Han muerto cumpliendo. ¡No lo permitas!

A’ed Al-Bor’i murió en Gaza alcanzado por un proyectil del ejército de Israel. Mohammad Al-Abadlah murió alcanzado por disparos israelíes.

Son dos de los más de 15 miembros de los servicios médicos y de urgencias que han muerto cumpliendo con su trabajo.

Exige hoy que dejen de atacar a personal médico y hospitales

En Gaza, ningún lugar es seguro. Ni siquiera las ambulancias ni los hospitales. Desde que las fuerzas israelíes empezaron la ofensiva terrestre el 17 de julio, entre otras atrocidades, los ataques a centros médicos han crecido de forma preocupante. Y esto es inaceptable, podría ser una violación grave del Convenio de Ginebra y un crimen de guerra.
 
Estos ataques ponen en peligro la vida del personal médico y de las personas heridas de gravedad, que pueden morir si no son trasladadas con urgencia a hospitales fuera de Gaza. ¡No lo permitas!

El Primer Ministro de Israel sabe lo que está ocurriendo y puede ponerle fin. Firma esta carta urgentemente, exigiéndole que dé órdenes claras a los soldados israelíes: que no ataquen a los hospitales, las  ambulancias, los pacientes y el personal médico y de urgencias.

Gracias por no olvidar a las víctimas de Gaza.
Esteban Beltrán
Director Amnistía Internacional – Sección Española



Uploaded on May 13, 2011
¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL CONFLICTO ENTRE PALESTINOS E ISRAELÍES?
¿Será verdad que los palestinos son unos terroristas desalmados sedientos de sangre atacando despiadadamente a los inocentes judíos sionistas de Israel? ¿Tiene Israel derecho a existir? Sí es así ¿Tiene derecho, Israel y la Organización de Naciones Unidas que mediante la resolución 181 aprobó la partición de Palestina en dos estados, de expulsar de su tierra a 4,5 millones de refugiados palestinos desplazados en 1948? Ahora esos refugiados suman en forma absoluta unos 5 millones. ¡Más de un 1000 000 de esos refugiados palestinos viven en campamentos para refugiados desde hace 50 años!

A’ed Al-Bor’i murió en Gaza alcanzado por un proyectil del ejército de Israel. Mohammad Al-Abadlah murió alcanzado por disparos israelíes.

Son dos de los más de 15 miembros de los servicios médicos y de urgencias que han muerto cumpliendo con su trabajo.

Exige hoy que dejen de atacar a personal médico y hospitales

En Gaza, ningún lugar es seguro. Ni siquiera las ambulancias ni los hospitales. Desde que las fuerzas israelíes empezaron la ofensiva terrestre el 17 de julio, entre otras atrocidades, los ataques a centros médicos han crecido de forma preocupante. Y esto es inaceptable, podría ser una violación grave del Convenio de Ginebra y un crimen de guerra.
 
Estos ataques ponen en peligro la vida del personal médico y de las personas heridas de gravedad, que pueden morir si no son trasladadas con urgencia a hospitales fuera de Gaza. ¡No lo permitas!

El Primer Ministro de Israel sabe lo que está ocurriendo y puede ponerle fin. Firma esta carta urgentemente, exigiéndole que dé órdenes claras a los soldados israelíes: que no ataquen a los hospitales, las  ambulancias, los pacientes y el personal médico y de urgencias.

Gracias por no olvidar a las víctimas de Gaza.
Esteban Beltrán
Director Amnistía Internacional – Sección Española



Uploaded on May 13, 2011
¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL CONFLICTO ENTRE PALESTINOS E ISRAELÍES?
¿Será verdad que los palestinos son unos terroristas desalmados sedientos de sangre atacando despiadadamente a los inocentes judíos sionistas de Israel? ¿Tiene Israel derecho a existir? Sí es así ¿Tiene derecho, Israel y la Organización de Naciones Unidas que mediante la resolución 181 aprobó la partición de Palestina en dos estados, de expulsar de su tierra a 4,5 millones de refugiados palestinos desplazados en 1948? Ahora esos refugiados suman en forma absoluta unos 5 millones. ¡Más de un 1000 000 de esos refugiados palestinos viven en campamentos para refugiados desde hace 50 años!

Tratado Internacional sobre Comercio de Armas

Organización Editorial Mexicana
27 de marzo de 2012

OEM en línea

Ciudad de México.- Cada año más de medio millón de personas mueren víctimas de las armas de fuego en el mundo, entre los que destaca México, quien sufre los efectos de la violencia y el descontrol de las armas, indica Amnistía Internacional, en un comunicado.

Señaló que la proliferación de armas y la falta de control en su comercio agravan las principales crisis de derechos humanos en el mundo, desde conflictos armados a violencia de género o el uso de niños soldados.

En fechas recientes Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de la transferencia de armas de Estados Unidos a Egipto y de Rusia a Siria a pesar de la represión contra la población civil que se da en estos dos países. Estos casos ponen en evidencia la ineficiencia de la actual regulación del comercio de armas para proteger los derechos de las personas.

Amnistía Internacional considera que la adopción de un Tratado sobre el Comercio de Armas efectivo contribuirá a disminuir el riesgo de que el armamento sea utilizado para cometer serias violaciones a derechos humanos. Por ello, Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones ha trabajado en los últimos años para impulsar este Tratado sobre el Comercio de Armas.

La presión de la sociedad civil logró que en 2009 se iniciasen conversaciones para la redacción de este Tratado internacional. Desde entonces se han realizado negociaciones que deben finalizar en julio de este año en Nueva York.

A pesar del gran apoyo internacional a un tratado que contenga salvaguardas eficaces de derechos humanos, que sirvan para impedir que lleguen armas a países dónde se podrían usar para cometer violaciones de derechos humanos, un reducido grupo de países se oponen a contar con un texto efectivo.

Por ello Amnistía Internacional lanzó hoy su campaña “No más armas para atrocidades”, en la que a través de la web www.nomasarmas.org personas de todo el mundo pueden pedir a los líderes mundiales que garanticen que el tratado sea efectivo para proteger los derechos humanos.

MÉXICO, UNO DE LOS AFECTADOS

México, como país que sufre los efectos de la violencia y el descontrol de las armas, puede jugar un papel clave en lograr que se firme este Tratado como instrumento de respeto a los derechos humanos. Recientemente el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo apoyando el Tratado e instando al gobierno de México a asegurar que contenga normas eficaces para la protección de los derechos humanos.

Amnistía Internacional hace además un llamado a la ciudadanía mexicana para apoyar esta campaña enviando a los presidentes de los principales exportadores de armas del mundo (Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania), un claro mensaje de apoyo al control en el comercio de armas.
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Derechos Reservados Organización Editorial Mexicana S.A. de C.V.


Cuando por fin se vislumbra para 2012 un Tratado internacional sobre el Comercio de Armas, la realidad cotidiana de los conflictos a lo largo y ancho del mundo confirma lo pedregoso del camino. Basta recordar las recientes denuncias de Amnistía Internacional sobre el uso de bombas de racimo españolas por las tropas del dirigente libio Muamar Gadafi, que desvelan en toda su crudeza la peligrosa ‘herencia’ que deja cada venta de armamento, de material de defensa y ‘de doble uso’, de municiones. Un mercado que mueve al año 640 millones de armas y 12.000 millones de balas –dos por cada habitante del planera- y que alimenta la sangrienta estadística de mil muertos al día -casi uno por minuto- por armas de fuego.


UN MILLÓN DE FIRMAS PARA CONTROLAR EL COMERCIO DE ARMAS

¿Sabías que en el Perú hay 131 tiendas de armas y solo 43 salas de cine?
¿O que el 48% de los homicidios se cometen con armas de fuego?
¿O que 180 000 armas de fuego circulan sin control?

Esta es solo alguna de la información que puede encontrarse en el nuevo sitio web de la campaña para detener el comercio de armas que lanza hoy Amnistía Internacional: www.amnistia.org.pe/armas

El comercio descontrolado de armas provoca que, cada año, millones de personas resulten muertas, heridas, violadas o se vean obligadas a huir de sus hogares. En julio de 2012 se debate en la ONU un importantísimo Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. Debe ser un Tratado sólido que salve vidas. Un Tratado a prueba de balas.

Organización Editorial Mexicana
27 de marzo de 2012

OEM en línea

Ciudad de México.- Cada año más de medio millón de personas mueren víctimas de las armas de fuego en el mundo, entre los que destaca México, quien sufre los efectos de la violencia y el descontrol de las armas, indica Amnistía Internacional, en un comunicado.

Señaló que la proliferación de armas y la falta de control en su comercio agravan las principales crisis de derechos humanos en el mundo, desde conflictos armados a violencia de género o el uso de niños soldados.

En fechas recientes Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de la transferencia de armas de Estados Unidos a Egipto y de Rusia a Siria a pesar de la represión contra la población civil que se da en estos dos países. Estos casos ponen en evidencia la ineficiencia de la actual regulación del comercio de armas para proteger los derechos de las personas.

Amnistía Internacional considera que la adopción de un Tratado sobre el Comercio de Armas efectivo contribuirá a disminuir el riesgo de que el armamento sea utilizado para cometer serias violaciones a derechos humanos. Por ello, Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones ha trabajado en los últimos años para impulsar este Tratado sobre el Comercio de Armas.

La presión de la sociedad civil logró que en 2009 se iniciasen conversaciones para la redacción de este Tratado internacional. Desde entonces se han realizado negociaciones que deben finalizar en julio de este año en Nueva York.

A pesar del gran apoyo internacional a un tratado que contenga salvaguardas eficaces de derechos humanos, que sirvan para impedir que lleguen armas a países dónde se podrían usar para cometer violaciones de derechos humanos, un reducido grupo de países se oponen a contar con un texto efectivo.

Por ello Amnistía Internacional lanzó hoy su campaña “No más armas para atrocidades”, en la que a través de la web www.nomasarmas.org personas de todo el mundo pueden pedir a los líderes mundiales que garanticen que el tratado sea efectivo para proteger los derechos humanos.

