el ganado y la biomasa global

¿Debemos renunciar al chuletón para salvar al planeta?

Por Miguel Artime | Ciencia curiosa – mié, 27 jun 2012

Cada vez que nos mentan el ya innegable fenómeno del calentamiento global provocado por la actividad humana, se nos vienen imágenes de tubos de escape emitiendo gases de combustión, grandes chimeneas industriales liberando gases invernadero, etc. Pocas veces, por no decir ninguna, culpamos a nuestro irrefrenable apetito por la carne del aumento en las temperaturas del planeta. Lo crean o no la industria cárnica y la cría de ganado suman el 18% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que supone un impacto mayor que todo el transporte terrestre mundial, según informa la FAO.

Un dato devastador que apenas se conoce es que el 78% del total del área cultivable de tierras en nuestro planeta (e incluyo entre esas a los distintos terrenos destinados a pastos) se dedican de una forma u otra al mantenimiento de animales de granja. Y es que más de un tercio del grano cultivado en la Tierra se utiliza como forraje. ¿No sería mucho más lógico producir menos carne, criar menos animales y dedicar todo ese grano a la alimentación humana?

Ya no es simplemente por el hecho de asegurar la alimentación de personas en áreas poco favorecidas. Es que haciendo esto incluso se podrían dedicar excedentes a la producción de biocombustibles.

Sea como sea, necesitamos reducir drásticamente la cantidad de carne que comemos, particularmente la de vaca. Solo así podríamos reequilibrar el ciclo global del carbono, reduciendo los riesgos del calentamiento global.
Esto es lo que se desprende de un nuevo estudio realizado por científicos de la Universidad de Exeter en el Reino Unido, publicado recientemente en la revista Energy & Enviromental Science. De continuar con los hábitos actuales en el consumo de carne, y teniendo en cuenta el aumento previsto en la población del planeta, lo que nos espera es un desastre ecológico.
Para estos investigadores, no basta con reducir el consumo de carne; además, tendríamos que dedicar más porciones de tierra al cultivo de biomasa y al secuestro de carbono. A pesar de que las plantas son menos eficientes como proveedoras de energía en comparación con los combustibles fósiles, capturan y almacenan energía que de otro modo acabaría en la atmósfera.
Para evitar el desastre, los científicos proponen reducir para el año 2050 el consumo medio de carne desde el 16,6% actual hasta un 15% de la ingesta calórica diaria. Eso reduciría los niveles de dióxido de carbono en 25 partes por millón, lo cual bastaría para mantener el aumento de la temperatura global por debajo del límite de los dos grados, techo que según los expertos es el incremento máximo «seguro».
Teniendo en cuenta que en el año 2050 seremos 9.300 millones de personas en la Tierra, el reto es sin duda formidable. Hay que incrementar el consumo de vegetales y reducir poco a poco nuestro apetito por la carne si queremos preservar la sostenibilidad planetaria.

¿Debemos renunciar al chuletón para salvar al planeta?

Por Miguel Artime | Ciencia curiosa – mié, 27 jun 2012


Cada vez que nos mentan el ya innegable fenómeno del calentamiento global provocado por la actividad humana, se nos vienen imágenes de tubos de escape emitiendo gases de combustión, grandes chimeneas industriales liberando gases invernadero, etc. Pocas veces, por no decir ninguna, culpamos a nuestro irrefrenable apetito por la carne del aumento en las temperaturas del planeta. Lo crean o no la industria cárnica y la cría de ganado suman el 18% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que supone un impacto mayor que todo el transporte terrestre mundial, según informa la FAO.

Un dato devastador que apenas se conoce es que el 78% del total del área cultivable de tierras en nuestro planeta (e incluyo entre esas a los distintos terrenos destinados a pastos) se dedican de una forma u otra al mantenimiento de animales de granja. Y es que más de un tercio del grano cultivado en la Tierra se utiliza como forraje. ¿No sería mucho más lógico producir menos carne, criar menos animales y dedicar todo ese grano a la alimentación humana?

Ya no es simplemente por el hecho de asegurar la alimentación de personas en áreas poco favorecidas. Es que haciendo esto incluso se podrían dedicar excedentes a la producción de biocombustibles.

Sea como sea, necesitamos reducir drásticamente la cantidad de carne que comemos, particularmente la de vaca. Solo así podríamos reequilibrar el ciclo global del carbono, reduciendo los riesgos del calentamiento global.
Esto es lo que se desprende de un nuevo estudio realizado por científicos de la Universidad de Exeter en el Reino Unido, publicado recientemente en la revista Energy & Enviromental Science. De continuar con los hábitos actuales en el consumo de carne, y teniendo en cuenta el aumento previsto en la población del planeta, lo que nos espera es un desastre ecológico.
Para estos investigadores, no basta con reducir el consumo de carne; además, tendríamos que dedicar más porciones de tierra al cultivo de biomasa y al secuestro de carbono. A pesar de que las plantas son menos eficientes como proveedoras de energía en comparación con los combustibles fósiles, capturan y almacenan energía que de otro modo acabaría en la atmósfera.
Para evitar el desastre, los científicos proponen reducir para el año 2050 el consumo medio de carne desde el 16,6% actual hasta un 15% de la ingesta calórica diaria. Eso reduciría los niveles de dióxido de carbono en 25 partes por millón, lo cual bastaría para mantener el aumento de la temperatura global por debajo del límite de los dos grados, techo que según los expertos es el incremento máximo "seguro".
Teniendo en cuenta que en el año 2050 seremos 9.300 millones de personas en la Tierra, el reto es sin duda formidable. Hay que incrementar el consumo de vegetales y reducir poco a poco nuestro apetito por la carne si queremos preservar la sostenibilidad planetaria.

araña violinista

Esta es una araña violinista, inclusive catalogada como más peligrosa que la viuda negra (capulina).

El único antídoto en el mundo es producido en la ciudad de México en la UNAM, esta araña está llegando a Jalisco y a todo México gracias al cambio climático, y ha encontrado cómo proliferar en Guadalajara, se ve inofensiva, pero es mortal.

El año pasado intentamos traer el antídoto aquí para

Esta es una araña violinista, inclusive catalogada como más peligrosa que la viuda negra (capulina). El único antídoto en el mundo es producido en la ciudad de México en la UNAM, esta araña está llegando a Jalisco y a todo México gracias al cambio climático, y ha encontrado cómo proliferar en Guadalajara, se ve inofensiva, pero es mortal. El año pasado intentamos traer el antídoto aquí para

La carne asada más grande del mundo

Nuevo León es uno de principales estados en producción y consumo de carne. También es de los que tienen los índices de obesidad más altos. Es claro que los neoleoneses necesitan ser incentivados en un consumo mayor de vegetales y menor de carne. Es muy preocupante que en esta ocasión, la promoción de ésta última se dé por medio de un evento suntuoso y lucrativo, del cual las únicas beneficiadas serán las empresas patrocinadoras que comercializan productos cárnicos.

Ayúdanos a hacer ver a las autoridades que la producción de carne genera los principales problemas de maltrato animal, de destrucción ambiental, de salud y de despilfarro de recursos.

Nuevo León es uno de principales estados en producción y consumo de carne. También es de los que tienen los índices de obesidad más altos. Es claro que los neoleoneses necesitan ser incentivados en un consumo mayor de vegetales y menor de carne. Es muy preocupante que en esta ocasión, la promoción de ésta última se dé por medio de un evento suntuoso y lucrativo, del cual las únicas beneficiadas serán las empresas patrocinadoras que comercializan productos cárnicos.

