Armas incautadas

La ATF indica que de las armas denunciadas, 16 mil 667 fueron vendidas a personas con licencia federal para su posesión

TEXAS, ESTADOS UNIDOS (23/JUL/2013).- La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, reportó que 190 mil 342 armas de fuego fueron denunciadas como extraviadas o robadas durante 2012 en todo el país.

En un informe, la agencia precisó que de las 190 mil 342 armas de fuego denunciadas como perdidas o robadas, 16 mil 667, es decir nueve por ciento, fueron vendidas a personas que tenían licencia federal para la posesión de armas.

La ATF indicó que en 2012, Texas fue el estado con mayor número de armas de fuego reportadas ante el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) como robadas o extraviadas, con 18 mil 874, 10 por ciento del total nacional.

Después de Texas, las entidades con el mayor número de armas de fuego desaparecidas fueron Georgia con 12 mil 906; Florida con 12 mil 571, California con 10 mil 639 y Carolina del Norte, con nueve mil 320.

Las pistolas fueron las armas de fuego más reportadas como robadas, seguidas por rifles, armas cortas, revólveres, cargadores y silenciadores.


Elementos del Ejército Mexicano encontraron armas y droga en dos tinacos para agua enterrados en la Periferia de Piedras Negras

Piedras Negras, México.- Dentro de dos tinacos que estaban enterrados en un paraje cercano a Piedras Negras, elementos del Ejército encontraron la mañana de ayer mariguana, armas largas y 20 mil cartuchos de diferentes calibres, informó la Sedena.
Dentro de la Operación Noreste los militares realizaban un operativo terrestre por una brecha localizada en la periferia de Piedras Negras, a la altura del Seminario Diocesano, rumbo al ejido Maravillas, donde localizaron el arsenal oculto en dos tinacos para agua.

El hallazgo se dio cuando los elementos realizaban vigilancia a pie entre el monte y notaron que la tierra estaba floja, por lo que procedieron a removerla logrando encontrar a baja profundidad los dos tinacos con las municiones, armas y droga.
Se precisó que en el lugar del hallazgo no se localizaron vehículos o personas.
De acuerdo a la información, en el interior de dos tinacos de plástico se localizaron 11 bultos con cartuchos de diferentes calibres, entre los que destacan 7.62 y .223, así como cuatro rifles para el mismo calibre.
También se localizaron seis cofres con cartuchos para ametralladora calibre MK-21, y 27 paquetes con mariguana con un peso aproximado de 10 kilogramos cada uno, estos últimos con un total de 270 kilogramos.
En el lugar se localizaron también dos mil eslabones para ametralladora 50 milímetros.
20 mil cartuchos y 4 armas largas había.
270 kilogramos de mariguana estaban en 27 paquetes.


CIUDAD DE MÉXICO (01/OCT/2012).- Antes de que el Presidente Felipe Calderón iniciara la lucha contra los cárteles de la droga en 2006, de las cuatro mil armas aseguradas, la mayoría eran pistolas.

Cinco años después, la proporción se invirtió y en 2011 los rifles representaron 65% de las armas incautadas. La cantidad total de arsenal encontrado en el país se multiplicó por ocho en ese lapso, de menos de cinco mil piezas decomisadas se alcanzaron hasta 40 mil el año pasado.

Cada año hay al menos 10 mil denuncias en México por el delito de portación de arma de fuego, sin embargo, durante todo el Gobierno de Calderón la cifra de procesados por tráfico de armas no llega a una decena. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), en un informe que entregó al Congreso mexicano el pasado 14 de mayo, en todo el país 61 personas han sido sentenciadas por el delito de tráfico de armas entre 2007 y 2011. En ese tiempo, 137 mil 595 armas fueron aseguradas. Es decir, en promedio hay una persona encarcelada por cada dos mil 200 armas encontradas.

En México no existen tiendas de armas; poseerlas es ilegal a menos que se pruebe que de ellas depende la vida o el empleo de quien las porta. A pesar de eso, es el séptimo país con más armas en manos de civiles en el mundo: 15 millones, una por cada tres adultos, según Naciones Unidas.

Todos los días hay una tragedia vinculada con esas armas. El miércoles pasado, dos adultos mayores fueron asesinados de camino a recoger a sus nietos en un kínder —ubicado en la periferia norte de la Ciudad de México—; ella, de 50 años, por un disparo en el rostro; él, de 83, por una bala en el pecho. Víctimas del fuego cruzado entre policías y delincuentes, según la fiscalía local.

De 2007 a 2010 murieron 29 mil 242 personas en homicidios cometidos con arma de fuego, de acuerdo con el recuento mundial de homicidios de la ONU, el cual cita cifras oficiales y de organizaciones no gubernamentales. Lo “curioso” es que el propio Gobierno mexicano, a través de la PGR, dice que en ese lapso 34 mil 612 murieron como consecuencia de la “rivalidad delincuencial”. Entre las dos cifras hay cinco mil decesos de diferencia. Si ambos números son tomados como ciertos significaría que los miembros de los cárteles también mueren en enfrentamientos a golpes o por lesiones de armas blancas, y que no hay personas asesinadas en México con arma de fuego por otro motivo que no sea la guerra entre cárteles.

Lo cierto es que 70% de las armas ilegales en México vienen de Estados Unidos, dato admitido públicamente por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

PARA SABER

Problema mayor a lo supuesto

El número de armas que ingresa a México desde Estados Unidos podría ser mayor a lo supuesto, advierte José Wall, agente de la ATF en Tijuana durante la operación “Rápido y Furioso” —hoy asignado a Phoenix—, en entrevista difundida por Univisión; la cifra e 70% corresponde a las que se han podido rastrear, pero contando las armas modificadas y a las que se les borra la matrícula, “puede ser que la cifra sea hasta 95%”.

El tráfico ilegal de armamento de EU a México representa 10% del negocio mundial de venta de armas ilícitas, según la ONU.

La ATF indica que de las armas denunciadas, 16 mil 667 fueron vendidas a personas con licencia federal para su posesión

TEXAS, ESTADOS UNIDOS (23/JUL/2013).- La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, reportó que 190 mil 342 armas de fuego fueron denunciadas como extraviadas o robadas durante 2012 en todo el país.

En un informe, la agencia precisó que de las 190 mil 342 armas de fuego denunciadas como perdidas o robadas, 16 mil 667, es decir nueve por ciento, fueron vendidas a personas que tenían licencia federal para la posesión de armas.

La ATF indicó que en 2012, Texas fue el estado con mayor número de armas de fuego reportadas ante el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) como robadas o extraviadas, con 18 mil 874, 10 por ciento del total nacional.

Después de Texas, las entidades con el mayor número de armas de fuego desaparecidas fueron Georgia con 12 mil 906; Florida con 12 mil 571, California con 10 mil 639 y Carolina del Norte, con nueve mil 320.

Las pistolas fueron las armas de fuego más reportadas como robadas, seguidas por rifles, armas cortas, revólveres, cargadores y silenciadores.


Elementos del Ejército Mexicano encontraron armas y droga en dos tinacos para agua enterrados en la Periferia de Piedras Negras


Piedras Negras, México.- Dentro de dos tinacos que estaban enterrados en un paraje cercano a Piedras Negras, elementos del Ejército encontraron la mañana de ayer mariguana, armas largas y 20 mil cartuchos de diferentes calibres, informó la Sedena.
Dentro de la Operación Noreste los militares realizaban un operativo terrestre por una brecha localizada en la periferia de Piedras Negras, a la altura del Seminario Diocesano, rumbo al ejido Maravillas, donde localizaron el arsenal oculto en dos tinacos para agua.

El hallazgo se dio cuando los elementos realizaban vigilancia a pie entre el monte y notaron que la tierra estaba floja, por lo que procedieron a removerla logrando encontrar a baja profundidad los dos tinacos con las municiones, armas y droga.
Se precisó que en el lugar del hallazgo no se localizaron vehículos o personas.
De acuerdo a la información, en el interior de dos tinacos de plástico se localizaron 11 bultos con cartuchos de diferentes calibres, entre los que destacan 7.62 y .223, así como cuatro rifles para el mismo calibre.
También se localizaron seis cofres con cartuchos para ametralladora calibre MK-21, y 27 paquetes con mariguana con un peso aproximado de 10 kilogramos cada uno, estos últimos con un total de 270 kilogramos.
En el lugar se localizaron también dos mil eslabones para ametralladora 50 milímetros.
20 mil cartuchos y 4 armas largas había.
270 kilogramos de mariguana estaban en 27 paquetes.



CIUDAD DE MÉXICO (01/OCT/2012).- Antes de que el Presidente Felipe Calderón iniciara la lucha contra los cárteles de la droga en 2006, de las cuatro mil armas aseguradas, la mayoría eran pistolas.

Cinco años después, la proporción se invirtió y en 2011 los rifles representaron 65% de las armas incautadas. La cantidad total de arsenal encontrado en el país se multiplicó por ocho en ese lapso, de menos de cinco mil piezas decomisadas se alcanzaron hasta 40 mil el año pasado.

Cada año hay al menos 10 mil denuncias en México por el delito de portación de arma de fuego, sin embargo, durante todo el Gobierno de Calderón la cifra de procesados por tráfico de armas no llega a una decena. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), en un informe que entregó al Congreso mexicano el pasado 14 de mayo, en todo el país 61 personas han sido sentenciadas por el delito de tráfico de armas entre 2007 y 2011. En ese tiempo, 137 mil 595 armas fueron aseguradas. Es decir, en promedio hay una persona encarcelada por cada dos mil 200 armas encontradas.

En México no existen tiendas de armas; poseerlas es ilegal a menos que se pruebe que de ellas depende la vida o el empleo de quien las porta. A pesar de eso, es el séptimo país con más armas en manos de civiles en el mundo: 15 millones, una por cada tres adultos, según Naciones Unidas.

Todos los días hay una tragedia vinculada con esas armas. El miércoles pasado, dos adultos mayores fueron asesinados de camino a recoger a sus nietos en un kínder —ubicado en la periferia norte de la Ciudad de México—; ella, de 50 años, por un disparo en el rostro; él, de 83, por una bala en el pecho. Víctimas del fuego cruzado entre policías y delincuentes, según la fiscalía local.

De 2007 a 2010 murieron 29 mil 242 personas en homicidios cometidos con arma de fuego, de acuerdo con el recuento mundial de homicidios de la ONU, el cual cita cifras oficiales y de organizaciones no gubernamentales. Lo “curioso” es que el propio Gobierno mexicano, a través de la PGR, dice que en ese lapso 34 mil 612 murieron como consecuencia de la “rivalidad delincuencial”. Entre las dos cifras hay cinco mil decesos de diferencia. Si ambos números son tomados como ciertos significaría que los miembros de los cárteles también mueren en enfrentamientos a golpes o por lesiones de armas blancas, y que no hay personas asesinadas en México con arma de fuego por otro motivo que no sea la guerra entre cárteles.

Lo cierto es que 70% de las armas ilegales en México vienen de Estados Unidos, dato admitido públicamente por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

PARA SABER

Problema mayor a lo supuesto


El número de armas que ingresa a México desde Estados Unidos podría ser mayor a lo supuesto, advierte José Wall, agente de la ATF en Tijuana durante la operación “Rápido y Furioso” —hoy asignado a Phoenix—, en entrevista difundida por Univisión; la cifra e 70% corresponde a las que se han podido rastrear, pero contando las armas modificadas y a las que se les borra la matrícula, “puede ser que la cifra sea hasta 95%”.

El tráfico ilegal de armamento de EU a México representa 10% del negocio mundial de venta de armas ilícitas, según la ONU.

A Strong Government

Lon Tomohisa Horiuchi (born 9 June 1954) is a U.S. FBI HRT sniper who was involved in controversial deployments during the 1992 Ruby Ridge standoff and 1993 Waco Siege. In 1997, Horiuchi was charged with manslaughter for the death of Vicki Weaver at Ru…

Lon Tomohisa Horiuchi (born 9 June 1954) is a U.S. FBI HRT sniper who was involved in controversial deployments during the 1992 Ruby Ridge standoff and 1993 Waco Siege. In 1997, Horiuchi was charged with manslaughter for the death of Vicki Weaver at Ruby Ridge; the case was dismissed.


In 1992, while working at sniper position Sierra 4 for the FBI Hostage Rescue Team at Ruby Ridge, Horiuchi shot and killed Vicki Weaver, while also wounding her husband Randy Weaver and Kevin Harris.[2]
After his first shot hit and wounded Randy Weaver, Horiuchi fired a second shot at Kevin Harris, who was armed, some 20 seconds later as Harris was running into the Weaver home. The bullet struck and killed Vicki Weaver while she was holding her 10 month old child behind the door through which Harris was entering the home;[2][3] the round also struck and wounded Harris.[4]

Following the conclusion of the trial of Randy Weaver and Kevin Harris in 1993, the Department of Justice (DOJ) created a "Ruby Ridge Task Force" to investigate allegations made by Weaver's defense attorney Gerry Spence. On 10 June 1994, the Task Force delivered its 542-page report to the DOJ Office of Professional Responsibility. The Report stated: "With regard to the two shots fired on August 22, we concluded that the first shot met the standard of "objective reasonableness" the Constitution requires for the legal use of deadly force but that the second shot did not satisfy that standard."[5]

The surviving members of the Weaver family received $3.1M in 1995 to settle their civil suit brought against the U.S. government for wrongful deaths of Sammy and Vicki Weaver. In the out-of-court settlement, the government did not admit any wrong-doing. Harris received $380,000 in 2000.[6]


On 13 September 1993, Charles Riley, a fellow FBI sniper deployed during the Waco Siege claimed that he had heard Horiuchi shooting from Sierra 1, an F.B.I.-held house in front of the compound holding eight snipers, including Horiuchi and Christopher Curran on 19 April 1993. Riley later retracted his statement, saying that he had been misquoted, and that he had only heard snipers at Sierra 1 announce that shots had been fired by Branch Davidians.[7]

Three of the twelve expended .308 Winchester shell casings that the Texas Rangers reported finding in the house were at Horiuchi's position. However, officials maintain that they could have been left behind from the earlier use of the house by the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives snipers on February 28, 1993, and that it would be "nearly impossible" to match them to Horiuchi's rifle, as it had probably been rebarreled since that time.[8]

For the five months following the Waco inferno, Timothy McVeigh worked at gun shows and handed out free cards printed up with Horiuchi's name and address, "in the hope that somebody in the Patriot movement would assassinate the sharpshooter". He wrote hate mail to the sniper, suggesting that "what goes around, comes around". McVeigh considered targeting Horiuchi, or a member of his family, before settling on a bombing attack on a federal building- choosing to target the Murrah Building.

In 1997, Boundary County, Idaho Prosecutor Denise Woodbury, with the help of special prosecutor Stephen Yagman, charged Horiuchi in state court with involuntary manslaughter over his killing of Vicki Weaver. The U.S. Attorney filed a notice of removal of the case to federal court, which automatically took effect under the statute for removal jurisdiction[10] where the case was dismissed by U.S. District Judge Edward Lodge on May 14, 1998, who cited the supremacy clause of the Constitution which grants immunity to federal officers acting in the scope of their employment.[2]

The decision to dismiss the charges was reversed by an en banc panel of the Ninth Circuit, which held that enough uncertainty about the facts of the case existed for Horiuchi to stand trial on state manslaughter charges.[2] Ultimately, the then-sitting Boundary County Prosecutor, Brett Benson, who had defeated Woodbury in the 2000 election, decided to drop the charges because he felt it was unlikely the state could prove the case and too much time had passed. Yagman, the special prosecutor, responded that he "could not disagree more with this decision than I do."[11]

The Ninth Circuit granted Boundary County's motion to dismiss the case against Horiuchi on September 14, 2001



The FBI's sniper under fire
A controversial agent is at the center of the Waco investigation
US News and World Report, November 8, 1999
By Mike Tharp

The Sierra 4 sniper position was some 200 yards from white separatist Randy Weaver's cabin, deep in the northern Idaho mountains. The man in camouflage nestled in the thick brush there had a clear field of fire on the wooden structure across the furrowed ridges. On Aug. 22, 1992, the morning was cool, cloudy and rainy.

Eight months later outside Waco, Texas, on April 19, the noonday sun was warm with heavy winds out of the north. The Sierra 1 sniper position was in a boxy concrete outbuilding less than 100 yards from the Branch Davidian compound. The agent stationed there could see the front door and several windows of his target over the gentle grassy rise. Whether shots were fired from this site is one of the hottest controversies in the continuing Waco saga, now the focus of a civil lawsuit and a high-profile congressional investigation.

The man in the Sierra 1 sniper post at Waco and the Sierra 4 post at Ruby Ridge was FBI marksman Lon Tomohisa Horiuchi. Over the past seven years, he has become the most controversial law enforcement officer in America. For most of that time, the 45-year-old West Point graduate and former infantry officer has been in courtrooms or preparing his defense. At Ruby Ridge, Horiuchi shot and killed Weaver's wife, Vicki, 43, as she held their 10-month-old daughter behind the door of their cabin. He also shot and wounded Weaver, 44, and his friend, Kevin Harris. At Waco, some 80 members of the Branch Davidian religious sect perished after the FBI and other law enforcement agencies moved to end the 51-day siege.

Being there. Now it's Horiuchi who is in the crosshairs. He is the only individual defendant still left in the wrongful death civil lawsuit filed by Branch Davidians and their survivors against the federal government. His attorneys say he is innocent, that he "didn't take any shots whatsoever at Waco." But Houston lawyer Michael Caddell, who represents some of the Davidians, says the group has "specific evidence" showing that Horiuchi did fire his weapon. Earlier this year, a federal judge in Waco ruled that the Davidians had uncovered "at least some evidence to support their claim" that
Horiuchi fired into the burning building.

How did this 15-year FBI veteran, the son of another U.S. Army officer, wind up in such a legal quagmire? What caused this husband and father, a politically conservative Catholic who homeschools some of his six children, to become such a figure of hatred? Horiuchi's actions at Waco and Ruby Ridge have been documented in great detail. Perhaps it is the significance militia groups have attached to both events, rather than the events themselves, that has intensified the focus on him. For now at least, Horiuchi is not saying. His attorneys have counseled silence, and that seems to be Horiuchi's preferred response in any case. "He's a very private person, very protective of his family," says Adam Hoffinger, one of the lawyers for Horiuchi, a third-generation Japanese-American who grew up in Hawaii. "We're determined to let him get on with his life."

To his defenders, Horiuchi-who has testified he could hit a quarter at 200 yards-is a consummate pro, honed as a military officer, burnished as a leader of an FBI Hostage Rescue Team (HRT) sniper crew. "He was dedicated, hard working, aggressive. He was trying to do the right thing, trying to serve his country in a stressful environment," David W. Johnson, head of the HRT from 1985 to 1989 and once Horiuchi's supervisor, told the Albany (N.Y.) Times Union in 1995. FBI Director Louis Freeh has also stood by his agent, stressing that his job entailed making "split-second decisions."

