Simojovel

28 jun 2015 7:13 AM.
Por: Redacción – xeu Noticias

Empresarios de Corea, China y Taiwán llegaron hace dos años a Simojovel, Chiapas, a comprar piezas de ámbar rojo y amarillo, considerado el de mayor calidad y belleza, agotando así de este material precioso a minas de 25 millones de años de antigüedad, denuncian habitantes de este municipio.

El periódico El Universal publica este domingo un reportaje que muestra la forma en que los asiáticos se han llevado el ámbar chiapaneco de localidades como La Pimienta, una comunidad tzotzil de Simojovel, donde sus habitantes, niños y adultos, trabajan de siete de la mañana a tres de la tarde para extraerlo de las minas por sueldos sumamente bajos.

La publicación detalla que el ámbar generó una nueva forma de hacer negocio, desde la renta de minas de aproximadamente seis mil pesos mensuales para exportarlo a China, Corea y Taiwán en donde es vendido en más de 600 pesos cada piedra, el equivalente al gramo de oro de 24 quilates, según declaraciones de artesanos chiapanecos.

Fuente: El Universal/

28 jun 2015 7:13 AM.
Por: Redacción – xeu Noticias

Empresarios de Corea, China y Taiwán llegaron hace dos años a Simojovel, Chiapas, a comprar piezas de ámbar rojo y amarillo, considerado el de mayor calidad y belleza, agotando así de este material precioso a minas de 25 millones de años de antigüedad, denuncian habitantes de este municipio.

El periódico El Universal publica este domingo un reportaje que muestra la forma en que los asiáticos se han llevado el ámbar chiapaneco de localidades como La Pimienta, una comunidad tzotzil de Simojovel, donde sus habitantes, niños y adultos, trabajan de siete de la mañana a tres de la tarde para extraerlo de las minas por sueldos sumamente bajos.

La publicación detalla que el ámbar generó una nueva forma de hacer negocio, desde la renta de minas de aproximadamente seis mil pesos mensuales para exportarlo a China, Corea y Taiwán en donde es vendido en más de 600 pesos cada piedra, el equivalente al gramo de oro de 24 quilates, según declaraciones de artesanos chiapanecos.

Fuente: El Universal/

el cártel de Sinaloa y los gobiernos

20 de abril de 2014 • 11:09 • actualizado a las 11:10

ABEL BARAJAS
Ciudad de México

En su afán por infiltrar y capturar a miembros de su organización criminal, el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) traficó cocaína del capo Ismael “El Mayo” Zambada, desde Phoenix, Arizona, hasta la ciudad de Nueva York.

El ICE se infiltró desde el 2006 en el círculo cercano de “El Mayo” y permitió que sus “topos” llevaran a cabo entregas controladas de kilogramos de cocaína para la célula que encabezaba su hombre de confianza José Lamberto Verdugo Calderón “El Verdugo”.

Una entrega controlada de 129 kilos de cocaína en la ciudad de los rascacielos proporcionó a los estadounidenses información de números telefónicos y cómplices, que resultó útil para que el Ejército ubicara y abatiera a Verdugo en Culiacán, Sinaloa, el 22 de enero de 2009.

La cuenta regresiva para el operador de “El Mayo” comenzó el 2 de Diciembre de 2006, cuando agentes especiales del ICE reclutaron en San Diego, California, a un informante muy valioso para sus pesquisas, señala un oficio del 1 de diciembre del 2008, suscrito por Louis R. García, entonces Agregado de esa agencia en México.

El documento, entregado a la PGR y después integrado a un expediente judicial, dice que el colaborador del ICE era un sujeto a quien la organización de Zambada había delegado la responsabilidad de transportar la cocaína de Arizona a la costa Este.

Tres meses antes de hablar con los estadounidenses, el “topo” había estado en Sinaloa, para reunirse con Verdugo. Conoció uno de sus ranchos, cerca de Culiacán, donde había un almacén con refrigeración que conservaba varias toneladas de cocaína empaquetada en ladrillos.

Desde su primer encuentro, el confidente señaló a los oficiales que Verdugo era el hombre que operaba para “El Mayo” las entregas de drogas y la recepción del dinero. Era un tipo de extracción rural y de bajo perfil que traficaba cocaína desde hacía más de una década.

Verdugo no era un desconocido para los estadounidenses, porque tenían registros de miembros de su grupo delictivo desde la década de los 90 y su hermano Rodrigo había sido detenido en Arizona por narcotráfico, en noviembre de 2003.

En un oficio con número MLVU: 0607: MX02BR07SY0003: tg, el ICE refiere que en diciembre de 2006 dio luz verde para iniciar una entrega controlada de 129 kilos de cocaína propiedad de Verdugo. El cargamento había entrado por Nogales, estaba en Phoenix y debían llevarlo a Nueva York.

“Agentes de la Oficina de ICE en San Isidro acompañaron al informante a Phoenix, Arizona, para iniciar la operación. El informante recibió instrucciones de recoger la cocaína en Phoenix, el 10 de Diciembre de 2006”, indica el reporte.

El teléfono del infiltrado era escuchado por el ICE. Ese día a las 10:00 horas habló con un sujeto apodado “El Güero”, quien lo citó al medio día en una tienda de juguetes “Toys R US” ubicada en la Dunlap Avenue de Phoenix.

A las 13:10 horas, agentes encubiertos fotografiaron al salir de la tienda a su informante con otras 7 personas -5 hombres y dos mujeres-, quienes se acercaron a un carro Prelude Honda rojo con placas de Arizona 756 TJW, registrado a nombre de Ossiel Sámano Loaiza.

El infiltrado se subió al carro, cuya cajuela iba cargada de cocaína, y 5 minutos después se marchó del estacionamiento; sus cómplices se quedaron junto a un vehículo Intrepid Dodge.

Los agentes del ICE mantuvieron un seguimiento encubierto del Honda, para cerciorarse que no hubiese contra vigilancia. Su informante condujo hasta el Centro Comercial Desert Ridge, en el Tatum Boulevard, en Phoenix.

Allí lo esperaban otros agentes, quienes sacaron del carro 129 kilos de cocaína y los llevaron hasta las oficinas del ICE, donde pesaron, fotografiaron y practicaron dictámenes químicos a la droga.

“Entre el 13 y 17 de Diciembre de 2006, Agentes de ICE de la Oficina de San Isidro, California, acompañaron al informante a Nueva York… El 15 de Diciembre hicieron una entrega controlada en Nueva York de 129 kilogramos de cocaína, procedentes de la organización de Verdugo Calderón”, señala el informe.

A raíz de esta entrega, se obtuvo información que llevó a la captura de José Oscar del Castillo Gallardo, el 20 de enero de 2007, cuando esquiaba en Big Bear Lake, California.

Del Castillo, quien tenía en su celular registros de llamadas recientes con “El Verdugo”, es compadre de Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, hijo de “El Mayo”, y también es yerno de Víctor Emilio Cazares Gastelum, hombre cercano a Joaquín “El Chapo” Guzmán”.

Su captura llevó a un aseguramiento de 38 mil dólares en Michigan, el 6 de febrero siguiente, y luego a la incautación de 2 millones 11 mil 956 dólares en Chicago, Illinois, el 2 de Abril de 2007. El cerco sobre Verdugo se iba cerrando desde Estados Unidos.

El 10 de septiembre de 2008 el Ejército Mexicano aseguró 26 millones 202 mil 176 dólares en una de sus casas de seguridad en Culiacán. El golpe fue el preludio final para “El Verdugo”, quien fue localizado y abatido por los militares el 22 de enero de 2009.


Jueves, 10 de abril de 2014 a las 15:45

(CNNMéxico) — El Vicentillo había insistido en declararse inocente… pero cambió de postura para reducir la condena que pudieran imponerle.

Vicente Zambada Niebla, vinculado con el cártel de Sinaloa, se declaró culpable hace un año en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y está “cooperando” con las autoridades de ese país, informaron este jueves funcionarios federales estadounidenses.

Entre otros puntos, admitió que en el lapso de 2005 a 2008 era un integrante de alto rango del cártel de Sinaloa, y que encabezó muchas operaciones de tráfico de drogas, por su cuenta y en cooperación con su padre, Ismael el Mayo Zambada.

El acuerdo con el que se declaró culpable, establecido el tres de abril de 2013, se detalló de forma pública en la Corte de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, de acuerdo con un comunicado de esa instancia de justicia.

“Bajo el acuerdo de culpabilidad, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua, una sentencia mínima obligatoria de 10 años, y una multa máxima de 4 millones de dólares”, agregó el mensaje oficial.

Pero “si el gobierno (de EU) determina en el momento de la sentencia que Zambada Niebla ha seguido prestando una cooperación plena y veraz, como lo exige el acuerdo de culpabilidad”, se reducirá la sentencia aconsejada, de cadena perpetua.

Al menos seis de ochos líderes del narcotráfico extraditados a territorio estadounidense desde 2007 establecieron acuerdos con fiscales de ese país, para declararse culpables y reducir sus condenas.

En esa lista están Eduardo Arellano Félix, el Doctor; Benjamín Arellano Félix, Osiel Cárdenas Guillén, Héctor el Güero Palma, Miguel Caro Quintero y Mario Villanueva.

El Vicentillo era el único de los capos extraditados que se había declarado inocente.

Zambada Niebla permanece bajo custodia de Estados Unidos —a donde fue extraditado desde febrero de 2010—, y hasta el momento se no ha fijado una fecha para darle una sentencia a su caso.

En otro punto del acuerdo, Zambada Niebla se comprometió a no impugnar una sentencia con la que se estableció un decomiso de 1,300 millones de dólares.

En específico, Zambada Niebla se declaró culpable de un cargo de conspiración para poseer e intentar distribuir en territorio estadounidense múltiples kilogramos de cocaína y heroína, entre 2005 y 2008.

“La declaración de culpabilidad significa que no habrá juicio para Zambada-Niebla, cuyo caso fue separado del de sus coacusados”, entre los que están su padre, Ismael Zambada (prófugo), y Joaquín el Chapo Guzmán (detenido en México), ambos presuntos líderes del cártel de Sinaloa, de acuerdo con el comunicado de la Corte de Distrito para el Distrito Norte de Illinois.

El Vicentillo fue detenido en 2009, en la capital mexicana.

Al ser extraditado a Estados Unidos, en ese país lo acusaron junto a el Mayo y el Chapo Guzmán de obtener armas, y planear usar la fuerza para defender al cártel de Sinaloa, además de conspirar para importar drogas a territorio estadounidense.

En abril de 2012 un juez federal estadounidense se negó a retirar los cargos en contra de Zambada Niebla, quien alegaba que tenía inmunidad porque trabajaba como informante de la DEA.

Las confesiones de Zambada

“Zambada Niebla confesó que entre mayo de 2005 y diciembre de 2008 él era un miembro de alto nivel del cártel de Sinaloa, y que fue responsable de muchos aspectos de sus operaciones de tráfico de drogas, ‘tanto de forma independiente y como un hombre de confianza de su padre’, para quien actuó como coordinador sustituto y logístico”, según el acuerdo de culpabilidad.

También admitió que era consciente de que su padre, el Mayo Zambada, era uno de los líderes del cártel de Sinaloa desde 1970, y que su principal medio de vida derivó de su venta de drogas en Estados Unidos.

Además dijo que el cártel de Sinaloa utilizó vuelos privados, submarinos y otros vehículos sumergibles, buques de pesca, vagones de ferrocarril, además automóviles para realizar el traslado de drogas, desde Centro y Sudamérica, para pasar por el interior de México, hasta llegar a Estados Unidos.

“Zambada Niebla también admitió que era consciente de que el cartel usó la violencia e hizo amenazas creíbles de violencia contra cárteles rivales y autoridades en México para facilitar su negocio”, agregó el documento que se dio a conocer este jueves.


26 de febrero de 2014

MÉXICO, D.F. (apro).- La convocatoria anónima surtió efecto: cientos de personas salieron a marchar a las calles de Culiacán y Guamúchil, en Sinaloa, para exigir a las autoridades federales la liberación de su “héroe”, Joaquín El Chapo Guzmán.

Ataviados con playeras y gorras blancas, y acompañados de música de banda, los manifestantes –mujeres, hombres, jóvenes y niños– alzaron pancartas con las leyendas: “Queremos libre al Chapo”, “No queremos otra guerra, liberen al Chapo” y “Chapo, hazme un hijo”.

También circularon volantes que pedían “un juicio justo” para Guzmán Loera. “Exigimos la no extradición porque todo mexicano tiene derecho a ser juzgado en su país”, decía otra manta. Una más: “Familia, amigos y pueblo exigen hagan valer los derechos humanos del señor Joaquín Guzmán”.


Dámaso López, posible sucesor de Joaquín “El Chapo” Guzmán

22 de febrero de 2014•18:28 • actualizado a las 18:36

Ciudad de México.- La detención del narcotraficante más buscado en el mundo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, es un acierto para el gobierno mexicano, pero esta captura podría incrementar la violencia en el país, advirtió la firma de inteligencia Stratfor.

Señaló que quienes se quedan al mando del Cártel de Sinaloa, tras ser capturado su máximo líder, buscarán a toda costa mantener el poder de esta organización criminal.

Según el informe, se “podría desatar una ola de violencia en todo el noroeste de México, si los cambios internos evolucionan en conflicto intracártel”.

El Cártel de Sinaloa, refirió Stratfor, ha enfrentado a una serie de arrestos desde diciembre pasado y a diversos desafíos en sus áreas de operaciones por las redes criminales regionales y transnacionales.

Stratfor agrega que “el ritmo y el éxito de las operaciones dirigidas a los principales líderes de la Federación de Sinaloa obstaculizarán seriamente la capacidad del cártel para defender sus operaciones en el noroeste de México, que posiblemente lleve a la violencia sustancial en varias áreas a medida que organizaciones criminales rivales buscan explotar nuevas vulnerabilidades del cártel”.


Ciudad de México.- Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, líder del llamado Cártel de Sinaloa es “sustituible” y ya no es “intocable”, indica un análisis de la agencia de inteligencia estadunidense Stratfor.

Según el documento, el territorio liderado por el también prófugo de la justicia desde 2011, está en riesgo ante ataques de grupos rivales que se disputan las plazas del narcotráfico.

En el texto titulado “La mitificación de ‘El Chapo’”, Stratfor explica que las organizaciones criminales Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Mazatlecos mantienen una estrategia bélica en los bastiones del “Chapo” Guzmán, es decir, Jalisco y Sinaloa.

Según la agencia de inteligencia, la presunta protección del Gobierno hacia el capo de la droga es sólo un “mito popular” y advierte que paulatinamente se incrementan los frentes en contra de su presencia criminal.

Expuso que en los primeros meses de este año, el CJNG rompió relaciones de manera definitiva con “el Chapo” tras el asesinato de uno de sus aliados, José Manuel Garibay Félix, alias “El Gordo”, y ahora pretende hacerse cargo de la producción de drogas químicas y su trasiego en el estado de Jalisco.

Asimismo, “los remanentes de lo que alguna vez fue la organización de los Beltrán Leyva conforman al grupo denominado Los Mazatlecos, que representan una potente amenaza para la organización de ‘El Chapo’ a lo largo de Sinaloa”, refiere Stratfor.

En los últimos seis años “el Chapo” perdió la alianza con Los Beltrán Leyva y han sido detenidos ocho mandos medios o altos del Cártel de Sinaloa, así como de personas cercanas a Guzmán Loera, y está latente la amenaza de grupos como Los Caballeros Templarios y Los Zetas.

Sin embargo, la eventual captura o eliminación del “Chapo” no representaría el fin de la organización delictiva que lidera, pues en este cártel existe un triunvirato conformado por Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José Esparragoza, “El Azul”, quienes en caso de esta ausencia, seguirían con sus negocios ilícitos.


Ciudad de México.- Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, presunta hija del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable ante Cathy Ann Bencivengo, jueza de Distrito de Estados Unidos.
La supuesta hija del líder del Cártel de Sinaloa fue capturada el 12 de octubre en San Diego, California, acusada de fraude, así como uso ilegal de visas, permisos y diversos documentos.

Cathy Ann Bencivengo también ordenó su liberación, pues consideró que Guzmán cumplió su sentencia, después de más de dos meses de reclusión.
El 25 de octubre se había declarado inocente, pero el lunes recibió seis cargos de inmigración ante la Corte Federal de San Diego.
La mujer, de 31 años de edad, admitió haber intentado cruzar la frontera por la garita de San Ysidro identificada con una visa legal, pero de otra persona.
Guzmán Salazar tenía siete meses de embarazo cuando fue detenida por ingresar a Estados Unidos con una visa ajena para dar a luz a su hijo en el país norteamericano.
En la audiencia a la que no se convocó a los medios de comunicación, se ordenó la deportación inmediata de Guzmán Salazar, confirmaron fuentes judiciales.
La acusada tenía programada una audiencia para el 20 de diciembre de 2012; no obstante, su defensa llegó a una negociación con las autoridades norteamericanas.
Alejandrina Giselle, hoy con nueve meses de embarazo, aún está bajo la custodia de autoridades migratorias y se desconoce cuándo será deportada.
El Departamento de Justicia descartó otros cargos relacionados con el supuesto parentesco con el narcotraficante más buscado en México.
La Oficina del Fiscal en San Diego no ha confirmado que sea hija de Guzmán Loera, y no hay ninguna mención de este supuesto parentesco en su declaración.


MÉXICO, D.F. (apro).- Una Corte federal de San Diego, California, pospuso para el próximo 20 de diciembre la comparecencia de Alejandrina Guzmán, presunta hija de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, ante la juez Cathy Ann Bencivengo.

Alejandrina enfrenta seis cargos federales relacionados con las leyes de migración de Estados Unidos –fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos–, tras su detención, el pasado 15 de octubre en el puerto internacional de San Ysidro, al sur de San Diego.

La Corte estadunidense evitó detallar su decisión de cambiar la fecha de la audiencia.

No obstante, Guadalupe Valencia, abogado de Alejandrina Guzmán, destacó que la presentación ante la Corte fue pospuesta de común acuerdo entre las partes, con el fin de recopilar más información del caso.

La supuesta hija del líder del cártel de Sinaloa fue detenida a mediados de octubre pasado en la garita de San Ysidro, California, cuando intentaba ingresar a Estados Unidos con documentación falsa.

En ese entonces, las autoridades federales informaron que la mujer tenía más de siete meses de embarazo.


¡152 disparos y no hay móvil!

Rubén Torres
19 Noviembre, 2012 – 17:03

Es mezquino aquél que pregunta, obtiene el cómo y qué ocurrió en la carretera México-Cuernavaca el pasado 26 de agosto, pero no el por qué, después que 13 policías federales rociaron con 152 disparos de metralla una camioneta blindada placas BCM-242 diplomáticas bien visibles, donde iban dos “espías’’ gringos en compañía de un capitán de SEMAR y no dicen el móvil.

Es lo único que las huestes de Genaro García Luna, flamante secretario de Seguridad Pública Federal (SSPF), tenaz productor de shows y escándalos mediáticos político-policiacos y la primera abogada de la nación, Marisela Morales Ibáñez, con las versiones de la subprocuradora Victoria Pacheco Jiménez y la Comisionada de la Policía Federal, Maribel Cervantes Guerrero, pero no precisan, porque tampoco lo saben.


Según un estudio de Viridiana Río, investigadora de la Universidad de Harvard, en los últimos ocho años, la presencia de organizaciones del narcotráfico creció más de 13 veces en los municipios mexicanos

Ciudad de México.- En los últimos 8 años, la presencia de cárteles en los municipios del País creció más de 13 veces, señala un estudio de la investigadora Viridiana Ríos.

Ríos, candidata a doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard, y su socio Michele Coscia crearon un algoritmo llamado MOGO (Making Order Using Google As an Oracle), que permite recopilar información de Google News, filtrarla y organizarla para monitorear el movimiento y acción de los cárteles de la droga en México.

“A la gente le sorprenden los resultados del estudio: sólo en el 30 por ciento de los municipios del País hay operación de los grupos del narcotráfico, pero hay que decir que en 2004 el porcentaje de municipios era muchísimo menor. De hecho, sólo operaban en 50 municipios, cuando ahora están en 713”, dijo Ríos en entrevista telefónica.

La investigación se concentra en un documento que titularon: “¿Cómo y Dónde Operan los Criminales? Usando Google para Rastrear a las Organizaciones de Tráfico de Droga en México”.

En su trabajo, los investigadores generaron mapeo sobre estrategias comerciales, áreas de operación y tendencias de crecimiento del crimen organizado.

“Le dimos a nuestro algoritmo los nombres de las organizaciones criminales que buscamos y miembros de estas organizaciones, y MOGO busca en qué momento, en qué año y en qué lugar se menciona a esas organizaciones”, añadió Ríos.

Entre las conclusiones a las que llegaron está que los cárteles de la droga imitan a las empresas, pues plantean crecimiento, intervención y control del mercado dependiendo de sus intereses financieros.


San Diego, California.- Funcionarios de Estados Unidos dijeron que la hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los capos del narcotráfico más buscados del mundo, fue arrestada en San Diego después de ser detenida en la frontera bajo sospecha de intentar ingresar a Estados Unidos con el pasaporte de otra persona.

Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar fue detenida el viernes en el puerto internacional de San Ysidro, al sur de San Diego, y fue acusada de fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos.

Guzmán Salazar le dijo a las autoridades estadounidenses que su padre es Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, en México, dijeron el lunes dos funcionarios de Estados Unidos.

Los funcionarios hablaron bajo condición de guardar el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente del arresto.


México.- Todo parece indicar que la premura para presentar a un joven como hijo de “El Chapo” Guzmán tenía tintes políticos, en pleno cierre de campañas.

Y es que de acuerdo con Juan Heriberto Rangel Méndez, defensor de los dos jóvenes detenidos por marinos en Zapopan, Jalisco, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ofreció a los hermanos Félix y Kevin Beltrán, que aceptaran ser familiares del líder del cártel de Sinaloa, luego los dejarían libres después de las elecciones.

En entrevista con el diario La Jornada, el abogado de los jóvenes dijo que el ofrecimiento se hizo dentro de las propias instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).

“Se dio poco antes de que ambos rindieran su declaración ministerial durante la noche del jueves. Hasta ellos llegaron los agentes de la DEA cuando todavía no estábamos nosotros para defenderlos”, relató al diario.

“Primero le dicen a Félix que acepte que es el hijo de ‘El Chapo’ y que se podría aclarar su situación después de las elecciones. Querían que firmara las declaraciones que le presentaron los de la Siedo. Entonces él les respondió que no iba a firmar nada, y no lo hizo, afortunadamente”, prosiguió.

“Le insistieron: ‘tú acepta, ahorita firmas tu declaración y luego se hace la aclaración que no eras’; después, cuando se convencieron de que no aceptaría, le dijeron: ‘queremos que inculpes a las personas que nosotros te digamos y sales ahorita’”, pero tampoco quiso.

“Obviamente ya no sacaron nada de él, y Félix refiere que llegó un agente de la DEA, un pelón, que le dijo ‘a ver voltéate’, y Félix lo hizo. Le pidió también que se quitara la camisa y luego el agente agregó: ‘no éste no es, el gordo tiene una cicatriz’”, detalló.

Rangel Méndez señaló que supieron que eran agentes de la DEA porque los jóvenes “dicen que los dos agentes eran güeros, altos y hablaban en inglés. Félix dice que le decían las palabras en español mal pronunciado y que cuando él les decía que no, entonces entre ellos hablaban en inglés”.

Indicó que fue la madrugada del sábado, cuando se pudo reunir con ellos, que le contaron lo sucedido con los agentes.

“Vi que no están golpeados ni maltratados, y allí me dijeron que entraron los agentes de la DEA y les propusieron eso”, apuntó el abogado.

La Siedo informó que mantendrá bajo arraigo durante los siguientes 40 días a los hermanos Kevin y Félix Beltrán, pese a que ya descartó que en el caso del primero de ellos se trate del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Con información de La Jornada


La detención, la semana pasada, de una red de operadores de Los Zetas en Estados Unidos, entre ellos Francisco Antonio Colorado Cessa, puso al descubierto los tentáculos del cártel en Veracruz, donde se asentó durante la gestión de Fidel Herrera Beltrán y corrompió a políticos de todo signo. Las primeras indagatorias implican no sólo al exmandatario priista por su cercanía con Pancho Colorado, sino también al PAN y aun al PRD. De acuerdo con declaraciones de funcionarios federales a Proceso, Los Zetas tienen entre 2 mil y 3 mil miembros en ese estado.

La desarticulación de una red de lavado de dinero del cártel de Los Zetas en Estados Unidos vino a constatar que la delgada línea entre política y narcotráfico en Veracruz alcanza lo mismo al PRI que al PAN.

Las investigaciones de la justicia estadunidense contra el número dos de esa organización delictiva y jefe del grupo en el estado, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, afectaron en un primer momento al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, pero pronto alcanzaron al PAN y a su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota.

La justicia estadunidense tiene encausadas en diferentes cortes federales a 35 personas que han sido investigadas desde que Herrera Beltrán era gobernador por la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el Federal Bureau of Investigation (FBI) por su participación en el tráfico de drogas y lavado de dinero entre Veracruz, Tamaulipas y Estados Unidos.

La detención el martes 13, en Oklahoma, del hermano del Z40, José Treviño Morales, colocó de nueva cuenta al exgobernador en el centro de atención. Ese día, la justicia estadunidense hizo pública la acusación contra 15 personas como presuntas responsables de lavar dinero para Los Zetas mediante empresas dedicadas a la crianza de caballos pura sangre y las apuestas en carreras de caballos.

Entre los inculpados, como intermediario en la compra de caballos, está el contratista de Pemex de la zona de Tuxpan, Francisco Antonio Colorado Cessa, quien ha sido beneficiario tanto por el PRI como por las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1859, ya en circulación)


Abel Barajas

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró el rancho “Flor de María” en Tuxpan, Veracruz, propiedad de Francisco Colorado Cessa, quien el jueves se entregó en una Corte Federal de Estados Unidos para enfrentar cargos por presunto lavado de dinero de Los Zetas.

Colorado, dueño de la empresa ADT Petroservicios, es una de las 15 personas acusadas de lavar dinero del cártel por medio de la compra de caballos pura sangre para carreras parejeras.

Según información oficial, en la indagatoria iniciada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), peritos de la PGR valuaron en 34 millones 777 mil pesos esta propiedad que lleva el nombre de la esposa del empresario veracruzano.

La dependencia informó que el rancho de Pancho Colorado, como se le conoce, era utilizado por integrantes de la organización criminal como casa de seguridad y descanso, aunque no precisa si el inmueble había sido invadido o existía un acuerdo entre el dueño y los criminales.

Dentro de los límites de la propiedad, la Policía Federal sostuvo un enfrentamiento con los sicarios de la banda delictiva, en el cual resultaron 26 detenidos, siete heridos y dos muertos, el pasado 22 de marzo.

En aquella ocasión, los agentes abatieron a Enrique Delgado Fraire, “Mando Quique”, identificado por el Gobierno federal como el jefe de plaza de Los Zetas en la zona sur de Tamaulipas y quien organizó la fuga de 53 reos del penal de Cieneguillas, Zacatecas, en mayo de 2009.

Un total de 18 de los 26 detenidos laboraban en el rancho de Pancho Colorado fueron puestos a disposición de la PGR; sin embargo, nunca se informó si luego fueron liberados, consignados o arraigados como sospechosos de colaborar con el crimen organizado.

De acuerdo con informes allegados a la investigación, cuando ocurrió el enfrentamiento en su rancho, el dueño de ADT Petroservicios ya llevaba algunos días en Texas y tras enterarse de los hechos canceló su regreso a México. Se quedó en Houston hasta el día de su entrega.

La PGR indicó que la investigación penal que fundamenta las acusaciones contra Colorado, presentadas en Estados Unidos, forman parte de las indagatorias iniciadas en la SIEDO desde abril 2011, aunque el empresario nunca fue detenido.

En una tarjeta informativa, la dependencia detalló que la investigación que lleva a cabo contra Colorado es por delincuencia organizada, delito considerado como grave y, además, ha realizado varios cateos y aseguramientos de bienes, como es el caso del rancho en Tuxpan.

Agregó que Colorado cuenta con una orden de localización y presentación girada por la SIEDO.

“Existe al respecto, amplia coordinación de la PGR, por medio de la SIEDO, con autoridades de los Estados Unidos de América para detectar empresas y operaciones financieras probablemente provenientes de narcotráfico”, indicó la Procuraduría.

Detallan bitácoras vuelos de JVM

El uso del avión propiedad de Pancho Colorado por parte de Josefina Vázquez Mota quedó registrado en bitácoras de vuelo.

El 14 de mayo de 2010, los pasajeros del avión con matrícula XA-RDJ, propiedad de Aerolíneas Ejecutivas, eran Vázquez Mota — entonces coordinadora de la diputación panista– quien acudió a apoyar la campaña de Cuauhtémoc Calderón, aspirante a la gubernatura de Zacatecas y que viajó de regreso; el entonces diputado federal del PAN, Miguel Martín López, y Alejandro Meléndez, secretario de la panista.

El vuelo cubrió la ruta Toluca-Zacatecas y de regreso.

El 29 de mayo, Pancho Colorado viajó en ese avión del Aeropuerto Nacional El Lencero, en Jalapa, a Poza Rica. De ese destino fue llevado, sin pasajeros a Toluca y ahí recogió el 30 de mayo a Vázquez Mota, Martín López y al diputado federal Carlos Pérez Cuevas, quienes volaron a Jalapa.

Se deslinda Yadhira Carrillo


CHICAGO (apro).- El juez Rubén Castillo, de la Corte federal de Illinois, fijó el próximo 9 de octubre como la nueva fecha para iniciar el juicio por delitos de narcotráfico contra Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo.

En una audiencia para determinar la nueva fecha del juicio, el juez federal dijo que éste reiniciará hasta otoño, tomando en cuenta que es un proceso complicado, y tanto la defensa del acusado como el Departamento de Justicia necesitan tiempo para preparar sus argumentos.

Castillo aclaró que está en proceso de revisión de la información clasificada que le ha entregado el gobierno de Estados Unidos para acusar de narcotráfico a El Vicentillo.

El magistrado dijo a los defensores del presunto capo que estima que a finales de marzo próximo terminará de hacer la revisión de los documentos clasificados.

Y una vez que concluya la revisión de los documentos, el juez Castillo determinará cuáles son los que dejará analizar a la defensa de El Vicentillo.

También destacó que la Corte federal en Illinois dio como plazo a la defensa de Zambada Niebla hasta el 30 de marzo para que presente cualquier otro documento que respalde su pedido de inmunidad para el hijo de Ismael El Mayo Zambada.

El juez Castillo también aclaró que un mes después el Departamento de Justicia responderá a lo que los abogados de El Vicentillo entreguen a la Corte a fines de marzo.

La próxima audiencia de preparación para el juicio será el 18 de abril, fecha para la cual aseguró el juez ya se deberá tener más claro cómo proceder en el caso de Zambada Niebla.

El juzgador dijo además que se tendrá que abordar la situación de otros posibles criminales involucrados en este caso y que podrían ser extraditados de México a Estados Unidos.

En la sesión de este miércoles, Castillo advirtió al Departamento de Justicia que seguirá manteniendo en secreto la información clasificada en el caso de El Vicentillo y que él considere como riesgosa para la seguridad nacional.

Sin embargo, el juez federal enfatizó al gobierno federal que entregará a la defensa del presunto narcotraficante cualquier documento que no presente riesgo de seguridad nacional.

En la misma sesión, la defensa de El Vicentillo reiteró que el hijo de El Mayo Zambada es inocente de los delitos que se le imputan, e insistió que por lo tanto no sólo debe ser puesto en libertad, sino también regresado a México.

Y mientras el juez determina si es válida la documentación que le entregue la defensa, El Vicentillo permanecerá en la prisión federal de Milan, en el estado de Michigan.

Este miércoles, como ya es costumbre, El Vicentillo estuvo presente en la audiencia a través de una videoconferencia y, aunque no fue autorizado para hablar, se veía muy atento a lo que le narraba la traductora (vía telefónica) de lo que se desarrollaba en la sala del juez Castillo.

Tanto los fiscales federales como la defensa del presunto capo declinaron hablar con los reporteros al concluir las audiencias de este día en la ciudad de Chicago.


La defensa del narcotraficante mexicano Vicente Zambada Niebla, que será juzgado en EE.UU. a partir de febrero, alega que la autoridades estadounidenses conspiraron con el Cartel de Sinaloa y prometieron inmunidad a sus jefes.

En un documento que fue presentado a la corte por la defensa de Zambada Niebla, alias “Vicentillo”, y al que Efe tuvo acceso hoy, se responde a los argumentos de la Fiscalía y en particular al hecho de que ésta niegue la existencia de tal acuerdo.

Los abogados defensores afirman que el abogado mexicano Humberto Loya Castro negoció con “agentes autorizados del gobierno de Estados Unidos” como “agente del Cartel de Sinaloa”.

“Cuando Loya Castro se reunió con el Gobierno (de EE.UU.) le dijo a los agentes que estaba autorizado por ‘El Chapo’ Guzmán y que sólo informaría sobre los carteles rivales. Estuvo claro desde el comienzo que no era un informante tradicional”, dice el documento.

Los abogados señalan que al negociar el acuerdo de inmunidad, los agentes federales estadounidenses sabían que Loya Castro “actuaba como agente, consejero y enlace” de los líderes del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, e Israel ‘Mayo’ Zambada”, el padre de “Vicentillo” a quien también se conoce por “Mayito”.

“Muchos de los líderes de los carteles rivales y sus asociados fueron detenidos o muertos” como consecuencia de la información pasada a la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA), agregan.

“En esencia, el gobierno de Estados Unidos se involucró en una conspiración con uno de los mayores carteles de droga del mundo y sabía que la información que le pasaba Loya Castro procedía de El Chapo, Mayo y Vicente Zambada Niebla”, agrega la defensa.

La fiscalía niega la existencia de tal acuerdo, que según el documento de la defensa fue “aprobado por funcionarios del más alto nivel” del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y acusa a “Vicentillo” de haber importado toneladas de drogas a este país como coordinador logístico del Cartel de Sinaloa en Chicago.

Según los argumentos de la defensa, este tipo de acuerdo no sería nuevo y mencionan un artículo publicado en la revista Foreign Affairs por el exjefe de la DEA Robert Bonner, según el cual Estados Unidos utilizó la misma táctica en Colombia para capturar a Pablo Escobar.

“El gobierno no quiere admitir estos acuerdos porque podrían perjudicar su estrategia”, dicen los abogados, que reclaman al juez Rubén Castillo la posibilidad de realizar una audiencia con la participación de Loya Castro y los agentes involucrados en el caso.

El comienzo del juicio está programado para el 13 de febrero, con la participación de “Vicentillo” y otros involucrados en la misma causa identificados como Tomás Arévalo Rentería, Alfredo Guzmán Salazar, Alfredo Vázquez Hernández, Juan Guzmán Rocha, Germán Olivares, Manuel Fernández Navarro y Felipe LNU (que en inglés significa apellido desconocido).