Ayúdanos a hacer ver a las autoridades que la producción de carne genera los principales problemas de maltrato animal, de destrucción ambiental, de salud y de despilfarro de recursos.

prolongada sequía

Los líderes indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz defendieron el agua de su comunidad de las arbitrariedades de un grupo caciquil, pero se les fabricó un delito por el que estuvieron presos tres años


Ciudad de México.- José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz no sonríen, pero tampoco se quejan.

Es como si en el momento les cayeran encima los casi tres años pasados en la cárcel por un delito fabricado. Aún no asimilan estar libres, luego de que el miércoles pasado la Suprema Corte de Justicia así lo determinó.

«Yo sentía muy feo, tuve mucho sufrimiento, unos 15 días estuvimos en observación, las celdas, no pude dormir, completamente desesperado estuve yo, sentía un dolor muy fuerte, aparte de familia», expresa José Ramón.
«Yo en la cárcel sentí difícil porque nosotros, yo siento que mi familia estén tristes, se preocupan por nosotros», complementa Pascual.

Ambos hombres hablan pausado, articulando con dificultad las frases que les permiten sus limitados conocimientos del español, pues su lengua natal es el náhuatl. Esa circunstancia fue precisamente la que les impidió defenderse ante las autoridades.

A 15 horas de haber salido del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, afirman que en su corazón sólo existe disposición para perdonar a quienes los acusaron falsamente del delito de robo de vehículo.

Su historia, al igual que la de otros indígenas encarcelados tiene el denominador común de la discriminación por la pobreza y el origen étnico.

Ambos son originarios de la comunidad de Atla del municipio de Pahuatlán, Puebla, donde históricamente existe un conflicto por el acceso al agua.

Sólo algunos de los 2 mil 172 habitantes cuentan con este derecho pues el suministro es controlado por un grupo caciquil que exigen cuotas de hasta 5 mil pesos o 40 días de faenas no remuneradas.

En aras de conseguir el líquido, algunos pobladores se abastecen con cubetas o líneas de mangueras desde manantiales cercanos. Para impedirlo, el grupo caciquil contamina el agua con animales muertos y basura o corta las líneas de suministro.

Ante la ausencia de las autoridades la problemática ha escalado al punto de presentarse enfrentamientos campales y homicidios.

En mayo de 2008, los habitantes de Atla eligieron a José Ramón, de 64 años y padre de ocho hijos, como presidente auxiliar, y a Pascual, de 48 años y con seis hijos, como juez menor de paz.
Los hombres convocaron a una asamblea y renovaron el Comité del Agua, cuyos nuevos miembros hicieron suyo un proyecto auspiciado por el municipio para beneficiar gratuitamente a toda la población con el líquido.

El 22 de octubre de 2009 un incidente cambiaría la vida de los dirigentes comunitarios.

En esa fecha fueron embestidos por el vehículo que conducía Abraham Aparicio, hijo de Cristóbal Aparicio Domínguez, señalado como integrante del grupo caciquil. El responsable escapó y abandonó el vehículo con las llaves puestas.

El comandante de policía Carmelo Castillo Martínez llegó al lugar de los hechos, tomó nota del abandono y trasladó la unidad al corralón municipal. A pesar de que José Ramón y Pascual perdonaron a Cristóbal, 10 días después éste interpuso una denuncia penal por robo de vehículo con violencia.

El 13 enero de 2009 los hombres fueron detenidos por ese ilícito y en 12 de julio se les dictó una sentencia de 7 años y 22 días de prisión. El Tribunal Superior de Justicia del estado confirmó la responsabilidad, pero modificó el castigo a 6 años, 10 mes y 20 días de prisión.

Castillo fue detenido en 2011, acusándolo de cómplice, y recuperó su libertad el pasado 23 de noviembre.
El caso de los activistas fue llevado ante la Corte luego de que la defensa alegó que las acusaciones eran falsas y no existían pruebas para sostenerlas, además de que jamás se les proporcionó un intérprete. La primera sala ordenó ponerlos en libertad.

«No es tolerable que en un país como México sigamos asistiendo al uso del sistema de justicia penal para encarcelar y reprimir las demandas legítimas de la población», reprochó ayer Daniel Zapico, de Amnistía Internacional.

«La respuesta es muy sencilla, en una palabra: corrupción. Eso fue lo que sucedió en el caso de ellos, no se necesita tener un gran puesto de poder, sino una cifra considerable de dinero, unos 20 o 30 mil pesos para que el Ministerio Público inicie una averiguación previa por un delito inexistente y luego al juez darle otro tanto», expresó Araceli Olivo, abogada del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

El miércoles a las 18:00 horas terminó el encierro para José Ramón y Pascual. Fueron recibidos afuera del por sus esposas Brígida Cruz y Salustia Aparicio, quienes los acompañaron ayer en la rueda de prensa que ofrecieron.

Ahora volverán a su casa donde los espera una fiesta en la comunidad.

Pero el conflicto del agua continúa sin solucionarse.

«Sabemos que las personas nos echaron en la cárcel, nos difamaron, pero yo siento en mi corazón que aunque estuvimos tres años encarcelados, desesperados, pensativos, preocupadísimos por nuestras familias por mi parte siento en mi corazón que yo los perdono, no quiero venganzas, no quiero a ellos con enemigos», dice con franqueza José Ramón.

«No es bueno hacer una venganza, nosotros somos personas inocentes y por eso no vamos a hacer eso», agrega Pascual.


La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) anunció que se ampliará y acelerará el pago del programa “70 y más” en comunidades afectadas por la sequía, además de que se agilizará la entrega de recursos de Oportunidades a beneficiarios afectados en el norte del país.

El titular de la Sedesol, Heriberto Félix Guerra, explicó que la dependencia comenzó con la entrega de apoyos directos desde el 16 de enero en varias entidades afectadas y en los casos de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas se aplicó un operativo especial.
El responsable de la política social del país afirmó que con el “70 y más” se pretende incrementar en más de un millón el padrón de beneficiarios, para llegar a tres millones 500 mil antes de que finalice el año.
Adelantó que se comenzarán a censar de nuevo las comunidades más afectadas por la sequía, con el objetivo de identificar a las familias que podrían incorporarse al Programa Oportunidades y recibir apoyos en alimentación, educación y salud.

Félix Guerra abundó que estas medidas de celeridad se dan como parte de la Estrategia Integral para la Atención de la Sequía 2012, que se suman a las acciones ya emprendidas para distribuir agua potable para consumo humano y paquetes alimentarios entre la población de las comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

En este marco, detalló que a la Sedesol le corresponde abastecer de agua potable a las comunidades afectadas, de insumos alimentarios básicos, cobijas y emitir los recursos del Programa de Empleo Temporal, que se aplicará en las zonas afectadas para evitar el éxodo masivo de indígenas a las ciudades.
“Si no llueve en los próximos meses, estimamos que se ocupará el equivalente a 500,000 vueltas o viajes de pipas de 10,000 litros cada una”, expuso.

Aclaró que la Sedesol ha otorgado los apoyos con total rendición de cuentas, por ello se han conformado comités comunitarios de transparencia, los cuales se encargan de administrar el agua y los alimentos.

Chihuahua.- El indígena rarámuri Juan Antonio Remechi tuvo que caminar un día y medio los 105 kilómetros de terreno sinuoso que hay entre su comunidad, en Batopilas, y un centro nutricional de Guachochi, para avisar que su hija se estaba muriendo.