To his critics, Horiuchi is a "paid FBI assassin" carrying out the wishes of an increasingly hostile and unresponsive police establish- ment. "After a year-long review, the U.S. Justice Department decides . . . not to charge sniper Lon Horiuchi with any crime. Like the Germans at Nuremberg, [Justice Department officials] declare he was 'just following orders,' " snapped a Las Vegas Review-Journal editorial after the government closed an investigation of Horiuchi's actions without filing charges.

Repeat defendant. By the time he became a defendant in the current Waco case, Horiuchi had already been in an Idaho federal court on involuntary-manslaughter charges in connection with Vicki Weaver's death. A federal judge dismissed the case last year, ruling that "Mr. Horiuchi, rightly or wrongly, was clearly acting under orders authorized by the U.S. government to go shoot and kill an armed male adult because the threat to human lives had already been determined by his supervisors based on the facts then known to them." The decision is being appealed by the state of Idaho.

Horiuchi and 10 other HRT snipers were flown to the Idaho siege after U.S. Marshal William Degan and Randy Weaver's 14-year-old son, Sam, were killed. They were positioned around the cabin when Randy Weaver, his daughter Sara, and their friend Kevin Harris attempted to go to a shed where Sam's body lay. As the trio neared the shed, Horiuchi fired once with his .308-caliber Remington rifle, equipped with a powerful scope, hitting Randy Weaver in the arm. He fired again as the group ran back to the cabin. This round smashed through the door, striking Vicki in the jaw and killing her almost instantly. The same bullet also seriously wounded Harris. Horiuchi later testified he did not see Vicki behind the door and that he believed Randy Weaver and Harris, who was carrying a rifle, posed a threat to an FBI helicopter hovering overhead. (According to Jess Walter, author of Every Knee Shall Bow, a book about the showdown at Ruby Ridge: "There were 11 snipers on the hill, and they all heard the same helicopter. He was the only one who fired.")

Less than a year later, Horiuchi was again at a sniper post, this time outside the Davidian complex, and his actions there are emblematic of why questions about Waco won't go away. New evidence has spawned charges of a government coverup, which the feds deny and former Sen. John Danforth is now investigating (box). The FBI denies its officers fired any shots. But Branch Davidian attorneys insist that the FBI's own infrared videotape, taken from a small aircraft circling above during the last day of the Waco standoff, reveals "characteristic repetitive flashes" associated with gunfire coming from federal agents and from inside the house. They say there are also photos of shell casings on the undercover building where Horiuchi and other snipers were stationed. But firearms experts say it would be nearly impossible to match them with Horiuchi's weapon. "They re-barrel those [sniper] weapons no less than every two years," says one weapons analyst. In the wake of Ruby Ridge and Waco, the FBI has tempered its tactics, emphasizing negotiation over force. To wit: The bureau used third-party mediators instead of force to peacefully end the 81-day Montana Freeman standoff in 1996. "Lon Horiuchi changed the history of how the government deals with so-called right-wing groups," says Kirk Lyons, chief trial counsel of the Southern Legal Resource Center, who represents several of the Davidian plantiffs. "Before Lon Horiuchi, they were considered extremist, but he made [their] criticism of the government legitimate and mainstream." If true, it is an ironic legacy for a man who has dedicated his life to defending that government.



The FBI's favorite hitman
Published: 09/14/1999 at 1:00 AM

Was the FBI really at Waco to contain a siege or were trigger-happy agents purposely brought to the Davidian church to finish off the job the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms botched?

Yesterday, the Fort Worth Star-Telegram reported that FBI agent Charles Riley said all the way back in June 1993 that he heard shots fired from a sniper post occupied by agent Lon Horiuchi, according to court documents filed by Branch Davidians and relatives as part of a wrongful-death suit scheduled to go to trial next month.

If this fact is true, and if the sniper fire occurred, as Davidians charge, on the final day of the siege, this is a very interesting development, indeed.

Why?

Think about it. The final Waco conflagration occurred April 19, 1993. But this was hardly the first time Lon Horiuchi had found himself in a position to shoot innocent civilians.

You see, Horiuchi was the paid assassin the FBI used Aug. 22, 1992 — eight months earlier — to plug a fatal hole in the head of Vickie Weaver, an unarmed mother clutching her 10-month-old baby during a similar siege at Ruby Ridge, Idaho. It seems Lon Horiuchi is something of a specialist — the FBI’s go-to guy when it’s open season on women and children.

Imagine that. Eight months earlier, Horiuchi had blown Vickie Weaver’s head off while she stood in a doorway in an isolated rural area. She was no threat to anyone, not wanted on any charges and, of course, unarmed — unless the FBI now considers infants dangerous weapons.

Horiuchi was indicted for manslaughter by Idaho authorities for the shooting, but the charges were thrown out. The federal government only made excuses for him. And now we have reason to believe that eight months after the incident at Ruby Ridge, one that ultimately cost U.S. taxpayers $3.1 million in a civil settlement with Randy Weaver, Horiuchi was assigned to another volatile siege with civilians — including women and children.

Did he show any restraint? Did he learn a lesson from his earlier shoot-first-and-ask-questions-later approach at Ruby Ridge? Apparently not, if we are to believe one of his colleagues.

Horiuchi was firing away from a sniper’s perch again at Waco.

The FBI spent two years investigating Horiuchi’s actions at Ruby Ridge, ultimately giving him a clean bill of health.

But, in light of the latest Waco revelations, let’s review those actions. On Aug. 21, the government killed Weaver’s son, Sammy. The next day, overcome with grief, Weaver, his 16-year-old daughter, Sara, and a friend, Kevin Harris, ventured out of their cabin to see Sammy and bury him.

As Weaver reached the shed where his son’s body rested, Lon Horiuchi opened fire on him. One round struck Weaver’s underam.

“I’m hit,” Weaver hollered.

Daughter Sara tried desperately to push her father back to the safety of the cabin. Harris ran, his back to the snipers.

“I’m hit, Momma,” Randy had cried to Vicki as he ran toward the door that Vicki had been holding open for them. “I’m hit.”

“Get in here!” Vicki shouted.

Those were her last words. Horiuchi’s bullet smashed into her head and blew off the side of her face. And after she fell, her husband pried the baby from her arms. Weaver and his daughter dragged Vickie’s body through the kitchen, her blood flooding the floor.

Horiuchi told investigators he had been trying to kill Harris when he hit Vickie. But Horiuchi is a professional sharpshooter. Are we to believe he is an incompetent — a lousy shot? Why does the FBI keep sending him out on these assignments if he can’t distinguish between an armed man and an unarmed woman? And even if his story is true, why was he trying to shoot a man in the back?

Nevetheless, despite all the obvious questions, there was Horiuchi again, eight months later — on the firing line, in the sniper’s post — when the FBI’s targets included women and kids in a church compound in Texas. Once again, the FBI’s favorite hitman had an itchy trigger finger. One of his own colleagues reports he heard rounds firing from his perch on the last tragic day of the Waco siege.

This story is getting stranger all the time. Just when you thought you had heard the worst about your government, it surprises you with new lows of murderous contempt for human decency.

But, remember, Horiuchi is only a trigger man. Like he told investigators in a plea reminiscent of the Nazi war criminals: ‘I was only following orders.’ Indeed, he was.

Let’s not allow Horiuchi to be the scapegoat for Waco. It’s time to pursue those who issued the orders that led to the staging of the Waco holocaust — those who framed the ‘rules of engagement.’



Director Statement regarding Agent Horiuchi

Washington, D.C. June 04, 2001
  • FBI National Press Office (202) 324-3691
"We are very disappointed that the court concluded that further fact finding is necessary, especially given the prior court decisions in favor of Agent Horiuchi.
"We have the utmost respect for the process, however, and will continue to support Agent Horiuchi and his family as this litigation continues.
"As so often happens in law enforcement, split-second life and death decisions must be made by those sworn to enforce the law. We continue to believe strongly Agent Horiuchi met the legal standard that protects law enforcement officers when they carry out their sworn duties, even when the consequence in hindsight is regrettable."



Ex-FBI **LON HORIUCHI** Hired by H.S Precision, Inc. of South Dakota (rifle stocks)

Posted on Tuesday, June 01, 2010 2:38:16 AM by TokuMei

H.S. Precision, Inc.

Lon Horiuchi was one of several snipers in a hide located at the back the Branch Davidian complex at Mount Carmel, Waco, Texas. Mr. Horiuchi was also in service at Ruby Ridge, where he shot Randy Weaver's wife in the head, killing her, as she held her baby.

Lon Horiuchi retired from the FBI in October of 2006 and was hired as "FBI Program Manager & COTR" at H.S. Precision, Inc., of Rapid City, South Dakota. This company makes high-quality fiberglass stocks, barrels, finished rifles, gunsmithing tools, and hunting apparel.

Their website is http://www.hsprecision.com and their telephone number in Rapid City, South Dakota is (605) 341-3006.






Many people believe that David Koresh (or the Branch Davidians) were responsible for the deaths of the 74 men, women and children who died in the inferno at Waco on April 19, 1993. This is the story that the FBI put out. It is a lie. The guns they had were legal. The local sheriff investigated and found no basis for complaints against them. These were law-abiding American citizens, even if they thought differently to most other folks. They trusted the U.S. Constitution to ensure their political rights, but they were murdered by agents acting under the authority of the U.S. government.

Waco occurred under the presidency of Bill Clinton, with Janet Reno and Wesley Clark in supporting roles. Already back in 1993 the US government demonstrated its contempt for the American people by carrying out a massacre in order to "demonstrate" (on prime time TV) its supposed "authority" (a tactic favored by fascist governments).



Fires and tanks make great television, and on April 19, 1993, Americans sat stunned in front of their sets as they watched a war-like scene with US Army tanks smashing into the Waco compound. The tanks injected tear gas--more precisely, CS gas, a fine powder which on contact with human tissue burns the skin and inflames all mucus membranes. Though CS is supposed to be used outdoors to disperse mobs, the FBI's plan was to keep injecting it until the Branch Davidians were driven out of their compound. Instead, the 51-day stand-off at Waco ended in a fireball. News cameras were kept at a sanitized distance and observers could barely see any sign of human life. More than twenty young children, most too young to be protected by gas masks, were subjected to six hours of CS gas and died in the fire. But neither their innocent faces nor their ghastly corpses were ever viewed by the American public who, as the news media discovered, rapidly lost interest in the tragedy and showed little sympathy for the unseen victims. As standard "journalistic" practice, television stations now poll their viewers to give them the kind of news they want. Within weeks, Waco had dropped to the bottom of those polls, even in Texas. The American public had seen and heard enough, and their verdict was the "Waco Wackos" had brought it on themselves.

The public's lack of interest came as a great relief to the Clinton administration. Though the ATF plan to raid the Davidian compound was put together during the Bush administration, the go-ahead was given by Clinton's new appointees. The ATF's February 28, 1993 raid, which led to the 51-day standoff, was a nightmare of incompetence; four agents and six Branch Davidians were killed. Secretary of Treasury Lloyd Bentsen, newly responsible for the ATF, escaped without criticism. He may not even have been told about the raid before it happened. Janet Reno, the first woman Attorney General, was to take the hits for the Clinton administration on Waco. She had reluctantly given her consent to the FBI's gas attack, which was supposed to end the standoff.

In the congressional hearings held immediately after the disaster, Michigan Democrat John Conyers blasted Reno for her role in the tragedy. Conyers was vociferous about the many children who lost their lives. Only days into her job, Reno looked the Congressman straight in the eye and, choking with emotion, promised she would remember the children every day of her life. She took full responsibility but acknowledged no mistakes. Perhaps because government officials so rarely have the courage to take responsibility for any negative result, Reno became the most recognizable and well-liked member of the Clinton cabinet. Indeed, every time the Attorney General has since been challenged about Waco, her stock with the American people has gone up and their conviction that the Branch Davidians brought it on themselves has been reinforced. Surely Janet Reno is not the person to blame for the decisions made at Waco: indeed, her first impulse was to say no to the plan. The lead official at Justice who was most involved in Waco decision-making was then-Associate Attorney General Webster Hubbell. He talked directly to the agents on the ground at Waco, and became convinced that the gas plan was necessary. FBI agent Larry Potts, who played a central role in the FBI's stand-off with Randy Weaver at Ruby Ridge, had a similar function in Waco. Janet Reno may have been in charge, but these men were calling the shots in the Washington command room. Still, if even a fraction of this documentary's claims are true, Reno helped circle the wagons and bury the truth after the fact.

One infuriated segment of the American public refused to forget Waco or to forgive Janet Reno: Clinton haters, the National Rifle Association, right-wing militia fanatics, conservative talkmeisters and their audiences. Across America there was a steady stream of talk show callers who kept insisting that Waco, just like Ruby Ridge, was an example of federal law enforcement at war with the American people. Wild claims about conspiracies and about tanks using flame throwers to set the compound on fire accompanied sensible claims about the ATF's and FBI's reckless and incompetent military tactics. But the rest of America was not listening. Reno had ordered the Justice Department to investigate itself and the FBI. The supposedly independent investigator, Edward Dennis, an assistant attorney general during the Reagan administration, based his report on that less than searching self-examination. The result was a total whitewash: Dennis proclaimed the operation a success even though all the patients died. He determined that the Branch Davidians had started the fire themselves in a mass suicide and that the FBI had never fired a single shot into the compound. Dennis concluded: "Under the circumstances, the FBI exhibited extraordinary restraint and handled this crisis with great professionalism."

Only by comparison was there a more aggressive investigation of the ATF, which had planned the original, military-style "dynamic entry" into the compound. The ATF's independent investigators, unlike the Justice Department's, laid out the evidence so that a fair-minded person could reach an independent judgment. But the report is written as if to protect the agency. The authors demonize the Branch Davidians and give the agents the benefit of every doubt. Most troubling to me was the report's uninformed and unwarranted portrayal of the Branch Davidians as cold-blooded killers: "On February 28, Koresh and his followers knew ATF agents were coming and decided to kill them"; they "prepare[d] a deadly ambush." Despite these distortions, the report singled out for sanctions the two agents who were in charge of the dynamic entry, and they were forced out of the ATF. The Branch Davidians insisted throughout the stand-off that these men should go to prison and the report certainly did not exonerate them. Still, they were able to appeal the sanctions, and were later restored to their previous standing.

On the Branch Davidians' side, in addition to the six killed in the ATF raid and the more than eighty dead in the fire, several of the survivors were convicted of federal offenses involving firearms and sentenced to long prison terms. The authorities bulldozed the ruins of the Waco compound and quite literally covered it up; there could be no further possibility of physical evidence turning up that would raise new questions about the alleged wrongdoings of federal agents at Waco. Case closed.

Then, exactly two years later, came the enormity of Oklahoma City, home-grown American terrorism--Timothy McVeigh's Turner Diaries revenge, memorializing the anniversary of Waco with a new and even greater horror. The tragedy forced America to look back at Waco just as McVeigh intended. The moment was perfect for Gazecki's documentary; unfortunately, he was still filming. By the time he was finished, the soul-searching was over, the McVeigh trial had begun, and the Waco justification was now rubbing salt in the wounds of Oklahoma City. If Gazecki thought the McVeigh trial would help his documentary, he seriously misjudged the mood of Americans.

Stephen Jones, McVeigh's lawyer, seems to have similarly miscalculated. He thought an American jury contemplating the death penalty would sympathize with McVeigh if they knew his motive was retaliation for Waco. Like Gazecki, Jones also called to enlist my support. He had read my report and wanted me to testify about Waco at the capital sentencing phase of the McVeigh trial. His words were, "you owe it to your country." The argument was dramatic but unconvincing. Unlike Waco conspiracy theorists, I believe the tragedy at Waco was the result of incompetence and over-reaching: bad judgment and bad decisions, not intentional wrongdoing and a plot against the people. Nor do I believe there was a government conspiracy to cover up these failings. Instead, law enforcement agents closed ranks out of self-interest and group solidarity, and the subsequent investigations turned into bureaucratic damage control. On no moral calculus does the government's incompetence at Waco justify or mitigate the intentional slaughter of 168 innocent victims in Oklahoma City.

If Gazecki is right, however, Waco was much more than a case of government incompetence. According to his film, federal agents acting under color of law behaved like outlaws, rogue agents murdered Branch Davidians, and the responsible authorities covered up.

The bombing of the Alfred P. Murrah Federal Building produced a spate of media attention and a new round of congressional hearings--sponsored, it is said, by the National Rifle Association's lobby. Members of the NRA could empathize with the Branch Davidians, whose large private armory was the original target of the ATF. Politics "makes strange bed-fellows," we are told, and after Waco, as I can personally attest, sleeping arrangements could not have been more perverse.

Left-wingers, liberal democrats, and minorities have traditionally been the critics of federal law enforcement agencies that overstep their authority, and conservative Republicans have traditionally been the defenders of law and order who support law enforcement even when it over-reaches. Waco produced a role reversal. The Gingrich Republicans were now in control of Congress and they decided to reopen Waco.

Congressman Conyers, now on the minority side of the aisle, was again in the spotlight during the second round of partisan congressional hearings, though this time as a defender of Janet Reno and federal law enforcement. A frequent critic of police brutality, as in the Rodney King case, he burst out laughing as he incredulously read a statement prepared for him by his own staff which extolled the virtues of the Los Angeles Police Department's SWAT team, whose former chief was testifying on behalf of the FBI. But the Democrats had a better strategy than praising law enforcement.

During the stand-off at Waco, President Clinton had charged David Koresh with sexual abuse of the Branch Davidians' children. Reno made similar claims about child abuse to justify her own decisions to approve the gas-attack. These allegations profoundly influenced public opinion against Koresh and the Branch Davidians. On that basis alone, many Americans were convinced that Koresh was evil and that was enough to close their minds about possible over-reaching and wrongdoings by federal authorities.

In the second round of congressional hearings, the Democrats deployed the same strategy. At the outset of the hearings a young adolescent girl, under New York Congressman Charles Schumer's gentle questioning, testified in an entirely believable manner about David Koresh forcing her to submit to sexual intercourse. It was Oprah-style television and the most genuinely gripping moment during the long, tedious, and unproductive hearings that followed. The Democrats put a human face on Waco and the battle for public opinion was lost: before the Republicans got started, they found themselves defending a child-molester. Because these allegations have played such an important part in the American public's moral judgments about the Branch Davidians and the events at Waco, one might have expected a documentary to clarify this matter, or at least face up to it with candor. Instead the issue is fudged. Here and in other places Gazecki's long documentary is not long enough to encompass the complex background of the Waco tragedy. As the title advertises, his documentary is primarily about the misdeeds of federal agents and their violations of the "rules of engagement."