También se incluye a los hermanos Pedro y Margarito Flores, traficantes de Chicago convertidos en principales testigos de cargo.

El juez Castillo convocó a todos los acusados para una audiencia pública mañana, donde se evaluará la marcha del proceso y el intercambio de pruebas entre la acusación y la defensa.

Está pendiente una decisión del magistrado sobre la presentación reservada que haría la fiscalía sobre pruebas o documentos secretos que maneja en la preparación del juicio, y a la que quieren acceder los abogados defensores.

El fiscal federal Patrick J. Fitzgerald, del Distrito Norte de Illinois, considera que la divulgación de material clasificado o secreto al público, o a la defensa del acusado, “puede amenazar la seguridad nacional”, según documentos de la corte.

“Vicentillo” fue detenido en Ciudad de México en marzo de 2009. En febrero de 2010 fue extraditado a EE.UU. y permanece en una cárcel de máxima seguridad de Chicago a la espera de juicio.


México arrestó a un presunto narcotraficante buscado por Estados Unidos y vinculado al capo de la droga más buscado en el país, Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuyo cártel ha sufrido recientes incautaciones y detenciones, dijeron el miércoles autoridades.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal arrestaron en el aeropuerto de la Ciudad de México a Luis “El Güero” Rodríguez, acusado de distribuir toneladas de cocaína en Estados Unidos.

Washington ofrecía hasta cinco millones de dólares por información que llevara a la captura de Rodríguez, quien junto con sus hermanos formó el grupo criminal “Los Güeros”, acusados de traficar droga entre 1996 y el 2008 al servicio del cártel de Sinaloa, que dirige Guzmán, dijo la SSP en un comunicado.

No obstante, según un informe en el sitio de internet del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rodríguez y sus hermanos rompieron con el cártel de Sinaloa alrededor del 2005 y después se aliaron al sanguinario cártel de Los Zetas.

Una corte federal en Nueva York libró en mayo del 2010 una orden de aprehensión contra Rodríguez, al que se le acusa de asociación delictuosa y lavado de dinero, dijo la SSP.

En los últimos meses, las autoridades han capturado varios hombres clave, realizado grandes incautaciones de drogas y detectado narcotúneles fronterizos del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de América.

El Ejército capturó la semana pasada al lugarteniente de Guzmán en el norteño estado de Durango.

Más de 45,000 personas han muerto desde que comenzaron los operativos antinarco en México en diciembre del 2006.


Ciudad de México.- Luego de defender los señalamientos del Presidente Felipe Calderón de la intromisión del crimen en el proceso electoral de Michoacán, el ex senador Diego Fernández de Cevallos calificó como inocente y engañoso decir que el narcotráfico respete el ámbito de política.

El ex candidato presidencial aseguró que es evidente el riesgo de que el narcotráfico se introduzca en un proceso electoral, pues éste, añadió, está en todas partes, por lo que no existe ninguna institución que no esté en riesgo de ser infiltrada.

“Creo que sería inocente y engañoso decir que el crimen va a respetar el ámbito de la política, más aún cuando todo lo que se sucede en la política, de alguna manera, afecta al crimen organizado.

“El crimen organizado está en todas partes, en todas las instituciones no hay ninguna institución en México que esté al margen de ese riesgo. El que diga lo contrario, estará en su derecho, pero creo que no hay ninguna institución, por sagrada que sea, que no tenga riesgos de que se infiltre, de manera perversa, los señores del crimen organizado”, indicó.

En entrevista, Fernández de Cevallos aseguró que en el caso de Michoacán, el Presidente mostró pruebas, pero el aspirante presidencial Enrique Peña Nieto está en su derecho de cuestionar los dichos del Mandatario federal.

Lavado de dinero

Ciudad de México.- Alejandra Sota, portavoz del Presidente Felipe Calderón, negó hoy que el Gobierno mexicano tuviera conocimiento de la operación de lavado de dinero de agentes de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) como parte de la lucha contra el narcotráfico.

“No, no sabía el Gobierno mexicano y es importante resaltar que hemos iniciado una investigación por parte de la Procuraduría General de la República para deslindar responsabilidades y en todo caso investigar si es que hubo este involucramiento’, dijo Sota al programa Al Punto, de la cadena Univisión.

The New York Times reportó el fin de semana pasado que la DEA ha estado lavando o contrabandeando millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Según el diario, en algunos casos, agentes de la DEA llegan a contrabandear de dos a tres cargamentos de dinero a la semana y otros agentes mexicanos acompañados por estadounidenses se hacen pasar por contrabandistas y recogen el dinero en México.

Al ser cuestionada sobre la supuesta participación de agentes mexicanos, Alejandra Sota reiteró que se tiene que investigar.

La portavoz presidencial agregó que informarán los resultados de manera puntual y transparente.

Informó que a través de la inteligencia civil mexicana se tuvo conocimiento del intento del hijo de Gadafi de ingresar a México.

Agregó que gracias a la inteligencia mexicana pudo evitarse el ingreso de Saadi Gaddafi al País, perseguido por los crímenes que se le adjudican en la Corte Penal Internacional (CPI).

Sota negó que hayan participado agentes de otros países, y reiteró que fue una operación exitosa de la inteligencia civil mexicana.

Precisó que sólo hubo cooperación con el Gobierno canadiense para intercambiar información.

Sobre la demanda ante la CPI sobre presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y las fuerzas de seguridad, Sota negó que existan en México violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

“La respuesta que hemos dado con contundencia es que es una acusación que no es válida”, recalcó.

Mencionó que la demanda a nivel internacional no procede y serán los miembros de la Corte quienes decidan.

“Se acusa al Presidente de algo que es su obligación constitucional, que es la protección de los ciudadanos”, enfatizó.

Sobre el tema de la próxima elección presidencial en México, la portavoz indicó que una de las preocupaciones principales del Presidente Felipe Calderón es que los comicios se realicen en paz.

Dijo que desde la Presidencia la obligación es que se realice un proceso y transición ordenados y con apego a la ley.

“Para él es muy importante que la democracia continúe en México”, aseveró la portavoz.
la ley.

Vicente Zambada está en la cárcel en Chicago

Hay una Ley Gringa que permite al estado terminar juicios si se pone en riesgo “Secretos de Estado”, si EUA sigue con la negativa y el juez sigue insistiendo, es posible que salga libre el Vicentillo con toda Impunidad.

El cártel de Sinaloa fue el principal destinatario de las armas de la operación estadunidense Rápido y furioso. Eso lo supieron desde el principio el Departamento de Justicia y varias agencias de inteligencia de Estados Unidos. Pese a ello, continuaron con el operativo y lo ocultaron al gobierno de México. Tal es la conclusión de un informe realizado por los congresistas estadunidenses Darrell E. Issa y Charles E. Grassley. Con base en éste y en otras fuentes y documentos, los periodistas independientes Andrew Kennis y Jason McGahan describen, en un texto para Proceso, aspectos del operativo que terminó por beneficiar al cártel del Chapo Guzmán.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 5 de noviembre de 2010 agentes de la Policía Federal (PF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron el cadáver de Mario Ángel González Rodríguez –hermano de Patricia González, que recién había terminado su gestión como procuradora de Justicia de Chihuahua– en una fosa poco profunda, en la colonia Granjas del Valle de la capital del estado.

Fue “levantado” el 21 de octubre; días después circuló en internet un video en el que aparecía esposado y a merced de cinco hombres armados que vestían uniformes de camuflaje, máscaras y chalecos antibalas. En el video, Mario González dijo que su hermana había ordenado asesinatos a petición del cártel de Juárez.

La procuradora rechazó el señalamiento. Afirmó que los plagiarios habían obligado a su hermano a declarar eso. Sostuvo que el secuestro era una represalia por la persecución que ella había encabezado contra miembros del cártel de Sinaloa y que se había realizado debido a la corrupción de agentes policiacos.

Horas antes de que las autoridades descubrieran el cadáver, agentes de la PF irrumpieron en una casa de seguridad y arrestaron a ocho presuntos miembros de la banda que había secuestrado y asesinado a Mario González. Les decomisaron 16 armas de grueso calibre.

Ese mismo 5 de noviembre, Tonya English, agente de la Oficina de Información Estratégica e Inteligencia (OSSII, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), envió un correo electrónico a David Voth, supervisor del Grupo VII de la ATF en Phoenix, Arizona, para informarle que su oficina había rastreado esas armas decomisadas a los presuntos asesinos de Mario González y que dos de ellas, un par de rifles AK-47, habían llegado a México como parte de la operación Rápido y furioso.

La noticia pronto se regó dentro de la ATF. “Empleados de la OSII contactaron a sus colegas en Phoenix para alertarlos de esta conexión. Agentes de la OSII también se lo dijeron al personal de la oficina de la ATF en México”.

Carlos Canino, agregado alterno de la oficina de la ATF en México, se preocupó. Temía que la prensa mexicana descubriera la conexión entre el asesinato de Mario González y Rápido y furioso. Pidió a sus superiores que informaran de dicha conexión a las autoridades mexicanas o que lo autorizaran a hacerlo él mismo.

Consideraba que si los funcionarios nacionales se enteraban de ese dato por la prensa, y no por las autoridades estadunidenses, les retirarían su confianza a los agentes de la ATF, lo que les impediría trabajar con ellos. En ese caso, razonó, “nosotros sólo podríamos hacer las maletas e ir a casa”. Además, se afectarían aún más las relaciones entre México y Estados Unidos, de por sí tensas a causa de lo que se había sabido de la operación Rápido y furioso.

Pero los directivos de la ATF no respondían a las peticiones de Canino. Le daban largas. Ocho meses después, en junio pasado, el agregado alterno obtuvo “un tipo de aprobación” de su superior inmediato, Daniel Kumor, jefe de Asuntos Internacionales de la ATF, y Canino se comunicó directamente con Marisela Morales, procuradora general de la República. Cuando le soltó la noticia, dice, “ella quedó en shock” y luego exclamó: “¡Híjole!”.

“Todo bajo control”

Esa información aparece en el informe Operación Rápido y furioso del Departamento de Justicia: alimentando la violencia de los cárteles, elaborado por los congresistas Darrell E. Issa, jefe del Comité de Vigilancia y Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes, y Charles E. Grassley, miembro del Comité de Justicia del Senado.

Ellos encabezan la investigación del Congreso sobre Rápido y furioso, por lo que llamaron a comparecer a agentes y funcionarios de la ATF, lo mismo que del Departamento de Justicia. Además, tuvieron acceso a documentos relativos a la operación elaborados por las dos dependencias y por otras, como la DEA y el FBI.

El informe de 60 páginas, fechado el pasado 26 de julio, describe cómo los funcionarios de la ATF en Estados Unidos ocultaron los detalles del operativo Rápido y furioso a las autoridades mexicanas y a los agentes de la ATF destacados en México, aunque éstos empezaron a notificar desde finales de 2009 un “incremento anormal” en el decomiso de armas relacionadas con “una investigación” que se llevaba a cabo en la división de la ATF en Phoenix, Arizona.

Darrell Gil, quien era el jefe de la ATF en México, dijo a los investigadores del Congreso que a finales de 2009 comunicó sus preocupaciones a los funcionarios de la ATF en Phoenix y, como no le hacían caso, lo hizo en enero de 2010 con sus superiores en Washington. En ambos casos recibió respuestas similares: “Existe una investigación en curso”, “estamos trabajando en eso” y “todo está bajo control”.

Gil contó que la división de la ATF en Phoenix bloqueó a sus agentes en México el acceso a la base de datos del sistema de rastreo de armas conocido como e-Trace. Tanto Gil como Canino comentaron que los funcionarios de la ATF en Phoenix y Washington les ocultaban información del operativo porque temían que los agentes en México pudieran compartirla con funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y éstos, a su vez –debido a la corrupción imperante en el país–, la filtraran a los cárteles de la droga, con lo cual fracasaría la investigación.

Más aún, Gil relató que cuando el director de la ATF, Kenneth Melson, y el subprocurador de Justicia de Estados Unidos, Lanny Breuer, realizaron visitas por separado a México en 2010, ambos intentaron calmar las preocupaciones de los agentes destacados en el Distrito Federal. Según Gil, Melson les comentó: “Es una investigación en curso que está proveyendo de alguna buena información de inteligencia (…) Lo vamos a checar cuando regresemos (a Washington), pero yo creo que está dando algunos buenos resultados”.

Destino: el cártel de Sinaloa

Con base en documentos del Departamento de Justicia, el informe de los congresistas señala que hasta julio pasado se habían recuperado 122 armas conectadas con la operación Rápido y furioso en 48 decomisos realizados por las autoridades mexicanas.

Sin embargo, los autores advierten: “existen indicios de que ese número podría ser mayor”. Citan como ejemplo el correo electrónico que Bill Newell, agente “en cargo” de la ATF, envió a su jefe, el subdirector adjunto William McMahon, según el cual hasta el 16 de diciembre de 2010 se habían recuperado 241 armas relacionadas con Rápido y furioso en México y 350 en Estados Unidos.

El informe de los congresistas estadunidenses y otras fuentes consultadas por los reporteros revelan que la mayoría de las armas de Rápido y furioso aparecidas en diversas “escenas del crimen” en México estaba destinada al cártel de Sinaloa.

Por ejemplo, en el informe de los congresistas aparecen extractos de la comparecencia de Steve Martin, director adjunto de la OSII, quien sostuvo que hasta el 27 de febrero de 2010 habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa un total de mil 26 armas de Rápido y furioso, con un valor total de 650 mil dólares, y que de ello eran conscientes los funcionarios de la ATF.

En su comparecencia Martin se refiere a una “sesión informativa” sobre Rápido y furioso que se llevó a cabo el 5 de marzo de 2010 y en la que participaron importantes funcionarios de la ATF:

Pregunta: Después de esa sesión informativa no hay duda que las armas en este caso estaban siendo vinculadas al cártel de Sinaloa, con base en…

Respuesta: Con base en la información presentada. Y podría decir que sí.

Pregunta: Y eso era, presumiblemente, muy claro para todos en el salón (donde se llevó la sesión informativa).

Respuesta: Con base en eso, se dice que la gente (que compra las armas) está conectada con el cártel de Sinaloa, y yo podría decir que es cierto.

El citado informe señala que “el primer gran decomiso de armas ligadas a Rápido y furioso ocurrió el 20 de noviembre de 2009 en Naco, Sonora”. Se trató de 41 rifles AK-47 y un rifle Beowulf calibre.05. Verónica Álvarez Toscano, una mujer de 21 años residente en DeLand, Florida, las transportaba en un vehículo. Las había comprado 24 horas antes en una tienda de armas en Arizona. Lorren Leadman, especialista de la OSII, dijo el 5 de julio a los investigadores del Congreso que Álvarez Toscano admitió ante la policía mexicana que todas las armas estaban destinadas al cártel de Sinaloa.

Tres semanas después, el 9 de diciembre de 2009, efectivos del Ejército Mexicano incautaron en una casa de seguridad de Mexicali, Baja California, un arsenal similar: 41 rifles AK-47, un rifle AR-15, una pistola FN 5.7 y 392 cartuchos de diversos calibres, así como 421 kilogramos de cocaína, 60 kilogramos de metanfetaminas, 2 millones de dólares y 1 millón de pesos en efectivo. Los militares detuvieron a 12 personas, varias de ellas sospechosas de pertenecer al cártel de Sinaloa. “El rastro de las armas recuperadas llevó a testaferros que estaban siendo monitoreados por la operación Rápido y furioso”, señala el informe del Congreso.

Y añade: “Con una segunda gran incautación de armas en menos de tres semanas, los agentes de la ATF que monitoreaban la operación Rápido y furioso tenían pocas dudas de lo que estaba pasando”. Y cita lo que uno de éstos, José Wall, escribió en un correo electrónico a su colega de la agencia, Hope MacAllister: “(el liderazgo del cártel de Sinaloa) se está armando para una guerra”.

El 13 de enero de 2010 la policía de El Paso, Texas, incautó 40 armas largas, cargadores y chalecos antibalas que se encontraban en un auto Volkswagen Jetta abandonado en un estacionamiento de la ciudad. La ATF rastreó los números de serie de las armas. Eran de Rápido y furioso y estaban destinadas a un importante jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez. El informe señala: “Este decomiso pudo representar un cambio en el movimiento de las armas de Rápido y furioso destinadas a la batalla del cártel de Sinaloa por el control del corredor de tráfico de drogas de Ciudad Juárez”.

Hubo otro decomiso importante de armas relacionadas con Rápido y furioso que no aparece en el informe de los congresistas pero que el diario Los Ángeles Times dio a conocer el pasado 8 de octubre con base en los registros de una Corte federal y de documentos de la ATF.

Según esa versión, en abril pasado agentes de la PF tomaron por asalto una casa ubicada en la parte norte de Ciudad Juárez. Los agentes recibieron el chivatazo de que ahí vivían pistoleros. El inmueble, se supo después, pertenecía a José Antonio Torres Marrufo, alias El Marrufo o El Jaguar, jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez

En el gimnasio que estaba en el sótano de la casa, detrás de un muro cubierto por espejos de cuerpo entero los agentes encontraron un cuarto en el que había una ametralladora antiaérea calibre 30, un lanzagranadas, dos docenas de AK-47, rifles Barrett calibre .50 (conocidos como “matapolicías”), 26 mil 708 cartuchos, 247 cargadores, lo mismo que 53 uniformes de la Policía Militar, máquinas registradoras y máscaras antigás. “Hemos confiscado el alijo de armas más importante en la historia de Ciudad Juárez”, se jactó ante la prensa el gobernador de Chihuahua, César Duarte.

Agentes de la ATF rastrearon el origen de las armas. También eran de Rápido y furioso. Un “comprador civil” las adquirió en Phoenix y, con la anuencia de la ATF, las envió a El Paso, Texas, donde miembros del cártel de Sinaloa las “cruzaron” por la frontera.

En su comparecencia ante los congresistas, el funcionario de la ATF Carlos Canino expresó su preocupación sobre los efectos de Rápido y furioso: “Se alega que más de 2 mil armas fueron traficadas en esta operación. Para ponerlo en contexto: el 75 regimiento de la armada de Estados Unidos tiene aproximadamente 2 mil 500 efectivos. Eso significa que, como resultado de esta operación (Rápido y furioso), el cártel de Sinaloa ha recib

20 de abril de 2014 • 11:09 • actualizado a las 11:10

ABEL BARAJAS
Ciudad de México

En su afán por infiltrar y capturar a miembros de su organización criminal, el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) traficó cocaína del capo Ismael “El Mayo” Zambada, desde Phoenix, Arizona, hasta la ciudad de Nueva York.

El ICE se infiltró desde el 2006 en el círculo cercano de “El Mayo” y permitió que sus “topos” llevaran a cabo entregas controladas de kilogramos de cocaína para la célula que encabezaba su hombre de confianza José Lamberto Verdugo Calderón “El Verdugo”.

Una entrega controlada de 129 kilos de cocaína en la ciudad de los rascacielos proporcionó a los estadounidenses información de números telefónicos y cómplices, que resultó útil para que el Ejército ubicara y abatiera a Verdugo en Culiacán, Sinaloa, el 22 de enero de 2009.

La cuenta regresiva para el operador de “El Mayo” comenzó el 2 de Diciembre de 2006, cuando agentes especiales del ICE reclutaron en San Diego, California, a un informante muy valioso para sus pesquisas, señala un oficio del 1 de diciembre del 2008, suscrito por Louis R. García, entonces Agregado de esa agencia en México.

El documento, entregado a la PGR y después integrado a un expediente judicial, dice que el colaborador del ICE era un sujeto a quien la organización de Zambada había delegado la responsabilidad de transportar la cocaína de Arizona a la costa Este.

Tres meses antes de hablar con los estadounidenses, el “topo” había estado en Sinaloa, para reunirse con Verdugo. Conoció uno de sus ranchos, cerca de Culiacán, donde había un almacén con refrigeración que conservaba varias toneladas de cocaína empaquetada en ladrillos.

Desde su primer encuentro, el confidente señaló a los oficiales que Verdugo era el hombre que operaba para “El Mayo” las entregas de drogas y la recepción del dinero. Era un tipo de extracción rural y de bajo perfil que traficaba cocaína desde hacía más de una década.

Verdugo no era un desconocido para los estadounidenses, porque tenían registros de miembros de su grupo delictivo desde la década de los 90 y su hermano Rodrigo había sido detenido en Arizona por narcotráfico, en noviembre de 2003.

En un oficio con número MLVU: 0607: MX02BR07SY0003: tg, el ICE refiere que en diciembre de 2006 dio luz verde para iniciar una entrega controlada de 129 kilos de cocaína propiedad de Verdugo. El cargamento había entrado por Nogales, estaba en Phoenix y debían llevarlo a Nueva York.

“Agentes de la Oficina de ICE en San Isidro acompañaron al informante a Phoenix, Arizona, para iniciar la operación. El informante recibió instrucciones de recoger la cocaína en Phoenix, el 10 de Diciembre de 2006”, indica el reporte.

El teléfono del infiltrado era escuchado por el ICE. Ese día a las 10:00 horas habló con un sujeto apodado “El Güero”, quien lo citó al medio día en una tienda de juguetes “Toys R US” ubicada en la Dunlap Avenue de Phoenix.

A las 13:10 horas, agentes encubiertos fotografiaron al salir de la tienda a su informante con otras 7 personas -5 hombres y dos mujeres-, quienes se acercaron a un carro Prelude Honda rojo con placas de Arizona 756 TJW, registrado a nombre de Ossiel Sámano Loaiza.

El infiltrado se subió al carro, cuya cajuela iba cargada de cocaína, y 5 minutos después se marchó del estacionamiento; sus cómplices se quedaron junto a un vehículo Intrepid Dodge.

Los agentes del ICE mantuvieron un seguimiento encubierto del Honda, para cerciorarse que no hubiese contra vigilancia. Su informante condujo hasta el Centro Comercial Desert Ridge, en el Tatum Boulevard, en Phoenix.

Allí lo esperaban otros agentes, quienes sacaron del carro 129 kilos de cocaína y los llevaron hasta las oficinas del ICE, donde pesaron, fotografiaron y practicaron dictámenes químicos a la droga.

“Entre el 13 y 17 de Diciembre de 2006, Agentes de ICE de la Oficina de San Isidro, California, acompañaron al informante a Nueva York… El 15 de Diciembre hicieron una entrega controlada en Nueva York de 129 kilogramos de cocaína, procedentes de la organización de Verdugo Calderón”, señala el informe.

A raíz de esta entrega, se obtuvo información que llevó a la captura de José Oscar del Castillo Gallardo, el 20 de enero de 2007, cuando esquiaba en Big Bear Lake, California.

Del Castillo, quien tenía en su celular registros de llamadas recientes con “El Verdugo”, es compadre de Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, hijo de “El Mayo”, y también es yerno de Víctor Emilio Cazares Gastelum, hombre cercano a Joaquín “El Chapo” Guzmán”.

Su captura llevó a un aseguramiento de 38 mil dólares en Michigan, el 6 de febrero siguiente, y luego a la incautación de 2 millones 11 mil 956 dólares en Chicago, Illinois, el 2 de Abril de 2007. El cerco sobre Verdugo se iba cerrando desde Estados Unidos.

El 10 de septiembre de 2008 el Ejército Mexicano aseguró 26 millones 202 mil 176 dólares en una de sus casas de seguridad en Culiacán. El golpe fue el preludio final para “El Verdugo”, quien fue localizado y abatido por los militares el 22 de enero de 2009.


Jueves, 10 de abril de 2014 a las 15:45

(CNNMéxico) — El Vicentillo había insistido en declararse inocente… pero cambió de postura para reducir la condena que pudieran imponerle.

Vicente Zambada Niebla, vinculado con el cártel de Sinaloa, se declaró culpable hace un año en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y está “cooperando” con las autoridades de ese país, informaron este jueves funcionarios federales estadounidenses.

Entre otros puntos, admitió que en el lapso de 2005 a 2008 era un integrante de alto rango del cártel de Sinaloa, y que encabezó muchas operaciones de tráfico de drogas, por su cuenta y en cooperación con su padre, Ismael el Mayo Zambada.

El acuerdo con el que se declaró culpable, establecido el tres de abril de 2013, se detalló de forma pública en la Corte de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, de acuerdo con un comunicado de esa instancia de justicia.

“Bajo el acuerdo de culpabilidad, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua, una sentencia mínima obligatoria de 10 años, y una multa máxima de 4 millones de dólares”, agregó el mensaje oficial.

Pero “si el gobierno (de EU) determina en el momento de la sentencia que Zambada Niebla ha seguido prestando una cooperación plena y veraz, como lo exige el acuerdo de culpabilidad”, se reducirá la sentencia aconsejada, de cadena perpetua.

Al menos seis de ochos líderes del narcotráfico extraditados a territorio estadounidense desde 2007 establecieron acuerdos con fiscales de ese país, para declararse culpables y reducir sus condenas.

En esa lista están Eduardo Arellano Félix, el Doctor; Benjamín Arellano Félix, Osiel Cárdenas Guillén, Héctor el Güero Palma, Miguel Caro Quintero y Mario Villanueva.

El Vicentillo era el único de los capos extraditados que se había declarado inocente.

Zambada Niebla permanece bajo custodia de Estados Unidos —a donde fue extraditado desde febrero de 2010—, y hasta el momento se no ha fijado una fecha para darle una sentencia a su caso.

En otro punto del acuerdo, Zambada Niebla se comprometió a no impugnar una sentencia con la que se estableció un decomiso de 1,300 millones de dólares.

En específico, Zambada Niebla se declaró culpable de un cargo de conspiración para poseer e intentar distribuir en territorio estadounidense múltiples kilogramos de cocaína y heroína, entre 2005 y 2008.

“La declaración de culpabilidad significa que no habrá juicio para Zambada-Niebla, cuyo caso fue separado del de sus coacusados”, entre los que están su padre, Ismael Zambada (prófugo), y Joaquín el Chapo Guzmán (detenido en México), ambos presuntos líderes del cártel de Sinaloa, de acuerdo con el comunicado de la Corte de Distrito para el Distrito Norte de Illinois.

El Vicentillo fue detenido en 2009, en la capital mexicana.

Al ser extraditado a Estados Unidos, en ese país lo acusaron junto a el Mayo y el Chapo Guzmán de obtener armas, y planear usar la fuerza para defender al cártel de Sinaloa, además de conspirar para importar drogas a territorio estadounidense.

En abril de 2012 un juez federal estadounidense se negó a retirar los cargos en contra de Zambada Niebla, quien alegaba que tenía inmunidad porque trabajaba como informante de la DEA.

Las confesiones de Zambada

“Zambada Niebla confesó que entre mayo de 2005 y diciembre de 2008 él era un miembro de alto nivel del cártel de Sinaloa, y que fue responsable de muchos aspectos de sus operaciones de tráfico de drogas, ‘tanto de forma independiente y como un hombre de confianza de su padre’, para quien actuó como coordinador sustituto y logístico”, según el acuerdo de culpabilidad.

También admitió que era consciente de que su padre, el Mayo Zambada, era uno de los líderes del cártel de Sinaloa desde 1970, y que su principal medio de vida derivó de su venta de drogas en Estados Unidos.

Además dijo que el cártel de Sinaloa utilizó vuelos privados, submarinos y otros vehículos sumergibles, buques de pesca, vagones de ferrocarril, además automóviles para realizar el traslado de drogas, desde Centro y Sudamérica, para pasar por el interior de México, hasta llegar a Estados Unidos.

“Zambada Niebla también admitió que era consciente de que el cartel usó la violencia e hizo amenazas creíbles de violencia contra cárteles rivales y autoridades en México para facilitar su negocio”, agregó el documento que se dio a conocer este jueves.


26 de febrero de 2014

MÉXICO, D.F. (apro).- La convocatoria anónima surtió efecto: cientos de personas salieron a marchar a las calles de Culiacán y Guamúchil, en Sinaloa, para exigir a las autoridades federales la liberación de su “héroe”, Joaquín El Chapo Guzmán.

Ataviados con playeras y gorras blancas, y acompañados de música de banda, los manifestantes –mujeres, hombres, jóvenes y niños– alzaron pancartas con las leyendas: “Queremos libre al Chapo”, “No queremos otra guerra, liberen al Chapo” y “Chapo, hazme un hijo”.

También circularon volantes que pedían “un juicio justo” para Guzmán Loera. “Exigimos la no extradición porque todo mexicano tiene derecho a ser juzgado en su país”, decía otra manta. Una más: “Familia, amigos y pueblo exigen hagan valer los derechos humanos del señor Joaquín Guzmán”.


Dámaso López, posible sucesor de Joaquín “El Chapo” Guzmán

22 de febrero de 2014•18:28 • actualizado a las 18:36

Ciudad de México.- La detención del narcotraficante más buscado en el mundo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, es un acierto para el gobierno mexicano, pero esta captura podría incrementar la violencia en el país, advirtió la firma de inteligencia Stratfor.

Señaló que quienes se quedan al mando del Cártel de Sinaloa, tras ser capturado su máximo líder, buscarán a toda costa mantener el poder de esta organización criminal.

Según el informe, se “podría desatar una ola de violencia en todo el noroeste de México, si los cambios internos evolucionan en conflicto intracártel”.

El Cártel de Sinaloa, refirió Stratfor, ha enfrentado a una serie de arrestos desde diciembre pasado y a diversos desafíos en sus áreas de operaciones por las redes criminales regionales y transnacionales.

Stratfor agrega que “el ritmo y el éxito de las operaciones dirigidas a los principales líderes de la Federación de Sinaloa obstaculizarán seriamente la capacidad del cártel para defender sus operaciones en el noroeste de México, que posiblemente lleve a la violencia sustancial en varias áreas a medida que organizaciones criminales rivales buscan explotar nuevas vulnerabilidades del cártel”.


Ciudad de México.- Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, líder del llamado Cártel de Sinaloa es “sustituible” y ya no es “intocable”, indica un análisis de la agencia de inteligencia estadunidense Stratfor.

Según el documento, el territorio liderado por el también prófugo de la justicia desde 2011, está en riesgo ante ataques de grupos rivales que se disputan las plazas del narcotráfico.

En el texto titulado “La mitificación de ‘El Chapo’”, Stratfor explica que las organizaciones criminales Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Mazatlecos mantienen una estrategia bélica en los bastiones del “Chapo” Guzmán, es decir, Jalisco y Sinaloa.

Según la agencia de inteligencia, la presunta protección del Gobierno hacia el capo de la droga es sólo un “mito popular” y advierte que paulatinamente se incrementan los frentes en contra de su presencia criminal.

Expuso que en los primeros meses de este año, el CJNG rompió relaciones de manera definitiva con “el Chapo” tras el asesinato de uno de sus aliados, José Manuel Garibay Félix, alias “El Gordo”, y ahora pretende hacerse cargo de la producción de drogas químicas y su trasiego en el estado de Jalisco.

Asimismo, “los remanentes de lo que alguna vez fue la organización de los Beltrán Leyva conforman al grupo denominado Los Mazatlecos, que representan una potente amenaza para la organización de ‘El Chapo’ a lo largo de Sinaloa”, refiere Stratfor.

En los últimos seis años “el Chapo” perdió la alianza con Los Beltrán Leyva y han sido detenidos ocho mandos medios o altos del Cártel de Sinaloa, así como de personas cercanas a Guzmán Loera, y está latente la amenaza de grupos como Los Caballeros Templarios y Los Zetas.

Sin embargo, la eventual captura o eliminación del “Chapo” no representaría el fin de la organización delictiva que lidera, pues en este cártel existe un triunvirato conformado por Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José Esparragoza, “El Azul”, quienes en caso de esta ausencia, seguirían con sus negocios ilícitos.


Ciudad de México.- Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, presunta hija del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable ante Cathy Ann Bencivengo, jueza de Distrito de Estados Unidos.
La supuesta hija del líder del Cártel de Sinaloa fue capturada el 12 de octubre en San Diego, California, acusada de fraude, así como uso ilegal de visas, permisos y diversos documentos.

Cathy Ann Bencivengo también ordenó su liberación, pues consideró que Guzmán cumplió su sentencia, después de más de dos meses de reclusión.
El 25 de octubre se había declarado inocente, pero el lunes recibió seis cargos de inmigración ante la Corte Federal de San Diego.
La mujer, de 31 años de edad, admitió haber intentado cruzar la frontera por la garita de San Ysidro identificada con una visa legal, pero de otra persona.
Guzmán Salazar tenía siete meses de embarazo cuando fue detenida por ingresar a Estados Unidos con una visa ajena para dar a luz a su hijo en el país norteamericano.
En la audiencia a la que no se convocó a los medios de comunicación, se ordenó la deportación inmediata de Guzmán Salazar, confirmaron fuentes judiciales.
La acusada tenía programada una audiencia para el 20 de diciembre de 2012; no obstante, su defensa llegó a una negociación con las autoridades norteamericanas.
Alejandrina Giselle, hoy con nueve meses de embarazo, aún está bajo la custodia de autoridades migratorias y se desconoce cuándo será deportada.
El Departamento de Justicia descartó otros cargos relacionados con el supuesto parentesco con el narcotraficante más buscado en México.
La Oficina del Fiscal en San Diego no ha confirmado que sea hija de Guzmán Loera, y no hay ninguna mención de este supuesto parentesco en su declaración.


MÉXICO, D.F. (apro).- Una Corte federal de San Diego, California, pospuso para el próximo 20 de diciembre la comparecencia de Alejandrina Guzmán, presunta hija de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, ante la juez Cathy Ann Bencivengo.

Alejandrina enfrenta seis cargos federales relacionados con las leyes de migración de Estados Unidos –fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos–, tras su detención, el pasado 15 de octubre en el puerto internacional de San Ysidro, al sur de San Diego.

La Corte estadunidense evitó detallar su decisión de cambiar la fecha de la audiencia.

No obstante, Guadalupe Valencia, abogado de Alejandrina Guzmán, destacó que la presentación ante la Corte fue pospuesta de común acuerdo entre las partes, con el fin de recopilar más información del caso.

La supuesta hija del líder del cártel de Sinaloa fue detenida a mediados de octubre pasado en la garita de San Ysidro, California, cuando intentaba ingresar a Estados Unidos con documentación falsa.

En ese entonces, las autoridades federales informaron que la mujer tenía más de siete meses de embarazo.


¡152 disparos y no hay móvil!

Rubén Torres
19 Noviembre, 2012 – 17:03

Es mezquino aquél que pregunta, obtiene el cómo y qué ocurrió en la carretera México-Cuernavaca el pasado 26 de agosto, pero no el por qué, después que 13 policías federales rociaron con 152 disparos de metralla una camioneta blindada placas BCM-242 diplomáticas bien visibles, donde iban dos “espías’’ gringos en compañía de un capitán de SEMAR y no dicen el móvil.

Es lo único que las huestes de Genaro García Luna, flamante secretario de Seguridad Pública Federal (SSPF), tenaz productor de shows y escándalos mediáticos político-policiacos y la primera abogada de la nación, Marisela Morales Ibáñez, con las versiones de la subprocuradora Victoria Pacheco Jiménez y la Comisionada de la Policía Federal, Maribel Cervantes Guerrero, pero no precisan, porque tampoco lo saben.