«La niña casi ni se movía, estaba enferma y me vine a Guachoci desde Chilochique (municipio de Batopilas), y los doctores fueron por mi niña y mi señora», narra en entrevista el hombre de 40 años.

Ahora, después de dos meses, en el Centro de Recuperación Nutricional y Albergue Materno dieron de alta a la pequeña María, de dos años y medio, tras presentar desnutrición severa.

Desde que internaron a la pequeña, Juan ha servido como intérprete y se incorporó además a las labores cotidianas del albergue, en donde se fomenta el aprendizaje del cultivo de hortalizas y se construyen prototipos de vivienda con paja y adobe.

«Aquí ayudo al centro en lo que se ofrezca, porque desde hace dos meses que trajeron a mija para levantarla, me he puesto a aprender a cultivar ajo, cilantro, papa y otras cosas que pueden crecer con poca agua», indica el indígena.

Aunque Juan tiene tres hijos más, todos habían podido sobrevivir a la falta de alimentos, pero el nacimiento de su pequeña coincidió con la peor sequía que se recuerde en esta zona en los últimos 70 años.

«Somos muy pobres, pero nunca nos había pasado que se nos estuviera muriendo una criatura, porque como que mi esposa no comió bien y no criaba leche, y la niña se nos empezó a morir», cuenta.

La condiciones históricas de pobreza aunado a la peor sequía que se vive en la Sierra Tarahumara, ha hecho que cada año el sector Salud reporte un promedio de 15 muertes a causa de la desnutrición severa.

«Tenemos en los últimos 10 años cifras muy similares en los casos de mortandad de niños por desnutrición, sólo que en la década pasada éstos ocurrían por las fuertes nevadas y ahora se dan por la sequía», lamentó Joel David Lomelí, coordinador de Epidemiología del Sector Salud de la Subsede Guachochi.

Informó que hasta el momento han arribado 231 infantes con desnutrición leve, 43 con moderada y 30 con desnutrición severa.


Ciudad ed México.- Unos 50 indígenas rarámuris se suicidaron en diciembre de 2011 en la Sierra Tarahumara de México por la desesperación de no poder alimentar a sus hijos, denunció el domingo a la prensa Ramón Gardea, integrante del sindicato Frente Organizado de Campesinos.

«Las mujeres indígenas cuando llevan cuatro o cinco días sin poder darle de comer a sus hijos, se ponen tristes; y es tanta su tristeza que hasta el 10 de diciembre (2011) 50 hombres y mujeres, pensando que no tienen que darle a sus hijos, se arrojaron al barranco», dijo Gardea a una televisora del estado de Chihuahua (norte), donde se ubica la sierra Tarahumara.

Ante la falta de alimentos los indígenas «se avientan al barranco, otros se ahorcan», insistió Gardea.

Chihuahua es uno de los estados más afectados por una prolongada sequía, cuyos efectos se han recrudecido por el invierno boreal en México.

La sequía, considerada por las autoridades como la peor en la historia moderna de México, provocó la pérdida en la Sierra Tarahumara de 20.000 toneladas de maíz para autoconsumo, según datos del gobierno de Chihuahua.

El líder campesino no precisó cuándo se registró el primer suicidio de los indígenas, que tienen como principales actividades económicas la agricultura, la caza, manufactura de cestos y cobijas, además de la explotación forestal.

Una colecta ciudadana de alimentos para los indígenas de la Sierra Tarahumara se desarrolla este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza principal del país.

Los líderes indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz defendieron el agua de su comunidad de las arbitrariedades de un grupo caciquil, pero se les fabricó un delito por el que estuvieron presos tres años


Ciudad de México.- José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz no sonríen, pero tampoco se quejan.

Es como si en el momento les cayeran encima los casi tres años pasados en la cárcel por un delito fabricado. Aún no asimilan estar libres, luego de que el miércoles pasado la Suprema Corte de Justicia así lo determinó.
"Yo sentía muy feo, tuve mucho sufrimiento, unos 15 días estuvimos en observación, las celdas, no pude dormir, completamente desesperado estuve yo, sentía un dolor muy fuerte, aparte de familia", expresa José Ramón.
"Yo en la cárcel sentí difícil porque nosotros, yo siento que mi familia estén tristes, se preocupan por nosotros", complementa Pascual.
Ambos hombres hablan pausado, articulando con dificultad las frases que les permiten sus limitados conocimientos del español, pues su lengua natal es el náhuatl. Esa circunstancia fue precisamente la que les impidió defenderse ante las autoridades.

A 15 horas de haber salido del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, afirman que en su corazón sólo existe disposición para perdonar a quienes los acusaron falsamente del delito de robo de vehículo.

Su historia, al igual que la de otros indígenas encarcelados tiene el denominador común de la discriminación por la pobreza y el origen étnico.

Ambos son originarios de la comunidad de Atla del municipio de Pahuatlán, Puebla, donde históricamente existe un conflicto por el acceso al agua.

Sólo algunos de los 2 mil 172 habitantes cuentan con este derecho pues el suministro es controlado por un grupo caciquil que exigen cuotas de hasta 5 mil pesos o 40 días de faenas no remuneradas.

En aras de conseguir el líquido, algunos pobladores se abastecen con cubetas o líneas de mangueras desde manantiales cercanos. Para impedirlo, el grupo caciquil contamina el agua con animales muertos y basura o corta las líneas de suministro.

Ante la ausencia de las autoridades la problemática ha escalado al punto de presentarse enfrentamientos campales y homicidios.

En mayo de 2008, los habitantes de Atla eligieron a José Ramón, de 64 años y padre de ocho hijos, como presidente auxiliar, y a Pascual, de 48 años y con seis hijos, como juez menor de paz.
Los hombres convocaron a una asamblea y renovaron el Comité del Agua, cuyos nuevos miembros hicieron suyo un proyecto auspiciado por el municipio para beneficiar gratuitamente a toda la población con el líquido.

El 22 de octubre de 2009 un incidente cambiaría la vida de los dirigentes comunitarios.

En esa fecha fueron embestidos por el vehículo que conducía Abraham Aparicio, hijo de Cristóbal Aparicio Domínguez, señalado como integrante del grupo caciquil. El responsable escapó y abandonó el vehículo con las llaves puestas.

El comandante de policía Carmelo Castillo Martínez llegó al lugar de los hechos, tomó nota del abandono y trasladó la unidad al corralón municipal. A pesar de que José Ramón y Pascual perdonaron a Cristóbal, 10 días después éste interpuso una denuncia penal por robo de vehículo con violencia.

El 13 enero de 2009 los hombres fueron detenidos por ese ilícito y en 12 de julio se les dictó una sentencia de 7 años y 22 días de prisión. El Tribunal Superior de Justicia del estado confirmó la responsabilidad, pero modificó el castigo a 6 años, 10 mes y 20 días de prisión.