MÉXICO, UNO DE LOS AFECTADOS

México, como país que sufre los efectos de la violencia y el descontrol de las armas, puede jugar un papel clave en lograr que se firme este Tratado como instrumento de respeto a los derechos humanos. Recientemente el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo apoyando el Tratado e instando al gobierno de México a asegurar que contenga normas eficaces para la protección de los derechos humanos.

Amnistía Internacional hace además un llamado a la ciudadanía mexicana para apoyar esta campaña enviando a los presidentes de los principales exportadores de armas del mundo (Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania), un claro mensaje de apoyo al control en el comercio de armas.
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Cuando por fin se vislumbra para 2012 un Tratado internacional sobre el Comercio de Armas, la realidad cotidiana de los conflictos a lo largo y ancho del mundo confirma lo pedregoso del camino. Basta recordar las recientes denuncias de Amnistía Internacional sobre el uso de bombas de racimo españolas por las tropas del dirigente libio Muamar Gadafi, que desvelan en toda su crudeza la peligrosa ‘herencia’ que deja cada venta de armamento, de material de defensa y ‘de doble uso’, de municiones. Un mercado que mueve al año 640 millones de armas y 12.000 millones de balas –dos por cada habitante del planera- y que alimenta la sangrienta estadística de mil muertos al día -casi uno por minuto- por armas de fuego.


UN MILLÓN DE FIRMAS PARA CONTROLAR EL COMERCIO DE ARMAS

¿Sabías que en el Perú hay 131 tiendas de armas y solo 43 salas de cine?
¿O que el 48% de los homicidios se cometen con armas de fuego?
¿O que 180 000 armas de fuego circulan sin control?

Esta es solo alguna de la información que puede encontrarse en el nuevo sitio web de la campaña para detener el comercio de armas que lanza hoy Amnistía Internacional: www.amnistia.org.pe/armas

El comercio descontrolado de armas provoca que, cada año, millones de personas resulten muertas, heridas, violadas o se vean obligadas a huir de sus hogares. En julio de 2012 se debate en la ONU un importantísimo Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. Debe ser un Tratado sólido que salve vidas. Un Tratado a prueba de balas.

Bahréin está en una difícil encrucijada

21 noviembre 2012
Bahréin: Rotas las promesas de reforma, se desata la represión

Bahréin está en una difícil encrucijada entre el Estado de derecho o la caída en una espiral de represión e inestabilidad, ha advertido hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El informe, titulado Bahrain: reform shelved, repression unleashed (Bahréin: Las reformas se archivan, la represión se desata) aparece días antes del primer aniversario del histórico informe de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin, creada por las autoridades del país para investigar los abusos que tuvieron lugar durante las protestas contra el gobierno de 2011.

El informe de la Comisión halló responsable al gobierno de Bahréin de graves violaciones de derechos humanos y documentó numerosos abusos. También formuló una serie de recomendaciones, entre otras que las autoridades exigieran responsabilidades a los responsables de los abusos contra los derechos humanos y llevaran a cabo investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura y otras violaciones.

Tras la publicación del informe de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin, en noviembre de 2011, el gobierno se comprometió a poner en práctica las recomendaciones.

Pero, como se desprende claramente del informe de Amnistía Internacional, en vez de cumplir estas promesas, las autoridades se apresuraron a consolidar la represión, que culminó en octubre de 2012 con la prohibición de todas las concentraciones y reuniones en el país, violando con ello la libertad de expresión y reunión pacífica, y en noviembre con la retirada de la nacionalidad bahreiní a 31 figuras de la oposición.

“La magnitud y el carácter de las violaciones que se desencadenaron en el país desde que la Comisión dio a conocer sus recomendaciones hacen que el proceso de reforma en Bahréin resulte una farsa”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Como ha documentado en su informe Amnistía Internacional, las autoridades han incumplido su promesa de seguir la vía de la reforma. Cualquier declaración del gobierno afirmando su compromiso con el Estado de derecho y la mejora de los derechos humanos suena falsa frente al moribundo proceso de reforma.

“De hecho, se ha hecho evidente que las autoridades de Bahréin no están dispuestas a seguir los pasos necesarios para la reforma, y sus afirmaciones de lo contrario sólo sirven para subrayar el abismo existente entre las palabras y los hechos.

“Con el país sumido en los disturbios y en medio de una inestabilidad creciente, la comunidad internacional, y especialmente los aliados de Bahréin, tienen la obligación de condenar lo que está sucediendo en Bahréin y dejar de utilizar el informe de la Comisión de Investigación Independiente como escudo para evitar tener que criticar a las autoridades bahreiníes.”

La creación de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin, compuesta por expertos internacionales en materia jurídica y de derechos humanos, se consideró una iniciativa innovadora, que, sin embargo, un año después ha quedado archivada en la práctica.

Para las víctimas y sus familias la justicia y la reparación siguen sin concretarse.

Una de estas víctimas es Roula Jassim Mohammed al-Saffar, una de las integrantes del grupo de profesionales de la salud condenados por un tribunal militar a entre 5 y 15 años de cárcel en septiembre de 2011, que posteriormente apeló y fue absuelta por un tribunal civil. Roula afirma que, tras su detención, el 4 de abril de 2011, fue torturada bajo custodia. Cuando Amnistía Internacional se entrevistó con ella en Bahréin, Roula, que estaba en libertad bajo fianza, contó cómo había sido su interrogatorio en el Departamento de Investigación Criminal:

“Una policía entró en la habitación y dijo: ‘Ahora te voy a vendar los ojos y me ocuparé de ti”. Luego entraron tres hombres en la habitación y comenzaron a darme golpes […] La mujer tenía un dispositivo eléctrico en cada mano y me golpeó con ellos en ambos lados de la cabeza al mismo tiempo. Me mareé y me desmayé. No recuerdo lo que pasó justo después. Luego, me llevaron a otra habitación y uno de ellos me llamó puta e insultó a mi familia […] Al tercer día [la mujer] volvió a aplicarme descargas eléctricas y me preguntó si me había puesto en huelga. Otra mujer comenzó a abofetearme. Me cortó el pelo con unas tijeras y luego me lo quemaron por los lados. Me golpearon y me hostigaron sexualmente poniéndome las manos en todo el cuerpo […] Esto duró cuatro o cinco días.”

Mientras, Amnistía Internacional sigue documentando numerosas violaciones de las fuerzas de seguridad, incluido el empleo innecesario y excesivo de la fuerza contra manifestantes, en ocasiones con consecuencias letales.

Hussam al-Haddad, de 16 años, murió el 17 de agosto de 2012 en Al Muharraq, al día siguiente de que la policía antidisturbios le disparara. Su familia afirma que había ido a un café cercano mientras había manifestaciones en la zona. Un familiar que estaba presente, afirmó que, cuando Hussam al-Haddad yacía en el suelo abatido por los disparos, un agente de la policía antidisturbios le propinó patadas y lo golpeó con el rifle. El muchacho fue trasladado al hospital militar y luego al Complejo Médico de Salmaniya. Esa madrugada, aproximadamente a las 2, sus familiares recibieron la noticia de su muerte. El 9 de octubre, la Unidad de Investigaciones Especiales determinó que el policía que le disparó había actuado en defensa propia tras haber sido agredido, y se cerró el caso.

Según los informes desde principios de 2012 es cada vez más frecuente que los asistentes a las concentraciones arrojen cócteles Molotov o corten las calles. Según fuentes oficiales, dos policías han muerto en las últimas semanas tras ser agredidos en disturbios. Este tipo de agresiones no son formas de expresión protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, y sus presuntos autores pueden ser puestos a disposición judicial siguiendo el debido proceso y con arreglo a normas de garantías procesales.

Sin embargo, el que se recurra a la violencia no exonera a las autoridades de sus obligaciones con respecto a los derechos humanos. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades de Bahréin que se abstengan de hacer un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. La organización considera que la actuación policial en las concentraciones debe estar siempre guiada por consideraciones de derechos humanos.

En los últimos meses, el número de menores de entre 15 y 18 años recluidos en cárceles y centros de detención para adultos de Bahréin ha ido en aumento, según informes de abogados y grupos de derechos humanos bahreiníes, y actualmente puede ascender a 80. Los defensores de los derechos humanos y activistas que denuncian estos abusos son hostigados reiteradamente y en algunos casos han sido encarcelados por llevar a cabo su labor de derechos humanos y ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Y en un giro nada alentador, las autoridades de Bahréin retiraron el 7 de noviembre la nacionalidad bahreiní a 31 figuras de la oposición, entre las que había políticos, activistas y figuras religiosas. El Ministerio del Interior informó en una declaración que la medida se había tomado porque los afectados habían “dañado la seguridad del Estado”.

Bahréin corre peligro de caer por una prolongada pendiente de disturbios e inestabilidad y se encuentra en una encrucijada. El informe de la Comisión de Investigación Independiente proporciona una guía para encaminar Bahréin hacia el Estado de derecho. Sólo si de verdad se aplican las recomendaciones del informe se evitará que el país caiga por esa pendiente. Los más cercanos aliados de Bahréin, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, no pueden escudarse más tras el informe de la Comisión y hacer como que nada ocurre.
Índice AI: PRE01/572/2012

21 noviembre 2012
Bahréin: Rotas las promesas de reforma, se desata la represión

Bahréin está en una difícil encrucijada entre el Estado de derecho o la caída en una espiral de represión e inestabilidad, ha advertido hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El informe, titulado Bahrain: reform shelved, repression unleashed (Bahréin: Las reformas se archivan, la represión se desata) aparece días antes del primer aniversario del histórico informe de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin, creada por las autoridades del país para investigar los abusos que tuvieron lugar durante las protestas contra el gobierno de 2011.

El informe de la Comisión halló responsable al gobierno de Bahréin de graves violaciones de derechos humanos y documentó numerosos abusos. También formuló una serie de recomendaciones, entre otras que las autoridades exigieran responsabilidades a los responsables de los abusos contra los derechos humanos y llevaran a cabo investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura y otras violaciones.