Según un estudio de Viridiana Río, investigadora de la Universidad de Harvard, en los últimos ocho años, la presencia de organizaciones del narcotráfico creció más de 13 veces en los municipios mexicanos

Ciudad de México.- En los últimos 8 años, la presencia de cárteles en los municipios del País creció más de 13 veces, señala un estudio de la investigadora Viridiana Ríos.

Ríos, candidata a doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard, y su socio Michele Coscia crearon un algoritmo llamado MOGO (Making Order Using Google As an Oracle), que permite recopilar información de Google News, filtrarla y organizarla para monitorear el movimiento y acción de los cárteles de la droga en México.

“A la gente le sorprenden los resultados del estudio: sólo en el 30 por ciento de los municipios del País hay operación de los grupos del narcotráfico, pero hay que decir que en 2004 el porcentaje de municipios era muchísimo menor. De hecho, sólo operaban en 50 municipios, cuando ahora están en 713”, dijo Ríos en entrevista telefónica.

La investigación se concentra en un documento que titularon: “¿Cómo y Dónde Operan los Criminales? Usando Google para Rastrear a las Organizaciones de Tráfico de Droga en México”.

En su trabajo, los investigadores generaron mapeo sobre estrategias comerciales, áreas de operación y tendencias de crecimiento del crimen organizado.

“Le dimos a nuestro algoritmo los nombres de las organizaciones criminales que buscamos y miembros de estas organizaciones, y MOGO busca en qué momento, en qué año y en qué lugar se menciona a esas organizaciones”, añadió Ríos.

Entre las conclusiones a las que llegaron está que los cárteles de la droga imitan a las empresas, pues plantean crecimiento, intervención y control del mercado dependiendo de sus intereses financieros.


San Diego, California.- Funcionarios de Estados Unidos dijeron que la hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los capos del narcotráfico más buscados del mundo, fue arrestada en San Diego después de ser detenida en la frontera bajo sospecha de intentar ingresar a Estados Unidos con el pasaporte de otra persona.

Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar fue detenida el viernes en el puerto internacional de San Ysidro, al sur de San Diego, y fue acusada de fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos.

Guzmán Salazar le dijo a las autoridades estadounidenses que su padre es Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, en México, dijeron el lunes dos funcionarios de Estados Unidos.

Los funcionarios hablaron bajo condición de guardar el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente del arresto.


México.- Todo parece indicar que la premura para presentar a un joven como hijo de “El Chapo” Guzmán tenía tintes políticos, en pleno cierre de campañas.

Y es que de acuerdo con Juan Heriberto Rangel Méndez, defensor de los dos jóvenes detenidos por marinos en Zapopan, Jalisco, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ofreció a los hermanos Félix y Kevin Beltrán, que aceptaran ser familiares del líder del cártel de Sinaloa, luego los dejarían libres después de las elecciones.

En entrevista con el diario La Jornada, el abogado de los jóvenes dijo que el ofrecimiento se hizo dentro de las propias instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).

“Se dio poco antes de que ambos rindieran su declaración ministerial durante la noche del jueves. Hasta ellos llegaron los agentes de la DEA cuando todavía no estábamos nosotros para defenderlos”, relató al diario.

“Primero le dicen a Félix que acepte que es el hijo de ‘El Chapo’ y que se podría aclarar su situación después de las elecciones. Querían que firmara las declaraciones que le presentaron los de la Siedo. Entonces él les respondió que no iba a firmar nada, y no lo hizo, afortunadamente”, prosiguió.

“Le insistieron: ‘tú acepta, ahorita firmas tu declaración y luego se hace la aclaración que no eras’; después, cuando se convencieron de que no aceptaría, le dijeron: ‘queremos que inculpes a las personas que nosotros te digamos y sales ahorita’”, pero tampoco quiso.

“Obviamente ya no sacaron nada de él, y Félix refiere que llegó un agente de la DEA, un pelón, que le dijo ‘a ver voltéate’, y Félix lo hizo. Le pidió también que se quitara la camisa y luego el agente agregó: ‘no éste no es, el gordo tiene una cicatriz’”, detalló.

Rangel Méndez señaló que supieron que eran agentes de la DEA porque los jóvenes “dicen que los dos agentes eran güeros, altos y hablaban en inglés. Félix dice que le decían las palabras en español mal pronunciado y que cuando él les decía que no, entonces entre ellos hablaban en inglés”.

Indicó que fue la madrugada del sábado, cuando se pudo reunir con ellos, que le contaron lo sucedido con los agentes.

“Vi que no están golpeados ni maltratados, y allí me dijeron que entraron los agentes de la DEA y les propusieron eso”, apuntó el abogado.

La Siedo informó que mantendrá bajo arraigo durante los siguientes 40 días a los hermanos Kevin y Félix Beltrán, pese a que ya descartó que en el caso del primero de ellos se trate del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Con información de La Jornada


La detención, la semana pasada, de una red de operadores de Los Zetas en Estados Unidos, entre ellos Francisco Antonio Colorado Cessa, puso al descubierto los tentáculos del cártel en Veracruz, donde se asentó durante la gestión de Fidel Herrera Beltrán y corrompió a políticos de todo signo. Las primeras indagatorias implican no sólo al exmandatario priista por su cercanía con Pancho Colorado, sino también al PAN y aun al PRD. De acuerdo con declaraciones de funcionarios federales a Proceso, Los Zetas tienen entre 2 mil y 3 mil miembros en ese estado.

La desarticulación de una red de lavado de dinero del cártel de Los Zetas en Estados Unidos vino a constatar que la delgada línea entre política y narcotráfico en Veracruz alcanza lo mismo al PRI que al PAN.

Las investigaciones de la justicia estadunidense contra el número dos de esa organización delictiva y jefe del grupo en el estado, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, afectaron en un primer momento al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, pero pronto alcanzaron al PAN y a su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota.

La justicia estadunidense tiene encausadas en diferentes cortes federales a 35 personas que han sido investigadas desde que Herrera Beltrán era gobernador por la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el Federal Bureau of Investigation (FBI) por su participación en el tráfico de drogas y lavado de dinero entre Veracruz, Tamaulipas y Estados Unidos.

La detención el martes 13, en Oklahoma, del hermano del Z40, José Treviño Morales, colocó de nueva cuenta al exgobernador en el centro de atención. Ese día, la justicia estadunidense hizo pública la acusación contra 15 personas como presuntas responsables de lavar dinero para Los Zetas mediante empresas dedicadas a la crianza de caballos pura sangre y las apuestas en carreras de caballos.

Entre los inculpados, como intermediario en la compra de caballos, está el contratista de Pemex de la zona de Tuxpan, Francisco Antonio Colorado Cessa, quien ha sido beneficiario tanto por el PRI como por las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1859, ya en circulación)


Abel Barajas

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró el rancho “Flor de María” en Tuxpan, Veracruz, propiedad de Francisco Colorado Cessa, quien el jueves se entregó en una Corte Federal de Estados Unidos para enfrentar cargos por presunto lavado de dinero de Los Zetas.

Colorado, dueño de la empresa ADT Petroservicios, es una de las 15 personas acusadas de lavar dinero del cártel por medio de la compra de caballos pura sangre para carreras parejeras.

Según información oficial, en la indagatoria iniciada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), peritos de la PGR valuaron en 34 millones 777 mil pesos esta propiedad que lleva el nombre de la esposa del empresario veracruzano.

La dependencia informó que el rancho de Pancho Colorado, como se le conoce, era utilizado por integrantes de la organización criminal como casa de seguridad y descanso, aunque no precisa si el inmueble había sido invadido o existía un acuerdo entre el dueño y los criminales.

Dentro de los límites de la propiedad, la Policía Federal sostuvo un enfrentamiento con los sicarios de la banda delictiva, en el cual resultaron 26 detenidos, siete heridos y dos muertos, el pasado 22 de marzo.

En aquella ocasión, los agentes abatieron a Enrique Delgado Fraire, “Mando Quique”, identificado por el Gobierno federal como el jefe de plaza de Los Zetas en la zona sur de Tamaulipas y quien organizó la fuga de 53 reos del penal de Cieneguillas, Zacatecas, en mayo de 2009.

Un total de 18 de los 26 detenidos laboraban en el rancho de Pancho Colorado fueron puestos a disposición de la PGR; sin embargo, nunca se informó si luego fueron liberados, consignados o arraigados como sospechosos de colaborar con el crimen organizado.

De acuerdo con informes allegados a la investigación, cuando ocurrió el enfrentamiento en su rancho, el dueño de ADT Petroservicios ya llevaba algunos días en Texas y tras enterarse de los hechos canceló su regreso a México. Se quedó en Houston hasta el día de su entrega.

La PGR indicó que la investigación penal que fundamenta las acusaciones contra Colorado, presentadas en Estados Unidos, forman parte de las indagatorias iniciadas en la SIEDO desde abril 2011, aunque el empresario nunca fue detenido.

En una tarjeta informativa, la dependencia detalló que la investigación que lleva a cabo contra Colorado es por delincuencia organizada, delito considerado como grave y, además, ha realizado varios cateos y aseguramientos de bienes, como es el caso del rancho en Tuxpan.

Agregó que Colorado cuenta con una orden de localización y presentación girada por la SIEDO.

“Existe al respecto, amplia coordinación de la PGR, por medio de la SIEDO, con autoridades de los Estados Unidos de América para detectar empresas y operaciones financieras probablemente provenientes de narcotráfico”, indicó la Procuraduría.

Detallan bitácoras vuelos de JVM

El uso del avión propiedad de Pancho Colorado por parte de Josefina Vázquez Mota quedó registrado en bitácoras de vuelo.

El 14 de mayo de 2010, los pasajeros del avión con matrícula XA-RDJ, propiedad de Aerolíneas Ejecutivas, eran Vázquez Mota — entonces coordinadora de la diputación panista– quien acudió a apoyar la campaña de Cuauhtémoc Calderón, aspirante a la gubernatura de Zacatecas y que viajó de regreso; el entonces diputado federal del PAN, Miguel Martín López, y Alejandro Meléndez, secretario de la panista.

El vuelo cubrió la ruta Toluca-Zacatecas y de regreso.

El 29 de mayo, Pancho Colorado viajó en ese avión del Aeropuerto Nacional El Lencero, en Jalapa, a Poza Rica. De ese destino fue llevado, sin pasajeros a Toluca y ahí recogió el 30 de mayo a Vázquez Mota, Martín López y al diputado federal Carlos Pérez Cuevas, quienes volaron a Jalapa.

Se deslinda Yadhira Carrillo


CHICAGO (apro).- El juez Rubén Castillo, de la Corte federal de Illinois, fijó el próximo 9 de octubre como la nueva fecha para iniciar el juicio por delitos de narcotráfico contra Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo.

En una audiencia para determinar la nueva fecha del juicio, el juez federal dijo que éste reiniciará hasta otoño, tomando en cuenta que es un proceso complicado, y tanto la defensa del acusado como el Departamento de Justicia necesitan tiempo para preparar sus argumentos.

Castillo aclaró que está en proceso de revisión de la información clasificada que le ha entregado el gobierno de Estados Unidos para acusar de narcotráfico a El Vicentillo.

El magistrado dijo a los defensores del presunto capo que estima que a finales de marzo próximo terminará de hacer la revisión de los documentos clasificados.

Y una vez que concluya la revisión de los documentos, el juez Castillo determinará cuáles son los que dejará analizar a la defensa de El Vicentillo.

También destacó que la Corte federal en Illinois dio como plazo a la defensa de Zambada Niebla hasta el 30 de marzo para que presente cualquier otro documento que respalde su pedido de inmunidad para el hijo de Ismael El Mayo Zambada.

El juez Castillo también aclaró que un mes después el Departamento de Justicia responderá a lo que los abogados de El Vicentillo entreguen a la Corte a fines de marzo.

La próxima audiencia de preparación para el juicio será el 18 de abril, fecha para la cual aseguró el juez ya se deberá tener más claro cómo proceder en el caso de Zambada Niebla.

El juzgador dijo además que se tendrá que abordar la situación de otros posibles criminales involucrados en este caso y que podrían ser extraditados de México a Estados Unidos.

En la sesión de este miércoles, Castillo advirtió al Departamento de Justicia que seguirá manteniendo en secreto la información clasificada en el caso de El Vicentillo y que él considere como riesgosa para la seguridad nacional.

Sin embargo, el juez federal enfatizó al gobierno federal que entregará a la defensa del presunto narcotraficante cualquier documento que no presente riesgo de seguridad nacional.

En la misma sesión, la defensa de El Vicentillo reiteró que el hijo de El Mayo Zambada es inocente de los delitos que se le imputan, e insistió que por lo tanto no sólo debe ser puesto en libertad, sino también regresado a México.

Y mientras el juez determina si es válida la documentación que le entregue la defensa, El Vicentillo permanecerá en la prisión federal de Milan, en el estado de Michigan.

Este miércoles, como ya es costumbre, El Vicentillo estuvo presente en la audiencia a través de una videoconferencia y, aunque no fue autorizado para hablar, se veía muy atento a lo que le narraba la traductora (vía telefónica) de lo que se desarrollaba en la sala del juez Castillo.

Tanto los fiscales federales como la defensa del presunto capo declinaron hablar con los reporteros al concluir las audiencias de este día en la ciudad de Chicago.


La defensa del narcotraficante mexicano Vicente Zambada Niebla, que será juzgado en EE.UU. a partir de febrero, alega que la autoridades estadounidenses conspiraron con el Cartel de Sinaloa y prometieron inmunidad a sus jefes.

En un documento que fue presentado a la corte por la defensa de Zambada Niebla, alias “Vicentillo”, y al que Efe tuvo acceso hoy, se responde a los argumentos de la Fiscalía y en particular al hecho de que ésta niegue la existencia de tal acuerdo.

Los abogados defensores afirman que el abogado mexicano Humberto Loya Castro negoció con “agentes autorizados del gobierno de Estados Unidos” como “agente del Cartel de Sinaloa”.

“Cuando Loya Castro se reunió con el Gobierno (de EE.UU.) le dijo a los agentes que estaba autorizado por ‘El Chapo’ Guzmán y que sólo informaría sobre los carteles rivales. Estuvo claro desde el comienzo que no era un informante tradicional”, dice el documento.

Los abogados señalan que al negociar el acuerdo de inmunidad, los agentes federales estadounidenses sabían que Loya Castro “actuaba como agente, consejero y enlace” de los líderes del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, e Israel ‘Mayo’ Zambada”, el padre de “Vicentillo” a quien también se conoce por “Mayito”.

“Muchos de los líderes de los carteles rivales y sus asociados fueron detenidos o muertos” como consecuencia de la información pasada a la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA), agregan.

“En esencia, el gobierno de Estados Unidos se involucró en una conspiración con uno de los mayores carteles de droga del mundo y sabía que la información que le pasaba Loya Castro procedía de El Chapo, Mayo y Vicente Zambada Niebla”, agrega la defensa.

La fiscalía niega la existencia de tal acuerdo, que según el documento de la defensa fue “aprobado por funcionarios del más alto nivel” del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y acusa a “Vicentillo” de haber importado toneladas de drogas a este país como coordinador logístico del Cartel de Sinaloa en Chicago.

Según los argumentos de la defensa, este tipo de acuerdo no sería nuevo y mencionan un artículo publicado en la revista Foreign Affairs por el exjefe de la DEA Robert Bonner, según el cual Estados Unidos utilizó la misma táctica en Colombia para capturar a Pablo Escobar.

“El gobierno no quiere admitir estos acuerdos porque podrían perjudicar su estrategia”, dicen los abogados, que reclaman al juez Rubén Castillo la posibilidad de realizar una audiencia con la participación de Loya Castro y los agentes involucrados en el caso.

El comienzo del juicio está programado para el 13 de febrero, con la participación de “Vicentillo” y otros involucrados en la misma causa identificados como Tomás Arévalo Rentería, Alfredo Guzmán Salazar, Alfredo Vázquez Hernández, Juan Guzmán Rocha, Germán Olivares, Manuel Fernández Navarro y Felipe LNU (que en inglés significa apellido desconocido).

También se incluye a los hermanos Pedro y Margarito Flores, traficantes de Chicago convertidos en principales testigos de cargo.

El juez Castillo convocó a todos los acusados para una audiencia pública mañana, donde se evaluará la marcha del proceso y el intercambio de pruebas entre la acusación y la defensa.

Está pendiente una decisión del magistrado sobre la presentación reservada que haría la fiscalía sobre pruebas o documentos secretos que maneja en la preparación del juicio, y a la que quieren acceder los abogados defensores.

El fiscal federal Patrick J. Fitzgerald, del Distrito Norte de Illinois, considera que la divulgación de material clasificado o secreto al público, o a la defensa del acusado, “puede amenazar la seguridad nacional”, según documentos de la corte.

“Vicentillo” fue detenido en Ciudad de México en marzo de 2009. En febrero de 2010 fue extraditado a EE.UU. y permanece en una cárcel de máxima seguridad de Chicago a la espera de juicio.


México arrestó a un presunto narcotraficante buscado por Estados Unidos y vinculado al capo de la droga más buscado en el país, Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuyo cártel ha sufrido recientes incautaciones y detenciones, dijeron el miércoles autoridades.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal arrestaron en el aeropuerto de la Ciudad de México a Luis “El Güero” Rodríguez, acusado de distribuir toneladas de cocaína en Estados Unidos.

Washington ofrecía hasta cinco millones de dólares por información que llevara a la captura de Rodríguez, quien junto con sus hermanos formó el grupo criminal “Los Güeros”, acusados de traficar droga entre 1996 y el 2008 al servicio del cártel de Sinaloa, que dirige Guzmán, dijo la SSP en un comunicado.

No obstante, según un informe en el sitio de internet del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rodríguez y sus hermanos rompieron con el cártel de Sinaloa alrededor del 2005 y después se aliaron al sanguinario cártel de Los Zetas.

Una corte federal en Nueva York libró en mayo del 2010 una orden de aprehensión contra Rodríguez, al que se le acusa de asociación delictuosa y lavado de dinero, dijo la SSP.

En los últimos meses, las autoridades han capturado varios hombres clave, realizado grandes incautaciones de drogas y detectado narcotúneles fronterizos del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de América.

El Ejército capturó la semana pasada al lugarteniente de Guzmán en el norteño estado de Durango.

Más de 45,000 personas han muerto desde que comenzaron los operativos antinarco en México en diciembre del 2006.


Ciudad de México.- Luego de defender los señalamientos del Presidente Felipe Calderón de la intromisión del crimen en el proceso electoral de Michoacán, el ex senador Diego Fernández de Cevallos calificó como inocente y engañoso decir que el narcotráfico respete el ámbito de política.

El ex candidato presidencial aseguró que es evidente el riesgo de que el narcotráfico se introduzca en un proceso electoral, pues éste, añadió, está en todas partes, por lo que no existe ninguna institución que no esté en riesgo de ser infiltrada.

“Creo que sería inocente y engañoso decir que el crimen va a respetar el ámbito de la política, más aún cuando todo lo que se sucede en la política, de alguna manera, afecta al crimen organizado.

“El crimen organizado está en todas partes, en todas las instituciones no hay ninguna institución en México que esté al margen de ese riesgo. El que diga lo contrario, estará en su derecho, pero creo que no hay ninguna institución, por sagrada que sea, que no tenga riesgos de que se infiltre, de manera perversa, los señores del crimen organizado”, indicó.

En entrevista, Fernández de Cevallos aseguró que en el caso de Michoacán, el Presidente mostró pruebas, pero el aspirante presidencial Enrique Peña Nieto está en su derecho de cuestionar los dichos del Mandatario federal.

Lavado de dinero

Ciudad de México.- Alejandra Sota, portavoz del Presidente Felipe Calderón, negó hoy que el Gobierno mexicano tuviera conocimiento de la operación de lavado de dinero de agentes de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) como parte de la lucha contra el narcotráfico.

“No, no sabía el Gobierno mexicano y es importante resaltar que hemos iniciado una investigación por parte de la Procuraduría General de la República para deslindar responsabilidades y en todo caso investigar si es que hubo este involucramiento’, dijo Sota al programa Al Punto, de la cadena Univisión.

The New York Times reportó el fin de semana pasado que la DEA ha estado lavando o contrabandeando millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Según el diario, en algunos casos, agentes de la DEA llegan a contrabandear de dos a tres cargamentos de dinero a la semana y otros agentes mexicanos acompañados por estadounidenses se hacen pasar por contrabandistas y recogen el dinero en México.

Al ser cuestionada sobre la supuesta participación de agentes mexicanos, Alejandra Sota reiteró que se tiene que investigar.

La portavoz presidencial agregó que informarán los resultados de manera puntual y transparente.

Informó que a través de la inteligencia civil mexicana se tuvo conocimiento del intento del hijo de Gadafi de ingresar a México.

Agregó que gracias a la inteligencia mexicana pudo evitarse el ingreso de Saadi Gaddafi al País, perseguido por los crímenes que se le adjudican en la Corte Penal Internacional (CPI).

Sota negó que hayan participado agentes de otros países, y reiteró que fue una operación exitosa de la inteligencia civil mexicana.

Precisó que sólo hubo cooperación con el Gobierno canadiense para intercambiar información.

Sobre la demanda ante la CPI sobre presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y las fuerzas de seguridad, Sota negó que existan en México violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

“La respuesta que hemos dado con contundencia es que es una acusación que no es válida”, recalcó.

Mencionó que la demanda a nivel internacional no procede y serán los miembros de la Corte quienes decidan.

“Se acusa al Presidente de algo que es su obligación constitucional, que es la protección de los ciudadanos”, enfatizó.

Sobre el tema de la próxima elección presidencial en México, la portavoz indicó que una de las preocupaciones principales del Presidente Felipe Calderón es que los comicios se realicen en paz.

Dijo que desde la Presidencia la obligación es que se realice un proceso y transición ordenados y con apego a la ley.

“Para él es muy importante que la democracia continúe en México”, aseveró la portavoz.
la ley.

Vicente Zambada está en la cárcel en Chicago

Hay una Ley Gringa que permite al estado terminar juicios si se pone en riesgo “Secretos de Estado”, si EUA sigue con la negativa y el juez sigue insistiendo, es posible que salga libre el Vicentillo con toda Impunidad.

El cártel de Sinaloa fue el principal destinatario de las armas de la operación estadunidense Rápido y furioso. Eso lo supieron desde el principio el Departamento de Justicia y varias agencias de inteligencia de Estados Unidos. Pese a ello, continuaron con el operativo y lo ocultaron al gobierno de México. Tal es la conclusión de un informe realizado por los congresistas estadunidenses Darrell E. Issa y Charles E. Grassley. Con base en éste y en otras fuentes y documentos, los periodistas independientes Andrew Kennis y Jason McGahan describen, en un texto para Proceso, aspectos del operativo que terminó por beneficiar al cártel del Chapo Guzmán.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 5 de noviembre de 2010 agentes de la Policía Federal (PF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron el cadáver de Mario Ángel González Rodríguez –hermano de Patricia González, que recién había terminado su gestión como procuradora de Justicia de Chihuahua– en una fosa poco profunda, en la colonia Granjas del Valle de la capital del estado.

Fue “levantado” el 21 de octubre; días después circuló en internet un video en el que aparecía esposado y a merced de cinco hombres armados que vestían uniformes de camuflaje, máscaras y chalecos antibalas. En el video, Mario González dijo que su hermana había ordenado asesinatos a petición del cártel de Juárez.

La procuradora rechazó el señalamiento. Afirmó que los plagiarios habían obligado a su hermano a declarar eso. Sostuvo que el secuestro era una represalia por la persecución que ella había encabezado contra miembros del cártel de Sinaloa y que se había realizado debido a la corrupción de agentes policiacos.

Horas antes de que las autoridades descubrieran el cadáver, agentes de la PF irrumpieron en una casa de seguridad y arrestaron a ocho presuntos miembros de la banda que había secuestrado y asesinado a Mario González. Les decomisaron 16 armas de grueso calibre.

Ese mismo 5 de noviembre, Tonya English, agente de la Oficina de Información Estratégica e Inteligencia (OSSII, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), envió un correo electrónico a David Voth, supervisor del Grupo VII de la ATF en Phoenix, Arizona, para informarle que su oficina había rastreado esas armas decomisadas a los presuntos asesinos de Mario González y que dos de ellas, un par de rifles AK-47, habían llegado a México como parte de la operación Rápido y furioso.

La noticia pronto se regó dentro de la ATF. “Empleados de la OSII contactaron a sus colegas en Phoenix para alertarlos de esta conexión. Agentes de la OSII también se lo dijeron al personal de la oficina de la ATF en México”.

Carlos Canino, agregado alterno de la oficina de la ATF en México, se preocupó. Temía que la prensa mexicana descubriera la conexión entre el asesinato de Mario González y Rápido y furioso. Pidió a sus superiores que informaran de dicha conexión a las autoridades mexicanas o que lo autorizaran a hacerlo él mismo.

Consideraba que si los funcionarios nacionales se enteraban de ese dato por la prensa, y no por las autoridades estadunidenses, les retirarían su confianza a los agentes de la ATF, lo que les impediría trabajar con ellos. En ese caso, razonó, “nosotros sólo podríamos hacer las maletas e ir a casa”. Además, se afectarían aún más las relaciones entre México y Estados Unidos, de por sí tensas a causa de lo que se había sabido de la operación Rápido y furioso.

Pero los directivos de la ATF no respondían a las peticiones de Canino. Le daban largas. Ocho meses después, en junio pasado, el agregado alterno obtuvo “un tipo de aprobación” de su superior inmediato, Daniel Kumor, jefe de Asuntos Internacionales de la ATF, y Canino se comunicó directamente con Marisela Morales, procuradora general de la República. Cuando le soltó la noticia, dice, “ella quedó en shock” y luego exclamó: “¡Híjole!”.

“Todo bajo control”

Esa información aparece en el informe Operación Rápido y furioso del Departamento de Justicia: alimentando la violencia de los cárteles, elaborado por los congresistas Darrell E. Issa, jefe del Comité de Vigilancia y Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes, y Charles E. Grassley, miembro del Comité de Justicia del Senado.

Ellos encabezan la investigación del Congreso sobre Rápido y furioso, por lo que llamaron a comparecer a agentes y funcionarios de la ATF, lo mismo que del Departamento de Justicia. Además, tuvieron acceso a documentos relativos a la operación elaborados por las dos dependencias y por otras, como la DEA y el FBI.

El informe de 60 páginas, fechado el pasado 26 de julio, describe cómo los funcionarios de la ATF en Estados Unidos ocultaron los detalles del operativo Rápido y furioso a las autoridades mexicanas y a los agentes de la ATF destacados en México, aunque éstos empezaron a notificar desde finales de 2009 un “incremento anormal” en el decomiso de armas relacionadas con “una investigación” que se llevaba a cabo en la división de la ATF en Phoenix, Arizona.

Darrell Gil, quien era el jefe de la ATF en México, dijo a los investigadores del Congreso que a finales de 2009 comunicó sus preocupaciones a los funcionarios de la ATF en Phoenix y, como no le hacían caso, lo hizo en enero de 2010 con sus superiores en Washington. En ambos casos recibió respuestas similares: “Existe una investigación en curso”, “estamos trabajando en eso” y “todo está bajo control”.

Gil contó que la división de la ATF en Phoenix bloqueó a sus agentes en México el acceso a la base de datos del sistema de rastreo de armas conocido como e-Trace. Tanto Gil como Canino comentaron que los funcionarios de la ATF en Phoenix y Washington les ocultaban información del operativo porque temían que los agentes en México pudieran compartirla con funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y éstos, a su vez –debido a la corrupción imperante en el país–, la filtraran a los cárteles de la droga, con lo cual fracasaría la investigación.

Más aún, Gil relató que cuando el director de la ATF, Kenneth Melson, y el subprocurador de Justicia de Estados Unidos, Lanny Breuer, realizaron visitas por separado a México en 2010, ambos intentaron calmar las preocupaciones de los agentes destacados en el Distrito Federal. Según Gil, Melson les comentó: “Es una investigación en curso que está proveyendo de alguna buena información de inteligencia (…) Lo vamos a checar cuando regresemos (a Washington), pero yo creo que está dando algunos buenos resultados”.

Destino: el cártel de Sinaloa

Con base en documentos del Departamento de Justicia, el informe de los congresistas señala que hasta julio pasado se habían recuperado 122 armas conectadas con la operación Rápido y furioso en 48 decomisos realizados por las autoridades mexicanas.

Sin embargo, los autores advierten: “existen indicios de que ese número podría ser mayor”. Citan como ejemplo el correo electrónico que Bill Newell, agente “en cargo” de la ATF, envió a su jefe, el subdirector adjunto William McMahon, según el cual hasta el 16 de diciembre de 2010 se habían recuperado 241 armas relacionadas con Rápido y furioso en México y 350 en Estados Unidos.

El informe de los congresistas estadunidenses y otras fuentes consultadas por los reporteros revelan que la mayoría de las armas de Rápido y furioso aparecidas en diversas “escenas del crimen” en México estaba destinada al cártel de Sinaloa.

Por ejemplo, en el informe de los congresistas aparecen extractos de la comparecencia de Steve Martin, director adjunto de la OSII, quien sostuvo que hasta el 27 de febrero de 2010 habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa un total de mil 26 armas de Rápido y furioso, con un valor total de 650 mil dólares, y que de ello eran conscientes los funcionarios de la ATF.

En su comparecencia Martin se refiere a una “sesión informativa” sobre Rápido y furioso que se llevó a cabo el 5 de marzo de 2010 y en la que participaron importantes funcionarios de la ATF:

Pregunta: Después de esa sesión informativa no hay duda que las armas en este caso estaban siendo vinculadas al cártel de Sinaloa, con base en…

Respuesta: Con base en la información presentada. Y podría decir que sí.

Pregunta: Y eso era, presumiblemente, muy claro para todos en el salón (donde se llevó la sesión informativa).

Respuesta: Con base en eso, se dice que la gente (que compra las armas) está conectada con el cártel de Sinaloa, y yo podría decir que es cierto.

El citado informe señala que “el primer gran decomiso de armas ligadas a Rápido y furioso ocurrió el 20 de noviembre de 2009 en Naco, Sonora”. Se trató de 41 rifles AK-47 y un rifle Beowulf calibre.05. Verónica Álvarez Toscano, una mujer de 21 años residente en DeLand, Florida, las transportaba en un vehículo. Las había comprado 24 horas antes en una tienda de armas en Arizona. Lorren Leadman, especialista de la OSII, dijo el 5 de julio a los investigadores del Congreso que Álvarez Toscano admitió ante la policía mexicana que todas las armas estaban destinadas al cártel de Sinaloa.

Tres semanas después, el 9 de diciembre de 2009, efectivos del Ejército Mexicano incautaron en una casa de seguridad de Mexicali, Baja California, un arsenal similar: 41 rifles AK-47, un rifle AR-15, una pistola FN 5.7 y 392 cartuchos de diversos calibres, así como 421 kilogramos de cocaína, 60 kilogramos de metanfetaminas, 2 millones de dólares y 1 millón de pesos en efectivo. Los militares detuvieron a 12 personas, varias de ellas sospechosas de pertenecer al cártel de Sinaloa. “El rastro de las armas recuperadas llevó a testaferros que estaban siendo monitoreados por la operación Rápido y furioso”, señala el informe del Congreso.

Y añade: “Con una segunda gran incautación de armas en menos de tres semanas, los agentes de la ATF que monitoreaban la operación Rápido y furioso tenían pocas dudas de lo que estaba pasando”. Y cita lo que uno de éstos, José Wall, escribió en un correo electrónico a su colega de la agencia, Hope MacAllister: “(el liderazgo del cártel de Sinaloa) se está armando para una guerra”.

El 13 de enero de 2010 la policía de El Paso, Texas, incautó 40 armas largas, cargadores y chalecos antibalas que se encontraban en un auto Volkswagen Jetta abandonado en un estacionamiento de la ciudad. La ATF rastreó los números de serie de las armas. Eran de Rápido y furioso y estaban destinadas a un importante jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez. El informe señala: “Este decomiso pudo representar un cambio en el movimiento de las armas de Rápido y furioso destinadas a la batalla del cártel de Sinaloa por el control del corredor de tráfico de drogas de Ciudad Juárez”.

Hubo otro decomiso importante de armas relacionadas con Rápido y furioso que no aparece en el informe de los congresistas pero que el diario Los Ángeles Times dio a conocer el pasado 8 de octubre con base en los registros de una Corte federal y de documentos de la ATF.

Según esa versión, en abril pasado agentes de la PF tomaron por asalto una casa ubicada en la parte norte de Ciudad Juárez. Los agentes recibieron el chivatazo de que ahí vivían pistoleros. El inmueble, se supo después, pertenecía a José Antonio Torres Marrufo, alias El Marrufo o El Jaguar, jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez

En el gimnasio que estaba en el sótano de la casa, detrás de un muro cubierto por espejos de cuerpo entero los agentes encontraron un cuarto en el que había una ametralladora antiaérea calibre 30, un lanzagranadas, dos docenas de AK-47, rifles Barrett calibre .50 (conocidos como “matapolicías”), 26 mil 708 cartuchos, 247 cargadores, lo mismo que 53 uniformes de la Policía Militar, máquinas registradoras y máscaras antigás. “Hemos confiscado el alijo de armas más importante en la historia de Ciudad Juárez”, se jactó ante la prensa el gobernador de Chihuahua, César Duarte.

Agentes de la ATF rastrearon el origen de las armas. También eran de Rápido y furioso. Un “comprador civil” las adquirió en Phoenix y, con la anuencia de la ATF, las envió a El Paso, Texas, donde miembros del cártel de Sinaloa las “cruzaron” por la frontera.

En su comparecencia ante los congresistas, el funcionario de la ATF Carlos Canino expresó su preocupación sobre los efectos de Rápido y furioso: “Se alega que más de 2 mil armas fueron traficadas en esta operación. Para ponerlo en contexto: el 75 regimiento de la armada de Estados Unidos tiene aproximadamente 2 mil 500 efectivos. Eso significa que, como resultado de esta operación (Rápido y furioso), el cártel de Sinaloa ha recibido tantas armas como las que se necesitan para equipar a un regimiento entero”.

Y puso énfasis en los 34 rifles Barrett calibre .50 que habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa. Señaló que el poder de destrucción de estas armas es tal que podría cambiar el desenlace de cualquier combate.

*Andrew Kennis es un periodista independiente que trabaja en Chicago y en la Ciudad de México y ha colaborado en The Christian Science Monitor y Al- Jazeera. Jason McGahan es maestro de literatura británica y estadunidense; formó parte del equipo editorial de The Washington Post.

El caso del Vicentillo, cuyo juicio se inicia el 13 de febrero de 2012 en Estados Unidos, se le complica cada vez más al Departamento de Justicia. Su respuesta a la solicitud de la defensa de que esa instancia entregue toda la información en que se aluda a la presunta protección del gobierno de Estados Unidos al cártel de Sinaloa y a sus principales capos –El Chapo y El Mayo, padre del inculpado– no satisfizo al juez Rubén Castillo, quien preside las diligencias preparatorias en la Corte Federal del Distrito Norte del estado de Illinois. En el juicio está de por medio información sensible que compromete al gobierno de Estados Unidos.