Castillo fue detenido en 2011, acusándolo de cómplice, y recuperó su libertad el pasado 23 de noviembre.
El caso de los activistas fue llevado ante la Corte luego de que la defensa alegó que las acusaciones eran falsas y no existían pruebas para sostenerlas, además de que jamás se les proporcionó un intérprete. La primera sala ordenó ponerlos en libertad.
"No es tolerable que en un país como México sigamos asistiendo al uso del sistema de justicia penal para encarcelar y reprimir las demandas legítimas de la población", reprochó ayer Daniel Zapico, de Amnistía Internacional.
"La respuesta es muy sencilla, en una palabra: corrupción. Eso fue lo que sucedió en el caso de ellos, no se necesita tener un gran puesto de poder, sino una cifra considerable de dinero, unos 20 o 30 mil pesos para que el Ministerio Público inicie una averiguación previa por un delito inexistente y luego al juez darle otro tanto", expresó Araceli Olivo, abogada del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

El miércoles a las 18:00 horas terminó el encierro para José Ramón y Pascual. Fueron recibidos afuera del por sus esposas Brígida Cruz y Salustia Aparicio, quienes los acompañaron ayer en la rueda de prensa que ofrecieron.

Ahora volverán a su casa donde los espera una fiesta en la comunidad.

Pero el conflicto del agua continúa sin solucionarse.

"Sabemos que las personas nos echaron en la cárcel, nos difamaron, pero yo siento en mi corazón que aunque estuvimos tres años encarcelados, desesperados, pensativos, preocupadísimos por nuestras familias por mi parte siento en mi corazón que yo los perdono, no quiero venganzas, no quiero a ellos con enemigos", dice con franqueza José Ramón.
"No es bueno hacer una venganza, nosotros somos personas inocentes y por eso no vamos a hacer eso", agrega Pascual.



La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) anunció que se ampliará y acelerará el pago del programa “70 y más” en comunidades afectadas por la sequía, además de que se agilizará la entrega de recursos de Oportunidades a beneficiarios afectados en el norte del país.

El titular de la Sedesol, Heriberto Félix Guerra, explicó que la dependencia comenzó con la entrega de apoyos directos desde el 16 de enero en varias entidades afectadas y en los casos de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas se aplicó un operativo especial.
El responsable de la política social del país afirmó que con el “70 y más” se pretende incrementar en más de un millón el padrón de beneficiarios, para llegar a tres millones 500 mil antes de que finalice el año.
Adelantó que se comenzarán a censar de nuevo las comunidades más afectadas por la sequía, con el objetivo de identificar a las familias que podrían incorporarse al Programa Oportunidades y recibir apoyos en alimentación, educación y salud.

Félix Guerra abundó que estas medidas de celeridad se dan como parte de la Estrategia Integral para la Atención de la Sequía 2012, que se suman a las acciones ya emprendidas para distribuir agua potable para consumo humano y paquetes alimentarios entre la población de las comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

En este marco, detalló que a la Sedesol le corresponde abastecer de agua potable a las comunidades afectadas, de insumos alimentarios básicos, cobijas y emitir los recursos del Programa de Empleo Temporal, que se aplicará en las zonas afectadas para evitar el éxodo masivo de indígenas a las ciudades.
“Si no llueve en los próximos meses, estimamos que se ocupará el equivalente a 500,000 vueltas o viajes de pipas de 10,000 litros cada una”, expuso.

Aclaró que la Sedesol ha otorgado los apoyos con total rendición de cuentas, por ello se han conformado comités comunitarios de transparencia, los cuales se encargan de administrar el agua y los alimentos.


Chihuahua.- El indígena rarámuri Juan Antonio Remechi tuvo que caminar un día y medio los 105 kilómetros de terreno sinuoso que hay entre su comunidad, en Batopilas, y un centro nutricional de Guachochi, para avisar que su hija se estaba muriendo.

"La niña casi ni se movía, estaba enferma y me vine a Guachoci desde Chilochique (municipio de Batopilas), y los doctores fueron por mi niña y mi señora", narra en entrevista el hombre de 40 años.

Ahora, después de dos meses, en el Centro de Recuperación Nutricional y Albergue Materno dieron de alta a la pequeña María, de dos años y medio, tras presentar desnutrición severa.

Desde que internaron a la pequeña, Juan ha servido como intérprete y se incorporó además a las labores cotidianas del albergue, en donde se fomenta el aprendizaje del cultivo de hortalizas y se construyen prototipos de vivienda con paja y adobe.

"Aquí ayudo al centro en lo que se ofrezca, porque desde hace dos meses que trajeron a mija para levantarla, me he puesto a aprender a cultivar ajo, cilantro, papa y otras cosas que pueden crecer con poca agua", indica el indígena.

Aunque Juan tiene tres hijos más, todos habían podido sobrevivir a la falta de alimentos, pero el nacimiento de su pequeña coincidió con la peor sequía que se recuerde en esta zona en los últimos 70 años.

"Somos muy pobres, pero nunca nos había pasado que se nos estuviera muriendo una criatura, porque como que mi esposa no comió bien y no criaba leche, y la niña se nos empezó a morir", cuenta.

La condiciones históricas de pobreza aunado a la peor sequía que se vive en la Sierra Tarahumara, ha hecho que cada año el sector Salud reporte un promedio de 15 muertes a causa de la desnutrición severa.

"Tenemos en los últimos 10 años cifras muy similares en los casos de mortandad de niños por desnutrición, sólo que en la década pasada éstos ocurrían por las fuertes nevadas y ahora se dan por la sequía", lamentó Joel David Lomelí, coordinador de Epidemiología del Sector Salud de la Subsede Guachochi.

Informó que hasta el momento han arribado 231 infantes con desnutrición leve, 43 con moderada y 30 con desnutrición severa.



Ciudad ed México.- Unos 50 indígenas rarámuris se suicidaron en diciembre de 2011 en la Sierra Tarahumara de México por la desesperación de no poder alimentar a sus hijos, denunció el domingo a la prensa Ramón Gardea, integrante del sindicato Frente Organizado de Campesinos.

"Las mujeres indígenas cuando llevan cuatro o cinco días sin poder darle de comer a sus hijos, se ponen tristes; y es tanta su tristeza que hasta el 10 de diciembre (2011) 50 hombres y mujeres, pensando que no tienen que darle a sus hijos, se arrojaron al barranco", dijo Gardea a una televisora del estado de Chihuahua (norte), donde se ubica la sierra Tarahumara.

Ante la falta de alimentos los indígenas "se avientan al barranco, otros se ahorcan", insistió Gardea.

Chihuahua es uno de los estados más afectados por una prolongada sequía, cuyos efectos se han recrudecido por el invierno boreal en México.

La sequía, considerada por las autoridades como la peor en la historia moderna de México, provocó la pérdida en la Sierra Tarahumara de 20.000 toneladas de maíz para autoconsumo, según datos del gobierno de Chihuahua.

El líder campesino no precisó cuándo se registró el primer suicidio de los indígenas, que tienen como principales actividades económicas la agricultura, la caza, manufactura de cestos y cobijas, además de la explotación forestal.

Una colecta ciudadana de alimentos para los indígenas de la Sierra Tarahumara se desarrolla este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza principal del país.

animales en peligro de extinción

México, DF.- Luis José Larumbe Mendoza, quien hasta ayer se encargaba de la Unidad de Atención Ciudadana de los Servicios de Salud de Oaxaca, renunció a su cargo luego de que salieran a la luz pública unas fotografías en las que se evidenció las prácticas de cacería que realizaba con animales en peligro de extinción.


Según el portal de noticias Página 3, el funcionario habría presentado hoy su renuncia ante los Servicios de Salud de Oaxaca.