Tras la publicación del informe de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin, en noviembre de 2011, el gobierno se comprometió a poner en práctica las recomendaciones.

Pero, como se desprende claramente del informe de Amnistía Internacional, en vez de cumplir estas promesas, las autoridades se apresuraron a consolidar la represión, que culminó en octubre de 2012 con la prohibición de todas las concentraciones y reuniones en el país, violando con ello la libertad de expresión y reunión pacífica, y en noviembre con la retirada de la nacionalidad bahreiní a 31 figuras de la oposición.

“La magnitud y el carácter de las violaciones que se desencadenaron en el país desde que la Comisión dio a conocer sus recomendaciones hacen que el proceso de reforma en Bahréin resulte una farsa”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Como ha documentado en su informe Amnistía Internacional, las autoridades han incumplido su promesa de seguir la vía de la reforma. Cualquier declaración del gobierno afirmando su compromiso con el Estado de derecho y la mejora de los derechos humanos suena falsa frente al moribundo proceso de reforma.

“De hecho, se ha hecho evidente que las autoridades de Bahréin no están dispuestas a seguir los pasos necesarios para la reforma, y sus afirmaciones de lo contrario sólo sirven para subrayar el abismo existente entre las palabras y los hechos.

“Con el país sumido en los disturbios y en medio de una inestabilidad creciente, la comunidad internacional, y especialmente los aliados de Bahréin, tienen la obligación de condenar lo que está sucediendo en Bahréin y dejar de utilizar el informe de la Comisión de Investigación Independiente como escudo para evitar tener que criticar a las autoridades bahreiníes.”

La creación de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin, compuesta por expertos internacionales en materia jurídica y de derechos humanos, se consideró una iniciativa innovadora, que, sin embargo, un año después ha quedado archivada en la práctica.

Para las víctimas y sus familias la justicia y la reparación siguen sin concretarse.

Una de estas víctimas es Roula Jassim Mohammed al-Saffar, una de las integrantes del grupo de profesionales de la salud condenados por un tribunal militar a entre 5 y 15 años de cárcel en septiembre de 2011, que posteriormente apeló y fue absuelta por un tribunal civil. Roula afirma que, tras su detención, el 4 de abril de 2011, fue torturada bajo custodia. Cuando Amnistía Internacional se entrevistó con ella en Bahréin, Roula, que estaba en libertad bajo fianza, contó cómo había sido su interrogatorio en el Departamento de Investigación Criminal:

“Una policía entró en la habitación y dijo: ‘Ahora te voy a vendar los ojos y me ocuparé de ti”. Luego entraron tres hombres en la habitación y comenzaron a darme golpes […] La mujer tenía un dispositivo eléctrico en cada mano y me golpeó con ellos en ambos lados de la cabeza al mismo tiempo. Me mareé y me desmayé. No recuerdo lo que pasó justo después. Luego, me llevaron a otra habitación y uno de ellos me llamó puta e insultó a mi familia […] Al tercer día [la mujer] volvió a aplicarme descargas eléctricas y me preguntó si me había puesto en huelga. Otra mujer comenzó a abofetearme. Me cortó el pelo con unas tijeras y luego me lo quemaron por los lados. Me golpearon y me hostigaron sexualmente poniéndome las manos en todo el cuerpo […] Esto duró cuatro o cinco días.”

Mientras, Amnistía Internacional sigue documentando numerosas violaciones de las fuerzas de seguridad, incluido el empleo innecesario y excesivo de la fuerza contra manifestantes, en ocasiones con consecuencias letales.

Hussam al-Haddad, de 16 años, murió el 17 de agosto de 2012 en Al Muharraq, al día siguiente de que la policía antidisturbios le disparara. Su familia afirma que había ido a un café cercano mientras había manifestaciones en la zona. Un familiar que estaba presente, afirmó que, cuando Hussam al-Haddad yacía en el suelo abatido por los disparos, un agente de la policía antidisturbios le propinó patadas y lo golpeó con el rifle. El muchacho fue trasladado al hospital militar y luego al Complejo Médico de Salmaniya. Esa madrugada, aproximadamente a las 2, sus familiares recibieron la noticia de su muerte. El 9 de octubre, la Unidad de Investigaciones Especiales determinó que el policía que le disparó había actuado en defensa propia tras haber sido agredido, y se cerró el caso.

Según los informes desde principios de 2012 es cada vez más frecuente que los asistentes a las concentraciones arrojen cócteles Molotov o corten las calles. Según fuentes oficiales, dos policías han muerto en las últimas semanas tras ser agredidos en disturbios. Este tipo de agresiones no son formas de expresión protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, y sus presuntos autores pueden ser puestos a disposición judicial siguiendo el debido proceso y con arreglo a normas de garantías procesales.

Sin embargo, el que se recurra a la violencia no exonera a las autoridades de sus obligaciones con respecto a los derechos humanos. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades de Bahréin que se abstengan de hacer un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. La organización considera que la actuación policial en las concentraciones debe estar siempre guiada por consideraciones de derechos humanos.

En los últimos meses, el número de menores de entre 15 y 18 años recluidos en cárceles y centros de detención para adultos de Bahréin ha ido en aumento, según informes de abogados y grupos de derechos humanos bahreiníes, y actualmente puede ascender a 80. Los defensores de los derechos humanos y activistas que denuncian estos abusos son hostigados reiteradamente y en algunos casos han sido encarcelados por llevar a cabo su labor de derechos humanos y ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Y en un giro nada alentador, las autoridades de Bahréin retiraron el 7 de noviembre la nacionalidad bahreiní a 31 figuras de la oposición, entre las que había políticos, activistas y figuras religiosas. El Ministerio del Interior informó en una declaración que la medida se había tomado porque los afectados habían “dañado la seguridad del Estado”.

Bahréin corre peligro de caer por una prolongada pendiente de disturbios e inestabilidad y se encuentra en una encrucijada. El informe de la Comisión de Investigación Independiente proporciona una guía para encaminar Bahréin hacia el Estado de derecho. Sólo si de verdad se aplican las recomendaciones del informe se evitará que el país caiga por esa pendiente. Los más cercanos aliados de Bahréin, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, no pueden escudarse más tras el informe de la Comisión y hacer como que nada ocurre.
Índice AI: PRE01/572/2012

Burma

Aung San Suu Kyi fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional en 1991 y con el apoyo de miembros, activistas, simpatizantes y personalidades como Bono de U2, exigieron justicia y trabajaron sin pausa para su liberación. Fue liberada en 2010 y hace unas semanas pudo recibir el premio que Amnistía Internacional le concedió en 2009, como “Embajadora de conciencia”.
El caso de Aung San Suu Kyi es una prueba más de que si luchamos todas y todos, podemos hacer un verdadero cambio. Al igual que ella, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, defensores de derechos humanos de la comunidad indígena náhuatl de Atla, en Puebla, México han sido declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional este año.
Ellos trabajaron defendiendo el derecho al agua de su comunidad y su trabajo los enfrentó a un grupo poderoso que controlaba el agua para su propio beneficio. Como represalia fueron acusados de un delito que no cometieron y condenados a 6 años de cárcel tras un juicio plagado de irregularidades. Puedes firmar aquí nuestra petición exigiendo su libertad.
Aung San Suu Kyi fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional en 1991 y con el apoyo de miembros, activistas, simpatizantes y personalidades como Bono de U2, exigieron justicia y trabajaron sin pausa para su liberación. Fue liberada en 2010 y hace unas semanas pudo recibir el premio que Amnistía Internacional le concedió en 2009, como “Embajadora de conciencia”.
El caso de Aung San Suu Kyi es una prueba más de que si luchamos todas y todos, podemos hacer un verdadero cambio. Al igual que ella, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, defensores de derechos humanos de la comunidad indígena náhuatl de Atla, en Puebla, México han sido declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional este año.
Ellos trabajaron defendiendo el derecho al agua de su comunidad y su trabajo los enfrentó a un grupo poderoso que controlaba el agua para su propio beneficio. Como represalia fueron acusados de un delito que no cometieron y condenados a 6 años de cárcel tras un juicio plagado de irregularidades. Puedes firmar aquí nuestra petición exigiendo su libertad.

Alberto Patishtan

Te escribimos para compartirte el mensaje de agradecimiento que nos hizo llegar Héctor Patishtán, hijo del profesor tzotzil Alberto Patishtán, dirigido a todas las personas que se han solidarizado con su reclamo de justicia para su padre, quien tras la decisión de un tribunal de Chiapas que se negó a examinar las irregularidades en su caso, deberá permancer en prisión. Sin embargo, la lucha no ha terminado.


A la sociedad civil que se ha solidarizado con nosotros por la libertad de Alberto Patishtan
A los firmantes de la campaña impulsada por Amnistía Internacional para exigir un juicio justo para mi padre

Antes que nada quiero agradecer con todo el corazón el apoyo que nos han brindado en este proceso. Sabemos que vienen etapas más difíciles pero con la ayuda de todos, también sabemos que no son imposibles.
Si algo he aprendido de mi padre y de mi pueblo es nunca rendirnos.
Después del injusto fallo que demuestra el tipo de justicia que existe en México, puedo decirles que el Profe hace un llamado a no perder la esperanza, sino al contrario, convertir este golpe que nos dieron en fuerza, en la unión y en la justicia.
Desde aquí les pedimos que sigan apoyando las causas justas, que hagan hacer escuchar su voz y que luchemos juntos por la libertad de mi papa Alberto Patishtan y por otro mundo posible y diferente.
Atentamente

Hector Patishtan Ruiz
Hijo de Alberto Patishtan y Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona


Esta lucha no ha terminado y en tanto esta injusticia continué, continuará también nuestro reclamo. Desde Amnistía Internacional hemos continuado apoyando el trabajo de los abogados de Alberto y te mantendremos al tanto de próximas noticias u oportunidades de acción sobre su caso.
Finalmente, hoy te invitamos a continuar actuando por los derechos humanos y firmar nuestra petición para exigir justicia para todos los casos de abusos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas en México.
En solidaridad:
El equipo de Amnistía Internacional México.