Before considering those misdeeds it is worth confronting the allegations of sexual and child abuse lodged against Koresh. The film deals with them briefly and gingerly. Gazecki includes some footage of the young teenage girl testifying before Congress; one of Koresh's lawyers then undermines her testimony by referring to similar claims the girl made in a custody dispute. Gazecki leaves us with the impression that she might be lying. This portrayal is irresponsible and misleading. Koresh had convinced his followers that he was the Lamb of God prophesied in the Bible. He possessed the good seed and his offspring would occupy a special place in the Kingdom of Heaven. Koresh apparently had memorized many passages in the Bible and could quote relevant scripture to support his claim. You may think this is madness, but Koresh's followers, many of them well-educated and deeply religious, had faith in his special powers. Husbands practiced abstinence while they allowed Koresh to cohabit with their wives. Parents permitted Koresh to have sex with their pubescent daughters. Many of the children who died in the compound were Koresh's biological offspring. Though the children were subject to strict physical discipline, lengthy religious instruction, and a diet free of artificial ingredients, caffeine, and candy, there was never any evidence of child abuse in the sense of neglect or battering that concerned Janet Reno. Nor is there evidence that Koresh molested prepubescent girls. Instead, girls who had reached menarche were induced to have intercourse with Koresh in expectation that his "brides" would have the privilege of bearing his special children. Koresh and the Branch Davidians certainly knew that outsiders would disapprove of these sexual practices and downplayed them in public. Still, the secular state apparently had sufficient evidence to charge Koresh with statutory rape. But despite complaints by outsider parents who were not believers, Koresh was never prosecuted.

The only "apologists" for Koresh's behavior seem to be academic religionists whose studies show that such practices are common in the early stages of new religious sects. They also defend the Branch Davidians--a branch of an earlier apocalyptic branch of the Seventh Day Adventists--as a religious sect, not a mind-controlling cult. To understand what happened at Waco, you must appreciate that his diverse followers, who came from as far away as Australia, Great Britain, and Israel, believed that Koresh was the Lamb of God who would reveal the secrets of the Seven Seals. They called their compound "Mount Carmel," and like other millennial believers expected the world was coming to an end. Everyone who has carefully studied the Branch Davidians, and that should include Gazecki, agrees that Koresh, justifying his behavior by scripture, had sexual intercourse with legally underage females.

A documentary of this kind, which aims to set the record straight, has a truth-telling obligation. And since Gazecki's film is essentially an indictment of federal law enforcement agencies, his cause might have been better served by eliminating this issue from the film rather than undermining his own bona fides by equivocating. Statutory rape is a crime, and so is the possession of illegal weapons, but neither of these offenses justifies the ATF's initial life-threatening, commando-style raid on a compound full of women and children.

Gazecki constructs his film through a series of juxtapositions that powerfully carry his argument about official misconduct and distortion. We see liberal Democratic congressman Tom Lantos of California belligerently asserting that David Koresh was a madman with fanatic followers and that anyone who thinks differently must also be mad. Then we are shown scenes of a calm and sensible Koresh explaining scripture and talking reasonably to his followers, who look like ordinary church-goers. As a result, the usually clear-thinking Lantos looks like the madman. In this fashion virtually all of the government officials from Attorney General Reno on down are made to look like fools or hypocrites. Trying to explain how it came about that the FBI was using tanks, Reno maladroitly compares the arrangement to renting a car: this, after we have watched the "rented" tanks demolishing the compound's walls. ATF and FBI spokesmen appear constantly in these juxtapositions to be dissembling, deceiving, or misleading in their communications to the media, Congress, and the American people.

Gazecki also uses juxtaposition to support critics of the government's handling of Waco. In my report, I had suggested that the FBI's psychological warfare strategy had nothing to do with the psychology of Koresh or the Branch Davidians, that it was instead a function of the FBI's own group psychology--that agents were determined to show Koresh that they were in control. The film shows me reiterating this interpretation, and then cuts to an FBI spokesman in a press conference who is explaining the FBI's new aggressive tactics during the stand-off. The agent, obviously hot under the collar and fed up, is shown walking off the podium and stating: "We are going to show them that we control the compound and they are impotent." I had never seen that footage before, but could not have invented a more perfect illustration of what I had written.

Gazecki's editorial juxtapositions suggest a pervasive pattern of misinformation by the Justice Department, FBI, and ATF to mislead the American people, cover up misdeeds, and demonize the Branch Davidians. Interviewed after Oklahoma City, President Clinton unfairly dismissed the Branch Davidians as common criminals. The film should correct that unfortunate verdict, which is apparently shared by most Americans. The Branch Davidians may have been misguided religious extremists, but they were also decent human beings seeking a place in heaven and they believed Koresh could show them the way.

Indeed, during the long stand-off the Branch Davidians realized they were being smeared, and made a video to show their human faces to the American people. Men, women, and teenagers (many of them persons of color) explain why they came to Waco and why they are remaining in the compound. They believed God was on their side and--seen from their perspective--one begins to recognize that the Branch Davidians were subjected to great injustices. The ATF investigation concedes that after the raid, in an effort to cover up mistakes, the ATF hierarchy provided the public with "misleading or wrong" information. The Branch Davidians express their indignation about all this in their video. But the FBI prevented the release of that video for months after the tragedy. Parts of it are presented in the documentary, and they will come as a startling revelation. If Americans had seen the video, the Waco tragedy would have left us all with a guilty conscience; perhaps the final tragedy would not even have happened. Ironically, the Justice Department's Dennis Report specifically notes the FBI's concern "that if the tape were released to the media Koresh would gain much sympathy." The FBI waged a misguided public relations campaign to keep Americans from sympathizing with the Branch Davidians. The American media bought it and pressured the FBI to take more aggressive measures against the "Waco Wackos."

If Waco: The Rules of Engagement had done no more than show Americans that we had once more fallen into the trap of dehumanizing and demonizing our victims it would have served a useful purpose. But Gazecki goes further: he seems almost determined to dehumanize and demonize the ATF and FBI. Some of the documentary's allegations about federal agents seem reasonable, and correspond to what I learned from my own efforts to understand what happened at Waco. Other allegations push the envelope of credibility and some strain credulity to the breaking point. There is, however, enough in the documentary to shake up anyone's preconceived notions. As someone deeply critical of law enforcement's behavior at Waco, the film made me worry that I had not been critical enough. Even if the documentary does not provide definitive answers, it raises serious questions both about the ATF's February 28 raid and the FBI's conduct on April 19.

Gazecki's film argues that ATF agents fired the first shots, and that they directed automatic gunfire from their helicopters into the compound. These assertions directly contradict the official ATF investigation. If they are accurate, the ATF violated the "rules of engagement," successfully covered up this violation, and then lied under oath before Congress. More startling, Gazecki assembles evidence to argue that federal agents (presumably the FBI) on the final day of the conflagration were firing automatic weapons into the side of the compound hidden from the TV cameras, and that those tanks we saw on television were not just injecting gas but intentionally smashing sections of the compound and crushing the inhabitants. Footage in the film shows one of these tanks becoming disabled because something red is caught in its tracks. The narrator suggests that this may be part of the body of a Branch Davidian and his red coat. To support allegations about automatic weapon fire, Gazecki shows heat-sensitive film made by the government's own surveillance aircraft, and his assertions are supported in the film by knowledgeable experts. All this is in direct contradiction of the FBI's repeated claims, backed up by the Justice Department's investigation and the Dennis Report, that their purpose on April 19 was to get the Branch Davidians out safely, that the tanks were not attacking, and that they never fired a shot.

What is one to make of these allegations? Let us begin with the ATF raid. The ATF had been gathering intelligence for months and knew that there were many women and children in the compound whose lives would be at risk in a fire-fight. They believed that the Branch Davidians had powerful weapons, thought the end of the world was at hand, and might resist an armed assault by the ATF--the modern day soldiers of Assyria, according to Koresh.

Nonetheless, the ATF planned the largest armed raid in the bureau's history. The bureau received military training from the US Army at Fort Hood to prepare agents who had never before participated in such an effort. The ATF clearly misled Texas's then-Governor Ann Richards by falsely claiming that illegal drugs were involved. (The Branch Davidians, like the Seventh Day Adventists, reject all such drugs as a matter of religious tenet.) The illegal drug story was required under federal statute for the ATF to obtain the use of the Texas National Guard's military helicopters. Those helicopters were supposed to arrive first at the compound to create the diversion and surprise necessary for a "dynamic entry": diversion and surprise would allow ATF agents to put up ladders and invade the compound through the second floor window--beyond which, according to their faulty intelligence, lay the locked armory to which only David Koresh had the key. The ATF plan was to get there before Koresh could unlock it. If the timing failed, the plan put at risk the lives of 80 federal agents and more than 100 Branch Davidians. Given the alleged offense--violations of an illegal-firearms statute--the entire project seems ill-conceived. Indeed, many commentators later suggested that a single agent could have peacefully served a warrant. Even at the time, the acting Assistant Treasury Secretary in charge of law enforcement thought the plan was unwise and unnecessary when it was laid out to him just hours before the operation started. His first response, like Janet Reno's, was to say no. But he was misled by the agents in charge who convinced him that the Branch Davidians posed a real threat of violence to their neighbors. The official investigatory report concedes that the plan was inept if not irrational. But it maintains that the Branch Davidians were violent and ignores the possibility that the ATF raid was a dangerous provocation.

As is now well known, the ATF had an agent, Robert Rodriguez, inside the compound on the day of the raid. Rodriguez was pretending to be interested in the Branch Davidians' faith in order to gather intelligence. David Koresh knew all along that Rodriguez was an ATF agent; in fact, many days earlier Koresh had learned from his neighbors that the ATF had the compound under surveillance. Still, Koresh tried to proselytize Rodriguez. On the morning of the raid, when Koresh learned that the ATF was coming, he told Rodriguez that the Branch Davidians knew he was an agent and that they had been informed of the impending raid. Permitted to beat a hasty retreat (by these supposed killers), the agent informed his superiors that they had lost the essential element of surprise. Everyone in the ATF had agreed that if the element of surprise was lost they would call the operation off: because the main objective was to seize the locked armory before Koresh could distribute weapons to his followers, any other decision was completely irrational. Yet the ATF pushed ahead.

As Gazecki demonstrates, Koresh's warning resulted in part from the ATF's own inept attempts to get media attention. We see an agent lamely explaining that she called the local television stations only to make sure she had their weekend telephone numbers so she could contact them after the raid. In another remarkable failure of security, uniformed ATF agents were seen in Waco hotels, restaurants, and cocktail lounges the night before the raid. As a result of these gaffes, local TV stations had crews out looking for the compound long before the raid; when they explained what they were doing and asked a Branch Davidian for directions, he was able to warn Koresh.

Gazecki's documentary shows ATF agent Rodriguez weeping as he testifies before Congress about how he told his superiors, how they ignored his warning, and how those superiors had been lying to Congress. Gazecki has him nicely juxtaposed with one of the superiors who in bureaucratic "double speak" is explaining to Congress why a warning is not a warning. The ATF leaders must have learned something from Rodriguez as they hurriedly decided to advance the time of their assault. But because of the ATF's almost-unbelievable incompetence in failing to coordinate radio wave bands, the helicopters did not learn of the changes, kept to the original plan, arrived late, and failed to serve their diversionary function. With neither diversion nor surprise, tragedy was inevitable.

Why on earth did the ATF go ahead? The most realistic answer I have heard is that the ATF was worried about its own morale and standing. The ATF has had many critics over the years and been the object of scorn and ridicule by other law enforcement agencies. (Competition and bad blood among federal law enforcement agencies is well-known inside the Beltway.) It has frequently been suggested that the ATF be dismantled and its functions assigned to the FBI. The ATF wanted to pull off a bold military-style coup that would be widely publicized on television and allow it to display a huge collection of illegal weapons confiscated by its competent and courageous agents. Such a coup, it was thought, would strengthen and protect the ATF, impress Congress, enhance the agency's prestige, perhaps even increase its budget allocation.

The idea that the ATF acted out of bureaucratic self-interest and was looking for a public relations coup may seem ridiculous, but it is the only credible explanation of its conduct. Several years earlier the ATF had laid siege to a right-wing stronghold. The stand-off was resolved by the FBI and third-party negotiators, but the illegal weapons were all dismantled before the surrender and the ATF lost all the evidence it was hoping to obtain. The ATF had invested an extraordinary amount of time, energy, and resources in the Waco plan, as agents, many of them without previous SWAT-team or incident-response experience, prepared for their commando mission. Gazecki's film captures the "children-playing-soldier" mood of the ATF in video footage the agents made of themselves as they prepared for their escapade. Indeed, the momentum was so great it obviously overwhelmed the rational judgment of leaders who discounted their own agent's warning.

Though the agency's conduct does not constitute a government conspiracy, it is equally preposterous to describe what transpired at the compound as an "ambush," as the ATF report does. Having been warned, and expecting to be attacked, the Branch Davidians had more than enough time to open their armory and distribute weapons. Whether illegal automatics or legal semiautomatics, their weapons had enormous killing power. Military experts who have examined Waco agree that if the Branch Davidians had decided to kill the agents, as the ATF report claims, they could easily have slaughtered them. They had time to station themselves in strategic positions, including a tower that rose above the compound. Armed with automatic weapons, two or three of them could have fired on the cattle cars in which the agents arrived at the compound (the ATF's idea of Texas camouflage)--had there been a real ambush, most of the agents would have been killed before they even dismounted from the cattle cars, and many more as they jumped down. Even after the ATF took cover, the Branch Davidians' strategic firing positions in the tower made the agents visible targets.

The four agents who were killed were among those who went ahead with the planned dynamic entry from the roof of the compound, whose whole purpose was to get to the locked second-floor armory. But as the element of surprise had been lost, the armory had already been opened and the weapons disbursed. As soon as gunfire was exchanged--whoever started it--the ATF had to realize that no purpose could be served by mounting the roof. What we witnessed on television, then, was a tragic exercise in futility. The ATF leaders had put their own agents in a situation where there was nothing to be gained and where lives could be and were lost. Viewers of Gazecki's film will see again those desperate moments on the compound roof, as one of the agents goes through the window. But the narrator says nothing about the insanity of what is taking place before our eyes. Federal agents killing and being killed for no reason!

Both Gazecki's documentary and the ATF's official investigation are misleading about all this. The ATF investigation constructed a narrative in which federal agents were caught in a killing ambush and fired in self-defense. Gazecki's film, by focusing particularly on the helicopters, makes the ATF out to be the killers. But ATF agents are not killers, and neither were the Branch Davidians. The agents were desperately trying to follow the ill-conceived and futile plan conceived by their superiors. The Branch Davidians were defending their holy ground in the face of violent provocation. Both sides had weapons and were firing them. Indeed, the extraordinary thing, missed by both narratives, is how few lives were lost in this huge display of firepower.

If not a result of conspiracy or ambush, why were the first shots fired? The answer may be painfully banal. The complex ATF plan (of which there was never a written copy) called for the first agents who dismounted to use fire extinguishers to fend off the Branch Davidians' watch-dogs. As this began, Koresh, who said he had stationed his people to defend the compound, came to the door unarmed to confront the ATF. The ATF report incredibly has the Branch Davidians greeting the cattle cars with a hail of bullets and grenades while Koresh comes to the open door unarmed. It is impossible to believe that these events happened simultaneously as described. Koresh consistently maintained that he could not believe that ATF agents in full battle gear would assault the compound if they knew there were women and children inside. He came to the door to try to explain the situation to them. The first gun shots were then fired by agents at the dogs when their fire extinguishers failed to control them. One of Koresh's bodyguards, on his own initiative, then fired at those agents; agents responded by opening fire on the compound. The agent closest to Koresh, who was still at the open door, dropped to the ground and shot the unarmed Koresh through the pelvis and wrist. The door closed and gunfire broke out on all sides leading to the battle already described.

In short, the ATF did not go to the compound intending to shoot first and serve warrants later, as Gazecki suggests. Nor did the Branch Davidians intend an ambush to maximize their kill of federal agents, as the ATF's official report insists. Indeed, when the firing began, Wayne Martin, a Branch Davidian and an African-American graduate of Harvard Law School, called 911. Portions of the tapes can be heard in Gazecki's documentary. Martin's spontaneous reactions do not suggest a man participating in an ambush. A trained lawyer and minister, Martin was obviously shocked that armed troops were firing on women and children.

As to Gazecki's charges that the ATF's borrowed helicopters fired on the compound, he has presented convincing circumstantial evidence. Three helicopters arrived late on the scene as the fire-fight began. The occupants of the helicopters could not communicate with the leaders on the ground because of the radio-band problem. The agents in the helicopters with automatic weapons had no idea what was happening, and may well have joined in the fire-fight. Gazecki has compelling audiotape of the exchange between ATF agent Cavanaugh and the Branch Davidians during those exact moments. Early in the raid, the two sides had no way to communicate; Martin had reached the local police on their 911 line but they could not contact the ATF. On the tape, telephone communication has been established and we hear a Branch Davidian desperately telling Cavanaugh that the helicopters are shooting automatic weapons into the compound. Cavanaugh denies this. Koresh, though he had already been wounded, comes on and tells the agent they are not going to talk any longer if Cavanaugh refuses to acknowledge the reality that the compound is taking automatic weapon fire from the helicopters. Koresh had no reason to invent this complaint at that time, and Cavanaugh had no way of knowing what was going on in the helicopters. Cavanaugh ingeniously resolves this dispute over the phone by saying he intended only to deny that the helicopters had mounted automatic weapons. Subsequently, the ATF denied that agents ever fired from helicopters. Before Congress, Cavanaugh wept and swore that it was impossible for anyone to think that ATF agents would fire from helicopters. If he believed that they had, he claimed, he would throw away his badge. Gazecki's film contains a convincing refutation of Cavanaugh's testimony about the helicopters. Regrettably, Congress never heard it, as no member of Congress confronted or cross-examined him.

Gazecki is less than objective in failing to emphasize that the Branch Davidians fired on the helicopters. This is yet another example of the adversarial style on both sides. In the film, one actually seems to hear the Branch Davidians taking automatic weapon fire from the demonic ATF. In the ATF report we are shown the unarmed helicopters and the bullet holes caused by demonic Branch Davidians.

The ATF raid left dead and dying on both sides and led to a cease-fire agreement. Even the ATF official report acknowledges "chaos at the command post" after the shoot-out. A complex negotiation between the ATF and the FBI followed, resulting in the FBI's own 51-day siege.

When the FBI replaced the ATF at Waco, their initial strategy of negotiating with the Brach Davidians soon shifted to a declaration of all-out psychological warfare. Most behavioral scientists who have studied the events have questioned the FBI's decision. Because of the Branch Davidians' religious beliefs, end-of-the-world expectations, and acceptance of Koresh as the Lamb of God, such tactics might have driven members to mass suicide. When I and the other panelists appointed by the Justice Department met with representatives of the FBI's behavioral science group for briefings on July 1, 1993, we were told in no uncertain terms that they had decided Koresh was a sociopath who had conned his followers. Their spokesman opined that, when push comes to shove, common criminals such as Koresh, who have antisocial personality disorders, act in their own self-interest. This was presented to us as the behavioral science input into FBI decision-making. These views suggested to the panelists an astonishing ignorance of religious beliefs and of individual and group psychology. But as it turned out this initial part of our briefing was misleading.

