Pico de gallo

Published on Oct 7, 2013

Más en http://elcocinerofiel.com
Ingredientes:
5 tomates maduros, 2 cebollas tiernas,
2 pimientos verdes, alcaparras,
aceitunas negras, vinagre de
vino blanco, azúcar, sal,
pimienta negra molida y
aceite de oliva virgen extra.


Published on Apr 29, 2013

Esta salsa ligera y baja en calorías, hecha de jitomate, aguacate, cebolla, chile verde y aderezada con aceite de oliva, es muy sencilla y rápida de elaborar, pero además es deliciosa. Se lleva muy bien con comida mexicana e inclusive sola con nachos. / This light and low calories salsa, made of tomato, avocado, onion, chili pepper and seasoned with olive oil, is very easy and quick to do, but is delicious. It goes very well with mexican food or even alone with nachos (English subtitles).



Published on Oct 7, 2013

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Published on Apr 29, 2013

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Nicanor Parra

Nicanor Parra was born in 1914 in San Fabián de Alico, Chile, near Chillán, a city in southern Chile, the son of a schoolteacher.[2] He comes from the artistically prolific Chilean Parra family of performers, musicians, artists and writers. His … Continue reading

Nicanor Parra was born in 1914 in San Fabián de Alico, Chile, near Chillán, a city in southern Chile, the son of a schoolteacher.[2] He comes from the artistically prolific Chilean Parra family of performers, musicians, artists and writers. His sister, Violeta Parra, is possibly the most important folk singer the nation has produced.[citation needed]

In 1933, he entered the Instituto Pedagógico of the University of Chile, and qualified as a teacher of mathematics and physics in 1938, one year after his first book appeared: Cancionero sin Nombre. After teaching in Chilean secondary schools, in 1943 he enrolled in Brown University in the U.S. to pursue his studies in physics. In 1948, he attended Oxford University to study cosmology. He returned to Chile as a professor at the Universidad de Chile in 1946. Since 1952, Parra has been professor of theoretical physics in Santiago and has read his poetry in England, France, Russia, Mexico, Cuba and the United States. He has published several books.

Trying to get away from the conventions of poetry, Parra’s poetic language renounces the refinement of most Latin American literature and adopts a more colloquial tone. His first collection, Poemas y Antipoemas (1954) is a classic of Latin American literature, one of the most influential Spanish poetry collections of the twentieth century, and is cited as an inspiration by American Beat writers like Allen Ginsberg.


Santa María de Iquique

La masacre de Santa María de Iquique:
contextos y debate político en la Cámara de Diputados

por David Vásquez 

El país hacia el 1900: antecedentes generales
La llegada del nuevo siglo encontró a Chile en un momento de profundos cambios, algunos de ellos terminales, como la crisis oligárquica y del régimen político, y otros fundacionales como el surgimiento de movimientos sociales, las inversiones públicas en infraestructura y educación producto de la riqueza salitrera o el ascenso de nuevos actores mesocráticos a la vida política. Un mundo terminaba y otro nacía hacia 1900.

La política nacional tenía como escenario principal las disputas y alianzas en el Congreso, protagonista de la vida política y de las decisiones públicas desde el triunfo de 1891 sobre el Presidente Balmaceda. El llamado parlamentarismo oligárquico se caracterizaba por el predominio sin contrapeso del poder legislativo sobre el gobierno y el Presidente a través de las interpelaciones a los ministros de Estado, la censura a los gabinetes, las obstrucciones a los proyectos de ley, dinámicas que, a fin de cuentas, respondían a los acuerdos e intereses coyunturales de los líderes políticos y los parlamentarios. Los temas doctrinarios del pasado que atravesaban las luchas políticas (temas religiosos, las leyes laicas, la libertad electoral, entre otros) fueron reemplazados por una dinámica estéril de luchas internas de la clase política, compuesta fundamentalmente por liberales —con distintos apellidos— conservadores, radicales y algunos atisbos de representación política popular a través del partido democrático.

Los partidos ejes de las combinaciones gobernantes eran el Partido Radical con la Alianza y el Partido Conservador con la Coalición. La estabilidad formal del sistema estaba dada por un consenso doctrinario más o menos general entre los partidos, cuyos líderes y representantes pertenecían a la pequeña oligarquía dominante, unidos por lazos familiares o comerciales y cuyas diferencias inmediatas se resolvían botando gabinetes, pero sin amenazar la institucionalidad ni a los mandatarios quienes cumplieron, salvo muerte prematura, tranquilamente sus respectivos quinquenios, desde Jorge Montt a Salvador Sanfuentes.[1] Asimismo, un dato fundamental para evaluar la estabilidad de las primeros años del nuevo siglo, es el auge económico del salitre. Sobre ello volveremos más adelante.

Una mirada un poco más detenida sobre las corrientes políticas más importantes nos muestra algunas de las tendencias comunes y también temáticas nuevas que los interpelaban desde la vereda de la impostergable «cuestión social». El conservantismo, heredero del peluconismo de la época de los decenios, se caracterizaba por su estructura cerrada, un club de señores tradicionales, terratenientes y católicos que eligieron 8 senadores en 1900, 11 en 1906, 12 en 1909 y luego bajan hasta cero en 1921, mientras los radicales subían, así como los demócratas.[2] Las tendencias eran claras y el conservantismo perdía influencia y terreno electoral, pero no poder e influencia en las decisiones políticas y económicas, además de su lucha en el período por la libertad de educación, contra el Estado docente.
Sin embargo, desde la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII en 1891, el pensamiento conservador fue asumiendo -—no sin mucha dificultad y recelo y sólo por algunos ilustres como el diputado Juan Enrique Concha, ya que la mayoría prefería la anterior encíclica Diuturnum Illud, fuertemente anticomunista-— una mirada hacia el mundo del trabajo y de la justicia social.[3]
El social cristianismo que reivindicaba un trato más justo con los trabajadores y una preocupación por su situación habitacional y educacional, llevó a algunos hombres ricos a fundar sociedades filantrópicas y construir con sus fortunas personales viviendas para obreros, como la población León XIII a los pies del cerro San Cristóbal.
El mundo liberal, compartiendo intereses y relaciones económicas y sociales con los conservadores, presentaba divisiones entre aquellos que compartían objetivos electorales con éstos, en la llamada Coalición liberal conservadora y quienes adscribían a un liberalismo más tradicional -—liberales democráticos o balmacedistas, liberales doctrinarios-— vinculándose con radicales y demócraticos en la Alianza liberal.
El liberalismo de principios de siglo adscribía al liberalismo económico, y defendía la lograda libertad electoral -—merced la comuna autónoma-— que significaba la no intervención del Ejecutivo en los procesos electorales, siendo reemplazada por la intervención del dinero en la compra de votos. El conservantismo era identificado con los propietarios de la tierra, mientras el liberalismo se nutría de la alta burguesía urbana y reunía en sus filas a comerciantes prósperos, industriales, altos funcionarios públicos y profesionales liberales que llegaron al senado como Vicente Reyes, Ramón Barros Luco, Juan Luis Sanfuentes, entre otros.
Interesante resulta el radicalismo que, junto con la vertiente liberal -—política y económica-— y distante de la problemática social que predominaba en su dirigencia, comenzó a asumir otro discurso más en sintonía con la realidad social y las desigualdades profundas del país, ahora más evidentes en los centros urbanos del norte y centro producto de las explotaciones mineras e industriales. Los ascendentes estratos medios de burócratas, empleados particulares, comerciantes y pequeños mineros significaron un respaldo al radicalismo, fortaleciendo las tesis más sociales de dirigentes como Valentín Letelier que se impuso en la Convención de 1906, aumentando paulatinamente su representación parlamentaria, pero aún lejos de posiciones más de avanzada que adoptaría en los años veinte.[4]
El elemento nuevo en el cuadro político de principios de siglo fue el Partido Democrático fundado en 1887 con el objetivo de «emancipar política, social y económicamente al pueblo» y conformado por artesanos, obreros más concientes, baja clase media y que obtuvo representación parlamentaria-— Angel Guarello, Malaquías Concha-— exclusivamente por convicción de su electorado pues no podía recurrir a los mecanismos de compra de votos que las otras tiendas políticas practicaban. Su fuerte se encontraba en las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y Concepción.[5]
Paulatinamente su discurso, siempre dentro de la institucionalidad, fue moderándose y acercándose a tesis liberales, lo que llevó a dirigentes como Luis Emilio Recabarren a abandonar sus filas y formar una nueva tienda, el Partido Obrero Socialista en 1912, colectividad que adoptará el nombre de Partido Comunista diez años después.[6]
Por su parte, el panorama económico del cambio de siglo presentaba importantes dificultades estructurales, dentro del ciclo de bonanza salitrera. Hemos mencionado la influencia que el pensamiento liberal tenía en la elite del país a fines del siglo XIX, de una raíz ilustrada, racionalista con una profunda confianza en la ley y el derecho como matrices del desarrollo político y el «laissez faire» como escenario del desarrollo en lo económico.
Sin embargo, el Estado tuvo una importante participación como «facilitador» de esa libertad privada para las últimas décadas del siglo y las primeras del siglo XX. Siguiendo a Oscar Muñoz [7], el Estado institucionalizó el régimen político y sus vías de funcionamiento y canalización de la opinión pública; también generó todo un ordenamiento jurídico en lo civil y en lo económico; asimismo funcionó como mediador de los intereses de la oligarquía local y los inversionistas extranjeros; y del mismo modo, invirtió en una serie de obras e infraestructura pública, medios de transporte y vías de comunicación que permitieron el desarrollo de la agricultura y la minería.
Como señala Muñoz,«El fundamento de este proceso está en la necesidad de regulación del órgano social, lo que en una primera etapa que cubre la segunda mitad del siglo XIX hace indispensable el ordenamiento jurídico, político y económico, así como el desarrollo de una infraestructura material. En etapas posteriores, a la vuelta del siglo, ese ordenamiento pasa a incluir aspectos sociales y laborales»[8]

Cargamento de cachuchos con salitre.

El auge salitrero significó para el Estado chileno una importante entrada de recursos durante casi cincuenta años, por la vía de los derechos de exportación sobre el valor total del salitre y yodo. Para el período 1880-1924, los costos de producción bordearon 1/3, las ganancias netas de los capitalistas otro tercio -—fundamentalmente capitalistas extranjeros que a fines del siglo XIX representaban cerca de dos tercios de la industria salitrera-— y el tercio restante lo percibió el Estado.
Es decir, añaden Sunkel y Cariola: «…el estado chileno logró apropiarse de aproximadamente la mitad del excedente generado en la actividad salitrera lo que constituye seguramente un fenómeno sin precedentes en la época». [9] No debe ignorarse, sin embargo, que el Estado, así como las actividades económicas, eran «administrados» por la misma elite dirigente.
La relevancia de la industria salitrera en las entradas del fisco chileno queda de manifiesto al comparar su impacto en el tiempo. Hacia 1880, los tributos representaban menos del 5% de las rentas ordinarias. En 1890, esa proporción había subido al 48%; en 1910 llegó al 51%, mientras que para 1915, los impuestos a las exportaciones del salitre significaban un 60% de las entradas de la nación. Según Sunkel y Cariola «En los cincuenta años del período 1880-1930, el total acumulado de los derechos pagados por el salitre y yodo llegó a casi mil millones de dólares (corrientes)».[10]
Siguiendo las conclusiones de los mismos autores, las ganancias netas de los inversionistas -—locales y extranjeros-— habrían alcanzado una magnitud similar en el período 1880-1930.
Se mencionó arriba el rol del Estado como facilitador de la iniciativa privada económica desde fines del siglo XIX. Asimismo, queda de manifiesto el control que los grupos oligárquicos ejercían sobre las instituciones al reformular las cargas tributarias, suprimiéndose una serie de impuestos internos a la propiedad en la década de 1880 y desplazándose otros desde el gobierno central a los municipios, todo ello en virtud de los enormes recursos que proporcionaba el salitre. «No se observa, en cambio, la misma prontitud para regular las relaciones entre capital y trabajo -—señala Oscar Muñoz-—,las que deberán esperar varias décadas y la agudización de los conflictos para comenzar a plantearse».[11]
La industrialización de las grandes ciudades, además de las faenas mineras del norte que generaron importantes procesos migratorios, significó la aparición de núcleos de trabajadores urbanos medios y proletarios que laboraban y vivían en muy precarias condiciones y marginados de luchar por sus intereses en el sistema político o incidir en las agendas legislativas de la época. Las organizaciones de trabajadores a fines del siglo XIX —-señala Sergio Grez[12] -—estaban conformadas por mutuales, cooperativas, escuelas de artesanos, orientadas al mejoramiento material, a la ilustración, a la formación moral, al socorro mutuo, al ahorro, entre otras inquietudes «regenerativas», hasta que las demandas comenzaron a articularse políticamente.

Añade Grez: «…en el plano político, la adhesión inicial a los ideales del liberalismo había dado paulatinamente paso a una corriente sui generis de liberalismo popular, que progresivamente había tendido a distinguirse y luego a separarse del liberalismo de las elites dirigentes. La vía de las reformas graduales, que apuntaba a la transformación del régimen liberal en sistema democrático, aprovechando las libertades existentes para ponerlas al servicio de los intereses de los trabajadores, llevó a los militantes populares a romper con el liberalismo ‘de frac y corbata’ y a organizar en 1887 una representación política independiente: el Partido Democrático.»[13] Colectividad que, como se señaló antes, fue moderándose con los años hacia el centro liberal.

Sin embargo, las organizaciones obreras adquirieron mayor presencia, variedad y desarrollo ideológico a comienzos del siglo XX a través de otras vías: las sociedades de resistencia de orientación socialista y anarquista. Concluye Grez: «Si hasta fines del siglo XIX, la cultura, el proyecto y el ethos colectivo del movimiento popular organizado podía sintetizarse en la aspiración a la ‘regeneración del pueblo’, hacia la época del baño de sangre de la escuela de Santa María, el movimiento obrero ya enarbolaba la consigna más radical de ‘la emancipación de los trabajadores”.[14]
La situación para las clases trabajadoras a principios del siglo XX era deplorable. Además de las injustas condiciones laborales, la ausencia de legislación del trabajo, las miserables condiciones de vida y de habitat, especialmente en las ciudades, hay que añadir el proceso inflacionario que experimentaba el país, producto del aumento del papel moneda -—desde 1898 a 1924 rigió la inconvertibilidad, aumentando el circulante y la inflación-— lo cual deterioraba día a día el poder de compra de los más pobres. Señalemos que el año 1907, la inflación alcanzó al 34.35%, la más alta del período 1880-1925.[15]

Parte importante de los recursos provenientes del auge salitrero fue invertido por el Estado en su crecimiento, en infraestructura pública funcional al desarrollo del país y en cobertura educacional. Así, para 1880, el total de empleados públicos alcanzaba los 3 mil. En 1900 era de 13 mil y en 1919, los funcionarios del Estado alcanzaban los 27 mil. Por su parte, la red ferroviaria pública tenía en 1900 casi los mismos kilómetros que la privada -—un poco más de 2000-— llegando a más de 5 mil en 1915, 2 mil kilómetros más que las vías privadas (3 mil aquel año). Asimismo, en educación, los establecimientos fiscales -—enseñanza primaria, secundaria y superior-— presentan un importante aumento: de 531 en 1860 a 1.313 en 1895, y a 2.238 10 años después, para alcanzar más de 3 mil en 1915. En consecuencia, el número de alumnos para esos niveles también aumentó notablemente: de 20.485 en 1860 se pasó a 152 mil en 1895, luego a 291 mil en 1910 y superando los 400 mil en 1920.[16]
El cambio de siglo, asimismo, encontró a cierta elite intelectual sumida en un diagnóstico pesimista, frustrado respecto del desarrollo del país y de las prácticas políticas, como si se viviera en una prosperidad artificial autocomplaciente y a punto de desvanecerse. La llamada «crisis moral» para el Centenario se alimentaba de discursos transversales, de variado origen: desde la queja xenófoba de Nicolás Palacios, pasando por la conciencia crítica de la cuestión social según Alejandro Venegas -—el Dr. Valdés Canje-— y la crítica social, ideológica y política de Luis Emilio Recabarren, el desplome de la fe en el progreso del radical Enrique Mac-Iver hasta el crepúsculo del empuje nacional denunciado por Tancredo Pinochet o la siquis y la raza locales como factores de la decadencia económica que diagnosticara Francisco Encina.[17]
El Parlamento a principios de siglo
En su tratado sobre los orígenes del Estado y sus instituciones, publicado en 1917, Valentín Letelier describía el sistema político chileno -—de acuerdo a lo que la ley señalaba-— como una República democrática basada en el derecho a voto de los hombres mayores de 21 años alfabetizados. Y luego añade:
«Pero si el derecho no es derecho sino cuando es hecho, a la ciencia no le basta conocer la regla escrita; tiene que averiguar lo que hay en la realidad, y lo que hay en la realidad es: 1° que no sabe leer y escribir más de la quinta parte de la población de la República; 2° que de esta porción no se inscribe en los registros ni siquiera la quinta parte; 3° que de los inscritos más de la mitad no concurren a votar; y 4° que de los concurrentes, los tres cuartos delegan su conciencia en manos del cura, del hacendado o del prefecto de policía. Conclusión: mientras el derecho escrito nos halaga con la ilusión de que vivimos en una perfecta democracia, el derecho real, el derecho que la exégesis ignora, nos tiene sujetos a una oligarquía tan corruptora como diminuta».[18]
La noción de una sociedad profundamente escindida, fragmentada y en que la política era un juego de salón para señores ilustres, algunas veces asumiendo roles en los efímeros gabinetes y otras, como diputados o senadores, también fue ácidamente descrita por Alberto Edwards, -—lúcido testigo de su época como Letelier-—, resaltando su inmovilidad, casi como una «paz veneciana»:
«Los grandes cambios que se venían produciendo en la estructura social del país, en nada, o muy poco, afectaron al panorama de la política. En cuerpo, pero sobre todo en espíritu, la antigua oligarquía continuó dominando. El personal político, los miembros de las Cámaras se reclutaban en buena parte dentro de las mismas familias y círculos sociales de antaño… Los mismos hombres nuevos que cada

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El Diario Ilustrado, 25 de diciembre 1907.

elección llevaba al Congreso en pequeños grupos, no tardaban en asimilarse al ambiente tradicional… La aristocracia los absorbía moralmente».[19]

Durante el período en comento hubo innumerables rotativas ministeriales, sucesivas crisis de las alianzas políticas, importantes movimientos huelguísticos, sin embargo, la clase política mantuvo la institucionalidad republicana inalterada, lo que no es cuestionable en absoluto, salvo cuando se trata sólo de una complaciente fachada artificial. Los Presidentes se sucedieron oportunamente, el Centenario se celebró dignamente. El ciclo salitrero financió tal estabilidad hasta que la «cuestión social» ya no pudo seguir postergándose, nuevos actores mesocráticos acudieron a exigir su parte y el ciclo entero inició su decadencia.

Más allá de esta mirada crítica -—y generalizada a otras esferas del quehacer nacional como señalaran los comentaristas de la crisis señalados antes-— la institución parlamentaria era el escenario fundamental -—aunque no el único, pues en los clubes y salones privados también se negociaba y hacía política-— de las decisiones y del debate de los temas nacionales. Fue este período y esta institución, una escuela cívica para muchos -—en términos del historiador Julio Heise-— y peldaño indiscutible para quien pretendiera alcanzar la Presidencia.[20]

Según este autor, el período parlamentario configuró un escenario de tranquilidad política y paz interior sobre la base del estricto acatamiento a las prácticas parlamentaristas, como la rotativa ministerial -—que para algunos denotaba incapacidad y esterilidad en la gestión-— una verdadera válvula de escape para las tensiones políticas en medio de un juego democrático entre gobierno y oposición, sin violencia política, con pluralismo, libertad de expresión y respeto a la Constitución.

Añade Heise: «A los cuerpos legislativos y demás instituciones políticas sólo podía llegar el contribuyente. La democracia burguesa, con exclusión de los que nada poseen, era la única fórmula posible dentro del clima mental de la época. Y será precisamente este convencimiento el que entre otros factores produjo la estabilidad social, el que dio a la estructura política parlamentaria su solidez, su autenticidad, su justificación histórica».[21]
Si bien a nivel del parlamento no había mayor preocupación corporativa por asumir los temas sociales -—no hubo en el Congreso una comisión permanente dedicada a los temas de legislación obrera sino hasta la que creó la Cámara en 1912-—, sí hubo personajes que levantaron la voz para denunciar el estado de cosas, como el ya mencionado Valentín Letelier, diputado a fines del siglo XIX y que entrando al XX encabezaba el sector más progresista del radicalismo en la convención del partido en 1906 o Manuel Rivas Vicuña, diputado liberal promotor de la empantanada ley de instrucción primaria, entre otras y de múltiples iniciativas sociales y políticas expresadas en la convención liberal de 1907, así como el conservador Juan Enrique Concha, precursor del pensamiento socialcristiano.

Además, debe señalarse la presencia de diputados del Partido Demócrata, como Malaquías Concha -—su fundador en 1887-— y Bonifacio Veas, ambos potentes oradores tras la masacre de Santa María. Asimismo, debió estar Luis Emilio Recabarren en ese parlamento de 1906, pero fue despojado del cargo de diputado por Antofagasta a través de formalismos, aunque en el fondo fue considerado peligroso por sus ideas y por su arrastre popular en el norte: «A mi no me duele retirarme de esta Cámara. Es el pueblo el que se convencerá de que aquí no se admite a sus representantes», señaló entonces.[22]

A nivel de la cámara alta, se advierte -—en la primera década del siglo-— la poderosa presencia de los «señores del salitre», como Federico Varela, Daniel Oliva, Eduardo Charme y Rafael Sotomayor -—este último ministro del Interior durante la masacre de Santa María-— dueños o socios de importantes oficinas salitreras y con un poder y fortuna incontrarrestable a nivel local, situación -—sobre todo ésta última-— fundamental para obtener un sillón. Si con la libertad electoral el gobierno ya no intervino en las elecciones, la manipulación descansaba ahora en las «máquinas electorales» y el cohecho.[23]

Señala Gonzalo Vial: «Nada había más caro que ser candidato a senador, salvo ser candidato a Presidente de la República. Hacia 1910 se estimaba que este cargo costaba dos millones de pesos; una senaduría, quinientos mil y una diputación, cincuenta mil».[24]
Para dimensionar el escenario electoral -—en la perspectiva insinuada por Letelier-— señalemos que para las elecciones de 1906, presidenciales y parlamentarias, de una cantidad de 409.635 personas inscritas en los registros electorales -—de un potencial de 429.766 personas que constituían el universo electoral, es decir, el 13.5% de la población total del país (3.175.000 hbts)-—, votaron 216.492 (52.85%), con una abstención del 47.15%.[25]

Los sucesos de Iquique en algunos diarios santiaguinos y en la Cámara de Diputados

Una semana antes del fatal desenlace, en plena huelga, La Unión de Santiago en su edición dominical auguraba el escenario señalando:

«…estos agitadores no sólo dañan a los que les escuchan sino que son una amenaza para todos los intereses y para todos los derechos, una causa de perturbación del orden social y de descrédito para el país. Con esto nos dañan a todos los habitantes del país y todos tenemos

::derecho a exigir del gobierno que reprima con severidad y energía a estos enemigos del orden social, a estos audaces explotadores, a estos elementos malsanos de la sociedad (…). Ningún país puede tolerar que unas dos docenas de audaces anónimos y sin profesión ni rentas conocidas, estén de continuo azuzando el pueblo a la revuelta y provocando asonadas que producen la baja del cambio y el consiguiente recargo de los consumos». [26]

Mientras en Iquique la represión militar finalmente se concretaba aquella tarde del 21 de diciembre, en Santiago, en la Cámara de Diputados, el representante por la zona de Concepción, Fernando Baquedano, pedía la palabra y señalaba ante sus pares su inquietud respecto de la huelga del norte y la necesidad de información oficial por parte del ministro del Interior, el nacional Rafael Sotomayor. Agregaba además el diputado:

«Yo creo que, aún cuando no es del todo justificada la huelga del norte, es éste un movimiento sobre el cual debemos hacer un estudio especial, pues, puede decirse, que a este problema social están vinculados el desarrollo de la industria del salitre, el de nuestras riquezas y el mantenimiento del orden interno del país (…). Me atrevo a invitar a la Cámara a que entre a legislar, en forma definitiva, sobre las condiciones del trabajo y sobre las relaciones de los patrones y los obreros en las faenas salitreras (…). Se ha tratado de constituir la propiedad salitrera; de resguardar los derechos fiscales, en cuanto reportan beneficio para el Estado; pero poco o nada se ha hecho en lo que se refiere a la gente que con su brazo labra la riqueza del país».[27]

En estos términos abordaba también El Diario Ilustrado el conflicto, el día 22, sin conocer aún los detalles del desenlace:

«…Hasta aquí, el movimiento se presenta digno de toda consideración y respeto por su condición ordenada y pacífica, por sus solicitaciones en parte fundadas, en parte, acaso, imposibles de aceptar, pero en todo caso discutibles. Es verdad que cuando un movimiento de esta naturaleza alcanza tan gran desarrollo, aunque haya todo espíritu de paz y tranquilidad, son inevitables algunos incidentes desgraciados. Pero si hasta ahora la actitud y conducta de los huelguistas aparece satisfactoria y respetable, es difícil desprenderse de toda aprensión, al ver el desarrollo excesivo de la huelga, su organización extensa que ha hecho converger toda la masa de los huelguistas hacia la ciudad de Iquique (…). El producto íntegro de la industria salitrera se consume fuera del país; su pago es recibido en oro o moneda esterlina; los salitreros están perfectamente habilitados para satisfacer sin quebranto, dentro de la más completa normalidad de sus negocios, todos sus gastos de producción en oro o moneda esterlina. Presentada así, la demanda tiene buena base de justicia…» [28]

La siguiente sesión de la Cámara fue el 27 de diciembre, ya conocidos los hechos. El primer parlamentario que se refirió al

Interior de las faenas

tema fue Bonifacio Veas -—diputado del Partido Demócrata por Valparaíso-— quien, aprovechando la presencia del ministro Sotomayor, señaló:

«Parece que ya está haciendo escuela el no respetar las leyes relativas al derecho que tienen las clases populares de dirigir peticiones a las autoridades constituidas (…) . No debe olvidar el señor ministro que en este recinto hay diputados que no son adoradores del becerro de oro ni cortesanos de La Moneda, que no claudican de sus doctrinas y su principal deber es defender a los humildes y los intereses del pueblo».

