entrevistas al narco

Popeye, Sicario de Pablo Escobar

¿Qué significa ser psicópata? Las actitudes de los profesionales de la violencia chocan por la naturalidad con que se manifiestan y las historias de sus vidas, simplemente ejemplos de la racionalidad instrumental del ser humano.

Published on Sep 14, 2015
Seguramente la entrevista mas reveladora del ex jefe de sicario del Cartel de Medellin y mano derecha de Pablo Escobar Jhon Jairo Velasquez. Uno de los mejores reporteros de Puerto Rico Normando Valentin fue a Colombia y realizo esta entrevista que fue transmitida en su programa investigativo Ahi esta la Verdad.

Published on Jan 10, 2016
Este video originalmente fue publicado en rollingstone.com

Ciudad de México, 10 de enero (AP/SinEmbargo/EFE).– Fuentes del Gobierno de México dijeron ayer sábado a ABC News que investigan a los actores Sean Penn y Kate del Castillo por la entrevista para Rolling Stone con Joaquín Archivaldo Guzmán, alias “El Chapo”, mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó cualquier comentario al respecto.

Una segunda fuente dijo a AFP que no estaba claro si los actores habrían cometido un crimen. Explicó que un reportero puede entrevistar a un presunto narcotraficante, pero “ellos no son periodistas”.

Popeye, Sicario de Pablo Escobar

¿Qué significa ser psicópata? Las actitudes de los profesionales de la violencia chocan por la naturalidad con que se manifiestan y las historias de sus vidas, simplemente ejemplos de la racionalidad instrumental del ser humano.

Published on Sep 14, 2015
Seguramente la entrevista mas reveladora del ex jefe de sicario del Cartel de Medellin y mano derecha de Pablo Escobar Jhon Jairo Velasquez. Uno de los mejores reporteros de Puerto Rico Normando Valentin fue a Colombia y realizo esta entrevista que fue transmitida en su programa investigativo Ahi esta la Verdad.

Published on Jan 10, 2016
Este video originalmente fue publicado en rollingstone.com

Ciudad de México, 10 de enero (AP/SinEmbargo/EFE).– Fuentes del Gobierno de México dijeron ayer sábado a ABC News que investigan a los actores Sean Penn y Kate del Castillo por la entrevista para Rolling Stone con Joaquín Archivaldo Guzmán, alias “El Chapo”, mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó cualquier comentario al respecto.

Una segunda fuente dijo a AFP que no estaba claro si los actores habrían cometido un crimen. Explicó que un reportero puede entrevistar a un presunto narcotraficante, pero “ellos no son periodistas”.

el cártel de Sinaloa y los gobiernos

20 de abril de 2014 • 11:09 • actualizado a las 11:10

ABEL BARAJAS
Ciudad de México

En su afán por infiltrar y capturar a miembros de su organización criminal, el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) traficó cocaína del capo Ismael “El Mayo” Zambada, desde Phoenix, Arizona, hasta la ciudad de Nueva York.

El ICE se infiltró desde el 2006 en el círculo cercano de “El Mayo” y permitió que sus “topos” llevaran a cabo entregas controladas de kilogramos de cocaína para la célula que encabezaba su hombre de confianza José Lamberto Verdugo Calderón “El Verdugo”.

Una entrega controlada de 129 kilos de cocaína en la ciudad de los rascacielos proporcionó a los estadounidenses información de números telefónicos y cómplices, que resultó útil para que el Ejército ubicara y abatiera a Verdugo en Culiacán, Sinaloa, el 22 de enero de 2009.

La cuenta regresiva para el operador de “El Mayo” comenzó el 2 de Diciembre de 2006, cuando agentes especiales del ICE reclutaron en San Diego, California, a un informante muy valioso para sus pesquisas, señala un oficio del 1 de diciembre del 2008, suscrito por Louis R. García, entonces Agregado de esa agencia en México.

El documento, entregado a la PGR y después integrado a un expediente judicial, dice que el colaborador del ICE era un sujeto a quien la organización de Zambada había delegado la responsabilidad de transportar la cocaína de Arizona a la costa Este.

Tres meses antes de hablar con los estadounidenses, el “topo” había estado en Sinaloa, para reunirse con Verdugo. Conoció uno de sus ranchos, cerca de Culiacán, donde había un almacén con refrigeración que conservaba varias toneladas de cocaína empaquetada en ladrillos.

Desde su primer encuentro, el confidente señaló a los oficiales que Verdugo era el hombre que operaba para “El Mayo” las entregas de drogas y la recepción del dinero. Era un tipo de extracción rural y de bajo perfil que traficaba cocaína desde hacía más de una década.

Verdugo no era un desconocido para los estadounidenses, porque tenían registros de miembros de su grupo delictivo desde la década de los 90 y su hermano Rodrigo había sido detenido en Arizona por narcotráfico, en noviembre de 2003.

En un oficio con número MLVU: 0607: MX02BR07SY0003: tg, el ICE refiere que en diciembre de 2006 dio luz verde para iniciar una entrega controlada de 129 kilos de cocaína propiedad de Verdugo. El cargamento había entrado por Nogales, estaba en Phoenix y debían llevarlo a Nueva York.

“Agentes de la Oficina de ICE en San Isidro acompañaron al informante a Phoenix, Arizona, para iniciar la operación. El informante recibió instrucciones de recoger la cocaína en Phoenix, el 10 de Diciembre de 2006”, indica el reporte.

El teléfono del infiltrado era escuchado por el ICE. Ese día a las 10:00 horas habló con un sujeto apodado “El Güero”, quien lo citó al medio día en una tienda de juguetes “Toys R US” ubicada en la Dunlap Avenue de Phoenix.

A las 13:10 horas, agentes encubiertos fotografiaron al salir de la tienda a su informante con otras 7 personas -5 hombres y dos mujeres-, quienes se acercaron a un carro Prelude Honda rojo con placas de Arizona 756 TJW, registrado a nombre de Ossiel Sámano Loaiza.

El infiltrado se subió al carro, cuya cajuela iba cargada de cocaína, y 5 minutos después se marchó del estacionamiento; sus cómplices se quedaron junto a un vehículo Intrepid Dodge.

Los agentes del ICE mantuvieron un seguimiento encubierto del Honda, para cerciorarse que no hubiese contra vigilancia. Su informante condujo hasta el Centro Comercial Desert Ridge, en el Tatum Boulevard, en Phoenix.

Allí lo esperaban otros agentes, quienes sacaron del carro 129 kilos de cocaína y los llevaron hasta las oficinas del ICE, donde pesaron, fotografiaron y practicaron dictámenes químicos a la droga.

“Entre el 13 y 17 de Diciembre de 2006, Agentes de ICE de la Oficina de San Isidro, California, acompañaron al informante a Nueva York… El 15 de Diciembre hicieron una entrega controlada en Nueva York de 129 kilogramos de cocaína, procedentes de la organización de Verdugo Calderón”, señala el informe.

A raíz de esta entrega, se obtuvo información que llevó a la captura de José Oscar del Castillo Gallardo, el 20 de enero de 2007, cuando esquiaba en Big Bear Lake, California.

Del Castillo, quien tenía en su celular registros de llamadas recientes con “El Verdugo”, es compadre de Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, hijo de “El Mayo”, y también es yerno de Víctor Emilio Cazares Gastelum, hombre cercano a Joaquín “El Chapo” Guzmán”.

Su captura llevó a un aseguramiento de 38 mil dólares en Michigan, el 6 de febrero siguiente, y luego a la incautación de 2 millones 11 mil 956 dólares en Chicago, Illinois, el 2 de Abril de 2007. El cerco sobre Verdugo se iba cerrando desde Estados Unidos.

El 10 de septiembre de 2008 el Ejército Mexicano aseguró 26 millones 202 mil 176 dólares en una de sus casas de seguridad en Culiacán. El golpe fue el preludio final para “El Verdugo”, quien fue localizado y abatido por los militares el 22 de enero de 2009.


Jueves, 10 de abril de 2014 a las 15:45

(CNNMéxico) — El Vicentillo había insistido en declararse inocente… pero cambió de postura para reducir la condena que pudieran imponerle.

Vicente Zambada Niebla, vinculado con el cártel de Sinaloa, se declaró culpable hace un año en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y está “cooperando” con las autoridades de ese país, informaron este jueves funcionarios federales estadounidenses.

Entre otros puntos, admitió que en el lapso de 2005 a 2008 era un integrante de alto rango del cártel de Sinaloa, y que encabezó muchas operaciones de tráfico de drogas, por su cuenta y en cooperación con su padre, Ismael el Mayo Zambada.

El acuerdo con el que se declaró culpable, establecido el tres de abril de 2013, se detalló de forma pública en la Corte de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, de acuerdo con un comunicado de esa instancia de justicia.

“Bajo el acuerdo de culpabilidad, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua, una sentencia mínima obligatoria de 10 años, y una multa máxima de 4 millones de dólares”, agregó el mensaje oficial.

Pero “si el gobierno (de EU) determina en el momento de la sentencia que Zambada Niebla ha seguido prestando una cooperación plena y veraz, como lo exige el acuerdo de culpabilidad”, se reducirá la sentencia aconsejada, de cadena perpetua.

Al menos seis de ochos líderes del narcotráfico extraditados a territorio estadounidense desde 2007 establecieron acuerdos con fiscales de ese país, para declararse culpables y reducir sus condenas.

En esa lista están Eduardo Arellano Félix, el Doctor; Benjamín Arellano Félix, Osiel Cárdenas Guillén, Héctor el Güero Palma, Miguel Caro Quintero y Mario Villanueva.

El Vicentillo era el único de los capos extraditados que se había declarado inocente.

Zambada Niebla permanece bajo custodia de Estados Unidos —a donde fue extraditado desde febrero de 2010—, y hasta el momento se no ha fijado una fecha para darle una sentencia a su caso.

En otro punto del acuerdo, Zambada Niebla se comprometió a no impugnar una sentencia con la que se estableció un decomiso de 1,300 millones de dólares.

En específico, Zambada Niebla se declaró culpable de un cargo de conspiración para poseer e intentar distribuir en territorio estadounidense múltiples kilogramos de cocaína y heroína, entre 2005 y 2008.

“La declaración de culpabilidad significa que no habrá juicio para Zambada-Niebla, cuyo caso fue separado del de sus coacusados”, entre los que están su padre, Ismael Zambada (prófugo), y Joaquín el Chapo Guzmán (detenido en México), ambos presuntos líderes del cártel de Sinaloa, de acuerdo con el comunicado de la Corte de Distrito para el Distrito Norte de Illinois.

El Vicentillo fue detenido en 2009, en la capital mexicana.

Al ser extraditado a Estados Unidos, en ese país lo acusaron junto a el Mayo y el Chapo Guzmán de obtener armas, y planear usar la fuerza para defender al cártel de Sinaloa, además de conspirar para importar drogas a territorio estadounidense.

En abril de 2012 un juez federal estadounidense se negó a retirar los cargos en contra de Zambada Niebla, quien alegaba que tenía inmunidad porque trabajaba como informante de la DEA.

Las confesiones de Zambada

“Zambada Niebla confesó que entre mayo de 2005 y diciembre de 2008 él era un miembro de alto nivel del cártel de Sinaloa, y que fue responsable de muchos aspectos de sus operaciones de tráfico de drogas, ‘tanto de forma independiente y como un hombre de confianza de su padre’, para quien actuó como coordinador sustituto y logístico”, según el acuerdo de culpabilidad.

También admitió que era consciente de que su padre, el Mayo Zambada, era uno de los líderes del cártel de Sinaloa desde 1970, y que su principal medio de vida derivó de su venta de drogas en Estados Unidos.

Además dijo que el cártel de Sinaloa utilizó vuelos privados, submarinos y otros vehículos sumergibles, buques de pesca, vagones de ferrocarril, además automóviles para realizar el traslado de drogas, desde Centro y Sudamérica, para pasar por el interior de México, hasta llegar a Estados Unidos.

“Zambada Niebla también admitió que era consciente de que el cartel usó la violencia e hizo amenazas creíbles de violencia contra cárteles rivales y autoridades en México para facilitar su negocio”, agregó el documento que se dio a conocer este jueves.


26 de febrero de 2014

MÉXICO, D.F. (apro).- La convocatoria anónima surtió efecto: cientos de personas salieron a marchar a las calles de Culiacán y Guamúchil, en Sinaloa, para exigir a las autoridades federales la liberación de su “héroe”, Joaquín El Chapo Guzmán.

Ataviados con playeras y gorras blancas, y acompañados de música de banda, los manifestantes –mujeres, hombres, jóvenes y niños– alzaron pancartas con las leyendas: “Queremos libre al Chapo”, “No queremos otra guerra, liberen al Chapo” y “Chapo, hazme un hijo”.

También circularon volantes que pedían “un juicio justo” para Guzmán Loera. “Exigimos la no extradición porque todo mexicano tiene derecho a ser juzgado en su país”, decía otra manta. Una más: “Familia, amigos y pueblo exigen hagan valer los derechos humanos del señor Joaquín Guzmán”.


Dámaso López, posible sucesor de Joaquín “El Chapo” Guzmán

22 de febrero de 2014•18:28 • actualizado a las 18:36

Ciudad de México.- La detención del narcotraficante más buscado en el mundo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, es un acierto para el gobierno mexicano, pero esta captura podría incrementar la violencia en el país, advirtió la firma de inteligencia Stratfor.

Señaló que quienes se quedan al mando del Cártel de Sinaloa, tras ser capturado su máximo líder, buscarán a toda costa mantener el poder de esta organización criminal.

Según el informe, se “podría desatar una ola de violencia en todo el noroeste de México, si los cambios internos evolucionan en conflicto intracártel”.

El Cártel de Sinaloa, refirió Stratfor, ha enfrentado a una serie de arrestos desde diciembre pasado y a diversos desafíos en sus áreas de operaciones por las redes criminales regionales y transnacionales.

Stratfor agrega que “el ritmo y el éxito de las operaciones dirigidas a los principales líderes de la Federación de Sinaloa obstaculizarán seriamente la capacidad del cártel para defender sus operaciones en el noroeste de México, que posiblemente lleve a la violencia sustancial en varias áreas a medida que organizaciones criminales rivales buscan explotar nuevas vulnerabilidades del cártel”.


Ciudad de México.- Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, líder del llamado Cártel de Sinaloa es “sustituible” y ya no es “intocable”, indica un análisis de la agencia de inteligencia estadunidense Stratfor.

Según el documento, el territorio liderado por el también prófugo de la justicia desde 2011, está en riesgo ante ataques de grupos rivales que se disputan las plazas del narcotráfico.

En el texto titulado “La mitificación de ‘El Chapo’”, Stratfor explica que las organizaciones criminales Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Mazatlecos mantienen una estrategia bélica en los bastiones del “Chapo” Guzmán, es decir, Jalisco y Sinaloa.

Según la agencia de inteligencia, la presunta protección del Gobierno hacia el capo de la droga es sólo un “mito popular” y advierte que paulatinamente se incrementan los frentes en contra de su presencia criminal.

Expuso que en los primeros meses de este año, el CJNG rompió relaciones de manera definitiva con “el Chapo” tras el asesinato de uno de sus aliados, José Manuel Garibay Félix, alias “El Gordo”, y ahora pretende hacerse cargo de la producción de drogas químicas y su trasiego en el estado de Jalisco.

Asimismo, “los remanentes de lo que alguna vez fue la organización de los Beltrán Leyva conforman al grupo denominado Los Mazatlecos, que representan una potente amenaza para la organización de ‘El Chapo’ a lo largo de Sinaloa”, refiere Stratfor.

En los últimos seis años “el Chapo” perdió la alianza con Los Beltrán Leyva y han sido detenidos ocho mandos medios o altos del Cártel de Sinaloa, así como de personas cercanas a Guzmán Loera, y está latente la amenaza de grupos como Los Caballeros Templarios y Los Zetas.

Sin embargo, la eventual captura o eliminación del “Chapo” no representaría el fin de la organización delictiva que lidera, pues en este cártel existe un triunvirato conformado por Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José Esparragoza, “El Azul”, quienes en caso de esta ausencia, seguirían con sus negocios ilícitos.


Ciudad de México.- Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, presunta hija del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable ante Cathy Ann Bencivengo, jueza de Distrito de Estados Unidos.
La supuesta hija del líder del Cártel de Sinaloa fue capturada el 12 de octubre en San Diego, California, acusada de fraude, así como uso ilegal de visas, permisos y diversos documentos.

Cathy Ann Bencivengo también ordenó su liberación, pues consideró que Guzmán cumplió su sentencia, después de más de dos meses de reclusión.
El 25 de octubre se había declarado inocente, pero el lunes recibió seis cargos de inmigración ante la Corte Federal de San Diego.
La mujer, de 31 años de edad, admitió haber intentado cruzar la frontera por la garita de San Ysidro identificada con una visa legal, pero de otra persona.
Guzmán Salazar tenía siete meses de embarazo cuando fue detenida por ingresar a Estados Unidos con una visa ajena para dar a luz a su hijo en el país norteamericano.
En la audiencia a la que no se convocó a los medios de comunicación, se ordenó la deportación inmediata de Guzmán Salazar, confirmaron fuentes judiciales.
La acusada tenía programada una audiencia para el 20 de diciembre de 2012; no obstante, su defensa llegó a una negociación con las autoridades norteamericanas.
Alejandrina Giselle, hoy con nueve meses de embarazo, aún está bajo la custodia de autoridades migratorias y se desconoce cuándo será deportada.
El Departamento de Justicia descartó otros cargos relacionados con el supuesto parentesco con el narcotraficante más buscado en México.
La Oficina del Fiscal en San Diego no ha confirmado que sea hija de Guzmán Loera, y no hay ninguna mención de este supuesto parentesco en su declaración.


MÉXICO, D.F. (apro).- Una Corte federal de San Diego, California, pospuso para el próximo 20 de diciembre la comparecencia de Alejandrina Guzmán, presunta hija de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, ante la juez Cathy Ann Bencivengo.

Alejandrina enfrenta seis cargos federales relacionados con las leyes de migración de Estados Unidos –fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos–, tras su detención, el pasado 15 de octubre en el puerto internacional de San Ysidro, al sur de San Diego.

La Corte estadunidense evitó detallar su decisión de cambiar la fecha de la audiencia.

No obstante, Guadalupe Valencia, abogado de Alejandrina Guzmán, destacó que la presentación ante la Corte fue pospuesta de común acuerdo entre las partes, con el fin de recopilar más información del caso.

La supuesta hija del líder del cártel de Sinaloa fue detenida a mediados de octubre pasado en la garita de San Ysidro, California, cuando intentaba ingresar a Estados Unidos con documentación falsa.

En ese entonces, las autoridades federales informaron que la mujer tenía más de siete meses de embarazo.


¡152 disparos y no hay móvil!

Rubén Torres
19 Noviembre, 2012 – 17:03

Es mezquino aquél que pregunta, obtiene el cómo y qué ocurrió en la carretera México-Cuernavaca el pasado 26 de agosto, pero no el por qué, después que 13 policías federales rociaron con 152 disparos de metralla una camioneta blindada placas BCM-242 diplomáticas bien visibles, donde iban dos “espías’’ gringos en compañía de un capitán de SEMAR y no dicen el móvil.

Es lo único que las huestes de Genaro García Luna, flamante secretario de Seguridad Pública Federal (SSPF), tenaz productor de shows y escándalos mediáticos político-policiacos y la primera abogada de la nación, Marisela Morales Ibáñez, con las versiones de la subprocuradora Victoria Pacheco Jiménez y la Comisionada de la Policía Federal, Maribel Cervantes Guerrero, pero no precisan, porque tampoco lo saben.


Según un estudio de Viridiana Río, investigadora de la Universidad de Harvard, en los últimos ocho años, la presencia de organizaciones del narcotráfico creció más de 13 veces en los municipios mexicanos

Ciudad de México.- En los últimos 8 años, la presencia de cárteles en los municipios del País creció más de 13 veces, señala un estudio de la investigadora Viridiana Ríos.

Ríos, candidata a doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard, y su socio Michele Coscia crearon un algoritmo llamado MOGO (Making Order Using Google As an Oracle), que permite recopilar información de Google News, filtrarla y organizarla para monitorear el movimiento y acción de los cárteles de la droga en México.

“A la gente le sorprenden los resultados del estudio: sólo en el 30 por ciento de los municipios del País hay operación de los grupos del narcotráfico, pero hay que decir que en 2004 el porcentaje de municipios era muchísimo menor. De hecho, sólo operaban en 50 municipios, cuando ahora están en 713”, dijo Ríos en entrevista telefónica.

La investigación se concentra en un documento que titularon: “¿Cómo y Dónde Operan los Criminales? Usando Google para Rastrear a las Organizaciones de Tráfico de Droga en México”.

En su trabajo, los investigadores generaron mapeo sobre estrategias comerciales, áreas de operación y tendencias de crecimiento del crimen organizado.

“Le dimos a nuestro algoritmo los nombres de las organizaciones criminales que buscamos y miembros de estas organizaciones, y MOGO busca en qué momento, en qué año y en qué lugar se menciona a esas organizaciones”, añadió Ríos.

Entre las conclusiones a las que llegaron está que los cárteles de la droga imitan a las empresas, pues plantean crecimiento, intervención y control del mercado dependiendo de sus intereses financieros.


San Diego, California.- Funcionarios de Estados Unidos dijeron que la hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los capos del narcotráfico más buscados del mundo, fue arrestada en San Diego después de ser detenida en la frontera bajo sospecha de intentar ingresar a Estados Unidos con el pasaporte de otra persona.

Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar fue detenida el viernes en el puerto internacional de San Ysidro, al sur de San Diego, y fue acusada de fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos.

Guzmán Salazar le dijo a las autoridades estadounidenses que su padre es Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, en México, dijeron el lunes dos funcionarios de Estados Unidos.

Los funcionarios hablaron bajo condición de guardar el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente del arresto.


México.- Todo parece indicar que la premura para presentar a un joven como hijo de “El Chapo” Guzmán tenía tintes políticos, en pleno cierre de campañas.

Y es que de acuerdo con Juan Heriberto Rangel Méndez, defensor de los dos jóvenes detenidos por marinos en Zapopan, Jalisco, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ofreció a los hermanos Félix y Kevin Beltrán, que aceptaran ser familiares del líder del cártel de Sinaloa, luego los dejarían libres después de las elecciones.

En entrevista con el diario La Jornada, el abogado de los jóvenes dijo que el ofrecimiento se hizo dentro de las propias instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).

“Se dio poco antes de que ambos rindieran su declaración ministerial durante la noche del jueves. Hasta ellos llegaron los agentes de la DEA cuando todavía no estábamos nosotros para defenderlos”, relató al diario.

“Primero le dicen a Félix que acepte que es el hijo de ‘El Chapo’ y que se podría aclarar su situación después de las elecciones. Querían que firmara las declaraciones que le presentaron los de la Siedo. Entonces él les respondió que no iba a firmar nada, y no lo hizo, afortunadamente”, prosiguió.

“Le insistieron: ‘tú acepta, ahorita firmas tu declaración y luego se hace la aclaración que no eras’; después, cuando se convencieron de que no aceptaría, le dijeron: ‘queremos que inculpes a las personas que nosotros te digamos y sales ahorita’”, pero tampoco quiso.

“Obviamente ya no sacaron nada de él, y Félix refiere que llegó un agente de la DEA, un pelón, que le dijo ‘a ver voltéate’, y Félix lo hizo. Le pidió también que se quitara la camisa y luego el agente agregó: ‘no éste no es, el gordo tiene una cicatriz’”, detalló.

Rangel Méndez señaló que supieron que eran agentes de la DEA porque los jóvenes “dicen que los dos agentes eran güeros, altos y hablaban en inglés. Félix dice que le decían las palabras en español mal pronunciado y que cuando él les decía que no, entonces entre ellos hablaban en inglés”.

Indicó que fue la madrugada del sábado, cuando se pudo reunir con ellos, que le contaron lo sucedido con los agentes.

“Vi que no están golpeados ni maltratados, y allí me dijeron que entraron los agentes de la DEA y les propusieron eso”, apuntó el abogado.

La Siedo informó que mantendrá bajo arraigo durante los siguientes 40 días a los hermanos Kevin y Félix Beltrán, pese a que ya descartó que en el caso del primero de ellos se trate del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Con información de La Jornada


La detención, la semana pasada, de una red de operadores de Los Zetas en Estados Unidos, entre ellos Francisco Antonio Colorado Cessa, puso al descubierto los tentáculos del cártel en Veracruz, donde se asentó durante la gestión de Fidel Herrera Beltrán y corrompió a políticos de todo signo. Las primeras indagatorias implican no sólo al exmandatario priista por su cercanía con Pancho Colorado, sino también al PAN y aun al PRD. De acuerdo con declaraciones de funcionarios federales a Proceso, Los Zetas tienen entre 2 mil y 3 mil miembros en ese estado.

La desarticulación de una red de lavado de dinero del cártel de Los Zetas en Estados Unidos vino a constatar que la delgada línea entre política y narcotráfico en Veracruz alcanza lo mismo al PRI que al PAN.

Las investigaciones de la justicia estadunidense contra el número dos de esa organización delictiva y jefe del grupo en el estado, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, afectaron en un primer momento al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, pero pronto alcanzaron al PAN y a su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota.

La justicia estadunidense tiene encausadas en diferentes cortes federales a 35 personas que han sido investigadas desde que Herrera Beltrán era gobernador por la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el Federal Bureau of Investigation (FBI) por su participación en el tráfico de drogas y lavado de dinero entre Veracruz, Tamaulipas y Estados Unidos.

La detención el martes 13, en Oklahoma, del hermano del Z40, José Treviño Morales, colocó de nueva cuenta al exgobernador en el centro de atención. Ese día, la justicia estadunidense hizo pública la acusación contra 15 personas como presuntas responsables de lavar dinero para Los Zetas mediante empresas dedicadas a la crianza de caballos pura sangre y las apuestas en carreras de caballos.

Entre los inculpados, como intermediario en la compra de caballos, está el contratista de Pemex de la zona de Tuxpan, Francisco Antonio Colorado Cessa, quien ha sido beneficiario tanto por el PRI como por las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1859, ya en circulación)


Abel Barajas

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró el rancho “Flor de María” en Tuxpan, Veracruz, propiedad de Francisco Colorado Cessa, quien el jueves se entregó en una Corte Federal de Estados Unidos para enfrentar cargos por presunto lavado de dinero de Los Zetas.

Colorado, dueño de la empresa ADT Petroservicios, es una de las 15 personas acusadas de lavar dinero del cártel por medio de la compra de caballos pura sangre para carreras parejeras.

Según información oficial, en la indagatoria iniciada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), peritos de la PGR valuaron en 34 millones 777 mil pesos esta propiedad que lleva el nombre de la esposa del empresario veracruzano.

La dependencia informó que el rancho de Pancho Colorado, como se le conoce, era utilizado por integrantes de la organización criminal como casa de seguridad y descanso, aunque no precisa si el inmueble había sido invadido o existía un acuerdo entre el dueño y los criminales.

Dentro de los límites de la propiedad, la Policía Federal sostuvo un enfrentamiento con los sicarios de la banda delictiva, en el cual resultaron 26 detenidos, siete heridos y dos muertos, el pasado 22 de marzo.

En aquella ocasión, los agentes abatieron a Enrique Delgado Fraire, “Mando Quique”, identificado por el Gobierno federal como el jefe de plaza de Los Zetas en la zona sur de Tamaulipas y quien organizó la fuga de 53 reos del penal de Cieneguillas, Zacatecas, en mayo de 2009.

Un total de 18 de los 26 detenidos laboraban en el rancho de Pancho Colorado fueron puestos a disposición de la PGR; sin embargo, nunca se informó si luego fueron liberados, consignados o arraigados como sospechosos de colaborar con el crimen organizado.

De acuerdo con informes allegados a la investigación, cuando ocurrió el enfrentamiento en su rancho, el dueño de ADT Petroservicios ya llevaba algunos días en Texas y tras enterarse de los hechos canceló su regreso a México. Se quedó en Houston hasta el día de su entrega.

La PGR indicó que la investigación penal que fundamenta las acusaciones contra Colorado, presentadas en Estados Unidos, forman parte de las indagatorias iniciadas en la SIEDO desde abril 2011, aunque el empresario nunca fue detenido.

En una tarjeta informativa, la dependencia detalló que la investigación que lleva a cabo contra Colorado es por delincuencia organizada, delito considerado como grave y, además, ha realizado varios cateos y aseguramientos de bienes, como es el caso del rancho en Tuxpan.

Agregó que Colorado cuenta con una orden de localización y presentación girada por la SIEDO.

“Existe al respecto, amplia coordinación de la PGR, por medio de la SIEDO, con autoridades de los Estados Unidos de América para detectar empresas y operaciones financieras probablemente provenientes de narcotráfico”, indicó la Procuraduría.

Detallan bitácoras vuelos de JVM

El uso del avión propiedad de Pancho Colorado por parte de Josefina Vázquez Mota quedó registrado en bitácoras de vuelo.

El 14 de mayo de 2010, los pasajeros del avión con matrícula XA-RDJ, propiedad de Aerolíneas Ejecutivas, eran Vázquez Mota — entonces coordinadora de la diputación panista– quien acudió a apoyar la campaña de Cuauhtémoc Calderón, aspirante a la gubernatura de Zacatecas y que viajó de regreso; el entonces diputado federal del PAN, Miguel Martín López, y Alejandro Meléndez, secretario de la panista.

El vuelo cubrió la ruta Toluca-Zacatecas y de regreso.

El 29 de mayo, Pancho Colorado viajó en ese avión del Aeropuerto Nacional El Lencero, en Jalapa, a Poza Rica. De ese destino fue llevado, sin pasajeros a Toluca y ahí recogió el 30 de mayo a Vázquez Mota, Martín López y al diputado federal Carlos Pérez Cuevas, quienes volaron a Jalapa.

Se deslinda Yadhira Carrillo


CHICAGO (apro).- El juez Rubén Castillo, de la Corte federal de Illinois, fijó el próximo 9 de octubre como la nueva fecha para iniciar el juicio por delitos de narcotráfico contra Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo.

En una audiencia para determinar la nueva fecha del juicio, el juez federal dijo que éste reiniciará hasta otoño, tomando en cuenta que es un proceso complicado, y tanto la defensa del acusado como el Departamento de Justicia necesitan tiempo para preparar sus argumentos.

Castillo aclaró que está en proceso de revisión de la información clasificada que le ha entregado el gobierno de Estados Unidos para acusar de narcotráfico a El Vicentillo.

El magistrado dijo a los defensores del presunto capo que estima que a finales de marzo próximo terminará de hacer la revisión de los documentos clasificados.

Y una vez que concluya la revisión de los documentos, el juez Castillo determinará cuáles son los que dejará analizar a la defensa de El Vicentillo.

También destacó que la Corte federal en Illinois dio como plazo a la defensa de Zambada Niebla hasta el 30 de marzo para que presente cualquier otro documento que respalde su pedido de inmunidad para el hijo de Ismael El Mayo Zambada.

El juez Castillo también aclaró que un mes después el Departamento de Justicia responderá a lo que los abogados de El Vicentillo entreguen a la Corte a fines de marzo.

La próxima audiencia de preparación para el juicio será el 18 de abril, fecha para la cual aseguró el juez ya se deberá tener más claro cómo proceder en el caso de Zambada Niebla.

El juzgador dijo además que se tendrá que abordar la situación de otros posibles criminales involucrados en este caso y que podrían ser extraditados de México a Estados Unidos.

En la sesión de este miércoles, Castillo advirtió al Departamento de Justicia que seguirá manteniendo en secreto la información clasificada en el caso de El Vicentillo y que él considere como riesgosa para la seguridad nacional.

Sin embargo, el juez federal enfatizó al gobierno federal que entregará a la defensa del presunto narcotraficante cualquier documento que no presente riesgo de seguridad nacional.

En la misma sesión, la defensa de El Vicentillo reiteró que el hijo de El Mayo Zambada es inocente de los delitos que se le imputan, e insistió que por lo tanto no sólo debe ser puesto en libertad, sino también regresado a México.

Y mientras el juez determina si es válida la documentación que le entregue la defensa, El Vicentillo permanecerá en la prisión federal de Milan, en el estado de Michigan.

Este miércoles, como ya es costumbre, El Vicentillo estuvo presente en la audiencia a través de una videoconferencia y, aunque no fue autorizado para hablar, se veía muy atento a lo que le narraba la traductora (vía telefónica) de lo que se desarrollaba en la sala del juez Castillo.

Tanto los fiscales federales como la defensa del presunto capo declinaron hablar con los reporteros al concluir las audiencias de este día en la ciudad de Chicago.


La defensa del narcotraficante mexicano Vicente Zambada Niebla, que será juzgado en EE.UU. a partir de febrero, alega que la autoridades estadounidenses conspiraron con el Cartel de Sinaloa y prometieron inmunidad a sus jefes.

En un documento que fue presentado a la corte por la defensa de Zambada Niebla, alias “Vicentillo”, y al que Efe tuvo acceso hoy, se responde a los argumentos de la Fiscalía y en particular al hecho de que ésta niegue la existencia de tal acuerdo.

Los abogados defensores afirman que el abogado mexicano Humberto Loya Castro negoció con “agentes autorizados del gobierno de Estados Unidos” como “agente del Cartel de Sinaloa”.

“Cuando Loya Castro se reunió con el Gobierno (de EE.UU.) le dijo a los agentes que estaba autorizado por ‘El Chapo’ Guzmán y que sólo informaría sobre los carteles rivales. Estuvo claro desde el comienzo que no era un informante tradicional”, dice el documento.

Los abogados señalan que al negociar el acuerdo de inmunidad, los agentes federales estadounidenses sabían que Loya Castro “actuaba como agente, consejero y enlace” de los líderes del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, e Israel ‘Mayo’ Zambada”, el padre de “Vicentillo” a quien también se conoce por “Mayito”.

“Muchos de los líderes de los carteles rivales y sus asociados fueron detenidos o muertos” como consecuencia de la información pasada a la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA), agregan.

“En esencia, el gobierno de Estados Unidos se involucró en una conspiración con uno de los mayores carteles de droga del mundo y sabía que la información que le pasaba Loya Castro procedía de El Chapo, Mayo y Vicente Zambada Niebla”, agrega la defensa.

La fiscalía niega la existencia de tal acuerdo, que según el documento de la defensa fue “aprobado por funcionarios del más alto nivel” del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y acusa a “Vicentillo” de haber importado toneladas de drogas a este país como coordinador logístico del Cartel de Sinaloa en Chicago.

Según los argumentos de la defensa, este tipo de acuerdo no sería nuevo y mencionan un artículo publicado en la revista Foreign Affairs por el exjefe de la DEA Robert Bonner, según el cual Estados Unidos utilizó la misma táctica en Colombia para capturar a Pablo Escobar.

“El gobierno no quiere admitir estos acuerdos porque podrían perjudicar su estrategia”, dicen los abogados, que reclaman al juez Rubén Castillo la posibilidad de realizar una audiencia con la participación de Loya Castro y los agentes involucrados en el caso.

El comienzo del juicio está programado para el 13 de febrero, con la participación de “Vicentillo” y otros involucrados en la misma causa identificados como Tomás Arévalo Rentería, Alfredo Guzmán Salazar, Alfredo Vázquez Hernández, Juan Guzmán Rocha, Germán Olivares, Manuel Fernández Navarro y Felipe LNU (que en inglés significa apellido desconocido).

También se incluye a los hermanos Pedro y Margarito Flores, traficantes de Chicago convertidos en principales testigos de cargo.

El juez Castillo convocó a todos los acusados para una audiencia pública mañana, donde se evaluará la marcha del proceso y el intercambio de pruebas entre la acusación y la defensa.

Está pendiente una decisión del magistrado sobre la presentación reservada que haría la fiscalía sobre pruebas o documentos secretos que maneja en la preparación del juicio, y a la que quieren acceder los abogados defensores.

El fiscal federal Patrick J. Fitzgerald, del Distrito Norte de Illinois, considera que la divulgación de material clasificado o secreto al público, o a la defensa del acusado, “puede amenazar la seguridad nacional”, según documentos de la corte.

“Vicentillo” fue detenido en Ciudad de México en marzo de 2009. En febrero de 2010 fue extraditado a EE.UU. y permanece en una cárcel de máxima seguridad de Chicago a la espera de juicio.


México arrestó a un presunto narcotraficante buscado por Estados Unidos y vinculado al capo de la droga más buscado en el país, Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuyo cártel ha sufrido recientes incautaciones y detenciones, dijeron el miércoles autoridades.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal arrestaron en el aeropuerto de la Ciudad de México a Luis “El Güero” Rodríguez, acusado de distribuir toneladas de cocaína en Estados Unidos.

Washington ofrecía hasta cinco millones de dólares por información que llevara a la captura de Rodríguez, quien junto con sus hermanos formó el grupo criminal “Los Güeros”, acusados de traficar droga entre 1996 y el 2008 al servicio del cártel de Sinaloa, que dirige Guzmán, dijo la SSP en un comunicado.

No obstante, según un informe en el sitio de internet del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rodríguez y sus hermanos rompieron con el cártel de Sinaloa alrededor del 2005 y después se aliaron al sanguinario cártel de Los Zetas.

Una corte federal en Nueva York libró en mayo del 2010 una orden de aprehensión contra Rodríguez, al que se le acusa de asociación delictuosa y lavado de dinero, dijo la SSP.

En los últimos meses, las autoridades han capturado varios hombres clave, realizado grandes incautaciones de drogas y detectado narcotúneles fronterizos del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de América.

El Ejército capturó la semana pasada al lugarteniente de Guzmán en el norteño estado de Durango.

Más de 45,000 personas han muerto desde que comenzaron los operativos antinarco en México en diciembre del 2006.


Ciudad de México.- Luego de defender los señalamientos del Presidente Felipe Calderón de la intromisión del crimen en el proceso electoral de Michoacán, el ex senador Diego Fernández de Cevallos calificó como inocente y engañoso decir que el narcotráfico respete el ámbito de política.

El ex candidato presidencial aseguró que es evidente el riesgo de que el narcotráfico se introduzca en un proceso electoral, pues éste, añadió, está en todas partes, por lo que no existe ninguna institución que no esté en riesgo de ser infiltrada.

“Creo que sería inocente y engañoso decir que el crimen va a respetar el ámbito de la política, más aún cuando todo lo que se sucede en la política, de alguna manera, afecta al crimen organizado.