CHICAGO.– Arrinconado por los argumentos de Jesús Vicente Zambada Niebla según los cuales la DEA protege al cártel de Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos se negó a desclasificar documentos que aluden a su relación con organizaciones de narcotraficantes mexicanos, pero ofreció entregar declaraciones juramentadas por escrito del abogado Humberto Loya Castro, su presunto enlace con Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

El miércoles 16, la Corte Federal del Distrito Norte del estado de Illinois, con sede en Chicago, recibió del Departamento de Justicia la siguiente notificación: “Se entregarán por escrito declaraciones juramentadas de Humberto Loya Castro, quien bajo este compromiso podría ser justificado para no presentarse como testigo durante el juicio de Zambada Niebla”.

Técnicamente, el documento firmado por el fiscal federal Patrick Fitzgerald es una aceptación indirecta de que Loya Castro es el representante legal del Chapo (Proceso 1826), enlace entre el cártel de Sinaloa y la Drug Enforcement Administration (DEA), así como un presunto criminal que colabora con el gobierno de Estados Unidos.

El juez federal Rubén Castillo, quien a partir del 13 febrero del próximo año presidirá el juicio contra El Vicentillo por delitos relacionados con el narcotráfico, aceptó parcialmente la propuesta de Fitzgerald: “Tienen hasta el 1 de diciembre de este año para presentar las declaraciones juramentadas y por escrito de Loya Castro”, respondió a los fiscales.

En la sesión de la corte de la semana pasada, el juez Castillo aclaró que, con base en el contenido de las declaraciones por escrito de Loya Castro, podrá determinar si éste será requerido o se le excusará como testigo en el juicio.

Castillo aún tiene en su mano la prerrogativa de pedir la desclasificación de los documentos que el gobierno insiste en mantener en secreto y se niega a entregar a la defensa del Vicentillo, quien es hijo de Ismael El Mayo Zambada García, lugarteniente del Chapo y número dos en el mando del cártel de Sinaloa. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la edición 1830 de la revista Proceso, que ya está en circulación)

MÉXICO, D. F. (apro).- La Fiscalía estadunidense que lleva el caso de Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo¸ deberá responder mañana a los alegatos de la defensa del capo sobre la supuesta inmunidad judicial que le proporcionó la DEA a cambio de información de cárteles rivales.

De acuerdo con la defensa, las actividades de narcotráfico de Zambada Niebla estaban protegidas por un acuerdo de inmunidad con la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). El documento fue presentado por la defensa a la corte federal el pasado 29 de julio.

El Vicentillo reveló a sus abogados que él y otros líderes del cártel de Sinaloa dieron a los agentes de la DEA información de grupos rivales y que el acuerdo le daba a su organización “carta blanca” para llevar cocaína de contrabando a Estados Unidos.

Los fiscales han desestimado estas afirmaciones del hijo de El Mayo Zambada, uno de los lugartenientes del cártel del narcotráfico más grande de México, pero tendrán que dar una respuesta detallada este viernes.

El Vicentillo enfrenta acusaciones de confabulación para traficar y distribuir drogas en Estados Unidos para el cártel de Sinaloa que, de comprobarse en el juicio que está programado para febrero del próximo año, podría hacerle acreedor a una sentencia máxima de cadena perpetua.

Se queja el capo por aislamiento en penal de Chicago

En tanto, Rubén Castillo, juez del Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois, dio un plazo de siete días a la Fiscalía que lleva el caso de El Vicentillo para responder a la queja presentada por su defensa por el confinamiento en que se encuentra, “sin respirar al aire libre” desde marzo del año pasado.

En una audiencia extraordinaria, el juez escuchó hoy a la defensa del hijo de El Mayo Zambada, quien demanda tener derechos iguales al resto de la población del Centro Metropolitano de Detención de Chicago, como tener recreos al aire libre pues las condiciones de aislamiento en las que vive, dice, “atentan contra la dignidad humana”.

La defensa del presunto capo del narcotráfico, afirma que Zambada Niebla sufre de malestares por el “castigo injustificado” que sufre desde hace más de un año, pues tiene prohibido el acceso a las áreas donde se encuentra la población general.

Por su parte, la directora del Centro de Detención de Chicago, Katheryn Linaweavey, rechazó las quejas de El Vicentillo y de Tomás Arévalo Rentería, quien es procesado por el mismo caso.

Afirmó que Zambada Niebla habla con los guardias, puede recibir correo y también tiene derecho a llamadas telefónicas semanales, además de que recibe atención médica y es observado diariamente por un psicólogo.

Castillo expresó su preocupación por la situación de Zambada Niebla y preguntó al equipo de fiscales qué podía hacer el gobierno y éste contestó que la responsabilidad es del Buró de Prisiones, por lo que el juez emplazó al Departamento de Justicia a responder a su petición en siete días.

Chicago, Estados Unidos.- Líderes del cártel de Sinaloa, frustrados luego que policías estadounidenses interfirieron con su lucrativo negocio, planearon un ataque al estilo militar contra algún edificio gubernamental estadounidense o mexicano para “enviarle a los gringos un mensaje”, dijeron fiscales federales de EU en documentos presentados esta semana.

El cártel de Sinaloa intentó conseguir decenas de armas hechas en Estados Unidos para un ataque en la Ciudad de México, contra posibles blancos que incluían edificios gubernamentales, una embajada o consulado o algún medio de comunicación, de acuerdo con los documentos del caso que involucra a Vicente Zambada.

Sin embargo, no hay nada en los documentos que pruebe que el plan se llevaría a cabo.

Chicago.- Narcotraficantes mexicanos, encabezados por el Cártel de Sinaloa, dominan el mercado de la marihuana en el área de Chicago, Estados Unidos, y lo protegen con una violencia feroz, según el jefe de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) en Chicago, Jack Riley.

“Si creen que la mafia italiana es lo peor de lo peor en materia de crimen organizado, piensen nuevamente. El Chapo Guzmán se los come crudo”, dijo Riley en una entrevista que publica hoy el Chicago Sun-Times.

Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, jefe del Cartel de Sinaloa, “es en mi opinión el criminal más peligroso del mundo y probablemente el más rico. Nunca vimos una organización criminal tan bien enfocada, con tan buen sentido para los negocios y también tan feroz y violenta”, agregó.

El mexicano Vicente Zambada Niebla, “Vicentillo”, será juzgado a partir del 13 de febrero próximo en Chicago como jefe de logística del cártel y su presunta responsabilidad por la importación de más de una tonelada de drogas y el lavado de unos 500 millones de dólares.

“Vicentillo”, quien fue extraditado en marzo de 2010, arriesga una condena de prisión perpetua, mientras que “El Chapo” está prófugo y, según la revista Forbes, es una de las 100 personas más ricas del mundo.

Riley dijo al diario que la marihuana introducida en Estados Unidos por el Cartel de Sinaloa procede en su mayoría de México, pero también “hay mucha alarma” porque se produce en los bosques del norte del vecino estado de Wisconsin y en el norte de Illinois.

“Aunque Chicago se encuentra en el centro de los Estados Unidos, para el comercio de marihuana es como si fuéramos fronterizos con México”, afirmó.

Según el director de la DEA en Chicago, las ganancias obtenidas con el comercio de marihuana “posibilitan al cartel la realización de otras actividades criminales como el tráfico de heroína, cocaína y metanfetaminas”.

Riley dijo que agentes federales descubrieron diez lugares en áreas remotas de Wisconsin donde sospechosos de trabajar para el Cartel de Sinaloa cuidaban unas 10.000 plantas de marihuana, armados con fusiles AK-47.

En el área de Chicago, y en menor escala, el cartel también cultiva la droga para asegurarse una cadena de suministros a sus mejores mercados sin interrupciones.

Riley señaló que las ciudades de Chicago y Atlanta se han convertido en los principales centros de distribución de marihuana y están “protegidos por el Cartel de Sinaloa con una violencia inconcebible”.

El diario atribuye a una fuente policial la información de que miembros del cartel, incluyendo un escuadrón de sicarios llamado “Escorpión”, han cometido asesinatos de rivales en Chicago.

La temporada alta para el transporte de la marihuana a Chicago va de enero a marzo, cuando se realiza la cosecha en México, a menudo oculta en camiones y debajo de frutas y otros alimentos.

Aunque el proceso de Zambada Niebla y otros integrantes del cartel se enfoca en el tráfico de cocaína y heroína, Riley dijo que las autoridades creen que esa organización es responsable de toneladas de marihuana decomisada en años recientes.

Como ejemplos mencionó que entre 2005 y 2009, la policía de Chicago interceptó 29 toneladas de marihuana mexicana, y otras 19 toneladas en 2010.

Agentes de la DEA confiscaron el año pasado 11 toneladas de marihuana empacadas en seis vagones ferroviarios procedentes de México.

La defensa de Zambada Niebla ha argumentado ante el juez federal de la causa, Rubén Castillo, que su cliente tenía inmunidad para realizar sus negocios en Estados Unidos a cambio de información sobre los carteles mexicanos rivales.

Para ello ha citado el testimonio del abogado mexicano Humberto Loya Castro, quien habría negociado la inmunidad para los miembros del Cártel de Sinaloa, incluyendo a “El Chapo” Guzmán y “Vicentillo”.

El Gobierno niega la existencia del acuerdo y sostiene que aunque existieran promesas de agentes federales, solamente el Departamento de Justicia podría autorizarlo.

Chicago.- Narcotraficantes mexicanos, encabezados por el Cártel de Sinaloa, dominan el mercado de la marihuana en el área de Chicago, Estados Unidos, y lo protegen con una violencia feroz, según el jefe de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) en Chicago, Jack Riley.
“Si creen que la mafia italiana es lo peor de lo peor en materia de crimen organizado, piensen nuevamente. El Chapo Guzmán se los come crudo”, dijo Riley en una entrevista que publica hoy el Chicago Sun-Times.
Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, jefe del Cartel de Sinaloa, “es en mi opinión el criminal más peligroso del mundo y probablemente el más rico. Nunca vimos una organización criminal tan bien enfocada, con tan buen sentido para los negocios y también tan feroz y violenta”, agregó.
El mexicano Vicente Zambada Niebla, “Vicentillo”, será juzgado a partir del 13 de febrero próximo en Chicago como jefe de logística del cártel y su presunta responsabilidad por la importación de más de una tonelada de drogas y el lavado de unos 500 millones de dólares.
“Vicentillo”, quien fue extraditado en marzo de 2010, arriesga una condena de prisión perpetua, mientras que “El Chapo” está prófugo y, según la revista Forbes, es una de las 100 personas más ricas del mundo.
Riley dijo al diario que la marihuana introducida en Estados Unidos por el Cartel de Sinaloa procede en su mayoría de México, pero también “hay mucha alarma” porque se produce en los bosques del norte del vecino estado de Wisconsin y en el norte de Illinois.
“Aunque Chicago se encuentra en el centro de los Estados Unidos, para el comercio de marihuana es como si fuéramos fronterizos con México”, afirmó.
Según el director de la DEA en Chicago, las ganancias obtenidas con el comercio de marihuana “posibilitan al cartel la realización de otras actividades criminales como el tráfico de heroína, cocaína y metanfetaminas”.
Riley dijo que agentes federales descubrieron diez lugares en áreas remotas de Wisconsin donde sospechosos de trabajar para el Cartel de Sinaloa cuidaban unas 10.000 plantas de marihuana, armados con fusiles AK-47.
En el área de Chicago, y en menor escala, el cartel también cultiva la droga para asegurarse una cadena de suministros a sus mejores mercados sin interrupciones.
Riley señaló que las ciudades de Chicago y Atlanta se han convertido en los principales centros de distribución de marihuana y están “protegidos por el Cartel de Sinaloa con una violencia inconcebible”.
El diario atribuye a una fuente policial la información de que miembros del cartel, incluyendo un escuadrón de sicarios llamado “Escorpión”, han cometido asesinatos de rivales en Chicago.
La temporada alta para el transporte de la marihuana a Chicago va de enero a marzo, cuando se realiza la cosecha en México, a menudo oculta en camiones y debajo de frutas y otros alimentos.
Aunque el proceso de Zambada Niebla y otros integrantes del cartel se enfoca en el tráfico de cocaína y heroína, Riley dijo que las autoridades creen que esa organización es responsable de toneladas de marihuana decomisada en años recientes.
Como ejemplos mencionó que entre 2005 y 2009, la policía de Chicago interceptó 29 toneladas de marihuana mexicana, y otras 19 toneladas en 2010.
Agentes de la DEA confiscaron el año pasado 11 toneladas de marihuana empacadas en seis vagones ferroviarios procedentes de México.
La defensa de Zambada Niebla ha argumentado ante el juez federal de la causa, Rubén Castillo, que su cliente tenía inmunidad para realizar sus negocios en Estados Unidos a cambio de información sobre los carteles mexicanos rivales.
Para ello ha citado el testimonio del abogado mexicano Humberto Loya Castro, quien habría negociado la inmunidad para los miembros del Cártel de Sinaloa, incluyendo a “El Chapo” Guzmán y “Vicentillo”.
El Gobierno niega la existencia del acuerdo y sostiene que aunque existieran promesas de agentes federales, solamente el Departamento de Justicia podría autorizarlo.

Vicente Zambada está en la cárcel en Chicago en espera de un juicio, dentro de una investigación internacional, y se ha declarado inocente de los cargos de haber conspirado para importar y vender grandes cantidades de cocaína y heroína en Estados Unidos.

Las autoridades dicen que su padre, Ismael Zambada, dirige el cártel junto con el hombre más buscado de México, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los abogados de Vicente Zambada alegan que a él y a otros líderes del cártel se les otorgó inmunidad por parte de agentes estadounidenses, y la libertad de pasar cocaína por la frontera, a cambio de información sobre los cárteles rivales que están enfrascados en una sangrienta guerra por territorio mexicano. Los fiscales han negado la existencia de dichos acuerdos.

Pero los arreglos con personajes importantes en el cártel han permitido a los fiscales debilitar sus operaciones. Pedro y Margarito Flores, mellizos que compraron y distribuyeron drogas del cártel en Chicago, están entre los que cooperan con el Gobierno.

Margarito Flores ha dicho que el plan para atacar un edificio del Gobierno o de algún medio de comunicación se gestó durante una reunión en un complejo en la cima de una montaña en México.

Los líderes del cártel, molestos por el reciente arresto del hermano de Ismael Zambada, se quejaron de que el Gobierno mexicano permite a los policías estadounidenses “hacer lo que quieran”, dijo Flores a los fiscales.

Cuando Guzmán preguntó qué harían los líderes respecto a ese problema, Ismael Zambada presuntamente respondió: “sería bueno enviar un mensaje a los gringos. Lo que sea que hagamos, lo tenemos que hacer en el territorio de alguien más”, de acuerdo con un reporte en el que los fiscales resumen su evidencia en contra de Vicente Zambada.

Durante la conversación, dicen los documentos, Guzmán sugirió que se enfocaran en un edificio gubernamental mexicano o estadounidense en la capital.

Vicente Zambada dijo entonces a Margarito Flores que encontrara a un soldado estadounidense que regresara del extranjero para darle 20 o 30 “armas de alto poder”, especificando que tenían que ser fabricadas por Estados Unidos.

Durante una conversación telefónica grabada después, los fiscales dijeron que Vicente Zambada le reiteró a Flores que el cártel compraría las armas.

http://www.proceso.com.mx/?p=289357

http://www.proceso.com.mx/?p=288696

lucha contra el narcotráfico

Washington.- El “resentimiento” del nuevo Gobierno mexicano ante el rol protagonista que EU había tomado en la lucha contra el narcotráfico ha provocado que la Administración de Barack Obama tema perder fuerza en la cooperación de seguridad, en la que ya empiezan a producirse cambios, informa hoy The Washington Post.


México, DF.- La consultora estadounidense Stratfor pronosticó que el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, no tendrá libertad para desviarse de la política antidroga establecida durante el sexenio calderonista; además, advierte, será “muy difícil” para el gobierno entrante contener la violencia e ignorar a los cárteles de la droga para lograr una transición “pacífica”.

El informe titulado “Las limitaciones del nuevo presidente” alerta que Peña Nieto llega en un momento donde las rutas de trasiego de droga son “más lucrativas que nunca”, además de que la competencia por su control ha aumentado su valor.

“Peña Nieto no tendrá más remedio que continuar con el uso de los militares en la lucha contra el crimen organizado en un futuro inmediato”, dice el análisis firmado por el vicepresidente de la firma, Scott Stewart.
Según el despacho, con sede en Texas, lo único que hizo Calderón fue “decapitar” a los cárteles, lo que provocó una lucha intestina en organizaciones como la de los hermanos Beltrán Leyva, “La Familia Michoacana”, “Los Zetas” y el cártel del Golfo.

Y avizora: “Aunque Peña Nieto saque al Ejército de las calles ‘la guerra de los cárteles’ continuará con la estela de violencia de Monterrey, Nuevo Laredo, Guadalajara y Acapulco”.

Sobre la propuesta de Peña de crear una gendarmería nacional contra el crimen organizado, la consultora se mantiene escéptica:

“Pasarán varios años antes de que sean reclutados y entrenados suficientes policías para reemplazar a los 30 mil soldados mexicanos que se dedican a patrullar las zonas de violencia”.

Y explica:

“Los cárteles están arraigados con pandillas callejeras, lo que ha repercutido en el consumo y en la violencia locales. Las luchas por el poder de los cárteles no son como antaño, las organizaciones actuales participan en enfrentamientos con sus organizaciones rivales y el gobierno, utilizando artefactos de uso exclusivo del Ejército, como armas automáticas, granadas de mano y granadas propulsadas por cohetes”.

Asimismo se refieren a la diversificación de las actividades ilícitas en los cárteles:

“La mayoría de los cárteles han diversificado hacia otras actividades criminales, tales como el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas y el robo de carga, además de tráfico de estupefacientes. Los Zetas hacen una cantidad considerable de dinero robando petróleo de Pemex, o de la piratería de CD’s y DVD’s”.


Chihuahua.- Personal del Buró Federal de Investigación (FBI) y de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos capacitaron a elementos de la Policía Municipal de Chihuahua.

Heliodoro Araiza Reyes, director de Seguridad Pública Municipal, informó que los instruyeron en técnicas de vigilancia, contrainteligencia, tipos de droga y relaciones humanas.

“Los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua son personas con una gran disposición por mejorar, aprender y superarse aún más, situación que me enorgullece, porque todo esto retribuye en un mejor servicio hacía los ciudadanos”, mencionó Araiza Reyes durante la entrega de reconocimientos a un grupo de elementos que culminaron su capacitación y actualización en estrategias contra el Narcomenudeo, impartido por las agencias norteamericanas.

El curso se desarrolló con el propósito de mejorar las estrategias de vigilancia, mediante acciones de inteligencia que permitan detectar la forma de operar de los probables delincuentes, así como la capacidad de prevenir las acciones delincuenciales (contrainteligencia).

“El curso de capacitación nos amplió el panorama en cuanto a las maneras de actuar, en determinadas situaciones de delito; como identificar las sustancias prohibidas, así como prevenir su probable actuar en contra de la ley”, expresó uno de los elementos preventivos durante la capacitación impartida por Carlos González, de la DEA.

Se les instruyó también en el manejo de entrevistas a personas afectadas, así como detenidos, que reditúen en mayor información para dar con probables copartícipes del delito, así como la relación interpersonal con el ciudadano.

Edmundo Mireles, capacitador y ex miembro del FBI, comentó que los policías de Chihuahua, se encuentran preparados y bien capacitados para el combate contra la delincuencia, pero que esta función será más eficaz con lo aprendido en el curso.

En tanto que Araiza Reyes indicó que seguirán promoviendo cursos de mejora continua al interior de la corporación, para que los elementos profesionalicen sus funciones, y de esa manera mostrar a la sociedad que la Policía Municipal de Chihuahua es profesional y sensible a las necesidades de la población.

La capacitación se desarrolló por un periodo de 15 días en la Escuela de Policía de Chihuahua, donde este fin de semana se entregaron reconocimientos a 15 elementos, como parte de las acciones concretadas mediante la Iniciativa Mérida.


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Tres guatemaltecos fueron capturados por elementos de la Policía Ministerial en Reynosa luego de que participaran en una de las balaceras registradas este sábado en esa ciudad.

El tiroteo ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas cuando elementos ministeriales realizaban recorridos de vigilancia por la colonia Los Robles y supuestamente fueron agredidos por los sujetos desde una vivienda ubicada en la calle Manzano número 404.

Los hombres estaban vestidos de militares y los policías les aseguraron un arsenal de alto poder.

Los detenidos fueron identificados como Antonio Balem Rodríguez, de 30 años; Hugo Rodolfo Quej, de 40 y Gabriel Cusyal, de 30, todos originarios de Guatemala.

A ellos se les decomisaron cuatro fusiles calibre .223, 41 cargadores calibre .223, seis cargadores calibre 7.62 x 39 y dos rifles.

También partes de un fusil de calibre .223, dos cañones y una culata, tres granadas calibre .40, equipo táctico militar, tres pantalones y cinco camisolas.

También paquetes de balas calibre 7.62 por 39 milímetros que sumaron un total de 186 balas útiles.

Los guatemaltecos fueron puestos a disposición del Ministerio Público que dio instrucciones de dar vista a las autoridades federales.


CREDITO:
Rubén Aguilar Valenzuela

Jorge G. Castañeda y yo hemos publicado Los saldo del narco: el fracaso de una guerra (Punto de Lectura, 2012). El texto analiza los saldos de la guerra de estos seis años, demuestra que las premisas de la misma, planteadas por el presidente Calderón, no se sostenían y propone los caminos para enfrentar, en el marco de una estrategia distinta, el problema del narcotráfico.

El texto ofrece una revisión y pone al día las cifras y estadísticas relacionadas con el consumo de las drogas, el incremento de la violencia, los homicidios, la violación de los derechos humanos y la percepción de la ciudadanía sobre la estrategia implementada por el gobierno.

La estrategia adoptada por el Presidente cuando decreta la guerra contra el narco, el 11 de diciembre del 2006, iba en sentido contrario a la tendencia mundial, que propone abandonar el enfoque punitivo y prohibicionista para enfrentar el problema desde el ámbito de la salud pública.

Ahora, seis años después, se hace todavía más evidente y en este tiempo ha crecido el número de los políticos y especialistas que piensan que la estrategia de guerra es un fracaso, que no se puede ganar y que los costos de liberarla resultan inútiles y son descomunales.

Sostenemos que antes de haber declarado la guerra “debió ser evidente para el Presidente y sus colaboradores que los países consumidores, de manera particular nuestro vecino del norte, no se ha planteado la necesidad de una guerra como la que él se propuso y no están dispuestos, bajo ningún precio, a emprenderla. Son conscientes de que los costos y daños de la misma son muy superiores a sus posibles beneficios”.

Planteamos también que a pesar de lo anterior y cuando en México “el consumo de las drogas era muy bajo, de que se vivía la menor violencia de la historia del país y la menor penetración del narco en las instituciones del gobierno, Calderón optó, sin necesidad y fundamento, por la guerra” bajo la ilusión, como lo anunció en un primer momento, de que con ésta lograría terminar con los cárteles, la violencia y el consumo de las drogas.

Con datos del propio gobierno y organismos internacionales, argumentamos: “Al concluir el sexenio, no ha ocurrido nada de lo prometido; los problemas permanecen tal cual o se agravan, y surgen otros de carácter colateral, incluso mayores que los que se pretendía resolver”.

No nos quedamos sólo en la crítica y en el último apartado del libro proponemos lo que para nosotros, asumiendo lo que proponen expresidentes de América Latina y también académicos de todo el mundo sería el camino a seguir para hacer frente de manera inteligente, realista y factible al problema. Somos conscientes de que se trata de un tema polémico que despierta todo tipo de críticas y pasiones. Estamos abiertos al diálogo y la discusión.


Chicago. A pocos kilómetros al oeste del centro de la ciudad, al otro lado de una entrada de terracota adornada con “Bienvenidos”, aromas y escenas de México se derraman en la Calle 26. La bandera mexicana ondea afuera de las tiendas. Vendedores ofrecen auténticos churros, chorizo y tamales.

El barrio de Little Village en Chicago es el hogar de más de 500,000 residentes de ascendencia mexicana y es conocido por su festival del Cinco de Mayo y su bullicioso desfile de la Independencia Mexicana. Pero las autoridades federales afirman que Little Village es también el hogar de otra cosa: una rama americana del Cártel de Sinaloa.

Los miembros del cártel más poderoso de México venden una cantidad récord de heroína y metanfetamina desde Little Village, de acuerdo con la DEA (Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas). Desde aquí las drogas se mueven a las calles del sur y el oeste de Chicago, donde se venden en los barrios de mayoría afroamericana.

“Chicago, con 100,000 miembros de pandillas que mueven la droga en la calle, es un paraíso logístico para el Cártel de Sinaloa. Ahora, tenemos que operar como si estuviéramos en la frontera con México”, indicó Jack Riley, agente especial de la DEA a cargo de la división de campo de Chicago.

No se trata sólo de Chicago. Al mismo tiempo que los cárteles de la droga han acumulado más control e influencia en México, han extendido su alcance adentro de EU, al establecer rutas de trasiego en el medio oeste y el sureste, de acuerdo con funcionarios estadounidenses antinarcóticos.

El gobierno de estadounidense ha proporcionado a México equipo de vigilancia, equipo de comunicaciones y otro tipo de asistencia bajo la Iniciativa Mérida. Pero los críticos aseguran que al norte de la frontera, el gobierno federal apenas ha golpeado a una sofisticada infraestructura que soporta el regreso a México de 20,000 millones de dólares al año.

El éxito de los cárteles mexicanos en lograr una distribución masiva de drogas es un reflejo de la falla en la inteligencia y operaciones del gobierno EU en la guerra en contra de las drogas, expuso Fulton T. Armstrong, un exoficial de Inteligencia Nacional para América Latina y exagente de la CIA.

De los siete grupos del crimen organizado mexicano que trafican drogas en EU, el Cártel de Sinaloa domina el negocio y vende la mayor parte de heroína, marihuana, metanfetamina y cocaína.

Un experto en seguridad estimó que el cártel mueve 1 kilo de cocaína hacia EU aproximadamente cada 10 minutos.


Desde que el presidente Felipe Calderón inició su sexenio y la estrategia de seguridad contra el crimen organizado, la Semar ha registrado cerca de 200 ataques de criminales

México, DF.- En la guerra al narcotráfico ordenada por el presidente Felipe Calderón desde el inicio de su mandato, la Armada de México ha sufrido alrededor de 200 agresiones en las que han muerto 300 presuntos integrantes de cárteles de las drogas.

Las bajas se han producido al responder a ataques directos, durante operativos de vigilancia y en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, como en las detenciones frustradas de Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca (diciembre 2009), y Ezequiel Cárdenas Guillén, en Matamoros, Tamaulipas (noviembre 2010), en las que ambos se enfrentaron a los marinos y fueron acribillados.

Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón ha asistido en al menos dos ocasiones a un área especial del Hospital Central Militar (HCM) a visitar a los militares heridos en acciones contra el narco.

Los infantes de Marina y los integrantes de las Fuerzas Especiales (FES) de la Armada han respondido a 187 agresiones, en las que han perdido a 23 elementos (todos masculinos) y han resultado heridos al menos 51 presuntos delincuentes, de acuerdo con un balance de la dependencia casi en el cierre del sexenio.

Las estadísticas indican además que 116 elementos navales han resultado heridos en los enfrentamientos con el narco en la actual administración.

Los marinos lesionados han sido trasladados principalmente al Hospital General Naval de Alta Especialidad, en el DF y otros recibieron atención en alguno de los hospitales, sanatorios y clínicas de la Marina en el País.
La Semar cuenta con un total de 34 instalaciones de atención médica ubicadas en las franjas costeras del país y en el DF. De las 34 instalaciones, 14 son hospitales, 13 son sanatorios y 7 son clínicas. Esta infraestructura hospitalaria cuenta en total con 782 camas, de acuerdo con los Informes de Labores de la dependencia.

Su sede más importante, el Hospital General Naval de Alta Especialidad, ubicada en el DF, no tiene áreas especiales para atender al personal naval herido en combate al narco. En cambio, la Sedena creó en septiembre de 2010, un área especial en el Hospital Central Militar para atender a sus heridos en enfrentamientos.

El área fue bautizada como Sala de Alto Impacto. El Presidente la visitó por última vez el 6 de julio de 2012, para conocer el estado de salud de algunos de los heridos que han pasado por esa sala durante su mandato.
De acuerdo con la Sedena, hasta octubre “se han atendido 237 pacientes en la Sala de Alto Impacto del HCM”.

Sin embargo, en una respuesta a una solicitud del IFAI hecha en 2011 en la que se le piden datos concretos sobre cuánto gastó en 2010 en curaciones y hospitalización del personal militar herido en la lucha antidrogas, la Sedena contestó en abril que “esta Secretaría no cuenta con un documento en el que se estipule el presupuesto exclusivo para la información que solicita, por lo no es posible atender su solicitud (sic).”

La Sedena cuenta con 52 instalaciones médicas en todo el país: 1 Hospital Central Militar; 2 Unidades de Especialidades Médicas; 1 Centro de Rehabilitación Infantil; una Clínica de Especialidades de la Mujer; 17 hospitales militares; 1 Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial y 22 Enfermerías.

Con información de El Universal


Washington.- Argentina se ha convertido en lugar de residencia temporal para narcotraficantes mexicanos y colombianos que buscan un lugar para esconderse, reveló hoy el diario The New York Times.

“Para muchos de estos fugitivos de la ley, Argentina se ha convertido en su hogar, un refugio confortable donde muchos de ellos se esconden temporalmente mientras se mantienen activos en la industria”, señaló el diario en su edición electrónica.

El diario, que citó al profesor mexicano de derecho Eduardo Buscaglia, apuntó que se han vuelto cotidianas las noticias sobre redadas, tiroteos y la “inexorable” realidad de que su país ya no es simplemente un punto de tránsito para los narcotraficantes.

Buscaglia, quien terminó el año pasado una misión en Argentina para Naciones Unidas, señaló que hay áreas marginales de ese país donde los narcotraficantes se han instalado para ofrecer servicios a cambio de silencio.

Agregó que son lugares en donde las probabilidades de que se proceda legalmente son “extremadamente” bajas, porque las autoridades en las provincias no tienen la capacidad de investigar crímenes complejos, y por lo general no cooperan internacionalmente.

“El cártel de Sinaloa ha infiltrado comunidades pobres en el área tropical limítrofe con Paraguay y Brasil al norte, en donde, en complicidad con autoridades locales, pueden actuar con impunidad”, remarcó el diario.

The New York Times citó a autoridades policiales, según las cuales narcotraficantes colombianos y mexicanos viven con sus familias en algunas de las más exclusivas áreas de Argentina, a las que consideran “mas seguras” que sus propios países.

Las mafias nombran intermediarios locales para administrar sus operaciones, añadió.

El diario anotó también que hay reportes de recientes actividades frustradas por las autoridades argentinas, que involucraban intentos de contrabandear cocaína a Estados Unidos y a Europa vía Cancún.

NTX/MG/SBR


SANTIAGO DE CHILE (AP) — Al menos 350 kilos de cocaína ocultaban cuatro grandes rocas exportadas en un contenedor desde Bolivia y descubierta por la policía en la ciudad de Arica, según informes policiales.

Ante sospechas policiales, el contenedor proveniente de Bolivia fue sometido a un scanner especial, que detectó la droga.

Arica es considerado uno de los principales puntos de ingreso de cocaína proveniente de Bolivia y que desde este país es enviada hacia Estados Unidos y Europa. En mayo funcionarios aduaneros detectaron también un cargamento de 50 kilos de cocaína boliviana que iba con destino a Italia.


Autoridades estadounidenses informaron hoy haber desmantelado en Arizona una extensa célula de traficantes de droga ligada al cártel de Sinaloa, tras arrestar a 20 sospechosos y decomisar 2.4 millones de dólares en efectivo.

El Departamento de Policía de Tempe, Arizona, informó que una investigación conjunta con la Oficina Anti narcóticos (DEA) permitió detectar a los traficantes que recibían la droga en Tempe y la distribuían en Nueva York, Alabama, California y otras ciudades.

La investigación condujo también al decomiso de una avioneta, 10 vehículos, tres toneladas de marihuana, 14 armas de fuego y 13.6 kilogramos de metanfetamina.

De acuerdo con la policía, la célula de traficantes estaba asociada al cártel de Sinaloa y era encabezada por Leonel Gálvez Leal, Norberto Meza Montoya, y José Alonzo Rodríguez Rosas.

Doug Coleman, agente especial a cargo de la oficina de la DEA en Phoenix, dijo que la investigación formaba parte de la estrategia denominada “Operación Estampida Nayarit” orientada a atacar las organizaciones narcotraficantes en la frontera de Arizona con México.


Bogotá, Colombia.- El ex director de la policía colombiana, general Oscar Naranjo, asesor del presidente electo de México Enrique Peña Nieto, afirmó el viernes que entre sus recomendaciones al futuro mandatario están la creación de grupos de choque mixtos para combatir no sólo a los narcos sino también a bandas de sicarios.

Dijo además que es recomendable fijar una meta de reducir la violencia en los primeros 100 días de la presidencia, una reducción que se logra focalizándose o concentrando los esfuerzos en las regiones de mayor conflictividad.

Naranjo, que es un asesor externo de Peña Nieto en temas de seguridad y combate al crimen organizado, dijo en una entrevista con la AP que los grupos de choque pueden estar integrados por unidades del Ejército, la Armada, cuerpos policiales y que sirvan para buscar y dar con “objetivos de alto valor” o los narcotraficantes más buscados.

Aquellas unidades que tengan mayor información y trabajo ya hecho en la búsqueda de ese líder del crimen organizado, entonces recibe todo el apoyo en materia de equipos e inteligencia, por ejemplo, dijo Naranjo, quien el pasado 12 de junio pasó a retiro tras cinco años en la dirección de la policía nacional colombiana.

Además de dar con esos narcotraficantes, cree que una forma de reducir la violencia es también combatiendo a las bandas de sicarios o pistoleros a sueldo y que son en parte responsables de la lucha territorial por la distribución y venta de drogas.

“Lo que he hecho es un llamado para que se establezcan estrategias diferenciales…luchar contra el narcotráfico en México tiene que significar disminuir los niveles de violencia”, indicó.

“Está bien perseguir a los narcotraficantes para capturarlos. Pero no esta bien no tener grupos elites persiguiendo a los homicidas para someterlos a ley, escuadrones de sicarios que llamamos (en Colombia) las ’oficinas de cobro’. A esos grupos sicariales hay que darles también la importancia para controlar los niveles de violencia.”

Tal estrategia ha servido a la policía colombiana durante la gestión de Naranjo. Con ella debilitó fuertemente y consiguió capturas a la “oficina” más sanguinaria de Medellín, creada en la época del narcotraficante Pablo Escobar, abatido por la policía en diciembre de 1993.