Te escribimos para compartirte el mensaje de agradecimiento que nos hizo llegar Héctor Patishtán, hijo del profesor tzotzil Alberto Patishtán, dirigido a todas las personas que se han solidarizado con su reclamo de justicia para su padre, quien tras la decisión de un tribunal de Chiapas que se negó a examinar las irregularidades en su caso, deberá permancer en prisión. Sin embargo, la lucha no ha terminado.


A la sociedad civil que se ha solidarizado con nosotros por la libertad de Alberto Patishtan
A los firmantes de la campaña impulsada por Amnistía Internacional para exigir un juicio justo para mi padre

Antes que nada quiero agradecer con todo el corazón el apoyo que nos han brindado en este proceso. Sabemos que vienen etapas más difíciles pero con la ayuda de todos, también sabemos que no son imposibles.
Si algo he aprendido de mi padre y de mi pueblo es nunca rendirnos.
Después del injusto fallo que demuestra el tipo de justicia que existe en México, puedo decirles que el Profe hace un llamado a no perder la esperanza, sino al contrario, convertir este golpe que nos dieron en fuerza, en la unión y en la justicia.
Desde aquí les pedimos que sigan apoyando las causas justas, que hagan hacer escuchar su voz y que luchemos juntos por la libertad de mi papa Alberto Patishtan y por otro mundo posible y diferente.
Atentamente

Hector Patishtan Ruiz
Hijo de Alberto Patishtan y Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona


Esta lucha no ha terminado y en tanto esta injusticia continué, continuará también nuestro reclamo. Desde Amnistía Internacional hemos continuado apoyando el trabajo de los abogados de Alberto y te mantendremos al tanto de próximas noticias u oportunidades de acción sobre su caso.
Finalmente, hoy te invitamos a continuar actuando por los derechos humanos y firmar nuestra petición para exigir justicia para todos los casos de abusos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas en México.
En solidaridad:
El equipo de Amnistía Internacional México.

Tuitea por los derechos humanos

La libertad de expresión es un derecho humano y no dejaremos que nos lo quiten.

En México como en otros países, la libertad de expresión está en riesgo. Periodistas y usuarios de redes sociales se enfrentan frecuentemente a amenazas ya sea desde los gobiernos o grupos criminales.

¿Utilizas Twitter? Súmate a nuestro proyecto “Tuitea por los derechos humanos” y contribuye así a defender la libertad de expresión. Súmate en: www.amnistia.org.mx/twitteros

La libertad de expresión es un derecho humano y no dejaremos que nos lo quiten.

En México como en otros países, la libertad de expresión está en riesgo. Periodistas y usuarios de redes sociales se enfrentan frecuentemente a amenazas ya sea desde los gobiernos o grupos criminales.

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desaparecidos

Ciudad de México.- Familiares y activistas de la organización Amnistía Internacional (AI) exigieron al gobierno mexicano poner fin a la crisis de las desapariciones forzadas en México, perpetradas tanto por el crimen organizado como por funcionarios públicos.

En la presentación del informe “Enfrentarse a una pesadilla: Desapariciones en México”, Brenda Rangel, quien busca a su hermano Héctor desde 2009, llamó a los gobiernos estatales y al federal a no ser indolentes ante el dolor causado por las desapariciones forzadas.

Héctor Rangel desapareció el 10 de noviembre de 2009 en Monclova, Coahuila, presuntamente a manos de policías municipales. La familia ha realizado sus propias investigaciones y ha recibido amenazas de muerte, por lo que “si algo llega a sucedernos es culpa de este gobierno y del anterior”, expuso Brenda.

En el Museo Memoria y Tolerancia, exigió a la actual administración federal a no ser omisa ni ver los casos de desaparecidos como una cifra. “No se vale que Enrique Peña Nieto se lave las manos diciendo que fue Calderón”.

Pidió una explicación pública a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), pues recientemente declinó a proseguir la indagatoria en torno a su caso, bajo el argumento de que no es su competencia.

“Las autoridades mexicanas no están haciendo nada, a pesar de los indicios que les hemos dado los familiares. Yo no sé si mi hermano ya esté con vida. Él no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con ningún crimen organizado. En México se está dando en sicariato forzado”, expresó desesperada Rangel.

“Yo me he expuesto. Me he metido a casas de seguridad. Me he tenido que disfrazar de muchas cosas para ir a buscar a mi hermano. Estoy exponiendo mi vida y la de toda mi familia, pero no me importa. Yo tengo que encontrarlo, ya que las autoridades han sido indolentes con mi dolor”, expuso Rangel envuelta en llanto.

Lucía Baca, cuyo hijo desapareció hace más de dos años cuando viajaba del DF a Laredo, Texas, exclamó: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, frase que secundaron otros familiares reunidos en el auditorio del museo capitalino.

Cuando la familia denunció la desaparición de Alejandro Moreno Baca, las autoridades dieron por hecho, sin ninguna investigación, que el hijo de Lucía tenía nexos con la delincuencia organizada, pero “mi hijo es una víctima, es inocente”, reiteró la madre.

Daniel Zapico, representante de AI en México, dijo que si bien el Gobierno federal ha reconocido 26 mil desaparecidos en los últimos seis años, aún no hay resultados tangibles para erradicar esta problemática de derechos humanos.

Rupert Knox, investigador de AI, mencionó que el Gobierno federal ha publicado datos sobre desaparecidos, se ha reunido con algunos familiares y se ha comprometido con la creación de una unidad especializada en este delito; sin embargo, estas acciones aún son insuficientes.

De acuerdo con 152 casos de desapariciones forzadas documentadas por AI, hay indicios de que en el 85 por ciento de estos ilícitos, hubo participación directa e indirecta de funcionarios públicos.

El informe subraya: “A pesar del número escalofriante, las autoridades han fracasado de manera sistemática en investigar y aclarar la gran mayoría de los casos, incluso los muchos de cientos de desapariciones en las que hay evidencia de detención o privación de la libertad por parte de agentes del Estado o bandas de delincuentes”.


México, DF.- Al menos dos personas se escondieron en la azotea cuando un comando levantaba a 11 personas en el antro Heavens After, así lo revelan dos grabaciones en poder del periodista Martín Moreno.

En su columna, el periodista señala que las grabaciones aportan información a las investigaciones realizadas por la PGJDF.

“Primero: sí hubo un convoy que llegó al Heaven After por los tepiteños. Segundo: sí hubo armas en el operativo. Tercero: se señala al gerente del Heaven, conocido como Polo, como el asesino de Horacio Vite, vendedor de drogas ejecutado el viernes 24 de mayo afuera del bar Black en la colonia Condesa, de la delegación Cuauhtémoc”, se lee en la columna publicada en el diario Excelsior.

El testigo del levantón, quien relató el suceso, confirmó que un convoy armado llegó al antro, de donde desaparecieron 11 vecinos de Tepito. El joven, junto con un acompañante, permanecieron escondidos durante más de una hora y luego escaparon.

Ambos permanecieron ocultos en la azotea del Heavens After al momento en que el resto de los clientes eran sacados por un supuesto operativo.

“(…) Llegó el gerente, ‘El Polo’, y nos dijo que iba a haber operativo que porque le pegaron al dueño del Black y no sé qué y todos fuimos desalojando”, dice el testigo.

El joven recomienda a su interlocutor buscar al gerente, a quien implica en el asesinato de Horacio Vite Ángel, identificado como narcomenudista de una célula de “La Unión”, ocurrido el 24 de mayo en el bar Black de la Condesa.

“Al que deben encontrar es al gerente, él es el culpable de todo esto… él debe de tener algo”, señala.

“Te voy a decir algo: ¿Sí supiste que mataron a uno del Black? Creo que fue el gerente del Heavens, porque había ido por nosotros cuando alcanzamos a salir (…) Mi valedor le marcó cuando pasó todo éste asunto y le dijo: ‘¿Ora qué, Polo, no mames, esas mamadas qué y mis amigos?’.

“(…) Y también nos dijo que él fue el que había matado al del Black (…) Solo sé que se llama Polo, es uno chaparrito, siempre usa traje, tiene pelo y se echa mucho gel”.

Ciudad de México.- Familiares y activistas de la organización Amnistía Internacional (AI) exigieron al gobierno mexicano poner fin a la crisis de las desapariciones forzadas en México, perpetradas tanto por el crimen organizado como por funcionarios públicos.

En la presentación del informe “Enfrentarse a una pesadilla: Desapariciones en México”, Brenda Rangel, quien busca a su hermano Héctor desde 2009, llamó a los gobiernos estatales y al federal a no ser indolentes ante el dolor causado por las desapariciones forzadas.

Héctor Rangel desapareció el 10 de noviembre de 2009 en Monclova, Coahuila, presuntamente a manos de policías municipales. La familia ha realizado sus propias investigaciones y ha recibido amenazas de muerte, por lo que “si algo llega a sucedernos es culpa de este gobierno y del anterior”, expuso Brenda.

En el Museo Memoria y Tolerancia, exigió a la actual administración federal a no ser omisa ni ver los casos de desaparecidos como una cifra. “No se vale que Enrique Peña Nieto se lave las manos diciendo que fue Calderón”.

Pidió una explicación pública a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), pues recientemente declinó a proseguir la indagatoria en torno a su caso, bajo el argumento de que no es su competencia.

“Las autoridades mexicanas no están haciendo nada, a pesar de los indicios que les hemos dado los familiares. Yo no sé si mi hermano ya esté con vida. Él no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con ningún crimen organizado. En México se está dando en sicariato forzado”, expresó desesperada Rangel.

“Yo me he expuesto. Me he metido a casas de seguridad. Me he tenido que disfrazar de muchas cosas para ir a buscar a mi hermano. Estoy exponiendo mi vida y la de toda mi familia, pero no me importa. Yo tengo que encontrarlo, ya que las autoridades han sido indolentes con mi dolor”, expuso Rangel envuelta en llanto.