“El crimen organizado está en todas partes, en todas las instituciones no hay ninguna institución en México que esté al margen de ese riesgo. El que diga lo contrario, estará en su derecho, pero creo que no hay ninguna institución, por sagrada que sea, que no tenga riesgos de que se infiltre, de manera perversa, los señores del crimen organizado”, indicó.

En entrevista, Fernández de Cevallos aseguró que en el caso de Michoacán, el Presidente mostró pruebas, pero el aspirante presidencial Enrique Peña Nieto está en su derecho de cuestionar los dichos del Mandatario federal.

Lavado de dinero

Ciudad de México.- Alejandra Sota, portavoz del Presidente Felipe Calderón, negó hoy que el Gobierno mexicano tuviera conocimiento de la operación de lavado de dinero de agentes de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) como parte de la lucha contra el narcotráfico.

“No, no sabía el Gobierno mexicano y es importante resaltar que hemos iniciado una investigación por parte de la Procuraduría General de la República para deslindar responsabilidades y en todo caso investigar si es que hubo este involucramiento’, dijo Sota al programa Al Punto, de la cadena Univisión.

The New York Times reportó el fin de semana pasado que la DEA ha estado lavando o contrabandeando millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Según el diario, en algunos casos, agentes de la DEA llegan a contrabandear de dos a tres cargamentos de dinero a la semana y otros agentes mexicanos acompañados por estadounidenses se hacen pasar por contrabandistas y recogen el dinero en México.

Al ser cuestionada sobre la supuesta participación de agentes mexicanos, Alejandra Sota reiteró que se tiene que investigar.

La portavoz presidencial agregó que informarán los resultados de manera puntual y transparente.

Informó que a través de la inteligencia civil mexicana se tuvo conocimiento del intento del hijo de Gadafi de ingresar a México.

Agregó que gracias a la inteligencia mexicana pudo evitarse el ingreso de Saadi Gaddafi al País, perseguido por los crímenes que se le adjudican en la Corte Penal Internacional (CPI).

Sota negó que hayan participado agentes de otros países, y reiteró que fue una operación exitosa de la inteligencia civil mexicana.

Precisó que sólo hubo cooperación con el Gobierno canadiense para intercambiar información.

Sobre la demanda ante la CPI sobre presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y las fuerzas de seguridad, Sota negó que existan en México violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

“La respuesta que hemos dado con contundencia es que es una acusación que no es válida”, recalcó.

Mencionó que la demanda a nivel internacional no procede y serán los miembros de la Corte quienes decidan.

“Se acusa al Presidente de algo que es su obligación constitucional, que es la protección de los ciudadanos”, enfatizó.

Sobre el tema de la próxima elección presidencial en México, la portavoz indicó que una de las preocupaciones principales del Presidente Felipe Calderón es que los comicios se realicen en paz.

Dijo que desde la Presidencia la obligación es que se realice un proceso y transición ordenados y con apego a la ley.

“Para él es muy importante que la democracia continúe en México”, aseveró la portavoz.
la ley.

Vicente Zambada está en la cárcel en Chicago

Hay una Ley Gringa que permite al estado terminar juicios si se pone en riesgo “Secretos de Estado”, si EUA sigue con la negativa y el juez sigue insistiendo, es posible que salga libre el Vicentillo con toda Impunidad.

El cártel de Sinaloa fue el principal destinatario de las armas de la operación estadunidense Rápido y furioso. Eso lo supieron desde el principio el Departamento de Justicia y varias agencias de inteligencia de Estados Unidos. Pese a ello, continuaron con el operativo y lo ocultaron al gobierno de México. Tal es la conclusión de un informe realizado por los congresistas estadunidenses Darrell E. Issa y Charles E. Grassley. Con base en éste y en otras fuentes y documentos, los periodistas independientes Andrew Kennis y Jason McGahan describen, en un texto para Proceso, aspectos del operativo que terminó por beneficiar al cártel del Chapo Guzmán.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 5 de noviembre de 2010 agentes de la Policía Federal (PF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron el cadáver de Mario Ángel González Rodríguez –hermano de Patricia González, que recién había terminado su gestión como procuradora de Justicia de Chihuahua– en una fosa poco profunda, en la colonia Granjas del Valle de la capital del estado.

Fue “levantado” el 21 de octubre; días después circuló en internet un video en el que aparecía esposado y a merced de cinco hombres armados que vestían uniformes de camuflaje, máscaras y chalecos antibalas. En el video, Mario González dijo que su hermana había ordenado asesinatos a petición del cártel de Juárez.

La procuradora rechazó el señalamiento. Afirmó que los plagiarios habían obligado a su hermano a declarar eso. Sostuvo que el secuestro era una represalia por la persecución que ella había encabezado contra miembros del cártel de Sinaloa y que se había realizado debido a la corrupción de agentes policiacos.

Horas antes de que las autoridades descubrieran el cadáver, agentes de la PF irrumpieron en una casa de seguridad y arrestaron a ocho presuntos miembros de la banda que había secuestrado y asesinado a Mario González. Les decomisaron 16 armas de grueso calibre.

Ese mismo 5 de noviembre, Tonya English, agente de la Oficina de Información Estratégica e Inteligencia (OSSII, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), envió un correo electrónico a David Voth, supervisor del Grupo VII de la ATF en Phoenix, Arizona, para informarle que su oficina había rastreado esas armas decomisadas a los presuntos asesinos de Mario González y que dos de ellas, un par de rifles AK-47, habían llegado a México como parte de la operación Rápido y furioso.

La noticia pronto se regó dentro de la ATF. “Empleados de la OSII contactaron a sus colegas en Phoenix para alertarlos de esta conexión. Agentes de la OSII también se lo dijeron al personal de la oficina de la ATF en México”.

Carlos Canino, agregado alterno de la oficina de la ATF en México, se preocupó. Temía que la prensa mexicana descubriera la conexión entre el asesinato de Mario González y Rápido y furioso. Pidió a sus superiores que informaran de dicha conexión a las autoridades mexicanas o que lo autorizaran a hacerlo él mismo.

Consideraba que si los funcionarios nacionales se enteraban de ese dato por la prensa, y no por las autoridades estadunidenses, les retirarían su confianza a los agentes de la ATF, lo que les impediría trabajar con ellos. En ese caso, razonó, “nosotros sólo podríamos hacer las maletas e ir a casa”. Además, se afectarían aún más las relaciones entre México y Estados Unidos, de por sí tensas a causa de lo que se había sabido de la operación Rápido y furioso.

Pero los directivos de la ATF no respondían a las peticiones de Canino. Le daban largas. Ocho meses después, en junio pasado, el agregado alterno obtuvo “un tipo de aprobación” de su superior inmediato, Daniel Kumor, jefe de Asuntos Internacionales de la ATF, y Canino se comunicó directamente con Marisela Morales, procuradora general de la República. Cuando le soltó la noticia, dice, “ella quedó en shock” y luego exclamó: “¡Híjole!”.

“Todo bajo control”

Esa información aparece en el informe Operación Rápido y furioso del Departamento de Justicia: alimentando la violencia de los cárteles, elaborado por los congresistas Darrell E. Issa, jefe del Comité de Vigilancia y Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes, y Charles E. Grassley, miembro del Comité de Justicia del Senado.

Ellos encabezan la investigación del Congreso sobre Rápido y furioso, por lo que llamaron a comparecer a agentes y funcionarios de la ATF, lo mismo que del Departamento de Justicia. Además, tuvieron acceso a documentos relativos a la operación elaborados por las dos dependencias y por otras, como la DEA y el FBI.

El informe de 60 páginas, fechado el pasado 26 de julio, describe cómo los funcionarios de la ATF en Estados Unidos ocultaron los detalles del operativo Rápido y furioso a las autoridades mexicanas y a los agentes de la ATF destacados en México, aunque éstos empezaron a notificar desde finales de 2009 un “incremento anormal” en el decomiso de armas relacionadas con “una investigación” que se llevaba a cabo en la división de la ATF en Phoenix, Arizona.

Darrell Gil, quien era el jefe de la ATF en México, dijo a los investigadores del Congreso que a finales de 2009 comunicó sus preocupaciones a los funcionarios de la ATF en Phoenix y, como no le hacían caso, lo hizo en enero de 2010 con sus superiores en Washington. En ambos casos recibió respuestas similares: “Existe una investigación en curso”, “estamos trabajando en eso” y “todo está bajo control”.

Gil contó que la división de la ATF en Phoenix bloqueó a sus agentes en México el acceso a la base de datos del sistema de rastreo de armas conocido como e-Trace. Tanto Gil como Canino comentaron que los funcionarios de la ATF en Phoenix y Washington les ocultaban información del operativo porque temían que los agentes en México pudieran compartirla con funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y éstos, a su vez –debido a la corrupción imperante en el país–, la filtraran a los cárteles de la droga, con lo cual fracasaría la investigación.

Más aún, Gil relató que cuando el director de la ATF, Kenneth Melson, y el subprocurador de Justicia de Estados Unidos, Lanny Breuer, realizaron visitas por separado a México en 2010, ambos intentaron calmar las preocupaciones de los agentes destacados en el Distrito Federal. Según Gil, Melson les comentó: “Es una investigación en curso que está proveyendo de alguna buena información de inteligencia (…) Lo vamos a checar cuando regresemos (a Washington), pero yo creo que está dando algunos buenos resultados”.

Destino: el cártel de Sinaloa

Con base en documentos del Departamento de Justicia, el informe de los congresistas señala que hasta julio pasado se habían recuperado 122 armas conectadas con la operación Rápido y furioso en 48 decomisos realizados por las autoridades mexicanas.

Sin embargo, los autores advierten: “existen indicios de que ese número podría ser mayor”. Citan como ejemplo el correo electrónico que Bill Newell, agente “en cargo” de la ATF, envió a su jefe, el subdirector adjunto William McMahon, según el cual hasta el 16 de diciembre de 2010 se habían recuperado 241 armas relacionadas con Rápido y furioso en México y 350 en Estados Unidos.

El informe de los congresistas estadunidenses y otras fuentes consultadas por los reporteros revelan que la mayoría de las armas de Rápido y furioso aparecidas en diversas “escenas del crimen” en México estaba destinada al cártel de Sinaloa.

Por ejemplo, en el informe de los congresistas aparecen extractos de la comparecencia de Steve Martin, director adjunto de la OSII, quien sostuvo que hasta el 27 de febrero de 2010 habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa un total de mil 26 armas de Rápido y furioso, con un valor total de 650 mil dólares, y que de ello eran conscientes los funcionarios de la ATF.

En su comparecencia Martin se refiere a una “sesión informativa” sobre Rápido y furioso que se llevó a cabo el 5 de marzo de 2010 y en la que participaron importantes funcionarios de la ATF:

Pregunta: Después de esa sesión informativa no hay duda que las armas en este caso estaban siendo vinculadas al cártel de Sinaloa, con base en…

Respuesta: Con base en la información presentada. Y podría decir que sí.

Pregunta: Y eso era, presumiblemente, muy claro para todos en el salón (donde se llevó la sesión informativa).

Respuesta: Con base en eso, se dice que la gente (que compra las armas) está conectada con el cártel de Sinaloa, y yo podría decir que es cierto.

El citado informe señala que “el primer gran decomiso de armas ligadas a Rápido y furioso ocurrió el 20 de noviembre de 2009 en Naco, Sonora”. Se trató de 41 rifles AK-47 y un rifle Beowulf calibre.05. Verónica Álvarez Toscano, una mujer de 21 años residente en DeLand, Florida, las transportaba en un vehículo. Las había comprado 24 horas antes en una tienda de armas en Arizona. Lorren Leadman, especialista de la OSII, dijo el 5 de julio a los investigadores del Congreso que Álvarez Toscano admitió ante la policía mexicana que todas las armas estaban destinadas al cártel de Sinaloa.

Tres semanas después, el 9 de diciembre de 2009, efectivos del Ejército Mexicano incautaron en una casa de seguridad de Mexicali, Baja California, un arsenal similar: 41 rifles AK-47, un rifle AR-15, una pistola FN 5.7 y 392 cartuchos de diversos calibres, así como 421 kilogramos de cocaína, 60 kilogramos de metanfetaminas, 2 millones de dólares y 1 millón de pesos en efectivo. Los militares detuvieron a 12 personas, varias de ellas sospechosas de pertenecer al cártel de Sinaloa. “El rastro de las armas recuperadas llevó a testaferros que estaban siendo monitoreados por la operación Rápido y furioso”, señala el informe del Congreso.

Y añade: “Con una segunda gran incautación de armas en menos de tres semanas, los agentes de la ATF que monitoreaban la operación Rápido y furioso tenían pocas dudas de lo que estaba pasando”. Y cita lo que uno de éstos, José Wall, escribió en un correo electrónico a su colega de la agencia, Hope MacAllister: “(el liderazgo del cártel de Sinaloa) se está armando para una guerra”.

El 13 de enero de 2010 la policía de El Paso, Texas, incautó 40 armas largas, cargadores y chalecos antibalas que se encontraban en un auto Volkswagen Jetta abandonado en un estacionamiento de la ciudad. La ATF rastreó los números de serie de las armas. Eran de Rápido y furioso y estaban destinadas a un importante jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez. El informe señala: “Este decomiso pudo representar un cambio en el movimiento de las armas de Rápido y furioso destinadas a la batalla del cártel de Sinaloa por el control del corredor de tráfico de drogas de Ciudad Juárez”.

Hubo otro decomiso importante de armas relacionadas con Rápido y furioso que no aparece en el informe de los congresistas pero que el diario Los Ángeles Times dio a conocer el pasado 8 de octubre con base en los registros de una Corte federal y de documentos de la ATF.

Según esa versión, en abril pasado agentes de la PF tomaron por asalto una casa ubicada en la parte norte de Ciudad Juárez. Los agentes recibieron el chivatazo de que ahí vivían pistoleros. El inmueble, se supo después, pertenecía a José Antonio Torres Marrufo, alias El Marrufo o El Jaguar, jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez

En el gimnasio que estaba en el sótano de la casa, detrás de un muro cubierto por espejos de cuerpo entero los agentes encontraron un cuarto en el que había una ametralladora antiaérea calibre 30, un lanzagranadas, dos docenas de AK-47, rifles Barrett calibre .50 (conocidos como “matapolicías”), 26 mil 708 cartuchos, 247 cargadores, lo mismo que 53 uniformes de la Policía Militar, máquinas registradoras y máscaras antigás. “Hemos confiscado el alijo de armas más importante en la historia de Ciudad Juárez”, se jactó ante la prensa el gobernador de Chihuahua, César Duarte.

Agentes de la ATF rastrearon el origen de las armas. También eran de Rápido y furioso. Un “comprador civil” las adquirió en Phoenix y, con la anuencia de la ATF, las envió a El Paso, Texas, donde miembros del cártel de Sinaloa las “cruzaron” por la frontera.

En su comparecencia ante los congresistas, el funcionario de la ATF Carlos Canino expresó su preocupación sobre los efectos de Rápido y furioso: “Se alega que más de 2 mil armas fueron traficadas en esta operación. Para ponerlo en contexto: el 75 regimiento de la armada de Estados Unidos tiene aproximadamente 2 mil 500 efectivos. Eso significa que, como resultado de esta operación (Rápido y furioso), el cártel de Sinaloa ha recib

20 de abril de 2014 • 11:09 • actualizado a las 11:10

ABEL BARAJAS
Ciudad de México

En su afán por infiltrar y capturar a miembros de su organización criminal, el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) traficó cocaína del capo Ismael “El Mayo” Zambada, desde Phoenix, Arizona, hasta la ciudad de Nueva York.

El ICE se infiltró desde el 2006 en el círculo cercano de “El Mayo” y permitió que sus “topos” llevaran a cabo entregas controladas de kilogramos de cocaína para la célula que encabezaba su hombre de confianza José Lamberto Verdugo Calderón “El Verdugo”.

Una entrega controlada de 129 kilos de cocaína en la ciudad de los rascacielos proporcionó a los estadounidenses información de números telefónicos y cómplices, que resultó útil para que el Ejército ubicara y abatiera a Verdugo en Culiacán, Sinaloa, el 22 de enero de 2009.

La cuenta regresiva para el operador de “El Mayo” comenzó el 2 de Diciembre de 2006, cuando agentes especiales del ICE reclutaron en San Diego, California, a un informante muy valioso para sus pesquisas, señala un oficio del 1 de diciembre del 2008, suscrito por Louis R. García, entonces Agregado de esa agencia en México.

El documento, entregado a la PGR y después integrado a un expediente judicial, dice que el colaborador del ICE era un sujeto a quien la organización de Zambada había delegado la responsabilidad de transportar la cocaína de Arizona a la costa Este.

Tres meses antes de hablar con los estadounidenses, el “topo” había estado en Sinaloa, para reunirse con Verdugo. Conoció uno de sus ranchos, cerca de Culiacán, donde había un almacén con refrigeración que conservaba varias toneladas de cocaína empaquetada en ladrillos.

Desde su primer encuentro, el confidente señaló a los oficiales que Verdugo era el hombre que operaba para “El Mayo” las entregas de drogas y la recepción del dinero. Era un tipo de extracción rural y de bajo perfil que traficaba cocaína desde hacía más de una década.

Verdugo no era un desconocido para los estadounidenses, porque tenían registros de miembros de su grupo delictivo desde la década de los 90 y su hermano Rodrigo había sido detenido en Arizona por narcotráfico, en noviembre de 2003.

En un oficio con número MLVU: 0607: MX02BR07SY0003: tg, el ICE refiere que en diciembre de 2006 dio luz verde para iniciar una entrega controlada de 129 kilos de cocaína propiedad de Verdugo. El cargamento había entrado por Nogales, estaba en Phoenix y debían llevarlo a Nueva York.

“Agentes de la Oficina de ICE en San Isidro acompañaron al informante a Phoenix, Arizona, para iniciar la operación. El informante recibió instrucciones de recoger la cocaína en Phoenix, el 10 de Diciembre de 2006”, indica el reporte.

El teléfono del infiltrado era escuchado por el ICE. Ese día a las 10:00 horas habló con un sujeto apodado “El Güero”, quien lo citó al medio día en una tienda de juguetes “Toys R US” ubicada en la Dunlap Avenue de Phoenix.

A las 13:10 horas, agentes encubiertos fotografiaron al salir de la tienda a su informante con otras 7 personas -5 hombres y dos mujeres-, quienes se acercaron a un carro Prelude Honda rojo con placas de Arizona 756 TJW, registrado a nombre de Ossiel Sámano Loaiza.

El infiltrado se subió al carro, cuya cajuela iba cargada de cocaína, y 5 minutos después se marchó del estacionamiento; sus cómplices se quedaron junto a un vehículo Intrepid Dodge.

Los agentes del ICE mantuvieron un seguimiento encubierto del Honda, para cerciorarse que no hubiese contra vigilancia. Su informante condujo hasta el Centro Comercial Desert Ridge, en el Tatum Boulevard, en Phoenix.

Allí lo esperaban otros agentes, quienes sacaron del carro 129 kilos de cocaína y los llevaron hasta las oficinas del ICE, donde pesaron, fotografiaron y practicaron dictámenes químicos a la droga.

“Entre el 13 y 17 de Diciembre de 2006, Agentes de ICE de la Oficina de San Isidro, California, acompañaron al informante a Nueva York… El 15 de Diciembre hicieron una entrega controlada en Nueva York de 129 kilogramos de cocaína, procedentes de la organización de Verdugo Calderón”, señala el informe.

A raíz de esta entrega, se obtuvo información que llevó a la captura de José Oscar del Castillo Gallardo, el 20 de enero de 2007, cuando esquiaba en Big Bear Lake, California.

Del Castillo, quien tenía en su celular registros de llamadas recientes con “El Verdugo”, es compadre de Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, hijo de “El Mayo”, y también es yerno de Víctor Emilio Cazares Gastelum, hombre cercano a Joaquín “El Chapo” Guzmán”.

Su captura llevó a un aseguramiento de 38 mil dólares en Michigan, el 6 de febrero siguiente, y luego a la incautación de 2 millones 11 mil 956 dólares en Chicago, Illinois, el 2 de Abril de 2007. El cerco sobre Verdugo se iba cerrando desde Estados Unidos.

El 10 de septiembre de 2008 el Ejército Mexicano aseguró 26 millones 202 mil 176 dólares en una de sus casas de seguridad en Culiacán. El golpe fue el preludio final para “El Verdugo”, quien fue localizado y abatido por los militares el 22 de enero de 2009.


Jueves, 10 de abril de 2014 a las 15:45

(CNNMéxico) — El Vicentillo había insistido en declararse inocente… pero cambió de postura para reducir la condena que pudieran imponerle.

Vicente Zambada Niebla, vinculado con el cártel de Sinaloa, se declaró culpable hace un año en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y está “cooperando” con las autoridades de ese país, informaron este jueves funcionarios federales estadounidenses.

Entre otros puntos, admitió que en el lapso de 2005 a 2008 era un integrante de alto rango del cártel de Sinaloa, y que encabezó muchas operaciones de tráfico de drogas, por su cuenta y en cooperación con su padre, Ismael el Mayo Zambada.

El acuerdo con el que se declaró culpable, establecido el tres de abril de 2013, se detalló de forma pública en la Corte de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, de acuerdo con un comunicado de esa instancia de justicia.

“Bajo el acuerdo de culpabilidad, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua, una sentencia mínima obligatoria de 10 años, y una multa máxima de 4 millones de dólares”, agregó el mensaje oficial.

Pero “si el gobierno (de EU) determina en el momento de la sentencia que Zambada Niebla ha seguido prestando una cooperación plena y veraz, como lo exige el acuerdo de culpabilidad”, se reducirá la sentencia aconsejada, de cadena perpetua.

Al menos seis de ochos líderes del narcotráfico extraditados a territorio estadounidense desde 2007 establecieron acuerdos con fiscales de ese país, para declararse culpables y reducir sus condenas.

En esa lista están Eduardo Arellano Félix, el Doctor; Benjamín Arellano Félix, Osiel Cárdenas Guillén, Héctor el Güero Palma, Miguel Caro Quintero y Mario Villanueva.

El Vicentillo era el único de los capos extraditados que se había declarado inocente.

Zambada Niebla permanece bajo custodia de Estados Unidos —a donde fue extraditado desde febrero de 2010—, y hasta el momento se no ha fijado una fecha para darle una sentencia a su caso.

En otro punto del acuerdo, Zambada Niebla se comprometió a no impugnar una sentencia con la que se estableció un decomiso de 1,300 millones de dólares.

En específico, Zambada Niebla se declaró culpable de un cargo de conspiración para poseer e intentar distribuir en territorio estadounidense múltiples kilogramos de cocaína y heroína, entre 2005 y 2008.

“La declaración de culpabilidad significa que no habrá juicio para Zambada-Niebla, cuyo caso fue separado del de sus coacusados”, entre los que están su padre, Ismael Zambada (prófugo), y Joaquín el Chapo Guzmán (detenido en México), ambos presuntos líderes del cártel de Sinaloa, de acuerdo con el comunicado de la Corte de Distrito para el Distrito Norte de Illinois.

El Vicentillo fue detenido en 2009, en la capital mexicana.

Al ser extraditado a Estados Unidos, en ese país lo acusaron junto a el Mayo y el Chapo Guzmán de obtener armas, y planear usar la fuerza para defender al cártel de Sinaloa, además de conspirar para importar drogas a territorio estadounidense.

En abril de 2012 un juez federal estadounidense se negó a retirar los cargos en contra de Zambada Niebla, quien alegaba que tenía inmunidad porque trabajaba como informante de la DEA.

Las confesiones de Zambada

“Zambada Niebla confesó que entre mayo de 2005 y diciembre de 2008 él era un miembro de alto nivel del cártel de Sinaloa, y que fue responsable de muchos aspectos de sus operaciones de tráfico de drogas, ‘tanto de forma independiente y como un hombre de confianza de su padre’, para quien actuó como coordinador sustituto y logístico”, según el acuerdo de culpabilidad.

También admitió que era consciente de que su padre, el Mayo Zambada, era uno de los líderes del cártel de Sinaloa desde 1970, y que su principal medio de vida derivó de su venta de drogas en Estados Unidos.

Además dijo que el cártel de Sinaloa utilizó vuelos privados, submarinos y otros vehículos sumergibles, buques de pesca, vagones de ferrocarril, además automóviles para realizar el traslado de drogas, desde Centro y Sudamérica, para pasar por el interior de México, hasta llegar a Estados Unidos.

“Zambada Niebla también admitió que era consciente de que el cartel usó la violencia e hizo amenazas creíbles de violencia contra cárteles rivales y autoridades en México para facilitar su negocio”, agregó el documento que se dio a conocer este jueves.


26 de febrero de 2014

MÉXICO, D.F. (apro).- La convocatoria anónima surtió efecto: cientos de personas salieron a marchar a las calles de Culiacán y Guamúchil, en Sinaloa, para exigir a las autoridades federales la liberación de su “héroe”, Joaquín El Chapo Guzmán.

Ataviados con playeras y gorras blancas, y acompañados de música de banda, los manifestantes –mujeres, hombres, jóvenes y niños– alzaron pancartas con las leyendas: “Queremos libre al Chapo”, “No queremos otra guerra, liberen al Chapo” y “Chapo, hazme un hijo”.

También circularon volantes que pedían “un juicio justo” para Guzmán Loera. “Exigimos la no extradición porque todo mexicano tiene derecho a ser juzgado en su país”, decía otra manta. Una más: “Familia, amigos y pueblo exigen hagan valer los derechos humanos del señor Joaquín Guzmán”.


Dámaso López, posible sucesor de Joaquín “El Chapo” Guzmán

22 de febrero de 2014•18:28 • actualizado a las 18:36

Ciudad de México.- La detención del narcotraficante más buscado en el mundo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, es un acierto para el gobierno mexicano, pero esta captura podría incrementar la violencia en el país, advirtió la firma de inteligencia Stratfor.

Señaló que quienes se quedan al mando del Cártel de Sinaloa, tras ser capturado su máximo líder, buscarán a toda costa mantener el poder de esta organización criminal.

Según el informe, se “podría desatar una ola de violencia en todo el noroeste de México, si los cambios internos evolucionan en conflicto intracártel”.

El Cártel de Sinaloa, refirió Stratfor, ha enfrentado a una serie de arrestos desde diciembre pasado y a diversos desafíos en sus áreas de operaciones por las redes criminales regionales y transnacionales.

Stratfor agrega que “el ritmo y el éxito de las operaciones dirigidas a los principales líderes de la Federación de Sinaloa obstaculizarán seriamente la capacidad del cártel para defender sus operaciones en el noroeste de México, que posiblemente lleve a la violencia sustancial en varias áreas a medida que organizaciones criminales rivales buscan explotar nuevas vulnerabilidades del cártel”.


Ciudad de México.- Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, líder del llamado Cártel de Sinaloa es “sustituible” y ya no es “intocable”, indica un análisis de la agencia de inteligencia estadunidense Stratfor.

Según el documento, el territorio liderado por el también prófugo de la justicia desde 2011, está en riesgo ante ataques de grupos rivales que se disputan las plazas del narcotráfico.

En el texto titulado “La mitificación de ‘El Chapo’”, Stratfor explica que las organizaciones criminales Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Mazatlecos mantienen una estrategia bélica en los bastiones del “Chapo” Guzmán, es decir, Jalisco y Sinaloa.

Según la agencia de inteligencia, la presunta protección del Gobierno hacia el capo de la droga es sólo un “mito popular” y advierte que paulatinamente se incrementan los frentes en contra de su presencia criminal.

Expuso que en los primeros meses de este año, el CJNG rompió relaciones de manera definitiva con “el Chapo” tras el asesinato de uno de sus aliados, José Manuel Garibay Félix, alias “El Gordo”, y ahora pretende hacerse cargo de la producción de drogas químicas y su trasiego en el estado de Jalisco.

Asimismo, “los remanentes de lo que alguna vez fue la organización de los Beltrán Leyva conforman al grupo denominado Los Mazatlecos, que representan una potente amenaza para la organización de ‘El Chapo’ a lo largo de Sinaloa”, refiere Stratfor.

En los últimos seis años “el Chapo” perdió la alianza con Los Beltrán Leyva y han sido detenidos ocho mandos medios o altos del Cártel de Sinaloa, así como de personas cercanas a Guzmán Loera, y está latente la amenaza de grupos como Los Caballeros Templarios y Los Zetas.

Sin embargo, la eventual captura o eliminación del “Chapo” no representaría el fin de la organización delictiva que lidera, pues en este cártel existe un triunvirato conformado por Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José Esparragoza, “El Azul”, quienes en caso de esta ausencia, seguirían con sus negocios ilícitos.


Ciudad de México.- Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, presunta hija del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable ante Cathy Ann Bencivengo, jueza de Distrito de Estados Unidos.
La supuesta hija del líder del Cártel de Sinaloa fue capturada el 12 de octubre en San Diego, California, acusada de fraude, así como uso ilegal de visas, permisos y diversos documentos.

Cathy Ann Bencivengo también ordenó su liberación, pues consideró que Guzmán cumplió su sentencia, después de más de dos meses de reclusión.
El 25 de octubre se había declarado inocente, pero el lunes recibió seis cargos de inmigración ante la Corte Federal de San Diego.
La mujer, de 31 años de edad, admitió haber intentado cruzar la frontera por la garita de San Ysidro identificada con una visa legal, pero de otra persona.
Guzmán Salazar tenía siete meses de embarazo cuando fue detenida por ingresar a Estados Unidos con una visa ajena para dar a luz a su hijo en el país norteamericano.
En la audiencia a la que no se convocó a los medios de comunicación, se ordenó la deportación inmediata de Guzmán Salazar, confirmaron fuentes judiciales.
La acusada tenía programada una audiencia para el 20 de diciembre de 2012; no obstante, su defensa llegó a una negociación con las autoridades norteamericanas.
Alejandrina Giselle, hoy con nueve meses de embarazo, aún está bajo la custodia de autoridades migratorias y se desconoce cuándo será deportada.
El Departamento de Justicia descartó otros cargos relacionados con el supuesto parentesco con el narcotraficante más buscado en México.
La Oficina del Fiscal en San Diego no ha confirmado que sea hija de Guzmán Loera, y no hay ninguna mención de este supuesto parentesco en su declaración.


MÉXICO, D.F. (apro).- Una Corte federal de San Diego, California, pospuso para el próximo 20 de diciembre la comparecencia de Alejandrina Guzmán, presunta hija de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, ante la juez Cathy Ann Bencivengo.

Alejandrina enfrenta seis cargos federales relacionados con las leyes de migración de Estados Unidos –fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos–, tras su detención, el pasado 15 de octubre en el puerto internacional de San Ysidro, al sur de San Diego.

La Corte estadunidense evitó detallar su decisión de cambiar la fecha de la audiencia.

No obstante, Guadalupe Valencia, abogado de Alejandrina Guzmán, destacó que la presentación ante la Corte fue pospuesta de común acuerdo entre las partes, con el fin de recopilar más información del caso.

La supuesta hija del líder del cártel de Sinaloa fue detenida a mediados de octubre pasado en la garita de San Ysidro, California, cuando intentaba ingresar a Estados Unidos con documentación falsa.

En ese entonces, las autoridades federales informaron que la mujer tenía más de siete meses de embarazo.


¡152 disparos y no hay móvil!

Rubén Torres
19 Noviembre, 2012 – 17:03

Es mezquino aquél que pregunta, obtiene el cómo y qué ocurrió en la carretera México-Cuernavaca el pasado 26 de agosto, pero no el por qué, después que 13 policías federales rociaron con 152 disparos de metralla una camioneta blindada placas BCM-242 diplomáticas bien visibles, donde iban dos “espías’’ gringos en compañía de un capitán de SEMAR y no dicen el móvil.

Es lo único que las huestes de Genaro García Luna, flamante secretario de Seguridad Pública Federal (SSPF), tenaz productor de shows y escándalos mediáticos político-policiacos y la primera abogada de la nación, Marisela Morales Ibáñez, con las versiones de la subprocuradora Victoria Pacheco Jiménez y la Comisionada de la Policía Federal, Maribel Cervantes Guerrero, pero no precisan, porque tampoco lo saben.


Según un estudio de Viridiana Río, investigadora de la Universidad de Harvard, en los últimos ocho años, la presencia de organizaciones del narcotráfico creció más de 13 veces en los municipios mexicanos

Ciudad de México.- En los últimos 8 años, la presencia de cárteles en los municipios del País creció más de 13 veces, señala un estudio de la investigadora Viridiana Ríos.

Ríos, candidata a doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard, y su socio Michele Coscia crearon un algoritmo llamado MOGO (Making Order Using Google As an Oracle), que permite recopilar información de Google News, filtrarla y organizarla para monitorear el movimiento y acción de los cárteles de la droga en México.

“A la gente le sorprenden los resultados del estudio: sólo en el 30 por ciento de los municipios del País hay operación de los grupos del narcotráfico, pero hay que decir que en 2004 el porcentaje de municipios era muchísimo menor. De hecho, sólo operaban en 50 municipios, cuando ahora están en 713”, dijo Ríos en entrevista telefónica.

La investigación se concentra en un documento que titularon: “¿Cómo y Dónde Operan los Criminales? Usando Google para Rastrear a las Organizaciones de Tráfico de Droga en México”.

En su trabajo, los investigadores generaron mapeo sobre estrategias comerciales, áreas de operación y tendencias de crecimiento del crimen organizado.

“Le dimos a nuestro algoritmo los nombres de las organizaciones criminales que buscamos y miembros de estas organizaciones, y MOGO busca en qué momento, en qué año y en qué lugar se menciona a esas organizaciones”, añadió Ríos.

Entre las conclusiones a las que llegaron está que los cárteles de la droga imitan a las empresas, pues plantean crecimiento, intervención y control del mercado dependiendo de sus intereses financieros.


San Diego, California.- Funcionarios de Estados Unidos dijeron que la hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los capos del narcotráfico más buscados del mundo, fue arrestada en San Diego después de ser detenida en la frontera bajo sospecha de intentar ingresar a Estados Unidos con el pasaporte de otra persona.

Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar fue detenida el viernes en el puerto internacional de San Ysidro, al sur de San Diego, y fue acusada de fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos.

Guzmán Salazar le dijo a las autoridades estadounidenses que su padre es Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, en México, dijeron el lunes dos funcionarios de Estados Unidos.

Los funcionarios hablaron bajo condición de guardar el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente del arresto.


México.- Todo parece indicar que la premura para presentar a un joven como hijo de “El Chapo” Guzmán tenía tintes políticos, en pleno cierre de campañas.

Y es que de acuerdo con Juan Heriberto Rangel Méndez, defensor de los dos jóvenes detenidos por marinos en Zapopan, Jalisco, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ofreció a los hermanos Félix y Kevin Beltrán, que aceptaran ser familiares del líder del cártel de Sinaloa, luego los dejarían libres después de las elecciones.

En entrevista con el diario La Jornada, el abogado de los jóvenes dijo que el ofrecimiento se hizo dentro de las propias instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).

“Se dio poco antes de que ambos rindieran su declaración ministerial durante la noche del jueves. Hasta ellos llegaron los agentes de la DEA cuando todavía no estábamos nosotros para defenderlos”, relató al diario.

“Primero le dicen a Félix que acepte que es el hijo de ‘El Chapo’ y que se podría aclarar su situación después de las elecciones. Querían que firmara las declaraciones que le presentaron los de la Siedo. Entonces él les respondió que no iba a firmar nada, y no lo hizo, afortunadamente”, prosiguió.

“Le insistieron: ‘tú acepta, ahorita firmas tu declaración y luego se hace la aclaración que no eras’; después, cuando se convencieron de que no aceptaría, le dijeron: ‘queremos que inculpes a las personas que nosotros te digamos y sales ahorita’”, pero tampoco quiso.

“Obviamente ya no sacaron nada de él, y Félix refiere que llegó un agente de la DEA, un pelón, que le dijo ‘a ver voltéate’, y Félix lo hizo. Le pidió también que se quitara la camisa y luego el agente agregó: ‘no éste no es, el gordo tiene una cicatriz’”, detalló.

Rangel Méndez señaló que supieron que eran agentes de la DEA porque los jóvenes “dicen que los dos agentes eran güeros, altos y hablaban en inglés. Félix dice que le decían las palabras en español mal pronunciado y que cuando él les decía que no, entonces entre ellos hablaban en inglés”.

Indicó que fue la madrugada del sábado, cuando se pudo reunir con ellos, que le contaron lo sucedido con los agentes.

“Vi que no están golpeados ni maltratados, y allí me dijeron que entraron los agentes de la DEA y les propusieron eso”, apuntó el abogado.

La Siedo informó que mantendrá bajo arraigo durante los siguientes 40 días a los hermanos Kevin y Félix Beltrán, pese a que ya descartó que en el caso del primero de ellos se trate del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Con información de La Jornada


La detención, la semana pasada, de una red de operadores de Los Zetas en Estados Unidos, entre ellos Francisco Antonio Colorado Cessa, puso al descubierto los tentáculos del cártel en Veracruz, donde se asentó durante la gestión de Fidel Herrera Beltrán y corrompió a políticos de todo signo. Las primeras indagatorias implican no sólo al exmandatario priista por su cercanía con Pancho Colorado, sino también al PAN y aun al PRD. De acuerdo con declaraciones de funcionarios federales a Proceso, Los Zetas tienen entre 2 mil y 3 mil miembros en ese estado.

La desarticulación de una red de lavado de dinero del cártel de Los Zetas en Estados Unidos vino a constatar que la delgada línea entre política y narcotráfico en Veracruz alcanza lo mismo al PRI que al PAN.

Las investigaciones de la justicia estadunidense contra el número dos de esa organización delictiva y jefe del grupo en el estado, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, afectaron en un primer momento al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, pero pronto alcanzaron al PAN y a su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota.

La justicia estadunidense tiene encausadas en diferentes cortes federales a 35 personas que han sido investigadas desde que Herrera Beltrán era gobernador por la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el Federal Bureau of Investigation (FBI) por su participación en el tráfico de drogas y lavado de dinero entre Veracruz, Tamaulipas y Estados Unidos.

La detención el martes 13, en Oklahoma, del hermano del Z40, José Treviño Morales, colocó de nueva cuenta al exgobernador en el centro de atención. Ese día, la justicia estadunidense hizo pública la acusación contra 15 personas como presuntas responsables de lavar dinero para Los Zetas mediante empresas dedicadas a la crianza de caballos pura sangre y las apuestas en carreras de caballos.