El uso de la fuerza militar como el Ejército en este tipo de combates -como cuando el gobierno mexicano decidió enviar al menos 10,000 uniformados a Ciudad Juárez a fines del año pasado- es poco recomendable, en su experiencia, porque el poder de fuego causa muertes entre civiles y no intimida a los criminales.

Esas fuerzas militares pueden ser más efectivas en tareas como cerrar corredores de paso de drogas, en interdicción marítima o aérea de cargamento de narcóticos, entre otras, aseguró.

La policía de seguridad, según ha recomendado, debe estar basada en cuatro principios básicos como que sea una política de Estado y no de un gobierno, que atienda a las víctimas de la violencia, que además este basada en cuerpos de seguridad con integridad o que no sean corruptos y con una visión regional y no meramente local.

En “los primeros 100 días (del nuevo gobierno) hay que fijar una meta de reducción de violencia. Puede salir mal. Puede salir bien, pero hay que jugársela” en conseguir esa baja de criminalidad, aseguró.

“Yo creo que es posible decirle a los mexicanos ’mire que en 100 días queremos la mitad de la violencia que tenemos’’’.

Al ver el mapa, dijo Naranjo, de los puntos de mayor violencia en México se percibe que están concentrados en pocos puntos.

Se consigue reducir homicidios y secuestros, por ejemplo, “focalizándose, porque es que está muy concentrada. Si tú miras ese mapa de violencia allá (en México) son seis sitios. “Es imposible que en seis ciudades tu no puedas tener unos controles”, destacó.

Naranjo además aseguró que Colombia seguirá prestando cooperación a México, un trabajo que ya tiene más de cinco años y por el cual al menos 7,000 agentes mexicanos han sido entrenados como policía judicial.

En una entrevista el viernes con la radio colombiana Caracol, Peña Nieto defendió la asesoría del oficial colombiano, un tema que ha sido criticado por rivales político del presidente electo.

“Yo he invitado el general Naranjo, quien amablemente aceptó ser parte de la asesoría y consultaría” externa, dijo Peña Nieto, “porque no podemos escatimar esfuerzos…tenemos que poner un alto y empezar el descenso de esta ola de criminalidad que tenemos”.

Peña Nieto ha reiterado que seguirá con la lucha del presidente Felipe Calderón contra los cárteles y ha dicho ante audiencias mexicanas y extranjeras, particularmente senadores y congresistas estadounidenses preocupados, que un nuevo enfoque en esa lucha no significa acuerdos secretos con los grupos criminales a cambio de reducir la violencia que ha matado a más de 47,500 personas desde finales de 2006.


Washington • Durante una audiencia pública en Washington, el activista Javier Sicilia denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la impunidad y corrupción en México, donde dijo, “nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune”.

El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad acusó al estado mexicano de permitir con su “inacción e ineficiencia” un incremento en el problema de las desapariciones forzadas en México.

“No sabemos qué parte del Estado está con el crimen, ni dónde está el crimen dentro del Estado. Es terrible”, dijo.

“Nos pueden matar, nos pueden secuestrar, porque el grado de inseguridad es atroz. Nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune”, lamentó Sicilia en la audiencia en la CIDH sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en México.

“La justicia es decepción, la impunidad es la norma”, expresó el poeta, quien denunció que en México, el 98 por ciento de los crímenes quedan impunes.

“Póngale a cada uno de ellos rostro. Y detrás de ese rostro, el de hermanos, un padre, y multiplíquenlo. Vean esos rostros: esa es la realidad del país”, afirmó.

Sicilia señaló la necesidad de “cambiar la estrategia de seguridad, tremendamente violenta, con pocos resultados, que incrementa el dolor cada día y está diseñada para la seguridad de las instituciones, no de los ciudadanos”.

“Pedimos que le den a la Procuraduría un presupuesto acorde a la altura del dolor del país y que se le dé voz y voto a los ciudadanos porque hay gran corrupción en el Estado”, dijo Sicilia durante una audiencia convocada sobre la seguridad ciudadana en México.

En la audiencia participó Julia Alonso, madre de un joven desaparecido junto a tres amigos en enero de 2008. “Ya no encuentro forma de pedir dónde está mi hijo”, señaló Alonso, antes de romper en llanto.

El relator para México de la CIDH, Rodrigo Escobar, calificó como “masivo” el problema de desapariciones forzadas y restó importancia al hecho de que diferentes organismos manejen cifras diversas, ya que mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de cinco mil denuncias, el movimiento de Sicilia lo ubica en 10 mil.

“Ése es el tema central, los peticionarios se han referido al drama y la tragedia de la desaparición forzada. Es un problema muy angustioso para las familias. Mientras no hay verdad, no hay justicia ni posibilidad de verdadera reconciliación”, agregó.

Escobar solicitó al Estado que aporte información sobre medidas específicas para las desapariciones forzadas, tales como la creación de un registro de desaparecidos, programas de atención a las familias de desaparecidos, reformas legislativas o mecanismos de búsqueda inmediata.

El subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora, negó categóricamente que en México exista una política de estado de desapariciones forzadas y señaló que Calderón creó este mes una Procuraduría Social de Atención a Víctimas, la cual cuenta con 326 funcionarios.

“Es falso que en México se ha generado violencia por la presencia de las fuerzas federales en las entidades federativas. Al contrario, están ahí para combatir la violencia un crimen organizado que los gobiernos locales no han podido combatir”, señaló Zamora. “Fueron rebasados y eso los llevó a solicitar apoyo al gobierno federal. Su acción es y ha sido consecuencia y no causa de la violencia”.

Carla Espinoza, directora del Centro de Derechos Humanos para las Américas del Instituto Internacional de Derechos Humanos de DePaul University, señaló a agentes del estado mexicano de practicar las desapariciones forzadas.

Se quejó además de que no existe una delineación clara de las responsabilidades del gobierno federal ni de los gobiernos estatales porque “las instituciones federales tienden a responsabilizar los gobiernos de los estados, mientras que los estados responsabilizan al gobierno federal en asuntos como el crimen organizado”.


Rubén Aguilar Valenzuela

Bogotá. El Presidente de Colombia (1990-1994) César Gaviria plantea que el próximo gobierno de México debe “desactivar el lenguaje de la guerra” en su lucha contra el narcotráfico porque éste sólo escala el conflicto e implica una lógica reduccionista, que desconoce la complejidad del problema.

En la sede de la fundación que él preside, adornada con obras de arte y piezas prehispánicas de culturas colombianas, afirma que el mayor problema de la seguridad de México está en la incapacidad del sistema judicial para impartir justicia. Urge al país desarrollar mecanismos que permitan una rápida y estricta aplicación de la justicia y eviten la impunidad.

Gaviria recomienda que México cuente con una policía unificada, para poder garantizar su coordinación. Ésa debe sustituir a las locales, no porque éstas sean corruptas, que lo pueden ser, sino porque enfrentar al crimen organizado exige tener una policía profesional con altos niveles de disciplina y formación militar. De otra manera siempre se habrá de fracasar.

El gobierno de México en la lucha contra el narcotráfico debería considerar, sugiere Gaviria, nombrar a un fiscal enfocado sólo a ese tema y también, como expresión política de que la lucha va en serio, eliminar la inmunidad jurídica de la que gozan los políticos.

La asesoría del gobierno de Estados Unidos, desde su punto de vista, hizo la diferencia en la lucha del gobierno de Colombia contra el narcotráfico. Hay un antes y un después. Gaviria asegura que sólo los estadounidenses tienen la capacidad técnica y la experiencia militar práctica para hacerlo.

Quien también fuera Secretario General de la Organización de Estados Americanos considera que los gobiernos de México y Colombia tienen calidad moral para plantear al de Estados Unidos la necesidad de discutir a fondo la actual estrategia. Si lo que se ha hecho no produce resultados, hay que cambiar.
Gaviria propone enfrentar la lucha contra el narco desde el enfoque de la salud pública que implica, entre otras cosas, discutir en serio la “regulación”, dice que la palabra legalización no es la correcta, primero de la marihuana y después de otro tipo de drogas como la heroína y la cocaína.

El gobierno de Estados Unidos, afirma Gaviria, no sabe qué hacer ante el problema y cuál es el camino a seguir. Avanza, por la vía de los hechos, en línea de una legalización disfrazada. Propone que el gobierno de México y el de Colombia promuevan una discusión abierta a nivel nacional e internacional sobre el problema del narco.

Las autoridades estadounidenses no quieren discutir y se cierran, dice Gaviria, y añade que el propósito de ese diálogo debe ser encontrar caminos para reducir el negocio del narco y el margen de sus ganancias. Se trata de desactivar al máximo la capacidad de las organizaciones dedicadas a la producción y venta de las drogas ilegales.

Twitter: @RubenAguilar

Washington.- El “resentimiento” del nuevo Gobierno mexicano ante el rol protagonista que EU había tomado en la lucha contra el narcotráfico ha provocado que la Administración de Barack Obama tema perder fuerza en la cooperación de seguridad, en la que ya empiezan a producirse cambios, informa hoy The Washington Post.


México, DF.- La consultora estadounidense Stratfor pronosticó que el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, no tendrá libertad para desviarse de la política antidroga establecida durante el sexenio calderonista; además, advierte, será “muy difícil” para el gobierno entrante contener la violencia e ignorar a los cárteles de la droga para lograr una transición “pacífica”.

El informe titulado “Las limitaciones del nuevo presidente” alerta que Peña Nieto llega en un momento donde las rutas de trasiego de droga son “más lucrativas que nunca”, además de que la competencia por su control ha aumentado su valor.

“Peña Nieto no tendrá más remedio que continuar con el uso de los militares en la lucha contra el crimen organizado en un futuro inmediato”, dice el análisis firmado por el vicepresidente de la firma, Scott Stewart.
Según el despacho, con sede en Texas, lo único que hizo Calderón fue “decapitar” a los cárteles, lo que provocó una lucha intestina en organizaciones como la de los hermanos Beltrán Leyva, “La Familia Michoacana”, “Los Zetas” y el cártel del Golfo.

Y avizora: “Aunque Peña Nieto saque al Ejército de las calles ‘la guerra de los cárteles’ continuará con la estela de violencia de Monterrey, Nuevo Laredo, Guadalajara y Acapulco”.

Sobre la propuesta de Peña de crear una gendarmería nacional contra el crimen organizado, la consultora se mantiene escéptica:

“Pasarán varios años antes de que sean reclutados y entrenados suficientes policías para reemplazar a los 30 mil soldados mexicanos que se dedican a patrullar las zonas de violencia”.

Y explica:

“Los cárteles están arraigados con pandillas callejeras, lo que ha repercutido en el consumo y en la violencia locales. Las luchas por el poder de los cárteles no son como antaño, las organizaciones actuales participan en enfrentamientos con sus organizaciones rivales y el gobierno, utilizando artefactos de uso exclusivo del Ejército, como armas automáticas, granadas de mano y granadas propulsadas por cohetes”.

Asimismo se refieren a la diversificación de las actividades ilícitas en los cárteles:

“La mayoría de los cárteles han diversificado hacia otras actividades criminales, tales como el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas y el robo de carga, además de tráfico de estupefacientes. Los Zetas hacen una cantidad considerable de dinero robando petróleo de Pemex, o de la piratería de CD’s y DVD’s”.


Chihuahua.- Personal del Buró Federal de Investigación (FBI) y de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos capacitaron a elementos de la Policía Municipal de Chihuahua.

Heliodoro Araiza Reyes, director de Seguridad Pública Municipal, informó que los instruyeron en técnicas de vigilancia, contrainteligencia, tipos de droga y relaciones humanas.

“Los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua son personas con una gran disposición por mejorar, aprender y superarse aún más, situación que me enorgullece, porque todo esto retribuye en un mejor servicio hacía los ciudadanos”, mencionó Araiza Reyes durante la entrega de reconocimientos a un grupo de elementos que culminaron su capacitación y actualización en estrategias contra el Narcomenudeo, impartido por las agencias norteamericanas.

El curso se desarrolló con el propósito de mejorar las estrategias de vigilancia, mediante acciones de inteligencia que permitan detectar la forma de operar de los probables delincuentes, así como la capacidad de prevenir las acciones delincuenciales (contrainteligencia).

“El curso de capacitación nos amplió el panorama en cuanto a las maneras de actuar, en determinadas situaciones de delito; como identificar las sustancias prohibidas, así como prevenir su probable actuar en contra de la ley”, expresó uno de los elementos preventivos durante la capacitación impartida por Carlos González, de la DEA.

Se les instruyó también en el manejo de entrevistas a personas afectadas, así como detenidos, que reditúen en mayor información para dar con probables copartícipes del delito, así como la relación interpersonal con el ciudadano.

Edmundo Mireles, capacitador y ex miembro del FBI, comentó que los policías de Chihuahua, se encuentran preparados y bien capacitados para el combate contra la delincuencia, pero que esta función será más eficaz con lo aprendido en el curso.

En tanto que Araiza Reyes indicó que seguirán promoviendo cursos de mejora continua al interior de la corporación, para que los elementos profesionalicen sus funciones, y de esa manera mostrar a la sociedad que la Policía Municipal de Chihuahua es profesional y sensible a las necesidades de la población.

La capacitación se desarrolló por un periodo de 15 días en la Escuela de Policía de Chihuahua, donde este fin de semana se entregaron reconocimientos a 15 elementos, como parte de las acciones concretadas mediante la Iniciativa Mérida.


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Tres guatemaltecos fueron capturados por elementos de la Policía Ministerial en Reynosa luego de que participaran en una de las balaceras registradas este sábado en esa ciudad.

El tiroteo ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas cuando elementos ministeriales realizaban recorridos de vigilancia por la colonia Los Robles y supuestamente fueron agredidos por los sujetos desde una vivienda ubicada en la calle Manzano número 404.

Los hombres estaban vestidos de militares y los policías les aseguraron un arsenal de alto poder.

Los detenidos fueron identificados como Antonio Balem Rodríguez, de 30 años; Hugo Rodolfo Quej, de 40 y Gabriel Cusyal, de 30, todos originarios de Guatemala.

A ellos se les decomisaron cuatro fusiles calibre .223, 41 cargadores calibre .223, seis cargadores calibre 7.62 x 39 y dos rifles.

También partes de un fusil de calibre .223, dos cañones y una culata, tres granadas calibre .40, equipo táctico militar, tres pantalones y cinco camisolas.

También paquetes de balas calibre 7.62 por 39 milímetros que sumaron un total de 186 balas útiles.

Los guatemaltecos fueron puestos a disposición del Ministerio Público que dio instrucciones de dar vista a las autoridades federales.


CREDITO:
Rubén Aguilar Valenzuela

Jorge G. Castañeda y yo hemos publicado Los saldo del narco: el fracaso de una guerra (Punto de Lectura, 2012). El texto analiza los saldos de la guerra de estos seis años, demuestra que las premisas de la misma, planteadas por el presidente Calderón, no se sostenían y propone los caminos para enfrentar, en el marco de una estrategia distinta, el problema del narcotráfico.

El texto ofrece una revisión y pone al día las cifras y estadísticas relacionadas con el consumo de las drogas, el incremento de la violencia, los homicidios, la violación de los derechos humanos y la percepción de la ciudadanía sobre la estrategia implementada por el gobierno.

La estrategia adoptada por el Presidente cuando decreta la guerra contra el narco, el 11 de diciembre del 2006, iba en sentido contrario a la tendencia mundial, que propone abandonar el enfoque punitivo y prohibicionista para enfrentar el problema desde el ámbito de la salud pública.

Ahora, seis años después, se hace todavía más evidente y en este tiempo ha crecido el número de los políticos y especialistas que piensan que la estrategia de guerra es un fracaso, que no se puede ganar y que los costos de liberarla resultan inútiles y son descomunales.

Sostenemos que antes de haber declarado la guerra “debió ser evidente para el Presidente y sus colaboradores que los países consumidores, de manera particular nuestro vecino del norte, no se ha planteado la necesidad de una guerra como la que él se propuso y no están dispuestos, bajo ningún precio, a emprenderla. Son conscientes de que los costos y daños de la misma son muy superiores a sus posibles beneficios”.

Planteamos también que a pesar de lo anterior y cuando en México “el consumo de las drogas era muy bajo, de que se vivía la menor violencia de la historia del país y la menor penetración del narco en las instituciones del gobierno, Calderón optó, sin necesidad y fundamento, por la guerra” bajo la ilusión, como lo anunció en un primer momento, de que con ésta lograría terminar con los cárteles, la violencia y el consumo de las drogas.

Con datos del propio gobierno y organismos internacionales, argumentamos: “Al concluir el sexenio, no ha ocurrido nada de lo prometido; los problemas permanecen tal cual o se agravan, y surgen otros de carácter colateral, incluso mayores que los que se pretendía resolver”.

No nos quedamos sólo en la crítica y en el último apartado del libro proponemos lo que para nosotros, asumiendo lo que proponen expresidentes de América Latina y también académicos de todo el mundo sería el camino a seguir para hacer frente de manera inteligente, realista y factible al problema. Somos conscientes de que se trata de un tema polémico que despierta todo tipo de críticas y pasiones. Estamos abiertos al diálogo y la discusión.


Chicago. A pocos kilómetros al oeste del centro de la ciudad, al otro lado de una entrada de terracota adornada con “Bienvenidos”, aromas y escenas de México se derraman en la Calle 26. La bandera mexicana ondea afuera de las tiendas. Vendedores ofrecen auténticos churros, chorizo y tamales.

El barrio de Little Village en Chicago es el hogar de más de 500,000 residentes de ascendencia mexicana y es conocido por su festival del Cinco de Mayo y su bullicioso desfile de la Independencia Mexicana. Pero las autoridades federales afirman que Little Village es también el hogar de otra cosa: una rama americana del Cártel de Sinaloa.

Los miembros del cártel más poderoso de México venden una cantidad récord de heroína y metanfetamina desde Little Village, de acuerdo con la DEA (Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas). Desde aquí las drogas se mueven a las calles del sur y el oeste de Chicago, donde se venden en los barrios de mayoría afroamericana.

“Chicago, con 100,000 miembros de pandillas que mueven la droga en la calle, es un paraíso logístico para el Cártel de Sinaloa. Ahora, tenemos que operar como si estuviéramos en la frontera con México”, indicó Jack Riley, agente especial de la DEA a cargo de la división de campo de Chicago.

No se trata sólo de Chicago. Al mismo tiempo que los cárteles de la droga han acumulado más control e influencia en México, han extendido su alcance adentro de EU, al establecer rutas de trasiego en el medio oeste y el sureste, de acuerdo con funcionarios estadounidenses antinarcóticos.

El gobierno de estadounidense ha proporcionado a México equipo de vigilancia, equipo de comunicaciones y otro tipo de asistencia bajo la Iniciativa Mérida. Pero los críticos aseguran que al norte de la frontera, el gobierno federal apenas ha golpeado a una sofisticada infraestructura que soporta el regreso a México de 20,000 millones de dólares al año.

El éxito de los cárteles mexicanos en lograr una distribución masiva de drogas es un reflejo de la falla en la inteligencia y operaciones del gobierno EU en la guerra en contra de las drogas, expuso Fulton T. Armstrong, un exoficial de Inteligencia Nacional para América Latina y exagente de la CIA.

De los siete grupos del crimen organizado mexicano que trafican drogas en EU, el Cártel de Sinaloa domina el negocio y vende la mayor parte de heroína, marihuana, metanfetamina y cocaína.

Un experto en seguridad estimó que el cártel mueve 1 kilo de cocaína hacia EU aproximadamente cada 10 minutos.


Desde que el presidente Felipe Calderón inició su sexenio y la estrategia de seguridad contra el crimen organizado, la Semar ha registrado cerca de 200 ataques de criminales

México, DF.- En la guerra al narcotráfico ordenada por el presidente Felipe Calderón desde el inicio de su mandato, la Armada de México ha sufrido alrededor de 200 agresiones en las que han muerto 300 presuntos integrantes de cárteles de las drogas.

Las bajas se han producido al responder a ataques directos, durante operativos de vigilancia y en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, como en las detenciones frustradas de Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca (diciembre 2009), y Ezequiel Cárdenas Guillén, en Matamoros, Tamaulipas (noviembre 2010), en las que ambos se enfrentaron a los marinos y fueron acribillados.

Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón ha asistido en al menos dos ocasiones a un área especial del Hospital Central Militar (HCM) a visitar a los militares heridos en acciones contra el narco.

Los infantes de Marina y los integrantes de las Fuerzas Especiales (FES) de la Armada han respondido a 187 agresiones, en las que han perdido a 23 elementos (todos masculinos) y han resultado heridos al menos 51 presuntos delincuentes, de acuerdo con un balance de la dependencia casi en el cierre del sexenio.

Las estadísticas indican además que 116 elementos navales han resultado heridos en los enfrentamientos con el narco en la actual administración.

Los marinos lesionados han sido trasladados principalmente al Hospital General Naval de Alta Especialidad, en el DF y otros recibieron atención en alguno de los hospitales, sanatorios y clínicas de la Marina en el País.
La Semar cuenta con un total de 34 instalaciones de atención médica ubicadas en las franjas costeras del país y en el DF. De las 34 instalaciones, 14 son hospitales, 13 son sanatorios y 7 son clínicas. Esta infraestructura hospitalaria cuenta en total con 782 camas, de acuerdo con los Informes de Labores de la dependencia.

Su sede más importante, el Hospital General Naval de Alta Especialidad, ubicada en el DF, no tiene áreas especiales para atender al personal naval herido en combate al narco. En cambio, la Sedena creó en septiembre de 2010, un área especial en el Hospital Central Militar para atender a sus heridos en enfrentamientos.

El área fue bautizada como Sala de Alto Impacto. El Presidente la visitó por última vez el 6 de julio de 2012, para conocer el estado de salud de algunos de los heridos que han pasado por esa sala durante su mandato.
De acuerdo con la Sedena, hasta octubre “se han atendido 237 pacientes en la Sala de Alto Impacto del HCM”.

Sin embargo, en una respuesta a una solicitud del IFAI hecha en 2011 en la que se le piden datos concretos sobre cuánto gastó en 2010 en curaciones y hospitalización del personal militar herido en la lucha antidrogas, la Sedena contestó en abril que “esta Secretaría no cuenta con un documento en el que se estipule el presupuesto exclusivo para la información que solicita, por lo no es posible atender su solicitud (sic).”

La Sedena cuenta con 52 instalaciones médicas en todo el país: 1 Hospital Central Militar; 2 Unidades de Especialidades Médicas; 1 Centro de Rehabilitación Infantil; una Clínica de Especialidades de la Mujer; 17 hospitales militares; 1 Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial y 22 Enfermerías.

Con información de El Universal


Washington.- Argentina se ha convertido en lugar de residencia temporal para narcotraficantes mexicanos y colombianos que buscan un lugar para esconderse, reveló hoy el diario The New York Times.

“Para muchos de estos fugitivos de la ley, Argentina se ha convertido en su hogar, un refugio confortable donde muchos de ellos se esconden temporalmente mientras se mantienen activos en la industria”, señaló el diario en su edición electrónica.

El diario, que citó al profesor mexicano de derecho Eduardo Buscaglia, apuntó que se han vuelto cotidianas las noticias sobre redadas, tiroteos y la “inexorable” realidad de que su país ya no es simplemente un punto de tránsito para los narcotraficantes.

Buscaglia, quien terminó el año pasado una misión en Argentina para Naciones Unidas, señaló que hay áreas marginales de ese país donde los narcotraficantes se han instalado para ofrecer servicios a cambio de silencio.

Agregó que son lugares en donde las probabilidades de que se proceda legalmente son “extremadamente” bajas, porque las autoridades en las provincias no tienen la capacidad de investigar crímenes complejos, y por lo general no cooperan internacionalmente.

“El cártel de Sinaloa ha infiltrado comunidades pobres en el área tropical limítrofe con Paraguay y Brasil al norte, en donde, en complicidad con autoridades locales, pueden actuar con impunidad”, remarcó el diario.

The New York Times citó a autoridades policiales, según las cuales narcotraficantes colombianos y mexicanos viven con sus familias en algunas de las más exclusivas áreas de Argentina, a las que consideran “mas seguras” que sus propios países.

Las mafias nombran intermediarios locales para administrar sus operaciones, añadió.

El diario anotó también que hay reportes de recientes actividades frustradas por las autoridades argentinas, que involucraban intentos de contrabandear cocaína a Estados Unidos y a Europa vía Cancún.

NTX/MG/SBR


SANTIAGO DE CHILE (AP) — Al menos 350 kilos de cocaína ocultaban cuatro grandes rocas exportadas en un contenedor desde Bolivia y descubierta por la policía en la ciudad de Arica, según informes policiales.

Ante sospechas policiales, el contenedor proveniente de Bolivia fue sometido a un scanner especial, que detectó la droga.

Arica es considerado uno de los principales puntos de ingreso de cocaína proveniente de Bolivia y que desde este país es enviada hacia Estados Unidos y Europa. En mayo funcionarios aduaneros detectaron también un cargamento de 50 kilos de cocaína boliviana que iba con destino a Italia.


Autoridades estadounidenses informaron hoy haber desmantelado en Arizona una extensa célula de traficantes de droga ligada al cártel de Sinaloa, tras arrestar a 20 sospechosos y decomisar 2.4 millones de dólares en efectivo.

El Departamento de Policía de Tempe, Arizona, informó que una investigación conjunta con la Oficina Anti narcóticos (DEA) permitió detectar a los traficantes que recibían la droga en Tempe y la distribuían en Nueva York, Alabama, California y otras ciudades.

La investigación condujo también al decomiso de una avioneta, 10 vehículos, tres toneladas de marihuana, 14 armas de fuego y 13.6 kilogramos de metanfetamina.

De acuerdo con la policía, la célula de traficantes estaba asociada al cártel de Sinaloa y era encabezada por Leonel Gálvez Leal, Norberto Meza Montoya, y José Alonzo Rodríguez Rosas.

Doug Coleman, agente especial a cargo de la oficina de la DEA en Phoenix, dijo que la investigación formaba parte de la estrategia denominada “Operación Estampida Nayarit” orientada a atacar las organizaciones narcotraficantes en la frontera de Arizona con México.


Bogotá, Colombia.- El ex director de la policía colombiana, general Oscar Naranjo, asesor del presidente electo de México Enrique Peña Nieto, afirmó el viernes que entre sus recomendaciones al futuro mandatario están la creación de grupos de choque mixtos para combatir no sólo a los narcos sino también a bandas de sicarios.

Dijo además que es recomendable fijar una meta de reducir la violencia en los primeros 100 días de la presidencia, una reducción que se logra focalizándose o concentrando los esfuerzos en las regiones de mayor conflictividad.

Naranjo, que es un asesor externo de Peña Nieto en temas de seguridad y combate al crimen organizado, dijo en una entrevista con la AP que los grupos de choque pueden estar integrados por unidades del Ejército, la Armada, cuerpos policiales y que sirvan para buscar y dar con “objetivos de alto valor” o los narcotraficantes más buscados.

Aquellas unidades que tengan mayor información y trabajo ya hecho en la búsqueda de ese líder del crimen organizado, entonces recibe todo el apoyo en materia de equipos e inteligencia, por ejemplo, dijo Naranjo, quien el pasado 12 de junio pasó a retiro tras cinco años en la dirección de la policía nacional colombiana.

Además de dar con esos narcotraficantes, cree que una forma de reducir la violencia es también combatiendo a las bandas de sicarios o pistoleros a sueldo y que son en parte responsables de la lucha territorial por la distribución y venta de drogas.

“Lo que he hecho es un llamado para que se establezcan estrategias diferenciales…luchar contra el narcotráfico en México tiene que significar disminuir los niveles de violencia”, indicó.

“Está bien perseguir a los narcotraficantes para capturarlos. Pero no esta bien no tener grupos elites persiguiendo a los homicidas para someterlos a ley, escuadrones de sicarios que llamamos (en Colombia) las ’oficinas de cobro’. A esos grupos sicariales hay que darles también la importancia para controlar los niveles de violencia.”

Tal estrategia ha servido a la policía colombiana durante la gestión de Naranjo. Con ella debilitó fuertemente y consiguió capturas a la “oficina” más sanguinaria de Medellín, creada en la época del narcotraficante Pablo Escobar, abatido por la policía en diciembre de 1993.

El uso de la fuerza militar como el Ejército en este tipo de combates -como cuando el gobierno mexicano decidió enviar al menos 10,000 uniformados a Ciudad Juárez a fines del año pasado- es poco recomendable, en su experiencia, porque el poder de fuego causa muertes entre civiles y no intimida a los criminales.

Esas fuerzas militares pueden ser más efectivas en tareas como cerrar corredores de paso de drogas, en interdicción marítima o aérea de cargamento de narcóticos, entre otras, aseguró.

La policía de seguridad, según ha recomendado, debe estar basada en cuatro principios básicos como que sea una política de Estado y no de un gobierno, que atienda a las víctimas de la violencia, que además este basada en cuerpos de seguridad con integridad o que no sean corruptos y con una visión regional y no meramente local.

En “los primeros 100 días (del nuevo gobierno) hay que fijar una meta de reducción de violencia. Puede salir mal. Puede salir bien, pero hay que jugársela” en conseguir esa baja de criminalidad, aseguró.

“Yo creo que es posible decirle a los mexicanos ’mire que en 100 días queremos la mitad de la violencia que tenemos’’’.

Al ver el mapa, dijo Naranjo, de los puntos de mayor violencia en México se percibe que están concentrados en pocos puntos.

Se consigue reducir homicidios y secuestros, por ejemplo, “focalizándose, porque es que está muy concentrada. Si tú miras ese mapa de violencia allá (en México) son seis sitios. “Es imposible que en seis ciudades tu no puedas tener unos controles”, destacó.

Naranjo además aseguró que Colombia seguirá prestando cooperación a México, un trabajo que ya tiene más de cinco años y por el cual al menos 7,000 agentes mexicanos han sido entrenados como policía judicial.

En una entrevista el viernes con la radio colombiana Caracol, Peña Nieto defendió la asesoría del oficial colombiano, un tema que ha sido criticado por rivales político del presidente electo.

“Yo he invitado el general Naranjo, quien amablemente aceptó ser parte de la asesoría y consultaría” externa, dijo Peña Nieto, “porque no podemos escatimar esfuerzos…tenemos que poner un alto y empezar el descenso de esta ola de criminalidad que tenemos”.

Peña Nieto ha reiterado que seguirá con la lucha del presidente Felipe Calderón contra los cárteles y ha dicho ante audiencias mexicanas y extranjeras, particularmente senadores y congresistas estadounidenses preocupados, que un nuevo enfoque en esa lucha no significa acuerdos secretos con los grupos criminales a cambio de reducir la violencia que ha matado a más de 47,500 personas desde finales de 2006.


Washington • Durante una audiencia pública en Washington, el activista Javier Sicilia denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la impunidad y corrupción en México, donde dijo, “nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune”.

El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad acusó al estado mexicano de permitir con su “inacción e ineficiencia” un incremento en el problema de las desapariciones forzadas en México.

“No sabemos qué parte del Estado está con el crimen, ni dónde está el crimen dentro del Estado. Es terrible”, dijo.

“Nos pueden matar, nos pueden secuestrar, porque el grado de inseguridad es atroz. Nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune”, lamentó Sicilia en la audiencia en la CIDH sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en México.

“La justicia es decepción, la impunidad es la norma”, expresó el poeta, quien denunció que en México, el 98 por ciento de los crímenes quedan impunes.

“Póngale a cada uno de ellos rostro. Y detrás de ese rostro, el de hermanos, un padre, y multiplíquenlo. Vean esos rostros: esa es la realidad del país”, afirmó.

Sicilia señaló la necesidad de “cambiar la estrategia de seguridad, tremendamente violenta, con pocos resultados, que incrementa el dolor cada día y está diseñada para la seguridad de las instituciones, no de los ciudadanos”.

“Pedimos que le den a la Procuraduría un presupuesto acorde a la altura del dolor del país y que se le dé voz y voto a los ciudadanos porque hay gran corrupción en el Estado”, dijo Sicilia durante una audiencia convocada sobre la seguridad ciudadana en México.

En la audiencia participó Julia Alonso, madre de un joven desaparecido junto a tres amigos en enero de 2008. “Ya no encuentro forma de pedir dónde está mi hijo”, señaló Alonso, antes de romper en llanto.

El relator para México de la CIDH, Rodrigo Escobar, calificó como “masivo” el problema de desapariciones forzadas y restó importancia al hecho de que diferentes organismos manejen cifras diversas, ya que mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de cinco mil denuncias, el movimiento de Sicilia lo ubica en 10 mil.

“Ése es el tema central, los peticionarios se han referido al drama y la tragedia de la desaparición forzada. Es un problema muy angustioso para las familias. Mientras no hay verdad, no hay justicia ni posibilidad de verdadera reconciliación”, agregó.

Escobar solicitó al Estado que aporte información sobre medidas específicas para las desapariciones forzadas, tales como la creación de un registro de desaparecidos, programas de atención a las familias de desaparecidos, reformas legislativas o mecanismos de búsqueda inmediata.

El subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora, negó categóricamente que en México exista una política de estado de desapariciones forzadas y señaló que Calderón creó este mes una Procuraduría Social de Atención a Víctimas, la cual cuenta con 326 funcionarios.

“Es falso que en México se ha generado violencia por la presencia de las fuerzas federales en las entidades federativas. Al contrario, están ahí para combatir la violencia un crimen organizado que los gobiernos locales no han podido combatir”, señaló Zamora. “Fueron rebasados y eso los llevó a solicitar apoyo al gobierno federal. Su acción es y ha sido consecuencia y no causa de la violencia”.

Carla Espinoza, directora del Centro de Derechos Humanos para las Américas del Instituto Internacional de Derechos Humanos de DePaul University, señaló a agentes del estado mexicano de practicar las desapariciones forzadas.

Se quejó además de que no existe una delineación clara de las responsabilidades del gobierno federal ni de los gobiernos estatales porque “las instituciones federales tienden a responsabilizar los gobiernos de los estados, mientras que los estados responsabilizan al gobierno federal en asuntos como el crimen organizado”.


Rubén Aguilar Valenzuela

Bogotá. El Presidente de Colombia (1990-1994) César Gaviria plantea que el próximo gobierno de México debe “desactivar el lenguaje de la guerra” en su lucha contra el narcotráfico porque éste sólo escala el conflicto e implica una lógica reduccionista, que desconoce la complejidad del problema.

En la sede de la fundación que él preside, adornada con obras de arte y piezas prehispánicas de culturas colombianas, afirma que el mayor problema de la seguridad de México está en la incapacidad del sistema judicial para impartir justicia. Urge al país desarrollar mecanismos que permitan una rápida y estricta aplicación de la justicia y eviten la impunidad.

Gaviria recomienda que México cuente con una policía unificada, para poder garantizar su coordinación. Ésa debe sustituir a las locales, no porque éstas sean corruptas, que lo pueden ser, sino porque enfrentar al crimen organizado exige tener una policía profesional con altos niveles de disciplina y formación militar. De otra manera siempre se habrá de fracasar.