Lucía Baca, cuyo hijo desapareció hace más de dos años cuando viajaba del DF a Laredo, Texas, exclamó: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, frase que secundaron otros familiares reunidos en el auditorio del museo capitalino.

Cuando la familia denunció la desaparición de Alejandro Moreno Baca, las autoridades dieron por hecho, sin ninguna investigación, que el hijo de Lucía tenía nexos con la delincuencia organizada, pero “mi hijo es una víctima, es inocente”, reiteró la madre.

Daniel Zapico, representante de AI en México, dijo que si bien el Gobierno federal ha reconocido 26 mil desaparecidos en los últimos seis años, aún no hay resultados tangibles para erradicar esta problemática de derechos humanos.

Rupert Knox, investigador de AI, mencionó que el Gobierno federal ha publicado datos sobre desaparecidos, se ha reunido con algunos familiares y se ha comprometido con la creación de una unidad especializada en este delito; sin embargo, estas acciones aún son insuficientes.

De acuerdo con 152 casos de desapariciones forzadas documentadas por AI, hay indicios de que en el 85 por ciento de estos ilícitos, hubo participación directa e indirecta de funcionarios públicos.

El informe subraya: “A pesar del número escalofriante, las autoridades han fracasado de manera sistemática en investigar y aclarar la gran mayoría de los casos, incluso los muchos de cientos de desapariciones en las que hay evidencia de detención o privación de la libertad por parte de agentes del Estado o bandas de delincuentes”.


México, DF.- Al menos dos personas se escondieron en la azotea cuando un comando levantaba a 11 personas en el antro Heavens After, así lo revelan dos grabaciones en poder del periodista Martín Moreno.

En su columna, el periodista señala que las grabaciones aportan información a las investigaciones realizadas por la PGJDF.

“Primero: sí hubo un convoy que llegó al Heaven After por los tepiteños. Segundo: sí hubo armas en el operativo. Tercero: se señala al gerente del Heaven, conocido como Polo, como el asesino de Horacio Vite, vendedor de drogas ejecutado el viernes 24 de mayo afuera del bar Black en la colonia Condesa, de la delegación Cuauhtémoc”, se lee en la columna publicada en el diario Excelsior.

El testigo del levantón, quien relató el suceso, confirmó que un convoy armado llegó al antro, de donde desaparecieron 11 vecinos de Tepito. El joven, junto con un acompañante, permanecieron escondidos durante más de una hora y luego escaparon.

Ambos permanecieron ocultos en la azotea del Heavens After al momento en que el resto de los clientes eran sacados por un supuesto operativo.

“(…) Llegó el gerente, ‘El Polo’, y nos dijo que iba a haber operativo que porque le pegaron al dueño del Black y no sé qué y todos fuimos desalojando”, dice el testigo.

El joven recomienda a su interlocutor buscar al gerente, a quien implica en el asesinato de Horacio Vite Ángel, identificado como narcomenudista de una célula de “La Unión”, ocurrido el 24 de mayo en el bar Black de la Condesa.

“Al que deben encontrar es al gerente, él es el culpable de todo esto… él debe de tener algo”, señala.

“Te voy a decir algo: ¿Sí supiste que mataron a uno del Black? Creo que fue el gerente del Heavens, porque había ido por nosotros cuando alcanzamos a salir (…) Mi valedor le marcó cuando pasó todo éste asunto y le dijo: ‘¿Ora qué, Polo, no mames, esas mamadas qué y mis amigos?’.

“(…) Y también nos dijo que él fue el que había matado al del Black (…) Solo sé que se llama Polo, es uno chaparrito, siempre usa traje, tiene pelo y se echa mucho gel”.

prolongada sequía

Los líderes indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz defendieron el agua de su comunidad de las arbitrariedades de un grupo caciquil, pero se les fabricó un delito por el que estuvieron presos tres años


Ciudad de México.- José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz no sonríen, pero tampoco se quejan.

Es como si en el momento les cayeran encima los casi tres años pasados en la cárcel por un delito fabricado. Aún no asimilan estar libres, luego de que el miércoles pasado la Suprema Corte de Justicia así lo determinó.

“Yo sentía muy feo, tuve mucho sufrimiento, unos 15 días estuvimos en observación, las celdas, no pude dormir, completamente desesperado estuve yo, sentía un dolor muy fuerte, aparte de familia”, expresa José Ramón.
“Yo en la cárcel sentí difícil porque nosotros, yo siento que mi familia estén tristes, se preocupan por nosotros”, complementa Pascual.

Ambos hombres hablan pausado, articulando con dificultad las frases que les permiten sus limitados conocimientos del español, pues su lengua natal es el náhuatl. Esa circunstancia fue precisamente la que les impidió defenderse ante las autoridades.

A 15 horas de haber salido del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, afirman que en su corazón sólo existe disposición para perdonar a quienes los acusaron falsamente del delito de robo de vehículo.

Su historia, al igual que la de otros indígenas encarcelados tiene el denominador común de la discriminación por la pobreza y el origen étnico.

Ambos son originarios de la comunidad de Atla del municipio de Pahuatlán, Puebla, donde históricamente existe un conflicto por el acceso al agua.

Sólo algunos de los 2 mil 172 habitantes cuentan con este derecho pues el suministro es controlado por un grupo caciquil que exigen cuotas de hasta 5 mil pesos o 40 días de faenas no remuneradas.

En aras de conseguir el líquido, algunos pobladores se abastecen con cubetas o líneas de mangueras desde manantiales cercanos. Para impedirlo, el grupo caciquil contamina el agua con animales muertos y basura o corta las líneas de suministro.

Ante la ausencia de las autoridades la problemática ha escalado al punto de presentarse enfrentamientos campales y homicidios.

En mayo de 2008, los habitantes de Atla eligieron a José Ramón, de 64 años y padre de ocho hijos, como presidente auxiliar, y a Pascual, de 48 años y con seis hijos, como juez menor de paz.
Los hombres convocaron a una asamblea y renovaron el Comité del Agua, cuyos nuevos miembros hicieron suyo un proyecto auspiciado por el municipio para beneficiar gratuitamente a toda la población con el líquido.

El 22 de octubre de 2009 un incidente cambiaría la vida de los dirigentes comunitarios.

En esa fecha fueron embestidos por el vehículo que conducía Abraham Aparicio, hijo de Cristóbal Aparicio Domínguez, señalado como integrante del grupo caciquil. El responsable escapó y abandonó el vehículo con las llaves puestas.

El comandante de policía Carmelo Castillo Martínez llegó al lugar de los hechos, tomó nota del abandono y trasladó la unidad al corralón municipal. A pesar de que José Ramón y Pascual perdonaron a Cristóbal, 10 días después éste interpuso una denuncia penal por robo de vehículo con violencia.

El 13 enero de 2009 los hombres fueron detenidos por ese ilícito y en 12 de julio se les dictó una sentencia de 7 años y 22 días de prisión. El Tribunal Superior de Justicia del estado confirmó la responsabilidad, pero modificó el castigo a 6 años, 10 mes y 20 días de prisión.

Castillo fue detenido en 2011, acusándolo de cómplice, y recuperó su libertad el pasado 23 de noviembre.
El caso de los activistas fue llevado ante la Corte luego de que la defensa alegó que las acusaciones eran falsas y no existían pruebas para sostenerlas, además de que jamás se les proporcionó un intérprete. La primera sala ordenó ponerlos en libertad.

“No es tolerable que en un país como México sigamos asistiendo al uso del sistema de justicia penal para encarcelar y reprimir las demandas legítimas de la población”, reprochó ayer Daniel Zapico, de Amnistía Internacional.

“La respuesta es muy sencilla, en una palabra: corrupción. Eso fue lo que sucedió en el caso de ellos, no se necesita tener un gran puesto de poder, sino una cifra considerable de dinero, unos 20 o 30 mil pesos para que el Ministerio Público inicie una averiguación previa por un delito inexistente y luego al juez darle otro tanto”, expresó Araceli Olivo, abogada del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

El miércoles a las 18:00 horas terminó el encierro para José Ramón y Pascual. Fueron recibidos afuera del por sus esposas Brígida Cruz y Salustia Aparicio, quienes los acompañaron ayer en la rueda de prensa que ofrecieron.

Ahora volverán a su casa donde los espera una fiesta en la comunidad.

Pero el conflicto del agua continúa sin solucionarse.

“Sabemos que las personas nos echaron en la cárcel, nos difamaron, pero yo siento en mi corazón que aunque estuvimos tres años encarcelados, desesperados, pensativos, preocupadísimos por nuestras familias por mi parte siento en mi corazón que yo los perdono, no quiero venganzas, no quiero a ellos con enemigos”, dice con franqueza José Ramón.

“No es bueno hacer una venganza, nosotros somos personas inocentes y por eso no vamos a hacer eso”, agrega Pascual.


La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) anunció que se ampliará y acelerará el pago del programa “70 y más” en comunidades afectadas por la sequía, además de que se agilizará la entrega de recursos de Oportunidades a beneficiarios afectados en el norte del país.

El titular de la Sedesol, Heriberto Félix Guerra, explicó que la dependencia comenzó con la entrega de apoyos directos desde el 16 de enero en varias entidades afectadas y en los casos de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas se aplicó un operativo especial.
El responsable de la política social del país afirmó que con el “70 y más” se pretende incrementar en más de un millón el padrón de beneficiarios, para llegar a tres millones 500 mil antes de que finalice el año.
Adelantó que se comenzarán a censar de nuevo las comunidades más afectadas por la sequía, con el objetivo de identificar a las familias que podrían incorporarse al Programa Oportunidades y recibir apoyos en alimentación, educación y salud.

Félix Guerra abundó que estas medidas de celeridad se dan como parte de la Estrategia Integral para la Atención de la Sequía 2012, que se suman a las acciones ya emprendidas para distribuir agua potable para consumo humano y paquetes alimentarios entre la población de las comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

En este marco, detalló que a la Sedesol le corresponde abastecer de agua potable a las comunidades afectadas, de insumos alimentarios básicos, cobijas y emitir los recursos del Programa de Empleo Temporal, que se aplicará en las zonas afectadas para evitar el éxodo masivo de indígenas a las ciudades.
“Si no llueve en los próximos meses, estimamos que se ocupará el equivalente a 500,000 vueltas o viajes de pipas de 10,000 litros cada una”, expuso.