Entre los inculpados, como intermediario en la compra de caballos, está el contratista de Pemex de la zona de Tuxpan, Francisco Antonio Colorado Cessa, quien ha sido beneficiario tanto por el PRI como por las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1859, ya en circulación)


Abel Barajas

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró el rancho “Flor de María” en Tuxpan, Veracruz, propiedad de Francisco Colorado Cessa, quien el jueves se entregó en una Corte Federal de Estados Unidos para enfrentar cargos por presunto lavado de dinero de Los Zetas.

Colorado, dueño de la empresa ADT Petroservicios, es una de las 15 personas acusadas de lavar dinero del cártel por medio de la compra de caballos pura sangre para carreras parejeras.

Según información oficial, en la indagatoria iniciada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), peritos de la PGR valuaron en 34 millones 777 mil pesos esta propiedad que lleva el nombre de la esposa del empresario veracruzano.

La dependencia informó que el rancho de Pancho Colorado, como se le conoce, era utilizado por integrantes de la organización criminal como casa de seguridad y descanso, aunque no precisa si el inmueble había sido invadido o existía un acuerdo entre el dueño y los criminales.

Dentro de los límites de la propiedad, la Policía Federal sostuvo un enfrentamiento con los sicarios de la banda delictiva, en el cual resultaron 26 detenidos, siete heridos y dos muertos, el pasado 22 de marzo.

En aquella ocasión, los agentes abatieron a Enrique Delgado Fraire, “Mando Quique”, identificado por el Gobierno federal como el jefe de plaza de Los Zetas en la zona sur de Tamaulipas y quien organizó la fuga de 53 reos del penal de Cieneguillas, Zacatecas, en mayo de 2009.

Un total de 18 de los 26 detenidos laboraban en el rancho de Pancho Colorado fueron puestos a disposición de la PGR; sin embargo, nunca se informó si luego fueron liberados, consignados o arraigados como sospechosos de colaborar con el crimen organizado.

De acuerdo con informes allegados a la investigación, cuando ocurrió el enfrentamiento en su rancho, el dueño de ADT Petroservicios ya llevaba algunos días en Texas y tras enterarse de los hechos canceló su regreso a México. Se quedó en Houston hasta el día de su entrega.

La PGR indicó que la investigación penal que fundamenta las acusaciones contra Colorado, presentadas en Estados Unidos, forman parte de las indagatorias iniciadas en la SIEDO desde abril 2011, aunque el empresario nunca fue detenido.

En una tarjeta informativa, la dependencia detalló que la investigación que lleva a cabo contra Colorado es por delincuencia organizada, delito considerado como grave y, además, ha realizado varios cateos y aseguramientos de bienes, como es el caso del rancho en Tuxpan.

Agregó que Colorado cuenta con una orden de localización y presentación girada por la SIEDO.

“Existe al respecto, amplia coordinación de la PGR, por medio de la SIEDO, con autoridades de los Estados Unidos de América para detectar empresas y operaciones financieras probablemente provenientes de narcotráfico”, indicó la Procuraduría.

Detallan bitácoras vuelos de JVM

El uso del avión propiedad de Pancho Colorado por parte de Josefina Vázquez Mota quedó registrado en bitácoras de vuelo.

El 14 de mayo de 2010, los pasajeros del avión con matrícula XA-RDJ, propiedad de Aerolíneas Ejecutivas, eran Vázquez Mota — entonces coordinadora de la diputación panista– quien acudió a apoyar la campaña de Cuauhtémoc Calderón, aspirante a la gubernatura de Zacatecas y que viajó de regreso; el entonces diputado federal del PAN, Miguel Martín López, y Alejandro Meléndez, secretario de la panista.

El vuelo cubrió la ruta Toluca-Zacatecas y de regreso.

El 29 de mayo, Pancho Colorado viajó en ese avión del Aeropuerto Nacional El Lencero, en Jalapa, a Poza Rica. De ese destino fue llevado, sin pasajeros a Toluca y ahí recogió el 30 de mayo a Vázquez Mota, Martín López y al diputado federal Carlos Pérez Cuevas, quienes volaron a Jalapa.

Se deslinda Yadhira Carrillo


CHICAGO (apro).- El juez Rubén Castillo, de la Corte federal de Illinois, fijó el próximo 9 de octubre como la nueva fecha para iniciar el juicio por delitos de narcotráfico contra Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo.

En una audiencia para determinar la nueva fecha del juicio, el juez federal dijo que éste reiniciará hasta otoño, tomando en cuenta que es un proceso complicado, y tanto la defensa del acusado como el Departamento de Justicia necesitan tiempo para preparar sus argumentos.

Castillo aclaró que está en proceso de revisión de la información clasificada que le ha entregado el gobierno de Estados Unidos para acusar de narcotráfico a El Vicentillo.

El magistrado dijo a los defensores del presunto capo que estima que a finales de marzo próximo terminará de hacer la revisión de los documentos clasificados.

Y una vez que concluya la revisión de los documentos, el juez Castillo determinará cuáles son los que dejará analizar a la defensa de El Vicentillo.

También destacó que la Corte federal en Illinois dio como plazo a la defensa de Zambada Niebla hasta el 30 de marzo para que presente cualquier otro documento que respalde su pedido de inmunidad para el hijo de Ismael El Mayo Zambada.

El juez Castillo también aclaró que un mes después el Departamento de Justicia responderá a lo que los abogados de El Vicentillo entreguen a la Corte a fines de marzo.

La próxima audiencia de preparación para el juicio será el 18 de abril, fecha para la cual aseguró el juez ya se deberá tener más claro cómo proceder en el caso de Zambada Niebla.

El juzgador dijo además que se tendrá que abordar la situación de otros posibles criminales involucrados en este caso y que podrían ser extraditados de México a Estados Unidos.

En la sesión de este miércoles, Castillo advirtió al Departamento de Justicia que seguirá manteniendo en secreto la información clasificada en el caso de El Vicentillo y que él considere como riesgosa para la seguridad nacional.

Sin embargo, el juez federal enfatizó al gobierno federal que entregará a la defensa del presunto narcotraficante cualquier documento que no presente riesgo de seguridad nacional.

En la misma sesión, la defensa de El Vicentillo reiteró que el hijo de El Mayo Zambada es inocente de los delitos que se le imputan, e insistió que por lo tanto no sólo debe ser puesto en libertad, sino también regresado a México.

Y mientras el juez determina si es válida la documentación que le entregue la defensa, El Vicentillo permanecerá en la prisión federal de Milan, en el estado de Michigan.

Este miércoles, como ya es costumbre, El Vicentillo estuvo presente en la audiencia a través de una videoconferencia y, aunque no fue autorizado para hablar, se veía muy atento a lo que le narraba la traductora (vía telefónica) de lo que se desarrollaba en la sala del juez Castillo.

Tanto los fiscales federales como la defensa del presunto capo declinaron hablar con los reporteros al concluir las audiencias de este día en la ciudad de Chicago.


La defensa del narcotraficante mexicano Vicente Zambada Niebla, que será juzgado en EE.UU. a partir de febrero, alega que la autoridades estadounidenses conspiraron con el Cartel de Sinaloa y prometieron inmunidad a sus jefes.

En un documento que fue presentado a la corte por la defensa de Zambada Niebla, alias “Vicentillo”, y al que Efe tuvo acceso hoy, se responde a los argumentos de la Fiscalía y en particular al hecho de que ésta niegue la existencia de tal acuerdo.

Los abogados defensores afirman que el abogado mexicano Humberto Loya Castro negoció con “agentes autorizados del gobierno de Estados Unidos” como “agente del Cartel de Sinaloa”.

“Cuando Loya Castro se reunió con el Gobierno (de EE.UU.) le dijo a los agentes que estaba autorizado por ‘El Chapo’ Guzmán y que sólo informaría sobre los carteles rivales. Estuvo claro desde el comienzo que no era un informante tradicional”, dice el documento.

Los abogados señalan que al negociar el acuerdo de inmunidad, los agentes federales estadounidenses sabían que Loya Castro “actuaba como agente, consejero y enlace” de los líderes del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, e Israel ‘Mayo’ Zambada”, el padre de “Vicentillo” a quien también se conoce por “Mayito”.

“Muchos de los líderes de los carteles rivales y sus asociados fueron detenidos o muertos” como consecuencia de la información pasada a la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA), agregan.

“En esencia, el gobierno de Estados Unidos se involucró en una conspiración con uno de los mayores carteles de droga del mundo y sabía que la información que le pasaba Loya Castro procedía de El Chapo, Mayo y Vicente Zambada Niebla”, agrega la defensa.

La fiscalía niega la existencia de tal acuerdo, que según el documento de la defensa fue “aprobado por funcionarios del más alto nivel” del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y acusa a “Vicentillo” de haber importado toneladas de drogas a este país como coordinador logístico del Cartel de Sinaloa en Chicago.

Según los argumentos de la defensa, este tipo de acuerdo no sería nuevo y mencionan un artículo publicado en la revista Foreign Affairs por el exjefe de la DEA Robert Bonner, según el cual Estados Unidos utilizó la misma táctica en Colombia para capturar a Pablo Escobar.

“El gobierno no quiere admitir estos acuerdos porque podrían perjudicar su estrategia”, dicen los abogados, que reclaman al juez Rubén Castillo la posibilidad de realizar una audiencia con la participación de Loya Castro y los agentes involucrados en el caso.

El comienzo del juicio está programado para el 13 de febrero, con la participación de “Vicentillo” y otros involucrados en la misma causa identificados como Tomás Arévalo Rentería, Alfredo Guzmán Salazar, Alfredo Vázquez Hernández, Juan Guzmán Rocha, Germán Olivares, Manuel Fernández Navarro y Felipe LNU (que en inglés significa apellido desconocido).

También se incluye a los hermanos Pedro y Margarito Flores, traficantes de Chicago convertidos en principales testigos de cargo.

El juez Castillo convocó a todos los acusados para una audiencia pública mañana, donde se evaluará la marcha del proceso y el intercambio de pruebas entre la acusación y la defensa.

Está pendiente una decisión del magistrado sobre la presentación reservada que haría la fiscalía sobre pruebas o documentos secretos que maneja en la preparación del juicio, y a la que quieren acceder los abogados defensores.

El fiscal federal Patrick J. Fitzgerald, del Distrito Norte de Illinois, considera que la divulgación de material clasificado o secreto al público, o a la defensa del acusado, “puede amenazar la seguridad nacional”, según documentos de la corte.

“Vicentillo” fue detenido en Ciudad de México en marzo de 2009. En febrero de 2010 fue extraditado a EE.UU. y permanece en una cárcel de máxima seguridad de Chicago a la espera de juicio.


México arrestó a un presunto narcotraficante buscado por Estados Unidos y vinculado al capo de la droga más buscado en el país, Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuyo cártel ha sufrido recientes incautaciones y detenciones, dijeron el miércoles autoridades.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal arrestaron en el aeropuerto de la Ciudad de México a Luis “El Güero” Rodríguez, acusado de distribuir toneladas de cocaína en Estados Unidos.

Washington ofrecía hasta cinco millones de dólares por información que llevara a la captura de Rodríguez, quien junto con sus hermanos formó el grupo criminal “Los Güeros”, acusados de traficar droga entre 1996 y el 2008 al servicio del cártel de Sinaloa, que dirige Guzmán, dijo la SSP en un comunicado.

No obstante, según un informe en el sitio de internet del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rodríguez y sus hermanos rompieron con el cártel de Sinaloa alrededor del 2005 y después se aliaron al sanguinario cártel de Los Zetas.

Una corte federal en Nueva York libró en mayo del 2010 una orden de aprehensión contra Rodríguez, al que se le acusa de asociación delictuosa y lavado de dinero, dijo la SSP.

En los últimos meses, las autoridades han capturado varios hombres clave, realizado grandes incautaciones de drogas y detectado narcotúneles fronterizos del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de América.

El Ejército capturó la semana pasada al lugarteniente de Guzmán en el norteño estado de Durango.

Más de 45,000 personas han muerto desde que comenzaron los operativos antinarco en México en diciembre del 2006.


Ciudad de México.- Luego de defender los señalamientos del Presidente Felipe Calderón de la intromisión del crimen en el proceso electoral de Michoacán, el ex senador Diego Fernández de Cevallos calificó como inocente y engañoso decir que el narcotráfico respete el ámbito de política.

El ex candidato presidencial aseguró que es evidente el riesgo de que el narcotráfico se introduzca en un proceso electoral, pues éste, añadió, está en todas partes, por lo que no existe ninguna institución que no esté en riesgo de ser infiltrada.

“Creo que sería inocente y engañoso decir que el crimen va a respetar el ámbito de la política, más aún cuando todo lo que se sucede en la política, de alguna manera, afecta al crimen organizado.

“El crimen organizado está en todas partes, en todas las instituciones no hay ninguna institución en México que esté al margen de ese riesgo. El que diga lo contrario, estará en su derecho, pero creo que no hay ninguna institución, por sagrada que sea, que no tenga riesgos de que se infiltre, de manera perversa, los señores del crimen organizado”, indicó.

En entrevista, Fernández de Cevallos aseguró que en el caso de Michoacán, el Presidente mostró pruebas, pero el aspirante presidencial Enrique Peña Nieto está en su derecho de cuestionar los dichos del Mandatario federal.

Lavado de dinero

Ciudad de México.- Alejandra Sota, portavoz del Presidente Felipe Calderón, negó hoy que el Gobierno mexicano tuviera conocimiento de la operación de lavado de dinero de agentes de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) como parte de la lucha contra el narcotráfico.

“No, no sabía el Gobierno mexicano y es importante resaltar que hemos iniciado una investigación por parte de la Procuraduría General de la República para deslindar responsabilidades y en todo caso investigar si es que hubo este involucramiento’, dijo Sota al programa Al Punto, de la cadena Univisión.

The New York Times reportó el fin de semana pasado que la DEA ha estado lavando o contrabandeando millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Según el diario, en algunos casos, agentes de la DEA llegan a contrabandear de dos a tres cargamentos de dinero a la semana y otros agentes mexicanos acompañados por estadounidenses se hacen pasar por contrabandistas y recogen el dinero en México.

Al ser cuestionada sobre la supuesta participación de agentes mexicanos, Alejandra Sota reiteró que se tiene que investigar.

La portavoz presidencial agregó que informarán los resultados de manera puntual y transparente.

Informó que a través de la inteligencia civil mexicana se tuvo conocimiento del intento del hijo de Gadafi de ingresar a México.

Agregó que gracias a la inteligencia mexicana pudo evitarse el ingreso de Saadi Gaddafi al País, perseguido por los crímenes que se le adjudican en la Corte Penal Internacional (CPI).

Sota negó que hayan participado agentes de otros países, y reiteró que fue una operación exitosa de la inteligencia civil mexicana.

Precisó que sólo hubo cooperación con el Gobierno canadiense para intercambiar información.

Sobre la demanda ante la CPI sobre presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y las fuerzas de seguridad, Sota negó que existan en México violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

“La respuesta que hemos dado con contundencia es que es una acusación que no es válida”, recalcó.

Mencionó que la demanda a nivel internacional no procede y serán los miembros de la Corte quienes decidan.

“Se acusa al Presidente de algo que es su obligación constitucional, que es la protección de los ciudadanos”, enfatizó.

Sobre el tema de la próxima elección presidencial en México, la portavoz indicó que una de las preocupaciones principales del Presidente Felipe Calderón es que los comicios se realicen en paz.

Dijo que desde la Presidencia la obligación es que se realice un proceso y transición ordenados y con apego a la ley.

“Para él es muy importante que la democracia continúe en México”, aseveró la portavoz.
la ley.

Vicente Zambada está en la cárcel en Chicago

Hay una Ley Gringa que permite al estado terminar juicios si se pone en riesgo “Secretos de Estado”, si EUA sigue con la negativa y el juez sigue insistiendo, es posible que salga libre el Vicentillo con toda Impunidad.

El cártel de Sinaloa fue el principal destinatario de las armas de la operación estadunidense Rápido y furioso. Eso lo supieron desde el principio el Departamento de Justicia y varias agencias de inteligencia de Estados Unidos. Pese a ello, continuaron con el operativo y lo ocultaron al gobierno de México. Tal es la conclusión de un informe realizado por los congresistas estadunidenses Darrell E. Issa y Charles E. Grassley. Con base en éste y en otras fuentes y documentos, los periodistas independientes Andrew Kennis y Jason McGahan describen, en un texto para Proceso, aspectos del operativo que terminó por beneficiar al cártel del Chapo Guzmán.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 5 de noviembre de 2010 agentes de la Policía Federal (PF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron el cadáver de Mario Ángel González Rodríguez –hermano de Patricia González, que recién había terminado su gestión como procuradora de Justicia de Chihuahua– en una fosa poco profunda, en la colonia Granjas del Valle de la capital del estado.

Fue “levantado” el 21 de octubre; días después circuló en internet un video en el que aparecía esposado y a merced de cinco hombres armados que vestían uniformes de camuflaje, máscaras y chalecos antibalas. En el video, Mario González dijo que su hermana había ordenado asesinatos a petición del cártel de Juárez.

La procuradora rechazó el señalamiento. Afirmó que los plagiarios habían obligado a su hermano a declarar eso. Sostuvo que el secuestro era una represalia por la persecución que ella había encabezado contra miembros del cártel de Sinaloa y que se había realizado debido a la corrupción de agentes policiacos.

Horas antes de que las autoridades descubrieran el cadáver, agentes de la PF irrumpieron en una casa de seguridad y arrestaron a ocho presuntos miembros de la banda que había secuestrado y asesinado a Mario González. Les decomisaron 16 armas de grueso calibre.

Ese mismo 5 de noviembre, Tonya English, agente de la Oficina de Información Estratégica e Inteligencia (OSSII, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), envió un correo electrónico a David Voth, supervisor del Grupo VII de la ATF en Phoenix, Arizona, para informarle que su oficina había rastreado esas armas decomisadas a los presuntos asesinos de Mario González y que dos de ellas, un par de rifles AK-47, habían llegado a México como parte de la operación Rápido y furioso.

La noticia pronto se regó dentro de la ATF. “Empleados de la OSII contactaron a sus colegas en Phoenix para alertarlos de esta conexión. Agentes de la OSII también se lo dijeron al personal de la oficina de la ATF en México”.

Carlos Canino, agregado alterno de la oficina de la ATF en México, se preocupó. Temía que la prensa mexicana descubriera la conexión entre el asesinato de Mario González y Rápido y furioso. Pidió a sus superiores que informaran de dicha conexión a las autoridades mexicanas o que lo autorizaran a hacerlo él mismo.

Consideraba que si los funcionarios nacionales se enteraban de ese dato por la prensa, y no por las autoridades estadunidenses, les retirarían su confianza a los agentes de la ATF, lo que les impediría trabajar con ellos. En ese caso, razonó, “nosotros sólo podríamos hacer las maletas e ir a casa”. Además, se afectarían aún más las relaciones entre México y Estados Unidos, de por sí tensas a causa de lo que se había sabido de la operación Rápido y furioso.

Pero los directivos de la ATF no respondían a las peticiones de Canino. Le daban largas. Ocho meses después, en junio pasado, el agregado alterno obtuvo “un tipo de aprobación” de su superior inmediato, Daniel Kumor, jefe de Asuntos Internacionales de la ATF, y Canino se comunicó directamente con Marisela Morales, procuradora general de la República. Cuando le soltó la noticia, dice, “ella quedó en shock” y luego exclamó: “¡Híjole!”.

“Todo bajo control”

Esa información aparece en el informe Operación Rápido y furioso del Departamento de Justicia: alimentando la violencia de los cárteles, elaborado por los congresistas Darrell E. Issa, jefe del Comité de Vigilancia y Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes, y Charles E. Grassley, miembro del Comité de Justicia del Senado.

Ellos encabezan la investigación del Congreso sobre Rápido y furioso, por lo que llamaron a comparecer a agentes y funcionarios de la ATF, lo mismo que del Departamento de Justicia. Además, tuvieron acceso a documentos relativos a la operación elaborados por las dos dependencias y por otras, como la DEA y el FBI.

El informe de 60 páginas, fechado el pasado 26 de julio, describe cómo los funcionarios de la ATF en Estados Unidos ocultaron los detalles del operativo Rápido y furioso a las autoridades mexicanas y a los agentes de la ATF destacados en México, aunque éstos empezaron a notificar desde finales de 2009 un “incremento anormal” en el decomiso de armas relacionadas con “una investigación” que se llevaba a cabo en la división de la ATF en Phoenix, Arizona.

Darrell Gil, quien era el jefe de la ATF en México, dijo a los investigadores del Congreso que a finales de 2009 comunicó sus preocupaciones a los funcionarios de la ATF en Phoenix y, como no le hacían caso, lo hizo en enero de 2010 con sus superiores en Washington. En ambos casos recibió respuestas similares: “Existe una investigación en curso”, “estamos trabajando en eso” y “todo está bajo control”.

Gil contó que la división de la ATF en Phoenix bloqueó a sus agentes en México el acceso a la base de datos del sistema de rastreo de armas conocido como e-Trace. Tanto Gil como Canino comentaron que los funcionarios de la ATF en Phoenix y Washington les ocultaban información del operativo porque temían que los agentes en México pudieran compartirla con funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y éstos, a su vez –debido a la corrupción imperante en el país–, la filtraran a los cárteles de la droga, con lo cual fracasaría la investigación.

Más aún, Gil relató que cuando el director de la ATF, Kenneth Melson, y el subprocurador de Justicia de Estados Unidos, Lanny Breuer, realizaron visitas por separado a México en 2010, ambos intentaron calmar las preocupaciones de los agentes destacados en el Distrito Federal. Según Gil, Melson les comentó: “Es una investigación en curso que está proveyendo de alguna buena información de inteligencia (…) Lo vamos a checar cuando regresemos (a Washington), pero yo creo que está dando algunos buenos resultados”.

Destino: el cártel de Sinaloa

Con base en documentos del Departamento de Justicia, el informe de los congresistas señala que hasta julio pasado se habían recuperado 122 armas conectadas con la operación Rápido y furioso en 48 decomisos realizados por las autoridades mexicanas.

Sin embargo, los autores advierten: “existen indicios de que ese número podría ser mayor”. Citan como ejemplo el correo electrónico que Bill Newell, agente “en cargo” de la ATF, envió a su jefe, el subdirector adjunto William McMahon, según el cual hasta el 16 de diciembre de 2010 se habían recuperado 241 armas relacionadas con Rápido y furioso en México y 350 en Estados Unidos.

El informe de los congresistas estadunidenses y otras fuentes consultadas por los reporteros revelan que la mayoría de las armas de Rápido y furioso aparecidas en diversas “escenas del crimen” en México estaba destinada al cártel de Sinaloa.

Por ejemplo, en el informe de los congresistas aparecen extractos de la comparecencia de Steve Martin, director adjunto de la OSII, quien sostuvo que hasta el 27 de febrero de 2010 habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa un total de mil 26 armas de Rápido y furioso, con un valor total de 650 mil dólares, y que de ello eran conscientes los funcionarios de la ATF.

En su comparecencia Martin se refiere a una “sesión informativa” sobre Rápido y furioso que se llevó a cabo el 5 de marzo de 2010 y en la que participaron importantes funcionarios de la ATF:

Pregunta: Después de esa sesión informativa no hay duda que las armas en este caso estaban siendo vinculadas al cártel de Sinaloa, con base en…

Respuesta: Con base en la información presentada. Y podría decir que sí.

Pregunta: Y eso era, presumiblemente, muy claro para todos en el salón (donde se llevó la sesión informativa).

Respuesta: Con base en eso, se dice que la gente (que compra las armas) está conectada con el cártel de Sinaloa, y yo podría decir que es cierto.

El citado informe señala que “el primer gran decomiso de armas ligadas a Rápido y furioso ocurrió el 20 de noviembre de 2009 en Naco, Sonora”. Se trató de 41 rifles AK-47 y un rifle Beowulf calibre.05. Verónica Álvarez Toscano, una mujer de 21 años residente en DeLand, Florida, las transportaba en un vehículo. Las había comprado 24 horas antes en una tienda de armas en Arizona. Lorren Leadman, especialista de la OSII, dijo el 5 de julio a los investigadores del Congreso que Álvarez Toscano admitió ante la policía mexicana que todas las armas estaban destinadas al cártel de Sinaloa.

Tres semanas después, el 9 de diciembre de 2009, efectivos del Ejército Mexicano incautaron en una casa de seguridad de Mexicali, Baja California, un arsenal similar: 41 rifles AK-47, un rifle AR-15, una pistola FN 5.7 y 392 cartuchos de diversos calibres, así como 421 kilogramos de cocaína, 60 kilogramos de metanfetaminas, 2 millones de dólares y 1 millón de pesos en efectivo. Los militares detuvieron a 12 personas, varias de ellas sospechosas de pertenecer al cártel de Sinaloa. “El rastro de las armas recuperadas llevó a testaferros que estaban siendo monitoreados por la operación Rápido y furioso”, señala el informe del Congreso.

Y añade: “Con una segunda gran incautación de armas en menos de tres semanas, los agentes de la ATF que monitoreaban la operación Rápido y furioso tenían pocas dudas de lo que estaba pasando”. Y cita lo que uno de éstos, José Wall, escribió en un correo electrónico a su colega de la agencia, Hope MacAllister: “(el liderazgo del cártel de Sinaloa) se está armando para una guerra”.

El 13 de enero de 2010 la policía de El Paso, Texas, incautó 40 armas largas, cargadores y chalecos antibalas que se encontraban en un auto Volkswagen Jetta abandonado en un estacionamiento de la ciudad. La ATF rastreó los números de serie de las armas. Eran de Rápido y furioso y estaban destinadas a un importante jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez. El informe señala: “Este decomiso pudo representar un cambio en el movimiento de las armas de Rápido y furioso destinadas a la batalla del cártel de Sinaloa por el control del corredor de tráfico de drogas de Ciudad Juárez”.

Hubo otro decomiso importante de armas relacionadas con Rápido y furioso que no aparece en el informe de los congresistas pero que el diario Los Ángeles Times dio a conocer el pasado 8 de octubre con base en los registros de una Corte federal y de documentos de la ATF.

Según esa versión, en abril pasado agentes de la PF tomaron por asalto una casa ubicada en la parte norte de Ciudad Juárez. Los agentes recibieron el chivatazo de que ahí vivían pistoleros. El inmueble, se supo después, pertenecía a José Antonio Torres Marrufo, alias El Marrufo o El Jaguar, jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez

En el gimnasio que estaba en el sótano de la casa, detrás de un muro cubierto por espejos de cuerpo entero los agentes encontraron un cuarto en el que había una ametralladora antiaérea calibre 30, un lanzagranadas, dos docenas de AK-47, rifles Barrett calibre .50 (conocidos como “matapolicías”), 26 mil 708 cartuchos, 247 cargadores, lo mismo que 53 uniformes de la Policía Militar, máquinas registradoras y máscaras antigás. “Hemos confiscado el alijo de armas más importante en la historia de Ciudad Juárez”, se jactó ante la prensa el gobernador de Chihuahua, César Duarte.

Agentes de la ATF rastrearon el origen de las armas. También eran de Rápido y furioso. Un “comprador civil” las adquirió en Phoenix y, con la anuencia de la ATF, las envió a El Paso, Texas, donde miembros del cártel de Sinaloa las “cruzaron” por la frontera.

En su comparecencia ante los congresistas, el funcionario de la ATF Carlos Canino expresó su preocupación sobre los efectos de Rápido y furioso: “Se alega que más de 2 mil armas fueron traficadas en esta operación. Para ponerlo en contexto: el 75 regimiento de la armada de Estados Unidos tiene aproximadamente 2 mil 500 efectivos. Eso significa que, como resultado de esta operación (Rápido y furioso), el cártel de Sinaloa ha recibido tantas armas como las que se necesitan para equipar a un regimiento entero”.

Y puso énfasis en los 34 rifles Barrett calibre .50 que habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa. Señaló que el poder de destrucción de estas armas es tal que podría cambiar el desenlace de cualquier combate.

*Andrew Kennis es un periodista independiente que trabaja en Chicago y en la Ciudad de México y ha colaborado en The Christian Science Monitor y Al- Jazeera. Jason McGahan es maestro de literatura británica y estadunidense; formó parte del equipo editorial de The Washington Post.

El caso del Vicentillo, cuyo juicio se inicia el 13 de febrero de 2012 en Estados Unidos, se le complica cada vez más al Departamento de Justicia. Su respuesta a la solicitud de la defensa de que esa instancia entregue toda la información en que se aluda a la presunta protección del gobierno de Estados Unidos al cártel de Sinaloa y a sus principales capos –El Chapo y El Mayo, padre del inculpado– no satisfizo al juez Rubén Castillo, quien preside las diligencias preparatorias en la Corte Federal del Distrito Norte del estado de Illinois. En el juicio está de por medio información sensible que compromete al gobierno de Estados Unidos.

CHICAGO.– Arrinconado por los argumentos de Jesús Vicente Zambada Niebla según los cuales la DEA protege al cártel de Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos se negó a desclasificar documentos que aluden a su relación con organizaciones de narcotraficantes mexicanos, pero ofreció entregar declaraciones juramentadas por escrito del abogado Humberto Loya Castro, su presunto enlace con Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

El miércoles 16, la Corte Federal del Distrito Norte del estado de Illinois, con sede en Chicago, recibió del Departamento de Justicia la siguiente notificación: “Se entregarán por escrito declaraciones juramentadas de Humberto Loya Castro, quien bajo este compromiso podría ser justificado para no presentarse como testigo durante el juicio de Zambada Niebla”.

Técnicamente, el documento firmado por el fiscal federal Patrick Fitzgerald es una aceptación indirecta de que Loya Castro es el representante legal del Chapo (Proceso 1826), enlace entre el cártel de Sinaloa y la Drug Enforcement Administration (DEA), así como un presunto criminal que colabora con el gobierno de Estados Unidos.

El juez federal Rubén Castillo, quien a partir del 13 febrero del próximo año presidirá el juicio contra El Vicentillo por delitos relacionados con el narcotráfico, aceptó parcialmente la propuesta de Fitzgerald: “Tienen hasta el 1 de diciembre de este año para presentar las declaraciones juramentadas y por escrito de Loya Castro”, respondió a los fiscales.

En la sesión de la corte de la semana pasada, el juez Castillo aclaró que, con base en el contenido de las declaraciones por escrito de Loya Castro, podrá determinar si éste será requerido o se le excusará como testigo en el juicio.

Castillo aún tiene en su mano la prerrogativa de pedir la desclasificación de los documentos que el gobierno insiste en mantener en secreto y se niega a entregar a la defensa del Vicentillo, quien es hijo de Ismael El Mayo Zambada García, lugarteniente del Chapo y número dos en el mando del cártel de Sinaloa. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la edición 1830 de la revista Proceso, que ya está en circulación)

MÉXICO, D. F. (apro).- La Fiscalía estadunidense que lleva el caso de Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo¸ deberá responder mañana a los alegatos de la defensa del capo sobre la supuesta inmunidad judicial que le proporcionó la DEA a cambio de información de cárteles rivales.

De acuerdo con la defensa, las actividades de narcotráfico de Zambada Niebla estaban protegidas por un acuerdo de inmunidad con la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). El documento fue presentado por la defensa a la corte federal el pasado 29 de julio.

El Vicentillo reveló a sus abogados que él y otros líderes del cártel de Sinaloa dieron a los agentes de la DEA información de grupos rivales y que el acuerdo le daba a su organización “carta blanca” para llevar cocaína de contrabando a Estados Unidos.

Los fiscales han desestimado estas afirmaciones del hijo de El Mayo Zambada, uno de los lugartenientes del cártel del narcotráfico más grande de México, pero tendrán que dar una respuesta detallada este viernes.

El Vicentillo enfrenta acusaciones de confabulación para traficar y distribuir drogas en Estados Unidos para el cártel de Sinaloa que, de comprobarse en el juicio que está programado para febrero del próximo año, podría hacerle acreedor a una sentencia máxima de cadena perpetua.

Se queja el capo por aislamiento en penal de Chicago

En tanto, Rubén Castillo, juez del Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois, dio un plazo de siete días a la Fiscalía que lleva el caso de El Vicentillo para responder a la queja presentada por su defensa por el confinamiento en que se encuentra, “sin respirar al aire libre” desde marzo del año pasado.

En una audiencia extraordinaria, el juez escuchó hoy a la defensa del hijo de El Mayo Zambada, quien demanda tener derechos iguales al resto de la población del Centro Metropolitano de Detención de Chicago, como tener recreos al aire libre pues las condiciones de aislamiento en las que vive, dice, “atentan contra la dignidad humana”.

La defensa del presunto capo del narcotráfico, afirma que Zambada Niebla sufre de malestares por el “castigo injustificado” que sufre desde hace más de un año, pues tiene prohibido el acceso a las áreas donde se encuentra la población general.

Por su parte, la directora del Centro de Detención de Chicago, Katheryn Linaweavey, rechazó las quejas de El Vicentillo y de Tomás Arévalo Rentería, quien es procesado por el mismo caso.

Afirmó que Zambada Niebla habla con los guardias, puede recibir correo y también tiene derecho a llamadas telefónicas semanales, además de que recibe atención médica y es observado diariamente por un psicólogo.

Castillo expresó su preocupación por la situación de Zambada Niebla y preguntó al equipo de fiscales qué podía hacer el gobierno y éste contestó que la responsabilidad es del Buró de Prisiones, por lo que el juez emplazó al Departamento de Justicia a responder a su petición en siete días.

Chicago, Estados Unidos.- Líderes del cártel de Sinaloa, frustrados luego que policías estadounidenses interfirieron con su lucrativo negocio, planearon un ataque al estilo militar contra algún edificio gubernamental estadounidense o mexicano para “enviarle a los gringos un mensaje”, dijeron fiscales federales de EU en documentos presentados esta semana.

El cártel de Sinaloa intentó conseguir decenas de armas hechas en Estados Unidos para un ataque en la Ciudad de México, contra posibles blancos que incluían edificios gubernamentales, una embajada o consulado o algún medio de comunicación, de acuerdo con los documentos del caso que involucra a Vicente Zambada.

Sin embargo, no hay nada en los documentos que pruebe que el plan se llevaría a cabo.

Chicago.- Narcotraficantes mexicanos, encabezados por el Cártel de Sinaloa, dominan el mercado de la marihuana en el área de Chicago, Estados Unidos, y lo protegen con una violencia feroz, según el jefe de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) en Chicago, Jack Riley.

“Si creen que la mafia italiana es lo peor de lo peor en materia de crimen organizado, piensen nuevamente. El Chapo Guzmán se los come crudo”, dijo Riley en una entrevista que publica hoy el Chicago Sun-Times.

Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, jefe del Cartel de Sinaloa, “es en mi opinión el criminal más peligroso del mundo y probablemente el más rico. Nunca vimos una organización criminal tan bien enfocada, con tan buen sentido para los negocios y también tan feroz y violenta”, agregó.

El mexicano Vicente Zambada Niebla, “Vicentillo”, será juzgado a partir del 13 de febrero próximo en Chicago como jefe de logística del cártel y su presunta responsabilidad por la importación de más de una tonelada de drogas y el lavado de unos 500 millones de dólares.

“Vicentillo”, quien fue extraditado en marzo de 2010, arriesga una condena de prisión perpetua, mientras que “El Chapo” está prófugo y, según la revista Forbes, es una de las 100 personas más ricas del mundo.

Riley dijo al diario que la marihuana introducida en Estados Unidos por el Cartel de Sinaloa procede en su mayoría de México, pero también “hay mucha alarma” porque se produce en los bosques del norte del vecino estado de Wisconsin y en el norte de Illinois.

“Aunque Chicago se encuentra en el centro de los Estados Unidos, para el comercio de marihuana es como si fuéramos fronterizos con México”, afirmó.

Según el director de la DEA en Chicago, las ganancias obtenidas con el comercio de marihuana “posibilitan al cartel la realización de otras actividades criminales como el tráfico de heroína, cocaína y metanfetaminas”.

Riley dijo que agentes federales descubrieron diez lugares en áreas remotas de Wisconsin donde sospechosos de trabajar para el Cartel de Sinaloa cuidaban unas 10.000 plantas de marihuana, armados con fusiles AK-47.

En el área de Chicago, y en menor escala, el cartel también cultiva la droga para asegurarse una cadena de suministros a sus mejores mercados sin interrupciones.

Riley señaló que las ciudades de Chicago y Atlanta se han convertido en los principales centros de distribución de marihuana y están “protegidos por el Cartel de Sinaloa con una violencia inconcebible”.

El diario atribuye a una fuente policial la información de que miembros del cartel, incluyendo un escuadrón de sicarios llamado “Escorpión”, han cometido asesinatos de rivales en Chicago.

La temporada alta para el transporte de la marihuana a Chicago va de enero a marzo, cuando se realiza la cosecha en México, a menudo oculta en camiones y debajo de frutas y otros alimentos.

Aunque el proceso de Zambada Niebla y otros integrantes del cartel se enfoca en el tráfico de cocaína y heroína, Riley dijo que las autoridades creen que esa organización es responsable de toneladas de marihuana decomisada en años recientes.

Como ejemplos mencionó que entre 2005 y 2009, la policía de Chicago interceptó 29 toneladas de marihuana mexicana, y otras 19 toneladas en 2010.

Agentes de la DEA confiscaron el año pasado 11 toneladas de marihuana empacadas en seis vagones ferroviarios procedentes de México.

La defensa de Zambada Niebla ha argumentado ante el juez federal de la causa, Rubén Castillo, que su cliente tenía inmunidad para realizar sus negocios en Estados Unidos a cambio de información sobre los carteles mexicanos rivales.

Para ello ha citado el testimonio del abogado mexicano Humberto Loya Castro, quien habría negociado la inmunidad para los miembros del Cártel de Sinaloa, incluyendo a “El Chapo” Guzmán y “Vicentillo”.

El Gobierno niega la existencia del acuerdo y sostiene que aunque existieran promesas de agentes federales, solamente el Departamento de Justicia podría autorizarlo.