El gobierno de México en la lucha contra el narcotráfico debería considerar, sugiere Gaviria, nombrar a un fiscal enfocado sólo a ese tema y también, como expresión política de que la lucha va en serio, eliminar la inmunidad jurídica de la que gozan los políticos.

La asesoría del gobierno de Estados Unidos, desde su punto de vista, hizo la diferencia en la lucha del gobierno de Colombia contra el narcotráfico. Hay un antes y un después. Gaviria asegura que sólo los estadounidenses tienen la capacidad técnica y la experiencia militar práctica para hacerlo.

Quien también fuera Secretario General de la Organización de Estados Americanos considera que los gobiernos de México y Colombia tienen calidad moral para plantear al de Estados Unidos la necesidad de discutir a fondo la actual estrategia. Si lo que se ha hecho no produce resultados, hay que cambiar.
Gaviria propone enfrentar la lucha contra el narco desde el enfoque de la salud pública que implica, entre otras cosas, discutir en serio la “regulación”, dice que la palabra legalización no es la correcta, primero de la marihuana y después de otro tipo de drogas como la heroína y la cocaína.

El gobierno de Estados Unidos, afirma Gaviria, no sabe qué hacer ante el problema y cuál es el camino a seguir. Avanza, por la vía de los hechos, en línea de una legalización disfrazada. Propone que el gobierno de México y el de Colombia promuevan una discusión abierta a nivel nacional e internacional sobre el problema del narco.

Las autoridades estadounidenses no quieren discutir y se cierran, dice Gaviria, y añade que el propósito de ese diálogo debe ser encontrar caminos para reducir el negocio del narco y el margen de sus ganancias. Se trata de desactivar al máximo la capacidad de las organizaciones dedicadas a la producción y venta de las drogas ilegales.

Twitter: @RubenAguilar

Fast and Furious Spooks

Posted by Bill Conroy – July 10, 2011 at 8:17 pmCongressional Inquiry Raising Specter of Spooks in the SoupThe acting head of ATF (the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) has seemingly blown the cover of both DEA and FBI info…

The acting head of ATF (the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) has seemingly blown the cover of both DEA and FBI informant operations in order to spare his own neck and to deflect blame away from a badly flawed operation undertaken by his own agency.
In doing so, ATF Acting Director Kenneth Melson has also left open the door to the house of mirrors that always comes into play when U.S. interests intersect with foreign affairs.
The operation that has put Melson in the hot seat before Congress is known as Fast and Furious, which was launched in October 2009 as an offshoot of Project Gunrunner — ATF’s larger effort to stem the flow of illegal weapons into Mexico
However, Fast and Furious actually undermined the goal of Project Gunrunner by allowing some 2,000 or more firearms illegally purchased in the U.S. to “walk” (or be smuggled under ATF’s watch) across the border in a supposed effort by the federal law enforcement agency to target the kingpins behind Mexico’s narco-gun-running enterprises, ATF whistleblowers contend.
Two of the guns linked to the Fast and Furious operation allegedly were found at the murder scene of Border Patrol agent Brian Terry, who was shot to death by Mexican border marauders in Arizona late last year. The whistelblower revelations about Fast and Furious have since sparked Congressional inquiries.
In a letter sent on July 5 to U.S. Attorney General Eric Holder, two Republican members of Congress from the committees probing Fast and Furious made startling allegations in the wake of what they say was an interview of ATF’s Melson conducted by “both Republican and and Democratic staff.”
The letter was drafted by U.S. Rep. Darrell Issa, chairman of the House Committee on Oversight & Government Reform; and U.S. Sen. Charles Grassley, ranking member of the Judiciary Committee.
The revelation from that letter of greatest significance:
Specifically, we have very real indications from several sources that some of the gun trafficking “higher-ups” that the ATF sought to identify [via Fast and Furious] were already known to other agencies and may have been paid as informants. The Acting Director [Melson] said that ATF was kept in the dark about certain activities of other agencies, including DEA and FBI. [Emphasis added.]
Mr. Melson said that he learned from ATF agents in the field that information obtained by these agencies [DEA, FBI and “other agencies”] could have had a material impact on the Fast and Furious investigation as far back as late 2009 or early 2010. After learning about the possible role of DEA and FBI [and “other agencies”], he testified that he reported this information in April 2011 to the Acting Inspector General and directly to then-Acting Deputy Attorney General James Cole on June 16th, 2011.
The evidence we have gathered raises the disturbing possibility that the Justice Department not only allowed criminals to smuggle weapons but that taxpayers dollars [in the form of informant payments] from other agencies may have financed those engaging in such activities.
… It is one thing to argue that the ends justify the means in an attempt to defend a policy that puts building a big case ahead of stopping known criminals from getting guns. Yet it is a much more serious matter to conceal from Congress the possible involvement of other agencies in identifying and maybe even working with the same criminals that Operation Fast and Furious was trying to identify. …. [The entire letter can be found at this link.]
What the letter from Issa and Grassley is alleging, simply put, is that multiple U.S. agencies were employing as informants and assets members of Mexican drug organizations who were responsible for importing into their nation thousands of weapons from the U.S., leading to more than 40,000 homicides in Mexico’s drug war since late 2006.
The letter, by its wording, makes clear that the complicit U.S. agencies include FBI and DEA, but it also seems to make clear that “other agencies” might also be involved in the game. And also part of this game was ATF, which, via Fast and Furious, was allowing thousands of guns to be smuggled across the U.S. border into Mexico as part of a supposed plan to identify “higher-ups” in Mexican drug organizations who were responsible for the illegal weapons trade. And, as it turns out, those responsible, in some cases, were the very individuals being employed as informants and assets by other U.S. agencies.
Connecting flight
And in a strange twist of fate, one of the “higher-ups” in the Mexican narco-trafficking world, who recently claimed to be a U.S. government informant, is now pending trial in federal court in Chicago.
Jesus Vicente Zambada Niebla, is the son of Ismael “El Mayo” Zambada Garcia — one of the purported top leaders of the Sinaloa drug-trafficking organization — a leading Mexican-based importer of weapons and exporter of drugs. Zambada Niebla was arrested in Mexico in March 2009 and in February 2010 extradited to the United States to stand trial on narco-trafficking-related charges.
The indictment pending against Zambada Niebla claims he served as the “logistical coordinator” for the “cartel,” helping to oversee an operation that imported into the U.S. “multi-ton quantities of cocaine … using various means, including but not limited to, Boeing 747 cargo aircraft, private aircraft … buses, rail cars, tractor trailers, and automobiles.”
Zambada Niebla also claims be an asset of the U.S. government. His allegation is laid out in a two-page court pleading filed in late March with the U.S. District Court for the Northern District of Illinois in Chicago. The pleading asserts that Zambada Niebla was working with “public authority” “on behalf of the U.S. Department of Justice, Drug Enforcement Administration (“DEA”); and the Federal Bureau of Investigation (“FBI”); and the Department of Homeland Security, Immigration and Customs Enforcement (“ICE”).
Interestingly, in addition to the narco-trafficking charges pending against him in Chicago, Zambada Niebla also stands accused of seeking to smuggle weapons into Mexico for the Sinaloa organization.
“Jesus Vicente Zambada Niebla sought to obtain weapons from the United States … and discussed the use of violence…,” U.S. government court pleadings in Zambada Niebla’s case state.
Zambada Niebla also is linked to alleged Sinaloa organization money-launderer Pedro Alfonso Alatorre Damy via a Gulfstream II jet (tail number N987SA) that crashed in Mexico in late 2007 with some four tons of cocaine onboard.
That aircraft was allegedly purchased with Sinaloa organization drug money laundered through Alatorre Damy’s casa de cambio business and a U.S. bank. And that same aircraft was reportedly suspected of being used previously as part of the CIA’s “terrorist” rendition program, according tomedia reports and an investigation spearheaded by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.
In addition, the Gulfstream II was purchased less than two weeks before it crashed in Mexico by a duo that included a U.S. government operative who allegedly had done past contract work for a variety of US law enforcement and intelligence agencies, according to a known CIA asset (Baruch Vega) who is identified as such in public court records. The four tons of cocaine onboard of the Gulfstream II at the time of its crash landing, according Vega, were purchased in Colombia via a syndicate that included a Colombian narco-trafficker named Nelson Urrego, who,according to Panamanian press reports and Vega, is a U.S. government (CIA) asset.
[For more more details on the Gulfstream II story and connections, read Narco News’s past coverage at this link.]
And now, one of the top players in the Sinaloa drug organization, who, according to the U.S. government, managed logistics for the criminal organization — a job that entailed overseeing the purchase of aircraft for drug smuggling activities, as well as weapons for enforcement activities — now claims to have been actively cooperating with several U.S. law enforcement agencies since at least 2004.
So once again, the DEA and FBI appear in the context of employing high-level narco-traffickers as informants and/or assets. And in the background of such intrigue, always, overseas, as in the Gulfstream II case, is the CIA, which trumps every other U.S. agency when it comes to operations in a foreign land.
A former CIA counterintelligence officer explained how it works as follows, in a recent interview with Narco News:
It’s … true that sometimes agents who do narcotics work [like DEA agents] may also do things that are at the same time of interest to the CIA in terms of intelligence collection.
If CIA and DEA are working the same person, collecting information, the CIA will get the nod [ultimate control] that’s normal. In the field [overseas] the CIA trumps everyone.
… The system is designed so that agencies do not walk over each other’s assets [or informants], so you don’t have two agencies going after the same people for different reasons [DEA to bust them for narco-trafficking and CIA to use them as intelligence assets, for example]. [In those cases, though] it is CIA that gets the preference; CIA is the mother god.
Wacko, Barroom Commandos
When it comes to prime intelligence targets, they don’t come much better than the leaders of Mexican drug organizations, who have their tentacles planted deep inside Latin American governments due to the corrupt reach of the drug trade. So it is not unreasonable to suspect that part of the reason that ATF’s Fast and Furious makes no sense in terms of a law enforcement operation is because it wasn’t one at all.
In fact, it may well have been co-opted and trumped by a covert U.S. intelligence agency operation, such as one run by CIA, that is shielded even from most members of Congress — possibly even the White House, if it was launched under a prior administration and parts of it have since run off the tracks on their own.
As the former CIA counterintelligence officer said: “Is there deviation [from the norm, in terms of CIA operations]? Yes. Stuff happens, but that’s because there was deviation; but it’s not authorized.”
In any event, it’s not likely that even the Attorney General of the U.S. could discuss publicly the specifics of such an intelligence operation, authorized or not, without facing the real threat of being accused of violating national security laws — such is the power of the U.S. intelligence community over even law enforcement and the courts in this nation.
As for Zambada Niebla, it is worth noting that shortly after he filed his motion in federal court outing himself as a U.S. informant, his attorneys filed separate pleadings alleging that he is being held improperly in solitary confinement, with all communications, except with his attorneys, essentially cut off by the very government he claims to have assisted.
From those pleadings, filed on June 27:
Vicente [Zambada Niebla] contends that the sum of the conditions under which he is being held in pre-trial detention violates the Due Process clause of the Fifth Amendment and the Eighth Amendment prohibition against cruel and unusual punishment.
He is prohibited from speaking to any other inmates at any time and for any purpose. Vicente is prohibited from speaking to anyone except his counselor and those Bureau of Prisons personnel above the rank of lieutenant. Neither his counselor nor BOP personnel above the rank of lieutenant are regularly on his floor at the [Chicago Metropolitan Detention Center’s Special Housing Unit].
In the entire period of his pre-trial detention [since March 2011], he has not seen sunlight or breathed fresh air. In contrast, he had outdoor exercise every day in a super maximum security facility in Mexico.
Now, it’s not likely anyone is going to feel pity for Zambada Niebla, who stands accused of being a key player in one of the most ruthless narco-trafficking organizations in Mexico — though it is important to note, for the purposes of the U.S. justice system, he stands accused, but not yet convicted.
However, what should be a bit unsettling, even to those who have no empathy for someone like Zambada Niebla, is the possibility that he is telling the truth about being a U.S. government informant/asset, and that his treatment in jail is, in fact, designed to suppress that truth.
And with the stakes this high, in terms of the drug war in Mexico and the billions of dollars funding it, as well as the Congressional scrutiny now focused on Fast and Furious in Congress, can it be completely ruled out that Zambada Niebla might well be deemed a messenger worth silencing?
Former deep undercover DEA agent Mike Levine, who has extensive experience working in Latin America, offers his take on ATF’s Fast and Furious, a view that is grounded in first-hand knowledge of the drug war and its sordid history:
… Running guns into Mexico into the hands of criminals? There can be no objective to this but death, and lots of it.
The events in Operation Fast and Furious are eerily identical to those surrounding the arrest of General Ramon Guillen Davila, a CIA asset who was [indicted for] smuggling a ton of cocaine into the US [in] 1996, in what was described as an intelligence gathering operation, the problem being that no intelligence was ever gathered and that the ton was only one of many other similar shipments of cocaine that actually hit the streets of the U.S. by way of CIA agents.
If I were a criminal profiler, it wouldn’t take much to identify a CIA pattern here [with Fast and Furious]: A wacko, barroom commando, illegal operation that makes no sense whatsoever, run outside the control of law enforcement.
Stay tuned….


Fast and Furious actions were taken by the Bush administration and Obama is now holding the bag. There is no difference between Republicans and Democrats other than fake discussion points invented and promoted for the sake of entertaining the masses, but it is a good thing that you are getting aware of the level of government corruption.

The point is not to blame Bush but that there is a continuum of policies and actions regardless of party affiliation of the president. That is irrelevant; investigation into some activities is taboo regardless of party. there is a cynic opportunism here on part of the republicans but that do not change the nature of things

What you need to understand is that what are covered are not mistakes or mishandling but actual policies and premeditated action. There is information on the public domain that suggests this is the case but the US government cannot officially acknowledge these policies, regardless of when they were implemented or by whom.

The US government is managing the Mexican Drug War and it is involved in gun-trafficking, money laundering and the drug smuggling itself, Fast and Furious is just part of this operation aimed to strengthen the Sinaloa Cartel to consolidate the drug trade and make it easier to manage

Please contact your representative and senator and tell them you are against the US government involvement in gun-trafficking. By the way in early July there is a UN vote on gun-trafficking controls tell them also you are in favor of controls


BBC

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President Obama has taken the rare step of asserting executive privilege to withhold documents sought by lawmakers probing a botched US sting operation.

The attorney general is facing moves to hold him in contempt of Congress over the issue.

Justice officials said the privilege applied to files on how they learned of problems with Fast and Furious.

The operation saw US agents lose track of hundreds of illegal guns allowed into Mexico to trace arms dealers.

A US border agent was killed with a weapon linked to the operation in December 2010.

This is the first use of executive privilege for withholding documents by Mr Obama. Former Presidents George W Bush and Bill Clinton used the privilege six and 14 times respectively during their eight-year terms.

The Department of Justice says it has denied access to the files because they contain information that could affect ongoing criminal investigations.

Eric Holder US Attorney General Eric Holder could be held in contempt of Congress over Fast and Furious

Its officials say they have already sent more than 7,000 documents to the Republican-led House Oversight Committee.

“I write now to inform you that the president has asserted executive privilege over the relevant… documents,” Deputy Attorney General James Cole wrote to the lawmakers.

Wednesday’s contempt vote looms a day after a meeting between Attorney General Eric Holder and committee chairman, Representative Darrell Issa, failed to end the impasse.

Mr Holder said lawmakers had turned down his offer to give them the documents, along with a briefing on the operation, in exchange for assurances that the panel would drop contempt proceedings.

“They rejected what I thought was an extraordinary offer on our part,” he told reporters on Tuesday.

But Republican Senator Charles Grassley, who is not on the committee but attended the meeting, cast doubt on Mr Holder’s version.

“The attorney general wants to trade a briefing and the promise of delivering some small, unspecified set of documents tomorrow for a free pass today,” he told reporters.

On Wednesday, the office of Republican House Speaker John Boehner said use of executive privilege raised questions about the White House’s involvement with the gun probe.

“The White House decision to invoke executive privilege implies that White House officials were either involved in the ‘Fast and Furious’ operation or the cover-up that followed,” Brendan Buck, a spokesman for Mr Boehner, told reporters.

The committee’s top Democrat, Representative Elijah Cummings, accused Mr Issa of having “no interest” in resolving the dispute.

“You’ve been holding the attorney general to an impossible standard,” he told CNN.

“You accused him of a cover-up for protecting documents that he is prohibited from providing.”

It is not clear what will happen if Mr Holder is held in contempt of Congress.

Historically, Congress and the White House have negotiated agreements to avoid a court battle that would limit either Congress’ subpoena power or executive privilege itself.


Alcohol, Tobacco and Firearms Agency was intentionally letting guns go to Mexico

Justice Department sends Congress 1,400 pages on ‘Fast and Furious’ 

When Wisconsin Republican Rep. Jim Sensenbrenner and Attorney General Eric Holder had a sharp back-and-forth on whether or not officials in the Department of Justice lied to Congress. The questioning was during Thursday morning’s House Judiciary Committee hearing on Operation Fast and Furious.
“First let me make something very clear, in response to an assertion you made, or hinted at: Nobody in the Justice Department has lied,” Holder said in response to accusations that he or his confidantes lied to Congress. “Nobody has lied.”
“Then why was the letter withdrawn?,” Sensenbrenner retorted, referring to a factually inaccurate letter one of Holder’s deputies, Assistant Attorney General Ronald Weich, sent to Iowa Republican Sen. Chuck Grassley on February 4. In that letter, Weich claimed that guns were never allowed to walk.
Holder and one of his other deputies, Assistant Attorney General Lanny Breuer have both admitted that statement was false in recent Senate hearings.
“The letter was withdrawn because there was information in there that was inaccurate,” Holder replied to Sensenbrenner’s question.
Fast and Furious was a Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives program overseen by the Justice Department. The operation facilitated the sale of thousands of weapons to Mexican drug cartels via straw purchasers. Straw purchasers are people who can legally purchase guns in the United States with the intention of illegally trafficking them into Mexico.
At least 300 people in Mexico were killed with Fast and Furious weapons, as was U.S. Border Patrol agent Brian Terry.

An intense struggle among several senior Justice Department officials was revealed Friday as internal documents on the gun-running Operation Fast and Furious were released by the department.

About 1,400 pages that had been demanded by Capitol Hill investigators were sent to three key congressional committees in advance of what is expected to be a contentious hearing next Thursday when Attorney General Eric Holder testifies on the subject.

The documents lift the veil on conflicting views among Justice Department executives, the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), and the Arizona U.S. attorney’s office over whether and how to respond to allegations made in letters from Sen. Charles Grassley, R-Iowa.

(CBS News)
WASHINGTON – Federal agent John Dodson says what he was asked to do was beyond belief.
He was intentionally letting guns go to Mexico?
“Yes ma’am,” Dodson told CBS News. “The agency was.”
An Alcohol, Tobacco and Firearms senior agent assigned to the Phoenix office in 2010, Dodson’s job is to stop gun trafficking across the border. Instead, he says he was ordered to sit by and watch it happen.
Investigators call the tactic letting guns “walk.” In this case, walking into the hands of criminals who would use them in Mexico and the United States.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/18/AR2009041800753.html

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/guns/more/facts.html

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/180752.pdf

http://nij.gov/nij/topics/crime/gun-violence/trafficking.htm

http://www.fas.org/asmp/campaigns/smallarms/IssueBrief3ArmsTrafficking.html

Uploaded by on Mar 11, 2011

http://www.cbsnews.com/stories/2011/03/03/eveningnews/main20039031.shtml?tag=…

Transcript:
Federal agent John Dodson says what he was asked to do was beyond belief.

He was intentionally letting guns go to Mexico?

“Yes ma’am,” Dodson told CBS News. “The agency was.”

An Alcohol, Tobacco and Firearms senior agent assigned to the Phoenix office in 2010, Dodson’s job is to stop gun trafficking across the border. Instead, he says he was ordered to sit by and watch it happen.

Investigators call the tactic letting guns “walk.” In this case, walking into the hands of criminals who would use them in Mexico and the United States.

Dodson’s bosses say that never happened. Now, he’s risking his job to go public.

“I’m boots on the ground in Phoenix, telling you we’ve been doing it every day since I’ve been here,” he said. “Here I am. Tell me I didn’t do the things that I did. Tell me you didn’t order me to do the things I did. Tell me it didn’t happen. Now you have a name on it. You have a face to put with it. Here I am. Someone now, tell me it didn’t happen.”

Agent Dodson and other sources say the gun walking strategy was approved all the way up to the Justice Department. The idea was to see where the guns ended up, build a big case and take down a cartel. And it was all kept secret from Mexico.

ATF named the case “Fast and Furious.”

Surveillance video obtained by CBS News shows suspected drug cartel suppliers carrying boxes of weapons to their cars at a Phoenix gun shop. The long boxes shown in the video being loaded in were AK-47-type assault rifles.

So it turns out ATF not only allowed it – they videotaped it.

Documents show the inevitable result: The guns that ATF let go began showing up at crime scenes in Mexico. And as ATF stood by watching thousands of weapons hit the streets… the Fast and Furious group supervisor noted the escalating Mexican violence.

One e-mail noted, “958 killed in March 2010 … most violent month since 2005.” The same e-mail notes: “Our subjects purchased 359 firearms during March alone,” including “numerous Barrett .50 caliber rifles.”

Dodson feels that ATF was partly to blame for the escalating violence in Mexico and on the border. “I even asked them if they could see the correlation between the two,” he said. “The more our guys buy, the more violence we’re having down there.”

Senior agents including Dodson told CBS News they confronted their supervisors over and over.

Their answer, according to Dodson, was, “If you’re going to make an omelette, you’ve got to break some eggs.”

There was so much opposition to the gun walking, that an ATF supervisor issued an e-mail noting a “schism” among the agents. “Whether you care or not people of rank and authority at HQ are paying close attention to this case…we are doing what they envisioned…. If you don’t think this is fun you’re in the wrong line of work… Maybe the Maricopa County jail is hiring detention officers and you can get $30,000 … to serve lunch to inmates…”

“We just knew it wasn’t going to end well. There’s just no way it could,” Dodson said.

the Mexican Dirty War

January 16, 2008by Daniel HopsickerTwo American-registered drug planes busted  in Mexico carrying four and 5.5 tons of cocaine are just the “tip of the iceberg”  in a blockbuster aviation deal which sold 50 American-regist…

January 16, 2008
by Daniel Hopsicker
Two American-registered drug planes busted  in Mexico carrying four and 5.5 tons of cocaine are just the “tip of the iceberg”  in a blockbuster aviation deal which sold 50 American-registered aircraft to the Sinaloa Cartel, the MadCowMorningNews has learned.
According to an indictment released over the holidays by Mexico’s Atty.General, Pedro Alfonso Alatorre, already indicted as the cartel’s chief financier, purchased the DC9 (N900SA) airliner, the Gulfstream II business jet (N987SA), and 48 other planes not yet identified for Mexico’s Sinaloa Cartel with laundered drug money, using a company he controls which owns currency exchanges at major airports in Mexico.
Now we know who bought the airplanes. The trickier question is: who sold them?  The answer, normally, would be, “Their local counterparts in international organized crime.”
But these aren’t normal circumstances. Why? Because the U.S. doesn’t even have any Drug Lords. Ask anybody at the DEA. Apparently, we don’t even bother to field a team.

Elusive seldom-photographed American Drug Lords

News of a 50-plane fleet of drug smuggling aircraft being sold to a Mexican Cartel by mysteriously unnamed American owners confirms rumors of a mushrooming scandal, one which may eventually implicate top officials in the U.S., Mexico, and Colombia. 
The reason was left unspoken in the Mexican Atty. General’s statement,  because it lies on the American side of the equation, in the identity of the sellers of the planes…  
The DC9 and the Gulfstream II, the two American jets now known to be part of a 50-plane sale, share interlocking ownership. The stock of two corporations which owned the planes was used in the massive recent Adnan Khashoggi-led stock fraud.
Khashoggi, currently a fugitive from justice in the case, engineered the biggest brokerage bankruptcy in America since the Great Depression, costing investors and taxpayers over $300 million.
With gas prices over $3 a gallon, you wouldn’t think the Saudi billionaire needed the money. So, what did ‘they’ do with the money? 
 

Upcoming Presidential elections, perhaps?

The operation was manned by “retired” CIA and military intelligence personnel, had close ties to major Bush backers and the national Republican Party, (Sen. Mel Martinez, until recently the Chairman of the GOP, flew free on Skyway’s Cocaine One DC9 during the crucial final two weeks of his campaign in Florida for the Senate.)
And with seeming impunity the operationengaged in multi-ton load drug trafficking, as well asmassive financial fraud.
What began as a minor scandal without fanfare in April of 2006 with the bust of an American-registered DC-9 airliner carrying 5.5 tons of cocaine on Mexico’s Yucatan Peninsula gathered momentum when a Gulfstream business jet flying out of the same airport was busted in the Yucatan 18 months later carrying 4 tons of cocaine. 
The level of citizen outrage increased with the crash-landing of the second American plane. With the news that the number of American planes sold to Mexican drug traffickers was not just one or two planes—but 50—the scandal is now threatening to mushroom into something much larger.

Kingpin Airlines welcomes you aboard

The brazen fleet-sized sale of American planes to Mexican drug traffickers has huge implications. 
“The extraordinary similarity,” to use the phrase used by Mexican newspaper Por Esto, between the DC9 airliner and the Gulfstream II…
The American owners of the drug planes have suffered no adverse consequences whatsoever to date.
If you own an airliner or business jet discovered hauling pure cocaine into the U.S., literally by the ton,  authorities are sympathetic. They know the hazards unauthorized charter flights pose to innocent business owners, and the confusion that can result when you’ve inadvertently purchased an airplane from someone known to be involved with international organized crime.

“Our Story Thus Far”

As this amazing information begins to sink inthat owning a drug plane may have little downside and be a terrific hedge against coming hard timesa brief recap of “Our Story Thus Far” may be in order.
Two American-registered airplanes with clear ties to the U.S. Government—a DC9 airliner (N900SA) painted to resemble an airplane from the U.S. Dept of Homeland Security, and a Gulfstream business jet (N987SA) formerly used by the CIA for renditions—were busted in Mexico 18 months apart carrying multi-ton loads of cocaine . 
Both planes flew from St. Petersburg-Clearwater International Airport to Mexico, then on to Colombia, where they loaded the cocaine, before being caught on their return journey to (supposedly) Fort Lauderdale,  stopping to refuel on Mexico’s Yucatan Peninsula.  
Just before both plane’s ill-fated final flights, the “ownership” papers were  shuffled around like peas being moved underneath shells on a card table in a billion dollar game of three-card monte by people known as “aircraft brokers.

Bush Rangers, cardboard-thin cutouts

However, the MadCowMorningNewslearned from an FAA official that neither of the two “aircraft brokers”  bought or sold any other planes during the entire year.
They aren’t really “aircraft brokers.” Aircraft brokers buy and sell planes. 
They’re “cut-outs,” a spy trade term for the layers of insulation relied on to provide plausible deniability.  They play a critical role in the cover story, shielding the plane’s true owners from scrutiny.  
Both busted airplanes give every indication of having been involved in a “protected” drug trafficking operation. Imagine the surprise and shock back in the Home Office.  No wonder the cover story is, in many places, exceedingly thin.
A shameless plug:
Almost two weeks before the Mexico’s Atty. General’s announcement in early November that both planes had been used in the same drug smuggling operation,  readers of the MadCowMorningNews already knew of connections between the two downed American drug planes, and their interlocking ownership.

The “W” Connection

Stephen Adams, a secretive Midwestern media baron and Republican fund-raiser, owned the Gulfstream II at the same time he was personally purchasing one million dollars of billboard advertising for George W. Bush during the 2000 Presidential Campaign. 
Adams was also in business, in two separate companies, with Michael Farkas, the man who founded SkyWay Aircraft, which owned the DC9. Both men control companies used in Adnan Khashoggi’s $300 million stock fraud rip-off.   
The multi-ton drug busts, as well as the numerous murders already surrounding the case,  are part of a continuing “Mexican stand-off”between rival Mexican drug cartels allied with dueling factions contesting Mexico’s unsettled political landscape.
The contest has so far resulted in more than 2500 murders in Mexico last year.  Mexico’s internecine drug war is a hotter theater of operations than Iraq. 

Bank robbers for Equal Justice Under Law

When a bank robber steals a few thousand dollars before holing up with a hostage, does the FBI take more than eighteen months before divulging the name of the suspect?
Certain cases involving politically-connected Americans suspected of involvement in drug smuggling, through ownership of drug smuggling aircraft,  seem to be being treated, not as crimes, but as urgent matters of national security.  
But the American owners of the two airplanes busted in Mexico do not look like innocent victims of mean and nasty Mexican drug traffickers, but their  American counterparts... the elusive and almost never-photographedAmerican Drug Lords.
The Gulfstream, for example, picked up its multi-load of cocaine at the international airport in Rio Negro, just outside of Medellin. Although the city became famous as Pablo Escobar’s hometown, today Medellin is known for being current Colombian President Alvaro Uribe’s home turf…
So it wasn’t FARC dope.
And there is no way the shipment can be blamed on the guerrillas, which may yet prove inconvenient if—after all the pieces are fitted into the puzzle—government-to-government drug connections are visible between the U.S. and Colombian governments.  

An official issue get-out-of-jail-free card

The first plane to go down was a DC9 airliner (N900SA) which left Colombia carrying 5.5 tons of cocaine
The DC9’s owner regularly engaged in illegal, and as yet unpunished, activity, as if he had an official issue get-out-of-jail-free card.
One example: Forgetting legal niceties–like “don’t sell a plane you don’t own, dude”– the DC9 was passed from “Skyway Aircraft” to a company controlled by a company insider, “Royal Sons LLC.
But the real owner of the plane at the time was the U.S. Bankruptcy Court in Tampa. And they weren’t even told of the sale.
Maybe it helped their legal cause that Skyway’s Chairman, Glenn Kovar, had been a U.S. Forest Service employee who boasted of long-standing ties to the CIA.
And several of the firm’s top executives, including its President, have backgrounds in U.S. military intelligence.  That probably didn’t hurt either.

Paint your car like a police car! Comes with own siren!

Skyway’s DC9 was painted with the distinctive blue-and-white with gold trim used by  official U.S. Government planes, and an official-looking U.S. Seal, featuring the familiar Federal eagle clutching an olive brand, had been painted alongside the door. 
If you look closely, however,  the legend wrapping around the outer edge of the Seal says “SkyWay Aircraft: Protection of America’s Skies.” 
Still, most who saw the DC9 sitting on the apron of the St-Petersburg Clearwater International Airport figured the aircraft belonged to the U.S. Dept. of Homeland Security.
The DC9 was clearly impersonating an aircraft from the Dept of Homeland Security. Yet it sat unmolested by authorities at the St Pete-Clearwater Intl’ Airport, parked less than a hundred yards from the US Coast Guard’s major Caribbean Basin Air Facility.
Skyway’s SUV’s, by contrast, were painted with a bogus U.S. Government Seal were pulled over by local police, and ordered to remove the seals.
 

Pretty lucky? Or pretty well-connected?

Another intriguing fact is that several years ago Skyway’s listed address in plane ads was a hanger at Huffman Aviation at the Venice Fl. Airport.  Huffman trained both pilots who took down the World Trade Center, Mohamed Atta and Marwan Al-Shehhi, to fly.
The Gulfstream II (N987SA) 
The biggest clue to date to the true identity of the individuals or organization operating behind the scenes is in the name of the dummy front company which was the last registered owner of the Gulfstream business jet that crash-landed with 4 tons of cocaine may lie in the firm’s initials.
Donna Blue Aircraft”  is “DBA,” for “doing business as,” the kind of clever nomenclature “the boys” are fond of.
When we visited the company’s listed address, it was in an empty office suite with a blank sign out front.

What This is Really All About

Mankind’s knowledge about who owns large commercial and business jets which get busted carrying narcotics appears severely limited for several reasons.
1. It is completely governed, like the movement of subatomic quarks, byHeisenberg’s Uncertainty Principle, with one teensy change.
2. Ownership Uncertainty fluctuates with the level of influence the plane’s owner is able to exert. 
3. Prospects are especially poor of ever identifying the owners of planes associated with national Republican figures.
The whole business, suggested a story from the Associated Press, ratherquickly moves beyond the realm of human ken.
“How the U.S.-registered Gulfstream ended up in the hands of suspected drug traffickers remains a mystery,” the AP reported.
And not by accident, either. 


On April 23, two patrol cars were ambushed by armed gunman in downtown Ciudad Juarez. In the ensuing firefight, seven policemen were killed as well as a 17-year old boy who was caught in the crossfire. All of the assailants escaped uninjured fleeing the crime-scene in three SUVs. The bold attack was executed in broad daylight in one of the busiest areas of the city. According to the Associated Press:

“Hours after the attack, a painted message directed to top federal police commanders and claiming responsibility for the attack appeared on a wall in downtown Ciudad Juarez. It was apparently signed by La Linea gang, the enforcement arm of the Juarez drug cartel. The Juarez cartel has been locked in a bloody turf battle with the Sinaloa cartel, led by Joaquin “El Chapo” Guzman.

“This will happen to you … for being with El Chapo Guzman and to all the dirtbags who support him. Sincerely, La Linea,” the message read.” (“7 Mexican police officers killed in Ciudad Juarez”, Olivia Torres, AP)

The massacre in downtown Juarez is just the latest incident in Mexico’s bloody drug war. Between 5 to 6 more people will be killed on Saturday, and on every day thereafter with no end in sight. It’s a war that cannot be won, but that hasn’t stopped the Mexican government from sticking to its basic game-plan.

The experts and politicians disagree about the origins of the violence in Juarez, but no one disputes that 23,000 people have been killed since 2006 in a largely futile military operation initiated by Mexican president Felipe Calderon. Whether the killing is the result of the ongoing turf-war between the rival drug cartels or not, is irrelevant. The present policy is failing and needs to be changed. The militarization of the war on drugs has been a colossal disaster which has accelerated the pace of social disintegration. Mexico is quickly becoming a failed state, and Washington’s deeply-flawed Merida Initiative, which provides $1.4 billion in aid to the Calderon administration to intensify military operations, is largely to blame.

The surge in narcotics trafficking and drug addiction go hand-in-hand with destructive free trade policies which have fueled their growth. NAFTA, in particular, has triggered a massive migration of people who have been pushed off the land because they couldn’t compete with heavily-subsidized agricultural products from the US. Many of these people drifted north to towns like Juarez which became a manufacturing hub in the 1990s. But Juarez’s fortunes took a turn for the worse a few years later when competition from the Far East grew fiercer. Now most of the plants and factories have been boarded up and the work has been outsourced to China where subsistence wages are the norm. Naturally, young men have turned to the cartels as the only visible means of employment and upward mobility. That means that free trade has not only had a ruinous effect on the economy, but has also created an inexhaustible pool of recruits for the drug trade.

Washington’s Merida Initiative–which provides $1.4 billion in aid to the Calderon administration to intensify military operations–has only made matters worse. The public’s demand for jobs, security and social programs, has been answered with check-points, crackdowns and state repression. The response from Washington hasn’t been much better. Obama hasn’t veered from the policies of the prior administration. He is as committed to a military solution as his predecessor, George W. Bush.