The arrangements of the Justice Department for its investigation of Waco in my opinion were not designed to produce a searching inquiry. The panelists were briefed by law enforcement officials who had not been directly involved in Waco, and we were asked to prepare individual reports suggesting improvements in federal law enforcement for the future without a detailed understanding of what happened at Waco. Career Justice Department lawyers were to conduct the separate factual investigation; the so-called independent investigator, Edward Dennis, was to prepare his report based on the Justice Department's self-examination, and we were instructed not to ask questions about this ongoing investigation. My objection to these arrangements was considered an aberration, indicative of some personal psychopathology. And my subsequent criticism of the process and its findings was taken as a further proof of my bad judgment and "paranoia." At one point, it seemed as though the Justice Department had removed me from the panel. Eventually it was agreed that I would delay my own report until I had studied the factual report and could pursue any unanswered questions with Justice Department lawyers or the FBI. During this subsequent process I discovered that Peter Smerik, the agent who actually provided behavioral science input at Waco, had submitted two remarkably contradictory memoranda to his superiors. In the first, with impressive psychological insight and prescience, he had noted that Koresh was a religious fanatic, not a con-man sociopath, and that his followers were true religious adherents. He warned his superiors that psychological warfare might drive the Branch Davidians to collective suicide. Twenty-four hours later, he sent a memo advising the FBI to press ahead with psychological warfare. According to the Dennis Report, this psychological warfare memo was the last submitted at Waco by the behavioral science group. Neither the Justice Department's investigators nor the Dennis Report delved into these strange circumstances.

In the fall of 1993, I asked Smerik about his 180? turnabout. His response, clear and unmistakable, was: "my superior told me I was tying his hands." He had caved into the pressure and had provided his superiors the advice they wanted to hear. During the congressional hearings in 1995, I sat behind him and heard him testify under oath that no one had actually said those words to him, that no one had pressured him. He testified that it was all in his own head: he had pressured himself. None of the members of Congress present seemed to recognize that Smerik was recanting and had closed ranks with his fellow agents. Smerik's original story had been the linch-pin of my understanding about what went wrong in the FBI's management of the stand-off at Waco, and it had been confirmed by several other FBI sources.

There were two warring psychological camps inside the FBI at Waco. The first was the tactical forces, consisting of hostage rescue team members, SWAT-team trained marksmen, and other Green Beret types whose imperative is immediate action. The second camp consisted of negotiators and behavioral scientists, who were prepared to talk the thing through indefinitely to avoid loss of life. Friction between the two camps increased as the stand-off dragged on. The tactical forces pressed for more aggressive and harassing measures, at times even acting independently and undercutting ongoing FBI negotiations. Smerik's turnabout was only one symptom of this pathology of divided camps. Eventually, the tactical forces were calling all the shots and acting on their plan to tighten a noose of tanks around the compound and then inject the CS gas to drive the Davidians out. As one of my informants told me, by the time the plan was presented to Janet Reno, there were three options: gas, gas, or gas. The FBI's choice of strategy was not based on insufficient appreciation of apocalyptic religious beliefs or inadequate behavioral science. It was based on the action imperative of tactical law enforcement.

Gazecki compellingly substantiates this conflict inside the FBI. He presents excerpts culled from the reels of negotiation tape in which the negotiator apologizes for behavior by the tactical forces that violated promises made to the Branch Davidians. These tapes indicate that federal agents at times behaved not like professionals but like hooligans--for example, pulling down their pants and mooning the people in the compound. The film also substantiates my opinion, shared by many commentators, that third-party negotiation should have been utilized. On the tapes we hear the Branch Davidians insisting that negotiation with the FBI has reached a dead end and asking for third-party negotiators.

Though it supports all the criticisms contained in my report, and which I reiterate as a talking head on-screen, the documentary suggests that my ultimate conclusion about the Branch Davidians being inadvertently driven to mass suicide is entirely mistaken. Gazecki claims to show us something far more despicable. He believes that on the day of the gas attack some of the FBI's tactical forces began shooting their automatic weapons into the compound and crushing Branch Davidians under the tanks. According to the autopsy reports at least 20 corpses had bullet holes in them and some of the bodies were maimed. The Justice Department's explanation of the bullet holes was that fanatic leaders had shot church members; it gave no explanation of the maimed bodies. Until I saw Gazecki's film I had accepted this explanation, with the proviso that these shootings may have been suicides or mercy killings of people who were dying in agony. Koresh's own corpse had been shot between the eyes, and I do not believe any Branch Davidian still in the compound would have done that to the "Lamb of God" in malice. Gazecki forces us to ask whether some of those bullet holes were made by federal agents and whether some of the strangely mutilated corpses were the result of tank treads.

When the panelists were assembled on the first day at the Justice Department we were told that we would be given information about the final conflagration that had been gathered through top-secret technology. We were informed that all such information would be redacted from the published investigation under a federal statute--it was--and we were sworn to secrecy. Though the London Times shortly thereafter published photographs of the listening devices used at Waco and described how they had been deployed, I honored the secrecy request until I testified before Congress two years later and was told to reveal what the panel had been told. Gazecki's documentary has been profoundly disturbing to me on this very matter.

The panel was told that the FBI's top-secret listening devices picked up all sorts of extraneous noise and conversation, making it impossible to decipher meaningful information as it was recorded. We were also told that well after the fire FBI experts had deciphered a conversation in which the Branch Davidians' inner circle reported that on the night of the final day Koresh had decided it would end with them "stepping out onto the surface of the sun." Obviously, we were told, if the FBI had heard that information in real time, they would have taken a different course the next morning. But here was the convincing but secret evidence that the Branch Davidians had committed mass suicide. The FBI never played that tape for the panel nor were we ever given a transcript. Nonetheless, I accepted this oral information as the basic factual premise of my report and concluded that the FBI had inadvertently driven the Branch Davidians to this extremity. To my knowledge this "secret" information convinced the other panelists as well that Waco had ended in mass suicide.

Gazecki's film argues that I got it wrong, as has everyone else who believed the Justice Department's investigation and the Dennis Report. The film presents three kinds of evidence about that final day. First, there is a still photograph, apparently taken by authorities after the tragedy, of a ferret round of CS gas that was fired into the compound. A Branch Davidian survivor has testified that many such rounds were fired and that they sounded like mortar fire. This information is confirmed by the Dennis Report, which describes the ferret rounds as "non-burning." Gazecki's film, however, claims that they are pyrotechnic devices that explode to deliver the gas, and further argues that these devices, not the Branch Davidians, set fire to the compound. Ferret rounds are either pyrotechnic or not: that question can easily be resolved. However, as the CS gas is in fact a powder that must be dispersed, it is not inconceivable that the canister includes some mechanism for that purpose. The Dennis Report's description of these rounds as "non-burning" seems evasive rather than definitive. And as the compound was filled with highly volatile fumes, pyrotechnic devices could have sparked the fire.

The documentary's second kind of evidence consists of films, presented at the congressional hearings, that show a tank ramming back and forth repeatedly through a section of the compound until it collapses. The panelists were never told that this was part of the FBI's "not an assault" plan. Yet Gazecki also has tape of an FBI spokesman saying that they knew in advance that the women and children might be placed in a bunker near the kitchen, and so intentionally rammed the tank through the wall to deposit gas in the bunker area. The Justice Department has consistently argued that tanks were used only to inject gas or to create exits so that the Branch Davidians could escape. But the Dennis Report reveals that one of the tanks was ordered to clear a path through the compound to the main tower so that another tank could insert CS gas in that area; that during that "endeavor" a portion of the roof collapsed; and that "an apparent deviation from the approved plan began that involved . . . dismantl[ing] the building."

These uses of the tanks could not have occurred without risk of injury to the occupants. Did Attorney General Reno know the tanks would be used in this risky destructive fashion when she approved the plan? On the day of the tank assault Reno was scheduled to give a talk in Baltimore. She testified that the FBI advised her to go ahead with the talk so as not to create unwarranted concern. She was therefore not in the Washington situation room when the tanks began demolishing the walls of the compound. The documentary argues that the maimed bodies described at autopsy were in fact mangled by the tanks. We see film of the disabled tank being towed away and a Congressman at the hearing complains that after two years there has still been no report of what caused the tread to come off. Gazecki leaves viewers with the impression that a Branch Davidian's body may have been caught in the tread and that the truth has been covered up.

Because I was very concerned about the lethal risks to small children of prolonged exposure to CS gas, I asked many questions about the tank plan. Not until Gazecki's film, however, did I learn that the FBI intended to deposit the noxious substance directly on the bunker where they believed the children would be. Nor was I informed that tanks would push down walls to reach that location. The FBI plan in fact imposed much greater risk of loss of life than I was told or had imagined. Gazecki may therefore be correct in believing that some Branch Davidians were crushed by tanks. I had never before considered that possibility.

The documentary's third kind of evidence is based entirely on heat-sensitive film and an expert's interpretation of it. The expert repeatedly points to flashing lights on the film which he claims are bursts of heat that do not occur in nature and can only be made by automatic weapons. He asserts that those weapons are firing into the compound on the side away from the television cameras. There has already been enough discussion of this heat-sensitive evidence in the media to suggest that Gazecki's expert has given a plausible but not irrefutable opinion. If it is true, then many FBI agents knew about it and there was a massive cover-up.

Gazecki seems to want us to believe that FBI agents intentionally crushed Branch Davidians with their tanks and slaughtered them with their automatic weapons. Again, this is a mirror image account of the FBI's description of the Branch Davidians killing their own people rather than letting them escape the mass suicide. Surely the human truth lies somewhere between these extremes. There is no doubt in my mind that the FBI's plan for the last day went awry, just as the ATF's did on the first day. Some of the FBI agents obviously did not follow the established plan. Even the Dennis Report acknowledges this much. The FBI may have circled their wagons after the fact, honoring the law enforcement code of silence. They would not be the first or last law enforcement group to do so. But the Justice Department's job was to dig out the truth; that was what the Attorney General promised the American people.

One might naively think that the highest priority after a tragedy like Waco would be for everyone involved to consider what went wrong and what they would now do differently. The ATF conceded errors but never acknowledged that the raid was tragically unnecessary. Neither the FBI nor the Justice Department conceded any errors. The government's self-investigation glossed over the evidence of conflict within the FBI at Waco; it denied the lethal risk of CS gas to infants; it never explained the "apparent deviation" in the tank plan; it never described how decisions were made at Justice or who made them; it never offered convincing reasons for its failure to use third-party negotiations; and it never questioned the wisdom or the practical consequences of demonizing the Branch Davidians. The film documents each of these failings, and Gazecki builds the viewers' sense of moral outrage by his method of juxtaposition. Because much of what he shows us does seem to be true, his further allegations of extreme wrongdoing become more believable.

Gazecki stops short of suggesting that Waco was a government conspiracy, but he gives conspiracy theorists all the ammunition they will need. Unfortunately, the responsible officials did such an inadequate job of investigating Waco that most viewers will have almost no realistic basis against which to measure Gazecki's film. Waco: The Rules of Engagement will be another reason for people to distrust their government.

Also see: Alan Stone's original report to the Justice Department.

Fast and Furious Spooks

Posted by Bill Conroy – July 10, 2011 at 8:17 pmCongressional Inquiry Raising Specter of Spooks in the SoupThe acting head of ATF (the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) has seemingly blown the cover of both DEA and FBI info…


The acting head of ATF (the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) has seemingly blown the cover of both DEA and FBI informant operations in order to spare his own neck and to deflect blame away from a badly flawed operation undertaken by his own agency.
In doing so, ATF Acting Director Kenneth Melson has also left open the door to the house of mirrors that always comes into play when U.S. interests intersect with foreign affairs.
The operation that has put Melson in the hot seat before Congress is known as Fast and Furious, which was launched in October 2009 as an offshoot of Project Gunrunner — ATF’s larger effort to stem the flow of illegal weapons into Mexico
However, Fast and Furious actually undermined the goal of Project Gunrunner by allowing some 2,000 or more firearms illegally purchased in the U.S. to “walk” (or be smuggled under ATF’s watch) across the border in a supposed effort by the federal law enforcement agency to target the kingpins behind Mexico’s narco-gun-running enterprises, ATF whistleblowers contend.
Two of the guns linked to the Fast and Furious operation allegedly were found at the murder scene of Border Patrol agent Brian Terry, who was shot to death by Mexican border marauders in Arizona late last year. The whistelblower revelations about Fast and Furious have since sparked Congressional inquiries.
In a letter sent on July 5 to U.S. Attorney General Eric Holder, two Republican members of Congress from the committees probing Fast and Furious made startling allegations in the wake of what they say was an interview of ATF’s Melson conducted by “both Republican and and Democratic staff.”
The letter was drafted by U.S. Rep. Darrell Issa, chairman of the House Committee on Oversight & Government Reform; and U.S. Sen. Charles Grassley, ranking member of the Judiciary Committee.
The revelation from that letter of greatest significance:
Specifically, we have very real indications from several sources that some of the gun trafficking “higher-ups” that the ATF sought to identify [via Fast and Furious] were already known to other agencies and may have been paid as informants. The Acting Director [Melson] said that ATF was kept in the dark about certain activities of other agencies, including DEA and FBI. [Emphasis added.]
Mr. Melson said that he learned from ATF agents in the field that information obtained by these agencies [DEA, FBI and “other agencies”] could have had a material impact on the Fast and Furious investigation as far back as late 2009 or early 2010. After learning about the possible role of DEA and FBI [and “other agencies”], he testified that he reported this information in April 2011 to the Acting Inspector General and directly to then-Acting Deputy Attorney General James Cole on June 16th, 2011.
The evidence we have gathered raises the disturbing possibility that the Justice Department not only allowed criminals to smuggle weapons but that taxpayers dollars [in the form of informant payments] from other agencies may have financed those engaging in such activities.
… It is one thing to argue that the ends justify the means in an attempt to defend a policy that puts building a big case ahead of stopping known criminals from getting guns. Yet it is a much more serious matter to conceal from Congress the possible involvement of other agencies in identifying and maybe even working with the same criminals that Operation Fast and Furious was trying to identify. …. [The entire letter can be found at this link.]
What the letter from Issa and Grassley is alleging, simply put, is that multiple U.S. agencies were employing as informants and assets members of Mexican drug organizations who were responsible for importing into their nation thousands of weapons from the U.S., leading to more than 40,000 homicides in Mexico’s drug war since late 2006.
The letter, by its wording, makes clear that the complicit U.S. agencies include FBI and DEA, but it also seems to make clear that “other agencies” might also be involved in the game. And also part of this game was ATF, which, via Fast and Furious, was allowing thousands of guns to be smuggled across the U.S. border into Mexico as part of a supposed plan to identify “higher-ups” in Mexican drug organizations who were responsible for the illegal weapons trade. And, as it turns out, those responsible, in some cases, were the very individuals being employed as informants and assets by other U.S. agencies.
Connecting flight
And in a strange twist of fate, one of the “higher-ups” in the Mexican narco-trafficking world, who recently claimed to be a U.S. government informant, is now pending trial in federal court in Chicago.
Jesus Vicente Zambada Niebla, is the son of Ismael “El Mayo” Zambada Garcia — one of the purported top leaders of the Sinaloa drug-trafficking organization — a leading Mexican-based importer of weapons and exporter of drugs. Zambada Niebla was arrested in Mexico in March 2009 and in February 2010 extradited to the United States to stand trial on narco-trafficking-related charges.
The indictment pending against Zambada Niebla claims he served as the “logistical coordinator” for the “cartel,” helping to oversee an operation that imported into the U.S. “multi-ton quantities of cocaine … using various means, including but not limited to, Boeing 747 cargo aircraft, private aircraft … buses, rail cars, tractor trailers, and automobiles.”
Zambada Niebla also claims be an asset of the U.S. government. His allegation is laid out in a two-page court pleading filed in late March with the U.S. District Court for the Northern District of Illinois in Chicago. The pleading asserts that Zambada Niebla was working with “public authority” “on behalf of the U.S. Department of Justice, Drug Enforcement Administration (“DEA”); and the Federal Bureau of Investigation (“FBI”); and the Department of Homeland Security, Immigration and Customs Enforcement (“ICE”).
Interestingly, in addition to the narco-trafficking charges pending against him in Chicago, Zambada Niebla also stands accused of seeking to smuggle weapons into Mexico for the Sinaloa organization.
“Jesus Vicente Zambada Niebla sought to obtain weapons from the United States … and discussed the use of violence…,” U.S. government court pleadings in Zambada Niebla’s case state.
Zambada Niebla also is linked to alleged Sinaloa organization money-launderer Pedro Alfonso Alatorre Damy via a Gulfstream II jet (tail number N987SA) that crashed in Mexico in late 2007 with some four tons of cocaine onboard.
That aircraft was allegedly purchased with Sinaloa organization drug money laundered through Alatorre Damy’s casa de cambio business and a U.S. bank. And that same aircraft was reportedly suspected of being used previously as part of the CIA’s “terrorist” rendition program, according tomedia reports and an investigation spearheaded by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.
In addition, the Gulfstream II was purchased less than two weeks before it crashed in Mexico by a duo that included a U.S. government operative who allegedly had done past contract work for a variety of US law enforcement and intelligence agencies, according to a known CIA asset (Baruch Vega) who is identified as such in public court records. The four tons of cocaine onboard of the Gulfstream II at the time of its crash landing, according Vega, were purchased in Colombia via a syndicate that included a Colombian narco-trafficker named Nelson Urrego, who,according to Panamanian press reports and Vega, is a U.S. government (CIA) asset.
[For more more details on the Gulfstream II story and connections, read Narco News’s past coverage at this link.]
And now, one of the top players in the Sinaloa drug organization, who, according to the U.S. government, managed logistics for the criminal organization — a job that entailed overseeing the purchase of aircraft for drug smuggling activities, as well as weapons for enforcement activities — now claims to have been actively cooperating with several U.S. law enforcement agencies since at least 2004.
So once again, the DEA and FBI appear in the context of employing high-level narco-traffickers as informants and/or assets. And in the background of such intrigue, always, overseas, as in the Gulfstream II case, is the CIA, which trumps every other U.S. agency when it comes to operations in a foreign land.
A former CIA counterintelligence officer explained how it works as follows, in a recent interview with Narco News:
It’s … true that sometimes agents who do narcotics work [like DEA agents] may also do things that are at the same time of interest to the CIA in terms of intelligence collection.
If CIA and DEA are working the same person, collecting information, the CIA will get the nod [ultimate control] that’s normal. In the field [overseas] the CIA trumps everyone.
… The system is designed so that agencies do not walk over each other’s assets [or informants], so you don’t have two agencies going after the same people for different reasons [DEA to bust them for narco-trafficking and CIA to use them as intelligence assets, for example]. [In those cases, though] it is CIA that gets the preference; CIA is the mother god.
Wacko, Barroom Commandos
When it comes to prime intelligence targets, they don’t come much better than the leaders of Mexican drug organizations, who have their tentacles planted deep inside Latin American governments due to the corrupt reach of the drug trade. So it is not unreasonable to suspect that part of the reason that ATF’s Fast and Furious makes no sense in terms of a law enforcement operation is because it wasn’t one at all.
In fact, it may well have been co-opted and trumped by a covert U.S. intelligence agency operation, such as one run by CIA, that is shielded even from most members of Congress — possibly even the White House, if it was launched under a prior administration and parts of it have since run off the tracks on their own.
As the former CIA counterintelligence officer said: “Is there deviation [from the norm, in terms of CIA operations]? Yes. Stuff happens, but that’s because there was deviation; but it’s not authorized.”
In any event, it’s not likely that even the Attorney General of the U.S. could discuss publicly the specifics of such an intelligence operation, authorized or not, without facing the real threat of being accused of violating national security laws — such is the power of the U.S. intelligence community over even law enforcement and the courts in this nation.
As for Zambada Niebla, it is worth noting that shortly after he filed his motion in federal court outing himself as a U.S. informant, his attorneys filed separate pleadings alleging that he is being held improperly in solitary confinement, with all communications, except with his attorneys, essentially cut off by the very government he claims to have assisted.
From those pleadings, filed on June 27:
Vicente [Zambada Niebla] contends that the sum of the conditions under which he is being held in pre-trial detention violates the Due Process clause of the Fifth Amendment and the Eighth Amendment prohibition against cruel and unusual punishment.
He is prohibited from speaking to any other inmates at any time and for any purpose. Vicente is prohibited from speaking to anyone except his counselor and those Bureau of Prisons personnel above the rank of lieutenant. Neither his counselor nor BOP personnel above the rank of lieutenant are regularly on his floor at the [Chicago Metropolitan Detention Center’s Special Housing Unit].
In the entire period of his pre-trial detention [since March 2011], he has not seen sunlight or breathed fresh air. In contrast, he had outdoor exercise every day in a super maximum security facility in Mexico.
Now, it’s not likely anyone is going to feel pity for Zambada Niebla, who stands accused of being a key player in one of the most ruthless narco-trafficking organizations in Mexico — though it is important to note, for the purposes of the U.S. justice system, he stands accused, but not yet convicted.
However, what should be a bit unsettling, even to those who have no empathy for someone like Zambada Niebla, is the possibility that he is telling the truth about being a U.S. government informant/asset, and that his treatment in jail is, in fact, designed to suppress that truth.
And with the stakes this high, in terms of the drug war in Mexico and the billions of dollars funding it, as well as the Congressional scrutiny now focused on Fast and Furious in Congress, can it be completely ruled out that Zambada Niebla might well be deemed a messenger worth silencing?
Former deep undercover DEA agent Mike Levine, who has extensive experience working in Latin America, offers his take on ATF’s Fast and Furious, a view that is grounded in first-hand knowledge of the drug war and its sordid history:
… Running guns into Mexico into the hands of criminals? There can be no objective to this but death, and lots of it.
The events in Operation Fast and Furious are eerily identical to those surrounding the arrest of General Ramon Guillen Davila, a CIA asset who was [indicted for] smuggling a ton of cocaine into the US [in] 1996, in what was described as an intelligence gathering operation, the problem being that no intelligence was ever gathered and that the ton was only one of many other similar shipments of cocaine that actually hit the streets of the U.S. by way of CIA agents.
If I were a criminal profiler, it wouldn't take much to identify a CIA pattern here [with Fast and Furious]: A wacko, barroom commando, illegal operation that makes no sense whatsoever, run outside the control of law enforcement.
Stay tuned….