Chicago.- Narcotraficantes mexicanos, encabezados por el Cártel de Sinaloa, dominan el mercado de la marihuana en el área de Chicago, Estados Unidos, y lo protegen con una violencia feroz, según el jefe de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) en Chicago, Jack Riley.
“Si creen que la mafia italiana es lo peor de lo peor en materia de crimen organizado, piensen nuevamente. El Chapo Guzmán se los come crudo”, dijo Riley en una entrevista que publica hoy el Chicago Sun-Times.
Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, jefe del Cartel de Sinaloa, “es en mi opinión el criminal más peligroso del mundo y probablemente el más rico. Nunca vimos una organización criminal tan bien enfocada, con tan buen sentido para los negocios y también tan feroz y violenta”, agregó.
El mexicano Vicente Zambada Niebla, “Vicentillo”, será juzgado a partir del 13 de febrero próximo en Chicago como jefe de logística del cártel y su presunta responsabilidad por la importación de más de una tonelada de drogas y el lavado de unos 500 millones de dólares.
“Vicentillo”, quien fue extraditado en marzo de 2010, arriesga una condena de prisión perpetua, mientras que “El Chapo” está prófugo y, según la revista Forbes, es una de las 100 personas más ricas del mundo.
Riley dijo al diario que la marihuana introducida en Estados Unidos por el Cartel de Sinaloa procede en su mayoría de México, pero también “hay mucha alarma” porque se produce en los bosques del norte del vecino estado de Wisconsin y en el norte de Illinois.
“Aunque Chicago se encuentra en el centro de los Estados Unidos, para el comercio de marihuana es como si fuéramos fronterizos con México”, afirmó.
Según el director de la DEA en Chicago, las ganancias obtenidas con el comercio de marihuana “posibilitan al cartel la realización de otras actividades criminales como el tráfico de heroína, cocaína y metanfetaminas”.
Riley dijo que agentes federales descubrieron diez lugares en áreas remotas de Wisconsin donde sospechosos de trabajar para el Cartel de Sinaloa cuidaban unas 10.000 plantas de marihuana, armados con fusiles AK-47.
En el área de Chicago, y en menor escala, el cartel también cultiva la droga para asegurarse una cadena de suministros a sus mejores mercados sin interrupciones.
Riley señaló que las ciudades de Chicago y Atlanta se han convertido en los principales centros de distribución de marihuana y están “protegidos por el Cartel de Sinaloa con una violencia inconcebible”.
El diario atribuye a una fuente policial la información de que miembros del cartel, incluyendo un escuadrón de sicarios llamado “Escorpión”, han cometido asesinatos de rivales en Chicago.
La temporada alta para el transporte de la marihuana a Chicago va de enero a marzo, cuando se realiza la cosecha en México, a menudo oculta en camiones y debajo de frutas y otros alimentos.
Aunque el proceso de Zambada Niebla y otros integrantes del cartel se enfoca en el tráfico de cocaína y heroína, Riley dijo que las autoridades creen que esa organización es responsable de toneladas de marihuana decomisada en años recientes.
Como ejemplos mencionó que entre 2005 y 2009, la policía de Chicago interceptó 29 toneladas de marihuana mexicana, y otras 19 toneladas en 2010.
Agentes de la DEA confiscaron el año pasado 11 toneladas de marihuana empacadas en seis vagones ferroviarios procedentes de México.
La defensa de Zambada Niebla ha argumentado ante el juez federal de la causa, Rubén Castillo, que su cliente tenía inmunidad para realizar sus negocios en Estados Unidos a cambio de información sobre los carteles mexicanos rivales.
Para ello ha citado el testimonio del abogado mexicano Humberto Loya Castro, quien habría negociado la inmunidad para los miembros del Cártel de Sinaloa, incluyendo a “El Chapo” Guzmán y “Vicentillo”.
El Gobierno niega la existencia del acuerdo y sostiene que aunque existieran promesas de agentes federales, solamente el Departamento de Justicia podría autorizarlo.

Vicente Zambada está en la cárcel en Chicago en espera de un juicio, dentro de una investigación internacional, y se ha declarado inocente de los cargos de haber conspirado para importar y vender grandes cantidades de cocaína y heroína en Estados Unidos.

Las autoridades dicen que su padre, Ismael Zambada, dirige el cártel junto con el hombre más buscado de México, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los abogados de Vicente Zambada alegan que a él y a otros líderes del cártel se les otorgó inmunidad por parte de agentes estadounidenses, y la libertad de pasar cocaína por la frontera, a cambio de información sobre los cárteles rivales que están enfrascados en una sangrienta guerra por territorio mexicano. Los fiscales han negado la existencia de dichos acuerdos.

Pero los arreglos con personajes importantes en el cártel han permitido a los fiscales debilitar sus operaciones. Pedro y Margarito Flores, mellizos que compraron y distribuyeron drogas del cártel en Chicago, están entre los que cooperan con el Gobierno.

Margarito Flores ha dicho que el plan para atacar un edificio del Gobierno o de algún medio de comunicación se gestó durante una reunión en un complejo en la cima de una montaña en México.

Los líderes del cártel, molestos por el reciente arresto del hermano de Ismael Zambada, se quejaron de que el Gobierno mexicano permite a los policías estadounidenses “hacer lo que quieran”, dijo Flores a los fiscales.

Cuando Guzmán preguntó qué harían los líderes respecto a ese problema, Ismael Zambada presuntamente respondió: “sería bueno enviar un mensaje a los gringos. Lo que sea que hagamos, lo tenemos que hacer en el territorio de alguien más”, de acuerdo con un reporte en el que los fiscales resumen su evidencia en contra de Vicente Zambada.

Durante la conversación, dicen los documentos, Guzmán sugirió que se enfocaran en un edificio gubernamental mexicano o estadounidense en la capital.

Vicente Zambada dijo entonces a Margarito Flores que encontrara a un soldado estadounidense que regresara del extranjero para darle 20 o 30 “armas de alto poder”, especificando que tenían que ser fabricadas por Estados Unidos.

Durante una conversación telefónica grabada después, los fiscales dijeron que Vicente Zambada le reiteró a Flores que el cártel compraría las armas.

http://www.proceso.com.mx/?p=289357

http://www.proceso.com.mx/?p=288696

retenes

De acuerdo con testimonios de empresarios transportistas, desde hace unos tres meses, grupos armados colocan retenes a diferentes horas del día en carreteras de Tamaulipas para realizar el cobro de cuotas, robos y secuestros de choferes que transportan mercancía.

En la imagen se muestran los puntos donde el crimen organizado está cometiendo robos y secuestros.

De acuerdo con testimonios de empresarios transportistas, desde hace unos tres meses, grupos armados colocan retenes a diferentes horas del día en carreteras de Tamaulipas para realizar el cobro de cuotas, robos y secuestros de choferes que transportan mercancía.

En la imagen se muestran los puntos donde el crimen organizado está cometiendo robos y secuestros.

lucha contra el narcotráfico

Washington.- El “resentimiento” del nuevo Gobierno mexicano ante el rol protagonista que EU había tomado en la lucha contra el narcotráfico ha provocado que la Administración de Barack Obama tema perder fuerza en la cooperación de seguridad, en la que ya empiezan a producirse cambios, informa hoy The Washington Post.


México, DF.- La consultora estadounidense Stratfor pronosticó que el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, no tendrá libertad para desviarse de la política antidroga establecida durante el sexenio calderonista; además, advierte, será “muy difícil” para el gobierno entrante contener la violencia e ignorar a los cárteles de la droga para lograr una transición “pacífica”.

El informe titulado “Las limitaciones del nuevo presidente” alerta que Peña Nieto llega en un momento donde las rutas de trasiego de droga son “más lucrativas que nunca”, además de que la competencia por su control ha aumentado su valor.

“Peña Nieto no tendrá más remedio que continuar con el uso de los militares en la lucha contra el crimen organizado en un futuro inmediato”, dice el análisis firmado por el vicepresidente de la firma, Scott Stewart.
Según el despacho, con sede en Texas, lo único que hizo Calderón fue “decapitar” a los cárteles, lo que provocó una lucha intestina en organizaciones como la de los hermanos Beltrán Leyva, “La Familia Michoacana”, “Los Zetas” y el cártel del Golfo.

Y avizora: “Aunque Peña Nieto saque al Ejército de las calles ‘la guerra de los cárteles’ continuará con la estela de violencia de Monterrey, Nuevo Laredo, Guadalajara y Acapulco”.

Sobre la propuesta de Peña de crear una gendarmería nacional contra el crimen organizado, la consultora se mantiene escéptica:

“Pasarán varios años antes de que sean reclutados y entrenados suficientes policías para reemplazar a los 30 mil soldados mexicanos que se dedican a patrullar las zonas de violencia”.

Y explica:

“Los cárteles están arraigados con pandillas callejeras, lo que ha repercutido en el consumo y en la violencia locales. Las luchas por el poder de los cárteles no son como antaño, las organizaciones actuales participan en enfrentamientos con sus organizaciones rivales y el gobierno, utilizando artefactos de uso exclusivo del Ejército, como armas automáticas, granadas de mano y granadas propulsadas por cohetes”.

Asimismo se refieren a la diversificación de las actividades ilícitas en los cárteles:

“La mayoría de los cárteles han diversificado hacia otras actividades criminales, tales como el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas y el robo de carga, además de tráfico de estupefacientes. Los Zetas hacen una cantidad considerable de dinero robando petróleo de Pemex, o de la piratería de CD’s y DVD’s”.


Chihuahua.- Personal del Buró Federal de Investigación (FBI) y de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos capacitaron a elementos de la Policía Municipal de Chihuahua.

Heliodoro Araiza Reyes, director de Seguridad Pública Municipal, informó que los instruyeron en técnicas de vigilancia, contrainteligencia, tipos de droga y relaciones humanas.

“Los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua son personas con una gran disposición por mejorar, aprender y superarse aún más, situación que me enorgullece, porque todo esto retribuye en un mejor servicio hacía los ciudadanos”, mencionó Araiza Reyes durante la entrega de reconocimientos a un grupo de elementos que culminaron su capacitación y actualización en estrategias contra el Narcomenudeo, impartido por las agencias norteamericanas.

El curso se desarrolló con el propósito de mejorar las estrategias de vigilancia, mediante acciones de inteligencia que permitan detectar la forma de operar de los probables delincuentes, así como la capacidad de prevenir las acciones delincuenciales (contrainteligencia).

“El curso de capacitación nos amplió el panorama en cuanto a las maneras de actuar, en determinadas situaciones de delito; como identificar las sustancias prohibidas, así como prevenir su probable actuar en contra de la ley”, expresó uno de los elementos preventivos durante la capacitación impartida por Carlos González, de la DEA.

Se les instruyó también en el manejo de entrevistas a personas afectadas, así como detenidos, que reditúen en mayor información para dar con probables copartícipes del delito, así como la relación interpersonal con el ciudadano.

Edmundo Mireles, capacitador y ex miembro del FBI, comentó que los policías de Chihuahua, se encuentran preparados y bien capacitados para el combate contra la delincuencia, pero que esta función será más eficaz con lo aprendido en el curso.

En tanto que Araiza Reyes indicó que seguirán promoviendo cursos de mejora continua al interior de la corporación, para que los elementos profesionalicen sus funciones, y de esa manera mostrar a la sociedad que la Policía Municipal de Chihuahua es profesional y sensible a las necesidades de la población.

La capacitación se desarrolló por un periodo de 15 días en la Escuela de Policía de Chihuahua, donde este fin de semana se entregaron reconocimientos a 15 elementos, como parte de las acciones concretadas mediante la Iniciativa Mérida.


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Tres guatemaltecos fueron capturados por elementos de la Policía Ministerial en Reynosa luego de que participaran en una de las balaceras registradas este sábado en esa ciudad.

El tiroteo ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas cuando elementos ministeriales realizaban recorridos de vigilancia por la colonia Los Robles y supuestamente fueron agredidos por los sujetos desde una vivienda ubicada en la calle Manzano número 404.

Los hombres estaban vestidos de militares y los policías les aseguraron un arsenal de alto poder.

Los detenidos fueron identificados como Antonio Balem Rodríguez, de 30 años; Hugo Rodolfo Quej, de 40 y Gabriel Cusyal, de 30, todos originarios de Guatemala.

A ellos se les decomisaron cuatro fusiles calibre .223, 41 cargadores calibre .223, seis cargadores calibre 7.62 x 39 y dos rifles.

También partes de un fusil de calibre .223, dos cañones y una culata, tres granadas calibre .40, equipo táctico militar, tres pantalones y cinco camisolas.

También paquetes de balas calibre 7.62 por 39 milímetros que sumaron un total de 186 balas útiles.

Los guatemaltecos fueron puestos a disposición del Ministerio Público que dio instrucciones de dar vista a las autoridades federales.


CREDITO:
Rubén Aguilar Valenzuela

Jorge G. Castañeda y yo hemos publicado Los saldo del narco: el fracaso de una guerra (Punto de Lectura, 2012). El texto analiza los saldos de la guerra de estos seis años, demuestra que las premisas de la misma, planteadas por el presidente Calderón, no se sostenían y propone los caminos para enfrentar, en el marco de una estrategia distinta, el problema del narcotráfico.

El texto ofrece una revisión y pone al día las cifras y estadísticas relacionadas con el consumo de las drogas, el incremento de la violencia, los homicidios, la violación de los derechos humanos y la percepción de la ciudadanía sobre la estrategia implementada por el gobierno.

La estrategia adoptada por el Presidente cuando decreta la guerra contra el narco, el 11 de diciembre del 2006, iba en sentido contrario a la tendencia mundial, que propone abandonar el enfoque punitivo y prohibicionista para enfrentar el problema desde el ámbito de la salud pública.

Ahora, seis años después, se hace todavía más evidente y en este tiempo ha crecido el número de los políticos y especialistas que piensan que la estrategia de guerra es un fracaso, que no se puede ganar y que los costos de liberarla resultan inútiles y son descomunales.

Sostenemos que antes de haber declarado la guerra “debió ser evidente para el Presidente y sus colaboradores que los países consumidores, de manera particular nuestro vecino del norte, no se ha planteado la necesidad de una guerra como la que él se propuso y no están dispuestos, bajo ningún precio, a emprenderla. Son conscientes de que los costos y daños de la misma son muy superiores a sus posibles beneficios”.

Planteamos también que a pesar de lo anterior y cuando en México “el consumo de las drogas era muy bajo, de que se vivía la menor violencia de la historia del país y la menor penetración del narco en las instituciones del gobierno, Calderón optó, sin necesidad y fundamento, por la guerra” bajo la ilusión, como lo anunció en un primer momento, de que con ésta lograría terminar con los cárteles, la violencia y el consumo de las drogas.

Con datos del propio gobierno y organismos internacionales, argumentamos: “Al concluir el sexenio, no ha ocurrido nada de lo prometido; los problemas permanecen tal cual o se agravan, y surgen otros de carácter colateral, incluso mayores que los que se pretendía resolver”.

No nos quedamos sólo en la crítica y en el último apartado del libro proponemos lo que para nosotros, asumiendo lo que proponen expresidentes de América Latina y también académicos de todo el mundo sería el camino a seguir para hacer frente de manera inteligente, realista y factible al problema. Somos conscientes de que se trata de un tema polémico que despierta todo tipo de críticas y pasiones. Estamos abiertos al diálogo y la discusión.


Chicago. A pocos kilómetros al oeste del centro de la ciudad, al otro lado de una entrada de terracota adornada con “Bienvenidos”, aromas y escenas de México se derraman en la Calle 26. La bandera mexicana ondea afuera de las tiendas. Vendedores ofrecen auténticos churros, chorizo y tamales.

El barrio de Little Village en Chicago es el hogar de más de 500,000 residentes de ascendencia mexicana y es conocido por su festival del Cinco de Mayo y su bullicioso desfile de la Independencia Mexicana. Pero las autoridades federales afirman que Little Village es también el hogar de otra cosa: una rama americana del Cártel de Sinaloa.

Los miembros del cártel más poderoso de México venden una cantidad récord de heroína y metanfetamina desde Little Village, de acuerdo con la DEA (Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas). Desde aquí las drogas se mueven a las calles del sur y el oeste de Chicago, donde se venden en los barrios de mayoría afroamericana.

“Chicago, con 100,000 miembros de pandillas que mueven la droga en la calle, es un paraíso logístico para el Cártel de Sinaloa. Ahora, tenemos que operar como si estuviéramos en la frontera con México”, indicó Jack Riley, agente especial de la DEA a cargo de la división de campo de Chicago.

No se trata sólo de Chicago. Al mismo tiempo que los cárteles de la droga han acumulado más control e influencia en México, han extendido su alcance adentro de EU, al establecer rutas de trasiego en el medio oeste y el sureste, de acuerdo con funcionarios estadounidenses antinarcóticos.

El gobierno de estadounidense ha proporcionado a México equipo de vigilancia, equipo de comunicaciones y otro tipo de asistencia bajo la Iniciativa Mérida. Pero los críticos aseguran que al norte de la frontera, el gobierno federal apenas ha golpeado a una sofisticada infraestructura que soporta el regreso a México de 20,000 millones de dólares al año.

El éxito de los cárteles mexicanos en lograr una distribución masiva de drogas es un reflejo de la falla en la inteligencia y operaciones del gobierno EU en la guerra en contra de las drogas, expuso Fulton T. Armstrong, un exoficial de Inteligencia Nacional para América Latina y exagente de la CIA.

De los siete grupos del crimen organizado mexicano que trafican drogas en EU, el Cártel de Sinaloa domina el negocio y vende la mayor parte de heroína, marihuana, metanfetamina y cocaína.

Un experto en seguridad estimó que el cártel mueve 1 kilo de cocaína hacia EU aproximadamente cada 10 minutos.


Desde que el presidente Felipe Calderón inició su sexenio y la estrategia de seguridad contra el crimen organizado, la Semar ha registrado cerca de 200 ataques de criminales

México, DF.- En la guerra al narcotráfico ordenada por el presidente Felipe Calderón desde el inicio de su mandato, la Armada de México ha sufrido alrededor de 200 agresiones en las que han muerto 300 presuntos integrantes de cárteles de las drogas.

Las bajas se han producido al responder a ataques directos, durante operativos de vigilancia y en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, como en las detenciones frustradas de Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca (diciembre 2009), y Ezequiel Cárdenas Guillén, en Matamoros, Tamaulipas (noviembre 2010), en las que ambos se enfrentaron a los marinos y fueron acribillados.

Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón ha asistido en al menos dos ocasiones a un área especial del Hospital Central Militar (HCM) a visitar a los militares heridos en acciones contra el narco.

Los infantes de Marina y los integrantes de las Fuerzas Especiales (FES) de la Armada han respondido a 187 agresiones, en las que han perdido a 23 elementos (todos masculinos) y han resultado heridos al menos 51 presuntos delincuentes, de acuerdo con un balance de la dependencia casi en el cierre del sexenio.

Las estadísticas indican además que 116 elementos navales han resultado heridos en los enfrentamientos con el narco en la actual administración.

Los marinos lesionados han sido trasladados principalmente al Hospital General Naval de Alta Especialidad, en el DF y otros recibieron atención en alguno de los hospitales, sanatorios y clínicas de la Marina en el País.
La Semar cuenta con un total de 34 instalaciones de atención médica ubicadas en las franjas costeras del país y en el DF. De las 34 instalaciones, 14 son hospitales, 13 son sanatorios y 7 son clínicas. Esta infraestructura hospitalaria cuenta en total con 782 camas, de acuerdo con los Informes de Labores de la dependencia.

Su sede más importante, el Hospital General Naval de Alta Especialidad, ubicada en el DF, no tiene áreas especiales para atender al personal naval herido en combate al narco. En cambio, la Sedena creó en septiembre de 2010, un área especial en el Hospital Central Militar para atender a sus heridos en enfrentamientos.

El área fue bautizada como Sala de Alto Impacto. El Presidente la visitó por última vez el 6 de julio de 2012, para conocer el estado de salud de algunos de los heridos que han pasado por esa sala durante su mandato.
De acuerdo con la Sedena, hasta octubre “se han atendido 237 pacientes en la Sala de Alto Impacto del HCM”.

Sin embargo, en una respuesta a una solicitud del IFAI hecha en 2011 en la que se le piden datos concretos sobre cuánto gastó en 2010 en curaciones y hospitalización del personal militar herido en la lucha antidrogas, la Sedena contestó en abril que “esta Secretaría no cuenta con un documento en el que se estipule el presupuesto exclusivo para la información que solicita, por lo no es posible atender su solicitud (sic).”

La Sedena cuenta con 52 instalaciones médicas en todo el país: 1 Hospital Central Militar; 2 Unidades de Especialidades Médicas; 1 Centro de Rehabilitación Infantil; una Clínica de Especialidades de la Mujer; 17 hospitales militares; 1 Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial y 22 Enfermerías.

Con información de El Universal


Washington.- Argentina se ha convertido en lugar de residencia temporal para narcotraficantes mexicanos y colombianos que buscan un lugar para esconderse, reveló hoy el diario The New York Times.

“Para muchos de estos fugitivos de la ley, Argentina se ha convertido en su hogar, un refugio confortable donde muchos de ellos se esconden temporalmente mientras se mantienen activos en la industria”, señaló el diario en su edición electrónica.

El diario, que citó al profesor mexicano de derecho Eduardo Buscaglia, apuntó que se han vuelto cotidianas las noticias sobre redadas, tiroteos y la “inexorable” realidad de que su país ya no es simplemente un punto de tránsito para los narcotraficantes.

Buscaglia, quien terminó el año pasado una misión en Argentina para Naciones Unidas, señaló que hay áreas marginales de ese país donde los narcotraficantes se han instalado para ofrecer servicios a cambio de silencio.

Agregó que son lugares en donde las probabilidades de que se proceda legalmente son “extremadamente” bajas, porque las autoridades en las provincias no tienen la capacidad de investigar crímenes complejos, y por lo general no cooperan internacionalmente.

“El cártel de Sinaloa ha infiltrado comunidades pobres en el área tropical limítrofe con Paraguay y Brasil al norte, en donde, en complicidad con autoridades locales, pueden actuar con impunidad”, remarcó el diario.

The New York Times citó a autoridades policiales, según las cuales narcotraficantes colombianos y mexicanos viven con sus familias en algunas de las más exclusivas áreas de Argentina, a las que consideran “mas seguras” que sus propios países.

Las mafias nombran intermediarios locales para administrar sus operaciones, añadió.

El diario anotó también que hay reportes de recientes actividades frustradas por las autoridades argentinas, que involucraban intentos de contrabandear cocaína a Estados Unidos y a Europa vía Cancún.

NTX/MG/SBR


SANTIAGO DE CHILE (AP) — Al menos 350 kilos de cocaína ocultaban cuatro grandes rocas exportadas en un contenedor desde Bolivia y descubierta por la policía en la ciudad de Arica, según informes policiales.

Ante sospechas policiales, el contenedor proveniente de Bolivia fue sometido a un scanner especial, que detectó la droga.

Arica es considerado uno de los principales puntos de ingreso de cocaína proveniente de Bolivia y que desde este país es enviada hacia Estados Unidos y Europa. En mayo funcionarios aduaneros detectaron también un cargamento de 50 kilos de cocaína boliviana que iba con destino a Italia.


Autoridades estadounidenses informaron hoy haber desmantelado en Arizona una extensa célula de traficantes de droga ligada al cártel de Sinaloa, tras arrestar a 20 sospechosos y decomisar 2.4 millones de dólares en efectivo.

El Departamento de Policía de Tempe, Arizona, informó que una investigación conjunta con la Oficina Anti narcóticos (DEA) permitió detectar a los traficantes que recibían la droga en Tempe y la distribuían en Nueva York, Alabama, California y otras ciudades.

La investigación condujo también al decomiso de una avioneta, 10 vehículos, tres toneladas de marihuana, 14 armas de fuego y 13.6 kilogramos de metanfetamina.

De acuerdo con la policía, la célula de traficantes estaba asociada al cártel de Sinaloa y era encabezada por Leonel Gálvez Leal, Norberto Meza Montoya, y José Alonzo Rodríguez Rosas.

Doug Coleman, agente especial a cargo de la oficina de la DEA en Phoenix, dijo que la investigación formaba parte de la estrategia denominada “Operación Estampida Nayarit” orientada a atacar las organizaciones narcotraficantes en la frontera de Arizona con México.


Bogotá, Colombia.- El ex director de la policía colombiana, general Oscar Naranjo, asesor del presidente electo de México Enrique Peña Nieto, afirmó el viernes que entre sus recomendaciones al futuro mandatario están la creación de grupos de choque mixtos para combatir no sólo a los narcos sino también a bandas de sicarios.

Dijo además que es recomendable fijar una meta de reducir la violencia en los primeros 100 días de la presidencia, una reducción que se logra focalizándose o concentrando los esfuerzos en las regiones de mayor conflictividad.

Naranjo, que es un asesor externo de Peña Nieto en temas de seguridad y combate al crimen organizado, dijo en una entrevista con la AP que los grupos de choque pueden estar integrados por unidades del Ejército, la Armada, cuerpos policiales y que sirvan para buscar y dar con “objetivos de alto valor” o los narcotraficantes más buscados.

Aquellas unidades que tengan mayor información y trabajo ya hecho en la búsqueda de ese líder del crimen organizado, entonces recibe todo el apoyo en materia de equipos e inteligencia, por ejemplo, dijo Naranjo, quien el pasado 12 de junio pasó a retiro tras cinco años en la dirección de la policía nacional colombiana.

Además de dar con esos narcotraficantes, cree que una forma de reducir la violencia es también combatiendo a las bandas de sicarios o pistoleros a sueldo y que son en parte responsables de la lucha territorial por la distribución y venta de drogas.

“Lo que he hecho es un llamado para que se establezcan estrategias diferenciales…luchar contra el narcotráfico en México tiene que significar disminuir los niveles de violencia”, indicó.

“Está bien perseguir a los narcotraficantes para capturarlos. Pero no esta bien no tener grupos elites persiguiendo a los homicidas para someterlos a ley, escuadrones de sicarios que llamamos (en Colombia) las ’oficinas de cobro’. A esos grupos sicariales hay que darles también la importancia para controlar los niveles de violencia.”

Tal estrategia ha servido a la policía colombiana durante la gestión de Naranjo. Con ella debilitó fuertemente y consiguió capturas a la “oficina” más sanguinaria de Medellín, creada en la época del narcotraficante Pablo Escobar, abatido por la policía en diciembre de 1993.

El uso de la fuerza militar como el Ejército en este tipo de combates -como cuando el gobierno mexicano decidió enviar al menos 10,000 uniformados a Ciudad Juárez a fines del año pasado- es poco recomendable, en su experiencia, porque el poder de fuego causa muertes entre civiles y no intimida a los criminales.

Esas fuerzas militares pueden ser más efectivas en tareas como cerrar corredores de paso de drogas, en interdicción marítima o aérea de cargamento de narcóticos, entre otras, aseguró.

La policía de seguridad, según ha recomendado, debe estar basada en cuatro principios básicos como que sea una política de Estado y no de un gobierno, que atienda a las víctimas de la violencia, que además este basada en cuerpos de seguridad con integridad o que no sean corruptos y con una visión regional y no meramente local.

En “los primeros 100 días (del nuevo gobierno) hay que fijar una meta de reducción de violencia. Puede salir mal. Puede salir bien, pero hay que jugársela” en conseguir esa baja de criminalidad, aseguró.

“Yo creo que es posible decirle a los mexicanos ’mire que en 100 días queremos la mitad de la violencia que tenemos’’’.

Al ver el mapa, dijo Naranjo, de los puntos de mayor violencia en México se percibe que están concentrados en pocos puntos.

Se consigue reducir homicidios y secuestros, por ejemplo, “focalizándose, porque es que está muy concentrada. Si tú miras ese mapa de violencia allá (en México) son seis sitios. “Es imposible que en seis ciudades tu no puedas tener unos controles”, destacó.

Naranjo además aseguró que Colombia seguirá prestando cooperación a México, un trabajo que ya tiene más de cinco años y por el cual al menos 7,000 agentes mexicanos han sido entrenados como policía judicial.

En una entrevista el viernes con la radio colombiana Caracol, Peña Nieto defendió la asesoría del oficial colombiano, un tema que ha sido criticado por rivales político del presidente electo.

“Yo he invitado el general Naranjo, quien amablemente aceptó ser parte de la asesoría y consultaría” externa, dijo Peña Nieto, “porque no podemos escatimar esfuerzos…tenemos que poner un alto y empezar el descenso de esta ola de criminalidad que tenemos”.

Peña Nieto ha reiterado que seguirá con la lucha del presidente Felipe Calderón contra los cárteles y ha dicho ante audiencias mexicanas y extranjeras, particularmente senadores y congresistas estadounidenses preocupados, que un nuevo enfoque en esa lucha no significa acuerdos secretos con los grupos criminales a cambio de reducir la violencia que ha matado a más de 47,500 personas desde finales de 2006.


Washington • Durante una audiencia pública en Washington, el activista Javier Sicilia denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la impunidad y corrupción en México, donde dijo, “nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune”.

El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad acusó al estado mexicano de permitir con su “inacción e ineficiencia” un incremento en el problema de las desapariciones forzadas en México.

“No sabemos qué parte del Estado está con el crimen, ni dónde está el crimen dentro del Estado. Es terrible”, dijo.

“Nos pueden matar, nos pueden secuestrar, porque el grado de inseguridad es atroz. Nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune”, lamentó Sicilia en la audiencia en la CIDH sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en México.

“La justicia es decepción, la impunidad es la norma”, expresó el poeta, quien denunció que en México, el 98 por ciento de los crímenes quedan impunes.

“Póngale a cada uno de ellos rostro. Y detrás de ese rostro, el de hermanos, un padre, y multiplíquenlo. Vean esos rostros: esa es la realidad del país”, afirmó.

Sicilia señaló la necesidad de “cambiar la estrategia de seguridad, tremendamente violenta, con pocos resultados, que incrementa el dolor cada día y está diseñada para la seguridad de las instituciones, no de los ciudadanos”.

“Pedimos que le den a la Procuraduría un presupuesto acorde a la altura del dolor del país y que se le dé voz y voto a los ciudadanos porque hay gran corrupción en el Estado”, dijo Sicilia durante una audiencia convocada sobre la seguridad ciudadana en México.

En la audiencia participó Julia Alonso, madre de un joven desaparecido junto a tres amigos en enero de 2008. “Ya no encuentro forma de pedir dónde está mi hijo”, señaló Alonso, antes de romper en llanto.

El relator para México de la CIDH, Rodrigo Escobar, calificó como “masivo” el problema de desapariciones forzadas y restó importancia al hecho de que diferentes organismos manejen cifras diversas, ya que mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de cinco mil denuncias, el movimiento de Sicilia lo ubica en 10 mil.

“Ése es el tema central, los peticionarios se han referido al drama y la tragedia de la desaparición forzada. Es un problema muy angustioso para las familias. Mientras no hay verdad, no hay justicia ni posibilidad de verdadera reconciliación”, agregó.

Escobar solicitó al Estado que aporte información sobre medidas específicas para las desapariciones forzadas, tales como la creación de un registro de desaparecidos, programas de atención a las familias de desaparecidos, reformas legislativas o mecanismos de búsqueda inmediata.

El subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora, negó categóricamente que en México exista una política de estado de desapariciones forzadas y señaló que Calderón creó este mes una Procuraduría Social de Atención a Víctimas, la cual cuenta con 326 funcionarios.

“Es falso que en México se ha generado violencia por la presencia de las fuerzas federales en las entidades federativas. Al contrario, están ahí para combatir la violencia un crimen organizado que los gobiernos locales no han podido combatir”, señaló Zamora. “Fueron rebasados y eso los llevó a solicitar apoyo al gobierno federal. Su acción es y ha sido consecuencia y no causa de la violencia”.

Carla Espinoza, directora del Centro de Derechos Humanos para las Américas del Instituto Internacional de Derechos Humanos de DePaul University, señaló a agentes del estado mexicano de practicar las desapariciones forzadas.

Se quejó además de que no existe una delineación clara de las responsabilidades del gobierno federal ni de los gobiernos estatales porque “las instituciones federales tienden a responsabilizar los gobiernos de los estados, mientras que los estados responsabilizan al gobierno federal en asuntos como el crimen organizado”.


Rubén Aguilar Valenzuela

Bogotá. El Presidente de Colombia (1990-1994) César Gaviria plantea que el próximo gobierno de México debe “desactivar el lenguaje de la guerra” en su lucha contra el narcotráfico porque éste sólo escala el conflicto e implica una lógica reduccionista, que desconoce la complejidad del problema.

En la sede de la fundación que él preside, adornada con obras de arte y piezas prehispánicas de culturas colombianas, afirma que el mayor problema de la seguridad de México está en la incapacidad del sistema judicial para impartir justicia. Urge al país desarrollar mecanismos que permitan una rápida y estricta aplicación de la justicia y eviten la impunidad.

Gaviria recomienda que México cuente con una policía unificada, para poder garantizar su coordinación. Ésa debe sustituir a las locales, no porque éstas sean corruptas, que lo pueden ser, sino porque enfrentar al crimen organizado exige tener una policía profesional con altos niveles de disciplina y formación militar. De otra manera siempre se habrá de fracasar.

El gobierno de México en la lucha contra el narcotráfico debería considerar, sugiere Gaviria, nombrar a un fiscal enfocado sólo a ese tema y también, como expresión política de que la lucha va en serio, eliminar la inmunidad jurídica de la que gozan los políticos.

La asesoría del gobierno de Estados Unidos, desde su punto de vista, hizo la diferencia en la lucha del gobierno de Colombia contra el narcotráfico. Hay un antes y un después. Gaviria asegura que sólo los estadounidenses tienen la capacidad técnica y la experiencia militar práctica para hacerlo.

Quien también fuera Secretario General de la Organización de Estados Americanos considera que los gobiernos de México y Colombia tienen calidad moral para plantear al de Estados Unidos la necesidad de discutir a fondo la actual estrategia. Si lo que se ha hecho no produce resultados, hay que cambiar.
Gaviria propone enfrentar la lucha contra el narco desde el enfoque de la salud pública que implica, entre otras cosas, discutir en serio la “regulación”, dice que la palabra legalización no es la correcta, primero de la marihuana y después de otro tipo de drogas como la heroína y la cocaína.

El gobierno de Estados Unidos, afirma Gaviria, no sabe qué hacer ante el problema y cuál es el camino a seguir. Avanza, por la vía de los hechos, en línea de una legalización disfrazada. Propone que el gobierno de México y el de Colombia promuevan una discusión abierta a nivel nacional e internacional sobre el problema del narco.

Las autoridades estadounidenses no quieren discutir y se cierran, dice Gaviria, y añade que el propósito de ese diálogo debe ser encontrar caminos para reducir el negocio del narco y el margen de sus ganancias. Se trata de desactivar al máximo la capacidad de las organizaciones dedicadas a la producción y venta de las drogas ilegales.

Twitter: @RubenAguilar

Washington.- El “resentimiento” del nuevo Gobierno mexicano ante el rol protagonista que EU había tomado en la lucha contra el narcotráfico ha provocado que la Administración de Barack Obama tema perder fuerza en la cooperación de seguridad, en la que ya empiezan a producirse cambios, informa hoy The Washington Post.


México, DF.- La consultora estadounidense Stratfor pronosticó que el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, no tendrá libertad para desviarse de la política antidroga establecida durante el sexenio calderonista; además, advierte, será “muy difícil” para el gobierno entrante contener la violencia e ignorar a los cárteles de la droga para lograr una transición “pacífica”.

El informe titulado “Las limitaciones del nuevo presidente” alerta que Peña Nieto llega en un momento donde las rutas de trasiego de droga son “más lucrativas que nunca”, además de que la competencia por su control ha aumentado su valor.

“Peña Nieto no tendrá más remedio que continuar con el uso de los militares en la lucha contra el crimen organizado en un futuro inmediato”, dice el análisis firmado por el vicepresidente de la firma, Scott Stewart.
Según el despacho, con sede en Texas, lo único que hizo Calderón fue “decapitar” a los cárteles, lo que provocó una lucha intestina en organizaciones como la de los hermanos Beltrán Leyva, “La Familia Michoacana”, “Los Zetas” y el cártel del Golfo.

Y avizora: “Aunque Peña Nieto saque al Ejército de las calles ‘la guerra de los cárteles’ continuará con la estela de violencia de Monterrey, Nuevo Laredo, Guadalajara y Acapulco”.

Sobre la propuesta de Peña de crear una gendarmería nacional contra el crimen organizado, la consultora se mantiene escéptica:

“Pasarán varios años antes de que sean reclutados y entrenados suficientes policías para reemplazar a los 30 mil soldados mexicanos que se dedican a patrullar las zonas de violencia”.

Y explica:

“Los cárteles están arraigados con pandillas callejeras, lo que ha repercutido en el consumo y en la violencia locales. Las luchas por el poder de los cárteles no son como antaño, las organizaciones actuales participan en enfrentamientos con sus organizaciones rivales y el gobierno, utilizando artefactos de uso exclusivo del Ejército, como armas automáticas, granadas de mano y granadas propulsadas por cohetes”.

Asimismo se refieren a la diversificación de las actividades ilícitas en los cárteles:

“La mayoría de los cárteles han diversificado hacia otras actividades criminales, tales como el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas y el robo de carga, además de tráfico de estupefacientes. Los Zetas hacen una cantidad considerable de dinero robando petróleo de Pemex, o de la piratería de CD’s y DVD’s”.


Chihuahua.- Personal del Buró Federal de Investigación (FBI) y de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos capacitaron a elementos de la Policía Municipal de Chihuahua.

Heliodoro Araiza Reyes, director de Seguridad Pública Municipal, informó que los instruyeron en técnicas de vigilancia, contrainteligencia, tipos de droga y relaciones humanas.

“Los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua son personas con una gran disposición por mejorar, aprender y superarse aún más, situación que me enorgullece, porque todo esto retribuye en un mejor servicio hacía los ciudadanos”, mencionó Araiza Reyes durante la entrega de reconocimientos a un grupo de elementos que culminaron su capacitación y actualización en estrategias contra el Narcomenudeo, impartido por las agencias norteamericanas.

El curso se desarrolló con el propósito de mejorar las estrategias de vigilancia, mediante acciones de inteligencia que permitan detectar la forma de operar de los probables delincuentes, así como la capacidad de prevenir las acciones delincuenciales (contrainteligencia).

“El curso de capacitación nos amplió el panorama en cuanto a las maneras de actuar, en determinadas situaciones de delito; como identificar las sustancias prohibidas, así como prevenir su probable actuar en contra de la ley”, expresó uno de los elementos preventivos durante la capacitación impartida por Carlos González, de la DEA.

Se les instruyó también en el manejo de entrevistas a personas afectadas, así como detenidos, que reditúen en mayor información para dar con probables copartícipes del delito, así como la relación interpersonal con el ciudadano.

Edmundo Mireles, capacitador y ex miembro del FBI, comentó que los policías de Chihuahua, se encuentran preparados y bien capacitados para el combate contra la delincuencia, pero que esta función será más eficaz con lo aprendido en el curso.