Protestó, además, Veas, por la represión del gobierno contra manifestaciones populares en Valparaíso, por la censura informativa y el cierre de periódicos y más adelante se pregunta: «¿Por qué se han cometido esos asesinatos? Porque los obreros piden que se les haga más llevadera la existencia, que no se les robe su trabajo, que no se les pague con fichas, que no se les obligue a comprarlo todo en las pulperías de las oficinas, que se cierren los cachuchos”.[29]

Asimismo, en aquella sesión, el diputado por Curicó, Arturo Alessandri, en una larga intervención criticando al gobierno y su representante, el ministro Sotomayor, presente aquella tarde, por la censura y cierre de periódicos y apaleo a periodistas, derivó al punto central: el intento de silenciar las noticias del norte. Agregaba Alessandri:

«… el hecho es que el general Silva Renard que no había ido allá para dejarse impresionar por las griterías y por las banderolas, procedió únicamente, en vista de esas banderolas y griterías, a hacer disparar durante medio minuto las ametralladoras sobre el pueblo. Es decir, que en ese medio minuto se dispararon cinco mil tiros sobre una masa de ciudadanos que hasta ese momento estaban ejercitando un derecho que garantiza la Constitución del Estado: el derecho de pedir aumento de salarios y mejores condiciones para la vida (…) . Ahora bien, porque la prensa ha protestado contra estos procedimientos se la ha querido amordazar. Se quiere hacer callar a todo el mundo».

Y culminó Alessandri su intervención:

«Los movimientos populares hay que combatirlos yendo al origen del mal y dictando leyes que rijan las relaciones entre el capital y el trabajo, de manera que estas dos fuerzas se equilibren o que marchen paralelamente sin chocarse jamás y en forma armónica. Es necesario enseñar al pueblo, ilustrándolo, dándole la conciencia de sus deberes y de sus derechos».[30]

Por su parte, en la sesión del día siguiente, el diputado liberal por La Victoria y Melipilla, Jorge Valdivieso Blanco, salió a refutar a Veas y Alessandri —especialmente a este último— en lo que consideró un agravio hacia los generales del ejército de Chile, refiriéndose al general Roberto Silva Renard, quien “como jefe de la guardia militar de Iquique, se vio en la dura necesidad de usar de la fuerza: el resultado de esa contienda lo lamento yo personalmente, la Cámara y el país entero. Quería levantar este cargo contra un jefe del Ejército, que debe proceder ateniéndose a la ordenanza y no por sentimientos humanitarios…”

Y agregó: “Por otra parte, creo que no es este el momento de que la Honorable Cámara entre a discutir con tranquilidad cuál ha sido el rol de las autoridades del norte de la República en los acontecimientos en que han tomado parte, porque carecemos de los datos necesarios, y me parece que lo discreto y correcto es aguardar a que lleguen.”[31]

Dos días antes, El Diario Ilustrado postulaba la misma lógica que el diputado:

“¡Dolorosísimo sacrificio! A distancia del teatro de estos luctuosos acontecimientos, nos inclinamos a preguntar si era necesario tan doloroso sacrificio, si no se habría logrado alcanzar el objeto deseado sin pérdida de vidas o con pérdidas mucho menores (…) Pero consideremos que las autoridades de Iquique, sin interés alguno en las soluciones, que llamaremos económicas de la huelga, obligadas sí, al mantenimiento del orden, a la protección de vidas y propiedades, no podían carecer de espíritu de humanidad ni de fraternidad nacional… Es lógico suponer que si tan dolorosas medidas se vieron obligadas a tomar no quedaba otro arbitrio para el mantenimiento del orden público, obligación primordial de los gobiernos en las comunidades civilizadas”.[32]

En la sesión del 30 de diciembre, hizo uso de la palabra el diputado demócrata por Concepción y Talcahuano, Malaquías Concha, quien leyó un pormenorizado informe de los acontecimientos de Iquique, sus antecedentes e implicancias, apoyado de abundantes citas de la prensa local, argumentando acerca del carácter pacífico del movimiento y de la responsabilidad de sus dirigentes en conservar el orden, así como de la colaboración inicial prestada por las autoridades de la ciudad -desmintiendo de paso el supuesto peligro social que significaba para la ciudad la llegada masiva de los huelguistas— y la posterior reacción de aquellas, decretando estado de sitio sobrepasando —según Concha— la Constitución, sin autorización ni conocimiento del poder legislativo, y finalmente disparando sobre la masa inerme de obreros y sus familias. Su crítica apuntaba directamente al ministro Sotomayor.

Señalaba el diputado Concha:

“…Ha llegado el momento de que la Honorable Cámara aprecie la responsabilidad política, civil o criminal que corresponda al señor ministro del Interior con motivo de una violación constitucional que no puede quedar impune. Si el señor ministro ordenó la matanza,

::asume la responsabilidad como autor; y si no ha puesto remedio a un mal que no ordenó, asume la responsabilidad política”.[33]

Contrastan las versiones sobre las condiciones de vida de los obreros salitreros en la editorial de El Diario Ilustrado:

“La violencia de los movimientos populares de la región salitrera es efecto de la desolada naturaleza y de la misérrima vida que llevan los trabajadores. Allí se concibe ese suicidio brutal, en que algún infeliz muerde un cartucho de dinamita, prende fuego a la mecha y espera impasible y estoico el estallido que esparcirá sus miembros palpitantes sobre la costra removida de la desierta pampa. En la oficina salitrera, la administración se levanta casi suntuosa, cerrada al exterior con rejas de fierro y batientes blindadas; allí está la abundancia y la frescura del ambiente. Cerca se halla la población de trabajadores: una calleja sucia formada por dos hiladas de cuartos de muralla de costra (corteza dura del suelo salitroso) y techo de fierro galvanizado. El calor en el día es insoportable; en la noche la camanchaca produce un descenso considerable de la temperatura, que los débiles techos y muros dejan pasar. Tratándose de habitaciones que son las únicas, de residencia forzosa, creemos que el Gobierno está obligado, en defensa de la salud y vida del trabajador, a fijar un modelo de construcción y una extensión mínima y cerrada para cada familia”. [34]

y en la de El Mercurio:

“Las condiciones en que se desarrolla el trabajo en las faenas salitreras, colocan al obrero en situación ventajosa respecto de las demás labores de la explotación agrícola o industrial del resto del país. En general puede decirse que la remuneración del trabajador es allí amplia y que ningún gremio recibe mayores compensaciones y tiene más facilidades para la vida y más oportunidad para el ahorro, que el de los peones y jornaleros empleados en la extracción y beneficio del nitrato. El jornal alto, la habitación gratuita, la pulpería a precios equitativos, la alimentación abundante y relativamente más baja que en el sur, compensan sobradamente el esfuerzo del hombre y los rigores del clima y las arideces del territorio (…) . La detención del trabajo en las salitreras perjudica, más que a los capitalistas, a los huelguistas mismos, pero beneficia a los agitadores. Y como lo hemos dicho, no hay causa visible que justifique los acontecimientos (…). A pesar del carácter pacífico de este movimiento, y de la conducta mesurada de los huelguistas, los antecedentes expuestos nos inducen a mirar lo que ocurre en Iquique como hechos de excepcional gravedad. La lección puede, no obstante, ser oportuna para que se prevenga su repetición, antes de que las raíces de esta escabrosa cuestión social sean más profundas…”[35]

Por su parte, en la Cámara, el ministro Sotomayor finalmente tomó la palabra, luego de varios días, para hacer sus descargos y en una

Ministro Rafael Sotomayor (a la izquierda) Diputado Malaquías Concha (abajo) Diputado Arturo Alessandri (arriba) Diputado Bonifacio Veas (a la derecha)

extensa intervención —interrumpida en varias ocasiones por los diputados Veas, Alessandri y Concha— justificó los hechos en virtud del fin promordial del gobierno de amparar la propiedad, la vida y el orden social:

“Sin garantizar el orden público y la vida de los habitantes, no hay gobierno, no hay autoridad, no hay sociedad, no hay progreso, no hay nada, es el caos (…) hubo un instante en que el movimiento dejó de ser respetuoso e inofensivo, un momento supremo en que esas mismas benévolas autoridades comprendieron que no quedaba otra cosa que hacer que lo que se hizo, como muy bien lo deja comprender el parte del señor Silva Renard. El honorable Diputado por Concepción -—refiriéndose a Malaquías Concha-— para llevarnos al terreno de las impresiones, ha tenido que inventar una novela en que juegan como resorte principal montones de cadáveres. Todo esto es obra de la fantasía del señor Diputado”.[36]

Esa semana, El Mercurio, una vez conocida la magnitud de los acontecimientos, reorientaba su opinión, apelando al gobierno y los legisladores:

“A la ley de febrero de 1906 sobre habitaciones para obreros que se cumple lenta e ineficazmente, a la dictada últimamente sobre descanso dominical, debemos agregar un código o un conjunto de disposiciones relativas a la duración de la jornada, al trabajo de las mujeres y de los menores, a las condiciones de los locales e instalaciones de industria; a los seguros obreros, a las pensiones de los inválidos del trabajo, a la implantación del contrato de trabajo y de la consiguiente ley sobre huelgas, que las prevenga o termine por medio de la conciliación o el arbitraje (…). Los legisladores y los encargados del poder público tienen el deber de estudiar cuanto antes el arduo problema, que si bien puede recibir una aparente solución, quedará solamente diferido, y siempre latente, como la más grave de las cuestiones relacionadas con la vida nacional, mientras no se adopte la legislación que invocamos”.[37]

Al final de la extendida sesión referida —-acompañada de gritos y manifestaciones en los palcos-— y señalando que las explicaciones del ministro no eran satisfactorias, los tres diputados acusadores dieron carácter formal de interpelación a sus intervenciones, iniciándose en la sesión siguiente —-2 de enero-— un intenso debate acerca de la situación social en el país en que el ministro Sotomayor, junto con sostener que en Chile no había diferencias de clases, mantuvo firme la postura de defender a cualquier costo el orden y la propiedad e intereses de los salitreros locales y especialmente de los extranjeros:

“… deberíamos tener una gratitud inmensa para esos hombres —se refiere a Silva Renard— que así cumplieron con su deber manteniendo el orden y la tranquilidad pública. Ellos impidiendo ese movimiento

subversivo, han salvado al país de una vergüenza y de futuras complicaciones internacionales, y a la población de Iquique de ser asaltada por una turba de bandidos (…) así como de las reclamaciones extranjeras que habrían sido de fatales consecuencias”.[38]

Asimismo, el ministro se refirió en aquella oportunidad a los reclamos por las clausuras de medios de prensa, cuestión que interesaba particularmente al diputado Alessandri, el cual preguntó a Sotomayor por qué la autoridad cerraba periódicos y amenazaba a periodistas y directores de publicaciones que informaban y criticaban al gobierno por los hechos de Iquique y no actuaba de la misma forma con los diarios que incitaban a la disolución del Senado, a lo cual el ministro del Interior respondió:

“El diario la Epoca es un periódico que tiene entre sus lectores alguna gente inconsciente y ha publicado noticias falsas para incitar al pueblo a la venganza, pero no son lo mismo los periódicos que están llamados a circular en las clases altas de la sociedad, aunque en ellos se hable de sedición. Esos artículos no hacen mayor daño (…) No pasa lo mismo con el pueblo que discierne poco y que, fácilmente, se puede sentir animado para subvertir el orden público”.[39]

En su retórica política llama la atención que el ministro asumía vivir en un país tranquilo en que debía prevalecer el orden y la seguridad de la propiedad, sin conflictos sociales pues no había diferencias sociales, o él no las percibía. Su percepción, su imagen del otro —el obrero— era de personas manipuladas por agitadores o directamente, bandidos, organizando desorden e inseguridad.

A juicio del diputado Alessandri, el gobierno debía realizar una amplia investigación que arrojara plena luz acerca de los graves sucesos de Iquique, de manera de precisar las responsabilidades directas que le cabían. Más adelante, en la misma sesión —3 de enero— Alessandri sostiene: “Los hombres de Estado de Chile tienen la obligación de saber que este siglo XX es de fermentación social; que durante él y desde hace tiempo, se levanta y surge entre nosotros lo que se llama el problema obrero”.[40]

Cabe destacar, por su parte, la intervención del diputado conservador por Lebu, Cañete y Arauco, Luis Izquierdo, defendiendo la labor del ministro Sotomayor, tanto en lo referido a los hechos de Iquique como al posterior cierre de periódicos, aunque repara Izquierdo en la necesidad de una legislación adecuada que regule los conflictos. Señalaba Izquierdo respecto al desenlace de la huelga salitrera:

“Hay en el movimiento obrero que los originó (se refiere a los hechos de Iquique) envueltas dos cuestiones diversas: una cuestión de orden público y, enseguida, una huelga, una cuestión obrera, un conflicto entre patrones y trabajadores, un problema social, si quieren

::los honorables diputados demócratas, que interesa a la autoridad pública e interesa también a la acción legislativa (…)Todos esos movimientos presentan aspectos y dificultades comunes que convendría resolver por medio de una legislación permanente que reglamente en cuanto sea posible el trabajo en los grandes centros industriales, que defina las relaciones de patrones y obreros, que abra camino a la solución conciliatoria del arbitraje y que propenda, como quieren los honorables diputados demócratas y como querrá toda persona que ame la justicia, a la distribución equitativa del producto de la riqueza entre el capital y el trabajo, entre el patrón y el obrero…”[41]

Lo que en el fondo estaba en discusión era la interpelación al ministro Sotomayor, situación que no se votaba mientras no se presentaran todos los antecedentes que con el paso de los días llegaban desde Iquique, además de la lectura en sala in extenso de los telegramas y partes oficiales. Las sesiones se extendían largamente, casi siempre con los mismos parlamentarios mencionados haciendo uso de la palabra y el ministro respondiendo. En varias oportunidades el debate quedó inconcluso por el cierre de la sesión o por la ausencia de los diputados. Al final de la sesión del 10 de enero, ante el escaso número de parlamentarios que quedaba, el diputado Alessandri sostuvo irónicamente: “…la poca asistencia en la Cámara está demostrando las escasas fuerzas con que cuenta el Ministro. ¡Con un ministerio censurado, con un Ministro cuya conducta está en tela de juicio, y los señores diputados de la mayoría no vienen, o se retiran, dejando la sala sin número…!”[42]

Cabe señalar que durante aquellas sesiones se encontraba también en discusión la ley de presupuestos para 1908, situación que llevó al diputado conservador por Yungay y Bulnes, Alfredo Barros, a proponer una partida nueva “…para atender a las obras que tiendan al mejoramiento moral, intelectual y material de los obreros de las provincias de Tarapacá y Antofagasta… $300.000” iniciativa que fue modificada por Malaquías Concha, quien propuso destinar a este item $100.000 y asignar los $200.000 restantes: “…para socorrer y pensionar a las viudas y huérfanos de los que fallecieron con motivo de los sucesos de Iquique”. Finalmente, se propuso que la indicación del diputado Barros saliera del debate presupuestario y se tramitara como proyecto aparte.[43] El tema presupuestario absorbió totalmente las sesiones posteriores, retomándose la interpelación al ministro Sotomayor en la sesión del 24 de enero, no pudiendo —en aquella oportunidad— finalmente terminar su larga intervención el diputado Malaquías Concha, por falta de diputados en la sala.

En la sesión del 31 de enero, luego de hacer uso de la palabra, el diputado Bonifacio Veas —uno de los promotores de la interpelación— presentó un proyecto de acuerdo que consistía en nombrar una Comisión parlamentaria que se trasladara a Iquique “a investigar lo ocurrido el 21 de diciembre de 1907, con motivo de la huelga

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Plaza Montt, horas después de la masacre.

de los operarios de la pampa, y proponer las medidas conducentes a mantener la armonía entre patrones y obreros”.[44]

La discusión sobre la interpelación al ministro Sotomayor pasó al período ordinario de sesiones —inaugurado el 4 de junio de 1908— lo cual generó, dos días después, un breve debate acerca de la pertinencia de continuar con la interpelación. Al respecto, el diputado Julio Puga Borne, en virtud de las facultades de la Cámara, propuso como “…una medida de prudencia, acordar no continuar en ellas (se refiere a las interpelaciones pendientes) si sus autores no insisten en mantener los proyectos de acuerdo que dejaron formulados en el período anterior (…). A lo que el diputado Alessandri contestó: “Acepto, señor Presidente, como autor de uno de los proyectos de acuerdo pendientes, proyecto que ya ha perdido su oportunidad, la indicación del señor Puga…”[45]

A continuación, Malaquías Concha cuestionó el formalismo de votar o no el acuerdo, pero no cuestionó el fondo: no proseguir con la interpelación al ministro y sus responsabilidades por lo ocurrido seis meses antes en Iquique.

Y así fue aprobado.

En aquellos días, el Presidente Pedro Montt abrió las sesiones del Congreso —1 de junio de 1908— y leyó la tradicional cuenta al país frente a diputados y senadores. Respecto a lo sucedido en Iquique casi seis meses antes, señaló:

“En el orden interno, hemos lamentado dolorosos sucesos originados por la forma subversiva empleada por trabajadores de la provincia de Tarapacá para imponer sus peticiones al comercio e industria de esta provincia. El Gobierno cumplió su deber prestando eficaz amparo a las personas y propiedades. La frecuente repetición de hechos análogos manifiesta la necesidad de completar nuestra legislación con leyes que den mayores garantías al contrato de trabajo, que mejoren la condición del obrero y protejan a la sociedad contra los elementos malsanos que han llegado del exterior, como hoy se practica en casi todas las naciones. Para realizar estos propósitos, se han elaborado los correspondientes proyectos de ley que en breve se someterán a vuestra deliberación”.[46]

Al mes siguiente, el diputado Malaquías Concha aprovechó la presencia del ministro de Justicia, Domingo Amunátegui, para protestar por el ejercicio de la justicia en torno a los hechos de la escuela Santa María. Señalaba entonces el diputado:

“…en Iquique han acaecido sucesos de la más grave trascendencia; se ha ametrallado a una reunión de ciudadanos pacíficos, en número de siete u ocho mil, que ocupaban la escuela Santa María, en la plaza Manuel Montt, y a pesar de esto, no se ha conmovido una fibra de los miembros de la Corte Suprema de Justicia o de la

Corte de Apelaciones de Tacna para designar un juez severo que de garantías de imparcialidad a fin de investigar estos sucesos. En cambio, como escarnio de la suerte, el juez letrado de aquella localidad ha instruido un proceso, no contra los que ultimaron a los huelguistas, no contra los matadores, sino contra los propios huelguistas, acusándoseles de subversión contra el orden público, cuando habían sido víctimas de la tiranía más cruenta y dolorosa”. [47]

El ministro Amunátegui argumentó, por su parte, que no se podía haber enviado un ministro visitador a Iquique, pues, en esos momentos, los antecedentes se estaban tratando en la propia Cámara de Diputados y el Poder Judicial no se entromete en los otros poderes del Estado: “Creo que el abuso de que el Ejecutivo se entrometa en los asuntos judiciales es tan grave como el que los miembros del Congreso intervengan en la marcha de los Tribunales de Justicia: cada poder debe tener su esfera de acción propia e independiente (…). Y respecto al juicio contra los huelguistas, señaló el ministro que las sentencias de los jueces son revisadas por la Corte respectiva “…y si los presuntos culpables después de esta revisión, resultan inocentes, no sufrirán castigo alguno”.

La masacre de Santa María de Iquique:
contextos y debate político en la Cámara de Diputados
por David Vásquez 


El país hacia el 1900: antecedentes generales
La llegada del nuevo siglo encontró a Chile en un momento de profundos cambios, algunos de ellos terminales, como la crisis oligárquica y del régimen político, y otros fundacionales como el surgimiento de movimientos sociales, las inversiones públicas en infraestructura y educación producto de la riqueza salitrera o el ascenso de nuevos actores mesocráticos a la vida política. Un mundo terminaba y otro nacía hacia 1900.

La política nacional tenía como escenario principal las disputas y alianzas en el Congreso, protagonista de la vida política y de las decisiones públicas desde el triunfo de 1891 sobre el Presidente Balmaceda. El llamado parlamentarismo oligárquico se caracterizaba por el predominio sin contrapeso del poder legislativo sobre el gobierno y el Presidente a través de las interpelaciones a los ministros de Estado, la censura a los gabinetes, las obstrucciones a los proyectos de ley, dinámicas que, a fin de cuentas, respondían a los acuerdos e intereses coyunturales de los líderes políticos y los parlamentarios. Los temas doctrinarios del pasado que atravesaban las luchas políticas (temas religiosos, las leyes laicas, la libertad electoral, entre otros) fueron reemplazados por una dinámica estéril de luchas internas de la clase política, compuesta fundamentalmente por liberales —con distintos apellidos— conservadores, radicales y algunos atisbos de representación política popular a través del partido democrático.

Los partidos ejes de las combinaciones gobernantes eran el Partido Radical con la Alianza y el Partido Conservador con la Coalición. La estabilidad formal del sistema estaba dada por un consenso doctrinario más o menos general entre los partidos, cuyos líderes y representantes pertenecían a la pequeña oligarquía dominante, unidos por lazos familiares o comerciales y cuyas diferencias inmediatas se resolvían botando gabinetes, pero sin amenazar la institucionalidad ni a los mandatarios quienes cumplieron, salvo muerte prematura, tranquilamente sus respectivos quinquenios, desde Jorge Montt a Salvador Sanfuentes.[1] Asimismo, un dato fundamental para evaluar la estabilidad de las primeros años del nuevo siglo, es el auge económico del salitre. Sobre ello volveremos más adelante.