Fast and Furious actions were taken by the Bush administration and Obama is now holding the bag. There is no difference between Republicans and Democrats other than fake discussion points invented and promoted for the sake of entertaining the masses, but it is a good thing that you are getting aware of the level of government corruption.

The point is not to blame Bush but that there is a continuum of policies and actions regardless of party affiliation of the president. That is irrelevant; investigation into some activities is taboo regardless of party. there is a cynic opportunism here on part of the republicans but that do not change the nature of things

What you need to understand is that what are covered are not mistakes or mishandling but actual policies and premeditated action. There is information on the public domain that suggests this is the case but the US government cannot officially acknowledge these policies, regardless of when they were implemented or by whom.

The US government is managing the Mexican Drug War and it is involved in gun-trafficking, money laundering and the drug smuggling itself, Fast and Furious is just part of this operation aimed to strengthen the Sinaloa Cartel to consolidate the drug trade and make it easier to manage

Please contact your representative and senator and tell them you are against the US government involvement in gun-trafficking. By the way in early July there is a UN vote on gun-trafficking controls tell them also you are in favor of controls




BBC

Related Stories

President Obama has taken the rare step of asserting executive privilege to withhold documents sought by lawmakers probing a botched US sting operation.

The attorney general is facing moves to hold him in contempt of Congress over the issue.

Justice officials said the privilege applied to files on how they learned of problems with Fast and Furious.

The operation saw US agents lose track of hundreds of illegal guns allowed into Mexico to trace arms dealers.

A US border agent was killed with a weapon linked to the operation in December 2010.

This is the first use of executive privilege for withholding documents by Mr Obama. Former Presidents George W Bush and Bill Clinton used the privilege six and 14 times respectively during their eight-year terms.

The Department of Justice says it has denied access to the files because they contain information that could affect ongoing criminal investigations.

Eric Holder US Attorney General Eric Holder could be held in contempt of Congress over Fast and Furious

Its officials say they have already sent more than 7,000 documents to the Republican-led House Oversight Committee.

"I write now to inform you that the president has asserted executive privilege over the relevant... documents," Deputy Attorney General James Cole wrote to the lawmakers.

Wednesday's contempt vote looms a day after a meeting between Attorney General Eric Holder and committee chairman, Representative Darrell Issa, failed to end the impasse.

Mr Holder said lawmakers had turned down his offer to give them the documents, along with a briefing on the operation, in exchange for assurances that the panel would drop contempt proceedings.

"They rejected what I thought was an extraordinary offer on our part," he told reporters on Tuesday.

But Republican Senator Charles Grassley, who is not on the committee but attended the meeting, cast doubt on Mr Holder's version.

"The attorney general wants to trade a briefing and the promise of delivering some small, unspecified set of documents tomorrow for a free pass today," he told reporters.

On Wednesday, the office of Republican House Speaker John Boehner said use of executive privilege raised questions about the White House's involvement with the gun probe.

"The White House decision to invoke executive privilege implies that White House officials were either involved in the 'Fast and Furious' operation or the cover-up that followed," Brendan Buck, a spokesman for Mr Boehner, told reporters.

The committee's top Democrat, Representative Elijah Cummings, accused Mr Issa of having "no interest" in resolving the dispute.

"You've been holding the attorney general to an impossible standard," he told CNN.

"You accused him of a cover-up for protecting documents that he is prohibited from providing."

It is not clear what will happen if Mr Holder is held in contempt of Congress.

Historically, Congress and the White House have negotiated agreements to avoid a court battle that would limit either Congress' subpoena power or executive privilege itself.


Alcohol, Tobacco and Firearms Agency was intentionally letting guns go to Mexico


Justice Department sends Congress 1,400 pages on 'Fast and Furious' 


When Wisconsin Republican Rep. Jim Sensenbrenner and Attorney General Eric Holder had a sharp back-and-forth on whether or not officials in the Department of Justice lied to Congress. The questioning was during Thursday morning’s House Judiciary Committee hearing on Operation Fast and Furious.
“First let me make something very clear, in response to an assertion you made, or hinted at: Nobody in the Justice Department has lied,” Holder said in response to accusations that he or his confidantes lied to Congress. “Nobody has lied.”

“Then why was the letter withdrawn?,” Sensenbrenner retorted, referring to a factually inaccurate letter one of Holder’s deputies, Assistant Attorney General Ronald Weich, sent to Iowa Republican Sen. Chuck Grassley on February 4. In that letter, Weich claimed that guns were never allowed to walk.

Holder and one of his other deputies, Assistant Attorney General Lanny Breuer have both admitted that statement was false in recent Senate hearings.

“The letter was withdrawn because there was information in there that was inaccurate,” Holder replied to Sensenbrenner’s question.

Fast and Furious was a Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives program overseen by the Justice Department. The operation facilitated the sale of thousands of weapons to Mexican drug cartels via straw purchasers. Straw purchasers are people who can legally purchase guns in the United States with the intention of illegally trafficking them into Mexico.

At least 300 people in Mexico were killed with Fast and Furious weapons, as was U.S. Border Patrol agent Brian Terry.

An intense struggle among several senior Justice Department officials was revealed Friday as internal documents on the gun-running Operation Fast and Furious were released by the department.

About 1,400 pages that had been demanded by Capitol Hill investigators were sent to three key congressional committees in advance of what is expected to be a contentious hearing next Thursday when Attorney General Eric Holder testifies on the subject.

The documents lift the veil on conflicting views among Justice Department executives, the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), and the Arizona U.S. attorney's office over whether and how to respond to allegations made in letters from Sen. Charles Grassley, R-Iowa.





(CBS News)
WASHINGTON – Federal agent John Dodson says what he was asked to do was beyond belief.
He was intentionally letting guns go to Mexico?
“Yes ma’am,” Dodson told CBS News. “The agency was.”
An Alcohol, Tobacco and Firearms senior agent assigned to the Phoenix office in 2010, Dodson’s job is to stop gun trafficking across the border. Instead, he says he was ordered to sit by and watch it happen.
Investigators call the tactic letting guns “walk.” In this case, walking into the hands of criminals who would use them in Mexico and the United States.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/18/AR2009041800753.html

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/guns/more/facts.html

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/180752.pdf

http://nij.gov/nij/topics/crime/gun-violence/trafficking.htm

http://www.fas.org/asmp/campaigns/smallarms/IssueBrief3ArmsTrafficking.html

Uploaded by on Mar 11, 2011
http://www.cbsnews.com/stories/2011/03/03/eveningnews/main20039031.shtml?tag=...

Transcript:
Federal agent John Dodson says what he was asked to do was beyond belief.

He was intentionally letting guns go to Mexico?

"Yes ma'am," Dodson told CBS News. "The agency was."

An Alcohol, Tobacco and Firearms senior agent assigned to the Phoenix office in 2010, Dodson's job is to stop gun trafficking across the border. Instead, he says he was ordered to sit by and watch it happen.

Investigators call the tactic letting guns "walk." In this case, walking into the hands of criminals who would use them in Mexico and the United States.

Dodson's bosses say that never happened. Now, he's risking his job to go public.

"I'm boots on the ground in Phoenix, telling you we've been doing it every day since I've been here," he said. "Here I am. Tell me I didn't do the things that I did. Tell me you didn't order me to do the things I did. Tell me it didn't happen. Now you have a name on it. You have a face to put with it. Here I am. Someone now, tell me it didn't happen."

Agent Dodson and other sources say the gun walking strategy was approved all the way up to the Justice Department. The idea was to see where the guns ended up, build a big case and take down a cartel. And it was all kept secret from Mexico.

ATF named the case "Fast and Furious."

Surveillance video obtained by CBS News shows suspected drug cartel suppliers carrying boxes of weapons to their cars at a Phoenix gun shop. The long boxes shown in the video being loaded in were AK-47-type assault rifles.

So it turns out ATF not only allowed it - they videotaped it.

Documents show the inevitable result: The guns that ATF let go began showing up at crime scenes in Mexico. And as ATF stood by watching thousands of weapons hit the streets... the Fast and Furious group supervisor noted the escalating Mexican violence.

One e-mail noted, "958 killed in March 2010 ... most violent month since 2005." The same e-mail notes: "Our subjects purchased 359 firearms during March alone," including "numerous Barrett .50 caliber rifles."

Dodson feels that ATF was partly to blame for the escalating violence in Mexico and on the border. "I even asked them if they could see the correlation between the two," he said. "The more our guys buy, the more violence we're having down there."

Senior agents including Dodson told CBS News they confronted their supervisors over and over.

Their answer, according to Dodson, was, "If you're going to make an omelette, you've got to break some eggs."

There was so much opposition to the gun walking, that an ATF supervisor issued an e-mail noting a "schism" among the agents. "Whether you care or not people of rank and authority at HQ are paying close attention to this case...we are doing what they envisioned.... If you don't think this is fun you're in the wrong line of work... Maybe the Maricopa County jail is hiring detention officers and you can get $30,000 ... to serve lunch to inmates..."

"We just knew it wasn't going to end well. There's just no way it could," Dodson said.


The ATF’s “Fast and Furious” operation allowed suspected traffickers to purchase US guns

ABC’s Jordyn Phelps reports: The White House has released new documents in the ongoing Congressional investigation of the ATF’s “Fast and Furious” scandal that show extensive communication between a White House National Security staffer and an ATF agent who helped … Continue reading

ABC’s Jordyn Phelps reports:
The White House has released new documents in the ongoing Congressional investigation of the ATF’s “Fast and Furious” scandal that show extensive communication between a White House National Security staffer and an ATF agent who helped lead the ATF’s “Fast and Furious” operation.
The documents, released late Friday, show e-mail communication between former National Security staffer Kevin O’Reilly and ATF special agent William Newell in which the two extensively discuss the progress of the Phoenix ATF office in curbing weapons trafficking.
The direct lines of communication between the White House and the ATF Phoenix field office revealed by the e-mails is of interest to the ongoing congressional investigation in which one of the key questions has been establishing whether high-ranking administration officials were aware of the program.
The Obama administration has maintained a position throughout the investigation that high-level officials in the White House and Justice Department were not involved with the program.
“The notion that somehow or other that this thing reaches into the upper level of the Justice Department is something that at this point I don’t think is supported by the facts,” Attorney General Eric Holder said in a September 7 press conference. “And I think as we examine and as all the facts are in fact revealed, we’ll see that that is not the case.”
While O’Reilly and Newell’s seemingly close relationship raises questions about whether individuals within the White House had knowledge of the program, there is no discussion in the released e-mails of the ATF’s controversial weapons tracking program that allowed suspected traffickers linked to Mexican drug cartels to purchase weapons and “walk” the weapons across the border. The e-mails also imply that O’Reilly and Newell may have also communicated by phone.
The ATF’s “Fast and Furious” operation allowed suspected traffickers to purchase US guns so that the ATF could track the weapons to the cartels as opposed to arresting the low-level weapons buyers. It has been alleged that thousands of weapons were allowed to pass into the hands of suspected traffickers under this program. At least two weapons traced to the program were found on the murder scene of a border patrol agent in December 2010. Additional crimes have also been connected with weapons linked to ATF.
Newell testified before the House Committee on Oversight and Government Regulation in July, making the case that the “Fast and Furious” operation was initiated with the intention of curtailing gun trafficking but admitted it was not executed properly.
“I recognize that in retrospect there were mistakes in how we handled the investigation,” Newell said of the gun walking program in July. In a written statement further clarifying his July testimony, Newell goes on to say “those searching for the secret or hidden ‘high level’ authorization to ‘permit guns to flow south’…will ultimately remain unsatisfied.”


TRÁFICO DE ARMAS MÉXICO-USA

TRÁFICO DE ARMAS MÉXICO-USA

http://mexico.cnn.com/nacional/2011/03/04/eu-permitio-el-trafico-de-miles-de-armas-a-mexico-dice-un-agente-federal

(CNNMéxico) — Un agente federal de Estados Unidos aseguró querecibió órdenes para permitir el tráfico de armas a México, como parte de un operativo para detectar y detener bandas de contrabandistas en la frontera.
El agente, indentificado como John Dodson, de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), fue entrevistado por la cadena de televisión estadounidense CBS, que este viernes ofrece un adelanto de la conversación en su página web.
Ante las cámaras de CBS, Dodson dijo que él y sus compañeros recibieron la instrucción de dejar pasar armas a territorio mexicano para identificar a grandes traficantes de armamento.
«Las razones que nos dieron, los supervisores en la agencia nos dijeron que ya no sólo querían capturar a pequeños traficantes (…) querían los grandes casos», declaró el agente.
«Para hacerlo, teníamos que identificarlos, localizarlos e investigarlos, y esa fue la respuesta que dieron», agregó.
La CBS señala que el operativo recibió el nombre Letting Guns Walk(Dejando que las armas caminen) y, según el testimonio de Dodson, tenía la aprobación de la ATF y del Departamento de Justicia.
Ambas dependencias, sin embargo, negaron que tal operación haya existido, indicó la cadena estadounidense.
Dodson, mientras tanto, criticó los argumentos que fueron empleados para justificar el operativo.
«Mucha gente resultará herida con estas armas entre el tiempo que las dejamos ir y el tiempo en que las recuperemos», dijo.
El tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México es una constante en la relación bilateral. Volvió a cobrar fuerza luego de que las autoridades estadounidenses confirmaran que una de las armas usadas en el ataque contra dos agentes estadounidenses en territorio mexicanoprovenía de Texas.
La agresión ocurrió el 15 de febrero y causó la muerte de uno de los funcionarios y heridas a otro.
Durante la reunión que el jueves sostuvieron en el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo mexicano, Felipe Calderón, el asunto surgió nuevamente.
Obama dijo que detener el flujo ilegal de armamento a México es una«tarea desafiante», pero creyó posible alcanzarla.
México exige que el tráfico de armas y dinero a su territorio sea frenado, ya que de él se nutren los grupos del crimen organizado.
En diciembre de 2006, el gobierno de Calderón inició una serie de operativos contra la delincuencia, en particular contra el narcotráfico. Hasta la fecha, más de 34,000 personas han muerto en acciones de grupos delictivos.
México y Estados Unidos consideran que el crimen organizado es un problema común.