En tanto que Araiza Reyes indicó que seguirán promoviendo cursos de mejora continua al interior de la corporación, para que los elementos profesionalicen sus funciones, y de esa manera mostrar a la sociedad que la Policía Municipal de Chihuahua es profesional y sensible a las necesidades de la población.

La capacitación se desarrolló por un periodo de 15 días en la Escuela de Policía de Chihuahua, donde este fin de semana se entregaron reconocimientos a 15 elementos, como parte de las acciones concretadas mediante la Iniciativa Mérida.


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Tres guatemaltecos fueron capturados por elementos de la Policía Ministerial en Reynosa luego de que participaran en una de las balaceras registradas este sábado en esa ciudad.

El tiroteo ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas cuando elementos ministeriales realizaban recorridos de vigilancia por la colonia Los Robles y supuestamente fueron agredidos por los sujetos desde una vivienda ubicada en la calle Manzano número 404.

Los hombres estaban vestidos de militares y los policías les aseguraron un arsenal de alto poder.

Los detenidos fueron identificados como Antonio Balem Rodríguez, de 30 años; Hugo Rodolfo Quej, de 40 y Gabriel Cusyal, de 30, todos originarios de Guatemala.

A ellos se les decomisaron cuatro fusiles calibre .223, 41 cargadores calibre .223, seis cargadores calibre 7.62 x 39 y dos rifles.

También partes de un fusil de calibre .223, dos cañones y una culata, tres granadas calibre .40, equipo táctico militar, tres pantalones y cinco camisolas.

También paquetes de balas calibre 7.62 por 39 milímetros que sumaron un total de 186 balas útiles.

Los guatemaltecos fueron puestos a disposición del Ministerio Público que dio instrucciones de dar vista a las autoridades federales.


CREDITO:
Rubén Aguilar Valenzuela

Jorge G. Castañeda y yo hemos publicado Los saldo del narco: el fracaso de una guerra (Punto de Lectura, 2012). El texto analiza los saldos de la guerra de estos seis años, demuestra que las premisas de la misma, planteadas por el presidente Calderón, no se sostenían y propone los caminos para enfrentar, en el marco de una estrategia distinta, el problema del narcotráfico.

El texto ofrece una revisión y pone al día las cifras y estadísticas relacionadas con el consumo de las drogas, el incremento de la violencia, los homicidios, la violación de los derechos humanos y la percepción de la ciudadanía sobre la estrategia implementada por el gobierno.

La estrategia adoptada por el Presidente cuando decreta la guerra contra el narco, el 11 de diciembre del 2006, iba en sentido contrario a la tendencia mundial, que propone abandonar el enfoque punitivo y prohibicionista para enfrentar el problema desde el ámbito de la salud pública.

Ahora, seis años después, se hace todavía más evidente y en este tiempo ha crecido el número de los políticos y especialistas que piensan que la estrategia de guerra es un fracaso, que no se puede ganar y que los costos de liberarla resultan inútiles y son descomunales.

Sostenemos que antes de haber declarado la guerra “debió ser evidente para el Presidente y sus colaboradores que los países consumidores, de manera particular nuestro vecino del norte, no se ha planteado la necesidad de una guerra como la que él se propuso y no están dispuestos, bajo ningún precio, a emprenderla. Son conscientes de que los costos y daños de la misma son muy superiores a sus posibles beneficios”.

Planteamos también que a pesar de lo anterior y cuando en México “el consumo de las drogas era muy bajo, de que se vivía la menor violencia de la historia del país y la menor penetración del narco en las instituciones del gobierno, Calderón optó, sin necesidad y fundamento, por la guerra” bajo la ilusión, como lo anunció en un primer momento, de que con ésta lograría terminar con los cárteles, la violencia y el consumo de las drogas.

Con datos del propio gobierno y organismos internacionales, argumentamos: “Al concluir el sexenio, no ha ocurrido nada de lo prometido; los problemas permanecen tal cual o se agravan, y surgen otros de carácter colateral, incluso mayores que los que se pretendía resolver”.

No nos quedamos sólo en la crítica y en el último apartado del libro proponemos lo que para nosotros, asumiendo lo que proponen expresidentes de América Latina y también académicos de todo el mundo sería el camino a seguir para hacer frente de manera inteligente, realista y factible al problema. Somos conscientes de que se trata de un tema polémico que despierta todo tipo de críticas y pasiones. Estamos abiertos al diálogo y la discusión.


Chicago. A pocos kilómetros al oeste del centro de la ciudad, al otro lado de una entrada de terracota adornada con “Bienvenidos”, aromas y escenas de México se derraman en la Calle 26. La bandera mexicana ondea afuera de las tiendas. Vendedores ofrecen auténticos churros, chorizo y tamales.

El barrio de Little Village en Chicago es el hogar de más de 500,000 residentes de ascendencia mexicana y es conocido por su festival del Cinco de Mayo y su bullicioso desfile de la Independencia Mexicana. Pero las autoridades federales afirman que Little Village es también el hogar de otra cosa: una rama americana del Cártel de Sinaloa.

Los miembros del cártel más poderoso de México venden una cantidad récord de heroína y metanfetamina desde Little Village, de acuerdo con la DEA (Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas). Desde aquí las drogas se mueven a las calles del sur y el oeste de Chicago, donde se venden en los barrios de mayoría afroamericana.

“Chicago, con 100,000 miembros de pandillas que mueven la droga en la calle, es un paraíso logístico para el Cártel de Sinaloa. Ahora, tenemos que operar como si estuviéramos en la frontera con México”, indicó Jack Riley, agente especial de la DEA a cargo de la división de campo de Chicago.

No se trata sólo de Chicago. Al mismo tiempo que los cárteles de la droga han acumulado más control e influencia en México, han extendido su alcance adentro de EU, al establecer rutas de trasiego en el medio oeste y el sureste, de acuerdo con funcionarios estadounidenses antinarcóticos.

El gobierno de estadounidense ha proporcionado a México equipo de vigilancia, equipo de comunicaciones y otro tipo de asistencia bajo la Iniciativa Mérida. Pero los críticos aseguran que al norte de la frontera, el gobierno federal apenas ha golpeado a una sofisticada infraestructura que soporta el regreso a México de 20,000 millones de dólares al año.

El éxito de los cárteles mexicanos en lograr una distribución masiva de drogas es un reflejo de la falla en la inteligencia y operaciones del gobierno EU en la guerra en contra de las drogas, expuso Fulton T. Armstrong, un exoficial de Inteligencia Nacional para América Latina y exagente de la CIA.

De los siete grupos del crimen organizado mexicano que trafican drogas en EU, el Cártel de Sinaloa domina el negocio y vende la mayor parte de heroína, marihuana, metanfetamina y cocaína.

Un experto en seguridad estimó que el cártel mueve 1 kilo de cocaína hacia EU aproximadamente cada 10 minutos.


Desde que el presidente Felipe Calderón inició su sexenio y la estrategia de seguridad contra el crimen organizado, la Semar ha registrado cerca de 200 ataques de criminales

México, DF.- En la guerra al narcotráfico ordenada por el presidente Felipe Calderón desde el inicio de su mandato, la Armada de México ha sufrido alrededor de 200 agresiones en las que han muerto 300 presuntos integrantes de cárteles de las drogas.

Las bajas se han producido al responder a ataques directos, durante operativos de vigilancia y en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, como en las detenciones frustradas de Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca (diciembre 2009), y Ezequiel Cárdenas Guillén, en Matamoros, Tamaulipas (noviembre 2010), en las que ambos se enfrentaron a los marinos y fueron acribillados.

Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón ha asistido en al menos dos ocasiones a un área especial del Hospital Central Militar (HCM) a visitar a los militares heridos en acciones contra el narco.

Los infantes de Marina y los integrantes de las Fuerzas Especiales (FES) de la Armada han respondido a 187 agresiones, en las que han perdido a 23 elementos (todos masculinos) y han resultado heridos al menos 51 presuntos delincuentes, de acuerdo con un balance de la dependencia casi en el cierre del sexenio.

Las estadísticas indican además que 116 elementos navales han resultado heridos en los enfrentamientos con el narco en la actual administración.

Los marinos lesionados han sido trasladados principalmente al Hospital General Naval de Alta Especialidad, en el DF y otros recibieron atención en alguno de los hospitales, sanatorios y clínicas de la Marina en el País.
La Semar cuenta con un total de 34 instalaciones de atención médica ubicadas en las franjas costeras del país y en el DF. De las 34 instalaciones, 14 son hospitales, 13 son sanatorios y 7 son clínicas. Esta infraestructura hospitalaria cuenta en total con 782 camas, de acuerdo con los Informes de Labores de la dependencia.

Su sede más importante, el Hospital General Naval de Alta Especialidad, ubicada en el DF, no tiene áreas especiales para atender al personal naval herido en combate al narco. En cambio, la Sedena creó en septiembre de 2010, un área especial en el Hospital Central Militar para atender a sus heridos en enfrentamientos.

El área fue bautizada como Sala de Alto Impacto. El Presidente la visitó por última vez el 6 de julio de 2012, para conocer el estado de salud de algunos de los heridos que han pasado por esa sala durante su mandato.
De acuerdo con la Sedena, hasta octubre “se han atendido 237 pacientes en la Sala de Alto Impacto del HCM”.

Sin embargo, en una respuesta a una solicitud del IFAI hecha en 2011 en la que se le piden datos concretos sobre cuánto gastó en 2010 en curaciones y hospitalización del personal militar herido en la lucha antidrogas, la Sedena contestó en abril que “esta Secretaría no cuenta con un documento en el que se estipule el presupuesto exclusivo para la información que solicita, por lo no es posible atender su solicitud (sic).”

La Sedena cuenta con 52 instalaciones médicas en todo el país: 1 Hospital Central Militar; 2 Unidades de Especialidades Médicas; 1 Centro de Rehabilitación Infantil; una Clínica de Especialidades de la Mujer; 17 hospitales militares; 1 Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial y 22 Enfermerías.

Con información de El Universal


Washington.- Argentina se ha convertido en lugar de residencia temporal para narcotraficantes mexicanos y colombianos que buscan un lugar para esconderse, reveló hoy el diario The New York Times.

“Para muchos de estos fugitivos de la ley, Argentina se ha convertido en su hogar, un refugio confortable donde muchos de ellos se esconden temporalmente mientras se mantienen activos en la industria”, señaló el diario en su edición electrónica.

El diario, que citó al profesor mexicano de derecho Eduardo Buscaglia, apuntó que se han vuelto cotidianas las noticias sobre redadas, tiroteos y la “inexorable” realidad de que su país ya no es simplemente un punto de tránsito para los narcotraficantes.

Buscaglia, quien terminó el año pasado una misión en Argentina para Naciones Unidas, señaló que hay áreas marginales de ese país donde los narcotraficantes se han instalado para ofrecer servicios a cambio de silencio.

Agregó que son lugares en donde las probabilidades de que se proceda legalmente son “extremadamente” bajas, porque las autoridades en las provincias no tienen la capacidad de investigar crímenes complejos, y por lo general no cooperan internacionalmente.

“El cártel de Sinaloa ha infiltrado comunidades pobres en el área tropical limítrofe con Paraguay y Brasil al norte, en donde, en complicidad con autoridades locales, pueden actuar con impunidad”, remarcó el diario.

The New York Times citó a autoridades policiales, según las cuales narcotraficantes colombianos y mexicanos viven con sus familias en algunas de las más exclusivas áreas de Argentina, a las que consideran “mas seguras” que sus propios países.

Las mafias nombran intermediarios locales para administrar sus operaciones, añadió.

El diario anotó también que hay reportes de recientes actividades frustradas por las autoridades argentinas, que involucraban intentos de contrabandear cocaína a Estados Unidos y a Europa vía Cancún.

NTX/MG/SBR


SANTIAGO DE CHILE (AP) — Al menos 350 kilos de cocaína ocultaban cuatro grandes rocas exportadas en un contenedor desde Bolivia y descubierta por la policía en la ciudad de Arica, según informes policiales.

Ante sospechas policiales, el contenedor proveniente de Bolivia fue sometido a un scanner especial, que detectó la droga.

Arica es considerado uno de los principales puntos de ingreso de cocaína proveniente de Bolivia y que desde este país es enviada hacia Estados Unidos y Europa. En mayo funcionarios aduaneros detectaron también un cargamento de 50 kilos de cocaína boliviana que iba con destino a Italia.


Autoridades estadounidenses informaron hoy haber desmantelado en Arizona una extensa célula de traficantes de droga ligada al cártel de Sinaloa, tras arrestar a 20 sospechosos y decomisar 2.4 millones de dólares en efectivo.

El Departamento de Policía de Tempe, Arizona, informó que una investigación conjunta con la Oficina Anti narcóticos (DEA) permitió detectar a los traficantes que recibían la droga en Tempe y la distribuían en Nueva York, Alabama, California y otras ciudades.

La investigación condujo también al decomiso de una avioneta, 10 vehículos, tres toneladas de marihuana, 14 armas de fuego y 13.6 kilogramos de metanfetamina.

De acuerdo con la policía, la célula de traficantes estaba asociada al cártel de Sinaloa y era encabezada por Leonel Gálvez Leal, Norberto Meza Montoya, y José Alonzo Rodríguez Rosas.

Doug Coleman, agente especial a cargo de la oficina de la DEA en Phoenix, dijo que la investigación formaba parte de la estrategia denominada “Operación Estampida Nayarit” orientada a atacar las organizaciones narcotraficantes en la frontera de Arizona con México.


Bogotá, Colombia.- El ex director de la policía colombiana, general Oscar Naranjo, asesor del presidente electo de México Enrique Peña Nieto, afirmó el viernes que entre sus recomendaciones al futuro mandatario están la creación de grupos de choque mixtos para combatir no sólo a los narcos sino también a bandas de sicarios.

Dijo además que es recomendable fijar una meta de reducir la violencia en los primeros 100 días de la presidencia, una reducción que se logra focalizándose o concentrando los esfuerzos en las regiones de mayor conflictividad.

Naranjo, que es un asesor externo de Peña Nieto en temas de seguridad y combate al crimen organizado, dijo en una entrevista con la AP que los grupos de choque pueden estar integrados por unidades del Ejército, la Armada, cuerpos policiales y que sirvan para buscar y dar con “objetivos de alto valor” o los narcotraficantes más buscados.

Aquellas unidades que tengan mayor información y trabajo ya hecho en la búsqueda de ese líder del crimen organizado, entonces recibe todo el apoyo en materia de equipos e inteligencia, por ejemplo, dijo Naranjo, quien el pasado 12 de junio pasó a retiro tras cinco años en la dirección de la policía nacional colombiana.

Además de dar con esos narcotraficantes, cree que una forma de reducir la violencia es también combatiendo a las bandas de sicarios o pistoleros a sueldo y que son en parte responsables de la lucha territorial por la distribución y venta de drogas.

“Lo que he hecho es un llamado para que se establezcan estrategias diferenciales…luchar contra el narcotráfico en México tiene que significar disminuir los niveles de violencia”, indicó.

“Está bien perseguir a los narcotraficantes para capturarlos. Pero no esta bien no tener grupos elites persiguiendo a los homicidas para someterlos a ley, escuadrones de sicarios que llamamos (en Colombia) las ’oficinas de cobro’. A esos grupos sicariales hay que darles también la importancia para controlar los niveles de violencia.”

Tal estrategia ha servido a la policía colombiana durante la gestión de Naranjo. Con ella debilitó fuertemente y consiguió capturas a la “oficina” más sanguinaria de Medellín, creada en la época del narcotraficante Pablo Escobar, abatido por la policía en diciembre de 1993.

El uso de la fuerza militar como el Ejército en este tipo de combates -como cuando el gobierno mexicano decidió enviar al menos 10,000 uniformados a Ciudad Juárez a fines del año pasado- es poco recomendable, en su experiencia, porque el poder de fuego causa muertes entre civiles y no intimida a los criminales.

Esas fuerzas militares pueden ser más efectivas en tareas como cerrar corredores de paso de drogas, en interdicción marítima o aérea de cargamento de narcóticos, entre otras, aseguró.

La policía de seguridad, según ha recomendado, debe estar basada en cuatro principios básicos como que sea una política de Estado y no de un gobierno, que atienda a las víctimas de la violencia, que además este basada en cuerpos de seguridad con integridad o que no sean corruptos y con una visión regional y no meramente local.

En “los primeros 100 días (del nuevo gobierno) hay que fijar una meta de reducción de violencia. Puede salir mal. Puede salir bien, pero hay que jugársela” en conseguir esa baja de criminalidad, aseguró.

“Yo creo que es posible decirle a los mexicanos ’mire que en 100 días queremos la mitad de la violencia que tenemos’’’.

Al ver el mapa, dijo Naranjo, de los puntos de mayor violencia en México se percibe que están concentrados en pocos puntos.

Se consigue reducir homicidios y secuestros, por ejemplo, “focalizándose, porque es que está muy concentrada. Si tú miras ese mapa de violencia allá (en México) son seis sitios. “Es imposible que en seis ciudades tu no puedas tener unos controles”, destacó.

Naranjo además aseguró que Colombia seguirá prestando cooperación a México, un trabajo que ya tiene más de cinco años y por el cual al menos 7,000 agentes mexicanos han sido entrenados como policía judicial.

En una entrevista el viernes con la radio colombiana Caracol, Peña Nieto defendió la asesoría del oficial colombiano, un tema que ha sido criticado por rivales político del presidente electo.

“Yo he invitado el general Naranjo, quien amablemente aceptó ser parte de la asesoría y consultaría” externa, dijo Peña Nieto, “porque no podemos escatimar esfuerzos…tenemos que poner un alto y empezar el descenso de esta ola de criminalidad que tenemos”.

Peña Nieto ha reiterado que seguirá con la lucha del presidente Felipe Calderón contra los cárteles y ha dicho ante audiencias mexicanas y extranjeras, particularmente senadores y congresistas estadounidenses preocupados, que un nuevo enfoque en esa lucha no significa acuerdos secretos con los grupos criminales a cambio de reducir la violencia que ha matado a más de 47,500 personas desde finales de 2006.


Washington • Durante una audiencia pública en Washington, el activista Javier Sicilia denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la impunidad y corrupción en México, donde dijo, “nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune”.

El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad acusó al estado mexicano de permitir con su “inacción e ineficiencia” un incremento en el problema de las desapariciones forzadas en México.

“No sabemos qué parte del Estado está con el crimen, ni dónde está el crimen dentro del Estado. Es terrible”, dijo.

“Nos pueden matar, nos pueden secuestrar, porque el grado de inseguridad es atroz. Nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune”, lamentó Sicilia en la audiencia en la CIDH sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en México.

“La justicia es decepción, la impunidad es la norma”, expresó el poeta, quien denunció que en México, el 98 por ciento de los crímenes quedan impunes.

“Póngale a cada uno de ellos rostro. Y detrás de ese rostro, el de hermanos, un padre, y multiplíquenlo. Vean esos rostros: esa es la realidad del país”, afirmó.

Sicilia señaló la necesidad de “cambiar la estrategia de seguridad, tremendamente violenta, con pocos resultados, que incrementa el dolor cada día y está diseñada para la seguridad de las instituciones, no de los ciudadanos”.

“Pedimos que le den a la Procuraduría un presupuesto acorde a la altura del dolor del país y que se le dé voz y voto a los ciudadanos porque hay gran corrupción en el Estado”, dijo Sicilia durante una audiencia convocada sobre la seguridad ciudadana en México.

En la audiencia participó Julia Alonso, madre de un joven desaparecido junto a tres amigos en enero de 2008. “Ya no encuentro forma de pedir dónde está mi hijo”, señaló Alonso, antes de romper en llanto.

El relator para México de la CIDH, Rodrigo Escobar, calificó como “masivo” el problema de desapariciones forzadas y restó importancia al hecho de que diferentes organismos manejen cifras diversas, ya que mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de cinco mil denuncias, el movimiento de Sicilia lo ubica en 10 mil.

“Ése es el tema central, los peticionarios se han referido al drama y la tragedia de la desaparición forzada. Es un problema muy angustioso para las familias. Mientras no hay verdad, no hay justicia ni posibilidad de verdadera reconciliación”, agregó.

Escobar solicitó al Estado que aporte información sobre medidas específicas para las desapariciones forzadas, tales como la creación de un registro de desaparecidos, programas de atención a las familias de desaparecidos, reformas legislativas o mecanismos de búsqueda inmediata.

El subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora, negó categóricamente que en México exista una política de estado de desapariciones forzadas y señaló que Calderón creó este mes una Procuraduría Social de Atención a Víctimas, la cual cuenta con 326 funcionarios.

“Es falso que en México se ha generado violencia por la presencia de las fuerzas federales en las entidades federativas. Al contrario, están ahí para combatir la violencia un crimen organizado que los gobiernos locales no han podido combatir”, señaló Zamora. “Fueron rebasados y eso los llevó a solicitar apoyo al gobierno federal. Su acción es y ha sido consecuencia y no causa de la violencia”.

Carla Espinoza, directora del Centro de Derechos Humanos para las Américas del Instituto Internacional de Derechos Humanos de DePaul University, señaló a agentes del estado mexicano de practicar las desapariciones forzadas.

Se quejó además de que no existe una delineación clara de las responsabilidades del gobierno federal ni de los gobiernos estatales porque “las instituciones federales tienden a responsabilizar los gobiernos de los estados, mientras que los estados responsabilizan al gobierno federal en asuntos como el crimen organizado”.


Rubén Aguilar Valenzuela

Bogotá. El Presidente de Colombia (1990-1994) César Gaviria plantea que el próximo gobierno de México debe “desactivar el lenguaje de la guerra” en su lucha contra el narcotráfico porque éste sólo escala el conflicto e implica una lógica reduccionista, que desconoce la complejidad del problema.

En la sede de la fundación que él preside, adornada con obras de arte y piezas prehispánicas de culturas colombianas, afirma que el mayor problema de la seguridad de México está en la incapacidad del sistema judicial para impartir justicia. Urge al país desarrollar mecanismos que permitan una rápida y estricta aplicación de la justicia y eviten la impunidad.

Gaviria recomienda que México cuente con una policía unificada, para poder garantizar su coordinación. Ésa debe sustituir a las locales, no porque éstas sean corruptas, que lo pueden ser, sino porque enfrentar al crimen organizado exige tener una policía profesional con altos niveles de disciplina y formación militar. De otra manera siempre se habrá de fracasar.

El gobierno de México en la lucha contra el narcotráfico debería considerar, sugiere Gaviria, nombrar a un fiscal enfocado sólo a ese tema y también, como expresión política de que la lucha va en serio, eliminar la inmunidad jurídica de la que gozan los políticos.

La asesoría del gobierno de Estados Unidos, desde su punto de vista, hizo la diferencia en la lucha del gobierno de Colombia contra el narcotráfico. Hay un antes y un después. Gaviria asegura que sólo los estadounidenses tienen la capacidad técnica y la experiencia militar práctica para hacerlo.

Quien también fuera Secretario General de la Organización de Estados Americanos considera que los gobiernos de México y Colombia tienen calidad moral para plantear al de Estados Unidos la necesidad de discutir a fondo la actual estrategia. Si lo que se ha hecho no produce resultados, hay que cambiar.
Gaviria propone enfrentar la lucha contra el narco desde el enfoque de la salud pública que implica, entre otras cosas, discutir en serio la “regulación”, dice que la palabra legalización no es la correcta, primero de la marihuana y después de otro tipo de drogas como la heroína y la cocaína.

El gobierno de Estados Unidos, afirma Gaviria, no sabe qué hacer ante el problema y cuál es el camino a seguir. Avanza, por la vía de los hechos, en línea de una legalización disfrazada. Propone que el gobierno de México y el de Colombia promuevan una discusión abierta a nivel nacional e internacional sobre el problema del narco.

Las autoridades estadounidenses no quieren discutir y se cierran, dice Gaviria, y añade que el propósito de ese diálogo debe ser encontrar caminos para reducir el negocio del narco y el margen de sus ganancias. Se trata de desactivar al máximo la capacidad de las organizaciones dedicadas a la producción y venta de las drogas ilegales.

Twitter: @RubenAguilar

el tráfico de armas de Estados Unidos

http://eleconomista.com.mx/infografias/2012/12/19/economia-las-armas-eu


Jun-15 19:59 hrs

Proponen tregua entre gobierno y Congreso por ”Rápido y Furioso”

Jun-13 15:07 hrs

Ofrecen republicanos salida contra desacato por ”Rápido y Furioso”

Ante el Comité Judicial del Senado, el procurador general dijo estar dispuesto a hacer concesiones, aunque sostuvo que existen bases legales para preservar la confidencialidad de los materiales

  • Procurador estadounidense descarta renunciar por ”Rápido y Furioso”

  • WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (03/FEB/2012).- A prácticamente 11 meses de que se diera a conocer el operativo “Rápido y Furioso”, mediante el cual Estados Unidos ingresó a México más de dos mil armas para rastrear a los grupos del narcotráfico, y a las que terminó perdiéndoles la pista, no hay culpables.

    Ayer, el procurador estadounidense Eric Holder afirmó ante la Cámara de Representantes que ”pronto” habrá culpables.

    El funcionario que hasta el momento ha caído de su puesto por el operativo es Kenneth Melson, ex director interino de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés), oficina que se habría encargado de supervisar la fallida estrategia.

    Ayer, Holder invocó la separación de poderes que consagra la Constitución para rechazar las acusaciones infundadas y resistir las amenazas de desacato que le ha lanzado la mayoría republicana en la Cámara de Representantes para obligarle a entregar todos los documentos relativos a “Rápido y Furioso”.

    Durante la que ha sido su sexta ocasión ante el comité de supervisión de la Cámara baja, Holder reiteró por enésima ocasión que nunca autorizó, ni se enteró del tráfico supervisado de armas que fueron a parar a los carteles de la droga.

    “Nunca autoricé, ni me enteré de estas tácticas”, repitió Holder a lo largo de una audiencia en la que los republicanos trataron nuevamente de acorralarle.

    El principal argumento de los congresistas que investigan el caso es que la administración de Barack Obama, mediante del Departamento de Justicia, intentan ocultar su participación en el operativo. Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión Gubernamental, dijo a Eric Holder que la dependencia a su cargo sólo ha entregado seis mil 400 páginas de unas 93 mil que han solicitado, lo que, afirmó, representa una señal inequívoca de que la Fiscalía General de EU oculta evidencia.

    “Toda esa gente (en el Departamento de Justicia) debería estar avergonzada por no hacer el trabajo como debieron hacerlo”.

    En los documentos que han sido revelados existen reportes donde la ATF señala que oficiales del más alto rango y cercanos a Holder impulsaron la táctica de “dejar las armas caminar”, mientras que en otros informes los mandos del Departamento de Justicia culpan a la oficina de la ATF en Phoenix de ser la única responsable por el fallido operativo.

    Demandan al Gobierno

    La familia de un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, quien fue asesinado, presentó una reclamación por 25 millones de dólares por homicidio culposo contra el Gobierno federal.

    El documento de 65 páginas que es un precursor de una demanda fue presentado en Phoenix y afirma que Brian Terry fue asesinado porque investigadores permitieron que las armas del asesinato llegaran a las manos de criminales, informó The Arizona Republic.

    Terry murió el 14 de diciembre de 2010, cuando su unidad de operaciones especiales se involucró en un tiroteo con bandidos de la frontera en un área remota en el Sur de Arizona, cerca de Rio Rico.

    CRÉDITOS:
    Informador Redacción / RMP


    WASHINGTON (apro).- La responsabilidad de que en México se haya disparado el número de homicidios –más de 50 mil– recae en la “súbita disponibilidad” de armas de fuego procedentes de Estados Unidos que circulan en México, así como en la ausencia de mecanismos para regular la venta de las mismas en la Unión Americana, aseguró aquí el presidente Felipe Calderón.

    En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), que encabezó en la Casa Blanca el presidente Barack Obama, Calderón responsabilizo al tráfico ilegal de armas estadunidense de ser el motor de la narcoviolencia.

    “Cuando hay rápida disponibilidad de armas se da un aumento de la violencia y suben los números de homicidios”, subrayó el Ejecutivo mexicano durante una conferencia de prensa conjunta con Obama y Stephen Harper, el primer ministro de Canadá.

    Además, aseguró que la violencia en México comenzó a elevarse desde el año 2004, cuando en Estados Unidos expiró una ley que regulaba y prohibía la venta de armas automáticas y semiautomáticas.

    “Si no contamos con los mecanismos que prohíban la venta de armas automáticas, como los que había en los años noventa, por lo menos para las armas asalto, nunca vamos a poder detener la violencia en México”, acotó Calderón.

    El presidente estadunidense Barack Obama, anfitrión de la CLAN, reconoció la dificultad que implica el detener el tráfico de armas a México, pero no se comprometió a cumplir con el pedido de Calderón para promover una regulación que prohíba el armamento automático o semiautomático.

    “Es una tarea difícil, pero es una que debemos tomar con mucha seriedad. Continuaremos coordinándonos con el gobierno de México porque reconocemos el precio que tienen que pagar las familias de individuos inocentes”, dijo Obama.

    En la conferencia de prensa, celebrada en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, después de que a puerta cerrada Obama, Calderón y Harper abordaran los temas de la agenda de la CLAN, el tema de la seguridad ciudadana fue también abordado a nivel regional.

    En ese sentido, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México se comprometieron a respaldar a los países centroamericanos para contener el problema de la narcoviolencia.

    Obama, Calderón y Harper destacaron que en este momento la región de Centroamérica es la más necesitada de ayuda para enfrentar al crimen organizado.

    En la CLAN, los tres gobiernos abordaron los temas de comercio, competitividad, energía, medio ambiente, cooperación regional, creación de empleos y fortalecimiento al desarrollo económico.

    En un comunicado conjunto, las tres naciones norteamericanas determinaron seguir luchando a favor de los objetivos comunes, además de mantener abierto el diálogo y el intercambio de información.


    2 Septiembre, 2011 – 00:55

    Credito:
    Ana Langner / El Economista

    A pesar de los roces con el gobierno de Estados Unidos por temas como el número de agentes de ese país en México o el operativo Rápido y Furioso llevado a cabo sin avisar al gobierno mexicano, la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa Cantellano, aseguró que existe una relación “sin precedentes” con ese país.

    En conferencia de prensa en el marco del V Informe de Gobierno, la Canciller reconoció que el crimen organizado y el tráfico de armas de Estados Unidos hacia el país son los principales desafíos.

    Afirmó que desde que se levantó la prohibición de venta de armas de asalto en la Unión Americana se incrementaron los actos violentos en el país. De negarse la transacción de estos artefactos, “habría mucho más control”, aseguró.

    Los actos violentos que han sucedido en el país no provocan una opinión negativa en el mundo.

    “No hay crítica de otros países, sino reconocimiento”, expresó.

    La canciller aseguró que en el operativo Rápido y Furioso, con el cual el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) permitió el tráfico ilegal de unas 2,000 armas a territorio nacional, no hubo una decisión unilateral en el gobierno estadounidense porque fue realizado sin que se enterara la administración de Barack Obama.

    En relación con los mexicanos en el exterior y con migración, el V Informe de Gobierno reporta que de septiembre del 2010 a agosto del 2011 hubo un incremento de 28% de casos de connacionales víctimas de maltrato y violencia doméstica en Estados Unidos, con respecto al mismo periodo anterior.

    El documento detalla que en este espacio se atendieron 2,530 casos de mexicanos residentes en la Unión Americana de agresiones de este tipo durante el actual lapso reportado, mientras que en el año anterior, 1,831. Del total de casos, 1,865 son de rubro de atención a violencia doméstica (93% mujeres y 7% a hombres)y 665 víctimas de maltrato (57% hombres y 43% mujeres).


    La campaña ALTO AL CONTRABANDO DE ARMAS busca salvar vidas y rescatar la democracia mexicana. Presentaremos una carta al presidente Obama pidiéndole adoptar tres acciones para frenar el contrabando de armas de EU a México.
    ¡Únete! Tu FIRMA puede hacer la diferencia.

    Presidente Barack Obama:Frente al evidente tráfico de armas desde EU a México, Ud. puede realizar tres acciones que no requieren aprobación del Congreso en su país:

    • Detener inmediatamente y prohibir la importación de las armas de asalto a los EU, porque muchas se mandan de contrabando a México. 
    • Ordenar a los vendedores a reportar a la Oficina de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); la venta de varios fusiles de asalto a una misma persona durante un periodo de cinco días.
    • Aumentar la capacidad regulatoria de la ATF en las regiones donde se abastece el contrabando de armas a México, en especial, en los estados fronterizos.

    http://www.alianzacivica.org.mx/altoalasarmas/indexSp.php


    Bloomberg pide ayuda para frenar tráfico armas tras fin de semana sangriento

    Por Agencia EFE –
    06/09/2011

    Nueva York, 6 sep (EFE).- El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, pidió hoy más ayuda para combatir el tráfico ilegal de armas de fuego en las calles de la ciudad después de que una ola de tiroteos dejaran varios muertos y decenas de heridos durante los últimos tres días en la Gran Manzana.

    “Aquí en Nueva York, los últimos cuatro años han sido los más seguros en la historia de la ciudad, en parte porque hemos tomado medidas sin precedente para cortar de raíz la llegada de armas ilegales a nuestras calles. Pero no podemos hacerlo solos”, afirmó hoy Bloomberg en rueda de prensa.

    El alcalde añadió que la compraventa ilícita de armas de fuego “es un problema nacional” respecto al cual demócratas y republicanos hasta el momento no han tenido “el coraje de dar pasos básicos que podrían salvar vidas”.

    Bloomberg dijo que le gustaría que representantes federales le explicaran a las víctimas y sus familias por qué “no quieren presionar a favor de reformas basadas en el sentido común, como acabar con el vacío legal sobre las ferias de armamento. Eso salvaría muchas vidas en todo el país”.

    La Policía de Nueva York declinó hoy confirmar la cifra total de muertos y heridos por armas de fuego a lo largo del puente por el Día del Trabajo en EE.UU., pero The Wall Street Journal habla de al menos 10 fallecidos y más de 50 heridos.

    El alcalde reaccionó así después de un sangriento fin de semana en las calles de Nueva York, que tuvo su colofón en la noche del lunes, cuando un intercambio de disparos entre dos hombres empañó la celebración de un popular desfile y carnaval en Crown Heights, un barrio del distrito de Brooklyn.

    Uno de los pistoleros, Randy Johnson, fue alcanzado en el cuello por una bala y falleció en el hospital, mientras que el otro, Leroy Webster, disparó contra dos policías que resultaron heridos y en el fuego cruzado perecieron tres personas, entre ellos una señora de 56 años que estaba viendo el desfile desde la entrada de su apartamento.

    Ese incidente su suma a casi medio centenar de intercambios de disparos ocurridos a lo largo de los últimos tres días en la Gran Manzana, considerada por el FBI como una de las ciudades más seguras de Estados Unidos.

    © EFE 2011. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.


    ¿Cómo esta operando el trafico de armas en México?

    De acuerdo a la definición legal, el tráfico de armas consiste en la introducción al territorio nacional, en forma
    clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control. Esta norma es explícita en el artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

    De las investigaciones realizadas en México por el Ministerio Público Federal, apoyado por la Policía Federal y el Ejército Mexicano, así como del intercambio de información a través de la asistencia jurídica con las autoridades de justicia de los Estados Unidos de América, se tiene conocimiento que la modalidad preferida de los traficantes de armas es comprarlas a ciudadanos americanos o residentes legales que, a cambio de una cantidad de dinero.

    Así, los traficantes median entre el interesado y el vendedor autorizado de armas, para introducirlas a nuestro país, tanto por los 19 cruces de paso formales existen como por los incontables cruces informales a lo largo de los 3,152 kilómetros de frontera común.

    Por ejemplo, en Chihuahua hay 4 cruces formales, y 300 brechas que cruzan la frontera entre Ojinaga y Ciudad Juárez.

    Las armas se pasan de los Estados Unidos ocultas en vehículos terrestres, en las llantas de refacción, respaldo de asientos, oquedades fabricadas en las carrocerías, etc.

    La introducción se verifica a modo de operación “Hormiga” y no en grandes cantidades a la vez.

    Hasta el momento, no se ha detectado en México que alguna organización delictiva extranjera o nacional, se dedique exclusivamente al tráfico de armas.

    De las investigaciones en poder de la PGR, sólo se desprenden personas que en lo individual realizan esa actividad.

    De ahí la relevancia de la detención hecha por la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF, en la persona de Victor Varela, que según lo declarado ante las autoridades estadounidenses se dedicaba a abastecer de armas a la organización criminal de los Carrillo Fuentes.


    http://www.facebook.com/notes/estados-unidos-debe-parar-de-vender-armas-us-must-stop-selling-weapons/tr%C3%A1fico-de-armas-usa-mexico/155803741173813

    En Estados Unidos no hay grupos clandestinos que vendan armas, ya que a lo largo de toda la frontera norte de México existen más de cien mil permisionarios que las venden legalmente, en negocios legalmente constituidos o a través de las llamadas ferias de las armas “Gun Show”, que de la misma manera operan a lo largo de la franja fronteriza.
    Ahora bien, el fenómeno más común, es la intermediación de terceras personas que no tienen derecho a comprarlas, para poder acceder a ellas.

    Las armas se pasan de los Estados Unidos ocultas en vehículos terrestres, en las llantas de refacción, respaldo de asientos, oquedades fabricadas en las carrocerías, etc.

    La introducción se verifica a modo de operación “Hormiga” y no en grandes cantidades a la vez.

    Las organizaciones dedicadas al narcotráfico cuentan con miembros que se dedican a adquirir las armas para cubrir las necesidades de su grupo, para lo cual contactan a ciudadanos norteamericanos o residentes legales de ese país, para que mediante una retribución económica adquieran las armas que les solicitan.

    En Estados Unidos no hay grupos clandestinos que vendan armas, ya que a lo largo de toda la frontera norte de México existen más de cien mil permisionarios que las venden legalmente, en negocios legalmente constituidos o a través de las
    llamadas ferias de las armas “Gun Show”, que de la misma manera operan a lo largo de la franja fronteriza. Ahora bien, el fenómeno más común, es la intermediación de terceras personas que no tienen derecho a comprarlas, para poder acceder a ellas.

    ¿Cuáles son los estados con mayor incidencia?

    Los estados en donde se han obtenido cifras más altas, son en donde se ha concentrado la acción del Gobierno Federal en contra de la delincuencia organizada.

    •En armas largas, los estados más relevantes son Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Sonora y Chihuahua.

    •En municiones, Tamaulipas, Sonora, Michoacán, Chiapas y Veracruz.