Aclaró que la Sedesol ha otorgado los apoyos con total rendición de cuentas, por ello se han conformado comités comunitarios de transparencia, los cuales se encargan de administrar el agua y los alimentos.

Chihuahua.- El indígena rarámuri Juan Antonio Remechi tuvo que caminar un día y medio los 105 kilómetros de terreno sinuoso que hay entre su comunidad, en Batopilas, y un centro nutricional de Guachochi, para avisar que su hija se estaba muriendo.

“La niña casi ni se movía, estaba enferma y me vine a Guachoci desde Chilochique (municipio de Batopilas), y los doctores fueron por mi niña y mi señora”, narra en entrevista el hombre de 40 años.

Ahora, después de dos meses, en el Centro de Recuperación Nutricional y Albergue Materno dieron de alta a la pequeña María, de dos años y medio, tras presentar desnutrición severa.

Desde que internaron a la pequeña, Juan ha servido como intérprete y se incorporó además a las labores cotidianas del albergue, en donde se fomenta el aprendizaje del cultivo de hortalizas y se construyen prototipos de vivienda con paja y adobe.

“Aquí ayudo al centro en lo que se ofrezca, porque desde hace dos meses que trajeron a mija para levantarla, me he puesto a aprender a cultivar ajo, cilantro, papa y otras cosas que pueden crecer con poca agua”, indica el indígena.

Aunque Juan tiene tres hijos más, todos habían podido sobrevivir a la falta de alimentos, pero el nacimiento de su pequeña coincidió con la peor sequía que se recuerde en esta zona en los últimos 70 años.

“Somos muy pobres, pero nunca nos había pasado que se nos estuviera muriendo una criatura, porque como que mi esposa no comió bien y no criaba leche, y la niña se nos empezó a morir”, cuenta.

La condiciones históricas de pobreza aunado a la peor sequía que se vive en la Sierra Tarahumara, ha hecho que cada año el sector Salud reporte un promedio de 15 muertes a causa de la desnutrición severa.

“Tenemos en los últimos 10 años cifras muy similares en los casos de mortandad de niños por desnutrición, sólo que en la década pasada éstos ocurrían por las fuertes nevadas y ahora se dan por la sequía”, lamentó Joel David Lomelí, coordinador de Epidemiología del Sector Salud de la Subsede Guachochi.

Informó que hasta el momento han arribado 231 infantes con desnutrición leve, 43 con moderada y 30 con desnutrición severa.


Ciudad ed México.- Unos 50 indígenas rarámuris se suicidaron en diciembre de 2011 en la Sierra Tarahumara de México por la desesperación de no poder alimentar a sus hijos, denunció el domingo a la prensa Ramón Gardea, integrante del sindicato Frente Organizado de Campesinos.

“Las mujeres indígenas cuando llevan cuatro o cinco días sin poder darle de comer a sus hijos, se ponen tristes; y es tanta su tristeza que hasta el 10 de diciembre (2011) 50 hombres y mujeres, pensando que no tienen que darle a sus hijos, se arrojaron al barranco”, dijo Gardea a una televisora del estado de Chihuahua (norte), donde se ubica la sierra Tarahumara.

Ante la falta de alimentos los indígenas “se avientan al barranco, otros se ahorcan”, insistió Gardea.

Chihuahua es uno de los estados más afectados por una prolongada sequía, cuyos efectos se han recrudecido por el invierno boreal en México.

La sequía, considerada por las autoridades como la peor en la historia moderna de México, provocó la pérdida en la Sierra Tarahumara de 20.000 toneladas de maíz para autoconsumo, según datos del gobierno de Chihuahua.

El líder campesino no precisó cuándo se registró el primer suicidio de los indígenas, que tienen como principales actividades económicas la agricultura, la caza, manufactura de cestos y cobijas, además de la explotación forestal.

Una colecta ciudadana de alimentos para los indígenas de la Sierra Tarahumara se desarrolla este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza principal del país.

Los líderes indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz defendieron el agua de su comunidad de las arbitrariedades de un grupo caciquil, pero se les fabricó un delito por el que estuvieron presos tres años


Ciudad de México.- José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz no sonríen, pero tampoco se quejan.

Es como si en el momento les cayeran encima los casi tres años pasados en la cárcel por un delito fabricado. Aún no asimilan estar libres, luego de que el miércoles pasado la Suprema Corte de Justicia así lo determinó.

“Yo sentía muy feo, tuve mucho sufrimiento, unos 15 días estuvimos en observación, las celdas, no pude dormir, completamente desesperado estuve yo, sentía un dolor muy fuerte, aparte de familia”, expresa José Ramón.
“Yo en la cárcel sentí difícil porque nosotros, yo siento que mi familia estén tristes, se preocupan por nosotros”, complementa Pascual.

Ambos hombres hablan pausado, articulando con dificultad las frases que les permiten sus limitados conocimientos del español, pues su lengua natal es el náhuatl. Esa circunstancia fue precisamente la que les impidió defenderse ante las autoridades.

A 15 horas de haber salido del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, afirman que en su corazón sólo existe disposición para perdonar a quienes los acusaron falsamente del delito de robo de vehículo.

Su historia, al igual que la de otros indígenas encarcelados tiene el denominador común de la discriminación por la pobreza y el origen étnico.

Ambos son originarios de la comunidad de Atla del municipio de Pahuatlán, Puebla, donde históricamente existe un conflicto por el acceso al agua.

Sólo algunos de los 2 mil 172 habitantes cuentan con este derecho pues el suministro es controlado por un grupo caciquil que exigen cuotas de hasta 5 mil pesos o 40 días de faenas no remuneradas.

En aras de conseguir el líquido, algunos pobladores se abastecen con cubetas o líneas de mangueras desde manantiales cercanos. Para impedirlo, el grupo caciquil contamina el agua con animales muertos y basura o corta las líneas de suministro.

Ante la ausencia de las autoridades la problemática ha escalado al punto de presentarse enfrentamientos campales y homicidios.

En mayo de 2008, los habitantes de Atla eligieron a José Ramón, de 64 años y padre de ocho hijos, como presidente auxiliar, y a Pascual, de 48 años y con seis hijos, como juez menor de paz.
Los hombres convocaron a una asamblea y renovaron el Comité del Agua, cuyos nuevos miembros hicieron suyo un proyecto auspiciado por el municipio para beneficiar gratuitamente a toda la población con el líquido.

El 22 de octubre de 2009 un incidente cambiaría la vida de los dirigentes comunitarios.

En esa fecha fueron embestidos por el vehículo que conducía Abraham Aparicio, hijo de Cristóbal Aparicio Domínguez, señalado como integrante del grupo caciquil. El responsable escapó y abandonó el vehículo con las llaves puestas.

El comandante de policía Carmelo Castillo Martínez llegó al lugar de los hechos, tomó nota del abandono y trasladó la unidad al corralón municipal. A pesar de que José Ramón y Pascual perdonaron a Cristóbal, 10 días después éste interpuso una denuncia penal por robo de vehículo con violencia.

El 13 enero de 2009 los hombres fueron detenidos por ese ilícito y en 12 de julio se les dictó una sentencia de 7 años y 22 días de prisión. El Tribunal Superior de Justicia del estado confirmó la responsabilidad, pero modificó el castigo a 6 años, 10 mes y 20 días de prisión.

Castillo fue detenido en 2011, acusándolo de cómplice, y recuperó su libertad el pasado 23 de noviembre.
El caso de los activistas fue llevado ante la Corte luego de que la defensa alegó que las acusaciones eran falsas y no existían pruebas para sostenerlas, además de que jamás se les proporcionó un intérprete. La primera sala ordenó ponerlos en libertad.

“No es tolerable que en un país como México sigamos asistiendo al uso del sistema de justicia penal para encarcelar y reprimir las demandas legítimas de la población”, reprochó ayer Daniel Zapico, de Amnistía Internacional.

“La respuesta es muy sencilla, en una palabra: corrupción. Eso fue lo que sucedió en el caso de ellos, no se necesita tener un gran puesto de poder, sino una cifra considerable de dinero, unos 20 o 30 mil pesos para que el Ministerio Público inicie una averiguación previa por un delito inexistente y luego al juez darle otro tanto”, expresó Araceli Olivo, abogada del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

El miércoles a las 18:00 horas terminó el encierro para José Ramón y Pascual. Fueron recibidos afuera del por sus esposas Brígida Cruz y Salustia Aparicio, quienes los acompañaron ayer en la rueda de prensa que ofrecieron.

Ahora volverán a su casa donde los espera una fiesta en la comunidad.

Pero el conflicto del agua continúa sin solucionarse.

“Sabemos que las personas nos echaron en la cárcel, nos difamaron, pero yo siento en mi corazón que aunque estuvimos tres años encarcelados, desesperados, pensativos, preocupadísimos por nuestras familias por mi parte siento en mi corazón que yo los perdono, no quiero venganzas, no quiero a ellos con enemigos”, dice con franqueza José Ramón.

“No es bueno hacer una venganza, nosotros somos personas inocentes y por eso no vamos a hacer eso”, agrega Pascual.


La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) anunció que se ampliará y acelerará el pago del programa “70 y más” en comunidades afectadas por la sequía, además de que se agilizará la entrega de recursos de Oportunidades a beneficiarios afectados en el norte del país.

El titular de la Sedesol, Heriberto Félix Guerra, explicó que la dependencia comenzó con la entrega de apoyos directos desde el 16 de enero en varias entidades afectadas y en los casos de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas se aplicó un operativo especial.
El responsable de la política social del país afirmó que con el “70 y más” se pretende incrementar en más de un millón el padrón de beneficiarios, para llegar a tres millones 500 mil antes de que finalice el año.
Adelantó que se comenzarán a censar de nuevo las comunidades más afectadas por la sequía, con el objetivo de identificar a las familias que podrían incorporarse al Programa Oportunidades y recibir apoyos en alimentación, educación y salud.