El ahora ex funcionario señaló que las actividades que le son imputadas las realizó a título personal y sin comprometer los recursos públicos de la dependencia donde prestaba sus servicios, menciona el portal.
El martes se difundieron imágenes del funcionario estatal exhibiendo como trofeo a un jaguar, un cocodrilo, venados cola blanca y un tapir, especies amenazadas y que su caza podría penalizarse hasta con nueve años de cárcel, dijo la delegada de la PROFEPA en ese estado Laura Aguilar Chagoya.

Trabajadores de la Secretaría de Salud, quienes de manera anónima hicieron llegar las fotografías a los medios de comunicación, señalaron que Larume Mendoza se ausentaba de su cargo, bajo el cobijo del titular de la dependencia, Germán Tenorio Vasconcelos, para dedicarse al deporte de la caza de estas especies, incluso utilizando vehículos oficiales.

México, DF.- Luis José Larumbe Mendoza, quien hasta ayer se encargaba de la Unidad de Atención Ciudadana de los Servicios de Salud de Oaxaca, renunció a su cargo luego de que salieran a la luz pública unas fotografías en las que se evidenció las prácticas de cacería que realizaba con animales en peligro de extinción.


Según el portal de noticias Página 3, el funcionario habría presentado hoy su renuncia ante los Servicios de Salud de Oaxaca.

El ahora ex funcionario señaló que las actividades que le son imputadas las realizó a título personal y sin comprometer los recursos públicos de la dependencia donde prestaba sus servicios, menciona el portal.
El martes se difundieron imágenes del funcionario estatal exhibiendo como trofeo a un jaguar, un cocodrilo, venados cola blanca y un tapir, especies amenazadas y que su caza podría penalizarse hasta con nueve años de cárcel, dijo la delegada de la PROFEPA en ese estado Laura Aguilar Chagoya.

Trabajadores de la Secretaría de Salud, quienes de manera anónima hicieron llegar las fotografías a los medios de comunicación, señalaron que Larume Mendoza se ausentaba de su cargo, bajo el cobijo del titular de la dependencia, Germán Tenorio Vasconcelos, para dedicarse al deporte de la caza de estas especies, incluso utilizando vehículos oficiales.

ejecuciones en Guerrero

Gloria Leticia Díaz29 de noviembre de 2012  Reportaje EspecialLas comunidades serranas de Guerrero se están quedando desiertas. Sus habitantes huyen en masa para librarse de los ataques de paramilitares al servicio de talamontes y narcos, que as…

Gloria Leticia Díaz
29 de noviembre de 2012 

Reportaje Especial


Las comunidades serranas de Guerrero se están quedando desiertas. Sus habitantes huyen en masa para librarse de los ataques de paramilitares al servicio de talamontes y narcos, que asesinan a los líderes campesinos… pero también escapan del Ejército y de las corporaciones policiacas, que acosan a los defensores del medio ambiente. Los desplazados señalan que las agresiones tienen como objeto expulsarlos para que los caciques y capos sobreexploten los recursos naturales de la zona y cuenten con rutas libres para traficar drogas.



PUERTO LAS OLLAS, SIERRA DE GUERRERO (Proceso).- Como parte de la disputa por las rutas de tráfico de drogas y de recursos madereros, paramilitares vinculados al crimen organizado amenazaron de muerte y ahuyentaron a campesinos de la comunidad La Laguna, en el municipio de Coyuca de Catalán.
La noche del 21 de abril, 30 adultos, la mayoría mujeres y ancianos, con 77 niños, 34 de ellos menores de cinco años, atravesaron en siete camionetas y durante cinco horas el filo mayor de la Sierra Madre del Sur para llegar a Puerto Las Ollas, una comunidad encabezada por Álvaro García Ávila.
No es el único caso. El pasado miércoles 8, el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Ramón Almonte Borja, informó a medios de comunicación de Chilpancingo que se han registrado otros desplazamientos en el mismo municipio de Coyuca de Catalán, así como en los de Coahuayutla, La Unión, José Azueta, Petatlán, Ajuchitlán del Progreso y Pungarabato.
Ramón Almonte es hermano del que fuera primer secretario del consulado de México en Chicago, Jaime Almonte Borja, asesinado de cuatro balazos el pasado 1 de enero en El Naranjo, también en Coyuca de Catalán, de donde es originaria su familia.
Tras un acto oficial, Almonte Borja reconoció que la sierra guerrerense “está siendo devastada económicamente por grupos criminales; (y además) tenemos un gravísimo problema de robo de vehículos, extorsión, secuestro y de pago de piso”.
Para el líder de Puerto Las Ollas, Álvaro García Ávila, la situación es más grave, puesto que la violencia la atizan grupos paramilitares vinculados con el narcotráfico.
“A mí también ya me han amenazado –señala en entrevista–; quieren invadir la sierra con sus porquerías. Han llegado a decirme que, si les dejo poner sus famosas tienditas, ellos me van a dar una parte de sus ganancias. No podemos permitir eso: de por sí somos pobres, y luego gastar lo poco que tenemos en drogas, como que no está bien, por eso estamos dispuestos a todo para que no entre esa gente.”
Sin embargo, se enfrentaron a un poder armado que no tiene contrapeso gubernamental. Sin dinero, sin comida ni ropa, los campesinos de La Laguna no soportaron más la situación. Su líder, Rubén Santana Alonso, fue asesinado el 16 de febrero pasado, en tanto que su hijo, Sergio Santana Villa, y otras dos personas corrieron la misma suerte el 17 de abril. Todos ellos fueron emboscados por paramilitares que, a decir de los campesinos, viven en las comunidades de Hacienda de Dolores y Los Ciruelos.
El 18 de abril, el líder de la comunidad La Morena, Javier Torres Cruz, también murió emboscado. Ya en diciembre de 2009 había sido detenido por militares y entregado a presuntos pistoleros de Rogaciano Alba Álvarez, el exalcalde de Petatlán ahora procesado por narcotráfico y a quien Torres denunció como asesino intelectual de la abogada Digna Ochoa.
En 1998, Santana Alonso, Torres Cruz y García Ávila participaron en la fundación de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), cuyos integrantes han sido constantemente hostigados por talamontes, soldados y policías.
Apenas este viernes 10, Felipe Torres Cruz, hermano de Javier y quien también resultó herido en la emboscada, informó por teléfono que a finales de mayo se comunicó con el procurador de justicia estatal, Alberto López Rosas, para conocer los avances en la investigación del esclarecimiento del crimen.
“La única demanda que hemos hecho al gobierno es que haga justicia –enfatiza Felipe Torres–, tan es así que cuando vino a La Morena gente de la procuraduría (estatal), yo le di nombres de algunos de los que mataron a mi hermano, que era un grupo de unos 60 hombres, pero cuando llamé al procurador me contestó que la cosa estaba muy difícil, y que si no sería más fácil que nos saliéramos de la sierra… Como si nosotros fuéramos los culpables. Y luego, ¿a dónde quiere que nos vayamos a morir de hambre?”
La indiferencia es la actitud que los tres órdenes de gobierno adoptan hacia los actos delictivos contra las comunidades. Felipe Torres agrega que el pasado lunes 6 se comunicó a las oficinas centrales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) para informar que paramilitares se reunirían el viernes 10 para recibir armas “de parte de Sergio Barragán, que está en la Ciudad de México y es con quien están aliados, pero en la Sedena me dijeron que tenían mucho trabajo y en la Marina que estaba muy lejos el lugar que les indiqué”.
En el sexenio de Felipe Calderón, sobre todo de 2007 a 2009, las comunidades serranas defensoras de los bosques han denunciado incursiones violentas de militares y policías que llegan disparando sin motivo.
A la OCESP pertenecían Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos y torturados por militares en mayo 1999, caso por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria para el Estado mexicano.
Como prosiguió su labor de defender los bosques, García Ávila también fue detenido por militares en febrero de 1999 y estuvo encarcelado en el penal de Acapulco por supuesta portación de armas.
Agresiones desde el gobierno