Una mirada un poco más detenida sobre las corrientes políticas más importantes nos muestra algunas de las tendencias comunes y también temáticas nuevas que los interpelaban desde la vereda de la impostergable «cuestión social». El conservantismo, heredero del peluconismo de la época de los decenios, se caracterizaba por su estructura cerrada, un club de señores tradicionales, terratenientes y católicos que eligieron 8 senadores en 1900, 11 en 1906, 12 en 1909 y luego bajan hasta cero en 1921, mientras los radicales subían, así como los demócratas.[2] Las tendencias eran claras y el conservantismo perdía influencia y terreno electoral, pero no poder e influencia en las decisiones políticas y económicas, además de su lucha en el período por la libertad de educación, contra el Estado docente.
Sin embargo, desde la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII en 1891, el pensamiento conservador fue asumiendo -—no sin mucha dificultad y recelo y sólo por algunos ilustres como el diputado Juan Enrique Concha, ya que la mayoría prefería la anterior encíclica Diuturnum Illud, fuertemente anticomunista-— una mirada hacia el mundo del trabajo y de la justicia social.[3]
El social cristianismo que reivindicaba un trato más justo con los trabajadores y una preocupación por su situación habitacional y educacional, llevó a algunos hombres ricos a fundar sociedades filantrópicas y construir con sus fortunas personales viviendas para obreros, como la población León XIII a los pies del cerro San Cristóbal.
El mundo liberal, compartiendo intereses y relaciones económicas y sociales con los conservadores, presentaba divisiones entre aquellos que compartían objetivos electorales con éstos, en la llamada Coalición liberal conservadora y quienes adscribían a un liberalismo más tradicional -—liberales democráticos o balmacedistas, liberales doctrinarios-— vinculándose con radicales y demócraticos en la Alianza liberal.
El liberalismo de principios de siglo adscribía al liberalismo económico, y defendía la lograda libertad electoral -—merced la comuna autónoma-— que significaba la no intervención del Ejecutivo en los procesos electorales, siendo reemplazada por la intervención del dinero en la compra de votos. El conservantismo era identificado con los propietarios de la tierra, mientras el liberalismo se nutría de la alta burguesía urbana y reunía en sus filas a comerciantes prósperos, industriales, altos funcionarios públicos y profesionales liberales que llegaron al senado como Vicente Reyes, Ramón Barros Luco, Juan Luis Sanfuentes, entre otros.
Interesante resulta el radicalismo que, junto con la vertiente liberal -—política y económica-— y distante de la problemática social que predominaba en su dirigencia, comenzó a asumir otro discurso más en sintonía con la realidad social y las desigualdades profundas del país, ahora más evidentes en los centros urbanos del norte y centro producto de las explotaciones mineras e industriales. Los ascendentes estratos medios de burócratas, empleados particulares, comerciantes y pequeños mineros significaron un respaldo al radicalismo, fortaleciendo las tesis más sociales de dirigentes como Valentín Letelier que se impuso en la Convención de 1906, aumentando paulatinamente su representación parlamentaria, pero aún lejos de posiciones más de avanzada que adoptaría en los años veinte.[4]
El elemento nuevo en el cuadro político de principios de siglo fue el Partido Democrático fundado en 1887 con el objetivo de «emancipar política, social y económicamente al pueblo» y conformado por artesanos, obreros más concientes, baja clase media y que obtuvo representación parlamentaria-— Angel Guarello, Malaquías Concha-— exclusivamente por convicción de su electorado pues no podía recurrir a los mecanismos de compra de votos que las otras tiendas políticas practicaban. Su fuerte se encontraba en las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y Concepción.[5]
Paulatinamente su discurso, siempre dentro de la institucionalidad, fue moderándose y acercándose a tesis liberales, lo que llevó a dirigentes como Luis Emilio Recabarren a abandonar sus filas y formar una nueva tienda, el Partido Obrero Socialista en 1912, colectividad que adoptará el nombre de Partido Comunista diez años después.[6]
Por su parte, el panorama económico del cambio de siglo presentaba importantes dificultades estructurales, dentro del ciclo de bonanza salitrera. Hemos mencionado la influencia que el pensamiento liberal tenía en la elite del país a fines del siglo XIX, de una raíz ilustrada, racionalista con una profunda confianza en la ley y el derecho como matrices del desarrollo político y el «laissez faire» como escenario del desarrollo en lo económico.
Sin embargo, el Estado tuvo una importante participación como «facilitador» de esa libertad privada para las últimas décadas del siglo y las primeras del siglo XX. Siguiendo a Oscar Muñoz [7], el Estado institucionalizó el régimen político y sus vías de funcionamiento y canalización de la opinión pública; también generó todo un ordenamiento jurídico en lo civil y en lo económico; asimismo funcionó como mediador de los intereses de la oligarquía local y los inversionistas extranjeros; y del mismo modo, invirtió en una serie de obras e infraestructura pública, medios de transporte y vías de comunicación que permitieron el desarrollo de la agricultura y la minería.
Como señala Muñoz,«El fundamento de este proceso está en la necesidad de regulación del órgano social, lo que en una primera etapa que cubre la segunda mitad del siglo XIX hace indispensable el ordenamiento jurídico, político y económico, así como el desarrollo de una infraestructura material. En etapas posteriores, a la vuelta del siglo, ese ordenamiento pasa a incluir aspectos sociales y laborales»[8]
Cargamento de cachuchos con salitre.
El auge salitrero significó para el Estado chileno una importante entrada de recursos durante casi cincuenta años, por la vía de los derechos de exportación sobre el valor total del salitre y yodo. Para el período 1880-1924, los costos de producción bordearon 1/3, las ganancias netas de los capitalistas otro tercio -—fundamentalmente capitalistas extranjeros que a fines del siglo XIX representaban cerca de dos tercios de la industria salitrera-— y el tercio restante lo percibió el Estado.
Es decir, añaden Sunkel y Cariola: «...el estado chileno logró apropiarse de aproximadamente la mitad del excedente generado en la actividad salitrera lo que constituye seguramente un fenómeno sin precedentes en la época». [9] No debe ignorarse, sin embargo, que el Estado, así como las actividades económicas, eran «administrados» por la misma elite dirigente.
La relevancia de la industria salitrera en las entradas del fisco chileno queda de manifiesto al comparar su impacto en el tiempo. Hacia 1880, los tributos representaban menos del 5% de las rentas ordinarias. En 1890, esa proporción había subido al 48%; en 1910 llegó al 51%, mientras que para 1915, los impuestos a las exportaciones del salitre significaban un 60% de las entradas de la nación. Según Sunkel y Cariola «En los cincuenta años del período 1880-1930, el total acumulado de los derechos pagados por el salitre y yodo llegó a casi mil millones de dólares (corrientes)».[10]
Siguiendo las conclusiones de los mismos autores, las ganancias netas de los inversionistas -—locales y extranjeros-— habrían alcanzado una magnitud similar en el período 1880-1930.
Se mencionó arriba el rol del Estado como facilitador de la iniciativa privada económica desde fines del siglo XIX. Asimismo, queda de manifiesto el control que los grupos oligárquicos ejercían sobre las instituciones al reformular las cargas tributarias, suprimiéndose una serie de impuestos internos a la propiedad en la década de 1880 y desplazándose otros desde el gobierno central a los municipios, todo ello en virtud de los enormes recursos que proporcionaba el salitre. «No se observa, en cambio, la misma prontitud para regular las relaciones entre capital y trabajo -—señala Oscar Muñoz-—,las que deberán esperar varias décadas y la agudización de los conflictos para comenzar a plantearse".[11]
La industrialización de las grandes ciudades, además de las faenas mineras del norte que generaron importantes procesos migratorios, significó la aparición de núcleos de trabajadores urbanos medios y proletarios que laboraban y vivían en muy precarias condiciones y marginados de luchar por sus intereses en el sistema político o incidir en las agendas legislativas de la época. Las organizaciones de trabajadores a fines del siglo XIX —-señala Sergio Grez[12] -—estaban conformadas por mutuales, cooperativas, escuelas de artesanos, orientadas al mejoramiento material, a la ilustración, a la formación moral, al socorro mutuo, al ahorro, entre otras inquietudes «regenerativas», hasta que las demandas comenzaron a articularse políticamente.

Añade Grez: «...en el plano político, la adhesión inicial a los ideales del liberalismo había dado paulatinamente paso a una corriente sui generis de liberalismo popular, que progresivamente había tendido a distinguirse y luego a separarse del liberalismo de las elites dirigentes. La vía de las reformas graduales, que apuntaba a la transformación del régimen liberal en sistema democrático, aprovechando las libertades existentes para ponerlas al servicio de los intereses de los trabajadores, llevó a los militantes populares a romper con el liberalismo ‘de frac y corbata’ y a organizar en 1887 una representación política independiente: el Partido Democrático.»[13] Colectividad que, como se señaló antes, fue moderándose con los años hacia el centro liberal.

Sin embargo, las organizaciones obreras adquirieron mayor presencia, variedad y desarrollo ideológico a comienzos del siglo XX a través de otras vías: las sociedades de resistencia de orientación socialista y anarquista. Concluye Grez: «Si hasta fines del siglo XIX, la cultura, el proyecto y el ethos colectivo del movimiento popular organizado podía sintetizarse en la aspiración a la ‘regeneración del pueblo’, hacia la época del baño de sangre de la escuela de Santa María, el movimiento obrero ya enarbolaba la consigna más radical de ‘la emancipación de los trabajadores”.[14]
La situación para las clases trabajadoras a principios del siglo XX era deplorable. Además de las injustas condiciones laborales, la ausencia de legislación del trabajo, las miserables condiciones de vida y de habitat, especialmente en las ciudades, hay que añadir el proceso inflacionario que experimentaba el país, producto del aumento del papel moneda -—desde 1898 a 1924 rigió la inconvertibilidad, aumentando el circulante y la inflación-— lo cual deterioraba día a día el poder de compra de los más pobres. Señalemos que el año 1907, la inflación alcanzó al 34.35%, la más alta del período 1880-1925.[15]

Parte importante de los recursos provenientes del auge salitrero fue invertido por el Estado en su crecimiento, en infraestructura pública funcional al desarrollo del país y en cobertura educacional. Así, para 1880, el total de empleados públicos alcanzaba los 3 mil. En 1900 era de 13 mil y en 1919, los funcionarios del Estado alcanzaban los 27 mil. Por su parte, la red ferroviaria pública tenía en 1900 casi los mismos kilómetros que la privada -—un poco más de 2000-— llegando a más de 5 mil en 1915, 2 mil kilómetros más que las vías privadas (3 mil aquel año). Asimismo, en educación, los establecimientos fiscales -—enseñanza primaria, secundaria y superior-— presentan un importante aumento: de 531 en 1860 a 1.313 en 1895, y a 2.238 10 años después, para alcanzar más de 3 mil en 1915. En consecuencia, el número de alumnos para esos niveles también aumentó notablemente: de 20.485 en 1860 se pasó a 152 mil en 1895, luego a 291 mil en 1910 y superando los 400 mil en 1920.[16]
El cambio de siglo, asimismo, encontró a cierta elite intelectual sumida en un diagnóstico pesimista, frustrado respecto del desarrollo del país y de las prácticas políticas, como si se viviera en una prosperidad artificial autocomplaciente y a punto de desvanecerse. La llamada «crisis moral» para el Centenario se alimentaba de discursos transversales, de variado origen: desde la queja xenófoba de Nicolás Palacios, pasando por la conciencia crítica de la cuestión social según Alejandro Venegas -—el Dr. Valdés Canje-— y la crítica social, ideológica y política de Luis Emilio Recabarren, el desplome de la fe en el progreso del radical Enrique Mac-Iver hasta el crepúsculo del empuje nacional denunciado por Tancredo Pinochet o la siquis y la raza locales como factores de la decadencia económica que diagnosticara Francisco Encina.[17]
El Parlamento a principios de siglo
En su tratado sobre los orígenes del Estado y sus instituciones, publicado en 1917, Valentín Letelier describía el sistema político chileno -—de acuerdo a lo que la ley señalaba-— como una República democrática basada en el derecho a voto de los hombres mayores de 21 años alfabetizados. Y luego añade:
«Pero si el derecho no es derecho sino cuando es hecho, a la ciencia no le basta conocer la regla escrita; tiene que averiguar lo que hay en la realidad, y lo que hay en la realidad es: 1° que no sabe leer y escribir más de la quinta parte de la población de la República; 2° que de esta porción no se inscribe en los registros ni siquiera la quinta parte; 3° que de los inscritos más de la mitad no concurren a votar; y 4° que de los concurrentes, los tres cuartos delegan su conciencia en manos del cura, del hacendado o del prefecto de policía. Conclusión: mientras el derecho escrito nos halaga con la ilusión de que vivimos en una perfecta democracia, el derecho real, el derecho que la exégesis ignora, nos tiene sujetos a una oligarquía tan corruptora como diminuta».[18]
La noción de una sociedad profundamente escindida, fragmentada y en que la política era un juego de salón para señores ilustres, algunas veces asumiendo roles en los efímeros gabinetes y otras, como diputados o senadores, también fue ácidamente descrita por Alberto Edwards, -—lúcido testigo de su época como Letelier-—, resaltando su inmovilidad, casi como una «paz veneciana»:
«Los grandes cambios que se venían produciendo en la estructura social del país, en nada, o muy poco, afectaron al panorama de la política. En cuerpo, pero sobre todo en espíritu, la antigua oligarquía continuó dominando. El personal político, los miembros de las Cámaras se reclutaban en buena parte dentro de las mismas familias y círculos sociales de antaño... Los mismos hombres nuevos que cada
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El Diario Ilustrado, 25 de diciembre 1907.

elección llevaba al Congreso en pequeños grupos, no tardaban en asimilarse al ambiente tradicional... La aristocracia los absorbía moralmente».[19]
Durante el período en comento hubo innumerables rotativas ministeriales, sucesivas crisis de las alianzas políticas, importantes movimientos huelguísticos, sin embargo, la clase política mantuvo la institucionalidad republicana inalterada, lo que no es cuestionable en absoluto, salvo cuando se trata sólo de una complaciente fachada artificial. Los Presidentes se sucedieron oportunamente, el Centenario se celebró dignamente. El ciclo salitrero financió tal estabilidad hasta que la «cuestión social» ya no pudo seguir postergándose, nuevos actores mesocráticos acudieron a exigir su parte y el ciclo entero inició su decadencia.

Más allá de esta mirada crítica -—y generalizada a otras esferas del quehacer nacional como señalaran los comentaristas de la crisis señalados antes-— la institución parlamentaria era el escenario fundamental -—aunque no el único, pues en los clubes y salones privados también se negociaba y hacía política-— de las decisiones y del debate de los temas nacionales. Fue este período y esta institución, una escuela cívica para muchos -—en términos del historiador Julio Heise-— y peldaño indiscutible para quien pretendiera alcanzar la Presidencia.[20]

Según este autor, el período parlamentario configuró un escenario de tranquilidad política y paz interior sobre la base del estricto acatamiento a las prácticas parlamentaristas, como la rotativa ministerial -—que para algunos denotaba incapacidad y esterilidad en la gestión-— una verdadera válvula de escape para las tensiones políticas en medio de un juego democrático entre gobierno y oposición, sin violencia política, con pluralismo, libertad de expresión y respeto a la Constitución.

Añade Heise: «A los cuerpos legislativos y demás instituciones políticas sólo podía llegar el contribuyente. La democracia burguesa, con exclusión de los que nada poseen, era la única fórmula posible dentro del clima mental de la época. Y será precisamente este convencimiento el que entre otros factores produjo la estabilidad social, el que dio a la estructura política parlamentaria su solidez, su autenticidad, su justificación histórica».[21]
Si bien a nivel del parlamento no había mayor preocupación corporativa por asumir los temas sociales -—no hubo en el Congreso una comisión permanente dedicada a los temas de legislación obrera sino hasta la que creó la Cámara en 1912-—, sí hubo personajes que levantaron la voz para denunciar el estado de cosas, como el ya mencionado Valentín Letelier, diputado a fines del siglo XIX y que entrando al XX encabezaba el sector más progresista del radicalismo en la convención del partido en 1906 o Manuel Rivas Vicuña, diputado liberal promotor de la empantanada ley de instrucción primaria, entre otras y de múltiples iniciativas sociales y políticas expresadas en la convención liberal de 1907, así como el conservador Juan Enrique Concha, precursor del pensamiento socialcristiano.

Además, debe señalarse la presencia de diputados del Partido Demócrata, como Malaquías Concha -—su fundador en 1887-— y Bonifacio Veas, ambos potentes oradores tras la masacre de Santa María. Asimismo, debió estar Luis Emilio Recabarren en ese parlamento de 1906, pero fue despojado del cargo de diputado por Antofagasta a través de formalismos, aunque en el fondo fue considerado peligroso por sus ideas y por su arrastre popular en el norte: «A mi no me duele retirarme de esta Cámara. Es el pueblo el que se convencerá de que aquí no se admite a sus representantes», señaló entonces.[22]

A nivel de la cámara alta, se advierte -—en la primera década del siglo-— la poderosa presencia de los «señores del salitre», como Federico Varela, Daniel Oliva, Eduardo Charme y Rafael Sotomayor -—este último ministro del Interior durante la masacre de Santa María-— dueños o socios de importantes oficinas salitreras y con un poder y fortuna incontrarrestable a nivel local, situación -—sobre todo ésta última-— fundamental para obtener un sillón. Si con la libertad electoral el gobierno ya no intervino en las elecciones, la manipulación descansaba ahora en las «máquinas electorales» y el cohecho.[23]

Señala Gonzalo Vial: «Nada había más caro que ser candidato a senador, salvo ser candidato a Presidente de la República. Hacia 1910 se estimaba que este cargo costaba dos millones de pesos; una senaduría, quinientos mil y una diputación, cincuenta mil».[24]
Para dimensionar el escenario electoral -—en la perspectiva insinuada por Letelier-— señalemos que para las elecciones de 1906, presidenciales y parlamentarias, de una cantidad de 409.635 personas inscritas en los registros electorales -—de un potencial de 429.766 personas que constituían el universo electoral, es decir, el 13.5% de la población total del país (3.175.000 hbts)-—, votaron 216.492 (52.85%), con una abstención del 47.15%.[25]

Los sucesos de Iquique en algunos diarios santiaguinos y en la Cámara de Diputados

Una semana antes del fatal desenlace, en plena huelga, La Unión de Santiago en su edición dominical auguraba el escenario señalando:
«...estos agitadores no sólo dañan a los que les escuchan sino que son una amenaza para todos los intereses y para todos los derechos, una causa de perturbación del orden social y de descrédito para el país. Con esto nos dañan a todos los habitantes del país y todos tenemos
::derecho a exigir del gobierno que reprima con severidad y energía a estos enemigos del orden social, a estos audaces explotadores, a estos elementos malsanos de la sociedad (...). Ningún país puede tolerar que unas dos docenas de audaces anónimos y sin profesión ni rentas conocidas, estén de continuo azuzando el pueblo a la revuelta y provocando asonadas que producen la baja del cambio y el consiguiente recargo de los consumos». [26]

Mientras en Iquique la represión militar finalmente se concretaba aquella tarde del 21 de diciembre, en Santiago, en la Cámara de Diputados, el representante por la zona de Concepción, Fernando Baquedano, pedía la palabra y señalaba ante sus pares su inquietud respecto de la huelga del norte y la necesidad de información oficial por parte del ministro del Interior, el nacional Rafael Sotomayor. Agregaba además el diputado:

«Yo creo que, aún cuando no es del todo justificada la huelga del norte, es éste un movimiento sobre el cual debemos hacer un estudio especial, pues, puede decirse, que a este problema social están vinculados el desarrollo de la industria del salitre, el de nuestras riquezas y el mantenimiento del orden interno del país (...). Me atrevo a invitar a la Cámara a que entre a legislar, en forma definitiva, sobre las condiciones del trabajo y sobre las relaciones de los patrones y los obreros en las faenas salitreras (...). Se ha tratado de constituir la propiedad salitrera; de resguardar los derechos fiscales, en cuanto reportan beneficio para el Estado; pero poco o nada se ha hecho en lo que se refiere a la gente que con su brazo labra la riqueza del país».[27]
En estos términos abordaba también El Diario Ilustrado el conflicto, el día 22, sin conocer aún los detalles del desenlace:

«...Hasta aquí, el movimiento se presenta digno de toda consideración y respeto por su condición ordenada y pacífica, por sus solicitaciones en parte fundadas, en parte, acaso, imposibles de aceptar, pero en todo caso discutibles. Es verdad que cuando un movimiento de esta naturaleza alcanza tan gran desarrollo, aunque haya todo espíritu de paz y tranquilidad, son inevitables algunos incidentes desgraciados. Pero si hasta ahora la actitud y conducta de los huelguistas aparece satisfactoria y respetable, es difícil desprenderse de toda aprensión, al ver el desarrollo excesivo de la huelga, su organización extensa que ha hecho converger toda la masa de los huelguistas hacia la ciudad de Iquique (...). El producto íntegro de la industria salitrera se consume fuera del país; su pago es recibido en oro o moneda esterlina; los salitreros están perfectamente habilitados para satisfacer sin quebranto, dentro de la más completa normalidad de sus negocios, todos sus gastos de producción en oro o moneda esterlina. Presentada así, la demanda tiene buena base de justicia...» [28]
La siguiente sesión de la Cámara fue el 27 de diciembre, ya conocidos los hechos. El primer parlamentario que se refirió al
Interior de las faenas
tema fue Bonifacio Veas -—diputado del Partido Demócrata por Valparaíso-— quien, aprovechando la presencia del ministro Sotomayor, señaló:

«Parece que ya está haciendo escuela el no respetar las leyes relativas al derecho que tienen las clases populares de dirigir peticiones a las autoridades constituidas (...) . No debe olvidar el señor ministro que en este recinto hay diputados que no son adoradores del becerro de oro ni cortesanos de La Moneda, que no claudican de sus doctrinas y su principal deber es defender a los humildes y los intereses del pueblo».
Protestó, además, Veas, por la represión del gobierno contra manifestaciones populares en Valparaíso, por la censura informativa y el cierre de periódicos y más adelante se pregunta: «¿Por qué se han cometido esos asesinatos? Porque los obreros piden que se les haga más llevadera la existencia, que no se les robe su trabajo, que no se les pague con fichas, que no se les obligue a comprarlo todo en las pulperías de las oficinas, que se cierren los cachuchos”.[29]

Asimismo, en aquella sesión, el diputado por Curicó, Arturo Alessandri, en una larga intervención criticando al gobierno y su representante, el ministro Sotomayor, presente aquella tarde, por la censura y cierre de periódicos y apaleo a periodistas, derivó al punto central: el intento de silenciar las noticias del norte. Agregaba Alessandri:

«... el hecho es que el general Silva Renard que no había ido allá para dejarse impresionar por las griterías y por las banderolas, procedió únicamente, en vista de esas banderolas y griterías, a hacer disparar durante medio minuto las ametralladoras sobre el pueblo. Es decir, que en ese medio minuto se dispararon cinco mil tiros sobre una masa de ciudadanos que hasta ese momento estaban ejercitando un derecho que garantiza la Constitución del Estado: el derecho de pedir aumento de salarios y mejores condiciones para la vida (...) . Ahora bien, porque la prensa ha protestado contra estos procedimientos se la ha querido amordazar. Se quiere hacer callar a todo el mundo».
Y culminó Alessandri su intervención:

«Los movimientos populares hay que combatirlos yendo al origen del mal y dictando leyes que rijan las relaciones entre el capital y el trabajo, de manera que estas dos fuerzas se equilibren o que marchen paralelamente sin chocarse jamás y en forma armónica. Es necesario enseñar al pueblo, ilustrándolo, dándole la conciencia de sus deberes y de sus derechos».[30]
Por su parte, en la sesión del día siguiente, el diputado liberal por La Victoria y Melipilla, Jorge Valdivieso Blanco, salió a refutar a Veas y Alessandri —especialmente a este último— en lo que consideró un agravio hacia los generales del ejército de Chile, refiriéndose al general Roberto Silva Renard, quien “como jefe de la guardia militar de Iquique, se vio en la dura necesidad de usar de la fuerza: el resultado de esa contienda lo lamento yo personalmente, la Cámara y el país entero. Quería levantar este cargo contra un jefe del Ejército, que debe proceder ateniéndose a la ordenanza y no por sentimientos humanitarios...”