Félix Guerra abundó que estas medidas de celeridad se dan como parte de la Estrategia Integral para la Atención de la Sequía 2012, que se suman a las acciones ya emprendidas para distribuir agua potable para consumo humano y paquetes alimentarios entre la población de las comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

En este marco, detalló que a la Sedesol le corresponde abastecer de agua potable a las comunidades afectadas, de insumos alimentarios básicos, cobijas y emitir los recursos del Programa de Empleo Temporal, que se aplicará en las zonas afectadas para evitar el éxodo masivo de indígenas a las ciudades.
“Si no llueve en los próximos meses, estimamos que se ocupará el equivalente a 500,000 vueltas o viajes de pipas de 10,000 litros cada una”, expuso.

Aclaró que la Sedesol ha otorgado los apoyos con total rendición de cuentas, por ello se han conformado comités comunitarios de transparencia, los cuales se encargan de administrar el agua y los alimentos.

Chihuahua.- El indígena rarámuri Juan Antonio Remechi tuvo que caminar un día y medio los 105 kilómetros de terreno sinuoso que hay entre su comunidad, en Batopilas, y un centro nutricional de Guachochi, para avisar que su hija se estaba muriendo.

“La niña casi ni se movía, estaba enferma y me vine a Guachoci desde Chilochique (municipio de Batopilas), y los doctores fueron por mi niña y mi señora”, narra en entrevista el hombre de 40 años.

Ahora, después de dos meses, en el Centro de Recuperación Nutricional y Albergue Materno dieron de alta a la pequeña María, de dos años y medio, tras presentar desnutrición severa.

Desde que internaron a la pequeña, Juan ha servido como intérprete y se incorporó además a las labores cotidianas del albergue, en donde se fomenta el aprendizaje del cultivo de hortalizas y se construyen prototipos de vivienda con paja y adobe.

“Aquí ayudo al centro en lo que se ofrezca, porque desde hace dos meses que trajeron a mija para levantarla, me he puesto a aprender a cultivar ajo, cilantro, papa y otras cosas que pueden crecer con poca agua”, indica el indígena.

Aunque Juan tiene tres hijos más, todos habían podido sobrevivir a la falta de alimentos, pero el nacimiento de su pequeña coincidió con la peor sequía que se recuerde en esta zona en los últimos 70 años.

“Somos muy pobres, pero nunca nos había pasado que se nos estuviera muriendo una criatura, porque como que mi esposa no comió bien y no criaba leche, y la niña se nos empezó a morir”, cuenta.

La condiciones históricas de pobreza aunado a la peor sequía que se vive en la Sierra Tarahumara, ha hecho que cada año el sector Salud reporte un promedio de 15 muertes a causa de la desnutrición severa.

“Tenemos en los últimos 10 años cifras muy similares en los casos de mortandad de niños por desnutrición, sólo que en la década pasada éstos ocurrían por las fuertes nevadas y ahora se dan por la sequía”, lamentó Joel David Lomelí, coordinador de Epidemiología del Sector Salud de la Subsede Guachochi.

Informó que hasta el momento han arribado 231 infantes con desnutrición leve, 43 con moderada y 30 con desnutrición severa.


Ciudad ed México.- Unos 50 indígenas rarámuris se suicidaron en diciembre de 2011 en la Sierra Tarahumara de México por la desesperación de no poder alimentar a sus hijos, denunció el domingo a la prensa Ramón Gardea, integrante del sindicato Frente Organizado de Campesinos.

“Las mujeres indígenas cuando llevan cuatro o cinco días sin poder darle de comer a sus hijos, se ponen tristes; y es tanta su tristeza que hasta el 10 de diciembre (2011) 50 hombres y mujeres, pensando que no tienen que darle a sus hijos, se arrojaron al barranco”, dijo Gardea a una televisora del estado de Chihuahua (norte), donde se ubica la sierra Tarahumara.

Ante la falta de alimentos los indígenas “se avientan al barranco, otros se ahorcan”, insistió Gardea.

Chihuahua es uno de los estados más afectados por una prolongada sequía, cuyos efectos se han recrudecido por el invierno boreal en México.

La sequía, considerada por las autoridades como la peor en la historia moderna de México, provocó la pérdida en la Sierra Tarahumara de 20.000 toneladas de maíz para autoconsumo, según datos del gobierno de Chihuahua.

El líder campesino no precisó cuándo se registró el primer suicidio de los indígenas, que tienen como principales actividades económicas la agricultura, la caza, manufactura de cestos y cobijas, además de la explotación forestal.

Una colecta ciudadana de alimentos para los indígenas de la Sierra Tarahumara se desarrolla este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza principal del país.

periodistas asesinados

La Procuraduría General de la República (PGR) definirá en las próximas horas si ejerce facultad de atracción sobre la desaparición de la reportera de la fuente policiaca del diario El Zócalo de Saltillo, Coahuila, Hypatia Stephania Rodríguez Cardoso, y de su hijo, quienes presuntamente fueron privados de la libertad en su domicilio. Ella sería el tercer comunicador secuestrado de esa casa editorial del 2006.

De acuerdo con las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, la PGR debería atraer de facto cualquier investigación o presunción de delito contra comunicadores; sin embargo, la ausencia de una persona reportada por sus familiares corresponde a las procuradurías locales, empero, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila informó que “turnó el caso a la PGR”.

En julio del 2006, Rafael Ortiz Martínez, reportero de El Zócalo de Monclova, fue reportado como desaparecido ante la Procuraduría del estado por sus familiares, amigos y representantes de la casa editorial, hasta el momento se desconoce su paradero o que haya sido asesinado por grupos del crimen organizado.

En enero del 2010, el periodista Valentín Valdés Espinoza fue asesinado; también trabajaba para El Zócalo de Saltillo, pero además los medios de comunicación de televisión, radio y prensa escrita en varios municipios de Coahuila han sido agredidos con granadas y sus fachadas han sido rafagueadas con arma de fuego, de acuerdo con nueve indagatorias en el fuero federal y en el común.

En el caso de Rodríguez Cardoso, se sabe que el pasado jueves 7 de junio estuvo en un convivio por el día de la libertad de prensa al que acudió en compañía de su hijo de dos años; se retiró la madrugada del viernes e incluso mandó un mensaje a sus compañeros para avisar que ya se encontraba en su domicilio.

A partir de ese momento no se supo nada más. Se informó que no se presentó a trabajar y su familia fue a su vivienda, donde encontraron destrozos sin rastro de ella y su hijo, así como su vehículo, por lo que se presentó la denuncia ante la Subprocuraduría de Investigación de Personas No Localizadas, dependencia que informó que turnaría el caso a la Procuraduría General de la República.

rtorres@eleconomista.com.mx


MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación para dar con el paradero de la reportera Stephania Cardoso y su hijo de dos años, quienes están desaparecidos desde el viernes.

Familiares de la periodista que cubría la fuente policiaca desde hace varios años para el periódico Zócalo en Saltillo, Coahuila acudieron a denunciar los hechos ante las autoridades.

El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, ordenó al procurador de justicia, Homero Ramos Gloria, una investigación a fondo sobre el caso.

“Hay áreas muy sensibles en los periódicos y ofrecí hacer un protocolo de seguridad para protegerlos, y protocolos de conductas que todos tenemos que seguir”, dijo ayer el mandatario.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya entabló comunicación con la familia de la periodista, se informó.


Seis periodistas han sido asesinados en menos de un mes en México, poniendo de manifiesto el fracaso de las autoridades para garantizar la libertad de expresión y proteger a quienes se dedican a informar, de las amenazas y violencia derivadas de su trabajo.

El pasado viernes, el cuerpo mutilado de Marco Antonio Ávila García de 39 años, especializado en información sobre crimen organizado, fue encontrado en una bolsa de basura a la orilla de una carretera, en el estado de Sonora. El día anterior había sido secuestrado en un lavado de autos en Ciudad Obregón, donde vivía y trabajaba para dos periódicos.

La muerte de Ávila sucedió a los pocos días de haberse encontrado en la cajuela de un auto el cuerpo de otro periodista en la ciudad de Cuernavaca y dos semanas después de que los cuerpos mutilados de tres periodistas fueron descubiertos en Veracruz. Pocos días antes, el 28 de abril, una corresponsal de la revista semanal Proceso fue asesinada en su casa en Xalapa, Veracruz.

“Esta nueva ola de asesinatos a periodistas debe interpretarse como una enérgica llamada de atención a las autoridades mexicanas, que deben hacer más para proteger a las y los periodistas que se encuentran en riesgo por llevar a cabo su labor” Ha dicho hoy Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional para México.

“Las autoridades raramente identifican o llevan ante la justicia a los responsables de los ataques a periodistas, creando un clima de miedo y vulnerabilidad para quienes, a pesar de los riesgos continúan con su labor. Es vital que para cada uno de estos casos que se realicen investigaciones inmediatas, completas e imparciales, haciendo uso de los nuevas facultades federales de manera que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia”.

De acuerdo al portavoz de la Procuraduría Estatal de Sonora, la policía encontró un mensaje firmado por un grupo criminal a un lado del cuerpo de Marco Ávila, cuyo contenido aún no ha sido revelado.

El 13 de Mayo, pocos días antes del secuestro y asesinato de Marco Ávila, el cuerpo del ex periodista René Orta Salgado fue encontrado estrangulado en la cajuela de su auto en Cuernavaca. Salgado quien hasta enero había trabajado para en el periódico El Sol.

El 3 de mayo, la policía encontró los cuerpos de tres fotógrafos y una trabajadora de un medio en Boca del Río Veracruz.

