1dmx.org

23 de abril de 2014 • 23:39 • actualizado a las 23:44

BBC MUNDO.com

Las protestas empezaron cuando se conocieron detalles de la iniciativa de leyes secundarias enviadas por el gobierno al Senado y que podría votarse esta semana.

El artículo 197 del texto original establece, por ejemplo, la obligación de los proveedores del servicio a “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.

La propuesta no define cuáles son los hechos y sitios considerados como de riesgo, ni tampoco establece quién es la autoridad que puede solicitar el bloqueo de la señal de internet.

Con esa indefinición podría considerarse a una marcha o protesta ciudadana como una situación de riesgo, señalan especialistas, e incluso abre la puerta a la censura.

“Puede ser un mecanismo para impedir que en una manifestación los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad difundan información”, advierte Clara Luz Álvarez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ese párrafo -que fue el que causó más molestia entre los usuarios de internet- se eliminó del dictamen que deben discutir los senadores, pero en cambio se dejó otro también polémico.

El artículo 145 de la iniciativa advierte que los proveedores “podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario o cuando medie orden de autoridad competente”.

En los hechos, señala Luis Fernando García de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, se trata de un ataque a la neutralidad de internet que es uno de los elementos fundamentales del servicio.

El 2 de diciembre de 2013 la página 1DMX.org fue suspendida por el servidor donde se hospedaba, ubicado en Estados Unidos.

El portal divulgaba hasta esa fecha testimonios e información sobre la violencia que ocurrió un año antes, el 1 de diciembre de 2012 cuando el presidente Peña Nieto asumió el gobierno del país.

La organización que la sostiene transmitía en la página entrevistas, imágenes y videos de personas que acusaron a autoridades federales y locales de la violencia.

La Red por la Defensa de los Derechos Digitales acusó a la Comisión Nacional de Seguridad de solicitar la suspensión de su página. El gobierno de México negó haber participado en estos hechos.

Aunque el portal 1DMX se reactivó meses después, el caso demuestra el riesgo de censura que existe con la eventual legislación en telecomunicaciones, advierte Aleida Calleja.

“De eso se quejaron algunos industriales al decir que los quieren poner como policías”, señala. “Quieren que los proveedores de internet o de banda ancha asuman ese papel pero ellos dicen que no tienen por qué hacerlo, ellos nada más dan el servicio”.

23 de abril de 2014 • 23:39 • actualizado a las 23:44

BBC MUNDO.com

Las protestas empezaron cuando se conocieron detalles de la iniciativa de leyes secundarias enviadas por el gobierno al Senado y que podría votarse esta semana.

El artículo 197 del texto original establece, por ejemplo, la obligación de los proveedores del servicio a “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.

La propuesta no define cuáles son los hechos y sitios considerados como de riesgo, ni tampoco establece quién es la autoridad que puede solicitar el bloqueo de la señal de internet.

Con esa indefinición podría considerarse a una marcha o protesta ciudadana como una situación de riesgo, señalan especialistas, e incluso abre la puerta a la censura.

“Puede ser un mecanismo para impedir que en una manifestación los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad difundan información”, advierte Clara Luz Álvarez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ese párrafo -que fue el que causó más molestia entre los usuarios de internet- se eliminó del dictamen que deben discutir los senadores, pero en cambio se dejó otro también polémico.

El artículo 145 de la iniciativa advierte que los proveedores “podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario o cuando medie orden de autoridad competente”.

En los hechos, señala Luis Fernando García de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, se trata de un ataque a la neutralidad de internet que es uno de los elementos fundamentales del servicio.

El 2 de diciembre de 2013 la página 1DMX.org fue suspendida por el servidor donde se hospedaba, ubicado en Estados Unidos.

El portal divulgaba hasta esa fecha testimonios e información sobre la violencia que ocurrió un año antes, el 1 de diciembre de 2012 cuando el presidente Peña Nieto asumió el gobierno del país.

La organización que la sostiene transmitía en la página entrevistas, imágenes y videos de personas que acusaron a autoridades federales y locales de la violencia.

La Red por la Defensa de los Derechos Digitales acusó a la Comisión Nacional de Seguridad de solicitar la suspensión de su página. El gobierno de México negó haber participado en estos hechos.

Aunque el portal 1DMX se reactivó meses después, el caso demuestra el riesgo de censura que existe con la eventual legislación en telecomunicaciones, advierte Aleida Calleja.

“De eso se quejaron algunos industriales al decir que los quieren poner como policías”, señala. “Quieren que los proveedores de internet o de banda ancha asuman ese papel pero ellos dicen que no tienen por qué hacerlo, ellos nada más dan el servicio”.