Y agregó: “Por otra parte, creo que no es este el momento de que la Honorable Cámara entre a discutir con tranquilidad cuál ha sido el rol de las autoridades del norte de la República en los acontecimientos en que han tomado parte, porque carecemos de los datos necesarios, y me parece que lo discreto y correcto es aguardar a que lleguen.”[31]

Dos días antes, El Diario Ilustrado postulaba la misma lógica que el diputado:

“¡Dolorosísimo sacrificio! A distancia del teatro de estos luctuosos acontecimientos, nos inclinamos a preguntar si era necesario tan doloroso sacrificio, si no se habría logrado alcanzar el objeto deseado sin pérdida de vidas o con pérdidas mucho menores (...) Pero consideremos que las autoridades de Iquique, sin interés alguno en las soluciones, que llamaremos económicas de la huelga, obligadas sí, al mantenimiento del orden, a la protección de vidas y propiedades, no podían carecer de espíritu de humanidad ni de fraternidad nacional... Es lógico suponer que si tan dolorosas medidas se vieron obligadas a tomar no quedaba otro arbitrio para el mantenimiento del orden público, obligación primordial de los gobiernos en las comunidades civilizadas”.[32]
En la sesión del 30 de diciembre, hizo uso de la palabra el diputado demócrata por Concepción y Talcahuano, Malaquías Concha, quien leyó un pormenorizado informe de los acontecimientos de Iquique, sus antecedentes e implicancias, apoyado de abundantes citas de la prensa local, argumentando acerca del carácter pacífico del movimiento y de la responsabilidad de sus dirigentes en conservar el orden, así como de la colaboración inicial prestada por las autoridades de la ciudad -desmintiendo de paso el supuesto peligro social que significaba para la ciudad la llegada masiva de los huelguistas— y la posterior reacción de aquellas, decretando estado de sitio sobrepasando —según Concha— la Constitución, sin autorización ni conocimiento del poder legislativo, y finalmente disparando sobre la masa inerme de obreros y sus familias. Su crítica apuntaba directamente al ministro Sotomayor.

Señalaba el diputado Concha:

“...Ha llegado el momento de que la Honorable Cámara aprecie la responsabilidad política, civil o criminal que corresponda al señor ministro del Interior con motivo de una violación constitucional que no puede quedar impune. Si el señor ministro ordenó la matanza,
::asume la responsabilidad como autor; y si no ha puesto remedio a un mal que no ordenó, asume la responsabilidad política”.[33]

Contrastan las versiones sobre las condiciones de vida de los obreros salitreros en la editorial de El Diario Ilustrado:

“La violencia de los movimientos populares de la región salitrera es efecto de la desolada naturaleza y de la misérrima vida que llevan los trabajadores. Allí se concibe ese suicidio brutal, en que algún infeliz muerde un cartucho de dinamita, prende fuego a la mecha y espera impasible y estoico el estallido que esparcirá sus miembros palpitantes sobre la costra removida de la desierta pampa. En la oficina salitrera, la administración se levanta casi suntuosa, cerrada al exterior con rejas de fierro y batientes blindadas; allí está la abundancia y la frescura del ambiente. Cerca se halla la población de trabajadores: una calleja sucia formada por dos hiladas de cuartos de muralla de costra (corteza dura del suelo salitroso) y techo de fierro galvanizado. El calor en el día es insoportable; en la noche la camanchaca produce un descenso considerable de la temperatura, que los débiles techos y muros dejan pasar. Tratándose de habitaciones que son las únicas, de residencia forzosa, creemos que el Gobierno está obligado, en defensa de la salud y vida del trabajador, a fijar un modelo de construcción y una extensión mínima y cerrada para cada familia”. [34]
y en la de El Mercurio:

“Las condiciones en que se desarrolla el trabajo en las faenas salitreras, colocan al obrero en situación ventajosa respecto de las demás labores de la explotación agrícola o industrial del resto del país. En general puede decirse que la remuneración del trabajador es allí amplia y que ningún gremio recibe mayores compensaciones y tiene más facilidades para la vida y más oportunidad para el ahorro, que el de los peones y jornaleros empleados en la extracción y beneficio del nitrato. El jornal alto, la habitación gratuita, la pulpería a precios equitativos, la alimentación abundante y relativamente más baja que en el sur, compensan sobradamente el esfuerzo del hombre y los rigores del clima y las arideces del territorio (...) . La detención del trabajo en las salitreras perjudica, más que a los capitalistas, a los huelguistas mismos, pero beneficia a los agitadores. Y como lo hemos dicho, no hay causa visible que justifique los acontecimientos (...). A pesar del carácter pacífico de este movimiento, y de la conducta mesurada de los huelguistas, los antecedentes expuestos nos inducen a mirar lo que ocurre en Iquique como hechos de excepcional gravedad. La lección puede, no obstante, ser oportuna para que se prevenga su repetición, antes de que las raíces de esta escabrosa cuestión social sean más profundas...”[35]
Por su parte, en la Cámara, el ministro Sotomayor finalmente tomó la palabra, luego de varios días, para hacer sus descargos y en una
Ministro Rafael Sotomayor (a la izquierda) Diputado Malaquías Concha (abajo) Diputado Arturo Alessandri (arriba) Diputado Bonifacio Veas (a la derecha)
extensa intervención —interrumpida en varias ocasiones por los diputados Veas, Alessandri y Concha— justificó los hechos en virtud del fin promordial del gobierno de amparar la propiedad, la vida y el orden social:

“Sin garantizar el orden público y la vida de los habitantes, no hay gobierno, no hay autoridad, no hay sociedad, no hay progreso, no hay nada, es el caos (...) hubo un instante en que el movimiento dejó de ser respetuoso e inofensivo, un momento supremo en que esas mismas benévolas autoridades comprendieron que no quedaba otra cosa que hacer que lo que se hizo, como muy bien lo deja comprender el parte del señor Silva Renard. El honorable Diputado por Concepción -—refiriéndose a Malaquías Concha-— para llevarnos al terreno de las impresiones, ha tenido que inventar una novela en que juegan como resorte principal montones de cadáveres. Todo esto es obra de la fantasía del señor Diputado”.[36]
Esa semana, El Mercurio, una vez conocida la magnitud de los acontecimientos, reorientaba su opinión, apelando al gobierno y los legisladores:

“A la ley de febrero de 1906 sobre habitaciones para obreros que se cumple lenta e ineficazmente, a la dictada últimamente sobre descanso dominical, debemos agregar un código o un conjunto de disposiciones relativas a la duración de la jornada, al trabajo de las mujeres y de los menores, a las condiciones de los locales e instalaciones de industria; a los seguros obreros, a las pensiones de los inválidos del trabajo, a la implantación del contrato de trabajo y de la consiguiente ley sobre huelgas, que las prevenga o termine por medio de la conciliación o el arbitraje (...). Los legisladores y los encargados del poder público tienen el deber de estudiar cuanto antes el arduo problema, que si bien puede recibir una aparente solución, quedará solamente diferido, y siempre latente, como la más grave de las cuestiones relacionadas con la vida nacional, mientras no se adopte la legislación que invocamos”.[37]
Al final de la extendida sesión referida —-acompañada de gritos y manifestaciones en los palcos-— y señalando que las explicaciones del ministro no eran satisfactorias, los tres diputados acusadores dieron carácter formal de interpelación a sus intervenciones, iniciándose en la sesión siguiente —-2 de enero-— un intenso debate acerca de la situación social en el país en que el ministro Sotomayor, junto con sostener que en Chile no había diferencias de clases, mantuvo firme la postura de defender a cualquier costo el orden y la propiedad e intereses de los salitreros locales y especialmente de los extranjeros:

“... deberíamos tener una gratitud inmensa para esos hombres —se refiere a Silva Renard— que así cumplieron con su deber manteniendo el orden y la tranquilidad pública. Ellos impidiendo ese movimiento

subversivo, han salvado al país de una vergüenza y de futuras complicaciones internacionales, y a la población de Iquique de ser asaltada por una turba de bandidos (...) así como de las reclamaciones extranjeras que habrían sido de fatales consecuencias”.[38]
Asimismo, el ministro se refirió en aquella oportunidad a los reclamos por las clausuras de medios de prensa, cuestión que interesaba particularmente al diputado Alessandri, el cual preguntó a Sotomayor por qué la autoridad cerraba periódicos y amenazaba a periodistas y directores de publicaciones que informaban y criticaban al gobierno por los hechos de Iquique y no actuaba de la misma forma con los diarios que incitaban a la disolución del Senado, a lo cual el ministro del Interior respondió:

“El diario la Epoca es un periódico que tiene entre sus lectores alguna gente inconsciente y ha publicado noticias falsas para incitar al pueblo a la venganza, pero no son lo mismo los periódicos que están llamados a circular en las clases altas de la sociedad, aunque en ellos se hable de sedición. Esos artículos no hacen mayor daño (...) No pasa lo mismo con el pueblo que discierne poco y que, fácilmente, se puede sentir animado para subvertir el orden público”.[39]
En su retórica política llama la atención que el ministro asumía vivir en un país tranquilo en que debía prevalecer el orden y la seguridad de la propiedad, sin conflictos sociales pues no había diferencias sociales, o él no las percibía. Su percepción, su imagen del otro —el obrero— era de personas manipuladas por agitadores o directamente, bandidos, organizando desorden e inseguridad.

A juicio del diputado Alessandri, el gobierno debía realizar una amplia investigación que arrojara plena luz acerca de los graves sucesos de Iquique, de manera de precisar las responsabilidades directas que le cabían. Más adelante, en la misma sesión —3 de enero— Alessandri sostiene: “Los hombres de Estado de Chile tienen la obligación de saber que este siglo XX es de fermentación social; que durante él y desde hace tiempo, se levanta y surge entre nosotros lo que se llama el problema obrero”.[40]

Cabe destacar, por su parte, la intervención del diputado conservador por Lebu, Cañete y Arauco, Luis Izquierdo, defendiendo la labor del ministro Sotomayor, tanto en lo referido a los hechos de Iquique como al posterior cierre de periódicos, aunque repara Izquierdo en la necesidad de una legislación adecuada que regule los conflictos. Señalaba Izquierdo respecto al desenlace de la huelga salitrera:

“Hay en el movimiento obrero que los originó (se refiere a los hechos de Iquique) envueltas dos cuestiones diversas: una cuestión de orden público y, enseguida, una huelga, una cuestión obrera, un conflicto entre patrones y trabajadores, un problema social, si quieren
::los honorables diputados demócratas, que interesa a la autoridad pública e interesa también a la acción legislativa (...)Todos esos movimientos presentan aspectos y dificultades comunes que convendría resolver por medio de una legislación permanente que reglamente en cuanto sea posible el trabajo en los grandes centros industriales, que defina las relaciones de patrones y obreros, que abra camino a la solución conciliatoria del arbitraje y que propenda, como quieren los honorables diputados demócratas y como querrá toda persona que ame la justicia, a la distribución equitativa del producto de la riqueza entre el capital y el trabajo, entre el patrón y el obrero...”[41]

Lo que en el fondo estaba en discusión era la interpelación al ministro Sotomayor, situación que no se votaba mientras no se presentaran todos los antecedentes que con el paso de los días llegaban desde Iquique, además de la lectura en sala in extenso de los telegramas y partes oficiales. Las sesiones se extendían largamente, casi siempre con los mismos parlamentarios mencionados haciendo uso de la palabra y el ministro respondiendo. En varias oportunidades el debate quedó inconcluso por el cierre de la sesión o por la ausencia de los diputados. Al final de la sesión del 10 de enero, ante el escaso número de parlamentarios que quedaba, el diputado Alessandri sostuvo irónicamente: “...la poca asistencia en la Cámara está demostrando las escasas fuerzas con que cuenta el Ministro. ¡Con un ministerio censurado, con un Ministro cuya conducta está en tela de juicio, y los señores diputados de la mayoría no vienen, o se retiran, dejando la sala sin número...!”[42]

Cabe señalar que durante aquellas sesiones se encontraba también en discusión la ley de presupuestos para 1908, situación que llevó al diputado conservador por Yungay y Bulnes, Alfredo Barros, a proponer una partida nueva “...para atender a las obras que tiendan al mejoramiento moral, intelectual y material de los obreros de las provincias de Tarapacá y Antofagasta... $300.000” iniciativa que fue modificada por Malaquías Concha, quien propuso destinar a este item $100.000 y asignar los $200.000 restantes: “...para socorrer y pensionar a las viudas y huérfanos de los que fallecieron con motivo de los sucesos de Iquique”. Finalmente, se propuso que la indicación del diputado Barros saliera del debate presupuestario y se tramitara como proyecto aparte.[43] El tema presupuestario absorbió totalmente las sesiones posteriores, retomándose la interpelación al ministro Sotomayor en la sesión del 24 de enero, no pudiendo —en aquella oportunidad— finalmente terminar su larga intervención el diputado Malaquías Concha, por falta de diputados en la sala.

En la sesión del 31 de enero, luego de hacer uso de la palabra, el diputado Bonifacio Veas —uno de los promotores de la interpelación— presentó un proyecto de acuerdo que consistía en nombrar una Comisión parlamentaria que se trasladara a Iquique “a investigar lo ocurrido el 21 de diciembre de 1907, con motivo de la huelga
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Plaza Montt, horas después de la masacre.
de los operarios de la pampa, y proponer las medidas conducentes a mantener la armonía entre patrones y obreros”.[44]

La discusión sobre la interpelación al ministro Sotomayor pasó al período ordinario de sesiones —inaugurado el 4 de junio de 1908— lo cual generó, dos días después, un breve debate acerca de la pertinencia de continuar con la interpelación. Al respecto, el diputado Julio Puga Borne, en virtud de las facultades de la Cámara, propuso como “...una medida de prudencia, acordar no continuar en ellas (se refiere a las interpelaciones pendientes) si sus autores no insisten en mantener los proyectos de acuerdo que dejaron formulados en el período anterior (...). A lo que el diputado Alessandri contestó: “Acepto, señor Presidente, como autor de uno de los proyectos de acuerdo pendientes, proyecto que ya ha perdido su oportunidad, la indicación del señor Puga...”[45]

A continuación, Malaquías Concha cuestionó el formalismo de votar o no el acuerdo, pero no cuestionó el fondo: no proseguir con la interpelación al ministro y sus responsabilidades por lo ocurrido seis meses antes en Iquique.

Y así fue aprobado.

En aquellos días, el Presidente Pedro Montt abrió las sesiones del Congreso —1 de junio de 1908— y leyó la tradicional cuenta al país frente a diputados y senadores. Respecto a lo sucedido en Iquique casi seis meses antes, señaló:

“En el orden interno, hemos lamentado dolorosos sucesos originados por la forma subversiva empleada por trabajadores de la provincia de Tarapacá para imponer sus peticiones al comercio e industria de esta provincia. El Gobierno cumplió su deber prestando eficaz amparo a las personas y propiedades. La frecuente repetición de hechos análogos manifiesta la necesidad de completar nuestra legislación con leyes que den mayores garantías al contrato de trabajo, que mejoren la condición del obrero y protejan a la sociedad contra los elementos malsanos que han llegado del exterior, como hoy se practica en casi todas las naciones. Para realizar estos propósitos, se han elaborado los correspondientes proyectos de ley que en breve se someterán a vuestra deliberación”.[46]
Al mes siguiente, el diputado Malaquías Concha aprovechó la presencia del ministro de Justicia, Domingo Amunátegui, para protestar por el ejercicio de la justicia en torno a los hechos de la escuela Santa María. Señalaba entonces el diputado:

“...en Iquique han acaecido sucesos de la más grave trascendencia; se ha ametrallado a una reunión de ciudadanos pacíficos, en número de siete u ocho mil, que ocupaban la escuela Santa María, en la plaza Manuel Montt, y a pesar de esto, no se ha conmovido una fibra de los miembros de la Corte Suprema de Justicia o de la

Corte de Apelaciones de Tacna para designar un juez severo que de garantías de imparcialidad a fin de investigar estos sucesos. En cambio, como escarnio de la suerte, el juez letrado de aquella localidad ha instruido un proceso, no contra los que ultimaron a los huelguistas, no contra los matadores, sino contra los propios huelguistas, acusándoseles de subversión contra el orden público, cuando habían sido víctimas de la tiranía más cruenta y dolorosa”. [47]
El ministro Amunátegui argumentó, por su parte, que no se podía haber enviado un ministro visitador a Iquique, pues, en esos momentos, los antecedentes se estaban tratando en la propia Cámara de Diputados y el Poder Judicial no se entromete en los otros poderes del Estado: “Creo que el abuso de que el Ejecutivo se entrometa en los asuntos judiciales es tan grave como el que los miembros del Congreso intervengan en la marcha de los Tribunales de Justicia: cada poder debe tener su esfera de acción propia e independiente (...). Y respecto al juicio contra los huelguistas, señaló el ministro que las sentencias de los jueces son revisadas por la Corte respectiva “...y si los presuntos culpables después de esta revisión, resultan inocentes, no sufrirán castigo alguno”.[48]

Finalmente, el diputado liberal democrático Enrique Zañartu, señaló en la sesión del 11 de julio un punto de vista, que en la práctica, llegó a extenderse por un buen tiempo:

“...respecto de los sucesos de Iquique, que todos lamentamos, los Diputados que deliberamos en esta Cámara, casa de vidrio al través de los cuales nos contempla el país entero, debemos trabajar porque más bien caiga sobre aquellos acontecimientos el manto del olvido, evitando de este modo que se fomente la división de clases”.[49]
En cuanto al anuncio hecho por el Presidente Montt, en su discurso del 1 de junio, respecto al envío de proyectos sobre legislación laboral —a raíz de Santa María de Iquique—, en la sesión del 23 de julio, el diputado Fernando Baquedano, aquél que pedía legislación laboral la tarde del 21 de diciembre de 1907, preguntó a la mesa si habían llegado dichos proyectos. No, señor, fue la respuesta del Presidente de la Cámara, Rafael Orrego. El ministro Amunátegui —presente en la sesión— respondió que el Gobierno pensaba organizar una comisión al respecto.[50]

Dejamos la revisión del debate parlamentario hasta aquí, fundamentalmente porque el tema no siguió siendo tratado. La interpelación al ministro Sotomayor no prosperó y éste dejó el cargo a fines de agosto, dándole paso a una nueva fórmula partidaria encabezada por el liberal Javier Ángel Figueroa como nuevo ministro del Interior.
Conclusiones
Al leer las intervenciones de los diputados en las sesiones de la Cámara de Diputados una vez conocidos los acontecimientos de Iquique, no puede negarse la calidad de algunas de ellas, como el caso de Malaquías Concha que tiene un estilo muy formal e ilustrado y de una gran contundencia y con acopio de conocimientos y citas clásicas; asimismo, Arturo Alessandri es un polemista más directo, punzante, con una gran claridad de quién es su adversario político y como enfrentarlo.

Cabe señalar que los representantes populares que levantaron la voz en la Cámara, pertenecientes al Partido Demócrata, Bonifacio Veas y Malaquías Concha adoptan una postura de defensa de los intereses de la clase trabajadora, protestando por la brutal matanza de obreros y extrapolando demandas y reivindicaciones al conjunto de la sociedad, denunciando sus iniquidades y las miserables condiciones de vida de los pampinos, pero sin poner en discusión la institucionalidad. Su reclamo es por condiciones más dignas para los trabajadores, dentro del sistema.

Llama la atención el silencio de los diputados liberal democráticos por Tarapacá y Pisagua, Francisco Subercaseaux y Oscar Viel, así como la de los restantes 89 diputados del período 1906-1909 (de un total de 94 diputados). Los mencionados Veas, Alessandri y Concha fueron los únicos parlamentarios que intervinieron en las sesiones posteriores al 21 de diciembre, presentando interpelaciones al ministro Sotomayor, exigiendo su responsabilidad política y reflexionando intensamente sobre la “cuestión social”. La dinámica política de entonces, la discusión del presupuesto de la nación para 1908, los cambios de gabinete y el paso implacable del tiempo, derivaron las protestas y exigencias de investigación y responsabilidades hasta mediados del año 1908, momento en que las preocupaciones pasaron a ser otras.

Seis años más tarde, en 1913, una comisión de diputados viajó a las provincias de Tarapacá y Antofagasta a investigar denuncias sobre irregularidades en los servicios, recorriendo durante un mes salitreras, pueblos del interior, de la costa y ciudades como Iquique. Resulta un dato no menor constatar que en el informe no se hace mención alguna a los hechos de la escuela Santa María, salvo el recuerdo que hacen los trabajadores de la oficina Porvenir en un memorial presentado a la comisión parlamentaria en que señalan:

“...la propaganda sistemática de medio siglo que hubieran hecho mil anarquistas contra el patriotismo, jamás hubiera producido el gran

destrozo moral en el sentimiento de los obreros que las autoridades produjeron en sólo cinco minutos de fuego y mortandad”.[51]
Asimismo, el relato de las condiciones de vida de los obreros de las salitreras hecho por la Comisión, revela una situación tal de precariedad y explotación, que el petitorio de los huelguistas de 1907 resultaba plenamente vigente en 1913.

Por su parte, volviendo al período en comento, el gobierno, a través de su ministro Sotomayor se mantuvo desde el primer momento inalterable en su justificación: el orden y la protección de la propiedad estaban primero y debían ser protegidos ante los potenciales desórdenes provocados por elementos agitadores externos que manipulaban a los trabajadores. Así lo manifestó, por lo demás, el propio Presidente Montt ante las cámaras a mediados de 1908. Y la prensa santiaguina revisada presentaba en sus editoriales y comentarios un movimiento ordenado y pacífico, hasta el desenlace, en que el discurso de la prensa se alinea con las justificaciones oficiales.

En los siguientes años, las movilizaciones obreras persistieron, así como la legislación laboral fue lentamente ganando un espacio en la prensa y en la agenda política y los nuevos partidos obreros asumieron su rol de lucha social y política. El debate sobre el desarrollo y la “cuestión social” fue incorporando nuevos discursos y actores, particularmente aquellos que no tenían rostro para el ministro Sotomayor, pero sí habían sacrificado sus vidas esa tarde de diciembre de 1907. Bibliografía

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Referencias de las fotografías: Archivo Fotográfico Museo Histórico Nacional Eduardo Poirier, Chile en 1908, 1909, p.430 .

TE QUIERO

No te quiero sino porque te quiero
y de quererte a no quererte llego
y de esperarte cuando no te espero
pasa mi corazón del frío al fuego.

Te quiero sólo porque a ti te quiero,
te odio sin fin, y odiándote te ruego,
y la medida de mi amor viajero
es no verte y amarte como un ciego.

Tal vez consumirá la luz de Enero,
su rayo cruel, mi corazón entero,
robándome la llave del sosiego.