TRÁFICO DE ARMAS MÉXICO-USA

http://mexico.cnn.com/nacional/2011/03/04/eu-permitio-el-trafico-de-miles-de-armas-a-mexico-dice-un-agente-federal


(CNNMéxico) — Un agente federal de Estados Unidos aseguró querecibió órdenes para permitir el tráfico de armas a México, como parte de un operativo para detectar y detener bandas de contrabandistas en la frontera.
El agente, indentificado como John Dodson, de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), fue entrevistado por la cadena de televisión estadounidense CBS, que este viernes ofrece un adelanto de la conversación en su página web.
Ante las cámaras de CBS, Dodson dijo que él y sus compañeros recibieron la instrucción de dejar pasar armas a territorio mexicano para identificar a grandes traficantes de armamento.
"Las razones que nos dieron, los supervisores en la agencia nos dijeron que ya no sólo querían capturar a pequeños traficantes (...) querían los grandes casos", declaró el agente.
"Para hacerlo, teníamos que identificarlos, localizarlos e investigarlos, y esa fue la respuesta que dieron", agregó.
La CBS señala que el operativo recibió el nombre Letting Guns Walk(Dejando que las armas caminen) y, según el testimonio de Dodson, tenía la aprobación de la ATF y del Departamento de Justicia.
Ambas dependencias, sin embargo, negaron que tal operación haya existido, indicó la cadena estadounidense.
Dodson, mientras tanto, criticó los argumentos que fueron empleados para justificar el operativo.
"Mucha gente resultará herida con estas armas entre el tiempo que las dejamos ir y el tiempo en que las recuperemos", dijo.
El tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México es una constante en la relación bilateral. Volvió a cobrar fuerza luego de que las autoridades estadounidenses confirmaran que una de las armas usadas en el ataque contra dos agentes estadounidenses en territorio mexicanoprovenía de Texas.
La agresión ocurrió el 15 de febrero y causó la muerte de uno de los funcionarios y heridas a otro.
Durante la reunión que el jueves sostuvieron en el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo mexicano, Felipe Calderón, el asunto surgió nuevamente.
Obama dijo que detener el flujo ilegal de armamento a México es una"tarea desafiante", pero creyó posible alcanzarla.
México exige que el tráfico de armas y dinero a su territorio sea frenado, ya que de él se nutren los grupos del crimen organizado.
En diciembre de 2006, el gobierno de Calderón inició una serie de operativos contra la delincuencia, en particular contra el narcotráfico. Hasta la fecha, más de 34,000 personas han muerto en acciones de grupos delictivos.
México y Estados Unidos consideran que el crimen organizado es un problema común.







el tráfico de armas de Estados Unidos

http://eleconomista.com.mx/infografias/2012/12/19/economia-las-armas-eu


Jun-15 19:59 hrs

Proponen tregua entre gobierno y Congreso por »Rápido y Furioso»

Jun-13 15:07 hrs

Ofrecen republicanos salida contra desacato por »Rápido y Furioso»

Ante el Comité Judicial del Senado, el procurador general dijo estar dispuesto a hacer concesiones, aunque sostuvo que existen bases legales para preservar la confidencialidad de los materiales

  • Procurador estadounidense descarta renunciar por »Rápido y Furioso»

  • WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (03/FEB/2012).- A prácticamente 11 meses de que se diera a conocer el operativo “Rápido y Furioso”, mediante el cual Estados Unidos ingresó a México más de dos mil armas para rastrear a los grupos del narcotráfico, y a las que terminó perdiéndoles la pista, no hay culpables.

    Ayer, el procurador estadounidense Eric Holder afirmó ante la Cámara de Representantes que »pronto» habrá culpables.

    El funcionario que hasta el momento ha caído de su puesto por el operativo es Kenneth Melson, ex director interino de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés), oficina que se habría encargado de supervisar la fallida estrategia.

    Ayer, Holder invocó la separación de poderes que consagra la Constitución para rechazar las acusaciones infundadas y resistir las amenazas de desacato que le ha lanzado la mayoría republicana en la Cámara de Representantes para obligarle a entregar todos los documentos relativos a “Rápido y Furioso”.

    Durante la que ha sido su sexta ocasión ante el comité de supervisión de la Cámara baja, Holder reiteró por enésima ocasión que nunca autorizó, ni se enteró del tráfico supervisado de armas que fueron a parar a los carteles de la droga.

    “Nunca autoricé, ni me enteré de estas tácticas”, repitió Holder a lo largo de una audiencia en la que los republicanos trataron nuevamente de acorralarle.

    El principal argumento de los congresistas que investigan el caso es que la administración de Barack Obama, mediante del Departamento de Justicia, intentan ocultar su participación en el operativo. Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión Gubernamental, dijo a Eric Holder que la dependencia a su cargo sólo ha entregado seis mil 400 páginas de unas 93 mil que han solicitado, lo que, afirmó, representa una señal inequívoca de que la Fiscalía General de EU oculta evidencia.

    “Toda esa gente (en el Departamento de Justicia) debería estar avergonzada por no hacer el trabajo como debieron hacerlo”.

    En los documentos que han sido revelados existen reportes donde la ATF señala que oficiales del más alto rango y cercanos a Holder impulsaron la táctica de “dejar las armas caminar”, mientras que en otros informes los mandos del Departamento de Justicia culpan a la oficina de la ATF en Phoenix de ser la única responsable por el fallido operativo.

    Demandan al Gobierno

    La familia de un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, quien fue asesinado, presentó una reclamación por 25 millones de dólares por homicidio culposo contra el Gobierno federal.

    El documento de 65 páginas que es un precursor de una demanda fue presentado en Phoenix y afirma que Brian Terry fue asesinado porque investigadores permitieron que las armas del asesinato llegaran a las manos de criminales, informó The Arizona Republic.

    Terry murió el 14 de diciembre de 2010, cuando su unidad de operaciones especiales se involucró en un tiroteo con bandidos de la frontera en un área remota en el Sur de Arizona, cerca de Rio Rico.

    CRÉDITOS:
    Informador Redacción / RMP


    WASHINGTON (apro).- La responsabilidad de que en México se haya disparado el número de homicidios –más de 50 mil– recae en la “súbita disponibilidad” de armas de fuego procedentes de Estados Unidos que circulan en México, así como en la ausencia de mecanismos para regular la venta de las mismas en la Unión Americana, aseguró aquí el presidente Felipe Calderón.

    En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), que encabezó en la Casa Blanca el presidente Barack Obama, Calderón responsabilizo al tráfico ilegal de armas estadunidense de ser el motor de la narcoviolencia.

    “Cuando hay rápida disponibilidad de armas se da un aumento de la violencia y suben los números de homicidios”, subrayó el Ejecutivo mexicano durante una conferencia de prensa conjunta con Obama y Stephen Harper, el primer ministro de Canadá.

    Además, aseguró que la violencia en México comenzó a elevarse desde el año 2004, cuando en Estados Unidos expiró una ley que regulaba y prohibía la venta de armas automáticas y semiautomáticas.

    “Si no contamos con los mecanismos que prohíban la venta de armas automáticas, como los que había en los años noventa, por lo menos para las armas asalto, nunca vamos a poder detener la violencia en México”, acotó Calderón.

    El presidente estadunidense Barack Obama, anfitrión de la CLAN, reconoció la dificultad que implica el detener el tráfico de armas a México, pero no se comprometió a cumplir con el pedido de Calderón para promover una regulación que prohíba el armamento automático o semiautomático.

    “Es una tarea difícil, pero es una que debemos tomar con mucha seriedad. Continuaremos coordinándonos con el gobierno de México porque reconocemos el precio que tienen que pagar las familias de individuos inocentes”, dijo Obama.

    En la conferencia de prensa, celebrada en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, después de que a puerta cerrada Obama, Calderón y Harper abordaran los temas de la agenda de la CLAN, el tema de la seguridad ciudadana fue también abordado a nivel regional.

    En ese sentido, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México se comprometieron a respaldar a los países centroamericanos para contener el problema de la narcoviolencia.

    Obama, Calderón y Harper destacaron que en este momento la región de Centroamérica es la más necesitada de ayuda para enfrentar al crimen organizado.

    En la CLAN, los tres gobiernos abordaron los temas de comercio, competitividad, energía, medio ambiente, cooperación regional, creación de empleos y fortalecimiento al desarrollo económico.

    En un comunicado conjunto, las tres naciones norteamericanas determinaron seguir luchando a favor de los objetivos comunes, además de mantener abierto el diálogo y el intercambio de información.


    2 Septiembre, 2011 – 00:55

    Credito:
    Ana Langner / El Economista

    A pesar de los roces con el gobierno de Estados Unidos por temas como el número de agentes de ese país en México o el operativo Rápido y Furioso llevado a cabo sin avisar al gobierno mexicano, la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa Cantellano, aseguró que existe una relación “sin precedentes” con ese país.

    En conferencia de prensa en el marco del V Informe de Gobierno, la Canciller reconoció que el crimen organizado y el tráfico de armas de Estados Unidos hacia el país son los principales desafíos.

    Afirmó que desde que se levantó la prohibición de venta de armas de asalto en la Unión Americana se incrementaron los actos violentos en el país. De negarse la transacción de estos artefactos, “habría mucho más control”, aseguró.

    Los actos violentos que han sucedido en el país no provocan una opinión negativa en el mundo.

    “No hay crítica de otros países, sino reconocimiento”, expresó.

    La canciller aseguró que en el operativo Rápido y Furioso, con el cual el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) permitió el tráfico ilegal de unas 2,000 armas a territorio nacional, no hubo una decisión unilateral en el gobierno estadounidense porque fue realizado sin que se enterara la administración de Barack Obama.

    En relación con los mexicanos en el exterior y con migración, el V Informe de Gobierno reporta que de septiembre del 2010 a agosto del 2011 hubo un incremento de 28% de casos de connacionales víctimas de maltrato y violencia doméstica en Estados Unidos, con respecto al mismo periodo anterior.

    El documento detalla que en este espacio se atendieron 2,530 casos de mexicanos residentes en la Unión Americana de agresiones de este tipo durante el actual lapso reportado, mientras que en el año anterior, 1,831. Del total de casos, 1,865 son de rubro de atención a violencia doméstica (93% mujeres y 7% a hombres)y 665 víctimas de maltrato (57% hombres y 43% mujeres).


    La campaña ALTO AL CONTRABANDO DE ARMAS busca salvar vidas y rescatar la democracia mexicana. Presentaremos una carta al presidente Obama pidiéndole adoptar tres acciones para frenar el contrabando de armas de EU a México.
    ¡Únete! Tu FIRMA puede hacer la diferencia.

    Presidente Barack Obama:Frente al evidente tráfico de armas desde EU a México, Ud. puede realizar tres acciones que no requieren aprobación del Congreso en su país:

    • Detener inmediatamente y prohibir la importación de las armas de asalto a los EU, porque muchas se mandan de contrabando a México. 
    • Ordenar a los vendedores a reportar a la Oficina de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); la venta de varios fusiles de asalto a una misma persona durante un periodo de cinco días.
    • Aumentar la capacidad regulatoria de la ATF en las regiones donde se abastece el contrabando de armas a México, en especial, en los estados fronterizos.

    http://www.alianzacivica.org.mx/altoalasarmas/indexSp.php


    Bloomberg pide ayuda para frenar tráfico armas tras fin de semana sangriento

    Por Agencia EFE –
    06/09/2011

    Nueva York, 6 sep (EFE).- El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, pidió hoy más ayuda para combatir el tráfico ilegal de armas de fuego en las calles de la ciudad después de que una ola de tiroteos dejaran varios muertos y decenas de heridos durante los últimos tres días en la Gran Manzana.

    «Aquí en Nueva York, los últimos cuatro años han sido los más seguros en la historia de la ciudad, en parte porque hemos tomado medidas sin precedente para cortar de raíz la llegada de armas ilegales a nuestras calles. Pero no podemos hacerlo solos», afirmó hoy Bloomberg en rueda de prensa.

    El alcalde añadió que la compraventa ilícita de armas de fuego «es un problema nacional» respecto al cual demócratas y republicanos hasta el momento no han tenido «el coraje de dar pasos básicos que podrían salvar vidas».

    Bloomberg dijo que le gustaría que representantes federales le explicaran a las víctimas y sus familias por qué «no quieren presionar a favor de reformas basadas en el sentido común, como acabar con el vacío legal sobre las ferias de armamento. Eso salvaría muchas vidas en todo el país».

    La Policía de Nueva York declinó hoy confirmar la cifra total de muertos y heridos por armas de fuego a lo largo del puente por el Día del Trabajo en EE.UU., pero The Wall Street Journal habla de al menos 10 fallecidos y más de 50 heridos.

    El alcalde reaccionó así después de un sangriento fin de semana en las calles de Nueva York, que tuvo su colofón en la noche del lunes, cuando un intercambio de disparos entre dos hombres empañó la celebración de un popular desfile y carnaval en Crown Heights, un barrio del distrito de Brooklyn.

    Uno de los pistoleros, Randy Johnson, fue alcanzado en el cuello por una bala y falleció en el hospital, mientras que el otro, Leroy Webster, disparó contra dos policías que resultaron heridos y en el fuego cruzado perecieron tres personas, entre ellos una señora de 56 años que estaba viendo el desfile desde la entrada de su apartamento.

    Ese incidente su suma a casi medio centenar de intercambios de disparos ocurridos a lo largo de los últimos tres días en la Gran Manzana, considerada por el FBI como una de las ciudades más seguras de Estados Unidos.

    © EFE 2011. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.


    ¿Cómo esta operando el trafico de armas en México?

    De acuerdo a la definición legal, el tráfico de armas consiste en la introducción al territorio nacional, en forma
    clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control. Esta norma es explícita en el artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

    De las investigaciones realizadas en México por el Ministerio Público Federal, apoyado por la Policía Federal y el Ejército Mexicano, así como del intercambio de información a través de la asistencia jurídica con las autoridades de justicia de los Estados Unidos de América, se tiene conocimiento que la modalidad preferida de los traficantes de armas es comprarlas a ciudadanos americanos o residentes legales que, a cambio de una cantidad de dinero.

    Así, los traficantes median entre el interesado y el vendedor autorizado de armas, para introducirlas a nuestro país, tanto por los 19 cruces de paso formales existen como por los incontables cruces informales a lo largo de los 3,152 kilómetros de frontera común.

    Por ejemplo, en Chihuahua hay 4 cruces formales, y 300 brechas que cruzan la frontera entre Ojinaga y Ciudad Juárez.

    Las armas se pasan de los Estados Unidos ocultas en vehículos terrestres, en las llantas de refacción, respaldo de asientos, oquedades fabricadas en las carrocerías, etc.

    La introducción se verifica a modo de operación “Hormiga” y no en grandes cantidades a la vez.

    Hasta el momento, no se ha detectado en México que alguna organización delictiva extranjera o nacional, se dedique exclusivamente al tráfico de armas.

    De las investigaciones en poder de la PGR, sólo se desprenden personas que en lo individual realizan esa actividad.

    De ahí la relevancia de la detención hecha por la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF, en la persona de Victor Varela, que según lo declarado ante las autoridades estadounidenses se dedicaba a abastecer de armas a la organización criminal de los Carrillo Fuentes.


    http://www.facebook.com/notes/estados-unidos-debe-parar-de-vender-armas-us-must-stop-selling-weapons/tr%C3%A1fico-de-armas-usa-mexico/155803741173813

    En Estados Unidos no hay grupos clandestinos que vendan armas, ya que a lo largo de toda la frontera norte de México existen más de cien mil permisionarios que las venden legalmente, en negocios legalmente constituidos o a través de las llamadas ferias de las armas “Gun Show”, que de la misma manera operan a lo largo de la franja fronteriza.
    Ahora bien, el fenómeno más común, es la intermediación de terceras personas que no tienen derecho a comprarlas, para poder acceder a ellas.

    Las armas se pasan de los Estados Unidos ocultas en vehículos terrestres, en las llantas de refacción, respaldo de asientos, oquedades fabricadas en las carrocerías, etc.

    La introducción se verifica a modo de operación “Hormiga” y no en grandes cantidades a la vez.

    Las organizaciones dedicadas al narcotráfico cuentan con miembros que se dedican a adquirir las armas para cubrir las necesidades de su grupo, para lo cual contactan a ciudadanos norteamericanos o residentes legales de ese país, para que mediante una retribución económica adquieran las armas que les solicitan.

    En Estados Unidos no hay grupos clandestinos que vendan armas, ya que a lo largo de toda la frontera norte de México existen más de cien mil permisionarios que las venden legalmente, en negocios legalmente constituidos o a través de las
    llamadas ferias de las armas “Gun Show”, que de la misma manera operan a lo largo de la franja fronteriza. Ahora bien, el fenómeno más común, es la intermediación de terceras personas que no tienen derecho a comprarlas, para poder acceder a ellas.

    ¿Cuáles son los estados con mayor incidencia?

    Los estados en donde se han obtenido cifras más altas, son en donde se ha concentrado la acción del Gobierno Federal en contra de la delincuencia organizada.

    •En armas largas, los estados más relevantes son Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Sonora y Chihuahua.

    •En municiones, Tamaulipas, Sonora, Michoacán, Chiapas y Veracruz.

    •En granadas Tamaulipas, Michoacán, Chiapas, Veracruz y Sonora.


    http://eleconomista.com.mx/infografias/2012/12/19/economia-las-armas-eu





    Jun-15 19:59 hrs

    Proponen tregua entre gobierno y Congreso por ''Rápido y Furioso''


    Jun-13 15:07 hrs

    Ofrecen republicanos salida contra desacato por ''Rápido y Furioso''

    Ante el Comité Judicial del Senado, el procurador general dijo estar dispuesto a hacer concesiones, aunque sostuvo que existen bases legales para preservar la confidencialidad de los materiales


  • Procurador estadounidense descarta renunciar por ''Rápido y Furioso''




  • WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (03/FEB/2012).- A prácticamente 11 meses de que se diera a conocer el operativo “Rápido y Furioso”, mediante el cual Estados Unidos ingresó a México más de dos mil armas para rastrear a los grupos del narcotráfico, y a las que terminó perdiéndoles la pista, no hay culpables.

    Ayer, el procurador estadounidense Eric Holder afirmó ante la Cámara de Representantes que ''pronto'' habrá culpables.

    El funcionario que hasta el momento ha caído de su puesto por el operativo es Kenneth Melson, ex director interino de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés), oficina que se habría encargado de supervisar la fallida estrategia.

    Ayer, Holder invocó la separación de poderes que consagra la Constitución para rechazar las acusaciones infundadas y resistir las amenazas de desacato que le ha lanzado la mayoría republicana en la Cámara de Representantes para obligarle a entregar todos los documentos relativos a “Rápido y Furioso”.

    Durante la que ha sido su sexta ocasión ante el comité de supervisión de la Cámara baja, Holder reiteró por enésima ocasión que nunca autorizó, ni se enteró del tráfico supervisado de armas que fueron a parar a los carteles de la droga.

    “Nunca autoricé, ni me enteré de estas tácticas”, repitió Holder a lo largo de una audiencia en la que los republicanos trataron nuevamente de acorralarle.

    El principal argumento de los congresistas que investigan el caso es que la administración de Barack Obama, mediante del Departamento de Justicia, intentan ocultar su participación en el operativo. Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión Gubernamental, dijo a Eric Holder que la dependencia a su cargo sólo ha entregado seis mil 400 páginas de unas 93 mil que han solicitado, lo que, afirmó, representa una señal inequívoca de que la Fiscalía General de EU oculta evidencia.

    “Toda esa gente (en el Departamento de Justicia) debería estar avergonzada por no hacer el trabajo como debieron hacerlo”.

    En los documentos que han sido revelados existen reportes donde la ATF señala que oficiales del más alto rango y cercanos a Holder impulsaron la táctica de “dejar las armas caminar”, mientras que en otros informes los mandos del Departamento de Justicia culpan a la oficina de la ATF en Phoenix de ser la única responsable por el fallido operativo.

    Demandan al Gobierno

    La familia de un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, quien fue asesinado, presentó una reclamación por 25 millones de dólares por homicidio culposo contra el Gobierno federal.

    El documento de 65 páginas que es un precursor de una demanda fue presentado en Phoenix y afirma que Brian Terry fue asesinado porque investigadores permitieron que las armas del asesinato llegaran a las manos de criminales, informó The Arizona Republic.