El pasado 12 de mayo, Proceso acompañó hasta Puerto Las Ollas a una misión humanitaria coordinada por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y a la que se sumaron visitadores de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum-Gro).
Esta comunidad está a nueve horas del puerto de Acapulco. En el trayecto se cruzan Las Humedades y Rancho Nuevo, poblaciones abandonadas a causa de los ataques y las amenazas de los grupos paramilitares del narco.
El dirigente del FODEG, Bertoldo Martínez Cruz, informa que por lo menos 32 personas han sido asesinadas en ese tramo. “Todos esos crímenes tienen que ver con la ambición por los recursos naturales y por querer apropiarse de las rutas que usan los narcotraficantes. Es la ruta que siempre ha querido Rogaciano Alba”, puntualiza.
Los habitantes de Puerto Las Ollas sólo tienen cultivos de autoconsumo y carecen de los servicios básicos. A la pequeña escuela llega de vez en cuando una maestra para atender a decenas de niños de distintas edades. Pese a su pobreza, los habitantes de esta comunidad pusieron a disposición de los refugiados terrenos en los que se improvisaron viviendas con carpas y estructuras de madera.
Al frente del grupo de desplazados, Juventina Villa, viuda de Rubén Santana, revela entre sollozos que días antes de su asesinato, el líder recibió fuertes presiones de los talamontes para que les permitiera cortar madera. “Cuando mataron a mi esposo pensamos que todo era por las maderas, por eso decidimos quedarnos; pero cuando mataron a mi hijo y a otros dos más, nos mandaron decir que no levantáramos ninguna denuncia y que nos saliéramos de ahí”.
Ella y varios campesinos que huyeron de su comunidad dicen que el día que emboscaron a Santana Alonso había un contingente militar a unos dos kilómetros del lugar del ataque, pero no persiguió a los asesinos. Días después Juventina lloraba en la tumba de su marido, cuando unos soldados llegaron en tres vehículos del 40 Batallón de Infantería y fotografiaron el sepulcro.
“Toda la gente estaba asustada, pero los soldados dijeron que habían ido por una recomendación de derechos humanos, y yo les dije que para qué venían a sacar fotos si mi marido ya estaba muerto”, añade la señora Villa.
Los campesinos afirman que por la misma violencia quedaron abandonadas otras dos comunidades de la sierra, Los Órganos y Los Pescados. “Algunos se van al pueblo (la cabecera municipal de Coyuca de Catalán), unos más a otras comunidades o de plano a Estados Unidos; nosotros no podemos irnos a otro lado que no sea el campo, porque nadie tiene estudios, apenas y sabemos escribir nuestro nombre”, comenta José, de 22 años, quien se escapó de Los Ciruelos junto con su familia y se refugió en Puerto Las Ollas con los desplazados de La Laguna.
Éstos señalan como instigadores de la violencia a familiares del exdirector de la Policía Ministerial del estado, Erit Montúfar Mendoza, sobre todo su hermano Gilberto Montúfar, a quien identifican como líder de Los Pelones, el brazo armado del cártel de los Beltrán Leyva en la región.
Según ellos, en la zona se han cometido varios crímenes contra pobladores que se negaban a dejar sus propiedades para permitir la tala indiscriminada y dejar el paso libre al tráfico de drogas.
Como funcionario de la administración de Zeferino Torreblanca, Montúfar fue señalado en 2007 por encabezar un operativo de 100 policías estatales y ministeriales que provocaron destrozos y maltrataron a habitantes de La Laguna en 2007, lo que motivó la recomendación 38/2008 de la Coddehum. Sin embargo, en ésta sólo se consideró como responsables a los policías estatales.
El mismo 12 de mayo, los desplazados de La Laguna exigieron el esclarecimiento de los homicidios y que se castigue a los culpables, pero también le pidieron al visitador de la Coddehum Adelaido Memije que interviniera para atender las necesidades de vivienda, salud y alimentación, sobre todo para los ancianos, los niños y las embarazadas.
Justicia, la mejor ayuda

Las peticiones de justicia por los crímenes que obligaron a los campesinos a refugiarse en Las Ollas, así como protección para recuperar sus propiedades y reincorporarse a la vida productiva, fueron medianamente escuchadas por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero ocho días después de que organizaciones sociales, la Coddehum y representantes de medios de comunicación acudieran a la región.
Enviados del gobierno estatal “llegaron el viernes 20 con cobertores, despensas, techos de lámina de cartón, herramientas para construir las casitas y trabajar la tierra. Vino una brigada de doctores… (Las autoridades) se echaron el compromiso de meter las manos para agarrar a esa gente que anda matando a los campesinos en la sierra y que iban a subir más policías para acompañar a la gente a La Laguna a recuperar algo de lo que dejaron en su comunidad”, dice por teléfono el líder campesino de esa comunidad, Álvaro García Ávila.
De todas formas, en conferencia de prensa, el 23 de mayo en Chilpancingo, el secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, pidió la intervención federal para combatir la violencia en la sierra guerrerense, que atribuye al crimen organizado.
En el mismo encuentro con los medios de comunicación, el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC) del estado, Almonte Borja, reconoció que tan sólo en La Laguna se han cometido 15 asesinatos recientemente.
Ahí mismo, el gobierno del estado informó que proporcionó material y equipo para la construcción de 54 casas para los desplazados de La Laguna en Las Ollas, en un operativo encabezado por Almonte Borja y Víctor Aguirre Alcaide, subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno.
No obstante, y aun cuando expresó su reconocimiento al gobierno de Aguirre Rivero por este primer paso, el líder de Puerto Las Ollas, Álvaro García Ávila, manifestó que los habitantes de la sierra guerrerense necesitan más que despensas y techos de cartón:
“Hasta ahora lo que hay son tres camionetas de policías estatales que están patrullando Las Ollas, y aún no se ponen de acuerdo cuándo van a llevar a la gente a recuperar sus animalitos o lo poco que dejaron en sus casas.
“Aunque ya tienen espacio aquí para instalarse, lo que esa gente quiere es regresar a sus casitas, a sus tierras, pero sobre todo quieren justicia, que agarren a los asesinos de los defensores de los bosques, que, como sabemos, nomás quieren llevarse nuestros recursos naturales y vendernos su porquería de droga.”

Este reportaje se publicó originalmente el 19 de junio de 2001 en la edición 1807 de la revista Proceso bajo el título: Guerrero: las comunidades se quedan solas. Y Juventina Villa, asesinada ayer miércoles junto con su hijo, fue una de las entrevistadas por Gloria Leticia Díaz.



Tenían vigilancia y aun así ejecutan a activistas en Guerrero


Ezequiel Flores Contreras
28 de noviembre de 2012 ·

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPC), Juventina Villa Mojica, y su hijo Reynaldo Santana Villa fueron ejecutados durante una emboscada esta tarde en la Sierra Madre del Sur, indican reportes oficiales.

Los activistas fueron atacados a tiros por un comando, a pesar de que eran resguardados por al menos 25 agentes de la Policía Preventiva Estatal (PPE) que estaban asignados a su seguridad desde mayo del año pasado; hasta el momento se desconoce el paradero de los uniformados.