En esta

No te quiero sino porque te quiero y de quererte a no quererte llego y de esperarte cuando no te espero pasa mi corazón del frío al fuego. Te quiero sólo porque a ti te quiero, te odio sin fin, y odiándote te ruego, y la medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego. Tal vez consumirá la luz de Enero, su rayo cruel, mi corazón entero, robándome la llave del sosiego. En esta

Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica

Acuerdo Transpacífico, otra amenaza para Internet

6 Julio, 2012 – 09:33
Credito:
Julio Sánchez Onofre / El Economista

Con la aceptación de México en las negociaciones para ingresar al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por su sigla en inglés), anunciada en junio pasado, se avecina una nueva amenaza para la libertad en Internet, advirtieron expertos.

El TPP es un tratado de libre comercio suscrito por Estados Unidos, Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Gracias a un documento filtrado el año pasado, se reveló que Estados Unidos busca la inclusión de una cláusula de protección de derechos de autor y propiedad intelectual para el bloque comercial que, de aprobarse, serían efectivas al término de las rondas de negociación a finales del 2012.

Esto implicaría regulaciones más severas que las propuestas en el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por su sigla en inglés), un tratado que tanto el Senado mexicano como el parlamento de la Unión Europea, rechazaron en febrero y julio de este año, respectivamente, explicó Antonio Martínez Velázquez, activista y defensor de la autorregulación y libertad en Internet.

“El TPP, que está pugnando el secretario de Economía Bruno Ferrari en México, tiene implicaciones peores que ACTA y está relacionado con la propiedad intelectual y patentes con toda la costa del Pacífico”, advirtió en entrevista.

La falta de transparencia en las negociaciones del TPP, en las que se prohibió la presencia de observadores independientes, ha sido criticada por organizaciones internacionales como Electronic Frontier Foundation (EFF), grupo defensor de los derechos digitales.

El TPP tendrá un capítulo de Propiedad Intelectual que tendrá un importante impacto en los derechos de los ciudadanos, en el futuro de la infraestructura global de Internet y la innovación alrededor del mundo (…) Como ACTA, el TPP es negociado rápidamente con poca transparencia”, sostiene el organismo.

Un análisis elaborado por Infojustice.org, proyecto del Programa de Justicia de la Información y Propiedad Intelectual de la Escuela de Leyes de la American University Washington, explica que el TPP implica la modificación de legislaciones locales para armonizarlas con protocolos y convenciones impuestas por otros países para la “protección” de los derechos de autor.

Además endurece la criminalización y multas para los proveedores de Internet como Servicio (ISP, por su sigla en inglés) para identificar a los “infractores”, una medida contenida en la ley antipiratería Stop Online Piracy Act (SOPA) que el congreso estadounidense congeló a inicios del año tras una serie de protestas a nivel mundial.

De aprobarse estas cláusulas protectoras de la propiedad intelectual, así como el ingreso de México dentro del bloque comercial del Pacífico que sería definido este mismo año, el Senado tendría que ratificar la decisión, por lo que el destino de la libertad de Internet en el país estaría en manos de la legislatura entrante.

El congresista del Partido Verde Ecologista de México y presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital en la Cámara de Diputados, Rodrigo Pérez-Alonso, manifestó estar a favor de la protección de la propiedad intelectual en Internet a base de multas a los “infractores”.

Pero consideró que lo principal será que la industria de contenidos adopte un modelo de negocio más flexible para encontrar un “equilibrio” entre la colaboración sin censurar la Internet.

Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, reconoció que la defensa de la libertad de Internet tendrá un camino largo en el próximo sexenio.

“Van a desarrollar iniciativas de muchas iniciativas como SOPA o PIPA que quedaron bloqueadas en el norteamericano. Habrá batallas fieras en el manejo de la información privada y la libertad de los usuarios de Internet; y el control de los medios y el propio poder político”, proyectó Castellón Fonseca.

El activista Martínez Velázaquez, dijo que el reto será seguir de cerca las negociaciones del TPP y establecer mesas de análisis que incluyan a la sociedad civil, academia, legisladores y defensores de los derechos humanos, como se hizo con ACTA en su momento, para garantizar la libertad digital.

“Tendremos que estar combatiendo constantemente este tipo de leyes y acuerdos, y pugnar por que haya grupos de trabajo como el que logramos establecer para ACTA, que son iniciativas que parten de una ignorancia porque los diputados no saben de estos temas”, concluyó.

julio.sanchez@eleconomista.mx

Acuerdo Transpacífico, otra amenaza para Internet

6 Julio, 2012 - 09:33
Credito:
Julio Sánchez Onofre / El Economista



Con la aceptación de México en las negociaciones para ingresar al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por su sigla en inglés), anunciada en junio pasado, se avecina una nueva amenaza para la libertad en Internet, advirtieron expertos.

El TPP es un tratado de libre comercio suscrito por Estados Unidos, Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Gracias a un documento filtrado el año pasado, se reveló que Estados Unidos busca la inclusión de una cláusula de protección de derechos de autor y propiedad intelectual para el bloque comercial que, de aprobarse, serían efectivas al término de las rondas de negociación a finales del 2012.

Esto implicaría regulaciones más severas que las propuestas en el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por su sigla en inglés), un tratado que tanto el Senado mexicano como el parlamento de la Unión Europea, rechazaron en febrero y julio de este año, respectivamente, explicó Antonio Martínez Velázquez, activista y defensor de la autorregulación y libertad en Internet.

“El TPP, que está pugnando el secretario de Economía Bruno Ferrari en México, tiene implicaciones peores que ACTA y está relacionado con la propiedad intelectual y patentes con toda la costa del Pacífico”, advirtió en entrevista.

La falta de transparencia en las negociaciones del TPP, en las que se prohibió la presencia de observadores independientes, ha sido criticada por organizaciones internacionales como Electronic Frontier Foundation (EFF), grupo defensor de los derechos digitales.

El TPP tendrá un capítulo de Propiedad Intelectual que tendrá un importante impacto en los derechos de los ciudadanos, en el futuro de la infraestructura global de Internet y la innovación alrededor del mundo (…) Como ACTA, el TPP es negociado rápidamente con poca transparencia”, sostiene el organismo.

Un análisis elaborado por Infojustice.org, proyecto del Programa de Justicia de la Información y Propiedad Intelectual de la Escuela de Leyes de la American University Washington, explica que el TPP implica la modificación de legislaciones locales para armonizarlas con protocolos y convenciones impuestas por otros países para la “protección” de los derechos de autor.

Además endurece la criminalización y multas para los proveedores de Internet como Servicio (ISP, por su sigla en inglés) para identificar a los “infractores”, una medida contenida en la ley antipiratería Stop Online Piracy Act (SOPA) que el congreso estadounidense congeló a inicios del año tras una serie de protestas a nivel mundial.

De aprobarse estas cláusulas protectoras de la propiedad intelectual, así como el ingreso de México dentro del bloque comercial del Pacífico que sería definido este mismo año, el Senado tendría que ratificar la decisión, por lo que el destino de la libertad de Internet en el país estaría en manos de la legislatura entrante.

El congresista del Partido Verde Ecologista de México y presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital en la Cámara de Diputados, Rodrigo Pérez-Alonso, manifestó estar a favor de la protección de la propiedad intelectual en Internet a base de multas a los “infractores”.

Pero consideró que lo principal será que la industria de contenidos adopte un modelo de negocio más flexible para encontrar un “equilibrio” entre la colaboración sin censurar la Internet.

Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, reconoció que la defensa de la libertad de Internet tendrá un camino largo en el próximo sexenio.

“Van a desarrollar iniciativas de muchas iniciativas como SOPA o PIPA que quedaron bloqueadas en el norteamericano. Habrá batallas fieras en el manejo de la información privada y la libertad de los usuarios de Internet; y el control de los medios y el propio poder político”, proyectó Castellón Fonseca.

El activista Martínez Velázaquez, dijo que el reto será seguir de cerca las negociaciones del TPP y establecer mesas de análisis que incluyan a la sociedad civil, academia, legisladores y defensores de los derechos humanos, como se hizo con ACTA en su momento, para garantizar la libertad digital.

“Tendremos que estar combatiendo constantemente este tipo de leyes y acuerdos, y pugnar por que haya grupos de trabajo como el que logramos establecer para ACTA, que son iniciativas que parten de una ignorancia porque los diputados no saben de estos temas”, concluyó.

julio.sanchez@eleconomista.mx

lucha contra el narcotráfico

Washington.- El «resentimiento» del nuevo Gobierno mexicano ante el rol protagonista que EU había tomado en la lucha contra el narcotráfico ha provocado que la Administración de Barack Obama tema perder fuerza en la cooperación de seguridad, en la que ya empiezan a producirse cambios, informa hoy The Washington Post.


México, DF.- La consultora estadounidense Stratfor pronosticó que el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, no tendrá libertad para desviarse de la política antidroga establecida durante el sexenio calderonista; además, advierte, será «muy difícil» para el gobierno entrante contener la violencia e ignorar a los cárteles de la droga para lograr una transición «pacífica».

El informe titulado «Las limitaciones del nuevo presidente” alerta que Peña Nieto llega en un momento donde las rutas de trasiego de droga son “más lucrativas que nunca», además de que la competencia por su control ha aumentado su valor.

«Peña Nieto no tendrá más remedio que continuar con el uso de los militares en la lucha contra el crimen organizado en un futuro inmediato», dice el análisis firmado por el vicepresidente de la firma, Scott Stewart.
Según el despacho, con sede en Texas, lo único que hizo Calderón fue «decapitar» a los cárteles, lo que provocó una lucha intestina en organizaciones como la de los hermanos Beltrán Leyva, «La Familia Michoacana», «Los Zetas» y el cártel del Golfo.

Y avizora: «Aunque Peña Nieto saque al Ejército de las calles ‘la guerra de los cárteles’ continuará con la estela de violencia de Monterrey, Nuevo Laredo, Guadalajara y Acapulco».

Sobre la propuesta de Peña de crear una gendarmería nacional contra el crimen organizado, la consultora se mantiene escéptica:

“Pasarán varios años antes de que sean reclutados y entrenados suficientes policías para reemplazar a los 30 mil soldados mexicanos que se dedican a patrullar las zonas de violencia”.

Y explica:

«Los cárteles están arraigados con pandillas callejeras, lo que ha repercutido en el consumo y en la violencia locales. Las luchas por el poder de los cárteles no son como antaño, las organizaciones actuales participan en enfrentamientos con sus organizaciones rivales y el gobierno, utilizando artefactos de uso exclusivo del Ejército, como armas automáticas, granadas de mano y granadas propulsadas por cohetes».

Asimismo se refieren a la diversificación de las actividades ilícitas en los cárteles:

«La mayoría de los cárteles han diversificado hacia otras actividades criminales, tales como el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas y el robo de carga, además de tráfico de estupefacientes. Los Zetas hacen una cantidad considerable de dinero robando petróleo de Pemex, o de la piratería de CD’s y DVD’s».


Chihuahua.- Personal del Buró Federal de Investigación (FBI) y de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos capacitaron a elementos de la Policía Municipal de Chihuahua.

Heliodoro Araiza Reyes, director de Seguridad Pública Municipal, informó que los instruyeron en técnicas de vigilancia, contrainteligencia, tipos de droga y relaciones humanas.

«Los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua son personas con una gran disposición por mejorar, aprender y superarse aún más, situación que me enorgullece, porque todo esto retribuye en un mejor servicio hacía los ciudadanos», mencionó Araiza Reyes durante la entrega de reconocimientos a un grupo de elementos que culminaron su capacitación y actualización en estrategias contra el Narcomenudeo, impartido por las agencias norteamericanas.

El curso se desarrolló con el propósito de mejorar las estrategias de vigilancia, mediante acciones de inteligencia que permitan detectar la forma de operar de los probables delincuentes, así como la capacidad de prevenir las acciones delincuenciales (contrainteligencia).

«El curso de capacitación nos amplió el panorama en cuanto a las maneras de actuar, en determinadas situaciones de delito; como identificar las sustancias prohibidas, así como prevenir su probable actuar en contra de la ley», expresó uno de los elementos preventivos durante la capacitación impartida por Carlos González, de la DEA.

Se les instruyó también en el manejo de entrevistas a personas afectadas, así como detenidos, que reditúen en mayor información para dar con probables copartícipes del delito, así como la relación interpersonal con el ciudadano.

Edmundo Mireles, capacitador y ex miembro del FBI, comentó que los policías de Chihuahua, se encuentran preparados y bien capacitados para el combate contra la delincuencia, pero que esta función será más eficaz con lo aprendido en el curso.

En tanto que Araiza Reyes indicó que seguirán promoviendo cursos de mejora continua al interior de la corporación, para que los elementos profesionalicen sus funciones, y de esa manera mostrar a la sociedad que la Policía Municipal de Chihuahua es profesional y sensible a las necesidades de la población.

La capacitación se desarrolló por un periodo de 15 días en la Escuela de Policía de Chihuahua, donde este fin de semana se entregaron reconocimientos a 15 elementos, como parte de las acciones concretadas mediante la Iniciativa Mérida.


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Tres guatemaltecos fueron capturados por elementos de la Policía Ministerial en Reynosa luego de que participaran en una de las balaceras registradas este sábado en esa ciudad.

El tiroteo ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas cuando elementos ministeriales realizaban recorridos de vigilancia por la colonia Los Robles y supuestamente fueron agredidos por los sujetos desde una vivienda ubicada en la calle Manzano número 404.

Los hombres estaban vestidos de militares y los policías les aseguraron un arsenal de alto poder.

Los detenidos fueron identificados como Antonio Balem Rodríguez, de 30 años; Hugo Rodolfo Quej, de 40 y Gabriel Cusyal, de 30, todos originarios de Guatemala.

A ellos se les decomisaron cuatro fusiles calibre .223, 41 cargadores calibre .223, seis cargadores calibre 7.62 x 39 y dos rifles.

También partes de un fusil de calibre .223, dos cañones y una culata, tres granadas calibre .40, equipo táctico militar, tres pantalones y cinco camisolas.

También paquetes de balas calibre 7.62 por 39 milímetros que sumaron un total de 186 balas útiles.

Los guatemaltecos fueron puestos a disposición del Ministerio Público que dio instrucciones de dar vista a las autoridades federales.


CREDITO:
Rubén Aguilar Valenzuela

Jorge G. Castañeda y yo hemos publicado Los saldo del narco: el fracaso de una guerra (Punto de Lectura, 2012). El texto analiza los saldos de la guerra de estos seis años, demuestra que las premisas de la misma, planteadas por el presidente Calderón, no se sostenían y propone los caminos para enfrentar, en el marco de una estrategia distinta, el problema del narcotráfico.

El texto ofrece una revisión y pone al día las cifras y estadísticas relacionadas con el consumo de las drogas, el incremento de la violencia, los homicidios, la violación de los derechos humanos y la percepción de la ciudadanía sobre la estrategia implementada por el gobierno.

La estrategia adoptada por el Presidente cuando decreta la guerra contra el narco, el 11 de diciembre del 2006, iba en sentido contrario a la tendencia mundial, que propone abandonar el enfoque punitivo y prohibicionista para enfrentar el problema desde el ámbito de la salud pública.

Ahora, seis años después, se hace todavía más evidente y en este tiempo ha crecido el número de los políticos y especialistas que piensan que la estrategia de guerra es un fracaso, que no se puede ganar y que los costos de liberarla resultan inútiles y son descomunales.

Sostenemos que antes de haber declarado la guerra “debió ser evidente para el Presidente y sus colaboradores que los países consumidores, de manera particular nuestro vecino del norte, no se ha planteado la necesidad de una guerra como la que él se propuso y no están dispuestos, bajo ningún precio, a emprenderla. Son conscientes de que los costos y daños de la misma son muy superiores a sus posibles beneficios”.

Planteamos también que a pesar de lo anterior y cuando en México “el consumo de las drogas era muy bajo, de que se vivía la menor violencia de la historia del país y la menor penetración del narco en las instituciones del gobierno, Calderón optó, sin necesidad y fundamento, por la guerra” bajo la ilusión, como lo anunció en un primer momento, de que con ésta lograría terminar con los cárteles, la violencia y el consumo de las drogas.

Con datos del propio gobierno y organismos internacionales, argumentamos: “Al concluir el sexenio, no ha ocurrido nada de lo prometido; los problemas permanecen tal cual o se agravan, y surgen otros de carácter colateral, incluso mayores que los que se pretendía resolver”.

No nos quedamos sólo en la crítica y en el último apartado del libro proponemos lo que para nosotros, asumiendo lo que proponen expresidentes de América Latina y también académicos de todo el mundo sería el camino a seguir para hacer frente de manera inteligente, realista y factible al problema. Somos conscientes de que se trata de un tema polémico que despierta todo tipo de críticas y pasiones. Estamos abiertos al diálogo y la discusión.


Chicago. A pocos kilómetros al oeste del centro de la ciudad, al otro lado de una entrada de terracota adornada con “Bienvenidos”, aromas y escenas de México se derraman en la Calle 26. La bandera mexicana ondea afuera de las tiendas. Vendedores ofrecen auténticos churros, chorizo y tamales.

El barrio de Little Village en Chicago es el hogar de más de 500,000 residentes de ascendencia mexicana y es conocido por su festival del Cinco de Mayo y su bullicioso desfile de la Independencia Mexicana. Pero las autoridades federales afirman que Little Village es también el hogar de otra cosa: una rama americana del Cártel de Sinaloa.

Los miembros del cártel más poderoso de México venden una cantidad récord de heroína y metanfetamina desde Little Village, de acuerdo con la DEA (Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas). Desde aquí las drogas se mueven a las calles del sur y el oeste de Chicago, donde se venden en los barrios de mayoría afroamericana.

“Chicago, con 100,000 miembros de pandillas que mueven la droga en la calle, es un paraíso logístico para el Cártel de Sinaloa. Ahora, tenemos que operar como si estuviéramos en la frontera con México”, indicó Jack Riley, agente especial de la DEA a cargo de la división de campo de Chicago.

No se trata sólo de Chicago. Al mismo tiempo que los cárteles de la droga han acumulado más control e influencia en México, han extendido su alcance adentro de EU, al establecer rutas de trasiego en el medio oeste y el sureste, de acuerdo con funcionarios estadounidenses antinarcóticos.

El gobierno de estadounidense ha proporcionado a México equipo de vigilancia, equipo de comunicaciones y otro tipo de asistencia bajo la Iniciativa Mérida. Pero los críticos aseguran que al norte de la frontera, el gobierno federal apenas ha golpeado a una sofisticada infraestructura que soporta el regreso a México de 20,000 millones de dólares al año.

El éxito de los cárteles mexicanos en lograr una distribución masiva de drogas es un reflejo de la falla en la inteligencia y operaciones del gobierno EU en la guerra en contra de las drogas, expuso Fulton T. Armstrong, un exoficial de Inteligencia Nacional para América Latina y exagente de la CIA.

De los siete grupos del crimen organizado mexicano que trafican drogas en EU, el Cártel de Sinaloa domina el negocio y vende la mayor parte de heroína, marihuana, metanfetamina y cocaína.

Un experto en seguridad estimó que el cártel mueve 1 kilo de cocaína hacia EU aproximadamente cada 10 minutos.


Desde que el presidente Felipe Calderón inició su sexenio y la estrategia de seguridad contra el crimen organizado, la Semar ha registrado cerca de 200 ataques de criminales

México, DF.- En la guerra al narcotráfico ordenada por el presidente Felipe Calderón desde el inicio de su mandato, la Armada de México ha sufrido alrededor de 200 agresiones en las que han muerto 300 presuntos integrantes de cárteles de las drogas.

Las bajas se han producido al responder a ataques directos, durante operativos de vigilancia y en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, como en las detenciones frustradas de Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca (diciembre 2009), y Ezequiel Cárdenas Guillén, en Matamoros, Tamaulipas (noviembre 2010), en las que ambos se enfrentaron a los marinos y fueron acribillados.

Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón ha asistido en al menos dos ocasiones a un área especial del Hospital Central Militar (HCM) a visitar a los militares heridos en acciones contra el narco.

Los infantes de Marina y los integrantes de las Fuerzas Especiales (FES) de la Armada han respondido a 187 agresiones, en las que han perdido a 23 elementos (todos masculinos) y han resultado heridos al menos 51 presuntos delincuentes, de acuerdo con un balance de la dependencia casi en el cierre del sexenio.

Las estadísticas indican además que 116 elementos navales han resultado heridos en los enfrentamientos con el narco en la actual administración.

Los marinos lesionados han sido trasladados principalmente al Hospital General Naval de Alta Especialidad, en el DF y otros recibieron atención en alguno de los hospitales, sanatorios y clínicas de la Marina en el País.
La Semar cuenta con un total de 34 instalaciones de atención médica ubicadas en las franjas costeras del país y en el DF. De las 34 instalaciones, 14 son hospitales, 13 son sanatorios y 7 son clínicas. Esta infraestructura hospitalaria cuenta en total con 782 camas, de acuerdo con los Informes de Labores de la dependencia.

Su sede más importante, el Hospital General Naval de Alta Especialidad, ubicada en el DF, no tiene áreas especiales para atender al personal naval herido en combate al narco. En cambio, la Sedena creó en septiembre de 2010, un área especial en el Hospital Central Militar para atender a sus heridos en enfrentamientos.

El área fue bautizada como Sala de Alto Impacto. El Presidente la visitó por última vez el 6 de julio de 2012, para conocer el estado de salud de algunos de los heridos que han pasado por esa sala durante su mandato.
De acuerdo con la Sedena, hasta octubre «se han atendido 237 pacientes en la Sala de Alto Impacto del HCM».

Sin embargo, en una respuesta a una solicitud del IFAI hecha en 2011 en la que se le piden datos concretos sobre cuánto gastó en 2010 en curaciones y hospitalización del personal militar herido en la lucha antidrogas, la Sedena contestó en abril que “esta Secretaría no cuenta con un documento en el que se estipule el presupuesto exclusivo para la información que solicita, por lo no es posible atender su solicitud (sic).”

La Sedena cuenta con 52 instalaciones médicas en todo el país: 1 Hospital Central Militar; 2 Unidades de Especialidades Médicas; 1 Centro de Rehabilitación Infantil; una Clínica de Especialidades de la Mujer; 17 hospitales militares; 1 Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial y 22 Enfermerías.

Con información de El Universal


Washington.- Argentina se ha convertido en lugar de residencia temporal para narcotraficantes mexicanos y colombianos que buscan un lugar para esconderse, reveló hoy el diario The New York Times.

«Para muchos de estos fugitivos de la ley, Argentina se ha convertido en su hogar, un refugio confortable donde muchos de ellos se esconden temporalmente mientras se mantienen activos en la industria», señaló el diario en su edición electrónica.

El diario, que citó al profesor mexicano de derecho Eduardo Buscaglia, apuntó que se han vuelto cotidianas las noticias sobre redadas, tiroteos y la «inexorable» realidad de que su país ya no es simplemente un punto de tránsito para los narcotraficantes.

Buscaglia, quien terminó el año pasado una misión en Argentina para Naciones Unidas, señaló que hay áreas marginales de ese país donde los narcotraficantes se han instalado para ofrecer servicios a cambio de silencio.

Agregó que son lugares en donde las probabilidades de que se proceda legalmente son «extremadamente» bajas, porque las autoridades en las provincias no tienen la capacidad de investigar crímenes complejos, y por lo general no cooperan internacionalmente.

«El cártel de Sinaloa ha infiltrado comunidades pobres en el área tropical limítrofe con Paraguay y Brasil al norte, en donde, en complicidad con autoridades locales, pueden actuar con impunidad», remarcó el diario.

The New York Times citó a autoridades policiales, según las cuales narcotraficantes colombianos y mexicanos viven con sus familias en algunas de las más exclusivas áreas de Argentina, a las que consideran «mas seguras» que sus propios países.

Las mafias nombran intermediarios locales para administrar sus operaciones, añadió.

El diario anotó también que hay reportes de recientes actividades frustradas por las autoridades argentinas, que involucraban intentos de contrabandear cocaína a Estados Unidos y a Europa vía Cancún.

NTX/MG/SBR


SANTIAGO DE CHILE (AP) — Al menos 350 kilos de cocaína ocultaban cuatro grandes rocas exportadas en un contenedor desde Bolivia y descubierta por la policía en la ciudad de Arica, según informes policiales.