    •En granadas Tamaulipas, Michoacán, Chiapas, Veracruz y Sonora.

    http://eleconomista.com.mx/infografias/2012/12/19/economia-las-armas-eu


    Jun-15 19:59 hrs

    Proponen tregua entre gobierno y Congreso por ”Rápido y Furioso”

    Jun-13 15:07 hrs

    Ofrecen republicanos salida contra desacato por ”Rápido y Furioso”

    Ante el Comité Judicial del Senado, el procurador general dijo estar dispuesto a hacer concesiones, aunque sostuvo que existen bases legales para preservar la confidencialidad de los materiales

  • Procurador estadounidense descarta renunciar por ”Rápido y Furioso”

  • WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (03/FEB/2012).- A prácticamente 11 meses de que se diera a conocer el operativo “Rápido y Furioso”, mediante el cual Estados Unidos ingresó a México más de dos mil armas para rastrear a los grupos del narcotráfico, y a las que terminó perdiéndoles la pista, no hay culpables.

    Ayer, el procurador estadounidense Eric Holder afirmó ante la Cámara de Representantes que ”pronto” habrá culpables.

    El funcionario que hasta el momento ha caído de su puesto por el operativo es Kenneth Melson, ex director interino de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés), oficina que se habría encargado de supervisar la fallida estrategia.

    Ayer, Holder invocó la separación de poderes que consagra la Constitución para rechazar las acusaciones infundadas y resistir las amenazas de desacato que le ha lanzado la mayoría republicana en la Cámara de Representantes para obligarle a entregar todos los documentos relativos a “Rápido y Furioso”.

    Durante la que ha sido su sexta ocasión ante el comité de supervisión de la Cámara baja, Holder reiteró por enésima ocasión que nunca autorizó, ni se enteró del tráfico supervisado de armas que fueron a parar a los carteles de la droga.

    “Nunca autoricé, ni me enteré de estas tácticas”, repitió Holder a lo largo de una audiencia en la que los republicanos trataron nuevamente de acorralarle.

    El principal argumento de los congresistas que investigan el caso es que la administración de Barack Obama, mediante del Departamento de Justicia, intentan ocultar su participación en el operativo. Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión Gubernamental, dijo a Eric Holder que la dependencia a su cargo sólo ha entregado seis mil 400 páginas de unas 93 mil que han solicitado, lo que, afirmó, representa una señal inequívoca de que la Fiscalía General de EU oculta evidencia.

    “Toda esa gente (en el Departamento de Justicia) debería estar avergonzada por no hacer el trabajo como debieron hacerlo”.

    En los documentos que han sido revelados existen reportes donde la ATF señala que oficiales del más alto rango y cercanos a Holder impulsaron la táctica de “dejar las armas caminar”, mientras que en otros informes los mandos del Departamento de Justicia culpan a la oficina de la ATF en Phoenix de ser la única responsable por el fallido operativo.

    Demandan al Gobierno

    La familia de un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, quien fue asesinado, presentó una reclamación por 25 millones de dólares por homicidio culposo contra el Gobierno federal.

    El documento de 65 páginas que es un precursor de una demanda fue presentado en Phoenix y afirma que Brian Terry fue asesinado porque investigadores permitieron que las armas del asesinato llegaran a las manos de criminales, informó The Arizona Republic.

    Terry murió el 14 de diciembre de 2010, cuando su unidad de operaciones especiales se involucró en un tiroteo con bandidos de la frontera en un área remota en el Sur de Arizona, cerca de Rio Rico.

    CRÉDITOS:
    Informador Redacción / RMP


    WASHINGTON (apro).- La responsabilidad de que en México se haya disparado el número de homicidios –más de 50 mil– recae en la “súbita disponibilidad” de armas de fuego procedentes de Estados Unidos que circulan en México, así como en la ausencia de mecanismos para regular la venta de las mismas en la Unión Americana, aseguró aquí el presidente Felipe Calderón.

    En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), que encabezó en la Casa Blanca el presidente Barack Obama, Calderón responsabilizo al tráfico ilegal de armas estadunidense de ser el motor de la narcoviolencia.

    “Cuando hay rápida disponibilidad de armas se da un aumento de la violencia y suben los números de homicidios”, subrayó el Ejecutivo mexicano durante una conferencia de prensa conjunta con Obama y Stephen Harper, el primer ministro de Canadá.

    Además, aseguró que la violencia en México comenzó a elevarse desde el año 2004, cuando en Estados Unidos expiró una ley que regulaba y prohibía la venta de armas automáticas y semiautomáticas.

    “Si no contamos con los mecanismos que prohíban la venta de armas automáticas, como los que había en los años noventa, por lo menos para las armas asalto, nunca vamos a poder detener la violencia en México”, acotó Calderón.

    El presidente estadunidense Barack Obama, anfitrión de la CLAN, reconoció la dificultad que implica el detener el tráfico de armas a México, pero no se comprometió a cumplir con el pedido de Calderón para promover una regulación que prohíba el armamento automático o semiautomático.

    “Es una tarea difícil, pero es una que debemos tomar con mucha seriedad. Continuaremos coordinándonos con el gobierno de México porque reconocemos el precio que tienen que pagar las familias de individuos inocentes”, dijo Obama.

    En la conferencia de prensa, celebrada en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, después de que a puerta cerrada Obama, Calderón y Harper abordaran los temas de la agenda de la CLAN, el tema de la seguridad ciudadana fue también abordado a nivel regional.

    En ese sentido, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México se comprometieron a respaldar a los países centroamericanos para contener el problema de la narcoviolencia.

    Obama, Calderón y Harper destacaron que en este momento la región de Centroamérica es la más necesitada de ayuda para enfrentar al crimen organizado.

    En la CLAN, los tres gobiernos abordaron los temas de comercio, competitividad, energía, medio ambiente, cooperación regional, creación de empleos y fortalecimiento al desarrollo económico.

    En un comunicado conjunto, las tres naciones norteamericanas determinaron seguir luchando a favor de los objetivos comunes, además de mantener abierto el diálogo y el intercambio de información.


    2 Septiembre, 2011 – 00:55

    Credito:
    Ana Langner / El Economista

    A pesar de los roces con el gobierno de Estados Unidos por temas como el número de agentes de ese país en México o el operativo Rápido y Furioso llevado a cabo sin avisar al gobierno mexicano, la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa Cantellano, aseguró que existe una relación “sin precedentes” con ese país.

    En conferencia de prensa en el marco del V Informe de Gobierno, la Canciller reconoció que el crimen organizado y el tráfico de armas de Estados Unidos hacia el país son los principales desafíos.

    Afirmó que desde que se levantó la prohibición de venta de armas de asalto en la Unión Americana se incrementaron los actos violentos en el país. De negarse la transacción de estos artefactos, “habría mucho más control”, aseguró.

    Los actos violentos que han sucedido en el país no provocan una opinión negativa en el mundo.

    “No hay crítica de otros países, sino reconocimiento”, expresó.

    La canciller aseguró que en el operativo Rápido y Furioso, con el cual el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) permitió el tráfico ilegal de unas 2,000 armas a territorio nacional, no hubo una decisión unilateral en el gobierno estadounidense porque fue realizado sin que se enterara la administración de Barack Obama.

    En relación con los mexicanos en el exterior y con migración, el V Informe de Gobierno reporta que de septiembre del 2010 a agosto del 2011 hubo un incremento de 28% de casos de connacionales víctimas de maltrato y violencia doméstica en Estados Unidos, con respecto al mismo periodo anterior.

    El documento detalla que en este espacio se atendieron 2,530 casos de mexicanos residentes en la Unión Americana de agresiones de este tipo durante el actual lapso reportado, mientras que en el año anterior, 1,831. Del total de casos, 1,865 son de rubro de atención a violencia doméstica (93% mujeres y 7% a hombres)y 665 víctimas de maltrato (57% hombres y 43% mujeres).


    La campaña ALTO AL CONTRABANDO DE ARMAS busca salvar vidas y rescatar la democracia mexicana. Presentaremos una carta al presidente Obama pidiéndole adoptar tres acciones para frenar el contrabando de armas de EU a México.
    ¡Únete! Tu FIRMA puede hacer la diferencia.

    Presidente Barack Obama:Frente al evidente tráfico de armas desde EU a México, Ud. puede realizar tres acciones que no requieren aprobación del Congreso en su país:

    • Detener inmediatamente y prohibir la importación de las armas de asalto a los EU, porque muchas se mandan de contrabando a México. 
    • Ordenar a los vendedores a reportar a la Oficina de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); la venta de varios fusiles de asalto a una misma persona durante un periodo de cinco días.
    • Aumentar la capacidad regulatoria de la ATF en las regiones donde se abastece el contrabando de armas a México, en especial, en los estados fronterizos.

    http://www.alianzacivica.org.mx/altoalasarmas/indexSp.php


    Bloomberg pide ayuda para frenar tráfico armas tras fin de semana sangriento

    Por Agencia EFE –
    06/09/2011

    Nueva York, 6 sep (EFE).- El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, pidió hoy más ayuda para combatir el tráfico ilegal de armas de fuego en las calles de la ciudad después de que una ola de tiroteos dejaran varios muertos y decenas de heridos durante los últimos tres días en la Gran Manzana.

    “Aquí en Nueva York, los últimos cuatro años han sido los más seguros en la historia de la ciudad, en parte porque hemos tomado medidas sin precedente para cortar de raíz la llegada de armas ilegales a nuestras calles. Pero no podemos hacerlo solos”, afirmó hoy Bloomberg en rueda de prensa.

    El alcalde añadió que la compraventa ilícita de armas de fuego “es un problema nacional” respecto al cual demócratas y republicanos hasta el momento no han tenido “el coraje de dar pasos básicos que podrían salvar vidas”.

    Bloomberg dijo que le gustaría que representantes federales le explicaran a las víctimas y sus familias por qué “no quieren presionar a favor de reformas basadas en el sentido común, como acabar con el vacío legal sobre las ferias de armamento. Eso salvaría muchas vidas en todo el país”.

    La Policía de Nueva York declinó hoy confirmar la cifra total de muertos y heridos por armas de fuego a lo largo del puente por el Día del Trabajo en EE.UU., pero The Wall Street Journal habla de al menos 10 fallecidos y más de 50 heridos.

    El alcalde reaccionó así después de un sangriento fin de semana en las calles de Nueva York, que tuvo su colofón en la noche del lunes, cuando un intercambio de disparos entre dos hombres empañó la celebración de un popular desfile y carnaval en Crown Heights, un barrio del distrito de Brooklyn.

    Uno de los pistoleros, Randy Johnson, fue alcanzado en el cuello por una bala y falleció en el hospital, mientras que el otro, Leroy Webster, disparó contra dos policías que resultaron heridos y en el fuego cruzado perecieron tres personas, entre ellos una señora de 56 años que estaba viendo el desfile desde la entrada de su apartamento.

    Ese incidente su suma a casi medio centenar de intercambios de disparos ocurridos a lo largo de los últimos tres días en la Gran Manzana, considerada por el FBI como una de las ciudades más seguras de Estados Unidos.

    © EFE 2011. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.


    ¿Cómo esta operando el trafico de armas en México?

    De acuerdo a la definición legal, el tráfico de armas consiste en la introducción al territorio nacional, en forma
    clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control. Esta norma es explícita en el artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

    De las investigaciones realizadas en México por el Ministerio Público Federal, apoyado por la Policía Federal y el Ejército Mexicano, así como del intercambio de información a través de la asistencia jurídica con las autoridades de justicia de los Estados Unidos de América, se tiene conocimiento que la modalidad preferida de los traficantes de armas es comprarlas a ciudadanos americanos o residentes legales que, a cambio de una cantidad de dinero.

    Así, los traficantes median entre el interesado y el vendedor autorizado de armas, para introducirlas a nuestro país, tanto por los 19 cruces de paso formales existen como por los incontables cruces informales a lo largo de los 3,152 kilómetros de frontera común.

    Por ejemplo, en Chihuahua hay 4 cruces formales, y 300 brechas que cruzan la frontera entre Ojinaga y Ciudad Juárez.

    Las armas se pasan de los Estados Unidos ocultas en vehículos terrestres, en las llantas de refacción, respaldo de asientos, oquedades fabricadas en las carrocerías, etc.

    La introducción se verifica a modo de operación “Hormiga” y no en grandes cantidades a la vez.

    Hasta el momento, no se ha detectado en México que alguna organización delictiva extranjera o nacional, se dedique exclusivamente al tráfico de armas.

    De las investigaciones en poder de la PGR, sólo se desprenden personas que en lo individual realizan esa actividad.

    De ahí la relevancia de la detención hecha por la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF, en la persona de Victor Varela, que según lo declarado ante las autoridades estadounidenses se dedicaba a abastecer de armas a la organización criminal de los Carrillo Fuentes.


    http://www.facebook.com/notes/estados-unidos-debe-parar-de-vender-armas-us-must-stop-selling-weapons/tr%C3%A1fico-de-armas-usa-mexico/155803741173813

    En Estados Unidos no hay grupos clandestinos que vendan armas, ya que a lo largo de toda la frontera norte de México existen más de cien mil permisionarios que las venden legalmente, en negocios legalmente constituidos o a través de las llamadas ferias de las armas “Gun Show”, que de la misma manera operan a lo largo de la franja fronteriza.
    Ahora bien, el fenómeno más común, es la intermediación de terceras personas que no tienen derecho a comprarlas, para poder acceder a ellas.

    Las armas se pasan de los Estados Unidos ocultas en vehículos terrestres, en las llantas de refacción, respaldo de asientos, oquedades fabricadas en las carrocerías, etc.

    La introducción se verifica a modo de operación “Hormiga” y no en grandes cantidades a la vez.

    Las organizaciones dedicadas al narcotráfico cuentan con miembros que se dedican a adquirir las armas para cubrir las necesidades de su grupo, para lo cual contactan a ciudadanos norteamericanos o residentes legales de ese país, para que mediante una retribución económica adquieran las armas que les solicitan.

    En Estados Unidos no hay grupos clandestinos que vendan armas, ya que a lo largo de toda la frontera norte de México existen más de cien mil permisionarios que las venden legalmente, en negocios legalmente constituidos o a través de las
    llamadas ferias de las armas “Gun Show”, que de la misma manera operan a lo largo de la franja fronteriza. Ahora bien, el fenómeno más común, es la intermediación de terceras personas que no tienen derecho a comprarlas, para poder acceder a ellas.

    ¿Cuáles son los estados con mayor incidencia?

    Los estados en donde se han obtenido cifras más altas, son en donde se ha concentrado la acción del Gobierno Federal en contra de la delincuencia organizada.

    •En armas largas, los estados más relevantes son Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Sonora y Chihuahua.

    •En municiones, Tamaulipas, Sonora, Michoacán, Chiapas y Veracruz.

    •En granadas Tamaulipas, Michoacán, Chiapas, Veracruz y Sonora.

    pandillas en los Estados Unidos

    México, DF.- Según un reporte del Buró Federal de Investigaciones (FBI), los cárteles de la droga de México tienen el control de cuatro de 10 pandillas en los Estados Unidos, o el 40 por ciento de alianzas con esas organizaciones delictivas.

    El beneficio de estas alianzas entre pandilleros de EU y el crimen organizado nacional es económico principalmente, sin embargo, también se refleja en el control de zonas estratégicas para el trasiego de droga a los Estados Unidos.

    Grupos como la “Mafia Mexicana” o el “Sindicato de Texas”, se han asociado con el Cártel del Golfo o Los Zetas, para ingresar armas o protección durante los envíos de droga a EU.

    El informe asegura que a la fecha más de 20 mil miembros de las principales pandillas de Texas tiene relación con el crimen organizado.

    México, DF.- Según un reporte del Buró Federal de Investigaciones (FBI), los cárteles de la droga de México tienen el control de cuatro de 10 pandillas en los Estados Unidos, o el 40 por ciento de alianzas con esas organizaciones delictivas.

    El beneficio de estas alianzas entre pandilleros de EU y el crimen organizado nacional es económico principalmente, sin embargo, también se refleja en el control de zonas estratégicas para el trasiego de droga a los Estados Unidos.

    Grupos como la “Mafia Mexicana” o el “Sindicato de Texas”, se han asociado con el Cártel del Golfo o Los Zetas, para ingresar armas o protección durante los envíos de droga a EU.

    El informe asegura que a la fecha más de 20 mil miembros de las principales pandillas de Texas tiene relación con el crimen organizado.

    la ATF proporciona armas a cartel de Sinaloa

    http://www.eluniversal.com.mx/primera/37372.html

    WASHINGTON.— “Armamos al cártel de Sinaloa. Es repugnante”, fueron las palabras de Carlos Canino, actual jefe en México de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), que contiene un nuevo testimonio que reveló el Congreso de Estados Unidos sobre el caso Rápido y furioso.

    El Comité de Supervisión Gubernamental hizo público el reporte con más declaraciones y acusaciones sobre el tráfico vigilado por la ATF que permitió la entrada de manera ilegal de miles de armas que terminaron en manos de los cárteles de la droga en México.

    Esta información se dio a conocer el día en que los principales mandos de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego activos en territorio mexicano comparecieron ante legisladores con el objetivo de llegar al fondo caso por medio de los testimonios de los oficiales que pudieron presenciar el flujo de armas desde Estados Unidos hasta México.

    En palabras de Canino, la operación Rápido y furioso fue una “tormenta perfecta de idiotez”. Y continúa: “Brian Terry (el agente de la Patrulla Fronteriza asesinado) no será el último. Probablemente hay cientos de Brian Terry en México”.

    Además de haber llegado a las manos del cártel de Sinaloa que lidera Joaquín Guzmán, como lo señaló el jefe en funciones de la ATF en México, documentos obtenidos por los investigadores del Congreso de EU prueban que armas vendidas a la vista de la Agencia como parte del fallido operativo fueron usadas por al menos tres organizaciones: la de Sinaloa, la de Teodoro García Simental, y por La Familia Michoacana.

    El comité intenta así probar que la ATF, encargada de prevenir que las armas lleguen a las manos del crimen organizado, consiguió facilitar que los cárteles de la droga en México se hicieran de verdaderos arsenales.

    Las nuevas pruebas de los congresistas contra el caso son como leña al fuego en el escándalo que desató Rápido y furioso y que alcanzó a varias agencias encargadas de la procuración de justicia en Estados Unidos en incluso al propio Departamento de Justicia, a cargo del fiscal general Eric Holder.

    Los funcionarios que comparecieron ante el los legisladores fueron: William McMahon, asistente del director para Operación de Campo en Phoenix y México; William Newell, ex agente especial a cargo de la División de Campo de la ATF en Phoenix; Carlos Canino, adjunto a cargo de la Oficina de la ATF en funciones en México; Jose Wall, agente senior en Tijuana; Lorren Leadmon, especialista en inteligencia de la ATF; y Darren Gil, ex jefe de la Oficina de la ATF en la embajada de Estados Unidos en México.

    La huella de las armas

    En el informe del Comité de Supervisión Gubernamental denominado Operación Rápido y furioso del Departamento de Justicia: alimentando la violencia de los cárteles se documentan casos en los que aparecieron armas que entraron a México por el operativo.

    Revela que el primer gran decomiso de armas vendidas a traficantes bajo la vigilancia de la ATF ocurrió el 20 de noviembre de 2009 en Naco, Sonora, donde las 42 armas aseguradas, incluidas 41 AK-47 y un rifle calibre .50, fueron rastreadas hasta sospechosos que investigaba la agencia. Algunas de éstas llegaron a las manos de cárteles de un día para otro luego de ser compradas.

    Casi tres semanas después del decomiso en Naco, un aseguramiento aún mayor en Mexicali, Baja California, incluyó 41 rifles de asalto AK-47, un AR-15 y un FN calibre 5.7, además de casi media tonelada de cocaína, 60 kilos de metanfetaminas, 392 cartuchos y 2 millones de dólares en efectivo.

    Otro decomiso más ocurrió en enero de 2010 en El Paso, Texas, donde se recuperaron 40 rifles cuyo origen fue rastreado hasta el fallido operativo.

    Después de conocer esto, la ATF permitió que las compras y el tráfico por parte de los sospechosos vigilados continuara por más de un año, hasta diciembre de 2010, cuando el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry fue asesinado y dos rifles de asalto parte de la operación Rápido y furioso fueron encontrados en la escena del crimen.

    El texto también revela que investigadores del comité viajaron a México el 25 de junio de 2011 para inspeccionar visualmente un helicóptero de la Policía Federal dañado con un Barret calibre .50 que penetró el cristal “a prueba de balas de la aeronave y que también tuvo su origen en el operativo”.

    Carlos Canino señaló: “En mi opinión, estos 34 rifles calibre .50 en las manos de uno de los cárteles va a cambiar los resultados de la batalla (entre fuerzas federales y criminales)”.

    Los implicados

    En el extenso informe elaborado por los republicanos Darrell Issa y Charles E. Grassley, que desde hace meses intentan deslindar responsabilidades sobre el caso, por primera vez se nombra a algunos funcionarios del Departamento de Justicia que estuvieron al tanto de Rápido y furioso.

    Hasta el momento ningún funcionario de la dependencia a cargo del fiscal general Eric Holder ha aceptado públicamente tener participación o haber conocido el operativo. Sin embargo, el informe de comité revela que el 5 de marzo de 2010 analistas de la ATF dijeron a mandos del Departamento de Justicia que el número de armas compradas por los traficantes había rebasado la cifra de mil.

    Uno de los presentes era Joe Cooley, que había sido enviado directamente por Lanny Breuer, asistente de Holder y jefe de la División Criminal de la dependencia. Cuando Cooley supo que más de mil armas de la operación estaban ya en manos de criminales, se limitó a decir “es una práctica aceptable”, según narra el documento.

    Un documento previo hecho público por el mismo comité señaló a Lanny Breuer como la persona que a nombre de Eric Holder dio su permiso para intervenir las conversaciones telefónicas de un presunto traficante de armas vigilado bajo Rápido y furioso.

    Ayer, la guerra soterrada que se libra en el Departamento de Justicia para esclarecer las responsabilidades por el fallido operativo estalló en medio de una audiencia en la que tres de los agentes de la ATF asignados en México se negaron a respaldar las versiones ofrecidas el ex jefe de esa agencia federal en Phoenix, William Newell, quien aseguró que tanto las autoridades de México como los agentes destacados en ese país estaban al tanto de ese operativo desde noviembre del 2009.

    “Quiero dejar esto perfectamente claro ante el pueblo estadounidense y el gobierno de México. Nunca supimos que agentes de la ATF estaban siguiendo a un traficante de armas sospechoso y conocido con un cargamento de 700 armas”, dijo Carlos Canino, al poner así su palabra contra la de William Newell, quien insistió en su versión de que el objetivo de Rápido y furioso no era permitir el trasiego ilegal de armas a México, sino el desmantelamiento de la red de armamento que iba a parar a los cárteles de la droga.

    “Estoy enfurecido”, dijo Canino, al señalar que como resultado de la investigación se ha descubierto que un arsenal de más de 2 mil armas de grueso calibre, suficientes para armar a un regimiento, podrían haber ido a parar a manos del cártel de Sinaloa. Canino ha sido el más beligerante de los agentes de ATF a la hora de refutar el testimonio ofrecido por William Newell

    “Estoy avergonzado. Y conozco agentes, tipos a los que considero héroes y amigos, que me han dicho desde que (este escándalo) estalló que estaban avergonzados de portar una placa de ATF. He llorado por ello, literalmente, y no me avergüenza reconocerlo”, añadió Canino.

    En su testimonio, Newell, insistió en que desde diciembre de 2010 y enero de 2011 invitó a los agregados de ATF en México y a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) para informarles del operativo.

    Estos señalamientos han sido desmentidos en México por la PGR.

    Ayer, Newell se enfrentó al desmentido de sus colegas y a la molestia e indignación de congresistas que han amenazado con acusarle de perjurio, por no aportar toda la información solicitada.

    http://www.eluniversal.com.mx/primera/37372.html

    WASHINGTON.— “Armamos al cártel de Sinaloa. Es repugnante”, fueron las palabras de Carlos Canino, actual jefe en México de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), que contiene un nuevo testimonio que reveló el Congreso de Estados Unidos sobre el caso Rápido y furioso.

    El Comité de Supervisión Gubernamental hizo público el reporte con más declaraciones y acusaciones sobre el tráfico vigilado por la ATF que permitió la entrada de manera ilegal de miles de armas que terminaron en manos de los cárteles de la droga en México.

    Esta información se dio a conocer el día en que los principales mandos de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego activos en territorio mexicano comparecieron ante legisladores con el objetivo de llegar al fondo caso por medio de los testimonios de los oficiales que pudieron presenciar el flujo de armas desde Estados Unidos hasta México.

    En palabras de Canino, la operación Rápido y furioso fue una “tormenta perfecta de idiotez”. Y continúa: “Brian Terry (el agente de la Patrulla Fronteriza asesinado) no será el último. Probablemente hay cientos de Brian Terry en México”.

    Además de haber llegado a las manos del cártel de Sinaloa que lidera Joaquín Guzmán, como lo señaló el jefe en funciones de la ATF en México, documentos obtenidos por los investigadores del Congreso de EU prueban que armas vendidas a la vista de la Agencia como parte del fallido operativo fueron usadas por al menos tres organizaciones: la de Sinaloa, la de Teodoro García Simental, y por La Familia Michoacana.

    El comité intenta así probar que la ATF, encargada de prevenir que las armas lleguen a las manos del crimen organizado, consiguió facilitar que los cárteles de la droga en México se hicieran de verdaderos arsenales.

    Las nuevas pruebas de los congresistas contra el caso son como leña al fuego en el escándalo que desató Rápido y furioso y que alcanzó a varias agencias encargadas de la procuración de justicia en Estados Unidos en incluso al propio Departamento de Justicia, a cargo del fiscal general Eric Holder.

    Los funcionarios que comparecieron ante el los legisladores fueron: William McMahon, asistente del director para Operación de Campo en Phoenix y México; William Newell, ex agente especial a cargo de la División de Campo de la ATF en Phoenix; Carlos Canino, adjunto a cargo de la Oficina de la ATF en funciones en México; Jose Wall, agente senior en Tijuana; Lorren Leadmon, especialista en inteligencia de la ATF; y Darren Gil, ex jefe de la Oficina de la ATF en la embajada de Estados Unidos en México.

    La huella de las armas

    En el informe del Comité de Supervisión Gubernamental denominado Operación Rápido y furioso del Departamento de Justicia: alimentando la violencia de los cárteles se documentan casos en los que aparecieron armas que entraron a México por el operativo.

    Revela que el primer gran decomiso de armas vendidas a traficantes bajo la vigilancia de la ATF ocurrió el 20 de noviembre de 2009 en Naco, Sonora, donde las 42 armas aseguradas, incluidas 41 AK-47 y un rifle calibre .50, fueron rastreadas hasta sospechosos que investigaba la agencia. Algunas de éstas llegaron a las manos de cárteles de un día para otro luego de ser compradas.

    Casi tres semanas después del decomiso en Naco, un aseguramiento aún mayor en Mexicali, Baja California, incluyó 41 rifles de asalto AK-47, un AR-15 y un FN calibre 5.7, además de casi media tonelada de cocaína, 60 kilos de metanfetaminas, 392 cartuchos y 2 millones de dólares en efectivo.

    Otro decomiso más ocurrió en enero de 2010 en El Paso, Texas, donde se recuperaron 40 rifles cuyo origen fue rastreado hasta el fallido operativo.

    Después de conocer esto, la ATF permitió que las compras y el tráfico por parte de los sospechosos vigilados continuara por más de un año, hasta diciembre de 2010, cuando el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry fue asesinado y dos rifles de asalto parte de la operación Rápido y furioso fueron encontrados en la escena del crimen.

    El texto también revela que investigadores del comité viajaron a México el 25 de junio de 2011 para inspeccionar visualmente un helicóptero de la Policía Federal dañado con un Barret calibre .50 que penetró el cristal “a prueba de balas de la aeronave y que también tuvo su origen en el operativo”.

    Carlos Canino señaló: “En mi opinión, estos 34 rifles calibre .50 en las manos de uno de los cárteles va a cambiar los resultados de la batalla (entre fuerzas federales y criminales)”.

    Los implicados

    En el extenso informe elaborado por los republicanos Darrell Issa y Charles E. Grassley, que desde hace meses intentan deslindar responsabilidades sobre el caso, por primera vez se nombra a algunos funcionarios del Departamento de Justicia que estuvieron al tanto de Rápido y furioso.

    Hasta el momento ningún funcionario de la dependencia a cargo del fiscal general Eric Holder ha aceptado públicamente tener participación o haber conocido el operativo. Sin embargo, el informe de comité revela que el 5 de marzo de 2010 analistas de la ATF dijeron a mandos del Departamento de Justicia que el número de armas compradas por los traficantes había rebasado la cifra de mil.

    Uno de los presentes era Joe Cooley, que había sido enviado directamente por Lanny Breuer, asistente de Holder y jefe de la División Criminal de la dependencia. Cuando Cooley supo que más de mil armas de la operación estaban ya en manos de criminales, se limitó a decir “es una práctica aceptable”, según narra el documento.

    Un documento previo hecho público por el mismo comité señaló a Lanny Breuer como la persona que a nombre de Eric Holder dio su permiso para intervenir las conversaciones telefónicas de un presunto traficante de armas vigilado bajo Rápido y furioso.

    Ayer, la guerra soterrada que se libra en el Departamento de Justicia para esclarecer las responsabilidades por el fallido operativo estalló en medio de una audiencia en la que tres de los agentes de la ATF asignados en México se negaron a respaldar las versiones ofrecidas el ex jefe de esa agencia federal en Phoenix, William Newell, quien aseguró que tanto las autoridades de México como los agentes destacados en ese país estaban al tanto de ese operativo desde noviembre del 2009.

    “Quiero dejar esto perfectamente claro ante el pueblo estadounidense y el gobierno de México. Nunca supimos que agentes de la ATF estaban siguiendo a un traficante de armas sospechoso y conocido con un cargamento de 700 armas”, dijo Carlos Canino, al poner así su palabra contra la de William Newell, quien insistió en su versión de que el objetivo de Rápido y furioso no era permitir el trasiego ilegal de armas a México, sino el desmantelamiento de la red de armamento que iba a parar a los cárteles de la droga.

    “Estoy enfurecido”, dijo Canino, al señalar que como resultado de la investigación se ha descubierto que un arsenal de más de 2 mil armas de grueso calibre, suficientes para armar a un regimiento, podrían haber ido a parar a manos del cártel de Sinaloa. Canino ha sido el más beligerante de los agentes de ATF a la hora de refutar el testimonio ofrecido por William Newell

    “Estoy avergonzado. Y conozco agentes, tipos a los que considero héroes y amigos, que me han dicho desde que (este escándalo) estalló que estaban avergonzados de portar una placa de ATF. He llorado por ello, literalmente, y no me avergüenza reconocerlo”, añadió Canino.

    En su testimonio, Newell, insistió en que desde diciembre de 2010 y enero de 2011 invitó a los agregados de ATF en México y a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) para informarles del operativo.

    Estos señalamientos han sido desmentidos en México por la PGR.

    Ayer, Newell se enfrentó al desmentido de sus colegas y a la molestia e indignación de congresistas que han amenazado con acusarle de perjurio, por no aportar toda la información solicitada.

    México consumido por la ingobernabilidad

    ¿Todos eran Zetas? “Así es”: Jaime Rodríguez sobre los muertos en Topo Chico

    Redacción AN
    febrero 12, 2016 11:41 am

    Miguel Sarre, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México quien ha estudiado durante años el sistema penitenciario mexicano, opinó que el gobernador aceptó “una realidad que en sí mismo es gravísima, decir que no se tiene el gobierno en un área donde el estado debe tener el control total, es gravísimo. Es una crisis de gobernabilidad pero no sólo es en Nuevo León, en general es una crisis de gobernabilidad en las prisiones en el país y esto tiene mucho que ver una falta de un marco normativo adecuado, tenemos un atraso tremendo en materia de legislación, y ahorita está en camino una legislación nacional de ejecución penal, esta puede ayudar para crear las bases para tener gobernabilidad en las prisiones, y escapar en el dilema que tenemos ahorita: o tienes por un lado autogobierno, crisis y situaciones como las de Nuevo León, o tienes centros de alta seguridad que son un verdadero holocausto a fuego lento”.

    Por ello sostuvo que “necesitamos gobernabilidad, sí, pero con respeto a los derechos humanos, y no es trasladando internos locales a cárceles federales como vamos a arreglar el problema, sino teniendo cárceles locales que verdaderamente estén controladas por la autoridad”.
    Sobre la ley nacional de ejecución penal, dijo que “lleva mucho tiempo cocinándose, está en sus semanas finales, lo que plantea es… establecer controles sobre las autoridades, transparencia sobre la forma en que está organizada la prisión”, pero la Secretaría de Gobernación “no quiere”.
    “Se trata de que exista la posibilidad de que los medios de comunicación y organizaciones puedan ingresar a las prisiones; Gobernación no quiere”, refirió.
    Sarre preguntó “por qué va a haber un enfrentamiento de este calibre, que no sabemos si por armas, incendio… pero cómo puede ocurrir eso en horas de la noche, cuando deben de estar en sus celdas cada uno, eso implica algo tan sencillo: que no tienen las llaves de las celdas el gobierno del estado… lo más grave es que no sabemos si la autoridad tiene un plan para salir de esto”.

    Gómez Palacio, Durango.- Seis vigilantes y 11 internos del Cereso de Gómez Palacio murieron durante el intento de fuga que se suscitó la tarde de este lunes, cuando los reos desarmaron a un grupo de custodios y dispararon contra el resto de vigilantes que al final frustraron el escape aunque la balacera duró casi 40 minutos.

    Aún con vida una mujer custodio, cuya identidad se ignora, fue trasladada junto con tres vigilantes más, a diversos nosocomios, aunque la dama murió cuando le proporcionaban la atención médica; tampoco se conoce la identidad de los otros cinco custodios y los 11 reclusos que murieron.

    Los hechos iniciaron alrededor de las cuatro de la tarde, hora en que se activó el código rojo y se prolongaron hasta poco antes de las 17:00 horas, y en los mismos intervinieron elementos policiacos del Estado y Federales, además del personal del Ejército Mexicano.
    Voceros policiacos informaron que a la hora que se mencionó, un grupo de reos desarmó a varios custodios y dispararon contra los vigilantes de las torres para tratar de darse a la fuga por los túneles y la barda posterior.
    Los elementos policiacos con apoyo de los militares ingresaron al penal donde se generalizó la balacera, aunque al final se contuvo a la turba de reos, pero para esos momentos ya se contabilizaban seis vigilantes, uno de ellos del sexo femenino; así como once reclusos fallecidos.
    Socorristas de la Cruz Roja a bordo de siete ambulancias acudieron al penal y custodiados por los soldados ingresaron para auxiliar a los heridos, a los que llevaron a diversos nosocomios del sector salud.
    Los informantes indicaron que la mujer custodio que murió se encontraba desnuda al momento del traslado al hospital donde falleció a los pocos minutos.
    El personal de la agencia del Ministerio Público de Homicidios acudió al centro carcelario para tomar conocimiento de lo ocurrido y confirmó la muerte de once personas, aunque no se dio a conocer la identidad, cuyos cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia.


    MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Las cuatro mujeres que se encontraban desaparecidas en la Sierra Tarahumara fueron torturadas y asesinadas con armas de fuego, informó la Fiscalía Zona Sur.

    Los cuerpos fueron hallados anoche en una brecha en el rancho La Casita de Samachique, municipio de Guachochi, agregó la dependencia.

    Josefina Díaz Martínez, de 57 años; Elisa Díaz Martínez, de 55; Marisa Díaz Peinado, de 32 y Mayra Lorena, de 39, partieron de Ciudad Cuauhtémoc el 12 de diciembre para asistir a un funeral en Guachochi.

    Ellas viajaban a bordo de un automóvil Jetta color blanco, modelo 2012.

    De acuerdo con los primero reportes, durante el trayecto al parecer fueron interceptadas en un punto de revisión o retén de los que frecuentemente instala el crimen organizado en la zona serrana.

    El narco retén, situado a la altura del kilómetro 35, fue reportado por otras personas a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guachochi.

    La Fiscalía Zona Occidente también había recibido denuncias constantes al respecto, pero hizo caso omiso.

    Los reportes indican que hombres armados se encontraban sobre la carretera y apuntaban a los conductores para después obligarlos a detenerse.

    Los delincuentes los agredían física y verbalmente, bajaban a los pasajeros y los despojaban de sus pertenencias.

    Los agentes policiacos actuaron hasta que se reportó la desaparición de las cuatro mujeres, quienes eran de la capital del estado.

    La investigación indica que las víctimas fueron privadas de su libertad en el punto de revisión de narcos y el móvil fue, presuntamente, el robo de su vehículo.

    La última vez que los familiares tuvieron contacto con las mujeres fue el miércoles a las 16:00 horas, cuando se encontraban en Creel.

    De acuerdo con la Fiscalía, la búsqueda de las víctimas se realizó por tierra y aire, siendo localizadas a 40 kilómetros de donde se encontraba el retén, en el rancho La Casita. El auto no ha sido hallado.

    Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4).

    Debido a que fueron encontrados en territorio de la Fiscalía Zona Sur, ésta se hace cargo de recabar evidencias para la investigación.


    Ciudad de México.- Al menos 131 personas fueron asesinadas en México desde la asunción, el 1 de diciembre, del presidente Enrique Peña Nieto, según un recuento del diario Milenio.
    “Autoridades locales de ocho entidades informaron de 21 ejecutados, con lo que al cierre de la primer semana del sexenio hubo 131 ultimados”, dice el estudio, que incluye a cuatro hombres que aparecieron el viernes colgados de un puente en Coahuila.
    Con 24 asesinatos, esa localidad se ubicó al frente de la lista de homicidios probablemente ligados al crimen organizado en los primeros siete días de gobierno de Peña Nieto, según el recuento del diario.
    Le siguen Zacatecas con 15 ejecutados, Chihuahua con 14, Nuevo León con 10, Guerrero con 10 y San Luis Potosí con nueve, señala el estudio, que reportó a 13 entidades sin homicidios, entre ellas Ciudad de México y varios estados del sureste.
    Estas cifras suponen un promedio diario de 17 asesinatos en el país, mientras que el gobierno de Felipe Calderón concluyó con una media diaria de 27, añadió el diario.
    Este sábado, el gobierno de Morelos, que según el recuento de Milenio cuenta con cuatro homicidios en la última semana, pidió a Estados Unidos que retire la nueva recomendación a sus ciudadanos de no viajar o estudiar en su territorio, emitida en noviembre.
    Más de 60.000 personas murieron en México en el sexenio de Calderón, quien emprendió una lucha militarizada contra el narcotráfico y el crimen organizado.
    Peña Nieto mantendrá por el momento a las fuerzas armadas en las calles, mientras se aplica una nueva política contra la inseguridad.