    Terry murió el 14 de diciembre de 2010, cuando su unidad de operaciones especiales se involucró en un tiroteo con bandidos de la frontera en un área remota en el Sur de Arizona, cerca de Rio Rico.

    CRÉDITOS:
    Informador Redacción / RMP


    WASHINGTON (apro).- La responsabilidad de que en México se haya disparado el número de homicidios –más de 50 mil– recae en la “súbita disponibilidad” de armas de fuego procedentes de Estados Unidos que circulan en México, así como en la ausencia de mecanismos para regular la venta de las mismas en la Unión Americana, aseguró aquí el presidente Felipe Calderón.

    En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), que encabezó en la Casa Blanca el presidente Barack Obama, Calderón responsabilizo al tráfico ilegal de armas estadunidense de ser el motor de la narcoviolencia.

    “Cuando hay rápida disponibilidad de armas se da un aumento de la violencia y suben los números de homicidios”, subrayó el Ejecutivo mexicano durante una conferencia de prensa conjunta con Obama y Stephen Harper, el primer ministro de Canadá.

    Además, aseguró que la violencia en México comenzó a elevarse desde el año 2004, cuando en Estados Unidos expiró una ley que regulaba y prohibía la venta de armas automáticas y semiautomáticas.

    “Si no contamos con los mecanismos que prohíban la venta de armas automáticas, como los que había en los años noventa, por lo menos para las armas asalto, nunca vamos a poder detener la violencia en México”, acotó Calderón.

    El presidente estadunidense Barack Obama, anfitrión de la CLAN, reconoció la dificultad que implica el detener el tráfico de armas a México, pero no se comprometió a cumplir con el pedido de Calderón para promover una regulación que prohíba el armamento automático o semiautomático.

    “Es una tarea difícil, pero es una que debemos tomar con mucha seriedad. Continuaremos coordinándonos con el gobierno de México porque reconocemos el precio que tienen que pagar las familias de individuos inocentes”, dijo Obama.

    En la conferencia de prensa, celebrada en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, después de que a puerta cerrada Obama, Calderón y Harper abordaran los temas de la agenda de la CLAN, el tema de la seguridad ciudadana fue también abordado a nivel regional.

    En ese sentido, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México se comprometieron a respaldar a los países centroamericanos para contener el problema de la narcoviolencia.

    Obama, Calderón y Harper destacaron que en este momento la región de Centroamérica es la más necesitada de ayuda para enfrentar al crimen organizado.

    En la CLAN, los tres gobiernos abordaron los temas de comercio, competitividad, energía, medio ambiente, cooperación regional, creación de empleos y fortalecimiento al desarrollo económico.

    En un comunicado conjunto, las tres naciones norteamericanas determinaron seguir luchando a favor de los objetivos comunes, además de mantener abierto el diálogo y el intercambio de información.

    2 Septiembre, 2011 - 00:55

    Credito:
    Ana Langner / El Economista

    A pesar de los roces con el gobierno de Estados Unidos por temas como el número de agentes de ese país en México o el operativo Rápido y Furioso llevado a cabo sin avisar al gobierno mexicano, la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa Cantellano, aseguró que existe una relación “sin precedentes” con ese país.

    En conferencia de prensa en el marco del V Informe de Gobierno, la Canciller reconoció que el crimen organizado y el tráfico de armas de Estados Unidos hacia el país son los principales desafíos.

    Afirmó que desde que se levantó la prohibición de venta de armas de asalto en la Unión Americana se incrementaron los actos violentos en el país. De negarse la transacción de estos artefactos, “habría mucho más control”, aseguró.

    Los actos violentos que han sucedido en el país no provocan una opinión negativa en el mundo.

    “No hay crítica de otros países, sino reconocimiento”, expresó.

    La canciller aseguró que en el operativo Rápido y Furioso, con el cual el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) permitió el tráfico ilegal de unas 2,000 armas a territorio nacional, no hubo una decisión unilateral en el gobierno estadounidense porque fue realizado sin que se enterara la administración de Barack Obama.

    En relación con los mexicanos en el exterior y con migración, el V Informe de Gobierno reporta que de septiembre del 2010 a agosto del 2011 hubo un incremento de 28% de casos de connacionales víctimas de maltrato y violencia doméstica en Estados Unidos, con respecto al mismo periodo anterior.

    El documento detalla que en este espacio se atendieron 2,530 casos de mexicanos residentes en la Unión Americana de agresiones de este tipo durante el actual lapso reportado, mientras que en el año anterior, 1,831. Del total de casos, 1,865 son de rubro de atención a violencia doméstica (93% mujeres y 7% a hombres)y 665 víctimas de maltrato (57% hombres y 43% mujeres).





    La campaña ALTO AL CONTRABANDO DE ARMAS busca salvar vidas y rescatar la democracia mexicana. Presentaremos una carta al presidente Obama pidiéndole adoptar tres acciones para frenar el contrabando de armas de EU a México.
    ¡Únete! Tu FIRMA puede hacer la diferencia.


    Presidente Barack Obama:Frente al evidente tráfico de armas desde EU a México, Ud. puede realizar tres acciones que no requieren aprobación del Congreso en su país:


    • Detener inmediatamente y prohibir la importación de las armas de asalto a los EU, porque muchas se mandan de contrabando a México. 
    • Ordenar a los vendedores a reportar a la Oficina de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); la venta de varios fusiles de asalto a una misma persona durante un periodo de cinco días.
    • Aumentar la capacidad regulatoria de la ATF en las regiones donde se abastece el contrabando de armas a México, en especial, en los estados fronterizos.

    http://www.alianzacivica.org.mx/altoalasarmas/indexSp.php






    Bloomberg pide ayuda para frenar tráfico armas tras fin de semana sangriento

    Por Agencia EFE –
    06/09/2011



    Nueva York, 6 sep (EFE).- El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, pidió hoy más ayuda para combatir el tráfico ilegal de armas de fuego en las calles de la ciudad después de que una ola de tiroteos dejaran varios muertos y decenas de heridos durante los últimos tres días en la Gran Manzana.

    "Aquí en Nueva York, los últimos cuatro años han sido los más seguros en la historia de la ciudad, en parte porque hemos tomado medidas sin precedente para cortar de raíz la llegada de armas ilegales a nuestras calles. Pero no podemos hacerlo solos", afirmó hoy Bloomberg en rueda de prensa.

    El alcalde añadió que la compraventa ilícita de armas de fuego "es un problema nacional" respecto al cual demócratas y republicanos hasta el momento no han tenido "el coraje de dar pasos básicos que podrían salvar vidas".

    Bloomberg dijo que le gustaría que representantes federales le explicaran a las víctimas y sus familias por qué "no quieren presionar a favor de reformas basadas en el sentido común, como acabar con el vacío legal sobre las ferias de armamento. Eso salvaría muchas vidas en todo el país".

    La Policía de Nueva York declinó hoy confirmar la cifra total de muertos y heridos por armas de fuego a lo largo del puente por el Día del Trabajo en EE.UU., pero The Wall Street Journal habla de al menos 10 fallecidos y más de 50 heridos.

    El alcalde reaccionó así después de un sangriento fin de semana en las calles de Nueva York, que tuvo su colofón en la noche del lunes, cuando un intercambio de disparos entre dos hombres empañó la celebración de un popular desfile y carnaval en Crown Heights, un barrio del distrito de Brooklyn.

    Uno de los pistoleros, Randy Johnson, fue alcanzado en el cuello por una bala y falleció en el hospital, mientras que el otro, Leroy Webster, disparó contra dos policías que resultaron heridos y en el fuego cruzado perecieron tres personas, entre ellos una señora de 56 años que estaba viendo el desfile desde la entrada de su apartamento.

    Ese incidente su suma a casi medio centenar de intercambios de disparos ocurridos a lo largo de los últimos tres días en la Gran Manzana, considerada por el FBI como una de las ciudades más seguras de Estados Unidos.

    © EFE 2011. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.



    ¿Cómo esta operando el trafico de armas en México?

    De acuerdo a la definición legal, el tráfico de armas consiste en la introducción al territorio nacional, en forma
    clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control. Esta norma es explícita en el artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

    De las investigaciones realizadas en México por el Ministerio Público Federal, apoyado por la Policía Federal y el Ejército Mexicano, así como del intercambio de información a través de la asistencia jurídica con las autoridades de justicia de los Estados Unidos de América, se tiene conocimiento que la modalidad preferida de los traficantes de armas es comprarlas a ciudadanos americanos o residentes legales que, a cambio de una cantidad de dinero.

    Así, los traficantes median entre el interesado y el vendedor autorizado de armas, para introducirlas a nuestro país, tanto por los 19 cruces de paso formales existen como por los incontables cruces informales a lo largo de los 3,152 kilómetros de frontera común.

    Por ejemplo, en Chihuahua hay 4 cruces formales, y 300 brechas que cruzan la frontera entre Ojinaga y Ciudad Juárez.

    Las armas se pasan de los Estados Unidos ocultas en vehículos terrestres, en las llantas de refacción, respaldo de asientos, oquedades fabricadas en las carrocerías, etc.

    La introducción se verifica a modo de operación “Hormiga” y no en grandes cantidades a la vez.

    Hasta el momento, no se ha detectado en México que alguna organización delictiva extranjera o nacional, se dedique exclusivamente al tráfico de armas.

    De las investigaciones en poder de la PGR, sólo se desprenden personas que en lo individual realizan esa actividad.

    De ahí la relevancia de la detención hecha por la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF, en la persona de Victor Varela, que según lo declarado ante las autoridades estadounidenses se dedicaba a abastecer de armas a la organización criminal de los Carrillo Fuentes.




    http://www.facebook.com/notes/estados-unidos-debe-parar-de-vender-armas-us-must-stop-selling-weapons/tr%C3%A1fico-de-armas-usa-mexico/155803741173813

    En Estados Unidos no hay grupos clandestinos que vendan armas, ya que a lo largo de toda la frontera norte de México existen más de cien mil permisionarios que las venden legalmente, en negocios legalmente constituidos o a través de las llamadas ferias de las armas “Gun Show”, que de la misma manera operan a lo largo de la franja fronteriza.
    Ahora bien, el fenómeno más común, es la intermediación de terceras personas que no tienen derecho a comprarlas, para poder acceder a ellas.

    Las armas se pasan de los Estados Unidos ocultas en vehículos terrestres, en las llantas de refacción, respaldo de asientos, oquedades fabricadas en las carrocerías, etc.

    La introducción se verifica a modo de operación “Hormiga” y no en grandes cantidades a la vez.

    Las organizaciones dedicadas al narcotráfico cuentan con miembros que se dedican a adquirir las armas para cubrir las necesidades de su grupo, para lo cual contactan a ciudadanos norteamericanos o residentes legales de ese país, para que mediante una retribución económica adquieran las armas que les solicitan.

    En Estados Unidos no hay grupos clandestinos que vendan armas, ya que a lo largo de toda la frontera norte de México existen más de cien mil permisionarios que las venden legalmente, en negocios legalmente constituidos o a través de las
    llamadas ferias de las armas “Gun Show”, que de la misma manera operan a lo largo de la franja fronteriza. Ahora bien, el fenómeno más común, es la intermediación de terceras personas que no tienen derecho a comprarlas, para poder acceder a ellas.

    ¿Cuáles son los estados con mayor incidencia?

    Los estados en donde se han obtenido cifras más altas, son en donde se ha concentrado la acción del Gobierno Federal en contra de la delincuencia organizada.

    •En armas largas, los estados más relevantes son Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Sonora y Chihuahua.

    •En municiones, Tamaulipas, Sonora, Michoacán, Chiapas y Veracruz.

    •En granadas Tamaulipas, Michoacán, Chiapas, Veracruz y Sonora.

    el escándalo del trasiego de armas en 2010

    WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (19/SEP/2012).- Una investigación del Departamento de Justicia de EU eximió de culpa al secretario de Justicia, Eric Holder, por la fallida operación «Rápido y Furioso», que permitió el trasiego ilegal de unas dos mil armas a México en 2009, sin embargo, recomendó medidas disciplinarias contra otros 14 funcionarios.

    El esperado informe del Inspector General del Departamento de Justicia determinó que hubo «conducta indebida» o mal juicio por parte de varios funcionarios del Departamento y de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), pero que Holder no sabía de la operación encubierta hasta que se destapó el escándalo del trasiego de armas en 2010.

    «No encontramos evidencia de que el fiscal general Holder fuera informado, antes del 31 de enero de 2011, de las tácticas de la Operación Rápido y Furioso usadas por ATF en la investigación (del tráfico de armas)», indicó el voluminoso informe de 512 páginas.

    En un comunicado, el secretario de Justicia y fiscal general afirmó que el informe del Inspector General confirma lo que él y otros funcionarios de su agencia habían reiterado durante muchos meses: que los altos mandos del Departamento de Justicia «no estaban enterados ni habían autorizado el uso de una fallida estrategia y tácticas» para rastrear a narcotraficantes en México.

    «El liderazgo del Departamento (de Justicia) no intentó ocultar información o engañar al Congreso» sobre la operación, enfatizó Holder.

    El fiscal general estuvo durante más de un año en la mira de varios líderes republicanos del Congreso que pedían su dimisión y que, incluso, votaron a favor de acusarlo por «desacato» por no haber proporcionado a los legisladores, supuestamente, toda la información sobre el caso que solicitaron.

    Las autoridades de ATF permitieron el contrabando de las armas desde EU, con la intención de llegar hasta los capos del narcotráfico, pero le perdieron el rastro a unas dos mil armas, muchas de las cuales han aparecido en más de un centenar de escenas de crímenes en México.

    Dos fueron halladas en la escena del asesinato del agente fronterizo estadounidense Brian Terry en diciembre de 2010.

    WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (19/SEP/2012).- Una investigación del Departamento de Justicia de EU eximió de culpa al secretario de Justicia, Eric Holder, por la fallida operación "Rápido y Furioso", que permitió el trasiego ilegal de unas dos mil armas a México en 2009, sin embargo, recomendó medidas disciplinarias contra otros 14 funcionarios.

    El esperado informe del Inspector General del Departamento de Justicia determinó que hubo "conducta indebida" o mal juicio por parte de varios funcionarios del Departamento y de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), pero que Holder no sabía de la operación encubierta hasta que se destapó el escándalo del trasiego de armas en 2010.

    "No encontramos evidencia de que el fiscal general Holder fuera informado, antes del 31 de enero de 2011, de las tácticas de la Operación Rápido y Furioso usadas por ATF en la investigación (del tráfico de armas)", indicó el voluminoso informe de 512 páginas.

    En un comunicado, el secretario de Justicia y fiscal general afirmó que el informe del Inspector General confirma lo que él y otros funcionarios de su agencia habían reiterado durante muchos meses: que los altos mandos del Departamento de Justicia "no estaban enterados ni habían autorizado el uso de una fallida estrategia y tácticas" para rastrear a narcotraficantes en México.

    "El liderazgo del Departamento (de Justicia) no intentó ocultar información o engañar al Congreso" sobre la operación, enfatizó Holder.

    El fiscal general estuvo durante más de un año en la mira de varios líderes republicanos del Congreso que pedían su dimisión y que, incluso, votaron a favor de acusarlo por "desacato" por no haber proporcionado a los legisladores, supuestamente, toda la información sobre el caso que solicitaron.

    Las autoridades de ATF permitieron el contrabando de las armas desde EU, con la intención de llegar hasta los capos del narcotráfico, pero le perdieron el rastro a unas dos mil armas, muchas de las cuales han aparecido en más de un centenar de escenas de crímenes en México.

    Dos fueron halladas en la escena del asesinato del agente fronterizo estadounidense Brian Terry en diciembre de 2010.

    la ATF proporciona armas a cartel de Sinaloa

    http://www.eluniversal.com.mx/primera/37372.html

    WASHINGTON.— “Armamos al cártel de Sinaloa. Es repugnante”, fueron las palabras de Carlos Canino, actual jefe en México de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), que contiene un nuevo testimonio que reveló el Congreso de Estados Unidos sobre el caso Rápido y furioso.

    El Comité de Supervisión Gubernamental hizo público el reporte con más declaraciones y acusaciones sobre el tráfico vigilado por la ATF que permitió la entrada de manera ilegal de miles de armas que terminaron en manos de los cárteles de la droga en México.

    Esta información se dio a conocer el día en que los principales mandos de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego activos en territorio mexicano comparecieron ante legisladores con el objetivo de llegar al fondo caso por medio de los testimonios de los oficiales que pudieron presenciar el flujo de armas desde Estados Unidos hasta México.

    En palabras de Canino, la operación Rápido y furioso fue una “tormenta perfecta de idiotez”. Y continúa: “Brian Terry (el agente de la Patrulla Fronteriza asesinado) no será el último. Probablemente hay cientos de Brian Terry en México”.

    Además de haber llegado a las manos del cártel de Sinaloa que lidera Joaquín Guzmán, como lo señaló el jefe en funciones de la ATF en México, documentos obtenidos por los investigadores del Congreso de EU prueban que armas vendidas a la vista de la Agencia como parte del fallido operativo fueron usadas por al menos tres organizaciones: la de Sinaloa, la de Teodoro García Simental, y por La Familia Michoacana.

    El comité intenta así probar que la ATF, encargada de prevenir que las armas lleguen a las manos del crimen organizado, consiguió facilitar que los cárteles de la droga en México se hicieran de verdaderos arsenales.

    Las nuevas pruebas de los congresistas contra el caso son como leña al fuego en el escándalo que desató Rápido y furioso y que alcanzó a varias agencias encargadas de la procuración de justicia en Estados Unidos en incluso al propio Departamento de Justicia, a cargo del fiscal general Eric Holder.

    Los funcionarios que comparecieron ante el los legisladores fueron: William McMahon, asistente del director para Operación de Campo en Phoenix y México; William Newell, ex agente especial a cargo de la División de Campo de la ATF en Phoenix; Carlos Canino, adjunto a cargo de la Oficina de la ATF en funciones en México; Jose Wall, agente senior en Tijuana; Lorren Leadmon, especialista en inteligencia de la ATF; y Darren Gil, ex jefe de la Oficina de la ATF en la embajada de Estados Unidos en México.

    La huella de las armas

    En el informe del Comité de Supervisión Gubernamental denominado Operación Rápido y furioso del Departamento de Justicia: alimentando la violencia de los cárteles se documentan casos en los que aparecieron armas que entraron a México por el operativo.

    Revela que el primer gran decomiso de armas vendidas a traficantes bajo la vigilancia de la ATF ocurrió el 20 de noviembre de 2009 en Naco, Sonora, donde las 42 armas aseguradas, incluidas 41 AK-47 y un rifle calibre .50, fueron rastreadas hasta sospechosos que investigaba la agencia. Algunas de éstas llegaron a las manos de cárteles de un día para otro luego de ser compradas.

    Casi tres semanas después del decomiso en Naco, un aseguramiento aún mayor en Mexicali, Baja California, incluyó 41 rifles de asalto AK-47, un AR-15 y un FN calibre 5.7, además de casi media tonelada de cocaína, 60 kilos de metanfetaminas, 392 cartuchos y 2 millones de dólares en efectivo.