Ante sospechas policiales, el contenedor proveniente de Bolivia fue sometido a un scanner especial, que detectó la droga.

Arica es considerado uno de los principales puntos de ingreso de cocaína proveniente de Bolivia y que desde este país es enviada hacia Estados Unidos y Europa. En mayo funcionarios aduaneros detectaron también un cargamento de 50 kilos de cocaína boliviana que iba con destino a Italia.


Autoridades estadounidenses informaron hoy haber desmantelado en Arizona una extensa célula de traficantes de droga ligada al cártel de Sinaloa, tras arrestar a 20 sospechosos y decomisar 2.4 millones de dólares en efectivo.

El Departamento de Policía de Tempe, Arizona, informó que una investigación conjunta con la Oficina Anti narcóticos (DEA) permitió detectar a los traficantes que recibían la droga en Tempe y la distribuían en Nueva York, Alabama, California y otras ciudades.

La investigación condujo también al decomiso de una avioneta, 10 vehículos, tres toneladas de marihuana, 14 armas de fuego y 13.6 kilogramos de metanfetamina.

De acuerdo con la policía, la célula de traficantes estaba asociada al cártel de Sinaloa y era encabezada por Leonel Gálvez Leal, Norberto Meza Montoya, y José Alonzo Rodríguez Rosas.

Doug Coleman, agente especial a cargo de la oficina de la DEA en Phoenix, dijo que la investigación formaba parte de la estrategia denominada «Operación Estampida Nayarit» orientada a atacar las organizaciones narcotraficantes en la frontera de Arizona con México.


Bogotá, Colombia.- El ex director de la policía colombiana, general Oscar Naranjo, asesor del presidente electo de México Enrique Peña Nieto, afirmó el viernes que entre sus recomendaciones al futuro mandatario están la creación de grupos de choque mixtos para combatir no sólo a los narcos sino también a bandas de sicarios.

Dijo además que es recomendable fijar una meta de reducir la violencia en los primeros 100 días de la presidencia, una reducción que se logra focalizándose o concentrando los esfuerzos en las regiones de mayor conflictividad.

Naranjo, que es un asesor externo de Peña Nieto en temas de seguridad y combate al crimen organizado, dijo en una entrevista con la AP que los grupos de choque pueden estar integrados por unidades del Ejército, la Armada, cuerpos policiales y que sirvan para buscar y dar con «objetivos de alto valor» o los narcotraficantes más buscados.

Aquellas unidades que tengan mayor información y trabajo ya hecho en la búsqueda de ese líder del crimen organizado, entonces recibe todo el apoyo en materia de equipos e inteligencia, por ejemplo, dijo Naranjo, quien el pasado 12 de junio pasó a retiro tras cinco años en la dirección de la policía nacional colombiana.

Además de dar con esos narcotraficantes, cree que una forma de reducir la violencia es también combatiendo a las bandas de sicarios o pistoleros a sueldo y que son en parte responsables de la lucha territorial por la distribución y venta de drogas.

«Lo que he hecho es un llamado para que se establezcan estrategias diferenciales…luchar contra el narcotráfico en México tiene que significar disminuir los niveles de violencia», indicó.

«Está bien perseguir a los narcotraficantes para capturarlos. Pero no esta bien no tener grupos elites persiguiendo a los homicidas para someterlos a ley, escuadrones de sicarios que llamamos (en Colombia) las ’oficinas de cobro’. A esos grupos sicariales hay que darles también la importancia para controlar los niveles de violencia.»

Tal estrategia ha servido a la policía colombiana durante la gestión de Naranjo. Con ella debilitó fuertemente y consiguió capturas a la «oficina» más sanguinaria de Medellín, creada en la época del narcotraficante Pablo Escobar, abatido por la policía en diciembre de 1993.

El uso de la fuerza militar como el Ejército en este tipo de combates -como cuando el gobierno mexicano decidió enviar al menos 10,000 uniformados a Ciudad Juárez a fines del año pasado- es poco recomendable, en su experiencia, porque el poder de fuego causa muertes entre civiles y no intimida a los criminales.

Esas fuerzas militares pueden ser más efectivas en tareas como cerrar corredores de paso de drogas, en interdicción marítima o aérea de cargamento de narcóticos, entre otras, aseguró.

La policía de seguridad, según ha recomendado, debe estar basada en cuatro principios básicos como que sea una política de Estado y no de un gobierno, que atienda a las víctimas de la violencia, que además este basada en cuerpos de seguridad con integridad o que no sean corruptos y con una visión regional y no meramente local.

En «los primeros 100 días (del nuevo gobierno) hay que fijar una meta de reducción de violencia. Puede salir mal. Puede salir bien, pero hay que jugársela» en conseguir esa baja de criminalidad, aseguró.

«Yo creo que es posible decirle a los mexicanos ’mire que en 100 días queremos la mitad de la violencia que tenemos’’’.

Al ver el mapa, dijo Naranjo, de los puntos de mayor violencia en México se percibe que están concentrados en pocos puntos.

Se consigue reducir homicidios y secuestros, por ejemplo, «focalizándose, porque es que está muy concentrada. Si tú miras ese mapa de violencia allá (en México) son seis sitios. «Es imposible que en seis ciudades tu no puedas tener unos controles», destacó.

Naranjo además aseguró que Colombia seguirá prestando cooperación a México, un trabajo que ya tiene más de cinco años y por el cual al menos 7,000 agentes mexicanos han sido entrenados como policía judicial.

En una entrevista el viernes con la radio colombiana Caracol, Peña Nieto defendió la asesoría del oficial colombiano, un tema que ha sido criticado por rivales político del presidente electo.

«Yo he invitado el general Naranjo, quien amablemente aceptó ser parte de la asesoría y consultaría» externa, dijo Peña Nieto, «porque no podemos escatimar esfuerzos…tenemos que poner un alto y empezar el descenso de esta ola de criminalidad que tenemos».

Peña Nieto ha reiterado que seguirá con la lucha del presidente Felipe Calderón contra los cárteles y ha dicho ante audiencias mexicanas y extranjeras, particularmente senadores y congresistas estadounidenses preocupados, que un nuevo enfoque en esa lucha no significa acuerdos secretos con los grupos criminales a cambio de reducir la violencia que ha matado a más de 47,500 personas desde finales de 2006.


Washington • Durante una audiencia pública en Washington, el activista Javier Sicilia denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la impunidad y corrupción en México, donde dijo, “nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune”.

El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad acusó al estado mexicano de permitir con su «inacción e ineficiencia» un incremento en el problema de las desapariciones forzadas en México.

«No sabemos qué parte del Estado está con el crimen, ni dónde está el crimen dentro del Estado. Es terrible», dijo.

«Nos pueden matar, nos pueden secuestrar, porque el grado de inseguridad es atroz. Nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune», lamentó Sicilia en la audiencia en la CIDH sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en México.

«La justicia es decepción, la impunidad es la norma», expresó el poeta, quien denunció que en México, el 98 por ciento de los crímenes quedan impunes.

«Póngale a cada uno de ellos rostro. Y detrás de ese rostro, el de hermanos, un padre, y multiplíquenlo. Vean esos rostros: esa es la realidad del país», afirmó.

Sicilia señaló la necesidad de «cambiar la estrategia de seguridad, tremendamente violenta, con pocos resultados, que incrementa el dolor cada día y está diseñada para la seguridad de las instituciones, no de los ciudadanos».

«Pedimos que le den a la Procuraduría un presupuesto acorde a la altura del dolor del país y que se le dé voz y voto a los ciudadanos porque hay gran corrupción en el Estado», dijo Sicilia durante una audiencia convocada sobre la seguridad ciudadana en México.

En la audiencia participó Julia Alonso, madre de un joven desaparecido junto a tres amigos en enero de 2008. «Ya no encuentro forma de pedir dónde está mi hijo», señaló Alonso, antes de romper en llanto.

El relator para México de la CIDH, Rodrigo Escobar, calificó como «masivo» el problema de desapariciones forzadas y restó importancia al hecho de que diferentes organismos manejen cifras diversas, ya que mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de cinco mil denuncias, el movimiento de Sicilia lo ubica en 10 mil.

«Ése es el tema central, los peticionarios se han referido al drama y la tragedia de la desaparición forzada. Es un problema muy angustioso para las familias. Mientras no hay verdad, no hay justicia ni posibilidad de verdadera reconciliación», agregó.

Escobar solicitó al Estado que aporte información sobre medidas específicas para las desapariciones forzadas, tales como la creación de un registro de desaparecidos, programas de atención a las familias de desaparecidos, reformas legislativas o mecanismos de búsqueda inmediata.

El subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora, negó categóricamente que en México exista una política de estado de desapariciones forzadas y señaló que Calderón creó este mes una Procuraduría Social de Atención a Víctimas, la cual cuenta con 326 funcionarios.

«Es falso que en México se ha generado violencia por la presencia de las fuerzas federales en las entidades federativas. Al contrario, están ahí para combatir la violencia un crimen organizado que los gobiernos locales no han podido combatir», señaló Zamora. «Fueron rebasados y eso los llevó a solicitar apoyo al gobierno federal. Su acción es y ha sido consecuencia y no causa de la violencia».

Carla Espinoza, directora del Centro de Derechos Humanos para las Américas del Instituto Internacional de Derechos Humanos de DePaul University, señaló a agentes del estado mexicano de practicar las desapariciones forzadas.

Se quejó además de que no existe una delineación clara de las responsabilidades del gobierno federal ni de los gobiernos estatales porque «las instituciones federales tienden a responsabilizar los gobiernos de los estados, mientras que los estados responsabilizan al gobierno federal en asuntos como el crimen organizado».


Rubén Aguilar Valenzuela

Bogotá. El Presidente de Colombia (1990-1994) César Gaviria plantea que el próximo gobierno de México debe “desactivar el lenguaje de la guerra” en su lucha contra el narcotráfico porque éste sólo escala el conflicto e implica una lógica reduccionista, que desconoce la complejidad del problema.

En la sede de la fundación que él preside, adornada con obras de arte y piezas prehispánicas de culturas colombianas, afirma que el mayor problema de la seguridad de México está en la incapacidad del sistema judicial para impartir justicia. Urge al país desarrollar mecanismos que permitan una rápida y estricta aplicación de la justicia y eviten la impunidad.

Gaviria recomienda que México cuente con una policía unificada, para poder garantizar su coordinación. Ésa debe sustituir a las locales, no porque éstas sean corruptas, que lo pueden ser, sino porque enfrentar al crimen organizado exige tener una policía profesional con altos niveles de disciplina y formación militar. De otra manera siempre se habrá de fracasar.

El gobierno de México en la lucha contra el narcotráfico debería considerar, sugiere Gaviria, nombrar a un fiscal enfocado sólo a ese tema y también, como expresión política de que la lucha va en serio, eliminar la inmunidad jurídica de la que gozan los políticos.

La asesoría del gobierno de Estados Unidos, desde su punto de vista, hizo la diferencia en la lucha del gobierno de Colombia contra el narcotráfico. Hay un antes y un después. Gaviria asegura que sólo los estadounidenses tienen la capacidad técnica y la experiencia militar práctica para hacerlo.

Quien también fuera Secretario General de la Organización de Estados Americanos considera que los gobiernos de México y Colombia tienen calidad moral para plantear al de Estados Unidos la necesidad de discutir a fondo la actual estrategia. Si lo que se ha hecho no produce resultados, hay que cambiar.
Gaviria propone enfrentar la lucha contra el narco desde el enfoque de la salud pública que implica, entre otras cosas, discutir en serio la “regulación”, dice que la palabra legalización no es la correcta, primero de la marihuana y después de otro tipo de drogas como la heroína y la cocaína.

El gobierno de Estados Unidos, afirma Gaviria, no sabe qué hacer ante el problema y cuál es el camino a seguir. Avanza, por la vía de los hechos, en línea de una legalización disfrazada. Propone que el gobierno de México y el de Colombia promuevan una discusión abierta a nivel nacional e internacional sobre el problema del narco.

Las autoridades estadounidenses no quieren discutir y se cierran, dice Gaviria, y añade que el propósito de ese diálogo debe ser encontrar caminos para reducir el negocio del narco y el margen de sus ganancias. Se trata de desactivar al máximo la capacidad de las organizaciones dedicadas a la producción y venta de las drogas ilegales.

Twitter: @RubenAguilar

Washington.- El "resentimiento" del nuevo Gobierno mexicano ante el rol protagonista que EU había tomado en la lucha contra el narcotráfico ha provocado que la Administración de Barack Obama tema perder fuerza en la cooperación de seguridad, en la que ya empiezan a producirse cambios, informa hoy The Washington Post.





México, DF.- La consultora estadounidense Stratfor pronosticó que el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, no tendrá libertad para desviarse de la política antidroga establecida durante el sexenio calderonista; además, advierte, será "muy difícil" para el gobierno entrante contener la violencia e ignorar a los cárteles de la droga para lograr una transición "pacífica".

El informe titulado "Las limitaciones del nuevo presidente” alerta que Peña Nieto llega en un momento donde las rutas de trasiego de droga son “más lucrativas que nunca", además de que la competencia por su control ha aumentado su valor.

"Peña Nieto no tendrá más remedio que continuar con el uso de los militares en la lucha contra el crimen organizado en un futuro inmediato", dice el análisis firmado por el vicepresidente de la firma, Scott Stewart.
Según el despacho, con sede en Texas, lo único que hizo Calderón fue "decapitar" a los cárteles, lo que provocó una lucha intestina en organizaciones como la de los hermanos Beltrán Leyva, "La Familia Michoacana", "Los Zetas" y el cártel del Golfo.

Y avizora: "Aunque Peña Nieto saque al Ejército de las calles ‘la guerra de los cárteles’ continuará con la estela de violencia de Monterrey, Nuevo Laredo, Guadalajara y Acapulco".

Sobre la propuesta de Peña de crear una gendarmería nacional contra el crimen organizado, la consultora se mantiene escéptica:

“Pasarán varios años antes de que sean reclutados y entrenados suficientes policías para reemplazar a los 30 mil soldados mexicanos que se dedican a patrullar las zonas de violencia”.

Y explica:

"Los cárteles están arraigados con pandillas callejeras, lo que ha repercutido en el consumo y en la violencia locales. Las luchas por el poder de los cárteles no son como antaño, las organizaciones actuales participan en enfrentamientos con sus organizaciones rivales y el gobierno, utilizando artefactos de uso exclusivo del Ejército, como armas automáticas, granadas de mano y granadas propulsadas por cohetes".

Asimismo se refieren a la diversificación de las actividades ilícitas en los cárteles:
"La mayoría de los cárteles han diversificado hacia otras actividades criminales, tales como el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas y el robo de carga, además de tráfico de estupefacientes. Los Zetas hacen una cantidad considerable de dinero robando petróleo de Pemex, o de la piratería de CD’s y DVD’s".





Chihuahua.- Personal del Buró Federal de Investigación (FBI) y de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos capacitaron a elementos de la Policía Municipal de Chihuahua.

Heliodoro Araiza Reyes, director de Seguridad Pública Municipal, informó que los instruyeron en técnicas de vigilancia, contrainteligencia, tipos de droga y relaciones humanas.

"Los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua son personas con una gran disposición por mejorar, aprender y superarse aún más, situación que me enorgullece, porque todo esto retribuye en un mejor servicio hacía los ciudadanos", mencionó Araiza Reyes durante la entrega de reconocimientos a un grupo de elementos que culminaron su capacitación y actualización en estrategias contra el Narcomenudeo, impartido por las agencias norteamericanas.

El curso se desarrolló con el propósito de mejorar las estrategias de vigilancia, mediante acciones de inteligencia que permitan detectar la forma de operar de los probables delincuentes, así como la capacidad de prevenir las acciones delincuenciales (contrainteligencia).

"El curso de capacitación nos amplió el panorama en cuanto a las maneras de actuar, en determinadas situaciones de delito; como identificar las sustancias prohibidas, así como prevenir su probable actuar en contra de la ley", expresó uno de los elementos preventivos durante la capacitación impartida por Carlos González, de la DEA.

Se les instruyó también en el manejo de entrevistas a personas afectadas, así como detenidos, que reditúen en mayor información para dar con probables copartícipes del delito, así como la relación interpersonal con el ciudadano.

Edmundo Mireles, capacitador y ex miembro del FBI, comentó que los policías de Chihuahua, se encuentran preparados y bien capacitados para el combate contra la delincuencia, pero que esta función será más eficaz con lo aprendido en el curso.

En tanto que Araiza Reyes indicó que seguirán promoviendo cursos de mejora continua al interior de la corporación, para que los elementos profesionalicen sus funciones, y de esa manera mostrar a la sociedad que la Policía Municipal de Chihuahua es profesional y sensible a las necesidades de la población.

La capacitación se desarrolló por un periodo de 15 días en la Escuela de Policía de Chihuahua, donde este fin de semana se entregaron reconocimientos a 15 elementos, como parte de las acciones concretadas mediante la Iniciativa Mérida.



MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Tres guatemaltecos fueron capturados por elementos de la Policía Ministerial en Reynosa luego de que participaran en una de las balaceras registradas este sábado en esa ciudad.



El tiroteo ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas cuando elementos ministeriales realizaban recorridos de vigilancia por la colonia Los Robles y supuestamente fueron agredidos por los sujetos desde una vivienda ubicada en la calle Manzano número 404.

Los hombres estaban vestidos de militares y los policías les aseguraron un arsenal de alto poder.

Los detenidos fueron identificados como Antonio Balem Rodríguez, de 30 años; Hugo Rodolfo Quej, de 40 y Gabriel Cusyal, de 30, todos originarios de Guatemala.

A ellos se les decomisaron cuatro fusiles calibre .223, 41 cargadores calibre .223, seis cargadores calibre 7.62 x 39 y dos rifles.

También partes de un fusil de calibre .223, dos cañones y una culata, tres granadas calibre .40, equipo táctico militar, tres pantalones y cinco camisolas.

También paquetes de balas calibre 7.62 por 39 milímetros que sumaron un total de 186 balas útiles.

Los guatemaltecos fueron puestos a disposición del Ministerio Público que dio instrucciones de dar vista a las autoridades federales.



CREDITO:
Rubén Aguilar Valenzuela

Jorge G. Castañeda y yo hemos publicado Los saldo del narco: el fracaso de una guerra (Punto de Lectura, 2012). El texto analiza los saldos de la guerra de estos seis años, demuestra que las premisas de la misma, planteadas por el presidente Calderón, no se sostenían y propone los caminos para enfrentar, en el marco de una estrategia distinta, el problema del narcotráfico.

El texto ofrece una revisión y pone al día las cifras y estadísticas relacionadas con el consumo de las drogas, el incremento de la violencia, los homicidios, la violación de los derechos humanos y la percepción de la ciudadanía sobre la estrategia implementada por el gobierno.

La estrategia adoptada por el Presidente cuando decreta la guerra contra el narco, el 11 de diciembre del 2006, iba en sentido contrario a la tendencia mundial, que propone abandonar el enfoque punitivo y prohibicionista para enfrentar el problema desde el ámbito de la salud pública.

Ahora, seis años después, se hace todavía más evidente y en este tiempo ha crecido el número de los políticos y especialistas que piensan que la estrategia de guerra es un fracaso, que no se puede ganar y que los costos de liberarla resultan inútiles y son descomunales.

Sostenemos que antes de haber declarado la guerra “debió ser evidente para el Presidente y sus colaboradores que los países consumidores, de manera particular nuestro vecino del norte, no se ha planteado la necesidad de una guerra como la que él se propuso y no están dispuestos, bajo ningún precio, a emprenderla. Son conscientes de que los costos y daños de la misma son muy superiores a sus posibles beneficios”.

Planteamos también que a pesar de lo anterior y cuando en México “el consumo de las drogas era muy bajo, de que se vivía la menor violencia de la historia del país y la menor penetración del narco en las instituciones del gobierno, Calderón optó, sin necesidad y fundamento, por la guerra” bajo la ilusión, como lo anunció en un primer momento, de que con ésta lograría terminar con los cárteles, la violencia y el consumo de las drogas.

Con datos del propio gobierno y organismos internacionales, argumentamos: “Al concluir el sexenio, no ha ocurrido nada de lo prometido; los problemas permanecen tal cual o se agravan, y surgen otros de carácter colateral, incluso mayores que los que se pretendía resolver”.

No nos quedamos sólo en la crítica y en el último apartado del libro proponemos lo que para nosotros, asumiendo lo que proponen expresidentes de América Latina y también académicos de todo el mundo sería el camino a seguir para hacer frente de manera inteligente, realista y factible al problema. Somos conscientes de que se trata de un tema polémico que despierta todo tipo de críticas y pasiones. Estamos abiertos al diálogo y la discusión.


Chicago. A pocos kilómetros al oeste del centro de la ciudad, al otro lado de una entrada de terracota adornada con “Bienvenidos”, aromas y escenas de México se derraman en la Calle 26. La bandera mexicana ondea afuera de las tiendas. Vendedores ofrecen auténticos churros, chorizo y tamales.

El barrio de Little Village en Chicago es el hogar de más de 500,000 residentes de ascendencia mexicana y es conocido por su festival del Cinco de Mayo y su bullicioso desfile de la Independencia Mexicana. Pero las autoridades federales afirman que Little Village es también el hogar de otra cosa: una rama americana del Cártel de Sinaloa.

Los miembros del cártel más poderoso de México venden una cantidad récord de heroína y metanfetamina desde Little Village, de acuerdo con la DEA (Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas). Desde aquí las drogas se mueven a las calles del sur y el oeste de Chicago, donde se venden en los barrios de mayoría afroamericana.

“Chicago, con 100,000 miembros de pandillas que mueven la droga en la calle, es un paraíso logístico para el Cártel de Sinaloa. Ahora, tenemos que operar como si estuviéramos en la frontera con México”, indicó Jack Riley, agente especial de la DEA a cargo de la división de campo de Chicago.

No se trata sólo de Chicago. Al mismo tiempo que los cárteles de la droga han acumulado más control e influencia en México, han extendido su alcance adentro de EU, al establecer rutas de trasiego en el medio oeste y el sureste, de acuerdo con funcionarios estadounidenses antinarcóticos.

El gobierno de estadounidense ha proporcionado a México equipo de vigilancia, equipo de comunicaciones y otro tipo de asistencia bajo la Iniciativa Mérida. Pero los críticos aseguran que al norte de la frontera, el gobierno federal apenas ha golpeado a una sofisticada infraestructura que soporta el regreso a México de 20,000 millones de dólares al año.

El éxito de los cárteles mexicanos en lograr una distribución masiva de drogas es un reflejo de la falla en la inteligencia y operaciones del gobierno EU en la guerra en contra de las drogas, expuso Fulton T. Armstrong, un exoficial de Inteligencia Nacional para América Latina y exagente de la CIA.

De los siete grupos del crimen organizado mexicano que trafican drogas en EU, el Cártel de Sinaloa domina el negocio y vende la mayor parte de heroína, marihuana, metanfetamina y cocaína.

Un experto en seguridad estimó que el cártel mueve 1 kilo de cocaína hacia EU aproximadamente cada 10 minutos.


Desde que el presidente Felipe Calderón inició su sexenio y la estrategia de seguridad contra el crimen organizado, la Semar ha registrado cerca de 200 ataques de criminales

México, DF.- En la guerra al narcotráfico ordenada por el presidente Felipe Calderón desde el inicio de su mandato, la Armada de México ha sufrido alrededor de 200 agresiones en las que han muerto 300 presuntos integrantes de cárteles de las drogas.

Las bajas se han producido al responder a ataques directos, durante operativos de vigilancia y en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, como en las detenciones frustradas de Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca (diciembre 2009), y Ezequiel Cárdenas Guillén, en Matamoros, Tamaulipas (noviembre 2010), en las que ambos se enfrentaron a los marinos y fueron acribillados.

Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón ha asistido en al menos dos ocasiones a un área especial del Hospital Central Militar (HCM) a visitar a los militares heridos en acciones contra el narco.

Los infantes de Marina y los integrantes de las Fuerzas Especiales (FES) de la Armada han respondido a 187 agresiones, en las que han perdido a 23 elementos (todos masculinos) y han resultado heridos al menos 51 presuntos delincuentes, de acuerdo con un balance de la dependencia casi en el cierre del sexenio.

Las estadísticas indican además que 116 elementos navales han resultado heridos en los enfrentamientos con el narco en la actual administración.

Los marinos lesionados han sido trasladados principalmente al Hospital General Naval de Alta Especialidad, en el DF y otros recibieron atención en alguno de los hospitales, sanatorios y clínicas de la Marina en el País.
La Semar cuenta con un total de 34 instalaciones de atención médica ubicadas en las franjas costeras del país y en el DF. De las 34 instalaciones, 14 son hospitales, 13 son sanatorios y 7 son clínicas. Esta infraestructura hospitalaria cuenta en total con 782 camas, de acuerdo con los Informes de Labores de la dependencia.

Su sede más importante, el Hospital General Naval de Alta Especialidad, ubicada en el DF, no tiene áreas especiales para atender al personal naval herido en combate al narco. En cambio, la Sedena creó en septiembre de 2010, un área especial en el Hospital Central Militar para atender a sus heridos en enfrentamientos.

El área fue bautizada como Sala de Alto Impacto. El Presidente la visitó por última vez el 6 de julio de 2012, para conocer el estado de salud de algunos de los heridos que han pasado por esa sala durante su mandato.
De acuerdo con la Sedena, hasta octubre "se han atendido 237 pacientes en la Sala de Alto Impacto del HCM".

Sin embargo, en una respuesta a una solicitud del IFAI hecha en 2011 en la que se le piden datos concretos sobre cuánto gastó en 2010 en curaciones y hospitalización del personal militar herido en la lucha antidrogas, la Sedena contestó en abril que “esta Secretaría no cuenta con un documento en el que se estipule el presupuesto exclusivo para la información que solicita, por lo no es posible atender su solicitud (sic).”

La Sedena cuenta con 52 instalaciones médicas en todo el país: 1 Hospital Central Militar; 2 Unidades de Especialidades Médicas; 1 Centro de Rehabilitación Infantil; una Clínica de Especialidades de la Mujer; 17 hospitales militares; 1 Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial y 22 Enfermerías.

Con información de El Universal


Washington.- Argentina se ha convertido en lugar de residencia temporal para narcotraficantes mexicanos y colombianos que buscan un lugar para esconderse, reveló hoy el diario The New York Times.



"Para muchos de estos fugitivos de la ley, Argentina se ha convertido en su hogar, un refugio confortable donde muchos de ellos se esconden temporalmente mientras se mantienen activos en la industria", señaló el diario en su edición electrónica.

El diario, que citó al profesor mexicano de derecho Eduardo Buscaglia, apuntó que se han vuelto cotidianas las noticias sobre redadas, tiroteos y la "inexorable" realidad de que su país ya no es simplemente un punto de tránsito para los narcotraficantes.

Buscaglia, quien terminó el año pasado una misión en Argentina para Naciones Unidas, señaló que hay áreas marginales de ese país donde los narcotraficantes se han instalado para ofrecer servicios a cambio de silencio.

Agregó que son lugares en donde las probabilidades de que se proceda legalmente son "extremadamente" bajas, porque las autoridades en las provincias no tienen la capacidad de investigar crímenes complejos, y por lo general no cooperan internacionalmente.

"El cártel de Sinaloa ha infiltrado comunidades pobres en el área tropical limítrofe con Paraguay y Brasil al norte, en donde, en complicidad con autoridades locales, pueden actuar con impunidad", remarcó el diario.

The New York Times citó a autoridades policiales, según las cuales narcotraficantes colombianos y mexicanos viven con sus familias en algunas de las más exclusivas áreas de Argentina, a las que consideran "mas seguras" que sus propios países.

Las mafias nombran intermediarios locales para administrar sus operaciones, añadió.

El diario anotó también que hay reportes de recientes actividades frustradas por las autoridades argentinas, que involucraban intentos de contrabandear cocaína a Estados Unidos y a Europa vía Cancún.

NTX/MG/SBR




SANTIAGO DE CHILE (AP) — Al menos 350 kilos de cocaína ocultaban cuatro grandes rocas exportadas en un contenedor desde Bolivia y descubierta por la policía en la ciudad de Arica, según informes policiales.

Ante sospechas policiales, el contenedor proveniente de Bolivia fue sometido a un scanner especial, que detectó la droga.

Arica es considerado uno de los principales puntos de ingreso de cocaína proveniente de Bolivia y que desde este país es enviada hacia Estados Unidos y Europa. En mayo funcionarios aduaneros detectaron también un cargamento de 50 kilos de cocaína boliviana que iba con destino a Italia.



Autoridades estadounidenses informaron hoy haber desmantelado en Arizona una extensa célula de traficantes de droga ligada al cártel de Sinaloa, tras arrestar a 20 sospechosos y decomisar 2.4 millones de dólares en efectivo.



El Departamento de Policía de Tempe, Arizona, informó que una investigación conjunta con la Oficina Anti narcóticos (DEA) permitió detectar a los traficantes que recibían la droga en Tempe y la distribuían en Nueva York, Alabama, California y otras ciudades.

La investigación condujo también al decomiso de una avioneta, 10 vehículos, tres toneladas de marihuana, 14 armas de fuego y 13.6 kilogramos de metanfetamina.

De acuerdo con la policía, la célula de traficantes estaba asociada al cártel de Sinaloa y era encabezada por Leonel Gálvez Leal, Norberto Meza Montoya, y José Alonzo Rodríguez Rosas.

Doug Coleman, agente especial a cargo de la oficina de la DEA en Phoenix, dijo que la investigación formaba parte de la estrategia denominada "Operación Estampida Nayarit" orientada a atacar las organizaciones narcotraficantes en la frontera de Arizona con México.




Bogotá, Colombia.- El ex director de la policía colombiana, general Oscar Naranjo, asesor del presidente electo de México Enrique Peña Nieto, afirmó el viernes que entre sus recomendaciones al futuro mandatario están la creación de grupos de choque mixtos para combatir no sólo a los narcos sino también a bandas de sicarios.

Dijo además que es recomendable fijar una meta de reducir la violencia en los primeros 100 días de la presidencia, una reducción que se logra focalizándose o concentrando los esfuerzos en las regiones de mayor conflictividad.

Naranjo, que es un asesor externo de Peña Nieto en temas de seguridad y combate al crimen organizado, dijo en una entrevista con la AP que los grupos de choque pueden estar integrados por unidades del Ejército, la Armada, cuerpos policiales y que sirvan para buscar y dar con "objetivos de alto valor" o los narcotraficantes más buscados.

Aquellas unidades que tengan mayor información y trabajo ya hecho en la búsqueda de ese líder del crimen organizado, entonces recibe todo el apoyo en materia de equipos e inteligencia, por ejemplo, dijo Naranjo, quien el pasado 12 de junio pasó a retiro tras cinco años en la dirección de la policía nacional colombiana.

Además de dar con esos narcotraficantes, cree que una forma de reducir la violencia es también combatiendo a las bandas de sicarios o pistoleros a sueldo y que son en parte responsables de la lucha territorial por la distribución y venta de drogas.

"Lo que he hecho es un llamado para que se establezcan estrategias diferenciales...luchar contra el narcotráfico en México tiene que significar disminuir los niveles de violencia", indicó.

"Está bien perseguir a los narcotraficantes para capturarlos. Pero no esta bien no tener grupos elites persiguiendo a los homicidas para someterlos a ley, escuadrones de sicarios que llamamos (en Colombia) las ’oficinas de cobro’. A esos grupos sicariales hay que darles también la importancia para controlar los niveles de violencia."

Tal estrategia ha servido a la policía colombiana durante la gestión de Naranjo. Con ella debilitó fuertemente y consiguió capturas a la "oficina" más sanguinaria de Medellín, creada en la época del narcotraficante Pablo Escobar, abatido por la policía en diciembre de 1993.

El uso de la fuerza militar como el Ejército en este tipo de combates -como cuando el gobierno mexicano decidió enviar al menos 10,000 uniformados a Ciudad Juárez a fines del año pasado- es poco recomendable, en su experiencia, porque el poder de fuego causa muertes entre civiles y no intimida a los criminales.

Esas fuerzas militares pueden ser más efectivas en tareas como cerrar corredores de paso de drogas, en interdicción marítima o aérea de cargamento de narcóticos, entre otras, aseguró.

La policía de seguridad, según ha recomendado, debe estar basada en cuatro principios básicos como que sea una política de Estado y no de un gobierno, que atienda a las víctimas de la violencia, que además este basada en cuerpos de seguridad con integridad o que no sean corruptos y con una visión regional y no meramente local.

En "los primeros 100 días (del nuevo gobierno) hay que fijar una meta de reducción de violencia. Puede salir mal. Puede salir bien, pero hay que jugársela" en conseguir esa baja de criminalidad, aseguró.

"Yo creo que es posible decirle a los mexicanos ’mire que en 100 días queremos la mitad de la violencia que tenemos’’’.

Al ver el mapa, dijo Naranjo, de los puntos de mayor violencia en México se percibe que están concentrados en pocos puntos.

Se consigue reducir homicidios y secuestros, por ejemplo, "focalizándose, porque es que está muy concentrada. Si tú miras ese mapa de violencia allá (en México) son seis sitios. "Es imposible que en seis ciudades tu no puedas tener unos controles", destacó.

Naranjo además aseguró que Colombia seguirá prestando cooperación a México, un trabajo que ya tiene más de cinco años y por el cual al menos 7,000 agentes mexicanos han sido entrenados como policía judicial.

En una entrevista el viernes con la radio colombiana Caracol, Peña Nieto defendió la asesoría del oficial colombiano, un tema que ha sido criticado por rivales político del presidente electo.

"Yo he invitado el general Naranjo, quien amablemente aceptó ser parte de la asesoría y consultaría" externa, dijo Peña Nieto, "porque no podemos escatimar esfuerzos...tenemos que poner un alto y empezar el descenso de esta ola de criminalidad que tenemos".

Peña Nieto ha reiterado que seguirá con la lucha del presidente Felipe Calderón contra los cárteles y ha dicho ante audiencias mexicanas y extranjeras, particularmente senadores y congresistas estadounidenses preocupados, que un nuevo enfoque en esa lucha no significa acuerdos secretos con los grupos criminales a cambio de reducir la violencia que ha matado a más de 47,500 personas desde finales de 2006.



Washington • Durante una audiencia pública en Washington, el activista Javier Sicilia denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la impunidad y corrupción en México, donde dijo, “nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune”.

El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad acusó al estado mexicano de permitir con su "inacción e ineficiencia" un incremento en el problema de las desapariciones forzadas en México.

"No sabemos qué parte del Estado está con el crimen, ni dónde está el crimen dentro del Estado. Es terrible", dijo.

"Nos pueden matar, nos pueden secuestrar, porque el grado de inseguridad es atroz. Nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune", lamentó Sicilia en la audiencia en la CIDH sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en México.

"La justicia es decepción, la impunidad es la norma", expresó el poeta, quien denunció que en México, el 98 por ciento de los crímenes quedan impunes.

"Póngale a cada uno de ellos rostro. Y detrás de ese rostro, el de hermanos, un padre, y multiplíquenlo. Vean esos rostros: esa es la realidad del país", afirmó.

Sicilia señaló la necesidad de "cambiar la estrategia de seguridad, tremendamente violenta, con pocos resultados, que incrementa el dolor cada día y está diseñada para la seguridad de las instituciones, no de los ciudadanos".

"Pedimos que le den a la Procuraduría un presupuesto acorde a la altura del dolor del país y que se le dé voz y voto a los ciudadanos porque hay gran corrupción en el Estado", dijo Sicilia durante una audiencia convocada sobre la seguridad ciudadana en México.

En la audiencia participó Julia Alonso, madre de un joven desaparecido junto a tres amigos en enero de 2008. "Ya no encuentro forma de pedir dónde está mi hijo", señaló Alonso, antes de romper en llanto.

El relator para México de la CIDH, Rodrigo Escobar, calificó como "masivo" el problema de desapariciones forzadas y restó importancia al hecho de que diferentes organismos manejen cifras diversas, ya que mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de cinco mil denuncias, el movimiento de Sicilia lo ubica en 10 mil.

"Ése es el tema central, los peticionarios se han referido al drama y la tragedia de la desaparición forzada. Es un problema muy angustioso para las familias. Mientras no hay verdad, no hay justicia ni posibilidad de verdadera reconciliación", agregó.

Escobar solicitó al Estado que aporte información sobre medidas específicas para las desapariciones forzadas, tales como la creación de un registro de desaparecidos, programas de atención a las familias de desaparecidos, reformas legislativas o mecanismos de búsqueda inmediata.

El subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora, negó categóricamente que en México exista una política de estado de desapariciones forzadas y señaló que Calderón creó este mes una Procuraduría Social de Atención a Víctimas, la cual cuenta con 326 funcionarios.

"Es falso que en México se ha generado violencia por la presencia de las fuerzas federales en las entidades federativas. Al contrario, están ahí para combatir la violencia un crimen organizado que los gobiernos locales no han podido combatir", señaló Zamora. "Fueron rebasados y eso los llevó a solicitar apoyo al gobierno federal. Su acción es y ha sido consecuencia y no causa de la violencia".

Carla Espinoza, directora del Centro de Derechos Humanos para las Américas del Instituto Internacional de Derechos Humanos de DePaul University, señaló a agentes del estado mexicano de practicar las desapariciones forzadas.

Se quejó además de que no existe una delineación clara de las responsabilidades del gobierno federal ni de los gobiernos estatales porque "las instituciones federales tienden a responsabilizar los gobiernos de los estados, mientras que los estados responsabilizan al gobierno federal en asuntos como el crimen organizado".



Rubén Aguilar Valenzuela

Bogotá. El Presidente de Colombia (1990-1994) César Gaviria plantea que el próximo gobierno de México debe “desactivar el lenguaje de la guerra” en su lucha contra el narcotráfico porque éste sólo escala el conflicto e implica una lógica reduccionista, que desconoce la complejidad del problema.

En la sede de la fundación que él preside, adornada con obras de arte y piezas prehispánicas de culturas colombianas, afirma que el mayor problema de la seguridad de México está en la incapacidad del sistema judicial para impartir justicia. Urge al país desarrollar mecanismos que permitan una rápida y estricta aplicación de la justicia y eviten la impunidad.

Gaviria recomienda que México cuente con una policía unificada, para poder garantizar su coordinación. Ésa debe sustituir a las locales, no porque éstas sean corruptas, que lo pueden ser, sino porque enfrentar al crimen organizado exige tener una policía profesional con altos niveles de disciplina y formación militar. De otra manera siempre se habrá de fracasar.

El gobierno de México en la lucha contra el narcotráfico debería considerar, sugiere Gaviria, nombrar a un fiscal enfocado sólo a ese tema y también, como expresión política de que la lucha va en serio, eliminar la inmunidad jurídica de la que gozan los políticos.

La asesoría del gobierno de Estados Unidos, desde su punto de vista, hizo la diferencia en la lucha del gobierno de Colombia contra el narcotráfico. Hay un antes y un después. Gaviria asegura que sólo los estadounidenses tienen la capacidad técnica y la experiencia militar práctica para hacerlo.

Quien también fuera Secretario General de la Organización de Estados Americanos considera que los gobiernos de México y Colombia tienen calidad moral para plantear al de Estados Unidos la necesidad de discutir a fondo la actual estrategia. Si lo que se ha hecho no produce resultados, hay que cambiar.
Gaviria propone enfrentar la lucha contra el narco desde el enfoque de la salud pública que implica, entre otras cosas, discutir en serio la “regulación”, dice que la palabra legalización no es la correcta, primero de la marihuana y después de otro tipo de drogas como la heroína y la cocaína.

El gobierno de Estados Unidos, afirma Gaviria, no sabe qué hacer ante el problema y cuál es el camino a seguir. Avanza, por la vía de los hechos, en línea de una legalización disfrazada. Propone que el gobierno de México y el de Colombia promuevan una discusión abierta a nivel nacional e internacional sobre el problema del narco.

Las autoridades estadounidenses no quieren discutir y se cierran, dice Gaviria, y añade que el propósito de ese diálogo debe ser encontrar caminos para reducir el negocio del narco y el margen de sus ganancias. Se trata de desactivar al máximo la capacidad de las organizaciones dedicadas a la producción y venta de las drogas ilegales.

Twitter: @RubenAguilar

The scope of the crisis is our hope: wake up

Russian Facebook users have poured scorn on a promise by Russian President Dmitry Medvedev to investigate reports of electoral fraud.

At least 7,000 comments had appeared under his post by 20:00 GMT on Sunday, a day after the biggest anti-government protests since Soviet times.

An early random sample showed the comments were equally divided between hostility, support and neutrality.

Mr Medvedev prides himself on using social media.

He recently suffered an embarrassment on Twitter.

Having already conceded that some violations of electoral law had taken place at the parliamentary elections last Sunday, he went on Facebook to say he had issued instructions for all official reports on the conduct of the polls to be checked.

It was his comments on Saturday’s election protests – some 50,000 people turned out in Moscow alone – which drew particular anger.

‘Pathetic liar’

«I do not agree with either the slogans or statements heard at the rallies,» Mr Medvedev wrote.

Facebook users pointed out that the chief, official slogan of the rallies had been «For Honest Elections».

Thousands of people have attended the biggest anti-government rally in the Russian capital Moscow since the fall of the Soviet Union.

As many as 50,000 people gathered on an island near the Kremlin to condemn alleged ballot-rigging in parliamentary elections and demand a re-run.

Other, smaller rallies took place in St Petersburg and other cities.

Communists, nationalists and Western-leaning liberals turned out together despite divisions between them.

The protesters allege there was widespread fraud in Sunday’s polls though the ruling United Russia party did see its share of the vote fall sharply.

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The time has come to throw off the chains”
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Alexei Navalny

Jailed protest leader, in message posted on his blog

Demonstrations in the immediate aftermath of the election saw more than 1,000 arrests, mostly in Moscow, and several key protest leaders such as the anti-corruption campaigner Alexei Navalny were jailed.

A message from Mr Navalny was released through his blog, saying: «The time has come to throw off the chains. We are not cattle or slaves. We have a voice and we have the strength to defend it.»

Prime Minister Vladimir Putin has never experienced popular protests like these before, the BBC’s Steve Rosenberg reports from Moscow.

During his decade in power, first as president then prime minister, he has grown used to being seen as Russia’s most popular and powerful politician.

But as one of the protesters put it to our correspondent, Russia is changing.

Milton Friedman and the Chicago School of Economics  

eurozone members and others will adopt an accord with penalties for breaking deficit rules. It will be backed by a treaty between governments, not an EU treaty.

Moscow is braced for what the opposition claims will be the biggest demonstration in Russia for 20 years.

Tens of thousands are expected to gather in a square south of the Kremlin, in the latest show of anger over disputed parliamentary polls.

Smaller rallies are taking place in cities across the country.

The protesters allege Sunday’s elections – which gave Prime Minister Vladimir Putin’s ruling United Russia party a small lead – were fraudulent.

Hundreds of people have been arrested during anti-Putin protests over the past week, mainly in Moscow and St Petersburg.

At least 50,000 police and riot troops have been deployed in Moscow ahead of Saturday’s protests.

The opposition says it is hoping for a turnout of 30,000 in the capital in the demonstration dubbed «For Fair Elections», due to begin at 14:00 (10:00 GMT).

Protests have already begun elsewhere, with several hundred marching in Vladivostok, seven timezones to the east of Moscow.

The BBC’s Daniel Sandford in Moscow says in the past week, the city has resembled a police state rather than a democracy.

If the protests come even close to expectations, they will shake the 12-year-long political domination of Mr Putin, he says.

The authorities agreed to allow Saturday’s demonstrations to go ahead following negotiations with opposition leaders.

The two sides reached a deal in which Moscow would allow a high-turnout if the rally was relocated from downtown Revolution Square to Bolotnaya Square, a narrow island in the Moscow River.

In St Petersburg, 13,000 people have pledged on the social networking site Vkontakte to take part in protests, with another 20,000 saying they might take part.

Authorities have granted permission for a demonstration in one location, but say protests anywhere else will be illegal and will be dealt with.

The top US military commander, Gen Martin Dempsey, says he is concerned about «the potential for civil unrest» as Europe’s financial crisis unfolds.

Gen Dempsey said it was unclear the latest steps taken by EU leaders would be enough to hold the eurozone together, adding that a break-up could have consequences for the Pentagon.

Twenty-six of the 27 EU countries have agreed to forge a tighter fiscal union.

Only the UK refused to sign up to a new treaty, citing national interest.

Gen Dempsey, who is chairman of the Joint Chiefs of Staff, told an event hosted by the Atlantic Council, a Washington think-tank: «The eurozone is at great risk.»

«I know that they’ve taken some measures here with the 17 members of the eurozone to try to better align… monetary and fiscal policy. But it’s unclear, to me at least, that that will be the glue that actually holds it together.»
Funding impact?

Gen Dempsey previously served as the Army’s Chief of Staff and as a general in Iraq.

He suggested that part of his concern was that the US military could be exposed to any unravelling of the eurozone «because of the potential for civil unrest and the break-up of the union».

The US military has more than 80,000 troops and 20,000 civilian workers in Europe, many based in Germany.

Gen Dempsey also said he was concerned that an international project to develop the F-35 Joint Strike Fighter aircraft could be put in jeopardy if European national defence budgets were cut.

«It will clearly put [budgets] at risk if all the economic predictions about a potential collapse were to occur,» Gen Dempsey said.

At an emergency EU summit that ended in Brussels on Friday, the UK effectively used its veto to block an attempt, led by the French and Germans, to get all 27 members states to support changes to the union’s treaties.

Instead, eurozone members and others will adopt an accord with penalties for breaking deficit rules. It will be backed by a treaty between governments, not an EU treaty.
Austerity measures

The announcement on Friday produce little reaction from financial markets, which are still hoping for more intervention by the European Central Bank (ECB).

The BBC’s Chris Morris says that without further action to lower the cost of borrowing, likely by the ECB, the eurozone still faces a threat.

The rising costs of borrowing in some eurozone countries have pushed governments to pass new austerity measures and to the International Monetary Fund as they struggle to pay their debts.

Europe’s debt crisis has already unseated two political leaders and their governments: former Greek Prime Minister George Papandreou and Italian leader Silvio Berlusconi.

Russian Facebook users have poured scorn on a promise by Russian President Dmitry Medvedev to investigate reports of electoral fraud.

At least 7,000 comments had appeared under his post by 20:00 GMT on Sunday, a day after the biggest anti-government protests since Soviet times.

An early random sample showed the comments were equally divided between hostility, support and neutrality.

Mr Medvedev prides himself on using social media.

He recently suffered an embarrassment on Twitter.

Having already conceded that some violations of electoral law had taken place at the parliamentary elections last Sunday, he went on Facebook to say he had issued instructions for all official reports on the conduct of the polls to be checked.

It was his comments on Saturday's election protests - some 50,000 people turned out in Moscow alone - which drew particular anger.

'Pathetic liar'

"I do not agree with either the slogans or statements heard at the rallies," Mr Medvedev wrote.

Facebook users pointed out that the chief, official slogan of the rallies had been "For Honest Elections".


Thousands of people have attended the biggest anti-government rally in the Russian capital Moscow since the fall of the Soviet Union.

As many as 50,000 people gathered on an island near the Kremlin to condemn alleged ballot-rigging in parliamentary elections and demand a re-run.

Other, smaller rallies took place in St Petersburg and other cities.

Communists, nationalists and Western-leaning liberals turned out together despite divisions between them.