    México, DF.- México podría entrar en una nueva fase de “entendimientos” entre autoridades locales y la delincuencia después de la fallida “guerra” contra los grupos criminales lanzada por el expresidente Felipe Calderón, declaró hoy a Efe Alan Arias Marín, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
    “No va a haber una negociación por todo lo alto, obvio que no, es impensable, pero sí ententes prácticas”, dijo a Efe Arias, profesor de Filosofía Política de la UNAM.
    El también colaborador del diario Milenio acaba de publicar el libro “Felipe Calderón. Debilidades y fortalezas de un gobierno” (Gernika, 2012), un análisis crítico de las políticas del último Gobierno que dejó el poder el 30 de noviembre pasado.
    Arias explica que en el último sexenio fueron más las debilidades que las fortalezas detectadas, y que uno de la estrategia de seguridad de Calderón, una de sus grandes prioridades políticas, fue equivocada y dejó “un drama” en México.
    El expresidente conservador lanzó una estrategia de combate frontal a la criminalidad con el Ejército y la Policía Federal a la vanguardia desde “imperativos éticos estrictos”, que dejó un saldo de más de 50 mil muertos en el país, según datos extraoficiales.
    “La estrategia del Gobierno catalizó ese conflicto: lo escaló, lo extendió y generó las condiciones para que la parte más violenta y armada del crimen organizado se desparramara hacia otro tipo de delitos” como el secuestro y la extorsión, apuntó.
    Con Enrique Peña Nieto en el poder Arias Marín cree que la prioridad del mandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) será “la seguridad ciudadana, (…) ya “no tanto la persecución de los cabecillas de los cárteles”.
    “Eso, en términos muy generales, puede a mediano plazo comenzar a dibujar una disminución de la violencia”, apuntó.
    Cree que abiertamente no habrá pactos ni negociaciones pero explica que la atención se va a desplazar a los niveles de gobierno locales.
    “Ahí es donde se van a distender las cosas. Si los cárteles saben que Ejército no está tras ellos sino combatiendo los delitos que complementariamente hacen ellos o sus gentes, entonces ahí, aunque no haya negociación hay un entendimiento”, apuntó.
    En el libro sostiene que “la guerra contra el narcotráfico es imposible de ganar” pero que al mismo tiempo “resulta imposible de eludir”.
    “Esta imposibilidad de ganar la guerra va a tener que evolucionar a ese tipo de cosas: reconocer que representan intereses no legales, intereses muy importantes para la economía formal por la simbiosis entre el dinero ‘negro’, del crimen, el ‘gris’, del contrabando y la informalidad, y el ‘blanco’, de los circuitos financieros”, explica.
    “Eso a lo mejor no es moral desde una perspectiva valorativa abstracta pero sí es ética de la responsabilidad”, apuntó.
    Arias Marín cree que la situación no es privativa de México, sino que otros países latinoamericanos han transitado por tesituras parecidas en las que grupos armados se han integrado o participado en la vida política.
    Entre ellos citó a Colombia, donde grupos como los paramilitares llegaron a participar en los procesos de reforma agraria y tuvieron “interlocución política” en la resolución de determinados problemas.
    “Si en América Latina, particularmente en Colombia o México pero en muchos otros países que están más metidos en el problema de lo que parece, no pensamos así, entonces no hay esperanza”, concluyó.
    Otros libros del mismo autor son “Terrorismo y derechos humanos: Diez años de reflexión teórica” (2012), “EZLN: violencia, derechos culturales y democracia” y “Debate cultural y derechos humanos” (2006).


    MÉXICO, D.F. (apro).- El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, reabrió el debate sobre la pena de muerte al proponer que la reforma para contar con códigos Penal y de Procedimientos Penales únicos para todo el país, incluya dicho castigo a los delincuentes acusados de secuestro y delitos graves.

    En entrevista, el gobernador chihuahuense consideró que el hecho de sancionar con cadena perpetua, como propuso y se aprobó en Chihuahua, no es suficiente para inhibir el delito. Se debe replantear que los delitos de alto impacto, como el secuestro, sean castigados de manera severa, sobre todo los plagiarios que asesinan a sus víctimas.

    El mandatario se pronunció a favor de la iniciativa anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto sobre la homologación en todo el país del Código Penal y el de Procedimientos Penales.

    A juicio de Duarte Jáquez, la propuesta del mandatario unificará criterios en los códigos Penal y de Procedimientos Penales de todo el país para evitar que los delincuentes se beneficien de las contradicciones jurídicas y queden en libertad.

    Asimismo, consideró que se establecerán criterios para beneficiar con la justicia a las víctimas y no a los criminales.

    “Yo me iría más allá, creo que el secuestro agravado debe plantearse con pena de muerte”, subrayó el mandatario chihuahuense.


    CIUDAD VICTORIA, Tamps., (apro).- Los ciudadanos de Tamaulipas acudieron a votar en medio de policías cuidando casillas, convoys de vehículos militares patrullando la ciudad y retenes de soldados vigilando las principales carreteras.

    Maestros, estudiantes, jubilados y amas de casas confesaron que la principal consideración que tuvieron al emitir su voto fue la inseguridad.

    La violencia que registra Tamaulipas parece endémica, sólo basta recordar que en el pasado proceso electoral fue asesinado Rodolfo Torre Cantú, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura.

    El candidato asesinado tuvo que ser sustituido unos días antes de que fueran las elecciones por su hermano, Egidio Torre, actual mandatario estatal.

    Apenas el viernes pasado un coche bomba explotó frente a la alcaldía de Nuevo Laredo, provocando siete heridos, daños en once vehículos, en la fachada del inmueble y sumergiendo a la población de esa ciudad fronteriza en un clima de zozobra.

    Días antes, por segunda ocasión en menos de un mes, aparecían 14 cuerpos descuartizados en el vecino municipio de Ciudad Mante, la región cañera de Tamaulipas dominada por la delincuencia organizada.

    La inseguridad “que impide salir a cualquier parte” y la falta de trabajo fueron los dos temas que consideró una ama de casa que votó en la misma casilla adonde acudió el gobernador Egidio Torre Cantú.

    “Ya ve cómo está la situación ahorita. Se ven tantas cosas en la actualidad que no se veían antes. Espero que con este voto que hice, que ya se vea algo mejor”, dijo la mujer de 35 años de edad.

    Tamaulipas es el único estado de la República que tiene dos exgobernadores, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, acusados en México y Estados Unidos de estar relacionados con los cárteles del narcotráfico.

    Amigos cercanos de esos exmandatarios ubican a Yarrington en San Antonio y a Eugenio Hernández en España.

    El exmandatario Manuel Cavazos Lerma, quien compite por un escaño en el Senado de la República por el PRI, también es señalado de tener nexos con la delincuencia organizada.

    Quizá por esa razón los tamaulipecos votaron por la fórmula del PAN al senado, la cual lleva 10 puntos porcentuales de ventaja sobre la del PRI en el contero del IFE.

    “La cuestión de la seguridad fue la primera razón que pensé al emitir mi voto”, dijo un jubilado que votó en la casilla ubicada en la escuela primaria José Vasconcelos.

    “Es lo más importante que ocurre en Tamaulipas. Es un estado que tiene frontera con Estados Unidos y eso hace muy difícil la situación”, agregó.

    Una estudiante de doctorado contó que antes de emitir su sufragio analizó las propuestas de todos los candidatos.

    “Lo que espero de la persona que próximamente no esté representando es nuestra seguridad, que mejore nuestra economía. Principalmente la inseguridad, porque en Tamaulipas está a todo lo que da. Entonces yo busco seguridad primero y después la cuestión económica”, concluyó.

    Las principales ciudades del estado, como Matamoros, Tampico, Ciudad Victoria y Laredo, sufren los constantes combates que protagonizan el cártel del Golfo y los Zetas.

    Cuando un grupo domina una de esas plazas, el rival se la “calienta”, con atentados con granadas de fragmentación, ejecuciones múltiples de presuntos rivales, que dejan junto con narcomensajes, o enfrentamientos directos.

    Un trabajador de la colonia Azteca consideró la “difícil situación” que vive el estado al momento de emitir su voto. “Sobre todo la inseguridad que es lo que más nos urge en este momento en el estado y en el país. Por ahora parece que está calmado, pero de repente suben las cosas. La situación es bastante, bastante difícil”, concluyó el trabajador.

    Durante el proceso electoral, la violencia no cesó, y en dos municipios aledaños a la capital registraron hechos relacionados con la delincuencia organizada.

    En el municipio de Padilla fue arrojada en la plaza principal el cuerpo descuartizado de una mujer.

    Además, en el poblado de Guemez se reportó que hombres armados robaron las urnas para candidatos a la presidencia y al senado.


    TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que tres presuntos militantes priistas perdieron la vida y tres más resultaron gravemente heridos este domingo en la comunidad de Rincón Chamula.

    Según la dependencia, un grupo armado vinculado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) les disparó a quemarropa con cuernos de chivo.

    En comunicado oficial, la procuraduría estatal refirió que, de acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos se suscitaron alrededor de las cuatro de la tarde en la comunidad ubicada en la zona norte de la entidad, cuando las víctimas hacían fila para emitir su voto.

    Además, explicó que, según testimonios recabados hasta ahora, el incidente fue provocado por los candidatos municipales de ambos partidos.

    La PGJE añadió que los priistas que perdieron la vida respondían a los nombres de Dionisio Sánchez Gómez, Jorge López Pérez y Santiago Sánchez Hernández y que los heridos son Manuel Hernández Bautista y Romeo Sánchez Gómez.

    En su huida, los agresores atropellaron a Rosalina Sánchez Gómez, quien fue trasladada de emergencia a un hospital de la región donde fue reportada como estable.

    El incidente provocó la movilización de elementos de la PGJE, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), la Policía Federal y efectivos del 31 Batallón del Ejército Mexicano.

    Las autoridades resguardan la zona para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias de Rincón Chamula.

    Los lugareños denunciaron por la tarde que los agresores armados pertenecen al grupo del alcalde en funciones Pedro Bautista, quien apoya a su sobrino, candidato del PVEM a la alcaldía, Mateo Bautista, originario ambos de esa comunidad donde se registro la balacera.

    Sobre el particular, el Secretario General de Gobierno, Noe Castañón León, comentó:

    “Efectivamente estaban en plena votación cuando llego un grupo de personas a incitar a otros a que quemaran las urnas, hubo golpes y disparos de armas de fuego. La policía no pudo intervenir porque estaba desarmada”.

    El funcionario recordó que el alcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pedro Bautista, era del PRD y que en febrero pasado se afilió al PVEM, ya estuvo acusado por portar armas de fuego de alto poder y de transportar droga pero fue liberado.

    “No sabemos porque lo respaldan. Los del Verde sacan las armas porque querían rellenar las urnas, y porque no lo permitieron es que sacaron las armas (…) Ahora no podemos entrar. Iban con cuernos de chivo. No quieren que saquen a los que mataron, los tienen adentro y por eso no dejan entrar ni salir a nadie”, afirmó.

    José Guadarrama Márquez, senador del PRD, lamentó los hechos ocurridos en Rincón Chamula, y aunque tampoco precisó el número de muertos y heridos, dijo que el incidente violento empaña el proceso electoral.

    El también vocero de la coalición Movimiento Progresista integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, denunció que además de los hechos de violencia perpetrados en Rincón Chamula, se registraron varias irregularidades en el estado tales como: compra y coacción del voto, acarreo de votantes, reparto de despensas y materiales de construcción, así como inducción del voto en muchas comunidades indígenas y rurales.

    Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían confirmado el número oficial de víctimas.


    En nueve años, 20,000 establecimientos independientes han cerrado

    El sector farmacéutico enfrenta una grave crisis por la delincuencia en México, y es que en los últimos nueve años 20,000 farmacias independientes desaparecieron de los 38,000 negocios que existían en el 2003, acusó Oscar Zavala Martínez, presidente de Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm).

    En el último año (2011 y lo que va del 2012), 2,000 farmacias se vieron afectadas por la inseguridad. De éstas, 1,000 casos fueron sujetos de extorsión telefónica o directa, mientras que las entidades identificadas con el mayor índice delictivo son Guerrero, Morelos, Estado de México y el Distrito Federal.

    El empresario precisó que 710 farmacias independientes se vieron afectadas por robo de mercancía, ya sea a mano armada en el negocio, o bien, durante la llegada de productos químicos a los camiones, con mayor frecuencia en el Estado de México y el Distrito Federal.

    En tanto, reportó que hubo 180 secuestros a los empresarios con 10 decesos y 110 casos de extorsión de seudoverificadores en materia de regulación sanitaria o de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

    “La delincuencia es el factor que más ha impactado, pues de 5,000 farmacias independientes que pertenecen a la Unefarm, 2,000 fueron víctimas de este fenómeno”, aseveró Zavala Martínez en conferencia de prensa.

    Los agremiados de la Unefarm invierten 40,000 pesos la resguardar su seguridad cada año, en aparatos como videocámaras, alarmas, vigilancia y barrotes.

    Programa de equipamiento

    Ricardo Navarro, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de la ciudad de México, informó que para mejorar el entorno de las farmacias independientes se realizará un programa piloto de capacitación con 300 farmacias, dotándolas de un punto de venta con computadora, el software necesario y el lector de código de barras, que les permitirá conocer la rotación de su inventario y hacer compras de manera adecuada, con el fin de hacerlas competitivas.

    Y es que el giro de las farmacias se enfrenta también a la competencia desleal que encabezan los grandes centros comerciales sobre los pequeños negocios, los cuales no respetan el marco jurídico, dijo.

    Previo al arranque del congreso de los farmacéuticos, el empresario pugnó por romper con la cadena de distribución, ya que los centros comerciales compran directamente a los laboratorios, sin necesidad del intermediario y, en cambio, logran un margen de utilidad doble, lo que rompe con la estructura económica de la dispensación de los medicamentos, expresó Zavala.

    lgonzalez@eleconomista.com.mx

    CRÉDITO:

    Lilia González, El Economista


    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Hombres armados atacaron a tiros al vehículo donde viajaba el candidato a la alcaldía de Venustiano Carranza por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ludwing Constantino González, sin que se reportaran personas lesionadas.

    La Policía Municipal informó que la agresión ocurrió la víspera, cuando el candidato había terminado un mitin en la colonia 31 de Diciembre y se dirigía a la cabecera municipal, pero a la altura del lugar conocido como El Mangal, hombres armados abrieron fuego contra del vehículo donde viajaba.

    El reporte de la Policía de Venustiano Carranza indicó que Constantino González se desplazaba en una camioneta color blanco Chevrolet, tipo Cheyenne, cuando fue atacado; uno de los disparos de arma de fuego se incrustó en el lado izquierdo de la camioneta pero el conductor resultó ileso.

    Seguidores de Constantino González se han concentrado desde anoche en la casa de campaña del PVEM, para manifestarle su respaldo, mientras que Mariano Constantino Peña, padre del candidato, pide justicia, pues él fue hace siete años alcalde de este lugar por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

    Derivado de la agresión armada en su contra el candidato interpuso demanda ante la Fiscalía de Distrito de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para demandar se investigue hasta sus últimas consecuencias.

    El municipio de Venustiano Carranza libra desde hace más de 40 años una lucha por la tenencia de la tierra entre miembros de organizaciones sociales, principalmente entre la Casa del Pueblo y Alianza San Bartolomé de los Llanos, que ha dejado una decenas de indígenas muertos, presos, invasiones y desalojos.


    REFORMA Ciudad de México.- El Ejército y la Marina reforzaron su presencia en Nuevo León ante el temor de que el Estado se contagie de los hechos violentos que están sacudiendo a Nuevo Laredo, donde la narcoguerra ha dejado masacres, constantes balaceras, negocios incendiados y el estallido de un coche bomba.

    Según fuentes de la Sedena, unos 2 mil 700 efectivos ampliaron la cobertura de los operativos militares en el Estado, así como en la frontera de Tamaulipas y Coahuila. Además del área metropolitana de Monterrey y municipios rurales del norte de Nuevo León, ahondaron los informantes, Nuevo Laredo y Piedras Negras son prioridades. La llegada de los soldados, explicaron los informantes, es adicional a la llamada “Operación Rastrillo”, que el Ejército lanzó para identificar y capturar a los responsables de arrojar 49 torsos en el municipio de Cadereyta, el pasado 13 de mayo.

    “Son acciones aparte”, dijo un mando militar. “Una implica realizar tareas de inteligencia y la otra pretende una presencia para evitar más hechos violentos como los de Nuevo Laredo. “Los patrullajes en esas ciudades van dirigidos a prevenir”, agregó, “y a localizar gente armada y en delitos flagrantes”. Desde el lunes, en medio de una ola de balaceras, cuyo saldo se desconoce, Nuevo Laredo registra dos discotecas y un casino incendiados, así como la detonación de un coche bomba en un hotel donde se hospedaban policías estatales. El estallido del vehículo dejó ocho uniformados y dos civiles hospitalizados. De acuerdo con las fuentes militares, la violencia es producto de la rivalidad entre el Cártel del Golfo y los Zetas, que pelean el control de plazas y de las vías de tránsito que llevan a la frontera con Estados Unidos. En Nuevo León, detallaron, los nuevos militares ampliarán los patrullajes en el área metropolitana de Monterrey. Los mandos indicaron que Apodaca, Guadalupe, San Pedro y San Nicolás están entre los municipios a apoyar. Además, destacaron las fuentes, Anáhuac y China son de especial importancia, pues son puntos clave para el tráfico de armas y droga, por lo que no descartan que la violencia afecte a esas poblaciones. En tanto, Juárez y Cadereyta verán un reforzamiento de los despliegues terrestres de reconocimiento. Las acciones implican vigilancia aérea, por ejemplo, en localidades rurales como Cerralvo, Agualeguas y Sabinas Hidalgo. Sobre Tamaulipas, los mandos revelaron que los refuerzos serán concentrados en Nuevo Laredo. Unidades de la Policía Militar, del 39 y 105 batallones de Infantería, ya patrullan las carreteras que unen a esta ciudad fronteriza con Sabinas Hidalgo y Anáhuac, así como con Reynosa y Piedras Negras. En Reynosa se dispuso de diversos puestos de control vehicular y puentes aéreos a los municipios de la llamada frontera chica -Camargo, Díaz Ordaz y Miguel Alemán- en apoyo a las tropas ahí destacamentadas. La mayor parte de los refuerzos fueron movilizados de áreas que dependen de la Cuarta Región Militar, con sede en Monterrey y que abarca Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. También participan batallones de Infantería, Fusileros Paracaidistas y Fuerzas Especiales enviados de la Ciudad de México. Efectivos de la Armada apoyan estos despliegues de seguridad en Piedras Negras, donde apenas el 21 de mayo reventaron un taller donde se confeccionaban uniformes y chalecos apócrifos de la Secretaría de Marina.


    CAPAZ DE violar y MATAR A SU PROPIA MADRE SI SE LO MANDA EL CHARLE O EL BUITRE.

    VISITA EL SITIO WEB: http://www.eluniversal.com.mx El hermano de la ex procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González, fue secuestrado por ser el encargado de hacer tratos con la organización “La Línea” a nombre de la ex funcionaria, aseguró uno de los presuntos sicarios que participó en el secuestro y homicidio de Mario González. En un video que difundió ayer la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), Luis Miguel Ibarra Castellanos “El Cora” detalló que se utilizaron dos discos para grabar el interrogatorio del abogado, divulgado por Internet; en el primero contestó libremente y en el segundo fue presionado para leer unas cartulinas. “Todas la preguntas del primer disco las contestó como él sabía, nunca le pusimos algo… En el segundo disco ya salen otras preguntas, pero al parecer para incriminar, o no sé cuál sería el motivo”, refirió. El presunto sicario, de 21 años, no precisa qué preguntas respondió libremente el abogado. Detalla que lo torturaron “tan sólo en las plantas de los pies y en las piernas” y que lo asesinaron al día siguiente. El grupo recibió instrucciones de cavar una fosa en un lote baldío. “A las seis de la tarde se nos ordena que lo llevemos a enterrar. Lo privamos de la vida en ese instante, como 5 y media… lo ejecutamos en la misma casa entre todos”, relató. La grabación difundida ayer por la SSP contiene imágenes de los otros siete detenidos, que dicen pertenecer al Cártel de Sinaloa. En tanto, en Chihuahua, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa para pedir a la PGR y a la Fiscalía General del Estado que inicien una “profunda investigación” en torno a los videos que circularon a través de la Internet en semanas anteriores. La iniciativa de los legisladores panistas no menciona por su nombre al abogado Mario Ángel González, cuya imagen fue vista en Internet a través de un blog denominado “El Puma Original”, donde hacía una serie de acusaciones a funcionarios de la anterior administración estatal, incluida su propia hermana, la ex procuradora Patricia González, y al entonces gobernador, José Reyes Baeza. La autoridad debe investigar los señalamientos sobre la participación de servidores públicos en presuntos hechos que pudieran ser considerados delictivos, dice el documento presentado por los panistas. (Con información de Alejandro Salmón/El Diario)


    TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El presidente del PRI estatal, Roberto Albores Gleason, condenó la violencia suscitada en el municipio de Villaflores, que cobró la vida del militante panista Edgardo Hernández Corzo, al tiempo que demandó se investigue a fondo el caso. “Los priistas repudiamos los hechos violentos suscitados en Villaflores y exigimos la aplicación irrestricta de la ley a quien resulte responsable”, sostuvo el dirigente priista. Luego de admitir que las autoridades judiciales vinculan en los hechos al aspirante priista a la alcaldía, Ulises Grajales Niño, destacó que la directiva nacional del PRI, a propuesta del Comité Directivo Estatal (CDE), decidió cancelar esa candidatura. La dirigencia nacional priista, añadió Albores Gleason, también hizo un llamado a Grajales Niño para que coadyuve con las autoridades en las indagatorias que lleven a esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. “Nuestro papel como instituto político es, sin duda, no incriminar a nadie, pero no estaremos omisos a los actos de violencia; en este sentido, pedimos a las autoridades que de forma expedita aclaren la situación jurídica de Ulises Grajales”, planteó Roberto Albores. Condena panista La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), así como su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, condenaron el asesinato de Edgardo Hernández, sobrino de Roger de Coss Corzo, candidato panista a diputado federal en Chiapas. En su cuenta de Twitter, Vázquez Mota resaltó: “El asesinato de Édgar Hernández Corzo, joven brigadista de nuestro partido, me entristece e indigna. No debe quedar impune”. Por su lado, la directiva panista lamentó el homicidio y expresó sus condolencias a la familia de la víctima. En un comunicado, la dirigencia panista detalló que Edgardo Hernández regresaba de realizar diferentes actividades propagandísticas, tales como pintar bardas y repartir propaganda en el ejido Nuevo México, cuando hombres armados a bordo de un vehículo empezaron a seguirlo y lo atacaron en el tramo carretero Villaflores-Chanona. Los hechos ocurrieron a la altura del rancho El Sinaloense, donde el activista murió acribillado. “El PAN exige a las autoridades locales que investiguen los testimonios y hechos ocurridos en el tramo carretero Villaflores-Chanona, ya que un acto de esta naturaleza no puede quedar impune, y pedimos que de manera expedita se finquen sanciones a quienes resulten responsables”, se advierte en el comunicado emitido esta noche. Según diferentes reportes, Hernández Corzo, de 25 años, hacía activismo político en el municipio de Villaflores, donde colaboraba en la campaña del candidato panista a la alcaldía, Mariano Rosales.


    CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).- La tarde de este jueves fueron abandonados 15 cadáveres en el interior de una camioneta estacionada frente a la presidencia municipal de Ciudad Mante, Tamaulipas, junto con un mensaje dirigido a Los Zetas, informó hoy una fuente de la Fiscalía estatal. De acuerdo con la misma fuente, aproximadamente a las 14:30 horas un grupo de desconocidos estacionó el vehículo en las calles aledañas a la alcaldía, ubicada entre las avenidas Hidalgo y Guerrero, en el centro de esa localidad. La información comenzó a circular inicialmente por las redes sociales y luego fue confirmada por las autoridades locales. Al lugar acudieron los militares que realizan funciones de policías municipales, quienes acordonaron el área y sus alrededores. Además, el edificio de la Presidencia fue desalojado y se cerró el tráfico de vehículos sobre la avenida Hidalgo. También acudieron peritos de la Fiscalía para recoger evidencias del multihomicidio, mismo que se atribuye un grupo rival a Los Zetas. Hasta el momento, las autoridades estatales no han solicitado la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR). Ciudad Mante se localiza al sur del estado, a 137 kilómetros de Ciudad Victoria y a 168 de Tampico.


    ZACATECAS, Zac. (apro).- Cuatro cabezas humanas fueron abandonadas dentro de una hielera en la caja de una camioneta pick-up que fue escoltada por un convoy en pleno mediodía hasta la entrada del Mercado de Abastos en esta capital, con mensajes de amenaza al grupo delictivo Los Zetas. El convoy ingresó por una zona de tráfico vehicular lento debido a las obras de construcción de un distribuidor vial, en un perímetro en el que se localizan las instalaciones de la Presidencia Municipal, la Policía Ministerial del Estado, la Policía Municipal y la Dirección de Tránsito. Sin ningún impedimento, el convoy llegó hasta el acceso principal de las bodegas del Mercado de Abastos aproximadamente a las 11:20 horas, cuando esta zona se encontraba atestada de gente efectuando sus compras. De ese punto, los hombres fuertemente armados que viajaban en varios vehículos se retiraron y dejaron estacionada una vieja camioneta Nissan pick-up, en cuya caja posterior había una hielera. En los asientos fueron colocados varios mensajes en los cuales se hacen advertencias a Los Zetas, a quienes se les hace saber que se terminaron sus días en el territorio zacatecano. Hasta el momento se ignora quiénes son los responsables de estos hechos o qué grupo se adjudica las amenazas a Los Zetas. Usuarios de la Central de Abastos llamaron a las corporaciones de seguridad. Elementos de la Policía Federal y del estado acudieron y abrieron la hielera, encontrando las cuatro cabezas humanas. En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que dio inicio a una investigación y trabaja en la identificación de las víctimas que fueron decapitadas. Hasta el momento sólo dio a conocer que se trata de cuatro hombres. (Con información de Verónica Espinosa)

    ¿Todos eran Zetas? “Así es”: Jaime Rodríguez sobre los muertos en Topo Chico

    Redacción AN
    febrero 12, 2016 11:41 am

    Miguel Sarre, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México quien ha estudiado durante años el sistema penitenciario mexicano, opinó que el gobernador aceptó “una realidad que en sí mismo es gravísima, decir que no se tiene el gobierno en un área donde el estado debe tener el control total, es gravísimo. Es una crisis de gobernabilidad pero no sólo es en Nuevo León, en general es una crisis de gobernabilidad en las prisiones en el país y esto tiene mucho que ver una falta de un marco normativo adecuado, tenemos un atraso tremendo en materia de legislación, y ahorita está en camino una legislación nacional de ejecución penal, esta puede ayudar para crear las bases para tener gobernabilidad en las prisiones, y escapar en el dilema que tenemos ahorita: o tienes por un lado autogobierno, crisis y situaciones como las de Nuevo León, o tienes centros de alta seguridad que son un verdadero holocausto a fuego lento”.

    Por ello sostuvo que “necesitamos gobernabilidad, sí, pero con respeto a los derechos humanos, y no es trasladando internos locales a cárceles federales como vamos a arreglar el problema, sino teniendo cárceles locales que verdaderamente estén controladas por la autoridad”.
    Sobre la ley nacional de ejecución penal, dijo que “lleva mucho tiempo cocinándose, está en sus semanas finales, lo que plantea es… establecer controles sobre las autoridades, transparencia sobre la forma en que está organizada la prisión”, pero la Secretaría de Gobernación “no quiere”.
    “Se trata de que exista la posibilidad de que los medios de comunicación y organizaciones puedan ingresar a las prisiones; Gobernación no quiere”, refirió.
    Sarre preguntó “por qué va a haber un enfrentamiento de este calibre, que no sabemos si por armas, incendio… pero cómo puede ocurrir eso en horas de la noche, cuando deben de estar en sus celdas cada uno, eso implica algo tan sencillo: que no tienen las llaves de las celdas el gobierno del estado… lo más grave es que no sabemos si la autoridad tiene un plan para salir de esto”.

    Gómez Palacio, Durango.- Seis vigilantes y 11 internos del Cereso de Gómez Palacio murieron durante el intento de fuga que se suscitó la tarde de este lunes, cuando los reos desarmaron a un grupo de custodios y dispararon contra el resto de vigilantes que al final frustraron el escape aunque la balacera duró casi 40 minutos.

    Aún con vida una mujer custodio, cuya identidad se ignora, fue trasladada junto con tres vigilantes más, a diversos nosocomios, aunque la dama murió cuando le proporcionaban la atención médica; tampoco se conoce la identidad de los otros cinco custodios y los 11 reclusos que murieron.

    Los hechos iniciaron alrededor de las cuatro de la tarde, hora en que se activó el código rojo y se prolongaron hasta poco antes de las 17:00 horas, y en los mismos intervinieron elementos policiacos del Estado y Federales, además del personal del Ejército Mexicano.
    Voceros policiacos informaron que a la hora que se mencionó, un grupo de reos desarmó a varios custodios y dispararon contra los vigilantes de las torres para tratar de darse a la fuga por los túneles y la barda posterior.
    Los elementos policiacos con apoyo de los militares ingresaron al penal donde se generalizó la balacera, aunque al final se contuvo a la turba de reos, pero para esos momentos ya se contabilizaban seis vigilantes, uno de ellos del sexo femenino; así como once reclusos fallecidos.
    Socorristas de la Cruz Roja a bordo de siete ambulancias acudieron al penal y custodiados por los soldados ingresaron para auxiliar a los heridos, a los que llevaron a diversos nosocomios del sector salud.
    Los informantes indicaron que la mujer custodio que murió se encontraba desnuda al momento del traslado al hospital donde falleció a los pocos minutos.
    El personal de la agencia del Ministerio Público de Homicidios acudió al centro carcelario para tomar conocimiento de lo ocurrido y confirmó la muerte de once personas, aunque no se dio a conocer la identidad, cuyos cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia.


    MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Las cuatro mujeres que se encontraban desaparecidas en la Sierra Tarahumara fueron torturadas y asesinadas con armas de fuego, informó la Fiscalía Zona Sur.

    Los cuerpos fueron hallados anoche en una brecha en el rancho La Casita de Samachique, municipio de Guachochi, agregó la dependencia.

    Josefina Díaz Martínez, de 57 años; Elisa Díaz Martínez, de 55; Marisa Díaz Peinado, de 32 y Mayra Lorena, de 39, partieron de Ciudad Cuauhtémoc el 12 de diciembre para asistir a un funeral en Guachochi.

    Ellas viajaban a bordo de un automóvil Jetta color blanco, modelo 2012.

    De acuerdo con los primero reportes, durante el trayecto al parecer fueron interceptadas en un punto de revisión o retén de los que frecuentemente instala el crimen organizado en la zona serrana.

    El narco retén, situado a la altura del kilómetro 35, fue reportado por otras personas a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guachochi.

    La Fiscalía Zona Occidente también había recibido denuncias constantes al respecto, pero hizo caso omiso.

    Los reportes indican que hombres armados se encontraban sobre la carretera y apuntaban a los conductores para después obligarlos a detenerse.

    Los delincuentes los agredían física y verbalmente, bajaban a los pasajeros y los despojaban de sus pertenencias.

    Los agentes policiacos actuaron hasta que se reportó la desaparición de las cuatro mujeres, quienes eran de la capital del estado.

    La investigación indica que las víctimas fueron privadas de su libertad en el punto de revisión de narcos y el móvil fue, presuntamente, el robo de su vehículo.

    La última vez que los familiares tuvieron contacto con las mujeres fue el miércoles a las 16:00 horas, cuando se encontraban en Creel.

    De acuerdo con la Fiscalía, la búsqueda de las víctimas se realizó por tierra y aire, siendo localizadas a 40 kilómetros de donde se encontraba el retén, en el rancho La Casita. El auto no ha sido hallado.

    Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4).

    Debido a que fueron encontrados en territorio de la Fiscalía Zona Sur, ésta se hace cargo de recabar evidencias para la investigación.


    Ciudad de México.- Al menos 131 personas fueron asesinadas en México desde la asunción, el 1 de diciembre, del presidente Enrique Peña Nieto, según un recuento del diario Milenio.
    “Autoridades locales de ocho entidades informaron de 21 ejecutados, con lo que al cierre de la primer semana del sexenio hubo 131 ultimados”, dice el estudio, que incluye a cuatro hombres que aparecieron el viernes colgados de un puente en Coahuila.
    Con 24 asesinatos, esa localidad se ubicó al frente de la lista de homicidios probablemente ligados al crimen organizado en los primeros siete días de gobierno de Peña Nieto, según el recuento del diario.
    Le siguen Zacatecas con 15 ejecutados, Chihuahua con 14, Nuevo León con 10, Guerrero con 10 y San Luis Potosí con nueve, señala el estudio, que reportó a 13 entidades sin homicidios, entre ellas Ciudad de México y varios estados del sureste.
    Estas cifras suponen un promedio diario de 17 asesinatos en el país, mientras que el gobierno de Felipe Calderón concluyó con una media diaria de 27, añadió el diario.
    Este sábado, el gobierno de Morelos, que según el recuento de Milenio cuenta con cuatro homicidios en la última semana, pidió a Estados Unidos que retire la nueva recomendación a sus ciudadanos de no viajar o estudiar en su territorio, emitida en noviembre.
    Más de 60.000 personas murieron en México en el sexenio de Calderón, quien emprendió una lucha militarizada contra el narcotráfico y el crimen organizado.
    Peña Nieto mantendrá por el momento a las fuerzas armadas en las calles, mientras se aplica una nueva política contra la inseguridad.


    México, DF.- México podría entrar en una nueva fase de “entendimientos” entre autoridades locales y la delincuencia después de la fallida “guerra” contra los grupos criminales lanzada por el expresidente Felipe Calderón, declaró hoy a Efe Alan Arias Marín, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
    “No va a haber una negociación por todo lo alto, obvio que no, es impensable, pero sí ententes prácticas”, dijo a Efe Arias, profesor de Filosofía Política de la UNAM.
    El también colaborador del diario Milenio acaba de publicar el libro “Felipe Calderón. Debilidades y fortalezas de un gobierno” (Gernika, 2012), un análisis crítico de las políticas del último Gobierno que dejó el poder el 30 de noviembre pasado.
    Arias explica que en el último sexenio fueron más las debilidades que las fortalezas detectadas, y que uno de la estrategia de seguridad de Calderón, una de sus grandes prioridades políticas, fue equivocada y dejó “un drama” en México.
    El expresidente conservador lanzó una estrategia de combate frontal a la criminalidad con el Ejército y la Policía Federal a la vanguardia desde “imperativos éticos estrictos”, que dejó un saldo de más de 50 mil muertos en el país, según datos extraoficiales.
    “La estrategia del Gobierno catalizó ese conflicto: lo escaló, lo extendió y generó las condiciones para que la parte más violenta y armada del crimen organizado se desparramara hacia otro tipo de delitos” como el secuestro y la extorsión, apuntó.
    Con Enrique Peña Nieto en el poder Arias Marín cree que la prioridad del mandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) será “la seguridad ciudadana, (…) ya “no tanto la persecución de los cabecillas de los cárteles”.
    “Eso, en términos muy generales, puede a mediano plazo comenzar a dibujar una disminución de la violencia”, apuntó.
    Cree que abiertamente no habrá pactos ni negociaciones pero explica que la atención se va a desplazar a los niveles de gobierno locales.
    “Ahí es donde se van a distender las cosas. Si los cárteles saben que Ejército no está tras ellos sino combatiendo los delitos que complementariamente hacen ellos o sus gentes, entonces ahí, aunque no haya negociación hay un entendimiento”, apuntó.
    En el libro sostiene que “la guerra contra el narcotráfico es imposible de ganar” pero que al mismo tiempo “resulta imposible de eludir”.
    “Esta imposibilidad de ganar la guerra va a tener que evolucionar a ese tipo de cosas: reconocer que representan intereses no legales, intereses muy importantes para la economía formal por la simbiosis entre el dinero ‘negro’, del crimen, el ‘gris’, del contrabando y la informalidad, y el ‘blanco’, de los circuitos financieros”, explica.
    “Eso a lo mejor no es moral desde una perspectiva valorativa abstracta pero sí es ética de la responsabilidad”, apuntó.
    Arias Marín cree que la situación no es privativa de México, sino que otros países latinoamericanos han transitado por tesituras parecidas en las que grupos armados se han integrado o participado en la vida política.
    Entre ellos citó a Colombia, donde grupos como los paramilitares llegaron a participar en los procesos de reforma agraria y tuvieron “interlocución política” en la resolución de determinados problemas.
    “Si en América Latina, particularmente en Colombia o México pero en muchos otros países que están más metidos en el problema de lo que parece, no pensamos así, entonces no hay esperanza”, concluyó.
    Otros libros del mismo autor son “Terrorismo y derechos humanos: Diez años de reflexión teórica” (2012), “EZLN: violencia, derechos culturales y democracia” y “Debate cultural y derechos humanos” (2006).


    MÉXICO, D.F. (apro).- El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, reabrió el debate sobre la pena de muerte al proponer que la reforma para contar con códigos Penal y de Procedimientos Penales únicos para todo el país, incluya dicho castigo a los delincuentes acusados de secuestro y delitos graves.

    En entrevista, el gobernador chihuahuense consideró que el hecho de sancionar con cadena perpetua, como propuso y se aprobó en Chihuahua, no es suficiente para inhibir el delito. Se debe replantear que los delitos de alto impacto, como el secuestro, sean castigados de manera severa, sobre todo los plagiarios que asesinan a sus víctimas.

    El mandatario se pronunció a favor de la iniciativa anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto sobre la homologación en todo el país del Código Penal y el de Procedimientos Penales.

    A juicio de Duarte Jáquez, la propuesta del mandatario unificará criterios en los códigos Penal y de Procedimientos Penales de todo el país para evitar que los delincuentes se beneficien de las contradicciones jurídicas y queden en libertad.

    Asimismo, consideró que se establecerán criterios para beneficiar con la justicia a las víctimas y no a los criminales.