    Otro decomiso más ocurrió en enero de 2010 en El Paso, Texas, donde se recuperaron 40 rifles cuyo origen fue rastreado hasta el fallido operativo.

    Después de conocer esto, la ATF permitió que las compras y el tráfico por parte de los sospechosos vigilados continuara por más de un año, hasta diciembre de 2010, cuando el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry fue asesinado y dos rifles de asalto parte de la operación Rápido y furioso fueron encontrados en la escena del crimen.

    El texto también revela que investigadores del comité viajaron a México el 25 de junio de 2011 para inspeccionar visualmente un helicóptero de la Policía Federal dañado con un Barret calibre .50 que penetró el cristal “a prueba de balas de la aeronave y que también tuvo su origen en el operativo”.

    Carlos Canino señaló: “En mi opinión, estos 34 rifles calibre .50 en las manos de uno de los cárteles va a cambiar los resultados de la batalla (entre fuerzas federales y criminales)”.

    Los implicados

    En el extenso informe elaborado por los republicanos Darrell Issa y Charles E. Grassley, que desde hace meses intentan deslindar responsabilidades sobre el caso, por primera vez se nombra a algunos funcionarios del Departamento de Justicia que estuvieron al tanto de Rápido y furioso.

    Hasta el momento ningún funcionario de la dependencia a cargo del fiscal general Eric Holder ha aceptado públicamente tener participación o haber conocido el operativo. Sin embargo, el informe de comité revela que el 5 de marzo de 2010 analistas de la ATF dijeron a mandos del Departamento de Justicia que el número de armas compradas por los traficantes había rebasado la cifra de mil.

    Uno de los presentes era Joe Cooley, que había sido enviado directamente por Lanny Breuer, asistente de Holder y jefe de la División Criminal de la dependencia. Cuando Cooley supo que más de mil armas de la operación estaban ya en manos de criminales, se limitó a decir “es una práctica aceptable”, según narra el documento.

    Un documento previo hecho público por el mismo comité señaló a Lanny Breuer como la persona que a nombre de Eric Holder dio su permiso para intervenir las conversaciones telefónicas de un presunto traficante de armas vigilado bajo Rápido y furioso.

    Ayer, la guerra soterrada que se libra en el Departamento de Justicia para esclarecer las responsabilidades por el fallido operativo estalló en medio de una audiencia en la que tres de los agentes de la ATF asignados en México se negaron a respaldar las versiones ofrecidas el ex jefe de esa agencia federal en Phoenix, William Newell, quien aseguró que tanto las autoridades de México como los agentes destacados en ese país estaban al tanto de ese operativo desde noviembre del 2009.

    “Quiero dejar esto perfectamente claro ante el pueblo estadounidense y el gobierno de México. Nunca supimos que agentes de la ATF estaban siguiendo a un traficante de armas sospechoso y conocido con un cargamento de 700 armas”, dijo Carlos Canino, al poner así su palabra contra la de William Newell, quien insistió en su versión de que el objetivo de Rápido y furioso no era permitir el trasiego ilegal de armas a México, sino el desmantelamiento de la red de armamento que iba a parar a los cárteles de la droga.

    “Estoy enfurecido”, dijo Canino, al señalar que como resultado de la investigación se ha descubierto que un arsenal de más de 2 mil armas de grueso calibre, suficientes para armar a un regimiento, podrían haber ido a parar a manos del cártel de Sinaloa. Canino ha sido el más beligerante de los agentes de ATF a la hora de refutar el testimonio ofrecido por William Newell

    “Estoy avergonzado. Y conozco agentes, tipos a los que considero héroes y amigos, que me han dicho desde que (este escándalo) estalló que estaban avergonzados de portar una placa de ATF. He llorado por ello, literalmente, y no me avergüenza reconocerlo”, añadió Canino.

    En su testimonio, Newell, insistió en que desde diciembre de 2010 y enero de 2011 invitó a los agregados de ATF en México y a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) para informarles del operativo.

    Estos señalamientos han sido desmentidos en México por la PGR.

    Ayer, Newell se enfrentó al desmentido de sus colegas y a la molestia e indignación de congresistas que han amenazado con acusarle de perjurio, por no aportar toda la información solicitada.

    http://www.eluniversal.com.mx/primera/37372.html

    WASHINGTON.— “Armamos al cártel de Sinaloa. Es repugnante”, fueron las palabras de Carlos Canino, actual jefe en México de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), que contiene un nuevo testimonio que reveló el Congreso de Estados Unidos sobre el caso Rápido y furioso.




    El Comité de Supervisión Gubernamental hizo público el reporte con más declaraciones y acusaciones sobre el tráfico vigilado por la ATF que permitió la entrada de manera ilegal de miles de armas que terminaron en manos de los cárteles de la droga en México.

    Esta información se dio a conocer el día en que los principales mandos de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego activos en territorio mexicano comparecieron ante legisladores con el objetivo de llegar al fondo caso por medio de los testimonios de los oficiales que pudieron presenciar el flujo de armas desde Estados Unidos hasta México.

    En palabras de Canino, la operación Rápido y furioso fue una “tormenta perfecta de idiotez”. Y continúa: “Brian Terry (el agente de la Patrulla Fronteriza asesinado) no será el último. Probablemente hay cientos de Brian Terry en México”.

    Además de haber llegado a las manos del cártel de Sinaloa que lidera Joaquín Guzmán, como lo señaló el jefe en funciones de la ATF en México, documentos obtenidos por los investigadores del Congreso de EU prueban que armas vendidas a la vista de la Agencia como parte del fallido operativo fueron usadas por al menos tres organizaciones: la de Sinaloa, la de Teodoro García Simental, y por La Familia Michoacana.

    El comité intenta así probar que la ATF, encargada de prevenir que las armas lleguen a las manos del crimen organizado, consiguió facilitar que los cárteles de la droga en México se hicieran de verdaderos arsenales.

    Las nuevas pruebas de los congresistas contra el caso son como leña al fuego en el escándalo que desató Rápido y furioso y que alcanzó a varias agencias encargadas de la procuración de justicia en Estados Unidos en incluso al propio Departamento de Justicia, a cargo del fiscal general Eric Holder.

    Los funcionarios que comparecieron ante el los legisladores fueron: William McMahon, asistente del director para Operación de Campo en Phoenix y México; William Newell, ex agente especial a cargo de la División de Campo de la ATF en Phoenix; Carlos Canino, adjunto a cargo de la Oficina de la ATF en funciones en México; Jose Wall, agente senior en Tijuana; Lorren Leadmon, especialista en inteligencia de la ATF; y Darren Gil, ex jefe de la Oficina de la ATF en la embajada de Estados Unidos en México.

    La huella de las armas

    En el informe del Comité de Supervisión Gubernamental denominado Operación Rápido y furioso del Departamento de Justicia: alimentando la violencia de los cárteles se documentan casos en los que aparecieron armas que entraron a México por el operativo.

    Revela que el primer gran decomiso de armas vendidas a traficantes bajo la vigilancia de la ATF ocurrió el 20 de noviembre de 2009 en Naco, Sonora, donde las 42 armas aseguradas, incluidas 41 AK-47 y un rifle calibre .50, fueron rastreadas hasta sospechosos que investigaba la agencia. Algunas de éstas llegaron a las manos de cárteles de un día para otro luego de ser compradas.

    Casi tres semanas después del decomiso en Naco, un aseguramiento aún mayor en Mexicali, Baja California, incluyó 41 rifles de asalto AK-47, un AR-15 y un FN calibre 5.7, además de casi media tonelada de cocaína, 60 kilos de metanfetaminas, 392 cartuchos y 2 millones de dólares en efectivo.

    Otro decomiso más ocurrió en enero de 2010 en El Paso, Texas, donde se recuperaron 40 rifles cuyo origen fue rastreado hasta el fallido operativo.

    Después de conocer esto, la ATF permitió que las compras y el tráfico por parte de los sospechosos vigilados continuara por más de un año, hasta diciembre de 2010, cuando el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry fue asesinado y dos rifles de asalto parte de la operación Rápido y furioso fueron encontrados en la escena del crimen.

    El texto también revela que investigadores del comité viajaron a México el 25 de junio de 2011 para inspeccionar visualmente un helicóptero de la Policía Federal dañado con un Barret calibre .50 que penetró el cristal “a prueba de balas de la aeronave y que también tuvo su origen en el operativo”.

    Carlos Canino señaló: “En mi opinión, estos 34 rifles calibre .50 en las manos de uno de los cárteles va a cambiar los resultados de la batalla (entre fuerzas federales y criminales)”.

    Los implicados

    En el extenso informe elaborado por los republicanos Darrell Issa y Charles E. Grassley, que desde hace meses intentan deslindar responsabilidades sobre el caso, por primera vez se nombra a algunos funcionarios del Departamento de Justicia que estuvieron al tanto de Rápido y furioso.

    Hasta el momento ningún funcionario de la dependencia a cargo del fiscal general Eric Holder ha aceptado públicamente tener participación o haber conocido el operativo. Sin embargo, el informe de comité revela que el 5 de marzo de 2010 analistas de la ATF dijeron a mandos del Departamento de Justicia que el número de armas compradas por los traficantes había rebasado la cifra de mil.

    Uno de los presentes era Joe Cooley, que había sido enviado directamente por Lanny Breuer, asistente de Holder y jefe de la División Criminal de la dependencia. Cuando Cooley supo que más de mil armas de la operación estaban ya en manos de criminales, se limitó a decir “es una práctica aceptable”, según narra el documento.

    Un documento previo hecho público por el mismo comité señaló a Lanny Breuer como la persona que a nombre de Eric Holder dio su permiso para intervenir las conversaciones telefónicas de un presunto traficante de armas vigilado bajo Rápido y furioso.

    Ayer, la guerra soterrada que se libra en el Departamento de Justicia para esclarecer las responsabilidades por el fallido operativo estalló en medio de una audiencia en la que tres de los agentes de la ATF asignados en México se negaron a respaldar las versiones ofrecidas el ex jefe de esa agencia federal en Phoenix, William Newell, quien aseguró que tanto las autoridades de México como los agentes destacados en ese país estaban al tanto de ese operativo desde noviembre del 2009.

    “Quiero dejar esto perfectamente claro ante el pueblo estadounidense y el gobierno de México. Nunca supimos que agentes de la ATF estaban siguiendo a un traficante de armas sospechoso y conocido con un cargamento de 700 armas”, dijo Carlos Canino, al poner así su palabra contra la de William Newell, quien insistió en su versión de que el objetivo de Rápido y furioso no era permitir el trasiego ilegal de armas a México, sino el desmantelamiento de la red de armamento que iba a parar a los cárteles de la droga.

    “Estoy enfurecido”, dijo Canino, al señalar que como resultado de la investigación se ha descubierto que un arsenal de más de 2 mil armas de grueso calibre, suficientes para armar a un regimiento, podrían haber ido a parar a manos del cártel de Sinaloa. Canino ha sido el más beligerante de los agentes de ATF a la hora de refutar el testimonio ofrecido por William Newell

    “Estoy avergonzado. Y conozco agentes, tipos a los que considero héroes y amigos, que me han dicho desde que (este escándalo) estalló que estaban avergonzados de portar una placa de ATF. He llorado por ello, literalmente, y no me avergüenza reconocerlo”, añadió Canino.

    En su testimonio, Newell, insistió en que desde diciembre de 2010 y enero de 2011 invitó a los agregados de ATF en México y a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) para informarles del operativo.

    Estos señalamientos han sido desmentidos en México por la PGR.

    Ayer, Newell se enfrentó al desmentido de sus colegas y a la molestia e indignación de congresistas que han amenazado con acusarle de perjurio, por no aportar toda la información solicitada.

    el osama mexicano

    MÉXICO, D.F. (apro).- En un amplio reportaje que publica hoy en su revista dominical, el diario The New York Times presenta al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán como un empresario innovador y una figura que ha desafiado el destino que generalm…

    MÉXICO, D.F. (apro).- En un amplio reportaje que publica hoy en su revista dominical, el diario The New York Times presenta al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán como un empresario innovador y una figura que ha desafiado el destino que generalmente tiene la mayoría de los capos, que es la prisión o la muerte a temprana edad.

    El influyente periódico destaca también que en agosto de 2011 la esposa de Guzmán, Emma Coronel, dio a luz a dos gemelas en Los Ángeles.

    Las pequeñas son hijas del líder del cártel de Sinaloa. Estados Unidos no pudo impedir que nacieran en ese país porque Coronel es ciudadana norteamericana.

    El diario publica, con datos de la Corporación RAND, que el ingreso bruto de las exportaciones a EU de los cárteles mexicanos es de 6.6 mil millones de dólares.

    Si la organización de El Chapo abarca entre el 40 y 60 por ciento, esto significa que recibe anualmente unos 3 mil millones de dólares, cifra equiparable a las de Netflix, o en este año Facebook, se indica.

    Como parte de sus habilidades, el Times atribuye a “quien sería el criminal más buscado por EU en el mundo post-Bin Laden” haber inventado los narcotúneles a finales de los 80, para cruzar droga en la frontera entre Agua Prieta, Sonora, y Douglas, Arizona.

    Con el título de “Cocaine, Incorporated”, el reportaje de Patrick Radden Keefe, exasesor del secretario de Defensa, señala que el cártel de Sinaloa es “una organización compleja y multimillonaria con operaciones en más de una docena de países”, y ubica a Guzmán como presidente del consejo de administración de esa organización delictiva transnacional.

    El trabajo periodístico expone que el cártel de Sinaloa puede comprar un kilo de cocaína en Colombia o Perú por 2 mil dólares y ver su valor incrementarse mientras avanza en el mercado.

    En México el kilo alcanza más de 10 mil dólares, pero al cruzar a Estados Unidos se vende en 30 mil dólares al mayoreo. Dividido en dosis, el mismo kilo alcanza los 100 mil dólares, precio mayor al del oro.

    El reporte señala que a los 55 años que tiene El Chapo, el legendario narcotraficante colombiano Pablo Escobar llevaba 10 años muerto. Precisa además que según la DEA, Guzmán vende más drogas que las que Escobar llegó a distribuir en su apogeo.

    Keefe aclara que debido a que los cárteles no emiten estados financieros anuales ni son auditados, sus ganancias no se pueden calcular con precisión.

    Sin embargo, el Departamento de Justicia norteamericano estima que las mafias mexicanas y colombianas manejan entre 18 y 39 mil millones de dólares anuales.

    La Corporación RAND, dedicada al análisis geopolítico, calcula el ingreso bruto de las exportaciones a EU de los cárteles mexicanos en 6.6 mil millones de dólares.

    Si la organización de El Chapo Guzmán abarca entre el 40 y 60 por ciento, esto significa que recibe al año unos 3 mil millones de dólares, cantidad comparable a las de Netflix, o en este año Facebook, detalla el reporte.

    “El Chapo siempre habla del negocio de la droga, donde quiera que esté”, dijo un testigo ante un gran jurado norteamericano, describiendo a un emprendedor automotivado, incluso obsesivo, con una tendencia a la microadministración.

    Según el reportaje, desde su escondite en la sierra, Guzmán vigila una compleja red logística, comparable con la de Amazon o de UPS: “doblemente sofisticada porque los traficantes deben mover tanto sus productos como sus ganancias en secreto, además de maniobrar para evitar la muerte o el arresto”.

    Tráfico a pesar de los muros fronterizos

    El negocio de la cocaína requiere una gran inversión, la cual es subsidiada según el diario neoyorquino por el tráfico de mariguana, el cual continúa a pesar de los muros fronterizos y vigilancia con tecnología de punta.

    De hecho, la DEA señala que para burlar una cerca altamente tecnificada en California, el cártel de Sinaloa lanzaba desde México las pacas de mariguana con una catapulta.

    “Tenemos el mejor muro que se puede comprar, y ellos nos responden con tecnología de 2 mil 500 años atrás”, afirmó Michael Braun, exdirectivo de la Agencia Antinarcóticos.

    El futuro del narcotráfico está puesto en las drogas sintéticas. Keefe cita a Anabel Hernández, autora de Los Señores del Narco, quien asegura que Ignacio Nacho Coronel, uno de los lugartenientes de Guzmán, vio el potencial económico de las metanfetaminas.

    “Nacho era como Steve Jobs: vio el futuro”, señala Hernández.

    Las alianzas de sangre

    Como en las dinastías de los grandes imperios, el narco pacta matrimonios para evitar traiciones y fricciones entre grupos rivales. Son las llamadas “alianzas de sangre”, porque muchos de sus miembros son primos por matrimonio o cuñados.

    Emma Coronel, la esposa de El Chapo y madre de las gemelas nacidas en Los Ángeles, es sobrina de Nacho Coronel, el “Steve Jobs de las metanfetaminas”, quien murió en un tiroteo con el Ejército Mexicano en 2010.

    Al emparentar, se busca evitar conflictos como el que surgió entre Guzmán Loera y su amigo de la infancia, socio y luego rival Arturo Beltrán Leyva. Tras la ruptura entre ambos en 2008, se acusa a Beltrán de haber matado a dos de los hijos de El Chapo, según señala el texto publicado hoy en la revista dominical de The New York Times.


    Este lunes, los gobiernos de México y Estados Unidos, a través del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperación para prevenir la presencia de terrorismo internacional en territorio nacional.

    Este encuentro causó revuelo, luego de que declaraciones de Napolitano fueran mal interpretadas por la traductora encargada del evento, pues haciendo referencia a Osama Bin Laden, habló del destino que le espera al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, quien lleva 10 años prófugo.

    Aquí te presentamos las citas textuales de las declaraciones de la secretaria de Seguridad Interna estadounidense sobre Guzmán Loera y Bin Laden, así como la traducción errónea de las mismas.

    Janet Napolitano (inglés):

    "Let me just say, it took us 10 years to find Osama Bin Laden, and we found him, and you know what happen there. I’m not suggesting the same thing would happen with Guzmán, but I am suggesting that we are persistent when it comes to wrongdoers and those who do harm in both our countries, so that issue continues”.
    Janet Napolitano (español):

    "Déjenme decir que tomó 10 años encontrar a Osama Bin Laden, y ustedes saben lo que ocurrió ahí. No estoy sugiriendo que lo mismo vaya a pasar con Guzmán, pero estoy sugiriendo que nosotros somos persistentes cuando se trata de personas que hacen el mal y que dañan, en nuestros dos países. Entonces, ese asunto continúa".

    Traducción de la intérprete de las palabras de Janet Napolitano:

    “Bueno quiero decirle algo, nos tomó 10 años atrapar a Osama Bin Laden, lo encontramos, ya sabe usted lo que pasó, y yo creo que lo mismo va a pasar con Guzmán, yo lo único que estoy sugiriendo es que somos persistentes, persistentes cuando estamos cerca del mal y que daña a los países al suyo y al nuestro, así que este tema continua de una manera exhaustiva”.