De acuerdo con una tarjeta de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Protección Civil (SSPEPC), el hecho se reportó a las 13:15 horas en las inmediaciones del poblado serrano de La Laguna y al que se accede tras 12 horas en auto desde la cabecera municipal de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente.

La información oficial sobre la ejecución de Juventina Villa y su hijo ha sido escueta y se maneja en total hermetismo ante la gravedad del hecho.

En las últimas semanas, Villa había denunciado públicamente amenazas de muerte en su contra, mismas que se intensificaron luego de que el domingo 11 fueron ejecutados dos de sus sobrinos en la misma zona, caracterizada por la presencia de grupos paramilitares que disputan el control de la producción y trasiego de droga.

Villa, esposa de Rubén Santana Alonso –otro dirigente de la OCESPC que fue ejecutado en febrero pasado– dio a conocer que al menos 21 familias habían sido desplazadas por la narcoviolencia.

La activista responsabilizó de estos hechos a un grupo de presuntos narcotraficantes encabezados por José Rauda, Orbelín Hernández, Marcelo Benítez Núñez y Saqueo Peñaloza Castillo, quienes dirigen un supuesto grupo paramilitar denominado “Los Gachupines” que opera en los poblados de El Pescado, Hacienda de Dolores y Los Ciruelos en la Sierra Madre del Sur.

La mujer afirmó que este grupo delincuencial está siendo protegido por el Ejército, que mantiene un retén en las inmediaciones del poblado El Durazno, considerado un punto estratégico en el trasiego de drogas de la Sierra Madre del Sur y que conecta con la región de Tierra Caliente.

Por ello, la activista acusó al gobernador Ángel Aguirre Rivero de indolente y omiso, debido a que solicitó de manera reiterada protección oficial para las 43 personas desplazadas por la narcoviolencia en la zona de la Sierra y nunca hubo respuesta, según quedó plasmado en diversas notas de periódicos locales.

El pasado viernes 16, el gobernador Aguirre fue entrevistado durante un acto público sobre el caso y en respuesta a los señalamientos en su contra se comprometió a “apoyar con todo” a las familias desplazadas encabezadas por la dirigente de la OCESPC que esta tarde fue ejecutada junto con su hijo.

Esta mañana, un grupo de 30 policías estatales se había desplazado de la cabecera municipal de Coyuca de Catalán rumbo al poblado de La Laguna con el propósito de resguardar a la activista y las familias desplazadas por la narcoviolencia.

No obstante, el convoy policiaco llegó a destiempo a la zona: un comando se adelantó y ejecutó a la activista y a su hijo, quienes eran resguardados por otra veintena de policías estatales y de quienes no se sabe su paradero debido a que no se han comunicado con los mandos de la SSPPC, según reportes consultados por Apro.

La historia de los integrantes de la OCESPC ha sido marcada trágicamente en un contexto de violencia extrema registrada en la parte serrana que comparten los municipios de Petatlán y Coyuca de Catalán, donde grupos armados disputan a sangre y fuego el control del narcotráfico, su producción y trasiego.

Juventina Villa Mojica había sustituido en el liderazgo de la OCESPC al presidente y a la coordinadora de la organización, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, quienes se encuentran desaparecidos desde diciembre pasado cuando fueron “levantados” por un comando que portaba uniformes de la Policía Ministerial Estatal en las inmediaciones del municipio de Tecpan de Galeana, región de la Costa Grande.

Los activistas viajaban a bordo de un autobús que fue interceptado en un supuesto retén policiaco ubicado entre los municipios de Petatlán y Tecpan de Galeana.

El mismo mes (diciembre pasado), fue ejecutado Ascencio Villa Santana, otro integrante más de la OCESPC –y familiar de las víctimas–, cuando se dirigía a la comunidad de La Laguna.

En abril de este año, Javier Torres Cruz, dirigente de la OCESPC, también fue ejecutado en una emboscada realizada en la comunidad de La Morena, del municipio de Petatlán.

Torres Cruz, al igual que Juventina Villa, era resguardado por policías estatales debido a que gozaba de medidas cautelares emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero.




CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Menos de 24 horas después de que el presidente Felipe Calderón festinó en Acapulco supuestos logros del operativo Guerrero Seguro, el crimen organizado se encargó de desmentirlo con la ejecución de 18 personas en distintos puntos de la entidad.

Ayer, el presidente Felipe Calderón presumió que en los 18 días que llevaba el operativo Guerrero Seguro, los homicidios disminuyeron 42%.

Durante una reunión de evaluación, el jefe de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, afirmó que la incidencia delictiva en la entidad, y Acapulco en lo particular, los asesinatos en este destino de playa pasaron de 4.2 a 2.4 cada día desde que se puso en marcha el operativo que coordina el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Contrario a las cifras alegres del gobierno federal, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero informó que en los primeros 20 días de octubre se registraron 147 homicidios dolosos en la entidad, de los cuales 70 ocurrieron en Acapulco, cifra que representa un promedio de 3.5 asesinatos diarios en ese destino turístico.

Este jueves, los más de dos mil agentes federales, marinos y militares que llegaron al estado de Guerrero para poner en marcha el operativo de seguridad no fueron impedimento para que el crimen organizado continuara con la ola de ejecuciones.

En Acapulco, la Costa Grande y la zona de la Sierra se perpetraron tres masacres, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC).

La primera tanda de ejecuciones se registró a las 01:10 horas en la cabecera municipal de Atoyac de Álvarez, donde un comando irrumpió en un bar y acribilló a cinco personas, entre ellas una mesera.

La masacre perpetrada, por lo menos, por 10 sujetos armados con fusiles AK-47 y pistolas calibre 38 súper y 9 milímetros, ocurrió en el bar “Betos”, ubicado sobre el bulevar Juan N. Álvarez de esta población ubicada en la región de la Costa Grande.

Las víctimas fueron identificadas como Yuri Diana Ledezma Fuentes, de 23 años; José Antonio Trujillo Feliciano, de 38; Wilfrido Hinojosa Farías; Juan Manuel Solís Pérez y José Antonio Trujillo Feliciano. El propietario del bar, identificado como Alberto Nava Murga, resultó lesionado.

Cinco horas más tarde, a las 06:24, en Acapulco, fue reportado el hallazgo de un hombre ejecutado en la calle principal de la colonia Palma Sola. La víctima, de aproximadamente 30 años, presentaba al menos dos impactos de bala.

Mientras tanto, en las inmediaciones de la comunidad de San Luis la Loma, municipio de Técpan de Galeana, fueron arrojados los cuerpos de cinco hombres ejecutados sobre la carretera federal Acapulco- Zihuatanejo, cerca de un sitio de taxis.

El hallazgo se registró a las 07:30 horas y los cuerpos estaban envueltos en sábanas.

Por otra parte, en la comunidad de Campo Morado, municipio de Heliodoro Castillo, se reportó la ejecución de seis hombres en esta zona de la Sierra Madre del Sur, área emblemática en el mapa del narcotráfico en la entidad.

Sin especificar la hora y la manera en que ocurrió este múltiple homicidio, la SSPPC informó que las víctimas fueron asesinadas por “impactos de arma de fuego”; y las identificaron como Melchor Romero Ortiz, José Marqués, Nicolás Fierro, David Serna, Alberto Santos y Melquíades Carrizal.