But the need for change is urgent. Mexico is unraveling and, as the oil wells run dry, the prospect of a failed state run by drug kingpins and paramilitaries on US’s southern border becomes more and more probable. The drug war is merely a symptom of deeper social problems; widespread political corruption, grinding poverty, soaring unemployment, and the erosion of confidence in public institutions. But these issues are brushed aside, so the government can pursue its one-size-fits-all military strategy without second-guessing or remorse. Meanwhile, the country continues to fall apart.

THE CLASHING CARTELS

The big cartels are engaged in a ferocious battle for the drug corridors around Juarez. The Sinaloa, Gulf and La Familia cartels have formed an alliance against the upstart Los Zetas gang. Critics allege that the Calderon administration has close ties with the Sinaloa cartel and refuses to arrest its members. Here’s an excerpt from an Al Jazeera video which points to collusion between Sinaloa and the government.

“The US Treasury identifies at least 20 front companies that are laundering drug money for the Sinaloa cartel…There are allegations that the Mexican government is “favoring” the cartel. According to Diego Enrique Osorno, investigative journalist and author of the “The Sinaloa Cartel”:

“There are no important detentions of Sinaloa cartel members. But the government is hunting down adversary groups, new players in the world of drug trafficking.”

International Security Expert, Edgardo Buscaglia, says that “of over 50,000 drug related arrests, only a very small percentage have been Sinaloa cartel members, and no cartel leaders. Dating back to 2003, law enforcement data shows objectively that the government has been hitting the weakest organized crime groups in Mexico, but they have not been hitting the main crime group, the Sinaloa Federation, that’s responsible for 45% of the drug trade in this country.” (Al Jazeera)

There’s no way to verify whether the Calderon administration is in bed with the Sinaloa cartel, but Al Jazeera’s report is pretty damning. A similar report appeared in the Los Angeles Times which revealed that the government had diverted funds that were earmarked for struggling farmers (who’d been hurt by NAFTA) “to the families of notorious drug traffickers and several senior government officials, including the agriculture minister.” Here’s an excerpt from the Los Angeles Times:

“According to several academic studies, as much as 80% of the money went to just 20% of the registered farmers…Among the most eyebrow-raising recipients were three siblings of billionaire drug lord Joaquin “El Chapo” Guzman, head of the powerful Sinaloa cartel, and the brother of Guzman’s onetime partner, Arturo Beltran Leyva”. (“Mexico farm subsidies are going astray”, Tracy Wilkinson, Los Angeles Times)

There’s no doubt that if the LA Times knows about the circular flow of state money to drug traffickers, than the Obama administration knows too. So why does the administration persist with the same policy and continue to support the people they pretend to be fighting?

In forty years, US drug policy has never changed. The same “hunt them down, bust them, and lock them up” philosophy continues to this day. That’s why many critics believe that the drug war is really about control, not eradication. It’s a matter of who’s in line to rake in the profits; small-time pushers who run their own operations or politically-connected kingfish who have agents in the banks, the intelligence agencies, the military and the government. Currently, in Juarez, the small fries’ are getting wiped out while the big-players are getting stronger. In a year or so, the Sinaloa cartel will control the streets, the drug corridors, and the border. The violence will die down and the government will proclaim “victory”, but the flow of drugs into the US will increase while the situation for ordinary Mexicans will continue to deteriorate.

Here’s a clip from an article in the Independent by veteran journalist Hugh O’Shaughnessy:

“The outlawing and criminalizing of drugs and consequent surge in prices has produced a bonanza for producers everywhere, from Kabul to Bogota, but, at the Mexican border, where an estimated $39,000m in narcotics enter the rich US market every year, a veritable tsunami of cash has been created. The narcotraficantes, or drug dealers, can buy the murder of many, and the loyalty of nearly everyone. They can acquire whatever weapons they need from the free market in firearms north of the border and bring them into Mexico with appropriate payment to any official who holds his hand out.” (“The US-Mexico border: where the drugs war has soaked the ground blood red”, Hugh O’Shaughnessy The Independent)

It’s no coincidence that Kabul and Bogota are the the de facto capitals of the drug universe. US political support is strong in both places, as is the involvement of US intelligence agencies. But does that suggest that the CIA is at work in Mexico, too? Or, to put it differently: Why is the US supporting a client that appears to be allied to the most powerful drug cartel in Mexico? That’s the question.

THE CHECKERED HISTORY OF THE CIA

In August 1996, investigative journalist Gary Webb released the first installment of Dark Alliance in the San Jose Mercury exposing the CIA’s involvement in the drug trade. The article blew the lid off the murky dealings of the agency’s covert operations. Webb’s words are as riveting today as they were when they first appeared 14 years ago:

“For the better part of a decade, a San Francisco Bay Area drug ring sold tons of cocaine to the Crips and Bloods street gangs of Los Angeles and funneled millions in drug profits to a Latin American guerrilla army run by the U.S. Central Intelligence Agency, a Mercury News investigation has found.

This drug network opened the first pipeline between Colombia’s cocaine cartels and the black neighborhoods of Los Angeles, a city now known as the “crack” capital of the world. The cocaine that flooded in helped spark a crack explosion in urban America

and provided the cash and connections needed for L.A.’s gangs to buy automatic weapons.

It is one of the most bizarre alliances in modern history: the union of a U.S.-backed army attempting to overthrow a revolutionary socialist government and the Uzi-toting “gangstas” of Compton and South-Central Los Angeles.” (“America’s ‘crack’ plague has roots in Nicaragua war”, Gary Webb, San Jose Mercury News)

Counterpunch editor Alexander Cockburn has also done extensive research on the CIA/drug connection. Here’s an excerpt from an article titled “The Government’s Dirty Little Secrets”, which ran in the Los Angeles Times.

“CIA Inspector General Frederick Hitz finally conceded to a U.S. congressional committee that the agency had worked with drug traffickers and had obtained a waiver from the Justice Department in 1982 (the beginning of the Contra funding crisis) allowing it not to report drug trafficking by agency contractors. Was the lethal arsenal deployed at Roodeplaat assembled with the advice from the CIA and other U.S. agencies? There were certainly close contacts over the years. It was a CIA tip that led the South African secret police to arrest Nelson Mandela.” (The Government’s Dirty Little Secrets, Los Angeles Times, commentary, 1998)

And then there’s this from independent journalist Zafar Bangash:

“The CIA, as Cockburn and (Jeffrey) St Clair reveal, had been in this business right from the beginning. In fact, even before it came into existence, its predecessors, the OSS and the Office of Naval Intelligence, were involved with criminals. One such criminal was Lucky Luciano, the most notorious gangster and drug trafficker in America in the forties.”

The CIA’s involvement in drug trafficking closely dovetails America’s adventures overseas – from Indo-China in the sixties to Afghanistan in the eighties….As Alfred McCoy states in his book: Politics of Heroin: CIA complicity in the Global Drug Trade, beginning with CIA raids from Burma into China in the early fifties, the agency found that ‘ruthless drug lords made effective anti-communists.” (“CIA peddles drugs while US Media act as cheerleaders”, Zafar Bangash, Muslimedia, January 16-31, 1999)

And, this from author William Blum:

“ClA-supported Mujahedeen rebels … engaged heavily in drug trafficking while fighting against the Soviet-supported government,” writes historian William Blum. “The Agency’s principal client was Gulbuddin Hekmatyar, one of the leading druglords and a leading heroin refiner. CIA-supplied trucks and mules, which had carried arms into Afghanistan, were used to transport opium to laboratories along the Afghan/Pakistan border. The output provided up to one half of the heroin used annually in the United States and three-quarters of that used in Western Europe….”

And, this from Portland Independent Media:

“Before 1980, Afghanistan produced 0% of the world’s opium. But then the CIA moved in, and by 1986 they were producing 40% of the world’s heroin supply. By 1999, they were churning out 3,200 TONS of heroin a year–nearly 80% of the total market supply. But then something unexpected happened. The Taliban rose to power, and by 2000 they had destroyed nearly all of the opium fields. Production dropped from 3,000+ tons to only 185 tons, a 94% reduction! This drop in revenue hurt not only the CIA’s Black Budget projects, but also the free-flow of laundered money in and out of the Controller’s banks.” (Portland Independent Media)

The evidence of CIA involvement in the drug trade is vast, documented and compelling. Still, does that mean that there is some nefarious 3-way connection between the Sinaloa Cartel, the Calderon administration and the CIA? Isn’t it more likely that US policymakers are simply stuck in an ideological rut and are unable to break free from the culture of militarism that has swallowed Washington whole? Author John Ross answers these questions and more in a speech he delivered at the Institute for Policy Studies in Washington D.C. in April 2009. Here’s an excerpt:

“What does Washington want from Mexico? On the security side, the U.S. seeks total control of Mexico’s security apparatus. With the creation of NORTHCOM (Northern Command) designed to protect the U.S. landmass from terrorist attack, Mexico is designated North America’s southern security perimeter and U.S. military aircraft now has carte blanche to penetrate Mexican airspace. Moreover, the North American Security and Prosperity Agreement (ASPAN in its Mexican initials) seeks to integrate the security apparatuses of the three NAFTA nations under Washington’s command. Now the Merida Initiative signed by Bush II and Calderon in early 2007 allows for the emplacement of armed U.S. security agents – the FBI, the DEA, the CIA, and ICE – on Mexican soil and contractors like the former Blackwater cannot be far behind. Wars are fought for juicy government contracts and $1.3 billion in Merida moneys are going directly to U.S. defense contractors – forget about the Mexican middleman.

On the energy side, the designated target is, of course, the privatization of PEMEX, Mexico’s nationalized oil industry, with a particular eye out for risk contracts on deep sea drilling in the Gulf of Mexico utilizing technology only the EXXONs of this world possess.” (John Ross, “The Big Scam : How and Why Washington Hooked Mexico on the Drug War)

The drug war is the mask behind which the real policy is concealed. The United States is using all the implements in its national security toolbox to integrate Mexico into a North America Uberstate, a hemispheric free trade zone that removes sovereign obstacles to corporate looting and guarantees rich rewards for defense contractors. As Ross notes, all of the usual suspects are involved, including the FBI and CIA. That means the killing in Juarez will continue until Washington’s objectives are achieved.

Mike Whitney is a frequent contributor to Global Research. Global Research Articles by Mike Whitney



Richard Cain, Mexico City, Bill K. Harvey and Staff D

« on: July 19, 2011, 06:45:44 PM »

“Arguments for exclusivity go only so far. The better question is how explain the Kurt Vonnegut Cat’s Cradle line turned to song:

Nice, nice, very nice
so many people in the same device”

~Phil Dragoo

The Mexican Security Police, known as the Dirección Federal de Seguridad, or DFS was a government security agency created in 1947 during the presidency of Miguel Alemán. Organizationally part of the Secretaria de Gobernación, the DFS was assigned the official duty of preserving the internal stability of Mexico against all forms subversion and terrorist threats. Following a drug scandal that concluded with criminal prosecution of its top executives, the DFS was abolished, with operational elements restructured and merged into the Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) in 1985.

Professor Peter Dale Scott has written that the DFS was in part a CIA creation, and “the CIA’s closest government allies were for years in the DFS.” DFS badges, “handed out to top-level Mexican drug-traffickers, have been labelled by DEA agents a virtual ‘license to traffic.'” Scott says that “The Guadalajara Cartel, Mexico’s most powerful drug-trafficking network in the early 1980s, prospered largely because it enjoyed the protection of the DFS, under its chief Miguel Nassar (or Nazar) Haro, a CIA asset.

What is relevant to our interests is the fact that the DFS, in addition to being deeply involved with illicit drug related organized crime, and a corrupt tool of enforcement for the state, staffed and monitored the CIA’s Mexico City telephone intercept program LI/ENVOY, the source of the infamous “Oswald” tapes which were transcribed by husband and wife team, Boris and Anna Tarasoff.

http://www.history-matters.com/essays/frameup/MoreMexicoMysteries/MoreMexicoMysteries_2.htm

What this means is that the LI/ENVOY operation which produced the original reports (subsequently transcribed) of an Oswald speaking with Soviet and Cuban diplomatic officers was not only technically insecure, it was manned, apparently, by Mexican State Police whose activities were well documented as being open to manipulation by criminal elements.

Which leads to…

Richard Cain

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Cain

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/JFKcainR.ht

Richard Cain (alias Scalzetti) can properly be described as a notorious Chicago mob figure, a veteran who served in the US Army stationed in both Japan and the Virgin Islands, an allegedly crooked Security Officer for UPS, an allegedly corrupt Chicago Police Department detective and employee of the Cook County Sheriff’s Office, a lie-detector operator, a Spanish speaking associate of pro-Batista, anti-Castro Cubans, a close personal friend of Chicago mob boss, Sam Giancana (at whose request was allegedly brought into the CIA’s Castro assassination plans), a business operator (Accurate Detective Laboratories), a recruiter for Spanish speaking volunteers sent to South Florida and Central American CIA training camps specializing in guerrilla warfare/commando tactics, an FBI informant, an electronic surveillance expert who specialized in telephone tapping, and, among many other things including being shot in the mouth at point blank range with a shotgun on 20 Dec., 1973, the person identified in official CIA files as having visited the CIA’s Mexico City Station in April of ’62, at which time “he stated he had an investigative agency in Mexico…for the purpose of training Mexican government agents in police methods, in investigative techniques, and in the use of the lie detector.”

During the period of 1950 – 52, Cain had tapped the telephones of Cuban revolutionary leaders on behalf of the US supported Batista regime. In 1960 he was approached to install phone taps on behalf of former Cuban President (and exiled resident of Mexico), Carlos Prio. The Chicago Tribune reported that the CIA had engaged Cain in 1960 because of his Havana mob contacts, and also to wiretap the Czech embassy in Havana.

It seems plausible that “technical assistance” referred to in official CIA reports confirming that the CIA Mexico City Station provided support to the DFS on the LI/ENVOY operation was in the form of a man who was deeply and personally connected with Sam Giancana, Giancana’s anti-Castro CIA intrigues, and the Chicago underworld milieu of Jack Ruby.

A detailed examination of Richard Cain suggests that from 1960 through ’63, he was close to, or possibly deep inside, the connection between the CIA and the Mafia’s recruitment to assassinate Fidel Castro. An HSCA report presents credible arguments that Cain was not only involved (by Giancana) in the plots against Castro, but that he himself may have been the “assassin-to-be” mentioned by his boss, Giancana, on 18 Oct., 1960.

Which leads to…

Bill K. Harvey and Staff D

The most sensitive and restricted operation by the CIA against Castro was run out of CIA’s Staff D (FI/D), headed by William King Harvey. Officially, Staff D was “a small Agency component responsible for communications intercepts.” Quoted from Inspectors General Report, 37. In fact and in practice, the very stringent restrictions on clearances for COMINT (communications intelligence) made FI/D especially well suited to house sensitive operations that CIA officials (such as Agent In Charge, Harvey) wished to conceal from the rest of the Agency. The most notorious of these projects was ZR/RIFLE, Harvey’s program for “Executive Action Capability.”

FI/D was responsible for the LI/ENVOY program in Mexico City. LI/ENVOY reports were filed regularly from Mexico City Station to Harvey at CIA HQS. It is important to know that Ann Goodpasture, Mexico City Station officer responsible for bringing DFS intercept product into the station and who supplied mistaken and misleading identification of Oswald as being “age 35 and balding,” was an FI/D employee.

Harvey’s Staff D controlled the CIA-Mafia assassination plots, and it controlled the LI/ENVOY intercept intake inside the Mexico City Station. If Richard Cain trained and possibly supervised the recruitment of Mexican (DFS) monitors, the CIA-DFS LI/ENVOY collaboration represents a pre-assassination matrix connecting three possible conspirators in operations which would be seen post-assassination to have very great significance in the implication of Lee Harvey Oswald.

This is a model of an ultra-secretive compartment of CIA, elements of the Mafia already associated with the CIA in their Castro assassination plots, and the infiltration of an officially recognized Mexican agency which would have been thought to have acted in the service of the CIA in its reporting of electronic listening posts, working with each other in ways not apparent to any who would have been uninvolved.

For us to truly recognize what this may mean in terms relevant to the hypothesis that LHO was set up to take the blame for an act he did not commit, it’s essential that we fully understand that all of the above should not result in a rush to judgement that these elements at work through the actions and associations of Richard Cain, Sam Giancana, Ann Goodpasture, and Bill K. Harvey represent proof of their collaboration on the incrimination of Oswald as part of a sinister plot to kill President Kennedy.

While exploring the possibility that the incrimination of Oswald was piggy-backed upon authorized counterintelligence operations which employed these resources and was possibly directed by these authorities, we raise more questions than we answer. I’m hopeful that even a modest introduction such as this will be encouragement — especially to those of you whose minds seem to have already been made up — to continue the search for new answers.

My thanks to Phil Dragoo whose contributions here should be required reading for all.

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The Mexican Drug War is an ongoing armed conflict between rival drug cartels fighting each other for regional control, and Mexican government forces. The government’s principal goal has been to put down the drug-related violence that was raging between different drug cartels before any military intervention was made.[27] In addition, the Mexican government has claimed that their primary focus is on dismantling the powerful drug cartels, rather than on drug trafficking prevention, which is left to U.S. functionaries.[28][29][30]
Although Mexican drug cartels, or drug trafficking organizations, have existed for several decades, they have become more powerful since the demise of Colombia‘s Cali and Medellín cartels in the 1990s. Mexican drug cartels now dominate the wholesale illicit drug market by controlling 90% of the drugs that enter the United States.[31][32] Arrests of key cartel leaders, particularly in the Tijuana and Gulf cartels, have led to increasing drug violence as cartels fight for control of the trafficking routes into the United States.[33][34][35]
Analysts estimate that wholesale earnings from illicit drug sales range from $13.6 billion[31] to $49.4 billion annually.[31][36][37]


Some sources say that the United States Central Intelligence Agency (CIA) has been involved in several drug trafficking operations. Some of these reports claim that congressional evidence indicates that the CIA worked with groups which it knew were involved in drug trafficking, so that these groups would provide them with useful intelligence and material support, in exchange for allowing their criminal activities to continue,[1] and impeding or preventing their arrest, indictment, and imprisonment by U.S. law enforcement agencies.[2]

According to Peter Dale Scott, the Dirección Federal de Seguridad was in part a CIA creation, and “the CIA’s closest government allies were for years in the DFS”. DFS badges, “handed out to top-level Mexican drug-traffickers, have been labelled by DEA agents a virtual ‘license to traffic.'”[21] Scott says that “The Guadalajara Cartel, Mexico’s most powerful drug-trafficking network in the early 1980s, prospered largely because it enjoyed the protection of the DFS, under its chief Miguel Nazar Haro, a CIA asset.”[21]
Vicente Zambada Niebla, the son of Ismael Zambada García one of the top druglords in Mexico, claimed after his arrest to his attorneys that he and other top Sinaloa cartel members had received immunity by U.S. agents and a virtual licence to smuggle cocaine over the United States border, in exchange for intelligence about rival cartels engaged in the Mexican Drug War.[22][23]

The Dirección Federal de Seguridad (Federal Security Directorate, DFS) was a Mexican intelligence agency. Created in 1947 under Miguel Alemán Valdés with “the duty of preserving the internal stability of Mexico against all forms subversion and terrorist threats”,[1] it was merged into the Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) in 1985.
According to Peter Dale Scott, the DFS was in part a CIA creation, and “the CIA’s closest government allies were for years in the DFS”. DFS badges, “handed out to top-level Mexican drug-traffickers, have been labelled by DEA agents a virtual ‘license to traffic.'”[2] Scott says that “The Guadalajara Cartel, Mexico’s most powerful drug-trafficking network in the early 1980s, prospered largely because it enjoyed the protection of the DFS, under its chief Miguel Nazar Haro, a CIA asset.”[2]


  1. ^ Dirección Federal de Seguridad (Mexico) Security Reports, Nettie Lee Benson Latin American Collection, University of Texas Libraries, the University of Texas at Austin,Dirección Federal de Seguridad (Mexico) Security Reports, 1970-1977
  2. ^ a b Peter Dale Scott (2000), Washington and the politics of drugs, Variant, 2(11)

Mexican Miguel Nazar Haro was protected by the CIA

By Víctor Hugo Michel (Mexico City) and Dora Irene Rivera (Monterrey)

EDITED TRANSLATION OF A FEBRUARY 23, 2004, PIECE FROM MILENIO, MEXICO CITY

Miguel Nassar Haro* (aka Nazar Haro; or Nasar Haro), Mexico’s ex-director of the Federal Security Directorate (DFS), received help from the Central Intelligence Agency (CIA) and the U.S. Justice Department to avoid incarceration in the U.S. when he was under investigation for participating in a car theft ring, revealed Peter K. Nuñez, the former U.S. Attorney in charge of the case in San Diego, California.

In an interview with Milenio, Nuñez said that when he tried to arrest and prosecute Nassar Haro in the early 1980s, the “intelligence agencies” in Washington began to meddle in the case and they even pressured him not to pursue the investigations.

“It was a very complicated circumstance. We [in San Diego] had spent considerable time trying to charge him, and the Justice Department in Washington and some of the U.S. intelligence agencies did not want us to go ahead,” Nuñez said.

Asked if he believes the CIA got involved to influence the escape of Nassar Haro from the U.S. — after (he) spent a few hours in a San Diego jail, Nuñez dryly responded “yes.”

The CIA considered Nassar Haro, according to different reports, “the most important source in Mexico and Central America” for the U.S. espionage services.

From the beginning of the call, upon hearing the reporter’s nationality, Nuñez guessed the subject of the interview. “You want to talk about Miguel Nassar Haro,” he anticipated. “Let me tell you: I am not surprised that he has been arrested in Mexico.”

Nuñez, a favorite of Ronald Reagan who was famous for having detained the ex-director of the DFS for a few hours in a San Diego jail, affirmed that he and his team of attorneys had gathered “sufficient information” to link Nassar Haro with car theft in Southern California.

(Reporter:) How was the connection between Nassar Haro and this gang of car thieves discovered, was it through an informant?

(Nuñez:) In part, yes. Many people had already been arrested, and many of them had cooperated with the U.S. government. And among other things, they revealed the role of Nassar Haro in the case.

(The reporter continued with several questions about extradition, then and now. In a concluding comment Nuñez said that) the arrest warrants against Miguel Nassar Haro, for car theft in California, “are still open and they have not expired.” As such, “an eventual extradition request” cannot be dismissed.

Nuñez said, that according to the U.S. justice (system), two decades after being indicted in a federal court for his alleged participation in an organization dedicated to stealing vehicles in San Diego Nassar Haro is still a “fugitive.”

“The statute of limitations would not apply because Nassar Haro had already been processed,” said the ex-U.S. Attorney who was the prosecutor in the case that culminated with the Mexican agent fleeing to Tijuana, from the U.S., after he paid his bail.

Nuñez explained, that in spite of the more than 22 years that have passed, the crimes committed in the U.S. are not yet resolved. “Arrest warrants do not expire,” he said. “He paid his bail but he never returned to face the charges.”

Nuñez said that even without a U.S. extradition proceeding, the Mexican justice (system) could try Nassar Haro for crimes committed in the U.S., according to Article 4 of the Federal Penal Code of Mexico. Article 4 states that crimes committed abroad by a Mexican will be punishable in Mexico, in accordance with federal laws, if the accused is in the country and (if the accused) has yet to be tried abroad.

Nuñez revealed, that as a result of what happened with Nassar Haro, there were political damages in Washington — mostly from friction caused by the involvement of intelligence agencies and the Justice Department in a case that took place on the other side of the country, in California.

According to memory, there was a leak in Washington about the investigations of the U.S. Attorney in San Diego. “Someone leaked the information and made it public, that we were considering the indictment of Nassar Haro,” he recalled. “That was not authorized.”

The leak, that put the name of Nassar Haro in the headlines of the main newspapers in the U.S., brought down a Justice Department official, Bill Kennedy, who the Reagan administration blamed for revealing the “sensitive information.”

“Nassar Haro then came to the U.S., to file suit against the newspapers for printing his name. It was not the best choice he ever made. While he was here we charged and arrested him,” Nuñez said, remembering the moment the ex-director of the DFS was taken into custody.
__________

* Miguel Nazar Haro was recently detained, in Mexico, on an arrest warrant issued by a Monterrey, Nuevo León, judge. The ex-director of the infamous DFS, a now defunct domestic intelligence and security agency, is charged with authorizing the 1975 kidnapping of a youthful leftist — one of Mexico’s “disappeared” who were never to be heard from again. MexiData.info
__________

— MexiData.info translation


The Guadalajara Cartel (Spanish: Cártel de Guadalajara) was a Mexican drug cartel which was formed in the 1980s by Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo and Ernesto Fonseca Carrillo in order to ship heroin and marijuana to the United States. Among the first of the Mexican drug trafficking groups to work with the Colombian cocaine mafias, the Guadalajara cartel prospered from the cocaine trade.

After the arrest of Rafael Caro Quintero and Ernesto Fonseca Carrillo, Félix Gallardo kept a low profile and in 1987 he moved with his familyGuadalajara city. Félix Gallardo (“The Godfather”) then decided to divide up the trade he controlled as it would be more efficient and less likely to be brought down in one law enforcement swoop.[1]In a way, he was privatizing the Mexican drug business while sending it back underground, to be run by bosses who were less well known or not yet known by the DEA. Félix Gallardo convened the nation’s top drug narcos at a house in the resort of Acapulco where he designated the plazas or territories. The Tijuana route would go to the Arellano Felix brothers. The Ciudad Juárez routewould go to the Carrillo Fuentes family. Miguel Caro Quintero would run the Sonora corridor. The control of the Matamoros, Tamaulipas corridor – then becoming the Gulf Cartel– would be left undisturbed to Juan García Abrego. Meanwhile, Joaquín Guzmán Loera and Ismael Zambada García would take over Pacific coast operations, becoming the Sinaloa Cartel. Guzmán and Zambada brought veteran Héctor Luis Palma Salazar back into the fold. Félix Gallardo still planned to oversee national operations, he had the contacts so he was still the top man, but he would no longer control all details of the business; he was arrested on April 8, 1989.[2]
According to Peter Dale Scott, the Guadalajara Cartel, Mexico’s most powerful drug-trafficking network in the early 1980s, prospered largely because it enjoyed the protection of the Dirección Federal de Seguridad, under its chief Miguel Nazar Haro, a CIA asset.”[3]


Miguel Ángel Félix Gallardo (born January 8, 1946) is a convicted Mexican drug lord known as “El Padrino” (Spanish: “The Godfather”) who in the 1980s formed the Guadalajara Cartel and became the first drug czar in Mexico to control all illegal drug traffic in Mexico and the corridors along the Mexico-U.S.A. border


The Mexican Drug War is an ongoing armed conflict between rival drug cartels fighting each other for regional control, and Mexican government forces. The government’s principal goal has been to put down the drug-related violence that was raging between different drug cartels before any military intervention was made.[27] In addition, the Mexican government has claimed that their primary focus is on dismantling the powerful drug cartels, rather than on drug trafficking prevention, which is left to U.S. functionaries.[28][29][30]
Although Mexican drug cartels, or drug trafficking organizations, have existed for several decades, they have become more powerful since the demise of Colombia‘s Cali and Medellín cartels in the 1990s. Mexican drug cartels now dominate the wholesale illicit drug market by controlling 90% of the drugs that enter the United States.[31][32] Arrests of key cartel leaders, particularly in the Tijuana and Gulf cartels, have led to increasing drug violence as cartels fight for control of the trafficking routes into the United States.[33][34][35]
Analysts estimate that wholesale earnings from illicit drug sales range from $13.6 billion[31] to $49.4 billion annually.


The timeline of the most relevant events in the Mexican Drug War

Although violence between drug cartels had been occurring for three decades, the Mexican government held a generally passive stance regarding cartel violence through the 1980s and early 2000s. That changed on December 11, 2006, when the newly elected President Felipe Calderón sent 6,500 Mexican Army soldiers to the state of Michoacán to end drug violence there. This action is regarded as the first major retaliation made against the cartel violence, and is generally viewed as the starting point of the Mexican Drug War between the government and the drug cartels.[1] As time passed, Calderón continued to escalate his anti-drug campaign, in which there are now about 45,000 troops involved along with state and federal police forces.


Arturo Guzmán Decena, a.k.a. Z-1 (January 13, 1976 ? November 21, 2002) was a Mexican Army soldier who defected to become a mercenary and commander of the mercenary gang called Los Zetas at the service of Osiel Cárdenas Guillen, the Gulf Cartel‘s drug lord.[1] Los Zetas are considered by the Drug Enforcement Administration (DEA) as the most technologically advanced, sophisticated and violent drug cartel in Mexico


A federal judge in Chicago refused Thursday to dismiss charges against a reputed Mexican drug kingpin who claimed he was working as an informant for the government.  Vicente Zambada-Niebla failed to provide evidence to rebut the government’s contention that he was never granted immunity from prosecution on drug-trafficking charges, U.S. District Judge Ruben Castillo found.
Zambada-Niebla is the highest-ranking reputed member of the Sinaloa cartel in U.S. custody in a case being tried in Chicago against members of the drug-trafficking organization which authorities say is headed by Joaquin “Chapo” Guzman, described by the U.S. Treasury Department as the “world’s most powerful drug trafficker.”
Castillo’s written ruling offers a glimpse into the secret workings of the U.S. Drug Enforcement Administration in Mexico.
According to the judge’s ruling, Sinaloa cartel lawyer Humberto Loya-Castro was a confidant to Guzman and right-hand man Ismael Zambada-Garcia, who is Zambada-Niebla’s father.
After Loya-Castro was charged in a narcotics case in California in 1995, he started providing information to DEA agents about Mexican drug trafficking. The case against Loya-Castro was dismissed in 2008 at the request of prosecutors.
In 2008, he proposed a meeting between his DEA contact and Zambada-Niebla. On March 17, 2009, they met with DEA agents at a hotel in Mexico City. Hours later, Zambada-Niebla was arrested by Mexican officials.
Prosecutors say Loya-Castro brought Zambada-Niebla to meet DEA agents at the hotel against the agents’ instructions.
“According to the government, [Zambada-Niebla] conveyed his interest and willingness to cooperate with the U.S. government, but the DEA agents told him they ‘were not authorized to meet with him, much less have substantive discussions with him,’ ” the judge wrote.
Zambada-Niebla argued that Loya-Castro had negotiated an immunity deal for him; that he provided information to Loya-Castro about rival cartels that was then passed on to the U.S. government; and that he traveled to Mexico City at great risk to himself for the meeting with DEA agents because he was assured he had immunity from prosecution.
The judge said Zambada-Niebla didn’t present enough evidence to refute the government’s position that he was never granted immunity.
Last year, Zambada-Niebla was moved from the federal lockup in Chicago to a prison in Michigan after complaining about conditions in the Chicago lockup. Federal authorities were concerned he was an escape risk and potential assassination target.
In an unrelated drug-trafficking case in Chicago last year, a defendant testified that he met Zambada-Niebla in the federal lockup here and that Zambada-Niebla sought information to have two co-defendants killed. Those defendants — Chicago natives Pedro and Margarito Flores — are cooperating with prosecutors in the case against Zambada-Niebla, court records show.
Guzman and Zambada-Niebla’s father remain fugitives in the case
For Backstory Information read my Borderland Beat Post….Paz, Chivis   link here


The son of a heavy hitter in a powerful Mexican drug trafficking organization has filed explosive legal pleadings in federal court in Chicago accusing the US government of cutting a deal with the the “Sinaloa Cartel” that gave its leadership “carte blanche to continue to smuggle tons of illicit drugs into Chicago and the rest of the United States.”
The source of that allegation is Jesus Vicente Zambada Niebla, the son of Ismael “El Mayo” Zambada Garcia, one of the purported top leaders of the Sinaloa drug-trafficking organization — a major Mexican-based importer of weapons and exporter of drugs.
The top capo of the Sinaloa drug organization, named after the Pacific Coast Mexican state where it is based, is Joaquin Guzman Loera (El Chapo) — who escaped from a maximum security prison in Mexico in 2001, only days before he was slated to be extradited to the United States. Chapo has since gone on to build one of the most powerful drug “cartels” in Mexico. With the death of Osama Bin Laden in May, Chapo (a Spanish nickname meaning “shorty”) jumped to the top of the FBI’s “Most Wanted” persons list. He also made Forbes Magazine’s 2010 list of “The World’s Most Powerful People.”


Drug War Zone : Frontline Dispatches from the Streets of el Paso and Juárez
Campbell, Howard
Pages: 337
Publisher: University of Texas Press
Location: Austin, TX, USA
Date Published: 10/2009
Language: en


 http://fromthewilderness.com/free/ciadrugs/W_plane.html

(CBS News)
WASHINGTON – Federal agent John Dodson says what he was asked to do was beyond belief.
He was intentionally letting guns go to Mexico?
“Yes ma’am,” Dodson told CBS News. “The agency was.”
An Alcohol, Tobacco and Firearms senior agent assigned to the Phoenix office in 2010, Dodson’s job is to stop gun trafficking across the border. Instead, he says he was ordered to sit by and watch it happen.
Investigators call the tactic letting guns “walk.” In this case, walking into the hands of criminals who would use them in Mexico and the United States.

[Blowback] 

Stephen Downing, a retired deputy chief of the Los Angeles Police Department and board member of Law Enforcement Against Prohibition, responds to The Times’ Oct. 5 Op-Ed article, “Prohibition’s real lessons for drug policy.” If you would like to respond to a recent Times article, editorial or Op-Ed in our Blowback forum, here are our FAQs and submission policy.

Drug prohibitionists like former White House drug czar staffer Kevin A. Sabet seem to be in a panic over Ken Burns’ PBS documentary broadcast “Prohibition” because of its clear and convincing parallel to today’s equally disastrous war on drugs. The earlier experiment lasted less than 14 years, but today’s failed prohibition was declared by President Nixon 40 years ago and has cost our country more than $1 trillion  in cash and much more in immeasurable social harm. As a student of history and a retired deputy chief of police with the Los Angeles Police Department, I can attest that the damage that came from the prohibition of alcohol pales in comparison to the harm wrought by drug prohibition. In the last 40 years drug money has fueled the growth of violent street gangs in Los Angeles, from two (Bloods and Crips) with a membership of less than 50 people before the drug war to 20,000 gangs with a membership of about 1 million across the U.S., according to the U.S. Department of Justice. These gangs serve as the distributors, collection agents and enforcers for the Mexican cartels that the Justice Department says occupy more than 1,000 U.S. cities.