The protesters allege there was widespread fraud in Sunday's polls though the ruling United Russia party did see its share of the vote fall sharply.

Continue reading the main story

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The time has come to throw off the chains”
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Alexei Navalny

Jailed protest leader, in message posted on his blog

Demonstrations in the immediate aftermath of the election saw more than 1,000 arrests, mostly in Moscow, and several key protest leaders such as the anti-corruption campaigner Alexei Navalny were jailed.

A message from Mr Navalny was released through his blog, saying: "The time has come to throw off the chains. We are not cattle or slaves. We have a voice and we have the strength to defend it."

Prime Minister Vladimir Putin has never experienced popular protests like these before, the BBC's Steve Rosenberg reports from Moscow.

During his decade in power, first as president then prime minister, he has grown used to being seen as Russia's most popular and powerful politician.

But as one of the protesters put it to our correspondent, Russia is changing.



Milton Friedman and the Chicago School of Economics  

eurozone members and others will adopt an accord with penalties for breaking deficit rules. It will be backed by a treaty between governments, not an EU treaty.

Moscow is braced for what the opposition claims will be the biggest demonstration in Russia for 20 years.

Tens of thousands are expected to gather in a square south of the Kremlin, in the latest show of anger over disputed parliamentary polls.

Smaller rallies are taking place in cities across the country.

The protesters allege Sunday's elections - which gave Prime Minister Vladimir Putin's ruling United Russia party a small lead - were fraudulent.

Hundreds of people have been arrested during anti-Putin protests over the past week, mainly in Moscow and St Petersburg.

At least 50,000 police and riot troops have been deployed in Moscow ahead of Saturday's protests.

The opposition says it is hoping for a turnout of 30,000 in the capital in the demonstration dubbed "For Fair Elections", due to begin at 14:00 (10:00 GMT).

Protests have already begun elsewhere, with several hundred marching in Vladivostok, seven timezones to the east of Moscow.





The BBC's Daniel Sandford in Moscow says in the past week, the city has resembled a police state rather than a democracy.

If the protests come even close to expectations, they will shake the 12-year-long political domination of Mr Putin, he says.

The authorities agreed to allow Saturday's demonstrations to go ahead following negotiations with opposition leaders.

The two sides reached a deal in which Moscow would allow a high-turnout if the rally was relocated from downtown Revolution Square to Bolotnaya Square, a narrow island in the Moscow River.

In St Petersburg, 13,000 people have pledged on the social networking site Vkontakte to take part in protests, with another 20,000 saying they might take part.

Authorities have granted permission for a demonstration in one location, but say protests anywhere else will be illegal and will be dealt with.


The top US military commander, Gen Martin Dempsey, says he is concerned about "the potential for civil unrest" as Europe's financial crisis unfolds.

Gen Dempsey said it was unclear the latest steps taken by EU leaders would be enough to hold the eurozone together, adding that a break-up could have consequences for the Pentagon.

Twenty-six of the 27 EU countries have agreed to forge a tighter fiscal union.

Only the UK refused to sign up to a new treaty, citing national interest.

Gen Dempsey, who is chairman of the Joint Chiefs of Staff, told an event hosted by the Atlantic Council, a Washington think-tank: "The eurozone is at great risk."

"I know that they've taken some measures here with the 17 members of the eurozone to try to better align... monetary and fiscal policy. But it's unclear, to me at least, that that will be the glue that actually holds it together."
Funding impact?

Gen Dempsey previously served as the Army's Chief of Staff and as a general in Iraq.

He suggested that part of his concern was that the US military could be exposed to any unravelling of the eurozone "because of the potential for civil unrest and the break-up of the union".

The US military has more than 80,000 troops and 20,000 civilian workers in Europe, many based in Germany.

Gen Dempsey also said he was concerned that an international project to develop the F-35 Joint Strike Fighter aircraft could be put in jeopardy if European national defence budgets were cut.

"It will clearly put [budgets] at risk if all the economic predictions about a potential collapse were to occur," Gen Dempsey said.

At an emergency EU summit that ended in Brussels on Friday, the UK effectively used its veto to block an attempt, led by the French and Germans, to get all 27 members states to support changes to the union's treaties.

Instead, eurozone members and others will adopt an accord with penalties for breaking deficit rules. It will be backed by a treaty between governments, not an EU treaty.
Austerity measures

The announcement on Friday produce little reaction from financial markets, which are still hoping for more intervention by the European Central Bank (ECB).

The BBC's Chris Morris says that without further action to lower the cost of borrowing, likely by the ECB, the eurozone still faces a threat.

The rising costs of borrowing in some eurozone countries have pushed governments to pass new austerity measures and to the International Monetary Fund as they struggle to pay their debts.

Europe's debt crisis has already unseated two political leaders and their governments: former Greek Prime Minister George Papandreou and Italian leader Silvio Berlusconi.

Ardiente Paciencia

Ardiente Paciencia, or El Cartero De Neruda, is a 1985 novel by Antonio Skármeta. The novel was published in the English market under the title The Postman. It tells the story of Mario Jiménez, a fictional postman in revolution-era Chile, who befriends the real-life … Continue reading

Ardiente Paciencia, or El Cartero De Neruda, is a 1985 novel by Antonio Skármeta. The novel was published in the English market under the title The Postman. It tells the story of Mario Jiménez, a fictional postman in revolution-era Chile, who befriends the real-life poet Pablo Neruda.

The novel is based on the motion picture of the same author released in 1983[1], and it was turned into another movie in 1995 as Il Postino, directed by Michael Radford. It was also turned in an opera, Il Postino, by Daniel Catán, with Plácido Domingo portraying Pablo Neruda (premiered at the Los Angeles Opera, 2010).

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#YoSoy132

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Unas 500 personas se congregaron en las inmediaciones de la Agencia del Ministerio Público número 50 para expresar su inconformidad por la detención de sus familiares durante los disturbios de este sábado en el Cent…

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Unas 500 personas se congregaron en las inmediaciones de la Agencia del Ministerio Público número 50 para expresar su inconformidad por la detención de sus familiares durante los disturbios de este sábado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.



Además, aproximadamente 100 miembros del Consejo Estudiantil de Lucha de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) marcharon hacia dicha agencia en protesta por la agresión de policías a uno de sus compañeros en las inmediaciones de San Lázaro, lo que le provocó la pérdida de un ojo.

La marcha se llevó a cabo sin agresiones o daños a la infraestructura urbana.

Ante la situación, los granaderos reforzaron la vigilancia en el edificio, para evitar cualquier contingencia.

El procurador general del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, señaló por su parte que entre los detenidos por los desmanes en el Centro Histórico algunos forman parte de grupos anarquista –que no identificó– y otros del movimiento #YoSoy132.

El funcionario indicó que hubo premeditación, un plan específico, para cometer los actos violentos registrados ayer en la Ciudad de México.

Agregó que siete visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del DF dan seguimiento al caso para garantizar que no de violen los derechos de los detenidos.

Rodríguez Almeida explicó que entre los detenidos está un ciudadano rumano y que mañana será determinada la situación jurídica de todos ellos.

Al respecto, el colectivo #YoSoy132 dio a conocer que este lunes marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir la liberación inmediata e incondicional de sus compañeros detenidos, a los que considera “presos políticos”.

En conferencia de prensa en el deportivo del SME, precisaron que la movilización se realizará a las 14:00 horas.

En la reunión, reiteraron que su movimiento es pacífico y consideraron que hubo un “dispositivo desmesurado de fuerzas policiacas” durante las protestas contra el ascenso al poder de Enrique Peña Nieto.



Manifestantes que salieron de San Lázaro se enfrentaron contra elementos de la Policía frente al Palacio de Bellas Artes y calles del Centro Histórico

México, DF.- Luego de un feroz operativo de más de 7 horas, implementado por parte de elementos de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina durante la toma de Enrique Peña Nieto en el primer cuadro de la ciudad, el movimiento #YOSOY132 se deslindó de los actos vandálicos y violentos en las inmediaciones de San Lázaro, responsabilizó al ex presidente Calderón y al nuevo mandatario Peña Nieto por la seguridad de los jóvenes.

Asimismo arremetieron contra el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, por permitir que la fuerza pública persiguiera a los manifestantes anti Peña Nieto por el primer cuadro de la ciudad.

Javier Bautista de la Asamblea General del movimiento #YoSoY132, dijo que ellos arribaron de manera pacífica a San Lázaro para protestar contra Enrique Peña Nieto y después de los enfrentamientos que iniciaron los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ellos quedaron solos y fueron recibidos con gases lacrimógenos y balas de goma.

De igual forma reiteraron su condena a las autoridades del DF, por la persecución, y no descartan que haya habido infiltrados durante los choques para inculpar al movimiento.





Gisela Pérez de Acha, ex integrante de #YoSoy132 y del programa “Sin Filtro” expresó los motivos que la hicieron abandonar la producción de Televisa

México, DF.- A través de una columna Gisela Pérez de Acha, ex panelista del programa “Sin Filtro” dio a conocer sus razones por las que decidió abandonar las filas de Televisa.

En una columna invitada en el portal de noticias Animal Político, la ex integrante del movimiento #YoSoy132 señala que fue un error haber acudido a grabar los programas a la empresa de Emilio Azcarraga, pues al igual que la política en el país, fue un show bien montado por Televisa.

"La pregunta entonces es, ¿por qué una empresa de televisión necesita legitimarse? Cualquier intento de legitimación supone el ejercicio de un poder. Televisa es un actor político con poder, y lo ha sido mucho tiempo", señala en su columna Gisela Pérez.


Asegura que los participantes de este programa no tenían idea de donde se metían, pues fue una propuesta muy seductora por parte de la producción, "Le preguntamos al productor: ¿vamos a poder decir lo que sea?, el programa es suyo -respondió- tendrán plena libertad editorial y de producción".

Asimismo destaca que "En el primer programa, todos (menos Daniela) éramos del ITAM. Esto contribuyó a la emisión de un mensaje aún más perverso: en México sólo las élites tienen acceso al poder y su ejercicio".
Por último lanza varios cuestionamientos a la juventud mexicana y les pide que sigan innovando para no caer en los discursos y acciones de siempre que no llevan a ningún lado.





MÉXICO, D.F. (apro).- En medio de las protestas realizadas por el movimiento #YoSoy132, la lideresa estudiantil chilena Camila Vallejo Dowling, afirmó que la educación es la antesala de la democracia y que no es posible formar estudiantes y ciudadanos si no se les permite organizarse.

De visita por segundo día consecutivo en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Xochimilco, donde participa en un foro sobre Universidades Públicas en Latinoamérica, Vallejo, quien reiteró que no viene a dar consejos a los estudiantes de #YoSoy132, dijo:

“La educación es la antesala de la democracia. No podemos formar estudiantes y ciudadanos si es que no le permitimos organizarse (…) la juventud de hoy no puede conformarse con salir a las calles o incluso proponer una alternativa… tiene que generar una mayoría social y política capaz de disputar las correlaciones de fuerza” en el ámbito social y político, aseguró.

Vallejo añadió que la juventud con su ímpetu y su capacidad crítica de ver la realidad tiene mucho que aportar al proceso de transformación que vive el país pero no va a estar sola.

“No es una lucha sectaria ni generacional, es una lucha intergeneracional de todo un pueblo que tiene que ponerse a disposición de transformar la educación para transformar la sociedad”, dijo en su ponencia, que desató el aplauso de los asistentes.

Cientos de estudiantes y académicos de universidades públicas y privadas asistieron al encuentro con la joven chilena.

Vallejo llegó a las 11:00 horas al campus de la UAM Xochimilco acompañada de una comitiva que estuvo a su lado en el estrado durante el evento.

Agradeció a los estudiantes de la UAM Xochimilco por la invitación a “esta bonita y gran ciudad” e inició su exposición con un relato sobre la experiencia de los estudiantes chilenos en la lucha por mejores oportunidades educativas.

Ataviada con jeans, tenis y playera, la expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile cuestionó nuevamente la vigencia del modelo educativo privado sin regulación del Estado que, dijo, vulnera los derechos de las distintas sociedades y obstruye la democracia.

“La educación es la antesala de la democracia. No podemos formar estudiantes y ciudadanos si es que no le permitimos organizarse”, aseguró.

Vallejo evitó por segundo día consecutivo dar su opinión sobre la relevancia del movimiento #YoSoy132; y reiteró que ella y la comitiva chilena que la acompaña no vinieron a decirle a los estudiantes qué deben hacer.

Luego de la clausura formal del foro, Vallejo Dowling recibió en el estrado a la académica jubilada de la UAM, de origen chileno, Graciela Lobos, quien llegó a México en 1974 tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende. Abrazó a Camila y le expresó su admiración, luego juntas levantaron la bandera chilena.

Más tarde, Vallejo participó en un encuentro de estudiantes en las canchas de futbol de la UAM Xochimilco.



Solitario en la cumbre de las encuestas, a partir del incidente del viernes 11 de mayo en la Universidad Iberoamericana, Enrique Peña Nieto ve su aspiración presidencial al filo del abismo. El candidato puntero, su partido y Televisa, su principal promotor y beneficiario, enfrentan el acoso inesperado del grito estudiantil, el de las redes sociales contra el que apenas se defienden, el de las autoridades hacendarias que hurgan las finanzas de dos de los colaboradores más cercanos a Peña Nieto y el del bien calculado golpe del gobierno de Washington contra el exgobernador priista de Tamaulipas Tomás Yarrington. Lo más temible para el candidato, el PRI y Televisa parece ser, sin embargo, el movimiento de los jóvenes universitarios #YoSoy132, cuyos alcances son aún imprevisibles. Esta es la breve e intensa historia de cómo se generó.

Nacido del desprecio, el Movimiento 131 que se originó en la Universidad Iberoamericana el undécimo día de mayo, durante la visita de Enrique Peña Nieto, puso en jaque a la clase política y a los medios que los desestimaron.

Durante días se encontraron con el rostro mutado. Distorsionados sus dichos y sus gestos, no se reconocieron en la realidad que proyecta la televisión, tampoco en la que escribe un sector de la prensa. Los llamaron fascistas, porros, acarreados de un partido político que los había entrenado para “reventar” adversarios. Los desconocieron como alumnos con un discurso legítimo. Censurados en medios electrónicos, los insultaron también con el silencio.

El enojo inundó el mundo virtual que los jóvenes de hoy habitan. La indignación se propagó como un virus. Miles de jóvenes estaban atentos a las redes sociales, espacio que no sabe de timidez o de miedos, esperando una reacción que pudiera ser suya.

Entrevistados por Proceso, incendiados sus ojos, los fundadores de ese movimiento cuentan que su raíz está en Atenco, en los feminicidios, en los desplazados, en la corrupción, en el hartazgo del “sistema” y los relatos que, en la prensa, no llegan.

Rodrigo Serrano tuvo la iniciativa. “Había que responderles”, relata al reportero. Por Facebook que desde la tecnología agrupa a la comunidad más grande del mundo que conocemos, convocó a que cada uno de los manifestantes disconformes de la Ibero elaborara un video simple, con su credencial de estudiante en mano, para recobrar la identidad robada.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1856, ya en circulación)


Juhani Espinoza

México, DF.- A las 8:00 horas, los alumnos comenzaron a llegar. Decenas de ellos se formaron afuera del auditorio José Sánchez Villaseñor, de la Universidad Iberoamericana, para asistir al encuentro con el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, quien, después de varias semanas, finalmente había aceptado la invitación de la comunidad.

Las cuatro primeras filas del auditorio se llenaron de inmediato. “Acarreados”, aseguraron alumnos que estaban en la fila y quienes, a diferencia de los primeros ocupantes, debían pasar por un fuerte dispositivo de seguridad.

La molestia se hizo presente desde antes de entrar al recinto. A diferencia de los candidatos del PRD y del Panal, el personal de seguridad del priista sometía a los alumnos a una minuciosa revisión, en la que confiscaban cartulinas y mantas que tuvieran mensajes negativos en contra del abanderado.

Hacia las 9:00 horas y ante la llegada de cientos de estudiantes, una autoridad universitaria aceleró el acceso y algunos alumnos lograron entrar con sus mensajes de protesta.

Poco antes de la llegada de Peña Nieto, más elementos de seguridad arribaron al auditorio. Querían acceder sin permiso y controlar más el área, lo que provocó un altercado con los organizadores del evento, pero éste no pasó a mayores.

Pasadas las 10:00 horas, apareció el candidato. Ataviado de traje negro y corbata roja llegó caminando por la puerta principal del auditorio… entonces, todo explotó.

Al verlo, los alumnos que no lograron entrar al auditorio unieron sus voces en un solo grito: “¡fuera Peña Nieto!”

El ex gobernador mexiquense pasó enfrente de ellos con una sonrisa cordial, ignorando los gritos y aparentando tranquilidad. Pero al entrar al auditorio la cosa no mejoró, pues fue recibido con una carretada de abucheos y un sonoro “¡fuera! ¡Fuera!”.

Las autoridades universitarias pidieron calma para dejar hablar a Peña Nieto. Los alumnos guardaron silencio y dejaron que el candidato expusiera sus propuestas de campaña sobre economía, empleo, educación y seguridad.

La calma duró poco. Apenas unos 20 minutos después, una alumna apostada a la izquierda del auditorio lo increpó sobre su actuación en el caso Atenco. Los gritos de “¡asesino!” llenaron cada centímetro del lugar. Peña Nieto se esforzaba por dibujar una sonrisa nerviosa.

El abanderado tricolor fue interrumpido por los universitarios en varias ocasiones más, e, incluso, lo trataron de exhibir. Un alumno de la carrera de Comunicación lo cuestionó sobre las “Anomias” que sufren los indígenas.

Peña Nieto puso cara de no saber de qué le hablaban. El alumno terminó por explicarle que al candidato que “Anomia” significa el conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación. Risas de burla se oyeron entre el público asistente.

Por la puerta trasera

A las 11:40 el viacrucis parecía llegar a su fin, sin embargo, antes de salir del recinto, Peña Nieto volvió a ser increpado por los alumnos, quienes le exigían hablar del tema de Atenco. El priista, ya de pie y a punto de retirarse, se limitó a explicar que restableció el orden con el uso legítimo de la fuerza pública. Más gritos de “¡Asesino!” se hicieron sonar.

Ante un auditorio hostil, el equipo de campaña de Peña Nieto no tuvo más remedio que sacar al candidato por la puerta trasera. Sin embargo, fue perseguido por estudiantes que los esperaban para gritarle, entre otras cosas,” ¡cobarde, danos la cara!”.

Horas más tarde, el priista se refirió a lo sucedido en su cuenta de Twitter. “El diálogo y el debate son ejercicios que enriquecen a la democracia. Agradezco a los estudiantes que esta tarde privilegiaron la apertura.

“Jamás rechazaré la oportunidad de escuchar a la sociedad, mucho menos a los jóvenes. De mi parte, reciban mi respeto ante todas las posturas”, agregó.




(CNNMéxico) — Inició con una protesta de alumnos de la Universidad Iberoamericana (UIA) contra el candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Días después, estudiantes de al menos una decena de universidades públicas y privadas del Distrito Federal, más instituciones de 10 estados de la República, se unieron bajo el lema #YoSoy132 para pedir la democratización de los medios y el derecho a la información.

Este miércoles, los estudiantes se congregarán a las 18:00 horas en la Estela de Luz, monumento ubicado en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

Lo que busca este grupo de universitarios es “la democratización de los medios con información transparente, plural y veraz, que haya oportunidad de generar pensamiento crítico", señaló Janine, estudiante de una universidad privada, quien decidió no dar su apellido por razones de seguridad.

Estudiantes de instituciones públicas y privadas de los estados de Hermosillo, Oaxaca, Mérida, Morelia, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Monterrey, Hidalgo, Tijuana, fueron convocados para hacer manifestaciones en sus estados, también a l8:00 horas, informó Andrea Ruíz.

De las redes a las calles

Las redes sociales han sido claves para la conformación, organización y difusión del grupo #YoSoy132. Tras la publicación del video en YouTube 131 alumnos de la Ibero, jóvenes de otras universidades decidieron apoyar la causa de los estudiantes de la UIA.

La primera marcha de los universitarios, la del viernes 18 de mayo, fue organizada únicamente a través de Twitter y Facebook, comentó Saúl Alvídrez, estudiante del Tecnológico de Monterrey.

Ese día estudiantes de la Ibero, del Tec, de la UNAM, entre otras, caminaron de la UIA a las instalaciones de Televisa Santa Fe (la televisora más importante del país), mientras que otro grupo de alumnos del ITAM se manifestó frente a Televisa San Ángel, para exigir apertura mediática.

Un día después de la marcha, alumnos de diez instituciones en el Distrito Federal realizaron una junta: la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, La Salle, Anáhuac, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la escuela de periodismo Carlos Septién García, algunas escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad del Valle de México (UVM).

“A los grupos que fueron de una universidad, les preguntábamos quién quería ser nuestro contacto. No el líder, sólo el contacto, pues no tenemos líderes, intentamos que nuestra estructura sea lo más horizontal posible”, comentó Andrea Ruiz, estudiante de la Universidad Iberoamericana.

En la junta los alumnos de la Ibero propusieron que se realizara la marcha de este miércoles en la Estela de Luz propuesta que todos aceptaron, pues está en una ubicación accesible.

Desde el pasado sábado, el grupo de jóvenes universitarios ha realizado reuniones en persona y en redes para ponerse de acuerdo sobre los objetivos, puntos petitorios y las siguientes acciones de #YoSoy132, los cuales darán a conocer en la concentración de este miércoles, informó Saúl Alvídrez.

Agregó que en las juntas – a las que asistieron 20 o 30 representantes de las universidades –decidieron que un alumno del Tecnológico del Monterrey será el moderador de las juntas del grupo. Él coordinará las propuestas sobre los objetivos y puntos petitorios.

Las reuniones siempre se hacen en espacios públicos y fuera de los campus universitarios, dijo Saúl.

¿Y después de la manifestación?

Alina Rosas, alumna de la UNAM asegura que la participación de todos los estudiantes es necesaria para el desarrollo de la nación. “Hoy yo creo que no se puede concebir un país sin la participación universitaria ya sea pública o privada. La lucha estudiantil es una y los propósitos son uno”.

Los universitarios han recibido apoyo a través de las redes sociales. “Desde Dubai y varios países del mundo nos están demostrando su solidaridad, que son sensibles con la causa, incluso gente que no es joven, universitarios y no universitarios”, comenta Carlos Brito, miembro de #YoSoy132.

Carlos señaló que el grupo es incluyente, por lo que pueden participar alumnos de escuelas públicas y privadas, personas jóvenes y “no tan jóvenes”, así como personas que no estén estudiando actualmente, ya sea porque ya egresaron de sus instituciones, porque no encontraron cupo o decidieron no estudiar. Jóvenes que no estudian ya han participado en algunas de las juntas, señaló.

¿Qué pasará después de la marcha de este miércoles? Aldo Sotelo responde que continuarán realizando videos para difundir #YoSoy132 a través de redes sociales, pero aún no han decidido si realizarán más concentraciones o marchas.

“Así va a ser la dinámica de muchos videos, se van a hacer en internet, para que alcancen al público joven que se está convocando. Pero se les hace mucho hincapié a todos los participantes en que se difunda entre las personas que no tienen acceso a internet... Se les invita a que den difusión, mostrándole la pantalla de la computadora a las personas que puedan estar interesadas en el movimiento y en lo que luchamos”, señaló.

Puedo escribir el poema mas triste

(Poema #20)

Puedo escribir los versos mas tristes esta noche.
Escribir, por ejemplo: «La noche esta estrellada,y tiritan, azules, los astros, a lo lejos».
El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Puedo escribir los versos mas tristes esta noche…

(Poema #20) Puedo escribir los versos mas tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: "La noche esta estrellada,y tiritan, azules, los astros, a lo lejos". El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos mas tristes esta noche.Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos.La bese tantas veces bajo el cielo infinito. Ella