Los tres fotógrafos, Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez, eran especialistas en cobertura policiaca y de crimen organizado. Sus nombres se encontraban en la lista negra que fue circulada por grupos criminales el año pasado. Irasema Becerra, trabajadora administrativa de un periódico y quién tenía una relación con Luna, también fue encontrada muerta

Varios días antes, el 28 de abril, la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, fue asesinada en Xalapa. Ella también había investigado grupos criminales y corrupció policiaca.

Los últimos asesinatos son la continuación de una ola de violencia en contra de los periodistas a lo largo de México que ocurre en el contexto de la lucha del gobierno en contra del crimen organizado que ha resultado en la muerte de más de 50,000 personas en los últimos cinco años.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, 81 periodistas han sido asesinados en el país desde el año 2000, y más de 14 se encuentran desaparecidos. Los perpetradores raramente han sido llevados ante la justicia.

Los graves riesgos a los que se enfrentan las y los periodistas han ocasionado que diversos medios hayan decidido dejar de cubrir hechos relacionados con el crimen organizado. Por ejemplo, el periódico El Mañana de la ciudad de Nuevo Laredo, anunció su decisión de auto censurarse después de que su oficinas fueron balaceadas a principios de este mes.

El 14 de mayo, un grupo de cuatro expertos en libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió un comunicado instando a las autoridades mexicanas a actuar rápidamente para poner fin a las amenazas a periodistas y defensores de Derechos Humanos.

Amnistía Internacional también ha instado repetidamente a las autoridades mexicanas a intensificar medidas que aseguren la libertad de expresión, incluyendo la implementación de la nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión mexicano, pero que aún no ha sido firmada por el Presidente.

Las reformas a la Constitución que permiten la investigación federal en crímenes relacionados con periodistas tampoco se han puesto en práctica.

“El Estado mexicano y las autoridades federales deben redoblar los esfuerzos para proteger a periodistas y a defensoras y defensores de derechos humanos y detener esta ola de asesinatos, que presenta una grave amenaza a la libertad de expresión”, agregó Knox.

“La nueva ley no valdrá el papel en la que está impresa hasta que sea acompañada de un esfuerzo serio y coordinado en el terreno, que permita una adecuada protección a los medios mexicanos y defensores de derechos humanos quienes se encuentran ahora bajo un creciente ataque”.

Información Adicional

El próximo jueves 24 de mayo durante la presentación del informe mundial anual, Amnistía Internacional hará un análisis de la situación de las y los periodistas en México, en cual participará la periodista Sanjuana Martínez.

Para registrarse y obtener mayor información sobre este evento, pueden visitar el sitio web: http://amnistia.org.mx/informe/

La Procuraduría General de la República (PGR) definirá en las próximas horas si ejerce facultad de atracción sobre la desaparición de la reportera de la fuente policiaca del diario El Zócalo de Saltillo, Coahuila, Hypatia Stephania Rodríguez Cardoso, y de su hijo, quienes presuntamente fueron privados de la libertad en su domicilio. Ella sería el tercer comunicador secuestrado de esa casa editorial del 2006.

De acuerdo con las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, la PGR debería atraer de facto cualquier investigación o presunción de delito contra comunicadores; sin embargo, la ausencia de una persona reportada por sus familiares corresponde a las procuradurías locales, empero, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila informó que “turnó el caso a la PGR”.

En julio del 2006, Rafael Ortiz Martínez, reportero de El Zócalo de Monclova, fue reportado como desaparecido ante la Procuraduría del estado por sus familiares, amigos y representantes de la casa editorial, hasta el momento se desconoce su paradero o que haya sido asesinado por grupos del crimen organizado.

En enero del 2010, el periodista Valentín Valdés Espinoza fue asesinado; también trabajaba para El Zócalo de Saltillo, pero además los medios de comunicación de televisión, radio y prensa escrita en varios municipios de Coahuila han sido agredidos con granadas y sus fachadas han sido rafagueadas con arma de fuego, de acuerdo con nueve indagatorias en el fuero federal y en el común.

En el caso de Rodríguez Cardoso, se sabe que el pasado jueves 7 de junio estuvo en un convivio por el día de la libertad de prensa al que acudió en compañía de su hijo de dos años; se retiró la madrugada del viernes e incluso mandó un mensaje a sus compañeros para avisar que ya se encontraba en su domicilio.

A partir de ese momento no se supo nada más. Se informó que no se presentó a trabajar y su familia fue a su vivienda, donde encontraron destrozos sin rastro de ella y su hijo, así como su vehículo, por lo que se presentó la denuncia ante la Subprocuraduría de Investigación de Personas No Localizadas, dependencia que informó que turnaría el caso a la Procuraduría General de la República.

rtorres@eleconomista.com.mx


MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación para dar con el paradero de la reportera Stephania Cardoso y su hijo de dos años, quienes están desaparecidos desde el viernes.

Familiares de la periodista que cubría la fuente policiaca desde hace varios años para el periódico Zócalo en Saltillo, Coahuila acudieron a denunciar los hechos ante las autoridades.

El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, ordenó al procurador de justicia, Homero Ramos Gloria, una investigación a fondo sobre el caso.

“Hay áreas muy sensibles en los periódicos y ofrecí hacer un protocolo de seguridad para protegerlos, y protocolos de conductas que todos tenemos que seguir”, dijo ayer el mandatario.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya entabló comunicación con la familia de la periodista, se informó.


Seis periodistas han sido asesinados en menos de un mes en México, poniendo de manifiesto el fracaso de las autoridades para garantizar la libertad de expresión y proteger a quienes se dedican a informar, de las amenazas y violencia derivadas de su trabajo.

El pasado viernes, el cuerpo mutilado de Marco Antonio Ávila García de 39 años, especializado en información sobre crimen organizado, fue encontrado en una bolsa de basura a la orilla de una carretera, en el estado de Sonora. El día anterior había sido secuestrado en un lavado de autos en Ciudad Obregón, donde vivía y trabajaba para dos periódicos.

La muerte de Ávila sucedió a los pocos días de haberse encontrado en la cajuela de un auto el cuerpo de otro periodista en la ciudad de Cuernavaca y dos semanas después de que los cuerpos mutilados de tres periodistas fueron descubiertos en Veracruz. Pocos días antes, el 28 de abril, una corresponsal de la revista semanal Proceso fue asesinada en su casa en Xalapa, Veracruz.

“Esta nueva ola de asesinatos a periodistas debe interpretarse como una enérgica llamada de atención a las autoridades mexicanas, que deben hacer más para proteger a las y los periodistas que se encuentran en riesgo por llevar a cabo su labor” Ha dicho hoy Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional para México.

“Las autoridades raramente identifican o llevan ante la justicia a los responsables de los ataques a periodistas, creando un clima de miedo y vulnerabilidad para quienes, a pesar de los riesgos continúan con su labor. Es vital que para cada uno de estos casos que se realicen investigaciones inmediatas, completas e imparciales, haciendo uso de los nuevas facultades federales de manera que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia”.

De acuerdo al portavoz de la Procuraduría Estatal de Sonora, la policía encontró un mensaje firmado por un grupo criminal a un lado del cuerpo de Marco Ávila, cuyo contenido aún no ha sido revelado.

El 13 de Mayo, pocos días antes del secuestro y asesinato de Marco Ávila, el cuerpo del ex periodista René Orta Salgado fue encontrado estrangulado en la cajuela de su auto en Cuernavaca. Salgado quien hasta enero había trabajado para en el periódico El Sol.

El 3 de mayo, la policía encontró los cuerpos de tres fotógrafos y una trabajadora de un medio en Boca del Río Veracruz.

Los tres fotógrafos, Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez, eran especialistas en cobertura policiaca y de crimen organizado. Sus nombres se encontraban en la lista negra que fue circulada por grupos criminales el año pasado. Irasema Becerra, trabajadora administrativa de un periódico y quién tenía una relación con Luna, también fue encontrada muerta

Varios días antes, el 28 de abril, la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, fue asesinada en Xalapa. Ella también había investigado grupos criminales y corrupció policiaca.

Los últimos asesinatos son la continuación de una ola de violencia en contra de los periodistas a lo largo de México que ocurre en el contexto de la lucha del gobierno en contra del crimen organizado que ha resultado en la muerte de más de 50,000 personas en los últimos cinco años.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, 81 periodistas han sido asesinados en el país desde el año 2000, y más de 14 se encuentran desaparecidos. Los perpetradores raramente han sido llevados ante la justicia.

Los graves riesgos a los que se enfrentan las y los periodistas han ocasionado que diversos medios hayan decidido dejar de cubrir hechos relacionados con el crimen organizado. Por ejemplo, el periódico El Mañana de la ciudad de Nuevo Laredo, anunció su decisión de auto censurarse después de que su oficinas fueron balaceadas a principios de este mes.

El 14 de mayo, un grupo de cuatro expertos en libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió un comunicado instando a las autoridades mexicanas a actuar rápidamente para poner fin a las amenazas a periodistas y defensores de Derechos Humanos.

Amnistía Internacional también ha instado repetidamente a las autoridades mexicanas a intensificar medidas que aseguren la libertad de expresión, incluyendo la implementación de la nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión mexicano, pero que aún no ha sido firmada por el Presidente.

Las reformas a la Constitución que permiten la investigación federal en crímenes relacionados con periodistas tampoco se han puesto en práctica.

“El Estado mexicano y las autoridades federales deben redoblar los esfuerzos para proteger a periodistas y a defensoras y defensores de derechos humanos y detener esta ola de asesinatos, que presenta una grave amenaza a la libertad de expresión”, agregó Knox.

“La nueva ley no valdrá el papel en la que está impresa hasta que sea acompañada de un esfuerzo serio y coordinado en el terreno, que permita una adecuada protección a los medios mexicanos y defensores de derechos humanos quienes se encuentran ahora bajo un creciente ataque”.

Información Adicional

El próximo jueves 24 de mayo durante la presentación del informe mundial anual, Amnistía Internacional hará un análisis de la situación de las y los periodistas en México, en cual participará la periodista Sanjuana Martínez.

Para registrarse y obtener mayor información sobre este evento, pueden visitar el sitio web: http://amnistia.org.mx/informe/