Por la tarde, alrededor de las 16:00 horas, en el puerto de Acapulco, fue acribillado un hombre identificado como Samuel Pacheco Castañeda, quien se encontraba en un paradero de transporte público de la colonia Guadalupe Tepeyac, cuando fue atacado a disparos por sujetos que escaparon impunemente, indican los reportes policiacos.

la siembra comercial del maíz transgénico

Esto si es un peligro para México. El siguiente articulo parece estar a favor del cultivo comercial de trangenicos, los cuales son un verdadero riesgo para la biodiversidad del maíz mexicano, uno de nuestros recursos más valiosos.Las razas de maíz …


Esto si es un peligro para México. El siguiente articulo parece estar a favor del cultivo comercial de trangenicos, los cuales son un verdadero riesgo para la biodiversidad del maíz mexicano, uno de nuestros recursos más valiosos.

Las razas de maíz resultado de 9 000 años de historia evolutiva serían contaminadas inevitablemente de aceptarse la siembra comercial de maíz transgénico en México. Las secretarías encargadas de aceptar o negar las solicitudes de empresas como Monsanto son la Sagarpa y la Semarnat. Mantente al tanto.

Lee las etiquetas de lo que compras y evita, todo lo que diga "maíz modificado" es una manera escurridiza y engañosa e llamar a lo transgénico.



A la larga, los transgenicos ni siquiera son una opción eficiente. Su éxito comercial esta basado en subsidios y economías de escala sustentadas en el petroleo como insumo primario.


El maíz mexicano padece las consecuencias de una baja productividad, escenario que ha permitido un aumento sostenido en las importaciones del grano, que alcanzaron en el 2011 un monto superior a 10 millones de toneladas.

El valor de las importaciones del producto alimenticio más importante para el campo nacional, atendiendo a su valor histórico y comercial, superó los 2,769 millones de dólares el año pasado, siendo Estados Unidos el principal proveedor del país y líder global en la siembra del cultivo.

Tal escenario enciende la alerta sobre la importancia de fortalecer la producción interna de maíz en un contexto global sensible a los efectos del cambio climático.

La baja en la productividad de las potencias exportadoras tampoco garantiza en el mediano plazo mantener la proveeduría del grano a los países importadores, incluido México.

Entre las soluciones disponibles para los productores, la biotecnología agrícola provee de semillas transgénicas para cultivar maíz y favorecer las condiciones de siembra, pero en México dicho proceso se encuentra en una fase que antecede a la comercial, por lo cual no se permite su siembra masiva en una superficie estimada en 1 millón de hectáreas, que se localizan principalmente en los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Los productores sostienen que México no permite la siembra comercial de maíz transgénico, pero sí la importación del grano genéticamente modificado. En tanto, la aprobación de la fase comercial divide opiniones por ser el país centro de origen del cultivo.

“Es un tema muy polémico, está muy ideologizado pero, desde el punto de vista técnico, pueden (los transgénicos) ser de utilidad para los productores y mejorar sus costos de producción y competitividad”, consideró Horacio Santoyo Cortés, director del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM).

El acceso a más tecnología podría mejorar sustancialmente el ingreso de 50% de la población rural mexicana, que vive en condiciones de pobreza, pero las opciones disponibles no se restringen únicamente al uso de materiales transgénicos, opinan especialistas.

La biotecnología es un tema que toma cierto tiempo. Y no nada más es mejoramiento genético, es el uso de muchos activos biológicos para producir. La siembra de maíz transgénico es un tema muy delicado, de mucho debate… yo le voy más al MasAgro”, opinó Francisco Jusseppe Camargo, director general de Agronegocios y Biotecnología en ProMéxico, con relación al programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro), que impulsa el uso de semillas de maíz híbrido y mejores prácticas agrícolas entre los pequeños productores del país.

En el contexto internacional, la producción de alimentos transgénicos, incluido el maíz, se traduce en historias de éxito que lidera EU, proveedor nato del maíz transgénico que compran productores nacionales cada año para consumo pecuario.

PIDEN ARGUMENTOS CIENTÍFICOS ?Y NO POLÍTICOS


De acuerdo con Víctor Villalobos Arámbula, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), México ha tomado sus decisiones con mucha precaución pero, al final de cuentas, el desarrollo de tecnología con base en medidas de bioseguridad debe tener un espacio.

Es un proceso que tiene que ser sustentado en ciencia y no por decisiones de índole político o coyuntural. En la media en que las bases científicas estén accesibles a quien toma las decisiones, éstas se van a tomar adecuadamente”, afirmó.

Villalobos dijo que no ve factible que la siembra comercial de maíz transgénico en México se autorice este año, pero agregó que, en cualquier escenario, el IICA respeta la decisión soberana de cada país respecto del uso de semillas genéticamente modificadas.

Jorge Martínez Durán, productor maicero de Valle de Santiago, en Guanajuato, consideró pertinente que sea el productor quien decida sobre el tipo de maíz a cultivar: transgénico, híbrido o criollo, de acuerdo con las necesidades que demande el mercado.

El agricultor dijo que el uso de maíz transgénico podría disminuir el costo de producción del cultivo. “¿Cual produce más? Quizás ambos maíces podrían estar produciendo la misma cantidad de toneladas, la gran diferencia es en el costo de producción, que disminuye con el uso de maíz genéticamente modificado”, dijo.

“La gran polémica es que quienes están sacando más jugo de los transgénicos son las empresas trasnacionales. Eso es en realidad lo que está en discusión. Pero focalizar el tema a no usar transgénicos tal vez sea quitar una herramienta a los productores que podría serles de utilidad”, consideró Santoyo Cortés, director del CIESTAAM.

José Manuel Madero Garza, presidente de Monsanto Latinoamérica Norte, dijo que México está 17 años retrasado en la adopción de biotecnología agrícola, por lo cual sugirió reflexionar sobre el impacto económico que tiene detener el paso a la fase comercial en la siembra de maíz transgénico en territorio nacional.

El presidente de la trasnacional estimó el costo de la indefinición en más de 40,000 millones de pesos al año.

En el ámbito internacional, el uso de materiales transgénicos con fines agrícolas ha sido adoptado por 16.7 millones de productores en una superficie cercana a los 160 millones de hectáreas, de acuerdo con información de AgroBIO México.

PREVISIÓN

Al cierre del 2012, el pronóstico oficial en México estima obtener 23 millones de toneladas de maíz, que regresarían la cosecha a los niveles obtenidos antes de las heladas y sequía que azotaron al norte del país en los últimos años, comentó Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Sagarpa, además consideró que el próximo año luce como el nuevo horizonte para la siembra comercial de maíz transgénico en territorio nacional.
¿Qué es un transgénico?

Los organismos genéticamente modificados o transgénicos son variedades de especies a las que se les ha transferido alguna capacidad funcional mediante el uso de ingeniería genética para mejorar su desempeño agrícola (tolerancia a sequía, por ejemplo).

Paso a paso


Son tres las etapas de liberación al ambiente de un organismo genéticamente modificado. El cultivo de maíz transgénico en México se ubica en la fase piloto.

EXPERIMENTAL


En esta etapa, se demuestra la eficacia del atributo biotecnológico y su equivalencia agronómica con el cultivo tradicional.

PILOTO


El objetivo de esta fase es evaluar el costo-beneficio de las modificaciones adquiridas contra un material convencional.

COMERCIAL


Es la introducción permitida del cultivo agrícola transgénico en diversos predios de liberación, con requerimientos específicos para la producción comercial.

alberto.romero@eleconomista.mx