). El juez puede negarse si afecta al Artículo 18 apartados 1 y 3 de la Constitución Española. (No olvidemos que la primera versión de la Ley Sinde que se dio a conocer a finales de 2009 permitía este proceso sin la necesidad de intervención de un juez)

Los problemas de la Ley Sinde

Aunque un juez intervienga en varios puntos del proceso de actuación de la Comisión de Propiedad Intelectual, es justamente ese el primer y mayor problema: la denuncia y el propio hecho de determinar si hay falta se hace por una vía administrativa (es decir, un organismo del gobierno) y no por la vía judicial (es decir, una decisión hecha en juzgado, por jueces). ¿Por qué es este el mayor problema?:

Porque se vulnera un derecho y liberatad fundamental en España: la libertad de expresión. Que un organismo administrativo designado por un Ministerio (en este caso, el de Cultura) formado por personas que no conocemos, con facultades que desconocemos, se les otorgue tal poder y tal responsabilidad no solo es una falta de respeto a la ciudadanía, es darle una bofetada al sistema jurídico español.

Porque la actuación del juez en todo el proceso se limita al derecho de autorizar o no aquello que la comisión determinó. El juez no se ve involucrado ni tiene voz durante el desarrollo del proceso mismo. Por definición, la ausencia judicial en el proceso no garantiza que las decisiones de la comisión sean justas.

El segundo gran problema de la Ley Sinde es su origen. En diciembre se reveló por medio de las filtraciones de Wikileaks que la Disposición Final Segunda se gestó y redactó a partir de fuertes presiones de lobbys estadounidenses representantes de las industrias audiovisuales (es decir, los estudios y las discográficas). Toda la ley está “manchada” de las intervenciones de estas grandes empresas, al defender a toda costa sus intereses y arrastrar los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles.

El tercer gran problema de la Ley Sinde es su tremenda falta de claridad con respecto a sus límites. Gran parte de la discusión (para bien y para mal) se ha centrado en la necesidad de regulaciones que impidan que, por medio del internet, algunas personas se lucren con el trabajo ajeno. El problema es que no es claro qué se penalizará y qué no. Aún más grave es que no necesariamente se tiene que probar el daño, sino que hay una posibilidad de causar daño (la existencia de enlaces a contenido con Copyright, por ejemplo).

El cuarto gran problema es la existencia de un blacklist o una lista negra controlada por la Comisión de la Propiedad Intelectual. En caso que los contenidos “infractores” no se encuentren dentro de España (ya sea que la empresa de hosting sea extranjera, o los servidores están en otro país o la persona en cuestión no viva en España) entonces podrán pedir que el IP o el dominio en cuestión sea bloqueado.

No creo que sea necesario explicar los peligros que la lista negra de sitios y direcciones IP que no pueden ser accedidos mientras estás dentro de España esté en control de unas cuantas personas. Esto es una muralla digital China en potencia.
Las acciones, las protestas

Al conocerse la existencia de la Disposición Final Segunda y sus intenciones por parte del Ministerio de Cultura y su ministra Ángeles González-Sinde, un gran grupo de personas nos pusimos de acuerdo y lanzamos, el 2 de diciembre de 2009, a las 9 de la mañana un Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet. Aquel manifiesto fue publicada en miles de webs y fue leída por millones de personas. Causando un impacto real en la sociedad de entendimiento de los peligros de la aprobación de estas medidas.

A partir de esa fecha y hasta el día de hoy se ha mantenido una larguísima discusión de todo tipo de temas relacionados con la propiedad intelectual, con las medidas que se deben tomar o no. Una cosa es clara: la Ley Sinde existe porque el proceso judicial español simplemente no ha dado la razón a la industria audiovisual cuando intentan demandar a personas por simplemente enlazar contenido. ¿Solución? saltarse por completo el proceso y entregárselo a una comisión designada por un ministerio presidido por una persona que tiene fuertes lazos con la industria.

El pasado 21 de diciembre el gobierno español intentó pasar la ley por un proceso express que al final falló. Ayer, después de intensas negociaciones entre el PP y el PSOE, unas ligeras modificaciones a la Disposición Final Segunda, se comunicó que votarán a favor de su aprobación en el senado. Así estamos hoy.

Algunos pedimos la dimisión de la Ministra de Cultura, otros renuncian a su cargo, otros lo apoyan, pero lo más importante, hoy, es hacerle saber a quienes nos gobiernan que no estamos de acuerdo con lo que nos están haciendo. ¿Cómo? en las urnas. La perdida de voto es como realmente los políticos se sienten afectados y es donde debemos de actuar como sociedad responsable que somos.


La lista:

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dura represión de periodistas y redes sociales

MÉXICO, D.F., (apro).- La organización civil Reporteros Sin Fronteras (RSF) inició hoy una campaña de sensibilización para advertir a los turistas de los riesgos de vacacionar en países como México, Tailandia y Vietnam.

La intención “no es boicotear estos destinos, lo que queremos es que los viajeros también conozcan lo que hay detrás del decorado”, aclaró en un comunicado el organismo defensor de la libertad de expresión.

Sin embargo, advierte que “detrás de las palmeras, las playas o los templos ancestrales, en ocasiones se esconde una dura represión de periodistas y blogueros“, y en México, añade, 80 periodistas han sido asesinados en 10 años.

“Investigar sobre narcotráfico se ha convertido en una actividad de alto riesgo”, y “la impunidad que caracteriza estos crímenes permite a los asesinos continuar sus actividades”, fustiga el documento.

En tanto, en Vietnam y Tailandia –añade RSF– existen numerosos “temas tabú”, como “criticar a los dirigentes o denunciar la corrupción que impera en las más altas esferas del poder”, lo que “puede ser motivo para pasar 15 o 20 años tras las rejas”.

Por ello, la organización internacional con sede en París se pronunció por promover un turismo responsable y “concienciar a los vacacionistas”.

“Es tu gran derecho elegir el lugar de tus vacaciones, pero es nuestro deber decirte dónde pones los pies”, señala el organismo.

MÉXICO, D.F., (apro).- La organización civil Reporteros Sin Fronteras (RSF) inició hoy una campaña de sensibilización para advertir a los turistas de los riesgos de vacacionar en países como México, Tailandia y Vietnam.

La intención “no es boicotear estos destinos, lo que queremos es que los viajeros también conozcan lo que hay detrás del decorado”, aclaró en un comunicado el organismo defensor de la libertad de expresión.

Sin embargo, advierte que “detrás de las palmeras, las playas o los templos ancestrales, en ocasiones se esconde una dura represión de periodistas y blogueros“, y en México, añade, 80 periodistas han sido asesinados en 10 años.

“Investigar sobre narcotráfico se ha convertido en una actividad de alto riesgo”, y “la impunidad que caracteriza estos crímenes permite a los asesinos continuar sus actividades”, fustiga el documento.

En tanto, en Vietnam y Tailandia –añade RSF– existen numerosos “temas tabú”, como “criticar a los dirigentes o denunciar la corrupción que impera en las más altas esferas del poder”, lo que “puede ser motivo para pasar 15 o 20 años tras las rejas”.

Por ello, la organización internacional con sede en París se pronunció por promover un turismo responsable y “concienciar a los vacacionistas”.

“Es tu gran derecho elegir el lugar de tus vacaciones, pero es nuestro deber decirte dónde pones los pies”, señala el organismo.