Sabet, a former advisor to the White House drug policy advisor, ignores these prohibition-created harms, making no mention of the nearly 50,000 people killed in Mexico over the last five years as cartels have battled it out to control drug routes, territories and enforce collections. When one cartel leader is arrested or killed, it makes no impact on the drug trade and only serves to create more violence, as lower-level traffickers fight for the newly open top spot. U.S. law enforcement officials report that as much as 70% of cartel profits come from marijuana alone.  There’s no question that ending today’s prohibition on drugs — starting with marijuana — would do more to hurt the cartels than any level of law enforcement skill or dedication ever can. Worse than being ineffective, though, the war on drugs creates dangerous distractions for police officers who would rather focus on improving public safety. For example, the LAPD announced this week that it will take 150 police officers off the streets to accommodate the state’s shuffling of prisoners to the county level. The state must do this to comply with the U.S. Supreme Court’s order to cut our drug-war-induced overcrowded prison population by 30,000 — and our state has already laid off thousands of teachers thanks in part to funding diverted to building more prisons and hiring more guards. This follows on the heels of another reallocation of police resources in Los Angeles when the LAPD and the L.A. Sheriff’s Department woke up to a three-year backlog of rape kits. Police labs have only a finite amount of resources, and drug testing often takes priority over other cases that demand attention. Detectives (and victims) waiting for lab results related to rape and other serious crimes stood in line for months while tests for custody-related possession of pot and other drugs took precedence. There’s no doubt that the violence, the growth of cartels and gangs, the overpopulation of our prisons and the squandering of our police resources would not occur if we eliminated illegal drug profits and implemented a non-criminal approach to regulating drugs. We did this once with alcohol, and there’s no reason we can’t do it with other drugs today. 
— Stephen Downing http://opinion.latimes.com/opinionla/2011/10/end-drug-prohibition-most-commented.html

Prohibition is not the solution
I am totally against the Drug Prohibition Regime and can’t wait to see it thrown away into the dustbin of history greatest inequities humankind has inflicted on itself. I would have thought that any rational, responsible and caring individual could see that drug abuse and its profoundly disruptive consequences calls for enlightened policies where education, health and regulation would play central roles; that it calls for policies where no room is left for the Victorian values Prohibitionists seem so keen on: abstinence or punishment.
One can only assume that something deeply ideological, prejudicial or irrational prevents people from understanding that the problem is prohibition, and not the drugs themselves; that no matter what drug one is considering, prohibition is not the solution … far from it. If anything, what decades of pursuing and enforcing the prohibition regime and its dastardly offshoot, the so-called War on Drugs, have taught us is that it can only make things worse! […]
–GartValenc
The government’s hypocrisy 
It is a stretch to assume that the social and health problems associated with alcohol abuse can in any way be compared to those caused by the use of cannabis.  Alcohol destroys the internal organs of abusers.  Marijuana has no known long-term effects.  Alcohol is highly addictive.  Alcohol withdrawal can be fatal.  Cannabis is less addictive than caffeine and withdrawal, at worst, amounts to a few restless nights and a few days of low appetite.  Alcohol is the fuel of all kinds of violence.  Marijuana users tend to be quiet and communal.
What is amazing to me is that our government supports and collects taxes on the two deadliest drugs in our society, alcohol and tobacco, but wants to send people to jail for making the much more rational choice to use marijuana recreationally instead.
 herbalmagick
What would Thomas Jefferson do?
The cruelest irony of this issue is that many far right goons, the so called champions of getting the government out of our lives and expanding freedom, have always been the biggest advocates of this outdated, morally wrong,  government intrusion into our lives and denying us our “right to happiness”, which Thomas Jefferson, the hard drug alcohol drinker, so correctly protected us with.  George Washington gave his troops rum every day to keep them happy.
shndlr
My life, my decision
The overriding question that the Mr Sabet clearly misses is this: Should the government be in the business of telling responsible adults what they can and cannot ingest? Many of us say “no” to that, while many folks who call themselves conservative and say they want less government in their lives nonetheless accept that nanny-state role. What I believe government should do is offer factual education regarding what drugs of all kinds can do to people, regulate the purity of drugs, continue to punish irresponsible behavior that endangers innocent people (such as driving under the influence, etc), and then trust the rest of us grown ups to enjoy life responsibly in whatever way we choose.
–Username99
Nothing will change
This article is a laugher for many reasons:
1. Part of the human condition is to seek mood-altering substances, aka get “buzzed.” Been going on for about 100,000 years or so, live with it.
2. In spite of all the laws that prohibit it, Americans continue to pursue an artificial high, regardless of the consequences. Laws DO NOT have a deterrent effect on consumption.
3. The cost of drug laws on society has been astounding.  We have incarcerated generations of minorities, forced the status of “convicted felon” on hundreds of thousands of people with the attendant impact on society – with no impact on drug consumption.
4. The war on drugs has been an epic failure in every measurable category except one: a growth industry for the criminal justice system.
5. The public is already saturated with the harmful effects of drugs and alcohol.  A change of legalization will not change consumption patterns that much.  Those inclined to use will continue to, those that do not want the risk will refuse.
6. The odds of getting busted for drug possession, unless you are a minority in a gang neighborhood, is virtually non-existent.  Therefore, in practical terms, it’s already available on demand.
7. The impact of alcohol and tobacco dwarfs the impact of drugs, legal or not.  We lose over 400,000 to nicotine addiction, and another 50,000 or so to booze EVERY YEAR.
Secret: nothing will change.
–zgonina1

killing for peace is like fucking for virginity A group of masked men are threatening Mexico’s powerful (and notorious) Zetas drug cartel on the Internet. The Mexican site Blog del Narco posted this video of the group, that appears well-armed and says it’s committed to fighting against the Zetas cartel. Videos with a similar message and style have been posted earlier this year. While no group has formally taken credit for the videos, they are thought to be the work of the Sinaloa-based group called the “Mata Zetas,” or “Zeta Killers.” In their videos they call themselves “anonymous warriors” speaking for the people of Mexico. Authorities say they are investigating the video threats and the Mexican government has condemned vigilante justice. The Mata Zetas claim to adhere to a moral code that prevents them from engaging in kidnappings or extortion—tactics often used by drug cartels, particularly the Zetas. While the Mata Zetas claim to respect law enforcement, they admit they are working beyond the reach of the law to eliminate organised crime. “Armed forces should be aware that our only objective is to get rid of the Zeta cartel,” they said in one recent video. Despite such overtures, Mexican authorities are speculating the group may be responsible for dumping 35 bodies in the middle of rush-hour traffic in Veracruz last week. The murders, which appear to have involved torture, were initially blamed on the Zetas cartel until authorities identified the victims, including 12 women and two minors, as Zetas-affiliated. The bodies were dumped near a building where some of Mexico’s top prosecutors were convening, and the gesture was apparently intended to goad lawyers into pursuing cases more aggressively against drug cartels and narco leaders. The Mata Zetas then issued a sort of apology for their tactics, saying “[i]f society, Mexican populace, and federal authorities feel offended by what we’ve done, on behalf of the group, we apologize. Our intention was to let Veracruz know that this social scourge is not invincible.” Mexico’s drug trade currently represents a multi-billion dollar industry (some estimates claim the total economy of the illicit drug trade in Mexico alone is approaching $50 billion annually), and the reach of drug gangs has been rapidly expanding in recent years, according to U.S. Department of Justice reports.

http://stream.aljazeera.com/story/mexican-group-takes-drug-cartels

(CBS News)
WASHINGTON – Federal agent John Dodson says what he was asked to do was beyond belief.
He was intentionally letting guns go to Mexico?
“Yes ma’am,” Dodson told CBS News. “The agency was.”
An Alcohol, Tobacco and Firearms senior agent assigned to the Phoenix office in 2010, Dodson’s job is to stop gun trafficking across the border. Instead, he says he was ordered to sit by and watch it happen.
Investigators call the tactic letting guns “walk.” In this case, walking into the hands of criminals who would use them in Mexico and the United States.

  legal pleadings in federal court in Chicago accusing the US government of cutting a deal with the the “Sinaloa Cartel” that gave its leadership “carte blanche to continue to smuggle tons of illicit drugs into Chicago and the rest of the United States.” The source of that allegation is Jesus Vicente Zambada Niebla, the son of Ismael “El Mayo” Zambada Garcia, one of the purported top leaders of the Sinaloa drug-trafficking organization.  Joaquin Guzman Loera (El Chapo) — who escaped from a maximum security prison in Mexico in 2001, only days before he was slated to be extradited to the United States.  With the death of Osama Bin Laden in May, Chapo  jumped to the top of the FBI’s “Most Wanted” persons list. Zambada Niebla, himself a key player in the Sinaloa organization, was arrested in Mexico City in March 2009 and in February 2010 extradited to the United States to stand trial on narco-trafficking-related charges. The indictment pending against Zambada Niebla claims he served as the “logistical coordinator” for the “cartel,” helping to oversee an operation that imported into the US “multi-ton quantities of cocaine … using various means, including but not limited to, Boeing 747 cargo aircraft, private aircraft … buses, rail cars, tractor-trailers, and automobiles.” Zambada Niebla also claims to be an asset of the US government. His allegation was laid out originally in a two-page court pleading filed in late March with the US District Court for the Northern District of Illinois in Chicago. The latest allegations being advanced by Zambada Niebla, who is now being held in solitary confinement in a jail cell in Chicago, are laid out in motions filed late this week in federal court. Those pleadings spell out the supposed cooperative relationship between the US Department of Justice and its various agencies, including DEA and the FBI, and the leaders of the “Sinaloa Cartel” — including Zambada Niebla. That alleged relationship was cultivated through a Mexican attorney, Humberto Loya Castro, whom Zambada Niebla claims is a Sinaloa Cartel member and “a close confidante of Joaquin Guzman Loera (Chapo).” From Zambada Niebla’s court pleadings, filed on July 29: [Humberto] Loya was indicted along with Chapo and Mayo [Zambada Niebla’s father] in 1995 in the Southern District of California and charged with participation in a massive narcotics trafficking conspiracy (Case No. 95CR0973). That case was dismissed on the prosecution’s own motion in 2008 after Loya became an informant for the United States government and had provided information for a period of over ten years. Sometime prior to 2004 [when George W. Bush was president], and continuing through the time period covered in the indictment, the United States government entered into an agreement with Loya and the leadership of the Sinaloa Cartel, including Mayo and Chapo. Under that agreement, the Sinaloa Cartel, through Loya, was to provide information accumulated by Mayo, Chapo, and others, against rival Mexican Drug Trafficking Organizations to the United States government. In return, the United States government agreed to dismiss the prosecution of the pending case against Loya, not to interfere with his drug trafficking activities and those of the Sinaloa Cartel, to not actively prosecute him, Chapo, Mayo, and the leadership of the Sinaloa Cartel, and to not apprehend them. The protection extended to the Sinaloa leadership, according to the court filings, included being “informed by agents of the DEA through Loya that United States government agents and/or Mexican authorities were conducting investigations near the home territories of cartel leaders so that the cartel leaders could take appropriate actions to evade investigators.” In addition, the pleadings allege, the US government agreed not to “share any of the information they had about the Sinaloa Cartel and/or the leadership of the Sinaloa Cartel with the Mexican government in order to better assure that they would not be apprehended and so that their operations would not be interfered with.” More from the July 29 pleadings: Zambada Niebla was a party to the agreement between the United States government and the Sinaloa Cartel and provided information to the United States government through Loya pursuant to the agreement. … Loya arranged for Mr. Zambada Niebla to meet with United States government agents at the Sheraton Hotel in Mexico City in March [17th] of 2009 [after the Obama administration took power] for the purpose of introducing Mr. Zambada Niebla to the agents and for the purpose of his continuing to provide information to the DEA and the United States government personally, rather than through Loya. Loya’s federal case had been dismissed in 2008 [while Bush was still in the White House] and the DEA representative told Mr. Loya-Castro that they wanted to establish a more personal relationship with Mr. Zambada Niebla so that they could deal with him directly under the agreement. Mr. Zambada Niebla believed that under the prior agreement, any activities of the Sinaloa Cartel, including the kind described in the indictment, were covered by the agreement, and that he was immune from arrest or prosecution. Zambada Niebla claims, in the court pleadings, that he attended the meeting in March 2009 at the hotel in Mexico City as scheduled, with Loya present, and while there, even though he was then under indictment in the US, was told by US federal agents that he would not be arrested and that arrangements had been made “at the highest levels of the United States government” to assure his immunity from prosecution in exchange for his cooperation in providing information on rival narco-trafficking groups. However, Zambada Niebla contends he was double-crossed, despite the assurance of the US agents. He alleges in his pleadings that government agents “were satisfied with the information he had provided to them” at the meeting at the Sheraton Hotel on March 17, 2009, and that “arrangements would be made to meet with him again.” “Mr. Zambada Niebla then left the meeting,” the court pleadings assert. “Approximately five hours after the [hotel] meeting, Mr. Zambada-Niebla was arrested by Mexican authorities.”
Fast, Furious and the House of Death
Zambada Niebla’s pleadings also reference the controversial U.S Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) weapons-trafficking interdiction program Fast and Furious — an operation, now the subject of Congressional hearings, that allegedly allowed some 2,000 guns to be smuggled across the US/Mexican border under ATF’s watch. Zambada Niebla contends that Fast and Furious is yet another example of the US government’s complicity in the carnage of the drug war. From Zambada Niebla’s pleadings: The United States government considered the arrangements with the Sinaloa Cartel an acceptable price to pay, because the principal objective was the destruction and dismantling of rival cartels by using the assistance of the Sinaloa Cartel — without regard for the fact that tons of illicit drugs continued to be smuggled into Chicago and other parts of the United States and consumption continued virtually unabated. Essentially, the theory of the United States government in waging its “war on drugs” has been and continues to be that the “end justifies the means” and that it is more important to receive information about rival drug cartels’ activities from the Sinaloa Cartel in return for being allowed to continue their criminal activities, including and not limited to their smuggling of tons of illegal narcotics into the United States. This is confirmed by recent disclosures by the Congressional Committee’s investigation of the latest Department of Justice, DEA, FBI, and ATF’s “war on drugs” operation known as “Fast & Furious.” As a result of Operation Fast and Furious, the pleadings assert, about “three thousand people” in Mexico were killed, “including law enforcement officers in the sate of Sinaloa, Mexico, headquarters of the Sinaloa Cartel.” Among those receiving weapons through the ATF operation, the pleadings continue, were DEA and FBI informants working for drug organizations, including the leadership of those groups. “The evidence seems to indicate that the Justice Department not only allowed criminals to smuggle weapons, but that tax payers’ dollars in the form of informant payments, may have financed those engaging in such activities,” the pleadings allege. “… It is clear that some of the weapons were deliberately allowed by the FBI and other government representatives to end up in the hands of the Sinaloa Cartel and that among the people killed by those weapons were law enforcement officers. “… Mr. Zambada Niebla believes that the documentation that he requests [from the US government] will confirm that the weapons received by Sinaloa Cartel members and its leaders in Operation ‘Fast & Furious’ were provided under the agreement entered into between the United States government and [Chapo Guzman confidante] Mr. Loya Castro on behalf of the Sinaloa Cartel that is the subject of his [Zambada Niebla’s] defense [regarding] public authority.” The Zambada Niebla pleadings even reference the infamous House of Death case, so named by Narco News, which has published an exhaustive series of investigative stories on the mass-murder case dating back to 2004. From the pleadings: Mr. Zambada Niebla also requests … that the United States government produce material relating to the … “House of Death” murders, which took place in Juarez, Mexico, and were committed by United States government informants. As confirmed in the Joint Assessment Report [JAT] prepared by government authorities investigating those murders, agents of the United States government had prior knowledge that murders were going to be committed by their informants but did not take any measures to either inform the Mexican government or the intended victims, because government representatives determined it was moreimportant to protect the identity of their informants. The informants were assisting the United States government in the investigations of major drug traffickers and the government determined that the killings of over a hundred Mexican citizens was an acceptable price to pay for enabling them to continue their narcotics investigations. The Great Pretense Unmasked In its response to Zambada Niebla’s claim that he was working under “public authority” as an informant or confidential source, US federal prosecutors don’t claim outright that he was not a US government asset. They argue, instead, only that “the government denies that defendant [Zambada Niebla] exercised public authority when he committed the serious crimes charged in the indictment.” In other words, even if Zambada Niebla was offered some type of deal in exchange for his cooperation, that deal did not extend to the specific acts he is accused of in the indictment against him. Federal prosecutors also ask that the court order Zambada Niebla to produce, prior to trial, “evidence that a specific American official or officials with actual or apparent authority expressly authorized [him] to import multi-kilogram quantities of cocaine and heroin into the United States, as charged in the indictment, or expressly assured [him] that these acts were not criminal, and that [he] reasonably relied on these communications.” Narco News spoke with several former DEA and FBI agents about Zambada Niebla’s contention that he worked, in essence, as an informant for the US government. Not one of those former agents, who asked that their names not be revealed, considered it out of the realm of possibility that Zambada Niebla might have cut a deal with the US government. In fact, one former DEA agent said that by making such a claim, Zambada Niebla was essentially putting his life in jeopardy by outing himself as an informant, an extreme move that would seem to indicate that at least he believes he had a deal in place. But, in the end, all of the former federal agents agree that unless Zambada Niebla has proof of his allegations that passes legal muster, he has little chance of prevailing — and at least one of those former agents said prosecutors would not likely have challenged him to produce such proof if they did not have a high degree of confidence that it does not exist. A former FBI agent explained it this way: The U. S. Attorney General Guidelines for Informants requires that there be a written document called an “otherwise criminal activities memo” signed by both parties. This document spells out exactly what the informant is authorized to do and tells him that he may be prosecuted for any other illegal activities. This should be provided to the defense in discovery; however, it does not always happen. Some attorneys are not aware of this and do not ask for it in discovery and the government does not willingly give it up. I suspect that the government did not provide this document to the defense and that is why they are demanding that he provide proof of his status. … It would be very easy to prove what he was authorized to do by having the memo. [So] this may be a case of where the memo was never done…. The former DEA agent, who has extensive overseas experience, added: My instincts say he was an informant. It’s [Zambada Niebla’s pleadings are] an effort to “scare” or “frighten” the government to dismiss or reduce charges. Posturing, as it were. But there is a substantial risk for him. It’s pretty much a last ditch effort. Were it otherwise, the defendant would not want to be exposed as having cooperated with the government agents. However, he will have an enormous challenge proving his allegations. … An agent [or US government agency would approve such a cooperative relationship with a narco-trafficker] … so the agent can snag a higher-level trafficker and garner the resulting awards, commendations and promotions. Sometimes, there is outright bribery or gifts of value. It’s a win for the criminal informant because he may earn more money from trafficking and at the same time receive cash payments from the government for arrests he orchestrates. And that isn’t all: the informant’s own fear of arrest is reduced and he has a unique opportunity to effectively destroy his unwanted competition or archenemies. And yet another DEA agent points out that “there is such an animal called an Attorney General-exempt operation, where the Attorney General of the United States [in the Zambada Niebla case, which allegedly dates back to at least 2004, it would have been the Bush administration’s Attorney General] could authorize that laws be violated [by an informant to advance a case].” “This is usually done in money laundering investigations, however,” the DEA source said. The other possibility, the former DEA agent adds, is that Zambada Niebla was tricked on an even deeper level, and was, in fact, not dealing with US law enforcement agencies, but rather a CIA intelligence operation. “This would not be the first time CIA has used an informant and led them to believe it was an FBI, ICE or DEA operation,” the DEA source said. If that is the case, the former DEA agent adds, Zambada Niebla’s case is sunk, since even if documents and other evidence exist to prove his allegations of US government complicity, that evidence would almost certainly be deep-sixed under claims of national security that would be invoked by that very same US government.

war against drugs in Central America

The Mexican Army crackdown has driven some cartels to seek a safer location for their operations across the border in Guatemala, attracted by corruption, weak policing and its position on the overland smuggling route.[208][209] The smugglers …

The Mexican Army crackdown has driven some cartels to seek a safer location for their operations across the border in Guatemala, attracted by corruption, weak policing and its position on the overland smuggling route.[208][209] The smugglers pick up drugs from small planes that land at private airstrips hidden in the Guatemalan jungle. The cargo is then moved up through Mexico to the U.S. border. Guatemala has also arrested dozens of drug suspects and torched huge cannabis and poppy fields, but is struggling. The U.S. government has sent speedboats and night-vision goggles under a regional drug aid package, but much more is needed. In February 2009, Los Zetas threatened to kill the President of Guatemala, Álvaro Colom.[210] On March 1, 2010, 
Guatemala’s chief of national police and the country’s top anti-drugs official have been arrested over alleged links to drug trafficking.[209] A report from the Brookings Institution[211] warns that, without proactive, timely efforts, the violence will spread throughout the Central American region.[212]
According to the United States government, Los Zetas control 75% of Guatemala through violence, political corruption and infiltration in the country’s institutions.[213] Sources mentioned that Los Zetas gained ground in Guatemala after they killed several high-profile members and the supreme leader of Los Leones, an organized crime group from Guatemala.


According to recent reports, the U.S. Drug Enforcement Agency (DEA) participated in a drug raid with Honduran police that left at least four civilians dead.  Honduran news sources report that two of those killed were pregnant women. The U.S. has yet to issue a statement regarding this atrocity.

Please click here to join us in demanding a prompt response, including an investigation and prosecution of those responsible for these murders.

The U.S. has steadily increased its focus on Honduras in the “war against drugs.” As we have seen in Mexico and Colombia, civilians too often get caught in the crossfire. Leading Honduran human rights organization COFADEH states:  “From the perspective of human rights organizations, this reality is unacceptable and reprehensible.”

The U.S. DEA regularly sends special units abroad in the “war against drugs.” According to reports, on May 11th U.S. DEA agents were accompanying Honduran police in an attempt to capture drug traffickers along the Patuca River in La Moskitia.

During the raid, a helicopter carrying U.S. and Honduran agents opened fire on a boat of civilians, killing Emerson Martínez, Chalo Brock Wood, Candelaria Tratt Nelson, Juana Banegas and the women’s unborn children.

Thank you for taking your time to raise attention to this important issue.

In order to address your message to the appropriate recipient, we need to identify where you are.

Undercover American narcotics agents have laundered millions of dollars in drug proceeds

By GINGER THOMPSON/New York Times
http://www.nytimes.com/2011/12/04/world/americas/us-drug-agents-launder-profits-of-mexican-cartels.html?nl=todaysheadlines&emc=tha2

WASHINGTON — Undercover American narcotics agents have laundered or smuggled millions of dollars in drug proceeds as part of Washington’s expanding role in Mexico’s fight against drug cartels, according to current and former federal law enforcement officials.

The agents, primarily with the Drug Enforcement Administration, have handled shipments of hundreds of thousands of dollars in illegal cash across borders, those officials said, to identify how criminal organizations move their money, where they keep their assets and, most important, who their leaders are.

They said agents had deposited the drug proceeds in accounts designated by traffickers, or in shell accounts set up by agents.

The officials said that while the D.E.A. conducted such operations in other countries, it began doing so in Mexico only in the past few years. The high-risk activities raise delicate questions about the agency’s effectiveness in bringing down drug kingpins, underscore diplomatic concerns about Mexican sovereignty, and blur the line between surveillance and facilitating crime. As it launders drug money, the agency often allows cartels to continue their operations over months or even years before making seizures or arrests.

Agency officials declined to publicly discuss details of their work, citing concerns about compromising their investigations. But Michael S. Vigil, a former senior agency official who is currently working for a private contracting company called Mission Essential Personnel, said, “We tried to make sure there was always close supervision of these operations so that we were accomplishing our objectives, and agents weren’t laundering money for the sake of laundering money.”

Another former agency official, who asked not to be identified speaking publicly about delicate operations, said, “My rule was that if we are going to launder money, we better show results. Otherwise, the D.E.A. could wind up being the largest money launderer in the business, and that money results in violence and deaths.”

Those are precisely the kinds of concerns members of Congress have raised about a gun-smuggling operation known as Fast and Furious, in which agents of the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives allowed people suspected of being low-level smugglers to buy and transport guns across the border in the hope that they would lead to higher-level operatives working for Mexican cartels. After the agency lost track of hundreds of weapons, some later turned up in Mexico; two were found on the United States side of the border where an American Border Patrol agent had been shot to death.

Former D.E.A. officials rejected comparisons between letting guns and money walk away. Money, they said, poses far less of a threat to public safety. And unlike guns, it can lead more directly to the top ranks of criminal organizations.

“These are not the people whose faces are known on the street,” said Robert Mazur, a former D.E.A. agent and the author of a book about his years as an undercover agent inside the Medellín cartel in Colombia. “They are super-insulated. And the only way to get to them is to follow their money.”

Another former drug agency official offered this explanation for the laundering operations: “Building up the evidence to connect the cash to drugs, and connect the first cash pickup to a cartel’s command and control, is a very time consuming process. These people aren’t running a drugstore in downtown L.A. that we can go and lock the doors and place a seizure sticker on the window. These are sophisticated, international operations that practice very tight security. And as far as the Mexican cartels go, they operate in a corrupt country, from cities that the cops can’t even go into.”

The laundering operations that the United States conducts elsewhere — about 50 so-called Attorney General Exempt Operations are under way around the world — had been forbidden in Mexico after American customs agents conducted a cross-border sting without notifying Mexican authorities in 1998, which was how most American undercover work was conducted there up to that point.

But that changed in recent years after President Felipe Calderón declared war against the country’s drug cartels and enlisted the United States to play a leading role in fighting them because of concerns that his security forces had little experience and long histories of corruption.

Today, in operations supervised by the Justice Department and orchestrated to get around sovereignty restrictions, the United States is running numerous undercover laundering investigations against Mexico’s most powerful cartels. One D.E.A. official said it was not unusual for American agents to pick up two or three loads of Mexican drug money each week. A second official said that as Mexican cartels extended their operations from Latin America to Africa, Europe and the Middle East, the reach of the operations had grown as well. When asked how much money had been laundered as a part of the operations, the official would only say, “A lot.”

“If you’re going to get into the business of laundering money,” the official added, “then you have to be able to launder money.”

Former counternarcotics officials, who also would speak only on the condition of anonymity about clandestine operations, offered a clearer glimpse of their scale and how they worked. In some cases, the officials said, Mexican agents, posing as smugglers and accompanied by American authorities, pick up traffickers’ cash in Mexico. American agents transport the cash on government flights to the United States, where it is deposited into traffickers’ accounts, and then wired to companies that provide goods and services to the cartel.

In other cases, D.E.A. agents, posing as launderers, pick up drug proceeds in the United States, deposit them in banks in this country and then wire them to the traffickers in Mexico.

The former officials said that the drug agency tried to seize as much money as it laundered — partly in the fees the operatives charged traffickers for their services and another part in carefully choreographed arrests at pickup points identified by their undercover operatives.

And the former officials said that federal law enforcement agencies had to seek Justice Department approval to launder amounts greater than $10 million in any single operation. But they said that the cap was treated more as a guideline than a rule, and that it had been waived on many occasions to attract the interest of high-value targets.

“They tell you they’re bringing you $250,000, and they bring you a million,” one former agent said of the traffickers. “What’s the agent supposed to do then, tell them no, he can’t do it? They’ll kill him.”

It is not clear whether such operations are worth the risks. So far there are few signs that following the money has disrupted the cartels’ operations, and little evidence that Mexican drug traffickers are feeling any serious financial pain. Last year, the D.E.A. seized about $1 billion in cash and drug assets, while Mexico seized an estimated $26 million in money laundering investigations, a tiny fraction of the estimated $18 billion to $39 billion in drug money that flows between the countries each year.

Mexico has tightened restrictions on large cash purchases and on bank deposits in dollars in the past five years. But a proposed overhaul of the Mexican attorney general’s office has stalled, its architects said, as have proposed laws that would crack down on money laundered through big corporations and retail chains.

“Mexico still thinks the best way to seize dirty money is to arrest a trafficker, then turn him upside down to see how much change falls out of his pockets,” said Sergio Ferragut, a professor at the Autonomous Technological Institute of Mexico and the author of a book on money laundering, which he said was “still a sensitive subject for Mexican authorities.”

Mr. Calderón boasts that his government’s efforts — deploying the military across the country — have fractured many of the country’s powerful cartels and led to the arrests of about two dozen high-level and midlevel traffickers.

But there has been no significant dip in the volume of drugs moving across the country. Reports of human rights violations by police officers and soldiers have soared. And drug-related violence has left more than 40,000 people dead since Mr. Calderón took office in December 2006.

The death toll is greater than in any period since Mexico’s revolution a century ago, and the policy of close cooperation with Washington may not survive.

“We need to concentrate all our efforts on combating violence and crime that affects people, instead of concentrating on the drug issue,” said a former foreign minister, Jorge G. Castañeda, at a conference hosted last month by the Cato Institute in Washington. “It makes absolutely no sense for us to put up 50,000 body bags to stop drugs from entering the United States.”

By GINGER THOMPSON/New York Times
http://www.nytimes.com/2011/12/04/world/americas/us-drug-agents-launder-profits-of-mexican-cartels.html?nl=todaysheadlines&emc=tha2

WASHINGTON — Undercover American narcotics agents have laundered or smuggled millions of dollars in drug proceeds as part of Washington’s expanding role in Mexico’s fight against drug cartels, according to current and former federal law enforcement officials.

The agents, primarily with the Drug Enforcement Administration, have handled shipments of hundreds of thousands of dollars in illegal cash across borders, those officials said, to identify how criminal organizations move their money, where they keep their assets and, most important, who their leaders are.

They said agents had deposited the drug proceeds in accounts designated by traffickers, or in shell accounts set up by agents.

The officials said that while the D.E.A. conducted such operations in other countries, it began doing so in Mexico only in the past few years. The high-risk activities raise delicate questions about the agency’s effectiveness in bringing down drug kingpins, underscore diplomatic concerns about Mexican sovereignty, and blur the line between surveillance and facilitating crime. As it launders drug money, the agency often allows cartels to continue their operations over months or even years before making seizures or arrests.

Agency officials declined to publicly discuss details of their work, citing concerns about compromising their investigations. But Michael S. Vigil, a former senior agency official who is currently working for a private contracting company called Mission Essential Personnel, said, “We tried to make sure there was always close supervision of these operations so that we were accomplishing our objectives, and agents weren’t laundering money for the sake of laundering money.”

Another former agency official, who asked not to be identified speaking publicly about delicate operations, said, “My rule was that if we are going to launder money, we better show results. Otherwise, the D.E.A. could wind up being the largest money launderer in the business, and that money results in violence and deaths.”

Those are precisely the kinds of concerns members of Congress have raised about a gun-smuggling operation known as Fast and Furious, in which agents of the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives allowed people suspected of being low-level smugglers to buy and transport guns across the border in the hope that they would lead to higher-level operatives working for Mexican cartels. After the agency lost track of hundreds of weapons, some later turned up in Mexico; two were found on the United States side of the border where an American Border Patrol agent had been shot to death.

Former D.E.A. officials rejected comparisons between letting guns and money walk away. Money, they said, poses far less of a threat to public safety. And unlike guns, it can lead more directly to the top ranks of criminal organizations.

“These are not the people whose faces are known on the street,” said Robert Mazur, a former D.E.A. agent and the author of a book about his years as an undercover agent inside the Medellín cartel in Colombia. “They are super-insulated. And the only way to get to them is to follow their money.”

Another former drug agency official offered this explanation for the laundering operations: “Building up the evidence to connect the cash to drugs, and connect the first cash pickup to a cartel’s command and control, is a very time consuming process. These people aren’t running a drugstore in downtown L.A. that we can go and lock the doors and place a seizure sticker on the window. These are sophisticated, international operations that practice very tight security. And as far as the Mexican cartels go, they operate in a corrupt country, from cities that the cops can’t even go into.”

The laundering operations that the United States conducts elsewhere — about 50 so-called Attorney General Exempt Operations are under way around the world — had been forbidden in Mexico after American customs agents conducted a cross-border sting without notifying Mexican authorities in 1998, which was how most American undercover work was conducted there up to that point.

But that changed in recent years after President Felipe Calderón declared war against the country’s drug cartels and enlisted the United States to play a leading role in fighting them because of concerns that his security forces had little experience and long histories of corruption.

Today, in operations supervised by the Justice Department and orchestrated to get around sovereignty restrictions, the United States is running numerous undercover laundering investigations against Mexico’s most powerful cartels. One D.E.A. official said it was not unusual for American agents to pick up two or three loads of Mexican drug money each week. A second official said that as Mexican cartels extended their operations from Latin America to Africa, Europe and the Middle East, the reach of the operations had grown as well. When asked how much money had been laundered as a part of the operations, the official would only say, “A lot.”

“If you’re going to get into the business of laundering money,” the official added, “then you have to be able to launder money.”

Former counternarcotics officials, who also would speak only on the condition of anonymity about clandestine operations, offered a clearer glimpse of their scale and how they worked. In some cases, the officials said, Mexican agents, posing as smugglers and accompanied by American authorities, pick up traffickers’ cash in Mexico. American agents transport the cash on government flights to the United States, where it is deposited into traffickers’ accounts, and then wired to companies that provide goods and services to the cartel.

In other cases, D.E.A. agents, posing as launderers, pick up drug proceeds in the United States, deposit them in banks in this country and then wire them to the traffickers in Mexico.

The former officials said that the drug agency tried to seize as much money as it laundered — partly in the fees the operatives charged traffickers for their services and another part in carefully choreographed arrests at pickup points identified by their undercover operatives.

And the former officials said that federal law enforcement agencies had to seek Justice Department approval to launder amounts greater than $10 million in any single operation. But they said that the cap was treated more as a guideline than a rule, and that it had been waived on many occasions to attract the interest of high-value targets.

“They tell you they’re bringing you $250,000, and they bring you a million,” one former agent said of the traffickers. “What’s the agent supposed to do then, tell them no, he can’t do it? They’ll kill him.”

It is not clear whether such operations are worth the risks. So far there are few signs that following the money has disrupted the cartels’ operations, and little evidence that Mexican drug traffickers are feeling any serious financial pain. Last year, the D.E.A. seized about $1 billion in cash and drug assets, while Mexico seized an estimated $26 million in money laundering investigations, a tiny fraction of the estimated $18 billion to $39 billion in drug money that flows between the countries each year.

Mexico has tightened restrictions on large cash purchases and on bank deposits in dollars in the past five years. But a proposed overhaul of the Mexican attorney general’s office has stalled, its architects said, as have proposed laws that would crack down on money laundered through big corporations and retail chains.

“Mexico still thinks the best way to seize dirty money is to arrest a trafficker, then turn him upside down to see how much change falls out of his pockets,” said Sergio Ferragut, a professor at the Autonomous Technological Institute of Mexico and the author of a book on money laundering, which he said was “still a sensitive subject for Mexican authorities.”

Mr. Calderón boasts that his government’s efforts — deploying the military across the country — have fractured many of the country’s powerful cartels and led to the arrests of about two dozen high-level and midlevel traffickers.

But there has been no significant dip in the volume of drugs moving across the country. Reports of human rights violations by police officers and soldiers have soared. And drug-related violence has left more than 40,000 people dead since Mr. Calderón took office in December 2006.

The death toll is greater than in any period since Mexico’s revolution a century ago, and the policy of close cooperation with Washington may not survive.

“We need to concentrate all our efforts on combating violence and crime that affects people, instead of concentrating on the drug issue,” said a former foreign minister, Jorge G. Castañeda, at a conference hosted last month by the Cato Institute in Washington. “It makes absolutely no sense for us to put up 50,000 body bags to stop drugs from entering the United States.”