    “Yo me iría más allá, creo que el secuestro agravado debe plantearse con pena de muerte”, subrayó el mandatario chihuahuense.


    CIUDAD VICTORIA, Tamps., (apro).- Los ciudadanos de Tamaulipas acudieron a votar en medio de policías cuidando casillas, convoys de vehículos militares patrullando la ciudad y retenes de soldados vigilando las principales carreteras.

    Maestros, estudiantes, jubilados y amas de casas confesaron que la principal consideración que tuvieron al emitir su voto fue la inseguridad.

    La violencia que registra Tamaulipas parece endémica, sólo basta recordar que en el pasado proceso electoral fue asesinado Rodolfo Torre Cantú, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura.

    El candidato asesinado tuvo que ser sustituido unos días antes de que fueran las elecciones por su hermano, Egidio Torre, actual mandatario estatal.

    Apenas el viernes pasado un coche bomba explotó frente a la alcaldía de Nuevo Laredo, provocando siete heridos, daños en once vehículos, en la fachada del inmueble y sumergiendo a la población de esa ciudad fronteriza en un clima de zozobra.

    Días antes, por segunda ocasión en menos de un mes, aparecían 14 cuerpos descuartizados en el vecino municipio de Ciudad Mante, la región cañera de Tamaulipas dominada por la delincuencia organizada.

    La inseguridad “que impide salir a cualquier parte” y la falta de trabajo fueron los dos temas que consideró una ama de casa que votó en la misma casilla adonde acudió el gobernador Egidio Torre Cantú.

    “Ya ve cómo está la situación ahorita. Se ven tantas cosas en la actualidad que no se veían antes. Espero que con este voto que hice, que ya se vea algo mejor”, dijo la mujer de 35 años de edad.

    Tamaulipas es el único estado de la República que tiene dos exgobernadores, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, acusados en México y Estados Unidos de estar relacionados con los cárteles del narcotráfico.

    Amigos cercanos de esos exmandatarios ubican a Yarrington en San Antonio y a Eugenio Hernández en España.

    El exmandatario Manuel Cavazos Lerma, quien compite por un escaño en el Senado de la República por el PRI, también es señalado de tener nexos con la delincuencia organizada.

    Quizá por esa razón los tamaulipecos votaron por la fórmula del PAN al senado, la cual lleva 10 puntos porcentuales de ventaja sobre la del PRI en el contero del IFE.

    “La cuestión de la seguridad fue la primera razón que pensé al emitir mi voto”, dijo un jubilado que votó en la casilla ubicada en la escuela primaria José Vasconcelos.

    “Es lo más importante que ocurre en Tamaulipas. Es un estado que tiene frontera con Estados Unidos y eso hace muy difícil la situación”, agregó.

    Una estudiante de doctorado contó que antes de emitir su sufragio analizó las propuestas de todos los candidatos.

    “Lo que espero de la persona que próximamente no esté representando es nuestra seguridad, que mejore nuestra economía. Principalmente la inseguridad, porque en Tamaulipas está a todo lo que da. Entonces yo busco seguridad primero y después la cuestión económica”, concluyó.

    Las principales ciudades del estado, como Matamoros, Tampico, Ciudad Victoria y Laredo, sufren los constantes combates que protagonizan el cártel del Golfo y los Zetas.

    Cuando un grupo domina una de esas plazas, el rival se la “calienta”, con atentados con granadas de fragmentación, ejecuciones múltiples de presuntos rivales, que dejan junto con narcomensajes, o enfrentamientos directos.

    Un trabajador de la colonia Azteca consideró la “difícil situación” que vive el estado al momento de emitir su voto. “Sobre todo la inseguridad que es lo que más nos urge en este momento en el estado y en el país. Por ahora parece que está calmado, pero de repente suben las cosas. La situación es bastante, bastante difícil”, concluyó el trabajador.

    Durante el proceso electoral, la violencia no cesó, y en dos municipios aledaños a la capital registraron hechos relacionados con la delincuencia organizada.

    En el municipio de Padilla fue arrojada en la plaza principal el cuerpo descuartizado de una mujer.

    Además, en el poblado de Guemez se reportó que hombres armados robaron las urnas para candidatos a la presidencia y al senado.


    TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que tres presuntos militantes priistas perdieron la vida y tres más resultaron gravemente heridos este domingo en la comunidad de Rincón Chamula.

    Según la dependencia, un grupo armado vinculado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) les disparó a quemarropa con cuernos de chivo.

    En comunicado oficial, la procuraduría estatal refirió que, de acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos se suscitaron alrededor de las cuatro de la tarde en la comunidad ubicada en la zona norte de la entidad, cuando las víctimas hacían fila para emitir su voto.

    Además, explicó que, según testimonios recabados hasta ahora, el incidente fue provocado por los candidatos municipales de ambos partidos.

    La PGJE añadió que los priistas que perdieron la vida respondían a los nombres de Dionisio Sánchez Gómez, Jorge López Pérez y Santiago Sánchez Hernández y que los heridos son Manuel Hernández Bautista y Romeo Sánchez Gómez.

    En su huida, los agresores atropellaron a Rosalina Sánchez Gómez, quien fue trasladada de emergencia a un hospital de la región donde fue reportada como estable.

    El incidente provocó la movilización de elementos de la PGJE, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), la Policía Federal y efectivos del 31 Batallón del Ejército Mexicano.

    Las autoridades resguardan la zona para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias de Rincón Chamula.

    Los lugareños denunciaron por la tarde que los agresores armados pertenecen al grupo del alcalde en funciones Pedro Bautista, quien apoya a su sobrino, candidato del PVEM a la alcaldía, Mateo Bautista, originario ambos de esa comunidad donde se registro la balacera.

    Sobre el particular, el Secretario General de Gobierno, Noe Castañón León, comentó:

    “Efectivamente estaban en plena votación cuando llego un grupo de personas a incitar a otros a que quemaran las urnas, hubo golpes y disparos de armas de fuego. La policía no pudo intervenir porque estaba desarmada”.

    El funcionario recordó que el alcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pedro Bautista, era del PRD y que en febrero pasado se afilió al PVEM, ya estuvo acusado por portar armas de fuego de alto poder y de transportar droga pero fue liberado.

    “No sabemos porque lo respaldan. Los del Verde sacan las armas porque querían rellenar las urnas, y porque no lo permitieron es que sacaron las armas (…) Ahora no podemos entrar. Iban con cuernos de chivo. No quieren que saquen a los que mataron, los tienen adentro y por eso no dejan entrar ni salir a nadie”, afirmó.

    José Guadarrama Márquez, senador del PRD, lamentó los hechos ocurridos en Rincón Chamula, y aunque tampoco precisó el número de muertos y heridos, dijo que el incidente violento empaña el proceso electoral.

    El también vocero de la coalición Movimiento Progresista integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, denunció que además de los hechos de violencia perpetrados en Rincón Chamula, se registraron varias irregularidades en el estado tales como: compra y coacción del voto, acarreo de votantes, reparto de despensas y materiales de construcción, así como inducción del voto en muchas comunidades indígenas y rurales.

    Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían confirmado el número oficial de víctimas.


    En nueve años, 20,000 establecimientos independientes han cerrado

    El sector farmacéutico enfrenta una grave crisis por la delincuencia en México, y es que en los últimos nueve años 20,000 farmacias independientes desaparecieron de los 38,000 negocios que existían en el 2003, acusó Oscar Zavala Martínez, presidente de Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm).

    En el último año (2011 y lo que va del 2012), 2,000 farmacias se vieron afectadas por la inseguridad. De éstas, 1,000 casos fueron sujetos de extorsión telefónica o directa, mientras que las entidades identificadas con el mayor índice delictivo son Guerrero, Morelos, Estado de México y el Distrito Federal.

    El empresario precisó que 710 farmacias independientes se vieron afectadas por robo de mercancía, ya sea a mano armada en el negocio, o bien, durante la llegada de productos químicos a los camiones, con mayor frecuencia en el Estado de México y el Distrito Federal.

    En tanto, reportó que hubo 180 secuestros a los empresarios con 10 decesos y 110 casos de extorsión de seudoverificadores en materia de regulación sanitaria o de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

    “La delincuencia es el factor que más ha impactado, pues de 5,000 farmacias independientes que pertenecen a la Unefarm, 2,000 fueron víctimas de este fenómeno”, aseveró Zavala Martínez en conferencia de prensa.

    Los agremiados de la Unefarm invierten 40,000 pesos la resguardar su seguridad cada año, en aparatos como videocámaras, alarmas, vigilancia y barrotes.

    Programa de equipamiento

    Ricardo Navarro, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de la ciudad de México, informó que para mejorar el entorno de las farmacias independientes se realizará un programa piloto de capacitación con 300 farmacias, dotándolas de un punto de venta con computadora, el software necesario y el lector de código de barras, que les permitirá conocer la rotación de su inventario y hacer compras de manera adecuada, con el fin de hacerlas competitivas.

    Y es que el giro de las farmacias se enfrenta también a la competencia desleal que encabezan los grandes centros comerciales sobre los pequeños negocios, los cuales no respetan el marco jurídico, dijo.

    Previo al arranque del congreso de los farmacéuticos, el empresario pugnó por romper con la cadena de distribución, ya que los centros comerciales compran directamente a los laboratorios, sin necesidad del intermediario y, en cambio, logran un margen de utilidad doble, lo que rompe con la estructura económica de la dispensación de los medicamentos, expresó Zavala.

    lgonzalez@eleconomista.com.mx

    CRÉDITO:

    Lilia González, El Economista


    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Hombres armados atacaron a tiros al vehículo donde viajaba el candidato a la alcaldía de Venustiano Carranza por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ludwing Constantino González, sin que se reportaran personas lesionadas.

    La Policía Municipal informó que la agresión ocurrió la víspera, cuando el candidato había terminado un mitin en la colonia 31 de Diciembre y se dirigía a la cabecera municipal, pero a la altura del lugar conocido como El Mangal, hombres armados abrieron fuego contra del vehículo donde viajaba.

    El reporte de la Policía de Venustiano Carranza indicó que Constantino González se desplazaba en una camioneta color blanco Chevrolet, tipo Cheyenne, cuando fue atacado; uno de los disparos de arma de fuego se incrustó en el lado izquierdo de la camioneta pero el conductor resultó ileso.

    Seguidores de Constantino González se han concentrado desde anoche en la casa de campaña del PVEM, para manifestarle su respaldo, mientras que Mariano Constantino Peña, padre del candidato, pide justicia, pues él fue hace siete años alcalde de este lugar por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

    Derivado de la agresión armada en su contra el candidato interpuso demanda ante la Fiscalía de Distrito de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para demandar se investigue hasta sus últimas consecuencias.

    El municipio de Venustiano Carranza libra desde hace más de 40 años una lucha por la tenencia de la tierra entre miembros de organizaciones sociales, principalmente entre la Casa del Pueblo y Alianza San Bartolomé de los Llanos, que ha dejado una decenas de indígenas muertos, presos, invasiones y desalojos.


    REFORMA Ciudad de México.- El Ejército y la Marina reforzaron su presencia en Nuevo León ante el temor de que el Estado se contagie de los hechos violentos que están sacudiendo a Nuevo Laredo, donde la narcoguerra ha dejado masacres, constantes balaceras, negocios incendiados y el estallido de un coche bomba.

    Según fuentes de la Sedena, unos 2 mil 700 efectivos ampliaron la cobertura de los operativos militares en el Estado, así como en la frontera de Tamaulipas y Coahuila. Además del área metropolitana de Monterrey y municipios rurales del norte de Nuevo León, ahondaron los informantes, Nuevo Laredo y Piedras Negras son prioridades. La llegada de los soldados, explicaron los informantes, es adicional a la llamada “Operación Rastrillo”, que el Ejército lanzó para identificar y capturar a los responsables de arrojar 49 torsos en el municipio de Cadereyta, el pasado 13 de mayo.

    “Son acciones aparte”, dijo un mando militar. “Una implica realizar tareas de inteligencia y la otra pretende una presencia para evitar más hechos violentos como los de Nuevo Laredo. “Los patrullajes en esas ciudades van dirigidos a prevenir”, agregó, “y a localizar gente armada y en delitos flagrantes”. Desde el lunes, en medio de una ola de balaceras, cuyo saldo se desconoce, Nuevo Laredo registra dos discotecas y un casino incendiados, así como la detonación de un coche bomba en un hotel donde se hospedaban policías estatales. El estallido del vehículo dejó ocho uniformados y dos civiles hospitalizados. De acuerdo con las fuentes militares, la violencia es producto de la rivalidad entre el Cártel del Golfo y los Zetas, que pelean el control de plazas y de las vías de tránsito que llevan a la frontera con Estados Unidos. En Nuevo León, detallaron, los nuevos militares ampliarán los patrullajes en el área metropolitana de Monterrey. Los mandos indicaron que Apodaca, Guadalupe, San Pedro y San Nicolás están entre los municipios a apoyar. Además, destacaron las fuentes, Anáhuac y China son de especial importancia, pues son puntos clave para el tráfico de armas y droga, por lo que no descartan que la violencia afecte a esas poblaciones. En tanto, Juárez y Cadereyta verán un reforzamiento de los despliegues terrestres de reconocimiento. Las acciones implican vigilancia aérea, por ejemplo, en localidades rurales como Cerralvo, Agualeguas y Sabinas Hidalgo. Sobre Tamaulipas, los mandos revelaron que los refuerzos serán concentrados en Nuevo Laredo. Unidades de la Policía Militar, del 39 y 105 batallones de Infantería, ya patrullan las carreteras que unen a esta ciudad fronteriza con Sabinas Hidalgo y Anáhuac, así como con Reynosa y Piedras Negras. En Reynosa se dispuso de diversos puestos de control vehicular y puentes aéreos a los municipios de la llamada frontera chica -Camargo, Díaz Ordaz y Miguel Alemán- en apoyo a las tropas ahí destacamentadas. La mayor parte de los refuerzos fueron movilizados de áreas que dependen de la Cuarta Región Militar, con sede en Monterrey y que abarca Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. También participan batallones de Infantería, Fusileros Paracaidistas y Fuerzas Especiales enviados de la Ciudad de México. Efectivos de la Armada apoyan estos despliegues de seguridad en Piedras Negras, donde apenas el 21 de mayo reventaron un taller donde se confeccionaban uniformes y chalecos apócrifos de la Secretaría de Marina.


    CAPAZ DE violar y MATAR A SU PROPIA? MADRE SI SE LO MANDA EL CHARLE O EL BUITRE.

    VISITA EL SITIO WEB: http://www.eluniversal.com.mx El hermano de la ex procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González, fue secuestrado por ser el encargado de hacer tratos con la organización “La Línea” a nombre de la ex funcionaria, aseguró uno de los presuntos sicarios que participó en el secuestro y homicidio de Mario González. En un video que difundió ayer la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), Luis Miguel Ibarra Castellanos “El Cora” detalló que se utilizaron dos discos para grabar el interrogatorio del abogado, divulgado por Internet; en el primero contestó libremente y en el segundo fue presionado para leer unas cartulinas. “Todas la preguntas del primer disco las contestó como él sabía, nunca le pusimos algo… En el segundo disco ya salen otras preguntas, pero al parecer para incriminar, o no sé cuál sería el motivo”, refirió. El presunto sicario, de 21 años, no precisa qué preguntas respondió libremente el abogado. Detalla que lo torturaron “tan sólo en las plantas de los pies y en las piernas” y que lo asesinaron al día siguiente. El grupo recibió instrucciones de cavar una fosa en un lote baldío. “A las seis de la tarde se nos ordena que lo llevemos a enterrar. Lo privamos de la vida en ese instante, como 5 y media… lo ejecutamos en la misma casa entre todos”, relató. La grabación difundida ayer por la SSP contiene imágenes de los otros siete detenidos, que dicen pertenecer al Cártel de Sinaloa. En tanto, en Chihuahua, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa para pedir a la PGR y a la Fiscalía General del Estado que inicien una “profunda investigación” en torno a los videos que circularon a través de la Internet en semanas anteriores. La iniciativa de los legisladores panistas no menciona por su nombre al abogado Mario Ángel González, cuya imagen fue vista en Internet a través de un blog denominado “El Puma Original”, donde hacía una serie de acusaciones a funcionarios de la anterior administración estatal, incluida su propia hermana, la ex procuradora Patricia González, y al entonces gobernador, José Reyes Baeza. La autoridad debe investigar los señalamientos sobre la participación de servidores públicos en presuntos hechos que pudieran ser considerados delictivos, dice el documento presentado por los panistas. (Con información de Alejandro Salmón/El Diario)


    TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El presidente del PRI estatal, Roberto Albores Gleason, condenó la violencia suscitada en el municipio de Villaflores, que cobró la vida del militante panista Edgardo Hernández Corzo, al tiempo que demandó se investigue a fondo el caso. “Los priistas repudiamos los hechos violentos suscitados en Villaflores y exigimos la aplicación irrestricta de la ley a quien resulte responsable”, sostuvo el dirigente priista. Luego de admitir que las autoridades judiciales vinculan en los hechos al aspirante priista a la alcaldía, Ulises Grajales Niño, destacó que la directiva nacional del PRI, a propuesta del Comité Directivo Estatal (CDE), decidió cancelar esa candidatura. La dirigencia nacional priista, añadió Albores Gleason, también hizo un llamado a Grajales Niño para que coadyuve con las autoridades en las indagatorias que lleven a esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. “Nuestro papel como instituto político es, sin duda, no incriminar a nadie, pero no estaremos omisos a los actos de violencia; en este sentido, pedimos a las autoridades que de forma expedita aclaren la situación jurídica de Ulises Grajales”, planteó Roberto Albores. Condena panista La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), así como su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, condenaron el asesinato de Edgardo Hernández, sobrino de Roger de Coss Corzo, candidato panista a diputado federal en Chiapas. En su cuenta de Twitter, Vázquez Mota resaltó: “El asesinato de Édgar Hernández Corzo, joven brigadista de nuestro partido, me entristece e indigna. No debe quedar impune”. Por su lado, la directiva panista lamentó el homicidio y expresó sus condolencias a la familia de la víctima. En un comunicado, la dirigencia panista detalló que Edgardo Hernández regresaba de realizar diferentes actividades propagandísticas, tales como pintar bardas y repartir propaganda en el ejido Nuevo México, cuando hombres armados a bordo de un vehículo empezaron a seguirlo y lo atacaron en el tramo carretero Villaflores-Chanona. Los hechos ocurrieron a la altura del rancho El Sinaloense, donde el activista murió acribillado. “El PAN exige a las autoridades locales que investiguen los testimonios y hechos ocurridos en el tramo carretero Villaflores-Chanona, ya que un acto de esta naturaleza no puede quedar impune, y pedimos que de manera expedita se finquen sanciones a quienes resulten responsables”, se advierte en el comunicado emitido esta noche. Según diferentes reportes, Hernández Corzo, de 25 años, hacía activismo político en el municipio de Villaflores, donde colaboraba en la campaña del candidato panista a la alcaldía, Mariano Rosales.


    CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).- La tarde de este jueves fueron abandonados 15 cadáveres en el interior de una camioneta estacionada frente a la presidencia municipal de Ciudad Mante, Tamaulipas, junto con un mensaje dirigido a Los Zetas, informó hoy una fuente de la Fiscalía estatal. De acuerdo con la misma fuente, aproximadamente a las 14:30 horas un grupo de desconocidos estacionó el vehículo en las calles aledañas a la alcaldía, ubicada entre las avenidas Hidalgo y Guerrero, en el centro de esa localidad. La información comenzó a circular inicialmente por las redes sociales y luego fue confirmada por las autoridades locales. Al lugar acudieron los militares que realizan funciones de policías municipales, quienes acordonaron el área y sus alrededores. Además, el edificio de la Presidencia fue desalojado y se cerró el tráfico de vehículos sobre la avenida Hidalgo. También acudieron peritos de la Fiscalía para recoger evidencias del multihomicidio, mismo que se atribuye un grupo rival a Los Zetas. Hasta el momento, las autoridades estatales no han solicitado la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR). Ciudad Mante se localiza al sur del estado, a 137 kilómetros de Ciudad Victoria y a 168 de Tampico.


    ZACATECAS, Zac. (apro).- Cuatro cabezas humanas fueron abandonadas dentro de una hielera en la caja de una camioneta pick-up que fue escoltada por un convoy en pleno mediodía hasta la entrada del Mercado de Abastos en esta capital, con mensajes de amenaza al grupo delictivo Los Zetas. El convoy ingresó por una zona de tráfico vehicular lento debido a las obras de construcción de un distribuidor vial, en un perímetro en el que se localizan las instalaciones de la Presidencia Municipal, la Policía Ministerial del Estado, la Policía Municipal y la Dirección de Tránsito. Sin ningún impedimento, el convoy llegó hasta el acceso principal de las bodegas del Mercado de Abastos aproximadamente a las 11:20 horas, cuando esta zona se encontraba atestada de gente efectuando sus compras. De ese punto, los hombres fuertemente armados que viajaban en varios vehículos se retiraron y dejaron estacionada una vieja camioneta Nissan pick-up, en cuya caja posterior había una hielera. En los asientos fueron colocados varios mensajes en los cuales se hacen advertencias a Los Zetas, a quienes se les hace saber que se terminaron sus días en el territorio zacatecano. Hasta el momento se ignora quiénes son los responsables de estos hechos o qué grupo se adjudica las amenazas a Los Zetas. Usuarios de la Central de Abastos llamaron a las corporaciones de seguridad. Elementos de la Policía Federal y del estado acudieron y abrieron la hielera, encontrando las cuatro cabezas humanas. En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que dio inicio a una investigación y trabaja en la identificación de las víctimas que fueron decapitadas. Hasta el momento sólo dio a conocer que se trata de cuatro hombres. (Con información de Verónica Espinosa)

    la gestión de la violencia en Sinaloa

    Parientes de María Susana Flores Gámez, presentaron una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra el gobierno por que afirman dañaron el honor de Miss SinaloaCuliacán, México.- Familiares de la reina de belleza mexicana que mur…

    Parientes de María Susana Flores Gámez, presentaron una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra el gobierno por que afirman dañaron el honor de Miss Sinaloa


    Culiacán, México.- Familiares de la reina de belleza mexicana que murió en una balacera entre presuntos criminales y soldados presentaron el miércoles una denuncia ante la comisión de defensa de los derechos humanos del estado norteño de Sinaloa, ya que consideraron que el gobierno “dañó el honor” de la joven.
    Juan José Ríos Estavillo, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, informó que la familia de María Susana Flores Gámez presentó la denuncia debido a información que han divulgado autoridades federales sobre la participación de la ganadora de Mujer Sinaloa 2012 en el enfrentamiento con el ejército del 24 de noviembre.
    Los familiares se quejaron de que autoridades federales han dicho que Flores Gámez sí disparó en la balacera sin que haya una resolución final dictaminada por un juez.
    Ríos Estavillo agregó que la queja es contra autoridades federales, en este caso la Procuraduría General de la República, que investiga el caso, mientras que el expediente se enviará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
    Desde la muerte de la reina de belleza, quien también participó en el certamen de Miss Sinaloa, fiscales estatales dieron a conocer que Flores Gámez estaba dentro del grupo armado que atacó a soldados en un rancho cercano a Guamuchil, en el norte de Sinaloa. Un funcionario federal dijo a The Associated Press que los presuntos gatilleros con los que viajaban aparentemente la habían usado como “escudo humano”, según el reporte militar que narra los hechos.
    Autoridades estatales dijeron que a 80 centímetros del cuerpo de Flores Gámez se encontró un rifle AK-47. El martes, el delegado de la procuraduría federal en Sinaloa confirmó que se detectó pólvora en sus manos y dijo que eso implica que la reina de belleza disparó un arma de fuego.


    Culiacán.- Dos de los seis presuntos secuestradores detenidos la semana pasada en la Ciudad de Mazatlán, y por los que supuestamente se llevó a cabo el atentado en contra de la ferretería de Malova, fueron ejecutados la mañana de ayer en el interior de la penitenciaría del puerto.

    Los reos asesinados fueron identificados como Jhonny Ahumada Araujo, de 19 años de edad, y Luis Joel Moya Angulo, de 23, ambos de Los Mochis.

    La Procuraduría General de Justicia de Sinaloa informó que se les realizan los exámenes periciales para identificar oficialmente el origen de la muerte.

    Los hechos ocurrieron en la carraca 11 del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, lugar en donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de los dos plagiarios.

    Las autoridades se percataron de los hechos aproximadamente a las 7:00, de ayer, ya que los dos prisioneros no asistieron al pase de lista que se lleva a cabo diariamente.

    El juez cuarto del Ramo Penal de la Ciudad de Mazatlán dictó el viernes auto de formal prisión en contra de Ahumada Araujo y Moya Angulo, por lo que tenían por lo menos 10 horas dentro del módulo en el que fueron encontrados sin vida.

    Ambos hombres fueron detenidos el fin de semana pasado junto a Leydi Zuny Sánchez Padilla, de 28 años, y María de Jesús Venegas Montaño, de 21, ambas residentes del puerto en Mazatlán.

    También fueron arrestadas Hilaria García Salazar, de 38 años, y Rocío de Jesús Medina Parodi, de 36 años, originarias de la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, al norte de Sinaloa.

    Los secuestradores, ligados al cártel de los hermanos Beltrán Leyva y los Zetas, están siendo procesados por el secuestro de dos hijos de empresarios sinaloenses y un empresario más.

    Mario López Valdez, Gobernador de Sinaloa, aseguró ayer que cuenta con datos precisos sobre los sujetos que el pasado miércoles atacaron una de sus ferreterías, y son parte de una banda de secuestradores que se vio afectada con la detención.

    Argumentó que los prófugos se encuentran plenamente identificados y que van por ellos, ya que no precisamente se trata de alta delincuencia.

    “Es gente que andaba secuestrando, es gente que se molestó porque el sábado rescatamos a tres mazatlecos que tenían detenidos en los cerros”, señaló el Mandatario estatal.

    “Mazatlán me interesa mucho porque en los últimos cuatro meses la incidencia delictiva se ha reducido en un 50 por ciento, se han logrado resultados extraordinarios, y tenemos el compromiso de presentar buenos números, ya no nada más protocolos de seguridad”, expresó López Valdez.

    Señaló que Mazatlán será cuidado de manera especial, ya que es el principal destino turístico de Sinaloa y en donde visitantes extranjeros y nacionales arriban para descansar y divertirse.

    la guerra sucia contra México

    Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, luego de asumir actos criminales, asegura haber pagado a funcionarios del primer círculo de la SSP federalCiudad de México.- Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, luego de asumir actos criminales, asegura haber…

    Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, luego de asumir actos criminales, asegura haber pagado a funcionarios del primer círculo de la SSP federal

    Ciudad de México.- Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, luego de asumir actos criminales, asegura haber pagado a funcionarios del primer círculo de la SSP federal y los incluye como parte de la estructura criminal.
    En carta entregada ayer a REFORMA por quien es acusado de trabajar para el Cártel de los Beltrán, afirma que además de recibir dinero del narcotráfico, los funcionarios toman como botín los decomisos que hacen.
    Valdez denuncia en la misiva entregada por su abogada, que Genaro García Luna, titular de la SSP, recibe desde 2002 dinero del narcotráfico, al igual que sus principales colaboradores.

    “… me consta que ha recibido dinero de mi, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que a un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito quien trabajaba con la DEA y me pasaba información, Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios (PF Colombia), Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mi”.

    “La Barbie”, detenido en agosto de 2010, asegura que su captura fue por haberse negado a participar en un acuerdo que el Presidente Felipe Calderón presuntamente quería hacer con los principales cárteles de la droga.

    “Mi detención fue el resultado de una persecución política por parte del C. Felipe Calderón Hinojosa quien instauró un acosamiento en contra de mi persona por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de delincuencia organizada para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de delincuencia organizada”.

    Valdez afirma que el General Mario Arturo Acosta Chaparro, ejecutado en abril de este año, fue el intermediario del Gobierno para sostener reuniones con capos a fin de lograr el acuerdo.
    El narcotraficante, de 36 años y actualmente preso en el penal del Altiplano, asegura que García Luna recibe sobornos del narco desde que era titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el sexenio de Vicente Fox.

    “Pese a los antecedentes de Genaro García Luna, los cuales se encuentran en diversas causas penales, y de los que el Gobierno americano ya tiene conocimiento; incluso, formaron parte de los temas tocados en la Iniciativa Mérida, y a los cuales he tenido acceso, el más reciente el testimonio del testigo colaborador ‘Mateo’ (Sergio Villarreal), el Presidente Felipe Calderón lo sostiene en su cargo sin que se ejerza acción penal en su contra”, afirma.

    La abogada Eréndira Joselyn Guerra Gutiérrez, titular de la defensa de Valdez y quien entregó la carta a REFORMA, afirma que éste puede ser extraditado en cualquier momento a EU y que su cliente quiere que “se esclarezcan los hechos y se haga justicia”.

    Guerra Gutiérrez afirmó que cuando “La Barbie” sea extraditado a Estados Unidos detallará la presunta red de corrupción y vínculos con el narcotráfico de todos los funcionarios que menciona en su carta.
    El 30 de agosto de 2010, los policías federales que detuvieron a Valdez Villarreal tenían la orden de matarlos, así lo revela el presunto narcotraficante.

    “En realidad tenían la instrucción de matarme tan es así que al momento de mi detención, la cual se realizó en el domicilio que salió en los medios de comunicación y en lugar en el que me encontraba solo, dicen que ese día no se reportaron balazos, pero la verdad sí hubo”, refiere.

    “Un policía federal que fue quien me trasladó hasta este lugar en el que actualmente me encuentro, me instaba a que corriera para poderme disparar, y así poder decir que al repeler el ataque me habrían matado”.
    “La Barbie” afirma que eso fue lo que pasó con Aarón Arturo Gines Becerril, ejecutado por la Policía Federal el 30 de agosto de 2010, el mismo día en que él fue detenido.

    “Los impactos de bala le fueron disparados todos por la espalda el mismo día de mi detención. Todo fue tapado por la Policía Federal”, recuerda.

    También acusa a la Policía Federal del robo de dinero, alhajas, automóviles, relojes y hasta droga en los operativos que realiza.

    “Habrá de hacerse notar que en cuantas detenciones realiza la Policía Federal no se decomisa nada, todo se pierde (dinero, relojes, vehículos, droga); sin embargo, es menester señalar que tanto el Ejército como la Secretaría de Marina son más honestos, detienen a quien es, y lo ponen a disposición con lo que tiene”.

    Al cuestionarle a la abogada de la razón de la entrega de la carta ella señaló: “Simple y sencillamente cumplir con una instrucción que me dio mi cliente, él tiene derecho a que se esclarezcan los hechos y se haga justicia”.

    La abogada explicó que su cliente elaboró durante varios meses la misiva, la cual fue perfeccionando de su puño y letra, por lo que fue hasta ahora que decidió hacerla pública.

    “Yo pude haber hecho lo que haya hecho pero ellos, los funcionarios públicos que menciono, también son parte de la estructura criminal de este país”, remata el narcotraficante.


    Ciudad de México.- Juzgados federales de Jalisco y Chihuahua dictaron auto de formal prisión en contra de 14 policías federales que atacaron a balazos a dos agentes de la CIA y a un marino de la Armada el 24 de agosto.

    Los policías fueron notificados de que se les inició proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y daño en propiedad ajena, el primero de ellos considerado como un ilícito grave en la legislación penal y que por lo tanto no alcanza la libertad bajo caución.


    por: Óscar Hernández
    Fuente: Noticieros Televisa

    La aprehensión de Miguel Nazar Haro fue resultado de un detallado operativo de inteligencia policial: PGR

    CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 19, 2004.- La detención de Miguel Nazar Haro fue resultado de un trabajo de inteligencia policial diseñado y ejecutado por la Agencia Federal de Investigaciones.
    La dificultad para capturarlo radicaba en ubicarlo físicamente y penetrar su círculo protección y seguridad. Para ello se elaboró un programa de vigilancias intermitentes que finalmente permitieron localizarlo en el Distrito Federal, luego de una intensa búsqueda en Guerrero, Chiapas, Veracruz y Morelos.

    Las vigilancias permitieron localizarlo en la casa de una de sus hijas, ubicada en la calle de Picacho, en la Colonia Jardines del Pedregal.

    Un día antes de su captura, Miguel Nazar Haro fue videograbado… Salió de la casa de Picacho acompañado de su chofer, usaba gorra y lentes. Horas después regresó. El video fue cotejado con otras imágenes, lo que confirmó su identidad.

    Al día siguiente, el pasado miércoles, por la tarde-noche volvió a salir. En esta ocasión lo acompañaba su esposa y una de sus hijas. Él viajaba en el asiento del copiloto, usaba gorra y lentes.

    Su chofer tomó por Picacho hasta incorporarse al Periférico por los carriles centrales con dirección hacia el norte de la ciudad.

    Ya en el Periférico dos vehículos lo alcanzaron para escoltarlo… A la altura de Avenida Toluca se percataron que eran seguidos por dos automóviles. Intentaron perderlos.

    Llegando a Altavista el chofer de Nazar Haro tomó la lateral del Periférico. Al cruce con las Flores se reincorporó a la lateral del Periférico, pero ahora en dirección norte-sur.

    En la Avenida Toluca un asentamiento vehicular le impidió seguir avanzando. En ese momento Nazar Haro fue detenido por agentes de la AFI.

    Inmediatamente fue trasladado a las oficinas de la PGR en Azcapotzalco. Ahí se certificó su estado de salud. Posteriormente fue conducido al hangar de la PGR en el aeropuerto capitalino.

    En ese lugar lo volvió a examinar un médico de la PGR y su cardiólogo de cabecera, el doctor César Monteverde.

    Afuera esperaba un jet de la Procuraduría General de la República para trasladarlo a Nuevo León.

    El doctor César Monteverde afirmó que su paciente no estaba en condiciones de hacer el viaje, porque presentan problemas de presión alta.

    El médico de la PGR determinó que el detenido sí podía viajar. A las 11 de la noche con 10 minutos abordo el avión. Siempre escoltado por elementos de la AFI.

    Minutos después la aeronave se dirigió hacia la pista… Sorpresivamente regresó a su posición inicial, aparentemente una falla mecánica fue la causa. Fue necesario traer otro avión de la PGR.

    En tanto Miguel Nazar Haro recibió atención médica y se le proporcionó alimento.

    A las 12:30 de la noche llegó una ambulancia particular al hangar de la PGR. Fue solicitada por los acompañantes de Nazar Haro.

    Finalmente a la una de la mañana de este jueves, Miguel Nazar Haro emprendió el viaje a Nuevo León, donde enfrentará juicio.

    Miguel Nazar Haro, Luis de la Barreda Moreno y Juventino Romero Cisneros están señalados como presuntos responsables del delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, en agravio de Jesús Piedra Ibarra, hijo de rosario Ibarra de Piedra.

    Jesús Piedra Ibarra fue detenido en Nuevo León en 1975 por agentes judiciales estatales. Desde entonces se desconoce su paradero.

    Luis de la Barreda Moreno y Juventino Romero Cisneros están prófugos.

    Miguel Nazar Haro duerme esta noche en el penal de Topochico, en Nuevo León.


    Washington, D.C., Febrero 26, 2006 – El National Security Archive publica hoy en su página de Internet el borrador de un informe sobre la “guerra sucia” llevada a cabo en México durante las décadas de los 60’s, 70’s y 80’s. Éste es un informe sin precedentes elaborado por el gobierno mexicano para esclarecer algunas situaciones desarrolladas durante esas décadas.

    Este documento es el resultado de cuatro años de trabajo por parte de la oficina del Dr. Ignacio Carrillo Prieto, Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Este organismo fue promovido por el presidente Vicente Fox para investigar crímenes en contra de los derechos humanos.
    Los crímenes detallados en dicho informe fueron cometidos durante las administraciones de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982). Durante esos sexenios, cientos de ciudadanos mexicanos – tanto civiles inocentes como militantes armados-fueron asesinados o “desaparecidos” por fuerzas militares y de seguridad. Miles más fueron torturados, ilegalmente detenidos, o sujetos a hostigamiento y vigilancia por parte de las autoridades.
    El informe no se ha hecho público en México hasta el momento. Sin embargo, sus autores – un grupo de 27 investigadores, historiadores, y activistas contratados por el Fiscal Especial en el 2004- lo entregaron al Dr. Carrillo Prieto el 15 de diciembre del año pasado. Actualmente, un periodista de la revista Eme Equis tiene en su poder una copia, y el día de hoy publicará un análisis a profundidad del capítulo dedicado a las operaciones de contrainsurgencia en Guerrero durante los años 70’s. Es importante mencionar que otras personas, entre ellos prominentes historiadores y escritores como Elena Poniatowska, Carlos Montemayor, y Carlos Monsivais, cuentan también con una copia del informe.
    Desde el año 2000, después de que la elección del presidente Fox marcó una transición política después de 70 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, el gobierno mexicano ha actuado decididamente en favor de una mayor apertura, transparencia y rendición de cuentas.
    Aunque el informe final de la Fiscalía Especial no se ha hecho público aún, el National Security Archive publica hoy una versión preliminar de dicho informe en aras del derecho ciudadano a la información. Tan pronto tengamos una copia final de este informe la publicaremos en nuestra página de Internet.
    Kate Doyle, Directora del Proyecto México del National Security Archive, declaró: “Estamos publicando el borrador del informe porque las familias de las víctimas de la “guerra sucia” así como el resto de los ciudadanos mexicanos, tienen el derecho a saber. Estos mismos ciudadanos leerán en Eme Equis el día de hoy, la violencia de la que fueron víctimas sus familiares en manos del gobierno mexicano hace treinta años. Pero en México, no pudieron obtener hasta hoy el texto que contiene la evidencia de la responsabilidad del Estado.
    El hecho de que una versión del informe final de la Fiscalía Especial se encuentre circulando entre un puñado de ciudadanos prominentes – y sin embargo siga cerrado e inaccesible para aquellos que fueron más afectados por la violencia – es una situación que evoca al pasado en México, cuando los ciudadanos eran rutinariamente excluidos de participar cívicamente por parte de un gobierno determinado a mantenerlos en la oscuridad. La información era poder, y el derecho a la información no existía para ciudadanos ordinarios. El compromiso del National Security Archive en favor de la apertura nos ha incitado a hacer pública está versión del reporte para la opinión pública en México y el mundo.”

    [Note: The draft version of the report of the Special Prosecutor’s office appears here exactly as we received it. The original document is missing Chapter 2, and there are numerous corrections and word changes. As soon as a final report is published, the Archive will make it available as well.]